2013/07/28

Colombia- Días de paz y días de guerra

El 20 de julio, Colombia festejó 203 años de su Independencia con un desfile en Bogotá de 12 mil soldados exhibiendo nuevos armamentos y tecnologías. Pero la ostentación no concordó con la realidad: el mismo día, en las afueras de la ciudad, el Ejército perdió al menos 21 soldados a manos de la guerrilla en uno de los golpes más duros a lo largo del prolongado conflicto armado. A pesar de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, lo que sucede en el campo de combate está fuera de la mesa de La Habana hasta que se logre la firma de un tratado de paz efectiva y duradera.
“Así como tenemos la mano tendida al diálogo, también tenemos el garrote”, dijo el presidente Santos, una forma de expresar que el gobierno se puede sentar a negociar con quienes ya se encuentran entre las cuerdas. Terminar el prolongado conflicto no es tarea fácil si no es a partir de una salida negociada. Esto, Santos lo sabe y por esa misma razón es que se dio a la tarea de propiciar la paz, mientras que la guerrilla ya sabe que es iluso pensar que desde frentes y enclaves rurales cada vez más aislados se pueda ganar una guerra revolucionaria. Conocer los límites actuales llevó a ambas partes a negociar, sabiendo que siempre se lo hace desde relaciones de fuerza. Así hay que interpretar los últimos enfrentamientos, y no como avances estratégicos que vayan a construir una victoria sobre el enemigo.
Para dimensionar la importancia que tiene el proceso de paz, vale señalar los datos que el martes presentaran desde el Centro Nacional por la Memoria Histórica. Entre 1958 y 2012 se produjeron 220 mil víctimas fatales, mientras que 3 de cada 10 muertes en Colombia son producto del conflicto armado.
Todo esto recrudece a partir de la irrupción de diferentes conflictos sociales, que se están produciendo actualmente. A los campesinos del Catatumbo se le sumaron las protestas de los pequeños y medianos productores mineros, y un nuevo paro de los cafeteros es inminente. Es en tal sentido que la derecha agita la necesidad de ejercer mayor represión estatal, sin discriminar si se tratan de organizaciones sociales o grupos guerrilleros.
Duro revés. En el departamento de Arauca ubicado en el extremo norte de la Orinoquia, tanto como en Caquetá ubicada en el sur, las fuerzas militares perdieron el sábado 20 unos 22 soldados. Si bien se presume que fue la guerrilla quien les propinó ese duro golpe, ni las FARC ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicaron los hechos, y al menos hasta la fecha no indicaron en sus respectivos portales de internet ningún comunicado al respecto.
En la vía que separa a los municipios de Tame y Fortul en Arauca, según informaciones y testimonios brindados principalmente por campesinos, se pudo precisar que se produjo un duro enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas, en el cual perdieron la vida unos 17 militares, mientras que cuatro resultaron heridos y uno desaparecido. El portal del Ejército no dio cuenta de este combate por lo que algunas informaciones podrían resultar imprecisas. Lo que no caben dudas es que el hecho existió, ya que el oficialista diario El Tiempo dio la información, aseverando que fue una emboscada realizada por aproximadamente 80 guerrilleros de las FARC, mientras los militares se encontraban descansando. El presidente Santos se refirió a estos acontecimientos, asegurando que no descansarán hasta encontrar a los guerrilleros que produjeron los asesinatos. A pesar de todo, Santos aseveró que seguirá propiciando la paz. “He dicho en repetidas ocasiones: allá en La Habana estamos dialogando como si aquí no hubiese terrorismo. Atacar los tubos, atacar los puentes, afectar a la población civil, es terrorismo. Y aquí no tendremos ninguna contemplación en nuestra lucha contra el terrorismo”, dijo, pidiéndole a la fuerza pública “no dejar de disparar hasta que se llegue al final del conflicto” indicando luego que “les he dicho en el día de hoy al ministro de la Defensa, al comandante de nuestras Fuerzas Militares, al general Navas; al comandante de nuestro Ejército, al general Mantilla, y a los demás oficiales: no podemos bajar la guardia un solo milímetro. Hay que poner más tropas. Hay que ser más contundentes”.
Los militares abatidos en Arauca pertenecían al Batallón Especial Energético y Vial Número 14 dependiente de la 18ª Brigada del Ejército Nacional.
Mientras tanto, ese mismo día se produjo en el departamento sureño de Caquetá otro serio enfrentamiento, en el cual 4 soldados de la 12ª Brigada del Ejército resultaron muertos. Esto sucedió en el municipio de Doncella, y tampoco hubo al respecto partes militares de la guerrilla. En este caso, las fuerzas militares presentaron un comunicado en su portal de internet ofreciendo la información de los caídos, como también sobre las operaciones registradas.
El silencio de los grupos guerrilleros llamó la atención, ya que si bien muchos comunicados a veces tardan en aparecer en sus portales, hay otros que teniendo cierta actualidad, pero que no están referidos a los combates de Arauca y Caquetá, hacen alusión a los conflictos sociales en curso. Es de destacar que ni siquiera la agencia de noticias Anncol, que algunos consideran cercana al grupo guerrillero, se atrevió a adjudicar los hechos a algún grupo en particular. Anncol señalaba que podrían haber sido las FARC que a través del 10º Frente actúa en Arauca, o tal vez el ELN que tiene incidencia en esa región, o también quizás los dos grupos en forma coordinada, haciendo mención dicha agencia a una reunión que hace poco tiempo sostuvieron los máximos comandantes de ambas guerrillas. Tal vez este dato que destacan sea un buen indicador al respecto, ya que tanto Timoleón Jiménez como Nicolás Rodríguez Bautista de las FARC y el ELN, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto el 1º de julio, tras conversaciones que sostuvieran durante el mes de junio en algún sitio de la montaña colombiana. Allí ambos grupos expresaban que “además de tratar, reflexionar y superar definitivamente diversos incidentes que condujeron en el pasado a contradicciones, distanciamientos y choques entre las dos fuerzas, abordamos diferentes asuntos de carácter estratégico para el futuro de la nación” destacando “la importancia de trabajar por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales empeñadas en la realización de cambios profundos en la sociedad, su economía, la política y la institucionalidad colombiana” enfatizando en “la importancia que tiene la Paz con Dignidad y Justicia Social para el futuro de la nación y el continente”. Con mucha fuerza ambos grupos se pronunciaban acerca de que “en Nuestra América soplan hoy poderosos vientos hacia la democracia, la soberanía, la justicia social, el buen vivir y la integración de nuestros pueblos. Los colombianos no podemos permanecer al margen de este proceso histórico hacia la definitiva independencia”.
Como es sabido el ELN no forma parte de la mesa de La Habana, pero las conclusiones a las que arribaron tras la reunión con las FARC que sí están en proceso de negociación con el gobierno, son un indicador de que ellos también estarían dispuestas a emprender un proceso similar, pero teniendo como primer interlocutor al grupo liderado por Timoleón Jiménez. La posibilidad de que ambos grupos lleguen a puntos de unidad resulta así también indicativa de eso que más arriba se señalaba, y que es que las negociaciones se realizan desde determinadas relaciones de fuerza. La irrupción el último tiempo de diversos conflictos sociales también juegan en el mismo sentido, ya que lo que en verdad está en debate en La Habana no es solamente la paz entre el gobierno y un grupo armado irregular, sino las causas estructurales de por qué hay conflicto armado. Esta coyuntura pone a prueba la voluntad del gobierno de Santos de proseguir con el proceso de paz, ya que los hechos dan muestra de que sin emprender ciertas transformaciones, esto resultaría inviable. Mucho más cómoda era la posición de un presidente como Álvaro Uribe que metiendo plomo y garrote, se eximía de abordar las razones del conflicto. En Colombia la derecha más recalcitrante instaló la idea de que la cuestión principal es la existencia de grupos de forajidos a los que hay que exterminar para terminar con el problema, y que los reclamos sociales o sindicales siempre son producidos por la incidencia que los grupos armados tienen sobre ellos. Esta caracterización dio pie a que la labor sindical, como la político-legal de los partidos de la izquierda, siempre fuera una tarea difícil de sostener, sin correr riesgos reales. El asedio que viene sufriendo el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro, es una señal inequívoca de eso, y la posibilidad o no de continuar con su mandato, ya creó en la izquierda colombiana un alerta rojo, sobre la posibilidad real que ese sector tiene de poder gobernar. Algunos analistas sostienen que si Petro cayera, sería un duro revés para la mesa de La Habana, ya que las FARC comprobarían empíricamente que la participación política resultaría una simple quimera.
El presidente Santos hoy debe enfrentar un gran dilema, o profundizar la paz, abordando seriamente las causas concretas del conflicto, o dejar que se le venga encima la derecha más obtusa, encarnada por el Puro Centro Democrático de Álvaro Uribe, a menos que sobre el ex presidente se acelere la causa que lo sindica como patrocinante de los grupos paramilitares.


