2013/08/25

Líneas en el agua

Conflictos. Los problemas limítrofes marinos entre la Colombia de Juan Manuel Santos y la Nicaragua de Daniel Ortega. El estado de la demanda sobre la plataforma continental en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Diálogo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, tratan de poner paños fríos a la cuestión en el caribe.

El surgimiento de lo nuevo, nunca está exento de conservar lo peor de lo viejo, y mucho más cuando el punto de partida no es una ruptura, sino el desplazamiento gradual y complejo de una herencia de dominación. La creciente integración latinoamericana es justamente el resultado de un proceso de ese estilo, en el cual superviven, con creces, matices y estigmas de la incursión imperial. Los diferentes litigios limítrofes entre naciones latinoamericanas no son más que residuos de esa geopolítica resquebrajada, en beneficio de intereses externos a los de las naciones y pueblos de la región, que se extiende al sur del río Bravo.
Ante una demanda presentada en 2001 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la República de Nicaragua contra la República de Colombia, por la soberanía de algunas islas situadas en el mar Caribe, y la delimitación de la frontera marítima, la Corte con sede en La Haya dictaminó el 19 de noviembre de 2012 la soberanía de las islas a favor del país suramericano, pero en cuanto a la superficie marítima le otorgó a Nicaragua, casi el 43% de lo que eran aguas colombianas. Este litigio llevado a demanda por Nicaragua en 2001 ante la CIJ y que perjudica a Colombia con el dictamen de 2012, se enmarca en un proceso de demandas que el país centroamericano viene realizando desde las dos últimas décadas del siglo pasado, para recuperar lo que considera como legítimo. Los reclamos de Nicaragua por cuestiones limítrofes ya habían tenido como blanco a otros países como Honduras y Costa Rica, y con relación a este último hay diferendos que hoy aún siguen vigentes. La posición nicaragüense sostiene principalmente que los diversos litigios (algunos datan del siglo XIX) tuvieron resoluciones a partir del tutelaje imperial, para preservar enclaves estratégicos en la región, mientras que desde los países en controversia algunos sostienen que Nicaragua se encuentra en una franca posición expansionista, aunque esto se haga desde el derecho internacional y no desde la acción bélica. También algunos analistas sostienen que los reclamos de soberanía marítima por parte del gobierno de Daniel Ortega están relacionados al proyecto de construir, en ese país, una ruta interoceánica que termine con la exclusividad del canal de Panamá y que se realizaría con fondos chinos.
Según Carlos Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, y principal gestor de la política internacional de su país ante la Corte de La Haya desde 1984, Nicaragua busca recuperar toda su plataforma continental en el Caribe y hacer valer sus derechos sobre su territorio en los casos que la enfrentan a Colombia y Costa Rica. Argüello le dijo a EFE el pasado 14 de agosto que “la política es muy sencilla: Nicaragua va a perseguir la recuperación de todos los derechos que le corresponden y eso es lo que se está estudiando ahorita”, ya que “si a Nicaragua le corresponde una plataforma más extensa en el Caribe, en detrimento de Colombia, pues obviamente Nicaragua no va a renunciar a ello”. Y agregó que “en cualquier delimitación con Costa Rica, Nicaragua también va a hacer valer sus derechos”. Argüello sostuvo que las autoridades de su país le han solicitado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas extender más allá de las 200 millas medidas desde su costa, hasta las 350 millas náuticas, su plataforma continental en la parte sur occidental del Caribe de conformidad con la Convención del Derecho del Mar. “Lo máximo que podemos reclamar es 350 millas”, indicó el líder del equipo que defendió a Nicaragua en el litigio marítimo con Colombia ante la CIJ, y que le permitió al país centroamericano ampliar su mar territorial. Argüello dijo que la plataforma continental de Nicaragua “es muy extensa, igual, por ejemplo, que la de Honduras”, con la diferencia que la de ese país “se encuentra totalmente con Jamaica, mientras que la plataforma de Nicaragua se extiende por otros lados”, por lo cual la reclamarán, cuando el presidente Ortega decida el momento y la forma de hacerlo.
