Los condenados de la
tierra
“¡A desalambrar, a
desalambrar!/ que la tierra es mía, tuya y de aquel…” Daniel
Viglietti
Cuando se plantea hasta dónde es posible llevar adelante al
actual proceso de integración latinoamericano, no pocas veces a esto se lo deja
supeditado nada más que a la voluntad política de los líderes regionales, que
sin dudas es una condición indispensable, pero si se considera que la
integración, es parte simultánea de un sustancial cambio en relación a los
actores globales externos al continente, implicando dar un corte definitivo a
la histórica dependencia, no alcanza con la voluntad, sino que en primer lugar
resulta imprescindible transformar sustancialmente la estructura económico
productiva que dio condición de posibilidad a la subordinación a los diferentes
imperios, quedando la región sumergida en una marcada fragmentación. Conocer
-con precisión propia a los postulados de la ciencia-, cuáles son las trabas
estructurales que obstaculizan la profundización del cambio de época, debiera
ser parte integral no solamente de los programas políticos de los gobiernos
progresistas, sino principalmente de los movimientos sociales y las mayorías
populares, que son los verdaderamente interesados -por su situación objetiva-
en que las diferentes crisis cíclicas se resuelvan efectivamente, alcanzando un
punto histórico que pueda considerarse como irreversible y no sujeto a
retrocesos. Las diferentes experiencias de integración y desarrollo autónomo
que precedieron al actual proceso, hasta ahora fueron intempestivamente
inclinadas hacia la regresión. Si hay una cuestión central, que hiciera que el
continente no dejara de ser aún solamente un gran reservorio de recursos
naturales, con muy escaso desarrollo de la industria, signado en la división
internacional del trabajo a ser sólo un gran productor de materias primas; esa
cuestión central sin dudas es la cuestión agraria, o para ser más precisos el
régimen de explotación, posesión, tenencia y reparto de la tierra.
Desempolvar la cuestión agraria y la necesidad de la otrora
famosa reforma agraria u otra política acorde a ella, no es solamente un
problema que atañe a lo específicamente relacionado con las actividades
productivas del campo, sino que en la actualidad cobra suma vigencia a partir
del engrosamiento de las grandes ciudades del continente, con todos los rasgos
propios presentes en ellas, que ponen sobre el tapete la más cruda desigualdad
social. Ciudades con grandes zonas suburbanas en las cuales se producen
continuamente asentamientos de migrantes del campo, que lejos de resolver sus
problemas esenciales, agudizan la exclusión y la marginación.
Introducción al
problema- En nuestras sociedades, existe un hecho económico y social
(también se traduce en lo político) que es la desigualdad entre la ciudad y el
campo, y la misma no desaparecerá de forma inmediata por más transformaciones
que se produzcan en las estructuras sociales. Para ello es necesario un largo
proceso, que no solamente revolucione ese desequilibrio, sino que altere
considerablemente el desarrollo desigual que se da a nivel planetario producto
de la división internacional del trabajo. De tal forma, existen zonas en las cuales se privilegia la
producción industrial, y otras en las cuales, el único destino pareciera ser
consolidarse como regiones productoras de materias primas. El último caso es el
rasgo dominante en Latinoamérica, y ello no es un hecho fortuito o azaroso sino
producto de cómo está estructurada la relación entre el campo y la ciudad, y de
qué manera esa relación se liga íntimamente a la cuestión agraria. Desde el tiempo de la colonia, la región está
caracterizada por un régimen de tenencia de la tierra, en la cual prevalecen
los llamados latifundios, es decir una excesiva concentración de la propiedad
territorial en pocas manos, las de los grandes terratenientes. Vale señalar que
en los países y regiones en los cuales hubo un desarrollo industrial
considerable, como son los Estados Unidos, Europa y a posteriori también los
países del llamado campo socialista; la propiedad de la tierra fue
necesariamente redistribuida en proporciones
diferentes, privilegiando la pequeña y mediana propiedad.
Con el advenimiento de la revolución francesa, a finales del
siglo XVIII, las nuevas élites burguesas, comprendieron cabalmente que el
antiguo régimen de propiedad de las tierras heredado del sistema feudal,
consistente en la concentración de la propiedad territorial, era un obstáculo
al desarrollo del capitalismo, y por ello se dieron a la tarea de ir
desmontando progresivamente dicha concentración. En América Latina, procesos
similares de redistribución de las zonas agrarias -si bien existieron intentos,
que a la postre dejaron algunos cambios- no lograron afectar ni transformar el
carácter dominante del latifundio, y marcaron a fuego de esa forma, el
predominio de una estructura económico social en la cual lo principal sigue
siendo la exportación de commodities y la importación de productos
industrializados. Todos los intentos de industrialización y promoción de
sustitución de importaciones, chocaron con ese límite preciso que es la
cuestión relacionada a la tensión específica entre campo- ciudad y al interior
de ella, a la cuestión agraria, entendida como la relación principal en la cual
la propiedad terrateniente se impone con respecto a las medianas y pequeñas propiedades
agropecuarias.
La cuestión agraria de la forma señalada está indisolublemente
asociada a una formación social históricamente determinada. Se podría afirmar
que es la relación contradictoria entre dos modelos de propiedad y producción
del agro, -o en todo caso de utilización de las tierras-; permanentemente en
puja. Desde la primera emancipación americana sucedida hace dos siglos, se
vienen dando intentos de inclinar el predominio latifundista, pero también vale
señalar que los grandes terratenientes se van acomodando a las diversas
coyunturas, haciendo que la renta de sus tierras, sean acordes a los negocios
de cada época respectiva. Negocios que sin dudas no los establecen ellos sino
el mercado mundial, y las necesidades de producción y consumo del mundo
industrializado. De la propiedad de la tierra utilizada en parte para la ganadería,
pero con grandes proporciones de zonas improductivas, hoy se asiste a una
preeminencia de los agronegocios entre
los cuales las tierras utilizadas para la siembra expansiva de la soja y de
oleaginosas para hacer agrocombustibles, resulta el dato sobresaliente.