Las inconveniencias de Uribe

Si Uribe no tuviera tanto poder, ya estaría en la Picota”, dicen activistas colombianos por los Derechos Humanos, haciendo referencia al centro penitenciario ubicado en la zona sur de Bogotá. Esta afirmación conllevaba a la vez precisar que no se trata nada más que del ex presidente Álvaro Uribe, sino de que éste es la cara más visible de toda una fracción de la clase dominante, las que se beneficiaron con la acción de las bandas paramilitares. La existencia del conflicto armado fue la excusa de los poderosos hacendados para armar estas bandas que bien se podrían denominar paraestatales, ya que estaban amparadas por la institucionalidad de ese país, y que en primer lugar les permitieron a estos terratenientes expandir sus propiedades territoriales con masacres y desplazamientos de campesinos e indígenas.
En enero de este año, la Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra Uribe por su presunta colaboración en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de 1990. Las pruebas fueron presentadas por el legislador Iván Cepeda, vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Las pruebas presentadas por Cepeda se basan en los testimonios del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recogidas el 16 de septiembre de 2012 en la cárcel de Combita, Boyacá, donde el ex paramilitar está detenido. Según Monsalve, Uribe, como gobernador de Antioquía (1994-1997), ayudó a conformar el Bloque Metro y fue miembro activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque, al noroeste de Colombia, a mediados de los ’90.
El testigo, que además trabajó en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón, precisando Monsalve que Luis Alberto Villegas se encargaba de los negocios del grupo que consistían en “las cocinas y lo del tubo” (refiriéndose a los laboratorios de cocaína y al robo de gasolina del poliducto) y Álvaro Uribe “estaba encargado del ala militar”.
Según reveló la radio Caracol en enero, con 21 pruebas la Fiscalía General pretendía indagar los nexos posibles entre Uribe y el paramilitarismo, las cuales serían implementadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) además de estar previstas las declaraciones del citado Monsalve, de otros ex paramilitares e incluso del ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso, hoy extraditado en los Estados Unidos.
El lanzamiento a fines de enero del partido Puro Centro Democrático no resulta para nada ocioso, ya que si Uribe alcanzara una banca legislativa, y la causa se dilatara como está sucediendo, el ex presidente lograría inmunidad para ir a prisión. Vale señalar que en abril de 2008, Mario Uribe, primo del ex presidente, fue encarcelado por vínculos con los paramilitares, y que pocos días después, el 13 de mayo, en una operación sorpresiva fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex jefes paramilitares que se encontraban acogidos a la Ley de Justicia y Paz, en tanto todos ellos eran desmovilizados. El problema de la extradición era que en los Estados Unidos todos serían juzgados por narcotráfico y no por paramilitarismo, ya que la corte estadounidense no contempla esa clase de delito, con lo cual Uribe se sacaba de encima los peligrosos testimonios de sus supuestos ex socios.
Hace aproximadamente dos semanas, una veintena de diputados y diputadas del Parlamento Europeo, dieron su parecer acerca de lo que consideran un estancamiento en la causa que se reabrió en enero contra Uribe. En una carta promovida por el eurodiputado español y responsable de la Secretaría de Política Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, y que fuera acompañada por firmas de diputados de diferentes países del viejo continente, solicitaron que se aclarara la supuesta participación de Uribe en la creación del Bloque metro de las AUC, y para ello pidieron que se inicie la práctica de las 21 pruebas que se definieron en la fase de resolución de apertura de la investigación y que se protegiera la vida de los testigos y sus familiares. La misiva fue dirigida a Juan Manuel Santos, al fiscal general Eduardo Montealegre, al procurador Alejandro Ordóñez y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La respuesta de Uribe, a través de su cuenta de Twitter fue simple: acusó a los eurodiputados de promover carteles de falsos testigos, manipular la justicia y ser cómplices de la guerrilla.

2013/07/26

Reforma de la Constitución y relaciones de fuerza.