En noviembre del año pasado, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, dejando en manos del país suramericano siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007. También le otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Lo cierto es que la ofensiva diplomática nicaragüense puso sobre el tapete las diferentes visiones al respecto tanto de la diplomacia colombiana, como de los diversos actores políticos. Tras el fallo de la CIJ, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, denunció ante la OEA el Pacto de Bogotá de 1948 (por el cual su país debería ajustarse automáticamente a las resoluciones de la CIJ), expresando que los límites territoriales no pueden estar sujetos a una Corte.
La decisión del Gobierno, tomada nueve días después de que la CIJ le quitara al país una parte de su mar territorial para entregárselo a Nicaragua, pretendía poner a ese país a salvo de futuras pretensiones de otros países sobre su territorio nacional, ya que tal como lo expresara para ese entonces la canciller María Ángela Holguín el retirarse del Pacto de Bogotá obedecía principalmente a proteger a Colombia de nuevas demandas territoriales. De todas formas, Santos afirmaba por esos días que, retirarse de la injerencia de la CIJ, no implicaba una negación de ajustarse al derecho internacional, ni tampoco renegar de los principios de resolución pacífica de los problemas.
El pasado 17 de agosto, el columnista Alfredo Rangel escribía en la revista Semana que el fallo de La Haya era un exabrupto y que Colombia debería dejar la tibieza de su presidente y desacatar el dictamen, ya que “acatar el fallo pero no acatar sus consecuencias no es serio ni lleva a ninguna parte. Acatar el fallo pero interponer demandas, objeciones, revisiones o matizaciones, tampoco es serio ni responsable ni realista”. Y agregó que si Santos no hace eso es “porque teme que se le caiga toda la estantería prochavista de su política internacional”, ya que “un enfrentamiento con Nicaragua provocaría la solidaridad del chavismo en contra nuestra, y eso sería insoportable para Santos, quien ha basado su política externa en el arrodillamiento ante el chavismo”, con lo cual “los diálogos de paz podrían tambalear, producto de la solidaridad de las FARC y de Cuba con Nicaragua, y eso también sería insoportable para Santos, que usa esos diálogos como la hoja de parra para cubrir las vergüenzas de un gobierno sin nada que presentar ante la opinión”.
Lo vertido por Rangel se enmarca en torno de las filtraciones que salieron a la luz unos días antes sobre las resoluciones que se plantearon en la discusión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso colombiano, y que la canciller Holguín tildó como “traición a la patria”, debido a que le anticipaban a Nicaragua la estrategia colombiana, que supuestamente consistía en acatar el fallo pero tildándolo de inaplicable, ya que desconoce los derechos históricos que tiene Colombia sobre el archipiélago en disputa.
De todas formas, este conflicto por la soberanía marítima debiera ser entendido como una fuerte puja de intereses que exceden largamente a los dos países en cuestión. Colombia, como uno de los baluartes principales de la recientemente fundada Alianza del Pacífico, no es propensa a aceptar que el canal de Panamá deje de ser exclusivo en la zona del Caribe, y tal es así que el presidente Santos no se privó de chicanear la posibilidad de que en Nicaragua se construya un canal interoceánico, afirmando los primeros días de este mes que esa posibilidad “es un cuento chino”, mientras que la ex canciller colombiana Noemí Sanín no descartó que la resolución de La Haya esté relacionada con la construcción del canal, aunque descartó que todo esto sea una conspiración de China.
La llegada de barcos misilísticos a Nicaragua provenientes de Rusia resultaría, para algunos, la avanzada de los principales actores globales de los Brics en el Caribe para poner freno al avance de la Alianza del Pacífico.