Cuando se piensa que hoy la población del campo es cada vez
menor, no solamente en Latinoamérica sino en todo el planeta, pareciera que el
planteo de “Tierra para el que la trabaja” resulte algo anticuado. En una
conferencia que diera el célebre historiador Eric Hobsbawn por diciembre de
2004 en Delhi, él expresaba que desde mediados del Siglo XX la humanidad está
asistiendo a una gran revolución, no sólo en referencia a la tecnología, sino a
que hace poco más de medio siglo, se produjo el fin de una historia que se
extendió por diez mil años. De esa manera Hobsbawn anunciaba la caída
vertiginosa del campesinado como esa clase social que fuera dominante desde los
albores de la humanidad sedentaria. Según el historiador británico, hoy en el
mundo más desarrollado las tareas agrícolas son muy ínfimas, por ejemplo sólo
el 4 % de la población de los países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) hoy
trabajan en el campo, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 2
%. Sí en los inicios del siglo pasado solamente el 16 % de los habitantes del
planeta vivían en ciudades, esa cifra hoy ronda el 50 %, siendo ese porcentaje
engrosado principalmente por el África subsahariana y los países del sudeste
asiático (India, Bangla Desh, Myanmar y los países de Indochina). La migración
permanente desde el campo a la ciudad es un rasgo de la época, al igual que el
vertiginoso crecimiento de las poblaciones urbanas y suburbanas. Latinoamérica
a pesar de sus grandes extensiones rurales, no es una excepción a esa regla,
más bien es uno de sus principales indicadores.
Cuando se piensa en una reorganización de las sociedades para que las
mayorías populares tengan acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, sin
dudas la desigualdad actual entre ciudad y campo, no deja de tener capital
importancia, mucho más cuando los grandes asentamientos que se prodigan
alrededor de las grandes ciudades, lejos de beneficiar a sus habitantes, los
sumergen más, en una pobreza casi estructural. Vale señalar que un movimiento
como el de los campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil, se inició en las zonas
conurbanas de Sao Paulo. Relegados a la más cruel exclusión social, se
organizaron para realizar el proceso inverso, ir de la ciudad al campo. Tomar
tierras para producir y vivir en condiciones dignas. Si existe algún actor
social preponderante hoy, que revitaliza siempre la necesidad de la reforma
agraria ése es el MST brasileño, sin dejar de obviar a movimientos campesinos
similares tanto de Paraguay como Argentina.
Tal como lo planteaba Edgar Allan Poe en el cuento La Carta Robada, lo que está más en la
superficie es casi siempre lo más lejano a la visión. La policía buscaba la
epístola quitada del palacio de los reyes, pero lo hacía con métodos sofisticados
y rigurosos, sin poder encontrarla, pero sin prever que la carta estaba entre
los papeles desordenados que estaban ubicados por encima de un escritorio, a la
vista de cualquier visitante de aquella casa. La cuestión agraria si se quiere
es como esa carta robada, es algo que está en la superficie pero nadie alcanza
a verla como un problema a resolver. Si bien en la Argentina con la 125 pudo
haber despuntado el debate sobre la cuestión agraria, todo quedó supeditado al
porcentaje de las retenciones, y no precisamente al régimen de tenencia de la
tierra.
Si tal como se dijera más arriba, el MST de Brasil y en
menor medida otros movimientos campesinos de la región, hoy siguen manteniendo
vigente la problemática referida a la reforma agraria, hay que precisar que
también bajo ese nombre existen políticas para el campo, que son contrapuestas,
aunque se inscriban bajo la misma denominación. Es así que el Banco Mundial
(BM) también pregona la reforma agraria, pero en términos muy diferentes a como
lo hacen los movimientos campesinos. Si bien en los planteamientos del BM está
resolver cuestiones sociales referidas a ciertos conflictos emergentes de la
actual situación, ellos no se proponen eliminar al latifundio, sino concertar
entre pequeños y medianos campesinos, las compras de parcelas de tierra a los
terratenientes. Según expresara el investigador chileno Cristóbal Kay, profesor emérito en
Estudios del Desarrollo y Desarrollo Rural en el International Institute of
Social Studies (ISS) de La
Haya, el Banco Mundial concibe a esta reforma de un modo neoliberal,
neoinstitucional, como un mediador entre compradores y vendedores de tierras,
entre campesinos que quieren adquirirlas y latifundistas que están dispuestos a
venderlas. De esta forma el BM otorga préstamos para establecer un banco de
tierras y mediar en el proceso de compra y venta. Esta política del Banco
Mundial se realiza sin la participación del Estado, y hoy tiene bastante
raigambre en un país como Colombia. No pocas veces durante la primera ronda de
conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de
las Farc que se realizan en La Habana, emergió este debate entre dos tipos de
reforma agraria. En primer lugar porque según los negociadores de la guerrilla,
es precisamente la existencia del latifundio lo que generó el conflicto armado
más viejo del continente, aunque por su parte el gobierno subrayó al respecto
que, no se tocarían las propiedades agrarias adquiridas legítimamente enviando
un mensaje de confianza a los grandes propietarios.
El geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes en un
interesante trabajo que lleva el nombre de “La geopolítica de la cuestión
agraria” hace un desarrollo de cómo se viene dando a nivel planetario, el
problema agrario en un tiempo en el que priman los agronegocios, principalmente
la producción de agrocombustibles, en detrimento de la producción de alimentos.
La necesidad de búsqueda de nuevos territorios por parte de los principales
trust hizo que existan hoy gobiernos que junto a empresarios y terratenientes,
estén arrendando y comprando gigantescas extensiones de tierras en países
diversos.
De tal forma Mançano sostiene
que hay tres clases de países: los arrendatarios o compradores de tierras, los
arrendadores, y los que son las dos cosas a la vez. Con la excepción de Brasil,
que es tanto arrendatario como arrendador, los demás países de la región son
fundamentalmente arrendadores. Este hecho no es fortuito, ya que es la
existencia misma del latifundio lo que permite que sea de esta forma. En cambio
los diferentes países de la Comunidad Europea, Japón y Canadá son los
principales arrendatarios de tierras. Según precisa el experto brasileño, esta
modalidad implica un nuevo elemento en la cuestión agraria: la unión del Estado y
el capital para explotar tierras, personas y países. Sin dudas este proceso de
explotación no es nuevo, lo que es nuevo según el autor es que más allá de las
empresas, los gobiernos estén más involucrados en acuerdos que refuerzan el
neocolonialismo y consecuentemente profundizan las formas de dependencia.
Esta novedad está también relacionada
según Mançano con las crisis de falta de alimentos y con el aumento del precio de los
combustibles. Un factor nuevo –precisa- es que estamos viviendo un momento de
cambio estructural en la producción de energía. El campo productor de alimentos
y fibras pasa a producir cada vez más energía. Es evidente que esta nueva
realidad exige la expansión de los territorios. Y los países ricos en capital,
pero pobres en extensión territorial están adoptando las estrategias
imperialistas.
De
tal forma, la existencia de países con grandes extensiones territoriales, pero
con una población eminentemente urbana, hacen que la mayoría de los ciudadanos
conozcan muy poco acerca de lo que ocurre en zonas en las cuales viven muy
pocos habitantes. Tanto la producción de agrocombustibles, como también la
minería a cielo abierto, y todas las variantes extractivistas y productoras de
commodities, se desarrollan en un plano de invisibilidad notoria, ya que los
grandes medios de comunicación, principalmente radicados en las grandes
ciudades de eso no hablan.