“La Ley es producto de las relaciones de fuerza” le dijo una vez a quien escribe, el célebre abogado León “Toto” Zimerman. Esta definición del fundador de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) si se quiere, resulta compatible con aquel postulado foucaultiano de que la Verdad es producida por el Poder, y que ambos están imbricados dialécticamente. Se podría decir entonces que no es una Ley la que podría cambiar las relaciones de fuerza, sino que sí no existen condiciones favorables para ello las leyes aparecerán siempre como un dato inobjetable, comparables a una ley divina, o natural.
En la Argentina de hoy, no se deja de hablar acerca de una posible reforma de la Constitución. La derecha más obtusa la rechaza desde los medios y grupos políticos afines, haciendo pasar a esta reforma como la intención de perpetuar a la presidenta en una reelección indefinida. Si resulta posible considerar que en la década kirchnerista se lograron algunos cambios sustanciales en la estructura social, y que esto más allá de la valoración que se haga de ello, tal como que efectivamente se trata de un movimiento transformador, o que no quedaba otra después del incendio social que se generó en 2001, lo que sí resulta incontrovertible es que hay una derecha tanto social, política y mediática, que pretende tirar por tierra a todo lo que desde 2003 fue diferente a lo de los gobiernos anteriores.
Si el kirchnerismo lo hizo para apagar el fuego del 2001, o porque es un proyecto verdaderamente transformador, resulta secundario, y por lo tanto no debiera ser el principal debate, a menos que éste sirva para profundizarlo por izquierda, resaltando y defendiendo el piso de lo positivo, pero intentando a su vez superar los obstáculos que el kirchnerismo tiene para impedir el arribo de una derecha restauradora.
La enunciación de una reforma de la Constitución, para dar un marco institucional que no permita retrocesos, sin dudas resulta alentadora, pero en esa misma enunciación podrían permanecer los mismos obstáculos que el sector más duro del oficialismo hoy tiene para impedir la restauración conservadora.
Es interesante conocer las diferentes experiencias suramericanas (Ecuador, Venezuela y Bolivia), en donde se pudo reformar las constituciones para que esa nueva Letra, permitiera el ascenso de las clases subalternas a esferas de decisión política. En el caso boliviano es de destacar que el llamado a una Asamblea Constituyente, se dio en un proceso de arduo debate y movilización de los diferentes sujetos sociales, en una alianza de hecho entre esos diferentes actores, para plasmar esa nueva institucionalidad, que es hoy el soporte del nuevo Estado Plurinacional. Sin dudas, se puede afirmar que fueron las nuevas correlaciones de fuerza en el seno de la sociedad boliviana, las que se cristalizaron en una nueva Carta Magna. Los movimientos sociales organizados, movilizados y debatiendo fueron los que se transformaron en sujetos constituyentes. Esto requiere precisar que no fue la nueva Constitución política la que les dio vida, sino al revés, estos sujetos sociales fueron los que pudieron expresarse aprovechando la coyuntura favorable, de contar con un gobierno como el de Evo Morales, que tuvo la grandeza de convocarlos.
En la Argentina esto, aún no sucedió.

2013/07/21

Colombia. El campesinado como toque de atención para Santos

En la Cordillera Oriental colombiana se ubica la región de Catatumbo, en donde grupos de campesinos llevan adelante desde hace 40 días una protesta territorial con el gobierno.