La historia- 

De 1928 en adelante

Cuando en 2001 Nicaragua interpuso ante la Corte Internacional de Justicia la demanda a Colombia por la soberanía de parte de su plataforma marítima, se basó principalmente en el no reconocimiento del Tratado Esguerra-Bárcenas que data de 1928 y que luego fuera ratificado por Nicaragua y Colombia en el Protocolo de 1930. Hasta la resolución de la CIJ de noviembre de 2012, los tratados del ’28 y el ’30 realizados en Managua estipulaban no solamente la frontera marítima sino también especificaban la soberanía de la costa de Mosquitos, a favor de Nicaragua, y de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para Colombia.
El no reconocimiento de Nicaragua a dichos pactos tuvo, como argumentos, aseverar que en ese tiempo el país centroamericano se encontraba bajo la égida de los Estados Unidos y que aún no existía el Derecho del Mar, promulgado por la Convención de las Naciones Unidas referida a la delimitación y extensión de las aguas territoriales correspondientes a los Estados nacionales.
En el tratado firmado en Managua en 1928 por los cancilleres José Bárcenas Meneses (Nicaragua) y Manuel Esguerra (Colombia) se estipulaban demarcaciones que tenían como antecedentes la época de la colonia, ya que las divisiones territoriales realizadas por España principalmente en el Virreinato de Nueva Granada segregaban a esos territorios de la Capitanía General de Guatemala para preservar los intereses de la corona española ante los avances de Inglaterra. La Costa de Mosquitos, por tanto, pasó a ser de Nicaragua aunque anteriormente había sido parte de Nueva Granada, mientras que las islas que habían sido cedidas por el protocolo de 1803 regresaban a ser parte de Colombia. El Tratado de 1928 consideraba, a su vez, que el mismo debía ser puesto a consideración de los Congresos de ambos países, para ser efectivo, y justamente a partir de sus respectivas aprobaciones fue convalidado por el Protocolo de 1930.
Pero también surgieron las interpretaciones unilaterales, y Colombia, a finales de los ’60, impuso que si el archipiélago no se extendía hacia el oeste, más allá del meridiano 82, éste también debería considerarse como frontera marítima. Por su parte, Nicaragua siempre desconoció que el meridiano 82 fuera el límite, considerando que el tratado no los fijaba expresamente. En 1980, el gobierno nicaragüense abandonó unilateralmente el Tratado y a partir del nuevo Derecho del Mar comenzó a reclamar lo que se plasmaría en su demanda ante la CIJ en 2001 y que en 2012 ésta fallara a su favor.
Las objeciones de Colombia con respecto a todo esto se basan en una supuesta soberanía que se aduce como hereditaria del Virreinato de Nueva Granada, cosa que de llegar hasta el fondo llevaría a que el país neogranadino tendría que reclamar su soberanía perdida, por ejemplo, en Panamá.


2013/08/19

Scioli y Massa, entre la inseguridad y la campaña electoral

Tanto para Fernando Espinoza (intendente de La Matanza) como para su par de Tres de Febrero Hugo Curto, alineados al Frente para la Victoria, el flagelo de la inseguridad fue decisivo en los comicios realizados el pasado 11 de agosto. El que escribe les escuchó a varias personas expresar que eligieron su voto en contra del oficialismo, debido a ese tema. Si esto es inflado por los medios, cosa que sin dudas sucede, tampoco vale contraponer, el afirmar que la inseguridad no existe. No se sostiene más esa posición de renegar del asunto, y mucho menos si se tiene en cuenta que los que hacen campaña con la inseguridad, no hacen otra cosa que exclamar una demagogia punitiva que más que resolver el problema lo agravaría. Acá falla la comunicación, pero también las posiciones encontradas.
Uno de los referentes del oficialismo en la campaña electoral para las PASO fue nada más y nada menos que el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien a través de su superministro Ricardo Casal, siempre llevaron adelante una gestión del problema que no se diferencia sustancialmente de lo que pueden proponer tanto Sergio Massa como Francisco De Narváez, y que por otra parte es casi opuesta a la de la cartera nacional.
“La inseguridad en la Provincia es responsabilidad del gobernador” dijo Massa, y en eso coincidió con la presidenta Cristina Fernández cuando ella unos meses atrás dijera casi lo mismo.
Si Scioli es uno de los pilares de la campaña electoral, debería dar cuenta del asunto, y dejar de decir que la gente ya entendió su mensaje.