Un
problema también muy importante relacionado a la cuestión agraria es el de los
pueblos indígenas y originarios del continente, ya que ellos fueron despojados
de sus tierras a partir de la colonización hispánica basada en el latifundio.
Hoy con el despertar de las naciones latinoamericanas también emergen con
fuerza las voces originarias, que no sólo reclaman con toda justicia sus
propiedades ancestrales, sino que a su vez reclaman una relación armónica con
la tierra, tal como se plantea en el Buen Vivir de los pueblos andinos. Un
flagelo como el del narcotráfico, tanto en la producción de estupefacientes,
como en sus rutas, tampoco es ajeno a la cuestión agraria.
En las próximas entregas que Miradas al Sur hará sobre esta problemática, se intentará realizar
un somero rastreo histórico de la cuestión agraria latinoamericana, regresando
sobre algunos de los temas brevemente ya expuestos. Sobre los diversos intentos
de reformar la estructura territorial del agro, desde la reforma agraria
propuesta por José Gervasio de Artigas hace dos siglos, hasta experiencias como
la de los movimientos campesinos sin tierra, sin dejar de lado los intentos
realizados por el pueblo de Bolivia en 1952, y los gobiernos de Perú y Chile
durante la mayor parte de la década del ’60. Se pretende contar así con algunos
elementos de análisis para el presente de la región. De una región que ante la
crisis del mundo occidental hoy tiene una oportunidad, que si no es aprovechada
correctamente se corre el riesgo de repetir experiencias fallidas del pasado.
De ahí la importancia del aprendizaje de la experiencia histórica.
El Latifundio es la
herencia maldita del régimen colonial
“¿En qué clase se
considera a los labradores? ¿Son acaso extranjeros o enemigos de la patria para
que se les prive del derecho al sufragio? Jamás seremos libres si nuestras
instituciones no son justas” Bernardo de Monteagudo
Hace dos siglos se producía la ruptura de los pueblos
americanos con la corona española. Pero lejos de llevarse adelante una
verdadera revolución, durante el tiempo subsiguiente, se preservó una
estructura económica y social no muy diferente a la de los tiempos de la
colonia. Los principios revolucionarios de los principales protagonistas de las
jornadas emancipatorias cayeron en saco roto, y lejos de alcanzarse los sueños
libertarios de Bolívar, San Martín, Monteagudo, Moreno o Sucre, prevalecieron
las posiciones de todos aquellos que ajustaron la realidad regional a una nueva
sujeción imperial. Hoy podría decirse que, renegociaron la dependencia, para
preservar sus principales beneficios de clase, que ya ostentaban en los tiempos
coloniales.
Si el primer intento emancipatorio, tenía como objetivo -en
las ideas de sus principales artífices-, desarrollar una gran nación americana,
autónoma y soberana, a tono con los avances de las fuerzas de la producción
económica, tal como se empezaban a desarrollar en Europa; con el reciente
adevenimiento de una burguesía que por ese entonces marcaba el principal camino
de progreso de la humanidad, los revolucionarios locales, no solamente veían la
posibilidad concreta de construir una pujante nueva nación, sino que
simultáneamente eran partidarios de romper con todas las ideas oscurantistas y
conservadoras del tiempo virreinal. Realizar un balance de por qué ese primer
intento fue derrota, debiera hoy interrogar a los ciudadanos de la región, como
una marca que permita delimitar el trazo estratégico de un nuevo intento. Lejos
de intentar dicho balance crítico, se intentará en lo que sigue, proseguir con
la cuestión agraria latinoamericana, como uno de los núcleos duros, de por qué
la perspectiva emancipatoria no llegó a prosperar. Fundamentalmente la
existencia del latifundio como formación específica, que impidió el desarrollo
de una burguesía progresista y transformadora, un empresariado con iniciativas
propias que no quedase reducido al único rol de intermediario entre los
latifundistas y los principales agentes imperiales.
En la América precolombina hubo regímenes de explotación y
tenencia de la tierra. Aunque muchas etnias aborígenes eran principalmente
pueblos nómades y cazadores, prevalecieron los grandes imperios: inca, azteca y
maya, que constituyeran no sólo el modo de producción dominante del continente,
sino también el blanco principal de los conquistadores españoles. De todas
formas rastrear históricamente la conformación del latifundio como rasgo principal
de las formaciones económico- sociales en Latinoamérica, está referido en
primer lugar a las formas de colonización que tuvieron tanto España como
Portugal en esta parte del mundo. Lejos de un debate sobre todo árido y de
improbables certezas, sobre si la economía del virreinato era de tipo feudal o
desde sus inicios ya implicaba la presencia del capitalismo, lo que sí se puede
aseverar es que la existencia de grandes y extensas concentraciones de tierra
en pocas manos, sumada la existencia de una elite portuaria compradora-
vendedora, que nunca pudo constituirse en industrial, marcó a fuego un patrón
económico de acumulación capitalista pero con sujeción a las economías más
desarrolladas.
A diferencia de los Estados Unidos, en Latinoamérica no se
tocó la propiedad de la tierra tal como se estructuró en el tiempo de la
colonia. Tras la Guerra de Secesión, en los EE.UU. el Norte suprimió al
latifundio esclavista del Sur e implementó un régimen de colonización del Oeste
que no permitía que los colonos pudiesen tener propiedades mayores a 100 acres
(89 hectáreas). Esto -si se quiere- funcionó en el país del Norte como una
reforma agraria que posibilitó un acceso más democrático a las tierras y al
trabajo agrícola, principalmente de forma familiar.
El terrateniente-
Según asevera el historiador León Pomer en su libro “Continuidades y rupturas.
De la Colonia a Mayo”, siendo producto dilecto de la sociedad colonial, el
terrateniente es “especialidad” española. Señala Pomer que el latifundio en
España fue el resultado de la Reconquista, es decir de la recuperación de las
tierras peninsulares -que estaban en poder de los musulmanes-, por parte de los
reinos cristianos. Un proceso de guerra prolongada y discontinua que se
extendió desde el Siglo VIII al XV, cuando los denominados Reyes Católicos el 2 de enero de 1492 tomaron Granada. El latifundio se constituía de esa forma como
parte constitutiva de la conquista y apropiación gradual del territorio.