Ubicada al noreste del Departamento de Norte de Santander, está ubicada la región del Catatumbo, más precisamente en la zona de la Cordillera Oriental colombiana. Es una rica y extensa comarca que lleva su nombre por el río que la atraviesa. Además de montañas, el lugar cuenta con un extenso bosque y áreas de cultivo. Muchos intereses confluyen en el lugar: megaproyectos de cultivo de palma aceitera; importantes reservas de petróleo, carbón y uranio que existen en el subsuelo de la región, a lo que se suman cultivos de coca y rutas del narcotráfico y el contrabando a través de la zona cordillerana. Históricamente fue una zona de acentuados conflictos armados tanto por parte de las guerrillas de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y también del casi desaparecido Ejército Popular de Liberación (es el único lugar donde sobrevive), como también por parte de bandas paramilitares. Es por esta razón que los reclamos que los campesinos del lugar vienen desarrollando desde hace más de cuarenta días, resultan algunas veces minimizados o puestos en duda tanto por la prensa como por el gobierno, haciendo de los mismos una interpretación casi conspirativa de lo que allí sucede. O se tilda a los grupos guerrilleros de estar detrás de los reclamos, o se habla de cierta incidencia de las Águilas Negras, grupo paramilitar que volvió a rearmarse tras la desmovilización en 2005 del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fuera liderado por Salvatore Mancuso, posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2008.
En la región, el gobierno, a través de las fuerzas militares, viene desarrollando un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos. Esto hizo que los campesinos comenzaran sus protestas argumentando que no tienen otros productos con qué reemplazar la hoja de coca, y también porque el transporte que se realiza por las precarias vías de la región, limítrofe con Venezuela, encarece la producción agrícola. Todo comenzó con un bloqueo pacífico en la vía Tibú-Cúcuta, pero en poco tiempo logró generalizarse por diferentes sitios de la región, alcanzando en algunos casos, inusuales ribetes de violencia debido a la represión realizada por el ejército. Cayeron ya cuatro campesinos y hay decenas de heridos por armas de fuego, a lo largo del conflicto.
Los campesinos del Catatumbo reclaman que se constituya en el área una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y que por tanto el Estado apoye iniciativas relacionadas a proyectos productivos en esa región, para poder reemplazar los actuales cultivos de coca por otros. Vale subrayar que las ZRC, de acuerdo a la Ley 160 del ’94, deben servir para recuperar comunidades rurales arrasadas por los paramilitares y fortalecer las existentes en esas zonas, para que nazca de ahí una clase media rural. Se trata, siempre de acuerdo a esta ley, que las tierras continúen en manos campesinas e impedir su venta, permitiendo a su vez que esos campesinos organizados en activas comunidades acuerden con el Estado su inclusión en las políticas públicas. En los hechos, esta ley no se cumplía, hasta que a partir de 2010 fue nuevamente reactivada.
“Hemos aguantado 70 años de abandono, soportamos la represión paramilitar, pero seguimos en nuestra resistencia campesina”, le aseguró al diario El Tiempo José del Carmen Abril, presidente de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo). Lo expresado por el referente agrario no son palabras vacías, ya que en 1999, es decir 5 años después de haberse sancionado la ley que promulgaba la creación de las ZRC, se inició en el Catatumbo una feroz campaña de los paramilitares.
En mayo de 1999, Rodrigo Tovar Pupo (a) “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte de las AUC, desde el sur del César, y Salvatore Mancuso, desde Córdoba y Magdalena Medio, dieron inicio a una cruzada de muerte hacia el Catatumbo para derrotar supuestamente a la guerrilla enquistada en la región. Esta cruzada de los paramilitares se extendió a 30 de los 40 municipios de Norte de Santander y, según la Fundación Progresar, citada por el diario El Espectador ”entre 1999 y 2006 produjo 12.000 asesinatos, cerca de 200 masacres y, de acuerdo con Acción Social, 80.000 personas desplazadas. Actualmente, si bien es cierto que la violencia disminuyó en algunos casos, los crímenes selectivos y la extorsión a comerciantes siguen a la orden del día”.
Para zanjar el conflicto ya hubo diversos acercamientos de altos funcionarios de gobierno, e incluso el pasado fin de semana quien realizó el intento fue el vicepresidente Angelino Garzón, pero las negociaciones siguen trabadas, ya que para las asociaciones campesinas, los enviados por el gobierno no tienen ningún poder de decisión al respecto.
Para algunos analistas este conflicto está poniendo a prueba en el terreno concreto las negociaciones de paz que el gobierno y las FARC vienen llevando adelante en La Habana. Mucho más si se tiene en cuenta que el primer preacuerdo fue la firma conjunta del primer punto de la agenda de debate, que es precisamente el tema rural. Si bien –de acuerdo a las pautas de dicho proceso– lo que sucede en el terreno de combate se encuentra por fuera de las negociaciones, habría que precisar que lo que viene aconteciendo en el Catatumbo, no debería ni por asomo ser encasillado como tal, ya que los que vienen llevando adelante los reclamos son los campesinos del lugar, aunque desde algunos medios se sostenga que la Asociación Campesina del Catatumbo se encuentre permeada por la guerrilla. Y en todo caso, aunque esto fuera cierto, los métodos que están llevando adelante los campesinos consisten en actos y formas de reclamo, propios de lo que es una organización social, y no los de un grupo armado.
El pasado lunes, tras la fallida intentona de Angelino Garzón, la Ascamcat emitió un comunicado público de 6 puntos que fue realizado tras una consulta hecha a todas las bases campesinas que protestan sobre la vía Tibú - Cúcuta. Allí la asociación expresaba que las protestas se mantendrán hasta que el gobierno llegue a acuerdos reales y efectivos que solucionen la emergencia social y económica del Catatumbo. En el punto 3 se da por sentado que “Ascamcat se reitera en su propuesta de distensionar los bloqueos con caravanas alimentarias, humanitarias y comerciales, a partir del día martes, con la condición de que el gobierno se comprometa a llegar inicialmente a dos acuerdos, sobre una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y sobre el subsidio para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca”, mientras que en el punto 5 se subraya que “en caso de que el gobierno opte nuevamente por la salida violenta y la represión” reiteran “que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente Santos y de su gobierno” por lo cual “el presidente debe prohibir de manera expresa a la fuerza pública disparar armas de fuego contra la población civil que protesta, como ya ocurrió con el asesinato de 4 campesinos a manos de el ejército y la policía en Ocaña”.
Por su parte el presidente Juan Manuel Santos, dijo el martes que no cederá ante las presiones ejercidas por los campesinos del Catatumbo, asegurando que “a la fuerza no habrá zonas de reserva campesina”, ya que si bien el gobierno tiene la disposición para acordar programas con los campesinos, “otra cosa, muy distinta, es tratar de cooptar el descontento justificado del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social para, por vías de hecho, intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre el territorio”. Santos consideró que los trabajadores del campo buscan imponer las zonas de reserva campesina “a la fuerza”, y que ese es un hecho que no permitirá “por ningún motivo”.
“Las Zonas de Reserva Campesina tienen un procedimiento legal para su creación y no se pueden imponer por la fuerza”, enfatizó el mandatario haciendo un pedido expreso a que se levante el paro campesino ya que a su juicio, “no hay ningún motivo para continuarlo”.
El problema principal del entredicho entre el gobierno y los campesinos pareciera correr por otros carriles, y es por esto que algunos analistas sostienen que lo que está aconteciendo en el Catatumbo obedece en primer lugar a diferencias sustanciales en cuanto a cuál debiera ser la matriz productiva de la región. Desde su asunción en 2010, el presidente Santos propuso como política las cinco locomotoras del desarrollo entre las cuales una es la minería. Teniendo en cuenta la abundancia de carbón en el subsuelo regional, y las grandes reservas de petróleo y uranio, el objetivo central del gobierno sería el de desarrollar proyectos extractivistas, y para hacerlo las zonas rurales serían un obstáculo a sortear.


2013/07/15

Resabios neoliberales. Lo público y lo privado.

Durante el auge neoliberal se hizo vox populi el hecho de que el “Estado es ineficiente”, principalmente las empresas del Estado, las que brindan la mayoría de los servicios públicos. Esa prédica que sedujo a Doña Rosa, tenía como base la Deuda Externa. Un Estado endeudado debe desprenderse de todo su patrimonio obsoleto, debe venderlo para que las empresas privadas hagan sus negocios y modernicen el país. Hay que sacarse los problemas de encima, incluidas las demandas populares, o la fuerza laboral organizada, era el lema de los gobernantes de esos tiempos. Hoy decíamos que en la actualidad nacional se trata de: o profundizar la salida efectiva de la noche neoliberal o volver a ella, que no hay medias tintas, que no hay transacción que perdure en el tiempo, y que sin llegar a un punto de no retorno, el pasado sigue acechando.
Los servicios públicos debieran ser reestatizados completamente o al menos encontrar una alternativa que no sea la libertad de empresa, es decir eliminar esa voz que dice: “sálvese quien pueda”, y para el caso quien la enuncia es el empresario y sus principales receptores, los usuarios y consumidores.
Alternativas antineoliberales. Si el Estado no vuelve a ser la empresa en algunos servicios, debiera pensarse como controlar a los privados y sus excesos. Sin dudas existe en la Argentina un obstáculo a vencer, y es una institucionalidad diseñada explícitamente para el neoliberalismo, y por este motivo hacer que lo instituyente se convierta en instituido, es una deuda con la sociedad. Concretamente el hecho de reformar la Constitución debiera ser una tarea principal de AgitProp, no para que sea vista como señal de reelección indefinida sino como la herramienta principal para que los cambios sean efectivos. Por ejemplo la Ley de Medios argentina aunque fuera sancionada por el Legislativo hace 4 años, sigue siendo cajoneada por el Judicial, y el lobby de las corporaciones. En Ecuador la sanción de una ley similar hace un mes, ya no tiene retroceso a menos que haya ruptura institucional, y esto porque ya existe una nueva Constitución.
Volviendo al tema de los servicios públicos sería interesante, diseñar una estrategia, que tenga como concepto la planificación de la economía. Hoy existe en el país un importante segmento de actores económicos nucleados en la economía social, es decir en organizaciones de trabajadores autogestionados, que en alianza con el Estado y ciertos sectores PyMEs comenzaron a tener cierta relevancia. Sería grato que desde estos sectores, también se pudiera incidir en el servicio público.
Hoy existe una plataforma que en muchos lugares se lleva adelante para transparentar la gestión tanto de un gobierno como de una empresa. El llamado OpenGov, o gobierno abierto, o gestión abierta, tendría que ser algo a lo cual las empresas privadas que ofrecen servicios públicos, debieran ajustarse. Hoy la mayoría de las empresas de telecomunicaciones atienden a los usuarios con contestadores automáticos, ejerciendo de hecho un notable e irrefutable autoritarismo. El caso de Telefónica de Argentina es paradigmático al respecto.
Obviamente las empresas privadas no tienen un funcionamiento democrático, ni tampoco les conviene tenerlo.