2013/08/18

“No se olvide que esto no es los Estados Unidos”

Bolivia. La entrevista que Ismael Cala, de la CNN, le realizó a Evo Morales, y las razones de un choque cultural e ideológico.


"No se olvide que acá estamos en Bolivia y no en Estados Unidos”, le dijo en un momento de la entrevista el presidente boliviano Evo Morales a su interlocutor, marcando así lo que podría considerarse un acto de soberanía, para el caso en lo referido a la comunicación propiamente dicha. Ismael Cala (el entrevistador) ya sabía que estaba en Bolivia y no en los Estados Unidos. La advertencia de Morales por lo tanto resonaba en otro lugar, en aquel en donde un periodista –de nacionalidad cubana pero considerándose a sí mismo portavoz de esa cultura occidental capaz de discernir entre el bien y el mal– interroga desde ese sitio, a lo que Occidente considera como exótico, en una posición muy cercana a lo que bien se podría denominar coloniaje civilizatorio.
“Déjeme hablar, no me interrumpa”, le expresó varias veces Evo al presentador en los primeros momentos de la entrevista. “Porque eso de cortar es como cortar la libertad de expresión”, le dijo el mandatario a Cala.
Escribir sobre una entrevista que le fuera realizada al presidente de un país por un determinado medio podría no ser más que citar los dichos del entrevistado y, para el caso, hacer algún análisis al respecto, por lo cual no habría más que atenerse a los enunciados expresados. Pero la entrevista que le hicieron al mandatario boliviano Evo Morales para la cadena CNN en español escapa a las reglas de lo común, ya que antes de ser emitida el pasado martes 13 (vaya con el día elegido), ya había dado mucha tela para cortar. Ismael Cala, entrevistador estrella del canal de noticias norteamericano para Latinoamérica, es un cubano residente en los Estados Unidos que, más allá de intentar mostrar siempre una sonrisa de cordialidad, en el encuentro con el mandatario andino tuvo que dar explicaciones que no debieran ser necesarias para alguien que conduce un programa televisivo. Es que luego de varios cruces realizados previamente ante los medios, la entrevista se realizó, y resultó bastante ríspida tal como algunas fuentes periodísticas ya lo habían anticipado. Por esta razón, lo dicho en el programa de Cala, tanto por Evo como por el presentador, cobra validez conociendo lo que la antecedió, y a su vez le dio un marco especial.
La madrugada del sábado 10, cuando la noche paceña aún no se había retirado, el presidente Evo Morales recibió a Ismael Cala, en el Palacio Quemado, sede del gobierno de Bolivia. Allí el mandatario lo primero que aclaró es que él no fue un dirigente cocalero, sino un dirigente campesino ya que en el Oriente del Chaparé (Cochabamba) no se produce nada más que coca, y que decir solamente cocalero es lo que a ciertos medios les sirve para demonizar. Como segundo punto, Evo señaló que “en la primera elección que ganamos (2005), no estuve tres años, estuve cuatro años, que se entienda por favor, que se aclare que no fueron tres años sino cuatro”, dijo Evo, aclarando que luego vino la nueva Constitución con lo cual fue elegido por primera vez (en diciembre de 2009), asumiendo al otro año bajo la nueva normativa del Estado Plurinacional. La aclaración del mandatario resultó pertinente debido al reclamo de inconstitucionalidad que ciertos sectores de la sociedad boliviana hicieron durante los primeros meses de este año ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tal como lo hizo, promulgara como válida la posibilidad de que tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera pudieran ser nuevamente reelegidos en los comicios que se realizarán en 2014.