Algunos autores sostienen que durante el tiempo de la conquista del nuevo
mundo, en España solamente entre el 2 y el 3% de los propietarios (incluso
están los que aseguran que sólo el 1,65 %) eran los poseedores del 97 % del
suelo de la península. Los grandes latifundios eran propiedad de los
dignatarios de la Iglesia, de las órdenes laicas y religiosas, de los nobles y
los municipios. La gran propiedad territorial representaba así una fuente de
renta desorbitante, y un signo de grandeza. Por esta razón muchos grandes
mercaderes emergentes intentaban quitarle a la realeza las grandes propiedades
de tierras, y constituirse así en clase nobiliaria; mientras que los pobres de
la península tenían algunas tierras realengas, en las altas montañas. De tal
forma la gran propiedad territorial se oponía a la pequeña propiedad agrícola
que además de ser mal vista, gozaba de mala prédica.
Si la corona española durante la conquista hizo un traslado
al nuevo continente de sus características principales como formación social,
fue el latifundio una de esas típicas formaciones. Por otro lugar invadió y
masacró a las principales civilizaciones precolombinas, como fueron la de los
aztecas y los incas, para apropiarse de los metales preciosos, que estos
pueblos extraían de las grandes montañas. Según las creencias de los
conquistadores, exterminar a los pueblos originarios de las Indias, era lo más
conveniente, ya que siendo paganos, consideraban que les redimían el alma. Era
ésta la justificación ideológica del acto de masacrar. La conquista del desierto llevada adelante
por el general Julio Roca, varias décadas después de Mayo de 1810, demuestran a
las claras que ese tipo de ideología seguía casi intacta, y que los motivos por
los cuales lo hacían era el de expandir sus privilegios económicos. Una muestra muy clara de que los ideales libertarios
de los revolucionarios de mayo, había sido completamente derrotados, no
solamente en relación con el desarrollo de un nuevo tipo de modo de producir,
sino también en cuanto a aplastar y sustituir las ideas dominantes del tiempo
virreinal.
Artigas y el primer intento de reforma agraria en Latinoamérica-
Tal como señalara Eduardo Galeano en el ya clásico “Las venas abiertas de
América latina” habían sido “los desposeídos quienes realmente pelearon -cuando
despuntaba el Siglo XIX-, contra el poder español en los campos de América”
pero pese a eso, la supuesta independencia no los recompensó. Lejos de
producirse los cambios que proponían los revolucionarios, los dueños de la
tierra y los grandes mercaderes incrementaron sus ganancias, y habiendo caído
los cuatro virreinatos españoles, el continente se fragmentó en múltiples
países, cayendo en saco roto la idea de construir la gran nación americana del
Sud. “¿Pero
qué burguesía nacional era la nuestra, formada por los terratenientes, los
grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los políticos de levita y
los doctores sin arraigo?” se
pregunta Galeano en la obra señalada, y se responde: “Las burguesías de estas tierras habían nacido como
simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del
engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias. Los
burgueses del mostrador, usureros y comerciantes, que acapararon el poder
político, no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas
locales, muertas en el huevo cuando el libre cambio abrió las puertas a la
avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no
estaban, por su parte, interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la
medida de sus propias conveniencias. El latifundio se consolidó sobre el
despojo, todo a lo largo del siglo XIX” Según el autor uruguayo se llegó a
padecer “Frustración económica, frustración social, frustración nacional: una
historia de traiciones sucedió a la independencia, y América Latina, desgarrada
por sus fronteras, continuó condenada al monocultivo y a la dependencia” aunque
“La reforma agraria fue, en la región, una bandera temprana”. La bandera
del caudillo oriental José Gervasio de Artigas, quien a contramano de las
políticas que llevaba adelante por ese entonces Buenos Aires se propuso
revolucionar las relaciones de producción en el campo de la provincia oriental,
y el resto de las provincias hoy argentinas (Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y
Corrientes) que integraban la Confederación de los Pueblos Libres, que
encabezaba precisamente Artigas. Si bien la implementación en 1815 del
denominado Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su
campaña y seguridad de sus hacendados (ver
Recuadro 1), fue el resultado concreto de la lucha artiguista contra los
imperios español y portugués de forma simultánea, y en contraposición a los
designios del gobierno centralista porteño a quien luego también enfrentó;
llevó a rajatablas algunos de los principales postulados del Plan
Revolucionario de Operaciones, escrito por Mariano Moreno. En el Plan, Moreno
subrayaba en los apartados 7º y 8º (Ver
Recuadro 2) algunos de los elementos principales que darían vida al
Reglamento agrario de la provincia oriental.
En
1811 el entonces gobernador de la provincia oriental Javier de Elío, quien
luego fuera nombrado como Virrey del Río de La Plata le declara la guerra a la
Junta revolucionaria creada en Mayo con sitio en Buenos aires. De esta forma,
el 18 de mayo de 1811 Artigas, encabezando su ejército popular derrota a los
realistas en el combate de Las Piedras y comienza el sitio a Montevideo. La
elite porteña veía con preocupación la labor desarrollada por el caudillo
oriental, pues temía que su ejemplo se expandiera de este lado del Río de la
Plata. Una burguesía intermediaria y mercantil, asociada a los grandes
terratenientes no veía con buenos ojos el reparto de tierras y ganado, que si
bien eran expropiados a los realistas; más allá de la denominación o de las
banderas, la elite porteña en términos objetivos no era demasiado diferente de
los españoles derrotados. Esa burguesía (conformada por contrabandistas y
mercaderes ingleses) propició el advenimiento del Primer Triunvirato, y el
confinamiento de los principales líderes revolucionarios. Por esta razón en
octubre de 1811 el primer Triunvirato pacta con Elío el retiro de las tropas y
declara a Artigas como traidor, poniéndole a su cabeza el precio de 6 mil
pesos. Fue allí que replegándose en Entre Ríos Artigas reagrupa fuerzas y se
constituye en el protector de los Pueblos Libres. El enfrentamiento con Buenos
Aires ya era un hecho ineludible por parte de todas las provincias
mesopotámicas que siguieron a Artigas.
Cuando
en 1815 las tropas de los Orientales, recuperaron Montevideo, que estaba por
ese entonces bajo la tutela de los porteños, Artigas convoca en Concepción del
Uruguay (Entre Ríos) al Congreso de los Pueblos Libres. El documento político fundamental es el Reglamente de Tierras y de
Fomento de la Campaña emanado de Purificación en 1815 y presentado ante dicho
Congreso.
Vale precisar que la presentación de ese
proyecto de reforma agraria para la Banda Oriental, en un congreso con las
demás Provincias “debe ser entendido como la presentación concreta, para la provincia
más atrasada y que más había sufrido en el curso de la guerra, de un proyecto
de ordenamiento e impulso de la producción que se basaba en principios de
justicia social y en la búsqueda de un desarrollo económico soberano” sostienen
desde su portal las Comisiones Unitarias Antiimperialistas del Uruguay (Comuna).