El acecho del neoliberalismo, o la profundización de su salida efectiva

Es interesante leer una nota de Jorge Oviedo, publicada hoy en el diario La Nación, que lleva como título Una trampa para el futuro presidente. Allí el columnista hace referencia a lo que para él significa cierta encrucijada en relación a lo que plantea electoralmente el intendente de Tigre Sergio Massa, quien enfrentará al oficialismo, preservando ciertos condimentos del mismo. Según Oviedo, que hace hablar a un economista que no nombra, la preocupación de este último es "¿Quién va a querer hacer campaña diciendo que este modelo ya se volvió insostenible, que no cierra ni siquiera con inflación ni cepo, que el gasto público, además de ser groseramente ineficiente, ya es imposible de financiar?". Según el escriba de La Nación, nos encontramos ante la crisis de un modelo económico, al igual que sucedió a fines de los noventa con el modelo neoliberal, y por ende no caben los retoques. Oviedo solamente hace catastrofismo sin plantear alternativas. Valdría entonces realizar un diagnóstico al respecto.

Ayer el que escribe leía una entrevista que el portal español Mundo Obrero le realizó a la intelectual chilena Marta Harnecker, y hay una precisión de ella, que vale la pena subrayar. Ante una pregunta que le hacían por los movimientos progresistas de Latinoamérica, Harnecker expresaba que los mismos más que tener que ver con el socialismo, son movimientos de respuesta a la crisis del neoliberalismo. Ella se refería principalmente a las que considera las experiencias más avanzadas del continente: Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero la caracterización podría ser extensiva de manera relativa a los otros países en los cuales todavía se conserva cierta economía mixta, es decir donde el Estado volvió a ser protagonista aunque se mantengan algunos elementos que se podrían considerar como lastre del neoliberalismo. Esta precisión vale para la Argentina y para pensar lo que hoy dice Oviedo en La Nación. El que escribe cree que no hay tercer camino, ni tampoco medias tintas que se sostengan en el tiempo, y eso es lo que tal vez esté en juego en la coyuntura política nacional. O se profundiza un modelo económico y social, que deje atrás la noche neoliberal, o se vuelve a ella. Obviamente que no se trata de declamación o de plantear consignas abstractas, sino de construir una relación de fuerzas favorable para que la profundización o la salida efectiva del neoliberalismo sea posible, y esto necesariamente debe traducirse en organización y construcción de poder popular. Ir más allá de un cierto modo de hacer política en la cual se conserva mucho de la despolitización creada durante el neoliberalismo, y en la cual la participación no resulta totalmente obvia. Bien decía el secretario general de Unasur, el venezolano Alí Rodríguez Araque, que hay que construir ese punto en el cual no haya posibilidad de retroceso.

2013/07/14

Ecuador. Ley de medios versus lobby furioso

“Renunciamos irrevocablemente a las preferencias arancelarias con que nos quería comprar EE.UU.”, dijo Correa.