Luego de las aclaraciones del mandatario, Cala expresó que siempre sus programas comienzan con una reflexión, y para el caso se refirió a una frase del profesor estadounidense Warren Bennis: “Los líderes no surgen de la nada. Deben ser desarrollados: educados de tal manera que adquieran las cualidades del liderazgo”. Con ella, invitaba a Evo a reflexionar acerca de su propio liderazgo. En ese momento preciso fue cuando el choque civilizatorio entre entrevistado y entrevistador se hizo más que evidente. Si hay un elemento indispensable para analizar en esa entrevista fue justamente esa diferencia cultural. Diferencia que cobra gran validez a partir de que buena parte de los líderes de la región comenzaran a validar y hacer digna a la propia cultura, sin dejarse estigmatizar por preconceptos construidos en otros lugares para justificar el coloniaje.
“¿Un líder se hace o se nace?”, le preguntó Cala a Morales. Entonces el mandatario dijo que nunca había pensado ser dirigente sindical, y mucho menos presidente, pero que fueron las circunstancias propias a su condición de campesino, junto a su padre y a su hermano, lo que lo llevó a darse cuenta de quiénes eran sus enemigos: “Los partidos políticos de la derecha, los neoliberales, el imperio del cual CNN también es parte...”, y que a partir de ahí se fue comprometiendo con sus pares, los cuales cuando vieron que él los defendía eficazmente lo constituyeron como dirigente. Evo se refería a que en el Trópico de Cochabamba, la presencia del Estado eran sólo las tropas del ejército, de la policía, y bases militares estadounidenses, por lo cual todo eso “los hizo despertar”. “¿Qué estaba pasando?”, se preguntó Evo reflexionando sobre su surgimiento como líder del movimiento campesino indígena y originario. Mientras Evo narraba sobre cómo habían sido sus experiencias como dirigente de las asociaciones campesinas, Cala intentó hablar sobre sus palabras, y ahí fue cuando Evo, en lugar de proseguir con lo que venía exponiendo, y tras recriminarle las interrupciones al entrevistador, dijo que CNN una vez lo había invitado a él a jugar futsal en los Estados Unidos, y que habiendo asistido suspendieron el partido sin darle ninguna explicación de por qué lo hacían. En tal sentido, el mandatario aseguró que él no fue a quejarse a través de la televisión, refiriéndose explícitamente a las declaraciones que Cala había realizado para medios bolivianos en la semana anterior. La entrevista con Evo Morales se tendría que haber realizado el día 8 pero fue suspendida debido a que el presidente se sentía bastante agotado debido a las múltiples actividades realizadas durante los festejos del 6 de agosto en homenaje al 188º aniversario de Bolivia.
“Si la empresa para la que trabajo (CNN) me pide que gestione una nueva entrevista con el presidente Morales, sencillamente no lo haré porque siento que han faltado el respeto a mi persona, a mi equipo de trabajo y a mi audiencia, pues esta entrevista debía salir al aire el próximo lunes”, le dijo Cala al programa Que no me pierda, de la red Uno, ya que si bien la entrevista estaba gestionada desde hacía tres meses al final ésta no pudo realizarse. Según Cala, el jueves 8 estuvo esperando cinco horas para que luego le anunciaran que no se iba a realizar. Al respecto Evo Morales dijo que si la entrevista no se realizó es porque él no iba a aceptar que ésta se hiciera con ediciones y recortes, que dejarían fuera de contexto la mayor parte de lo que él