Este
proceso de conformación de pequeños y medianos productores agropecuarios, no
prosperó ya que Artigas fue derrotado, y siguió prevaleciendo la presencia
dominante del latifundio y el poder de los terratenientes, con lo cual el
desarrollo de nuevas fuerzas productivas no resultaba lo más indicado para una
burguesía que desde su nacimiento se caracterizó por el parasitismo.
Este
abordaje de la cuestión de las tierras en la región del Río de la Plata, es un
indicador bastante aleccionador del comportamiento casi lumpen de las
burguesías hispanoamericanas, que siempre tuvieron como principales socios a
los terratenientes y los agentes imperiales, y muy poco interés por desarrollar otra matriz productiva.
En
una próxima entrega sobre la cuestión agraria, Miradas al Sur abordará los intentos de reforma de la propiedad
territorial durante el Siglo XX.
Reglamento
Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad
de sus hacendados (fragmento)
1º.
El señor alcalde provincial, además de sus facultades ordinarias, queda
autorizado para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del
vecindario, siendo el juez inmediato en todo el orden de la presente instrucción.
2º. En atención a la vasta extensión de la campaña
podrá instituir tres sub-tenientes de provincia, señalándoles su jurisdicción
respectiva y facultándolos según este reglamento.
6º. Por ahora el señor alcalde provincial
y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de
la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los
terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que
los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros
libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos
podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de
bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.
7º. Serán también agraciadas las viudas
pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los
americanos solteros, y estos a cualquier extranjero.
12º. Los terrenos repartibles son todos
aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no
se hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas
propiedades.
15º. Para repartir los terrenos de
europeos o malos americanos se tendrá presente si estos son casados o solteros.
De estos todo es disponible. De aquellos se atenderá al número de sus hijos, y
con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan
mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible, si tuvieran demasiado
terreno.
16º. La demarcación de los terrenos agraciables será legua y media de frente,
y dos de fondo, en la inteligencia que puede hacerse más o menos extensiva la
demarcación, según la localidad del terreno en el cual siempre se
proporcionarán aguadas, y si lo permite el lugar, linderos fijos; quedando al
celo de los comisionados, economizar el terreno en lo posible, y evitar en lo
sucesivo desavenencias entre vecinos.
Plan
Revolucionario de Operaciones, de Mariano Moreno (fragmento)
7ª Debemos igualmente, hacer publicar en
todos los pueblos que a todas las familias pobres, que voluntariamente
quisiesen trasladarse a la Banda Oriental y a las fronteras a poblar, se les
costeará el viaje, dándoles las carretas y demás bagajes para su transporte y
regreso, y contemplándoles como pobladores, se les darán terrenos a proporción
del número de personas, que comprenda cada familia, capaces y suficientes para
formar establecimientos, siembras de trigo, y demás labores, y esto por el
término de diez años, que serán los precisos que deberán habitarlos, y pasado
dicho término, podrán venderlos, o enajenarlos como más bien les pareciere, sin
que el valor de dichas tierras tengan que abonarlo.
Que para el efecto y fomento se les
suministrará, en los dos primeros años, con algunas fanegas de distintos
granos, algunas yuntas de bueyes y vacas, para sus establecimientos, y asimismo
algunas yeguas y caballos, supliéndoles para la fábrica de sus moradas
doscientos o trescientos pesos, según lo que dispusiere en esta parte el
Superior Gobierno, como igualmente las herramientas precisas para sus labores,
quedando exentos en el dicho término de diez años, cualquiera de tales
familias, de servir en las milicias, ni en ningún otro cargo que pudiera
perjudicarles, y en la misma forma, en dicho término, serán exceptuados de toda
contribución y derecho de cualquier fruto que vendan o introduzcan, en
cualquiera pueblos o provincias, dependientes del Gobierno Americano del Sud.
8ª En los mismos términos y en igual
forma, bajo las mismas proposiciones, debe de proponerse este mismo convenio a
las familias pobres de la Banda Oriental de Montevideo y Capital de Buenos
Aires, que quieran ir a poblar a los territorios del Río Grande, para de esta
manera introducir en dichos destinos el idioma castellano, usos, costumbres y
adhesión al Gobierno, pues ya en estas circunstancias se deberá haber allanado
todas las dificultades, y, levantando nuestra bandera en aquellos destinos,
declararlos como provincias unidas de la Banda Oriental y Estado Americano del
Sud.
"Nos quieren
quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso" Subcomandante
Marcos
Cuando el grueso de la población campesina migra hacia las
grandes concentraciones urbanas, pareciera que el debate sobre la ruralidad,
fuera un dato del pasado. Transformar la estructura agraria en Latinoamérica,
dejando atrás el latifundio, lejos de ser una simple quimera, resulta hoy la
condición necesaria para que los países de la región abandonen el atraso
estructural relativo, y peguen el salto cualitativo que posibilite no solamente
un desarrollo industrial acorde a las necesidades del mercado interno (y
regional), sino para dejar atrás, las grandes desigualdades tanto sociales como
territoriales. Las formaciones sociales y económicas, si bien pueden (y deben)
ser analizadas a través del prisma de la
cientificidad, para ser transformadas; hay que convenir que sin la existencia
de sujetos o actores que las lleven adelante, que las impulsen según un
programa y una voluntad, es muy poco probable que evolucionen naturalmente.
Porque desde ya, existen los que de una u otra forma, intentarán preservar lo dado,
a toda costa. En la economía priman el interés y la necesidad.
En la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del XIX,
la ascendente burguesía comprendió la necesidad de suprimir las grandes
propiedades territoriales, porque percibió claramente que ellas eran una traba
estructural al desarrollo de la industria. En dicho sentido esa burguesía era
un actor determinante, pero a diferencia de lo que sucedió en el viejo
continente, las burguesías latinoamericanas nunca tuvieron un interés
suficiente como para desterrar la gran propiedad agraria, ya que sus rentas no
dependían de desarrollarse en la industria, sino mantenerse como intermediarios
entre los grandes terratenientes y los actores externos. Los intentos de
reformar y transformar la estructura agraria latinoamericana a lo largo del
Siglo XX, dependieron principalmente de movimientos políticos nacionalistas con
fuerte arraigo popular. Fueron
precisamente esas bases populares (principalmente cuando contaban con raigambre
campesina) las que empujaron a sus dirigentes, a pensar en una nueva
distribución de la tierra, pero también porque comprendieron que ésa era una
traba para el desarrollo capitalista local, que pudiera generar un nuevo
posicionamiento a escala mundial, fundamentalmente en momentos en los que el
mundo desarrollado atravesaba grandes crisis. Si bien estos movimientos tanto
nacionalistas como desarrollistas cuestionaron de las formaciones capitalistas-
dependientes, sólo el segundo de los términos, no contaron entre sus actores
con quien debía ser necesariamente su principal fuerza motriz: las burguesías
nacionales, y por esa misma razón suplieron esa carencia, con el rol
preponderante del Estado como sustituto. El principal supuesto era que en el
proceso de desarrollo -de una industria que sustituyera importaciones- bajo
conducción estatal, surgiría un empresariado nacional con vocación
transformadora, y que a su vez armonizando con los diferentes sectores
populares, se conformaría un bloque social que pudiera romper definitivamente
con la dependencia. Hasta ahora, esa hipótesis aún no pudo ser demostrada, y
tal vez los actuales intentos de desarrollo de la economía social en algunos
países de la región, sean una alternativa al respecto, ya que desde
emprendimientos que también pueden considerarse como empresa pública, es
posible encontrar productores con iniciativa y empuje. Hace dos siglos Mariano
Moreno ya había vislumbrado y advertido que sólo el Estado podía suplir la
ausencia de una burguesía nacional comprometida, aunque esa ecuación aún no
posea un fundamento unívoco.