La posibilidad de que el ex técnico de los servicios secretos de la CIA Edward Snowden recibiera asilo político en Ecuador, tal como se señalara en los últimos días de junio, mostró un movimiento inverso por parte de cierto sector del establishment que, aprovechándose de esa situación, pasó a la ofensiva, intentando enrostrarle al gobierno de Rafael Correa el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación sancionada el pasado 14 de junio resulta un atropello a la libertad de expresión, e incluso a los parámetros de la democracia. Una campaña orquestada principalmente desde organizaciones y medios externos, incitando la resonancia interna. A esto se agregó, además de lo específico de la ley, la renuncia unilateral de Ecuador a los beneficios arancelarios que EE.UU. les brinda a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, y de igual modo un llamado telefónico que el vicepresidente norteamericano Joe Biden le realizara al mandatario Correa el viernes 28, un día después de la decisión de la renuncia. Todos estos acontecimientos, enmarcados en la posibilidad del asilo a Snowden, hicieron que desde los principales medios ecuatorianos se intentara mostrar el aislamiento del país andino con respecto al mundo occidental, no sólo por lo del topo de la CIA, sino también por estar alterando las reglas de juego del ejercicio del periodismo, y haciendo peligrar la democracia.
Para tener un panorama más claro conviene ir por partes, pero vale subrayar que todo este movimiento del establecimiento ecuatoriano no sería posible más que desde esa lógica de obsecuencia y servilismo que da por sentado el hecho de que haya naciones ejemplares, y que por esa razón (nunca comprobable) tienen el derecho de tutelaje e intromisión en cuestiones soberanas.
El 14 de junio, por una amplia mayoría, la Asamblea se expresó a favor de la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, que entre las principales normativas destaca la del reparto equitativo de las licencias de radio y televisión, señalando la ley, que el 33% será para medios privados, igual porcentaje para medios públicos, y el 34% para medios comunitarios, haciendo que de esta forma se impida la concentración monopólica. Si bien para las corporaciones mediáticas ésta no resulta una buena noticia, el punto álgido en el cual se centró la crítica fue el Artículo 26, conocido como “linchamiento mediático”, donde se expone que: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Paradójicamente, los primeros que salieron a fustigar la ley ecuatoriana fueron los medios de Colombia y fue así que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresó sus inquietudes, a través de un editorial, considerando “que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa” resulta un atropello, ya que según ellos “en Ecuador, su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa”. Tras esto, Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo que “viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va a plasmar un estado de propaganda en Ecuador, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es de la presidencia de la República”. Por su parte, Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, aseguró que la nueva ley “podría limitar severamente la libertad de expresión. Su carácter ambiguo permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa”, dijo, añadiendo que “finalmente establece uno de los objetivos claves que tiene Correa bajo su mandato, que es silenciar a los críticos de su gobierno”. Estas fueron algunas de las primeras declaraciones públicas contra la ley de comunicación ecuatoriana, pero faltaba que sucediera otra cosa para pasar a una ofensiva más frontal, y eso pasó el 24 de junio cuando se supo que Edward Snowden pidió asilo a Ecuador. Ante la posibilidad cierta de que esto sucediera, y teniendo en cuenta que el 27 de junio Ecuador renunció de manera unilateral e irrevocable a las preferencias arancelarias o Atpdea que otorgan los Estados Unidos por la colaboración en la lucha antinarcóticos, se volvió a encender la mecha para nuevas operaciones de prensa. “Nos han presionado con quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden. Nuestra dignidad no tiene precio y renunciamos unilateral e irrevocablemente a las preferencias arancelarias,” dijo el presidente Correa por esos días, mientras que en un comunicado oficial el gobierno expresaba que “Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie, y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que éstos sean”.
Lo interesante de la nueva escalada mediática contra el gobierno ecuatoriano, a pesar de sostenerse en el posible asilo de Snowden, comenzó a tener ribetes sumamente heterodoxos en relación no sólo con el ex agente de la CIA, sino también con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien desde hace poco más de un año se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana ubicada en Londres.
José Hernández, director adjunto del diario Hoy, de Quito, en un análisis publicado en ese periódico el pasado 7 de julio, expresó que tanto Assange como Snowden representan la voz de los que quieren terminar con el abuso del poder, en contraposición manifiesta con los que para él están ubicados en los antípodas de ese posicionamiento. Hernández sugiere que “el problema empieza cuando en esa ecuación, los fervientes amantes de la libertad hacen coro con Rusia, China, los mulás iraníes, los Castro, el inefable señor Maduro... O cuando creen que lanzadores de alertas, como Assange y Snowden, por atacar ciertas prácticas de Estados Unidos, defienden teocracias y dictaduras”, en las cuales también ubica a Rafael Correa.
En un editorial publicado en el diario colombiano El Tiempo, Moisés Naím dice: “Pese a sus vicisitudes, Julian Assange y Edward Snowden son muy afortunados. Al menos no son periodistas ecuatorianos. De serlo, sus circunstancias serían peores. También tienen la suerte de que el presidente de la nación agraviada por sus filtraciones sea Barack Obama y no Rafael Correa”.
Las operaciones conllevan también el entrevistar a personajes de otros países para expedirse contra la Ley de Comunicación, y así lo hicieron para el diario El Comercio de Quito tanto el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, como también Alejandro Santos, director de la revista colombiana Semana. Ambos, en notas publicadas a principios de este mes, son muy duros contra el gobierno ecuatoriano.
Pero la cosa también llegó a Madrid, y en esa capital otro Premio Nobel, pero esta vez de literatura, el peruano Mario Vargas Llosa condujo allí el foro “Iberoamérica de cara al futuro: desafíos institucionales, políticos y económicos. El rol de los medios de comunicación”, siendo organizado éste por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside precisamente el autor de La ciudad y los perros. En el foro que se realizó el 4 de julio en la capital española Vargas Llosa dijo con respecto a la ley ecuatoriana que “es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al Gobierno e inmunizarlo contra las críticas independientes”, agregando luego que “todos los amantes de la libertad deben ser sumamente críticos con lo que el Congreso ecuatoriano, desgraciadamente bajo la influencia del presidente, acaba de aprobar”. Lo que no dijo es que la libertad que más le interesa no es otra que la libertad de empresa.

2013/07/08

Kirchnerismo y peronismo, una encrucijada no resuelta.

En las presidenciales de 2015 cabe la posibilidad de que el kirchnerismo no continúe en el gobierno. Que gobernará el peronismo sí es seguro. La no continuidad sería seguramente un retroceso, ya que mucho de los logros de los últimos diez años, se podrían perder. Por este motivo la institucionalización del proyecto en curso, es una deuda, sería lo que permitiría un no retroceso a estadios anteriores. Tal vez para mucho de la base que hoy dice responder a la presidenta, principalmente la encuadrada en el peronismo clásico, todo esto no sea trascendente, ya que el peronismo continuará.
Habría que separar a la paja del trigo. En los primeros sondeos sobre intención de voto en la provincia de Bs. As. para  las PASO, aparece el intendente de Tigre Sergio Massa con una diferencia de el 10 % sobre el Frente para la Victoria, y si le sumamos la candidatura de Francisco De Narváez, el peronismo alcanzaría un porcentaje de más del 70 % de los votos. Pero si nos atenemos a alguna definición del vicegobernador Gabriel Mariotto, no se puede ser peronista sin ser kirchnerista, y a la vez pueden ser kirchneristas muchos no peronistas. Esto si bien puede ser una declaración de principios no es tenido en cuenta por el sentido común peronista, ese que reina en las bases municipales principalmente y en esa red compleja que es el Partido Justicialista. Si bien alguna vez Perón dijo que “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino” en la práctica sigue teniendo más vigencia el “que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”  y eso en el folklore se expresa también como que no existe el "peronómetro", un extraño medidor de quién es más peronista que otro. De esta forma el más del 70 % vale.
Se habla mucho de un retorno a la política, de una repolitización de la sociedad, pero cuando se plantea el marketing, la clase de candidatos que más simpatías generan en gran parte de la sociedad, son aquellos que juegan a simular algo así como estar más allá de los enfrentamientos. De estos últimos se ha construido cierta paradigma que para el que escribe se sostiene nada más que en una relativa virtualidad, a saber, el de la sociedad dividida y polarizada. La crisis de representación que se produjo principalmente a partir de 2001, no fue una manifestación de antipolítica, sino una crisis de la política entendida en los marcos rigurosos de la ideología jurídica imperante, es decir una crisis de las estructuras partidarias, y la perdida de confianza de las mayorías hacia ese tipo de organizaciones en las que el Estado también quedó cuestionado. Hay que admitir que el neoliberalismo también fue patrocinante de esa fe quebrada, con su reiterada crítica hacia lo estatal.
No se puede decir que todo el movimiento social emergente durante las jornadas de diciembre de 2001 fuera algo completamente espontáneo, ya que en él concurrían diversos grupos políticos principalmente de la izquierda tanto social como partidaria, muchos de los cuales en 2003 confluirían en el kirchnerismo, y gran parte de los que no, proseguirían un tipo de militancia que nunca pudo articular una alternativa política a la crisis, y esto debido a ciertas desviaciones del espacio de la izquierda argentina, como a la persistencia del peronismo como una masa nada despreciable de construcción tanto territorial como sindical. Ambos fenómenos: la debilidad de la izquierda como la fuerza del peronismo son elementos dialécticamente recíprocos.
Si bien el kirchnerismo trajo un aire fresco, creando posibilidades inmejorables para la militancia comprometida, tanto oficialista como no, hoy es posible observar que la sociedad en general no se ha politizado tanto, que no desbordan los trabajos de base, y que los seudos debates, entre los que dicen que “en el gobierno se roban todo” y los que lo defienden ciegamente, no hay una actitud crítica, de poner en la balanza los logros y lo que todavía falta. Tal vez aún no sean los tiempos indicados, ya sea porque a las mayorías les interesan más otros aspectos de lo cotidiano que la política, o porque aún no vean que la solución a los problemas no viene un Mesías a resolvérselos, sino que es la propia actividad la única que podría lograrlo.
Si se tuvieran en cuenta algunas de las cosas planteadas, el debate acerca de la candidatura de Sergio Massa, o la que no fue de Daniel Scioli, serían completamente superfluas.