podría decir. Durante la entrevista, que al final se realizó el sábado 10, el mandatario boliviano le recordó a Cala las “tantas veces que me humillaron, tergiversaron, inclusive inventaron”, como la vez que publicaron una fotografía suya con el ex presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, señalando: “Alianza de un terrorista con un narcotraficante”. Cuando quiso reclamar por ese motivo, no lo dejaron, dijo en la extensa entrevista. “Así me humillan, así me ofenden, y cuando se ha suspendido una entrevista, usted se queja a la prensa; yo nunca me quejé, me aguanté. Esa es nuestra diferencia”, aseguró Morales. Ante estas expresiones del mandatario, el conductor de CNN explicó que si le hubiesen dicho que sólo aceptaba la entrevista a condición de no ser editada, él se hubiera comprometido a no hacerlo, como de hecho se hizo finalmente.
En una nota que Cala le dio al diario El Deber, dijo que creía “que Morales tenía una molestia por todo lo que ocurrió tal como lo expresó públicamente. Sin embargo, al final, concedió la entrevista y por ello yo le agradezco enormemente. No creo que haya sido la mejor primera impresión que ambos nos hubiéramos llevado el uno del otro. Lamento que haya sido así porque trato que las conversaciones que sostengo en mi programa no sean desde la hostilidad. Al contrario, siempre las llevo desde un tono de amabilidad y generosidad”, aseguró.
Otro punto álgido de la conversación fue cuando Cala intentó demostrar que él no era “un cubano escapado de la isla”, como había expresado Evo previo a la entrevista, ya que tenía el derecho a optar “como ciudadano del mundo libre” por una vida diferente, pero que se sentía tan latinoamericano como el mandatario boliviano.
En la entrevista, Evo ratificó enfáticamente que la política es “esfuerzo y servicio, no es negocio”, y recordó cuando alguien le dijo “al Evo se lo puede acusar de cualquier cosa, menos de que roba o es flojo”. Entonces, pudo formular los principios éticos del pueblo aymara: “No ser flojo, no robar, no mentir”. A lo largo del encuentro, Cala subrayaba que debido al tiempo iban a quedar muchas preguntas en el tintero, pero entre las que hizo fue incisivo en relación al debate sobre el censo nacional de Bolivia, en tanto algunos medios del altiplano cuestionaron datos del mismo, por lo cual el mandatario había ya expresado que si tienen dudas, que hagan auditorias para ratificar los datos, incluso que participen organismos internacionales. Cala también preguntó sobre el conflicto limítrofe con Chile por la salida al mar para Bolivia, ante lo cual Evo ratificó que el reclamo se llevará hasta las últimas consecuencias.
A pesar de que la entrevista se fue distendiendo, Evo no se privó de decirle a Cala: “Sé que representa al imperio y no a los pueblos, sé que representa las estructuras del sistema capitalista imperialista, tiene derecho. No representa donde nació y no representa a los pueblos, ésa es nuestra diferencia”, agregando que representar al imperio es un derecho de CNN.
A pesar de todo esto, el conductor, antes de retirarse de Bolivia, expresó que sintió mucha empatía con Evo, al cual le obsequió su primer libro, El arte de escuchar, en el cual, además de recomendaciones sobre autoayuda, cuenta el secreto de su éxito como entrevistador.
El lunes, Cala viajó a la Argentina para asistir al programa de Susana Giménez, junto a Gloria y Emilio Estefan (en un cuasi perfecto trío de cubanos contrarios a Castro). El presentador es un gran amigo de la diva, y cada vez que llega al país aprovecha para juntarse con ella.