En lo que prosigue se intentará rastrear los trazos
histórico- estructurales de lo que fue la reforma agraria en Bolivia, como una
de las experiencias más significativas por reversar la estructura territorial
heredada desde el tiempo colonial.
La revolución
boliviana del ’52- La situación política de Bolivia, desde la Guerra del
Chaco (1932-1935) en la que el país del altiplano se enfrentó a Paraguay, fue
una realidad inestable, con gobiernos de corta duración, y en donde el
descontento popular iría in crescendo,
principalmente el del sector de los obreros mineros, que en Bolivia constituye
aún la fracción más poderosa de la clase trabajadora. El 7 de junio del ‘42 se
fundaría el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que contaría en sus
filas a futuros presidentes como Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. El
MNR constituiría un partido de tipo reformista con raigambre popular y con
aceitados contactos en sectores nacionalistas de las fuerzas armadas. Por su parte
durante la década del 40 se produciría de forma simultánea -al surgimiento del
MNR- la organización sindical de los trabajadores mineros. Tras la represión
violenta del ejército a los mineros, sucedida en las minas de estaño de Oruro y
Potosí en 1942, esto haría que dos años después, más precisamente el 11 de
junio del ’44, se conformara la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) como una
organización que contuviera al sector. Desde su fundación la FSTMB contó entre
sus principales dirigentes a miembros del Partido Obrero Revolucionario (POR)
de orientación trotsquista, entre ellos Juan Lechín Oquendo. Tanto el MNR como
la FSTMB serían por ese entonces la oposición orgánica más visible a “La
Rosca”. Así se la denominaba, a la oligarquía boliviana constituida por
magnates mineros y latifundistas.
El 8 de noviembre de 1946
reunidos en el Congreso de la FSTMB, los mineros aprobaron las denominadas
Tesis de Pulacayo, presentadas por la delegación obrera de Llallagua, que
consistían en un programa revolucionario para los trabajadores de Bolivia, y
que había sido inspirado por el entonces joven dirigente del POR Guillermo
Lora. Señalar al programa de Pulacayo, la lucha de los mineros, y la incidencia
del MNR, resulta válido para entender el proceso que se desencadenaría en 1952
cuando las fuerzas populares tomarían por asalto el poder que ostentaba La
Rosca. Mucho más para entender la base de la reforma agraria que se iniciaría,
en tanto podría ser considerada como el mayor logro de dicha revolución.
En el apartado 4 de los
fundamentos de las Tesis de Pulacayo se señala que “La particularidad boliviana consiste en que no se ha
presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar el
latifundio y las otras formas económicas pre-capitalistas; de realizar la
unificación nacional y la liberación del yugo imperialista. Tales tareas
burguesas no cumplidas son los objetivos democrático-burgueses que
inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los países
semicoloniales son: la revolución agraria y la independencia nacional, es
decir, el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están estrechamente
ligadas las unas a las otras”. En este punto el rumbo de los mineros,
conducidos principalmente por el POR, daban por sentado su alianza táctica con
el MNR, ya que no renegaban del objetivo de desarrollar tareas democráticas y
de liberación nacional. “Los
trabajadores del subsuelo no insinuamos que deben pasarse por alto las tareas
democrático-burguesas: lucha por elementales garantías democráticas y por la
revolución agraria antiimperialista” expresaba la FSTMB en el capítulo
II de las tesis.
Desde mayo del ’51 el general
Hugo Ballivián Rojas tras invalidar las elecciones presidenciales realizadas en
mayo del mismo año, se enquistó en el poder, decretando el estado de sitio y
desencadenando una muy fuerte represión al movimiento popular. Pero pareciera
que la concurrencia estaba desatada entre los diferentes ministros de
Ballivián: todos querían ser presidentes, y más precisamente el Ministro de Gobierno, el
general Antonio Seleme convenció a un grupo reducido del MNR para que lo
acompañen en su cruzada. La idea era básicamente realizar un pequeño putch para
derrocar a Ballivián, y hacerse del poder. Miembros del MNR junto a carabineros
que dependían de las órdenes de Seleme, se apoderaron la madrugada del 9 de
abril del ’52 de varios edificios públicos, y proclamaron la revolución. Pero
el anuncio fue anticipado, ya que las fuerzas armadas gubernamentales coparon
inmediatamente las calles. El pueblo boliviano, y principalmente los
trabajadores mineros fueron los que desencadenaron una verdadera insurrección
armada, que al final destronó al gobierno de La Rosca. Si bien el rol de las
milicias obreras fue determinante, ante la falta de una herramienta política
propia, no tuvieron más opción que entregar el nuevo gobierno al dirigente del
MNR Hernán Siles Zuazo, quien luego se lo pasaría a Víctor Paz Estenssoro al
regreso de su exilio en Buenos Aires. El POR si bien tenía una muy importante
inserción sindical, era un partido pequeño con escasa incidencia política en
sectores ajenos al mundo laboral.
Aunque los hechos del ’52
puedan despertar diferencias de interpretación, ya que muchos autores le
atribuyen la revolución al MNR solamente, vale señalar que a las pocas semanas
nomás el nuevo presidente logró postergar la nacionalización de las minas, que
era uno de los principales reclamos de la FSTMB, y posteriormente disolvió las
milicias obreras. En verdad se trató de un proceso complejo en el cual
confluyeran diferentes actores políticos y sociales, pero en el cual se
expresaría principalmente un fuerte rechazo popular a las injusticias. Como en
todo proceso de transformaciones profundas hubo andariveles que fueron
abordados de una forma efectiva y otros que no tanto. Se puede afirmar con toda
justeza que en torno a la cuestión agraria y el desmantelamiento del orden
señorial y la servidumbre, con la concomitante incorporación del campesino-
indígena a la vida social, la revolución nacional del ’52 cumplió e hizo que
ese ítem fuera casi irreversible.