2013/07/07

A cinco años del rescate de Ingrid Betancourt

Colombia. 


El pasado martes 2 de julio, se cumplieron cinco años del rescate que las fuerzas armadas colombianas hicieran de 15 rehenes que la guerrilla de las FARC mantenía retenidos en la selva del Guaviare, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt de ciudadanía franco-colombiana, tres contratistas estadounidenses, siete miembros del ejército y cuatro de la policía. La Operación Jaque, tal como fue denominada, sorprendió a la opinión pública no solamente de Colombia, sino que alcanzó relevancia internacional, debido a que en la acción de rescate no hubo pérdida de vidas humanas y ni siquiera se disparó un solo tiro.
Para entender un poco más esta operación, vale enmarcarla dentro del proceso fallido de Canje Humanitario que intentaron llevar adelante las FARC, en el cual se proponía la liberación de guerrilleros presos a cambio de retenidos por el grupo político-militar. Si bien desde 2005 el gobierno francés pidió al de Colombia que se realizara un intercambio humanitario, esto cobró más fuerza en 2007 cuando asumió el ex presidente Nicolas Sarkozy. La doble ciudadanía de Ingrid Betancourt jugaba un rol preponderante, y por eso el mandatario galo le mostró al por entonces presidente colombiano Álvaro Uribe que el método de rescate armado hacía peligrar la vida de los retenidos. La mediación francesa no tuvo efecto, y luego se le sumó la del mandatario bolivariano Hugo Chávez y la de la ex senadora radical Piedad Córdoba. Todo esto en los últimos meses de 2007. Uribe pareció cansarse de que otros países se metieran en el conflicto armado más viejo del continente y, a través de un comunicado, en noviembre de ese año puso fin a la mediación de Chávez y Córdoba que venía desarrollándose desde agosto. Ante esto, la guerrilla decidió liberar para fin de ese año a la ex legisladora Consuelo González de Perdomo, a Clara Rojas y a su pequeño hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, todo en señal de desagravio hacia Chávez y Piedad. La operación no se produjo como estaba prevista, ya que se demoró la entrega de las coordenadas, y además el niño apareció fuera de las redes de la guerrilla en una institución pública. Las dos mujeres serían liberadas los primeros días de enero cuando una comitiva internacional prevista para la recepción ya se había retirado. En febrero, nuevamente se produjeron liberaciones unilaterales por parte de las FARC y el pedido de éstas era que se liberaran los municipios de Florida y Pradera para llevar adelante el canje humanitario. Pero la estrategia uribista era otra, a pesar de cierta presión internacional, principalmente de países suramericanos y de algunos de Europa. Uribe siempre intentó que el conflicto colombiano no entrara en la órbita exterior y que la presión por los retenidos por la guerrilla no trascendiera demasiado. El 1º de marzo de 2008 las fuerzas armadas colombianas bombardearon un campamento ubicado en la selva de la Angostura, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos dando muerte a la mayoría de los guerrilleros allí atrincherados, entre los que se encontraba el 2 de esa fuerza, Raúl Reyes, e incluso estudiantes mexicanos de la UNAM. Todo indicaba que desde ese campamento se intentaba adelantar conversaciones humanitarias, entre diversas partes, entre las que también se encontraba el gobierno de Francia. La incursión en territorio ecuatoriano generó un serio conflicto diplomático tanto con Ecuador como con Venezuela.
El 8 de junio el presidente Chávez expresaba que “llegó la hora de que las FARC liberen a todos los que tienen allá en la montaña. Sería un gran gesto humanitario, a cambio de nada. Así lo planteo yo, ahora que hay un nuevo jefe (Alfonso Cano). Ese podría ser el primer paso para que se acabe la guerra interna en Colombia”. La preocupación del mandatario bolivariano como la de otros de Suramérica era que el conflicto armado colombiano se transformara en el puntal para que, a partir de la ayuda militar norteamericana a Colombia, los Estados Unidos preservaran su injerencia en la región, peligrando de esa forma la soberanía de las naciones vecinas. El debate en cuanto a los retenidos por la guerrilla pasaba entonces por si deberían ser rescatados por la vía militar o a través de un acuerdo humanitario, dando pie este último a un proceso de paz en el país neogranadino.
Jaque. “Todo el arte de la guerra consiste en el engaño.” La frase del legendario estratega chino Sun Tzu parecía acomodarse perfectamente a la operación que se iría a realizar el 2 de julio de 2008 para liberar a los 15 rehenes de la guerrilla. Tras conocerse detalles de supervivencia de los retenidos, las fuerzas militares de Colombia prepararon el operativo que en primera instancia consistía en infiltrar al secretariado de las FARC, y a distintas cuadrillas que mantenían a los rehenes con la meta de colocarlos en un mismo lugar a todos los que hasta ese momento se encontraban separados, aunque sí dentro de la misma región. Una vez logrado este primer objetivo, que supuestamente obedecía a que todos serían trasladados ante el nuevo comandante Alfonso Cano para ser parte de un canje humanitario en curso, un helicóptero blanco de una pseudo ONG, que en verdad era un helicóptero militar camuflado, descendió en territorio selvático y, tras conversar con dos jefes guerrilleros dentro del aparato en gesto de complicidad, hicieron subir a los 15 retenidos esposados y emprendieron la fuga. Para sorpresa de los que estaban siendo trasladados, se escuchó decir “somos el Ejército Nacional, están libres”. La nave se dirigió hasta la base militar de Tolemaida, desde donde luego fueron llevados en avión hasta Bogotá.
Por lo sofisticado de la acción, según la revista Semana, lo realizado por las fuerzas militares colombianas estuvo “a la altura de operaciones tan famosas como Entebbe, en la que fuerzas especiales israelíes liberaron a 102 rehenes de un avión secuestrado por terroristas palestinos en 1976. O como la del rescate de rehenes en la embajada iraní en Londres en 1980, o la que ordenó Fujimori para acabar con la toma de la embajada de Japón en Lima en 1996. A diferencia de la Jaque, en todas ellas hubo muertos”. Pero, para las FARC, sin dudas Jaque resultó un duro golpe ya que de manera casi imprevista su enemigo se les metió en “la madriguera” y se llevó uno de los botines más preciados, con los cuales se pretendía negociar, aunque lo que seguramente pudo haber desmoralizado más a los principales jefes de la guerrilla era ese flanco extremadamente débil, por donde la misma organización resultaba relativamente fácil de penetración e infiltración. La relativa autonomía de algunos de los frentes de la guerrilla, y la difícil tarea de mantener una organización centralizada operativamente, eran datos que no les resultaban indiferentes.
Del engaño al Proceso de Paz. Si bien la sentencia de Sun Tzu parecía haber estado presente en Jaque, una operación exitosa no resulta equivalente a ganar la guerra, y mucho menos dejando de tener en cuenta otra máxima del estratega chino (“No existe país que se haya beneficiado con una guerra prolongada”) ya que no hay mayor torpeza que mantener enfrentamientos indefinidamente. El conflicto armado ininterrumpido era, para todo un sector de la oligarquía colombiana, el presupuesto para sostener sus privilegios económicos en un Estado resquebrajado. Y fue por esta razón que su más fiel representante, Álvaro Uribe, nunca quiso alcanzar una salida negociada del conflicto como hoy se lo intenta en la mesa de La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.
El pasado lunes 1º de julio se reiniciaron las conversaciones en Cuba, correspondientes al ciclo decimoprimero, en el cual se debaten las formas de Participación Política. Se destaca que en esta nueva ronda se pongan en consideración muchas de las propuestas que fueran debatidas en el Foro Dilemas Jurídicos del proceso de paz, que tuviera lugar en la Universidad del Externado de Bogotá a pedido de las dos partes que se sientan a la mesa de negociaciones.