2013/08/11

El Buen Vivir como proyecto colectivo

Ecuador. Los cambios, el combate contra los privilegios corporativos, las transformaciones estructurales y el futuro político. Rafael Correa y la Cumbre de la Alianza Bolivariana.

Los cambios que se vienen produciendo en Latinoamérica, y principalmente en algunos países como Ecuador, tal vez no sean ni la revolución ni el socialismo, como fueran considerados a lo largo del siglo XX, pero si se tienen en cuenta las principales políticas que se llevan adelante, sobre todo en lo referido a la búsqueda del bienestar de las mayorías populares, combatiendo los privilegios corporativos de las minorías de siempre, hoy se podría considerar que buena parte de la región está ante transformaciones estructurales que serán evidentes con el correr del tiempo y válido de poder ser considerado en un futuro próximo con una mirada retrospectiva.

Durante la exposición que el presidente Rafael Correa hiciera ante movimientos sociales en la XII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) realizada el pasado 30 de julio en la ciudad de Guayaquil, el mandatario afirmaba que “son mágicos los momentos que vive nuestra América”. Pero también advertía: “Hay que tener cuidado, nos acostumbramos y creemos que siempre fue así. Prohibido olvidar que durante la larga y triste noche neoliberal nuestra región estuvo repleta de gobiernos entreguistas, de mediocres, de traidores; ahí estaban los Collor de Mello, los Menem, los Fujimori, los Mahuad, los Endara y tantos y tantos otros...”. Según Correa, “es impresionante lo que está pasando en América latina y eso demuestra claramente el principal cambio que hemos logrado, el cambio en las relaciones de poder”. Pero volvió a advertir: “Atentos, no nos confiemos y creamos que todo está logrado, falta mucho camino por andar... Incluso lo andado puede ser revertido por los poderes de siempre”, ya que, señaló a los integrantes de los movimientos sociales, “son poderes que están vivos, ¡así que muy atentos, compañeros!”.
En una entrevista que el portal español Mundo Obrero le realizó en julio a la intelectual chilena Martha Harnecker, ante una pregunta que le hicieron por los movimientos progresistas de Latinoamérica, ella expresaba que los mismos, más que tener que ver con el socialismo, son movimientos de respuesta a la crisis del neoliberalismo, refiriéndose principalmente a las que considera las experiencias más avanzadas del continente: Venezuela, Ecuador y Bolivia, aunque la caracterización podría ser extensiva de manera relativa a los otros países en los cuales todavía se conserva cierta economía mixta, es decir donde el Estado volvió a ser protagonista aunque se mantengan algunos elementos que podrían considerarse como lastre del neoliberalismo. Sin dudas, se trata de “construir ese punto en el cual no haya retroceso”, al decir del actual secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez Araque, ya que si un proceso de cambio social no revierte las tendencias que habían primado en un período anterior, es factible volver atrás. Estas consideraciones, el presidente Rafael Correa parece tenerlas muy presentes, y ello se expresa en una gestión y un rumbo finamente planificados para dejar atrás la sumisión a los viejos poderes fácticos. Si bien resulta un lugar común afirmar que el neoliberalismo enfrentó y desprestigió a la razón estatal, no es muy tenido en cuenta que vilipendió todo lo que sea planificación, considerándola como una rémora de regímenes autoritarios. Establecer desde el Estado un proyecto político, económico y social, sin dudas no puede dejar ese rumbo librado al azar, ya que los principales lobbies y corporaciones sí lo tienen establecido.
La Revolución Ciudadana, iniciada en 2007, le plantea a Ecuador, luego de que Rafael Correa fuera reelegido para gobernar durante el período 2013- 2017, nuevos desafíos para consolidar y profundizar los cambios.

Qué es El Buen Vivir. No se trata de una consigna abstracta que un gobierno les impone a sus ciudadanos, sino de una propuesta que emana de la misma sociedad ecuatoriana, y principalmente atendiendo a las más autóctonas tradiciones de ese pueblo andino: el Sumak Kawsay es una voz indígena que tiene la significación de promover relaciones humanas equilibradas y en armonía con la naturaleza.