La reforma agraria- Antes del ’52 el campesinado indígena vivía subsumido en
una casi esclavitud desde el tiempo de la conquista española. Nada había
cambiado desde 1825 cuando se fundara el país, y mucho menos antes de 1952.
Según precisara Ángel Jemio- Ergueta en su trabajo La Reforma Agraria, antes de que ésta fuera realizada, sólo el 4.5 % de los propietarios
rurales, detentaban el 70 % de las tierras cultivables, había ausencia de inversión de capital
suplementario, desconocimiento del concepto de salario (servicios personales
gratuitos) y empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época
colonial. Si la revolución del ’52 había propuesto como principales
consignas la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria, la
reforma educativa, el sufragio universal y la diversificación de la economía
como prerrequisitos para transformar a Bolivia en un Estado moderno, se podría
afirmar que fue consecuente principalmente con la implementación del sufragio
universal, y con el desarrollo de la reforma rural.
Cuando
los conquistadores españoles llegaron a Bolivia dieron fin al régimen
comunitario de explotación de la tierra que había sido el predominante durante
el imperio de los incas. Al instalarse la colonia, se trasplantó desde España
el régimen latifundista y a los pueblos originarios se los convirtió en
servidores de los nuevos amos. No solamente en cuanto al trabajo de la tierra,
ya que también se establecieron diferentes rangos de servidumbre.
Fue
así que surgieron el pongueaje (obligación de cada colono de la tierra a
asistir a la casa citadina del patrón para cumplir funciones de mozo de
mandados) o el mitanaje que consistía en que la mujer del colono, debía cumplía
mientras durase el pongo, la tarea de sirvienta o cocinera. De igual forma se
daban diversas funciones serviles en la cuales se esclavizaba al indígena.
Por
su parte estaban los comunarios que eran los campesinos indígenas que aún
conservaban la propiedad colectiva de la
tierra, pero que no escapaban al régimen de servidumbre personal, ya que aunque
no tuvieran patrones debían servir a los intendentes, el clero, los
corregidores, los jueces de paz y los comisarios. Esta modalidad de explotación
de los indígenas, no se transformó con la formación de la república en 1825, se
extendió hasta 1952.
La
población campesina e indígena en Bolivia era para ese entonces el 65 %. Tal
como señala Roberto Jordán Pando en su libro “De Bolívar a la Revolución boliviana”,
toda esa franja poblacional mayoritaria no contaba con un instrumento político
administrativo para atender sus problemáticas. En tal sentido la revolución
nacional una de las primeras medidas que toma es la de crear el Ministerio de
Asuntos Campesinos a cargo de Ñuflo Chávez Ortiz, un experimentado activista e
intelectual del MNR. La tarea del nuevo ministerio era preparar el terreno para
la reforma agraria, organizando a los campesinos, estableciendo regulaciones
laborales en las áreas rurales, ofreciendo alfabetización y educación, además de proporcionar
herramientas sobre cooperativismo y organización comunitaria. Por su parte la
recientemente conformada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaba la formación
de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), la
cual al poco tiempo ya contaría con 700 mil afiliados. Además generaría a sus
propios cuadros dirigentes, ya que había sido organizada principalmente por
sindicalistas obreros.
El
20 de enero de 1953 el gobierno de la Revolución Nacional por el Decreto 3301,
creó una comisión encargada exclusivamente de estudiar el problema de la tierra
y la incorporación de los pueblos indígenas. Esta comisión integrada por
economistas, sociólogos y cuadros políticos de diferentes orientaciones
ideológico- partidarias, debía indagar la cuestión agraria en sus múltiples
facetas de índole tanto económica, social, jurídica, técnica y educativa.
Habiendo trabajado la comisión entre el 9 de abril y el 28 de julio, presentó
un informe de tres volúmenes, que sería el anteproyecto de Ley de Reforma
Agraria, más varios proyectos complementarios. Esta sería la base del Decreto
Ley Nº 3464 firmado por el mandatario Víctor Paz Estenssoro el 2 de agosto de
1953. Ese día ante una multitudinaria concentración campesina en la localidad
de Ucareña, Paz Estenssoro realizó el anuncio de la medida.
Tal
como señalara Jemio- Ergueta en el
trabajo señalado, la Reforma
Agraria fue un acto de justicia histórica, fue destinada principalmente para
liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana
de la Nación. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base
material: la tierra y, la tierra debía ser para quien la trabaje.
A la luz de un análisis más objetivo, la
ley de Reforma Agraria de Bolivia se propuso asimilar las técnicas capitalistas
de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por resabios
feudales e incorporando a las masas campesinas al mercado interno en su doble
condición de productores y consumidores. La esencia democrática de la reforma
agraria boliviana radicó en el hecho de que instituyó el trabajo como la
principal fuente del derecho a la propiedad de la tierra. Las principales
cuatro finalidades de la reforma eran:
a) proporcionar tierra labrantía a los
labriegos que no la tienen o la poseen en grado insuficiente, expropiando para
ello a los latifundistas que la detentan en exceso y disfrutan de una renta
absoluta que no proviene de su trabajo ni de inversiones de capital
suplementario.
b) proscribir los servicios personales y
gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como
única forma de pago al peón agrícola por su trabajo.
c) reivindicar las tierras despojadas a
las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la
extorsión administrativa para convertir a aquéllas en cooperativas de
producción, y
d) conseguir la explotación racional e
intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del
país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un
plan de mecanización de las labores agropecuarias.
Si bien en 1964, con el golpe
militar que pondría en el poder al General René Barrientos, hubo un cierto
estancamiento con respecto al proceso reformista rural, se puede decir que el
ciclo iniciado en 1952 -en lo referido específicamente a la reforma agraria- no
tuvo grandes retrocesos. En este sentido muchos analistas sostienen que la
reforma fue un hecho irreversible, aunque sí habría que analizar cuáles fueron
sus principales falencias.
La revolución nacional del ’52
se planteaba varios objetivos, entre ellos la nacionalización de las minas de
estaño y la diversificación de la economía, además de transformar la estructura
agraria. Los otros objetivos no se lograron, y vale subrayar al respecto que no
es posible transformar la estructura de una formación social, solamente desde
uno de sus flancos, mucho más cuando los más importantes (como el de la
minería) permanecen sin una sustancial modificación.
Por otra parte en referencia a
la cuestión de la tierra, la reforma fue efectiva principalmente en la región
occidental, en donde viven el 70 % de la población rural de Bolivia.