2013/07/06

Tiempo lineal y cíclico. Una relectura del movimiento

La sustitución del tiempo cíclico por el tiempo lineal, no implica necesariamente una concepción histórica de tipo materialista y dialéctica. Se podría decir al revés que la linealidad es una infiltración, o un obstáculo epistemológico, producido desde una visión hegemónica que perdura por más de dos milenios.

Por fuera de la ideología occidental y judeo- cristiana, el tiempo lineal es una anomalía. 
Pensar hoy desde los bordes de un mundo occidental en crisis, conlleva realizar una crítica de los principales presupuestos filosóficos que alguna vez establecieron a Occidente como el sitio de referencia al cual el resto del planeta debía emular. El saber de los pueblos originarios en Suramérica, conlleva una concepción cíclica del tiempo, a saber, la necesidad de pensar el cambio sin obviar la inercia ni la repetición. Si se pensara el tiempo en forma circular, es posible entrar en el terreno de la metafísica, pero si se considera que en toda repetición hay diferencia, la circularidad se convierte en espiral, que no necesariamente deba ser ascendente, ya que ésta última también es propia de una concepción lineal.

La linealidad borra la ligazón del sujeto a la tierra, y ésta última queda indeterminada, y factible de ser alterada. No por casualidad una utopía distópica valga la contradicción, es el abandono del planeta ante su inhabitabilidad para colonizar el cosmos.

El cambio es permanente a pesar de la circularidad, y tal vez por eso habría que leer nuevamente a Heráclito desde esa visión.

2013/07/04

Interrogantes que surgen a partir del paro ferroviario

Foto: elsolonline.com
La medida de fuerza del gremio ferroviario La Fraternidad, todavía no queda claro cuál fue su objetivo. Por un lado el secretario general del sindicato, Omar Maturano adujo la falta de pago del medio aguinaldo y de los retroactivos, e incluso hoy no se desdijo de eso, a pesar de que el ministro Florencio Randazzo haya puntualizado que recién en la fecha como desde hace 8 años, se cobra el cuarto día del mes. Según Randazzo la medida tuvo que ver con la instalación de cámaras para controlar la conducta del motorman, aunque desde el gremio, se lo haya negado. La falta de una causa contundente que justifique llevar adelante la medida de fuerza, y la respuesta del gobierno de presentar una denuncia penal, sin tener claro lo que sucedió confunden a más de uno.
Según informaciones provenientes de trabajadores del ferrocarril, la medida no fue consultada con las bases, no se realizaron asambleas para determinarla, fue de golpe y porrazo. Los hechos de violencia en Constitución no necesariamente tendrían que haber sido organizados por el gremio, y en tal sentido el secretario de Seguridad Sergio Berni, desligó a los ferroviarios del hecho. El problema tal vez haya que sondearlo por otros lugares aledaños al conflicto para saber qué trama hay detrás de todo esto. Lo que sí resulta evidente es que el servicio ferroviario que une a la Capital con el Conurbano deja mucho que desear, y esto no es un dato menor ya que con una medida de fuerza como la de ayer quedaron varados cerca del millón de personas que viajan cotidianamente, con lo cual el problema del transporte público en la mayor concentración urbana del país no es para distraerse, por lo cual es necesario realizar una significativa modernización, e inversión al respecto. El transporte entendido como lo que lleva a los trabajadores desde sus hogares a los puestos laborales, también hacen a la estructura productiva de un país, o de una región.
Las empresas privadas a cargo del transporte público, hoy no están cumpliendo efectivamente con su función, a pesar de los subsidios que reciben del Estado. Solamente alguien que viaja nada más que en auto, podría no notarlo.
Teniendo en cuenta la denuncia penal contra los dirigentes de La Fraternidad, lo óptimo resultaría que se haga una investigación a fondo acerca de lo que sucedió, y no que quede como un recuerdo. Resultan interesantes al respecto las declaraciones que el Pollo Sobrero, realizara hoy a Infobae. El delegado del Sarmiento dijo que “todo forma parte del entramado de corrupción” en la cual no solamente están comprometidas las empresas que ofrecen servicio de trenes, sino también los sindicalistas cómplices de ellas, entre los cuales no quedan eximidos ni los de La Fraternidad, ni de la Unión Ferroviaria, ni señaleros. “Todo lo que sirve para desviar la investigación sobre la tragedia de Once, les sirve” señaló Sobrero.