Paradojalmente en la región oriental (Santa Cruz, Beni) en la cual la agricultura
es mucho más factible, sobre una extensión aproximada de 700 mil km², solamente había una población de 0,8 habitantes por km². La mayor población
labriega de Occidente se desarrollaba en terrenos ubicados entre 2.500 y 4.000
mil metros sobre el nivel del mar, que fue el sitio donde fue efectiva la
reforma agraria. La tierra distribuible siempre fue considerada aquella, a la
cual se la considera cultivable, aunque en algunos casos el Estado declaraba a
ciertas tierras como empresa, y por ende no se encontraban sujetas a ser
entregadas a los agricultores.
A modo de conclusión- No alcanza con “tierra para el que la trabaja”, es
necesario un proceso de industrialización de la ruralidad desde la obtención de
la materia prima, hasta la obtención de productos con alto valor agregado.
Puede alcanzar para la subsistencia de los campesinos, pero no para transformar
la estructura productiva de un país. En Bolivia se abortó el proceso de la
revolución del ’52 debido a que no hubo desarrollo de los otros factores económicos
intrínsecos. Incluso varios expertos sostienen que si bien los campesinos
contaban con la tierra, no contaban con los recursos necesarios para poder
explotarla de la mejor forma.
La
revolución agraria tal como la habían planteado los mineros de Pulacayo en
1946, en cierta medida fue realizada, también la tarea democrática de otorgarle
la ciudadanía a la población indígena, pero el problema principal es que el
proyecto de nacionalizar los grandes recursos naturales como son los productos
de la minería, quedaron casi en las mismas manos.
Desde
la nacionalización de los grandes recursos energéticos realizados por el actual
gobierno de Evo Morales, el país del altiplano pareciera entrar nuevamente en
el terreno que fuera abandonado hace décadas, para comenzar a soñar con las metas anheladas.
En
una próxima entrega sobre la cuestión agraria Miradas al Sur abordará las experiencias de reformas realizadas en
Perú y Chile durante la década del 60, y la ejemplar lucha del Movimiento de
campesinos sin tierra (MST) de Brasil.
“Los expertos sugieren sustitución de
ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros
decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria? tomen la tierra al que tiene mucho
y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de
sirena” Ernesto “Che” Guevara
Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre
son, resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida,
aunque en algunas oportunidades, existan cambios que son el producto de
controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar
que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso, es hacer lo posible. En
los años ’60 un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y
propagación de la revolución cubana.
Esto era un quiste severo para el
dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que
sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la
región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que
proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la
principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que
soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco
para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las
luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio.
Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se
inmiscuyera en la región, hizo que los EE. UU. tracen una estrategia para
desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran
desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos el atraso en cuanto a la
situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte
propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación
de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y
social en el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países
latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de
las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los
países de la región. La Alianza para el
Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas
desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los
presidentes Juscelino
Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas
agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década
del ’60 sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana
para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los
años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras
características, en un inicio estuvieron signadas por la política de
Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del
General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la
iniciada en 1962, durante el
gobierno de la Junta Militar presidida Nicolás Lindley. También pesaba
sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y
más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que
dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que
presionaba desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en
países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde
el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura
agraria.
La Alianza para el Progreso
(ALPRO) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este
realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya.
En esa reunión del Consejo
Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados
de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive
un delegado por Cuba, Ernesto “Che” Guevara. Mientras todos los delegados se
ilusionaban con la consigna de "mejorar la vida de todos los
habitantes del continente" tal
como rezaba la declaración oficial de la constituida ALPRO, Guevara en su
alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra
toda idea de simple ayuda técnica o económica “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una
conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la
política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede
haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de
los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es
política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es
además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el
ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano” subrayó el Che.
El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su
política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países
latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el
magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años,
en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda
militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este -de alguna forma- ya lo
había advertido.
La reforma agraria en Chile- A
través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”,
de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su
preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América Latina
(Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el
Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan
XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones
agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma
agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri
promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de
dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl
Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su
patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo
cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto
simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la
obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada
Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su
trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile” las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no
tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos
antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta
cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un
debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación
de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap),
que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma.
Según el mismo autor para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en
la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que
caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los
asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma
agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del periodo y se
plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei
Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la
16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional
sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios
agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios,
con 23,4 por ciento de la tierra regada del país y 34,7 por ciento de la tierra
de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno
de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso
expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas.
En menos de tres años se
expropiaron 4.401 predios, con 35,3 por ciento de la tierra regada y gran parte
de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la
estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura
de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y
desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los
pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes
empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal.
Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en
Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales y los agronegocios en detrimento del
campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los
diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto
de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte,
comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20%
como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a
sostener el neoliberalismo en el país trasandino.
La reforma en Perú- A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el
Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también
bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma
agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria
y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú
fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de
conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde
el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas
campesinas, quizá el caso
más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los
valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco,
contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación
de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de
ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida
por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero
no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas
de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no
pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente
a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos
económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de
campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios- progresasen, pues la
modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran
posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no
provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de
la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a
indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década
del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia
las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores
urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos
suburbanos. En Perú a excepción de los grandes latifundistas, las diversas
clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del
agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento
Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una
reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno
promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones
de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La
denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La
Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció
transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaunde Terry como
presidente. Belaunde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma
rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular-
Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante
demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria integrada por la Unión Nacional Odriista y el
APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se
produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar
nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año
se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno
Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha
entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo.
La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso
irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es
decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación
real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del
Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos
los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre
a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la
iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones
de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de
promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las
haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo
bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una
serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del
gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la
inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa
capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias.
Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran
llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se
promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se
produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a
la mayoría de los campesinos- indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero
si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un
desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura
productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta
imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para
que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe
articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir con la
industria.
Entre la vida y la muerte, los sin
tierra del Brasil- El
gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión
territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la
agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de
200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión es uno de los países con
mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10 % de
la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy
pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de
pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en
ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta,
el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de
los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran
desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y
la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado
posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias.
Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se
aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en
Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región
alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho
Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los
principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares. La experiencia de los sin tierra de Brasil
sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las
sucesivas entregas que Miradas al Sur
vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana
Si
en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse
como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de
pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las
consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a
contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria
en las grandes favelas urbanas como Cidade
de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes
del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo,
predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social,
instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles
salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva
cercana a cualquier utopía.
El
MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su
país, pero tal como señalan no una reforma que favorezca a los campesinos
solamente, una reforma agraria que transforme a Brasil en una nación
igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una
fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema
capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más
significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la
injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que
no habría que dejar de escuchar.