Tras un arduo proceso de debate, socialización, y aprobación en el cual participaron más de ocho mil ecuatorianos, el pasado 3 de agosto la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural de Ecuador recibió el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017, que se convertirá en la principal línea de acción gubernamental. Según señalaba el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fander Falconi, citado por el diario cubano Gramma, “este plan es devuelto a sus gestores, a todo el conjunto de voluntades decididas a continuar con nuestra marcha, a la Asamblea Ciudadana, a todo el pueblo del Ecuador”, dijo.
El proceso de construcción del plan se inició en mayo, y tuvo tres aristas destacadas, una fue la asamblea misma en la cual se movilizaron unos 8100 ciudadanos, pero la misma estaba interrelacionada con otras dos instancias que son el Seminario Internacional sobre Pensamiento latinoamericano y los 8 consejos sectoriales de política en los cuales se confeccionaban las principales líneas que luego serían debatidas en las asambleas ciudadanas. Este proceso se realizó según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Sistema Descentralizado de Planificación Participativa y el Código Orgánico de Planificación, informó Senplades.
El documento de 602 páginas que contiene el Plan Nacional por el Buen Vivir 2013-2017 tiene como presentación una apreciación del economista coreano Ha-Joon Chang, considerado como uno de los economistas heterodoxos más importantes del mundo. El economista resalta la idea de que crecimiento no es igual a desarrollo, y los autores agregan que “el Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. La planificación ocupa un lugar central en la confección del documento, señalando que en Ecuador se la rescató para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos que tanto retrasó al país en tiempos del neoliberalismo. “Si sabemos dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos cómo sortear los obstáculos que se presenten”, dicen, subrayando que si la planificación fue menospreciada y reducida a su mínima expresión por las políticas neoliberales, esto no fue por ideología sino por intereses económicos, señalando como ejemplo la privatización de las principales empresas públicas, cosa que llevó a la peor crisis del país, subrayando que esto fue hace apenas una década, pero que dejó huellas muy difíciles de borrar en la ciudadanía.
Entre otras cosas, el Plan Nacional para el Buen Vivir se perfila como una lucha contra la pobreza: cambiar la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento y transformar el Estado, consolidando y radicalizando los cambios que la Revolución Ciudadana viene promoviendo desde enero de 2007. Por otra parte se plantea la necesidad de reducir al máximo la dependencia del país de los ingresos petroleros, necesitando transformar sustancialmente así la estructura productiva.
“No podemos hablar de erradicar la pobreza sin transformar la matriz productiva, generar empleo y mejorar las condiciones de igualdad. No se puede hablar de transformar la matriz productiva si no se genera empleo de calidad y se erradica la pobreza”, dijo el secretario nacional de Planificación y Desarrollo Pabel Muñoz durante la inauguración del Seminario Internacional Erradicación de la Pobreza en América Latina y el Caribe, organizado por la Senplades, la recientemente creada Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que tuvo lugar en Quito el 30 de julio. El evento fue organizado para realizar intercambios sobre las experiencias alcanzadas por varios países en la aplicación de planes y políticas para combatir a la pobreza, y esto para Ecuador resultó sustantivo como otra plataforma para potenciar al proyecto 2013- 2017.
Vale señalar que el Plan Nacional para el Buen Vivir está acompañado por un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de comparar lo programado frente a lo realizado, tomando como base la planificación nacional y la formulación realista de indicadores y metas.

El socialismo del Sumak Kawsay y la economía social. “El horizonte político de la Revolución Ciudadana es el Socialismo del Buen Vivir. Este articula la lucha por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, con la construcción de una sociedad que respete la diversidad y la naturaleza. En tal sociedad podremos desarrollar nuestras capacidades y vivir digna y libremente”, dice el documento, poniendo el acento en que el fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas, asegurando que se debe en primer lugar resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que les garanticen al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras, una vida digna sin perjudicar a la naturaleza, ya que el Buen Vivir es una práctica diaria. En este sentido se plantea en lo concerniente a la transformación económica y productiva, la necesidad de consolidar al sistema económico social y solidario, de forma sostenible. A sabiendas de que con la política social llana no alcanza para recuperar la dignidad, en Ecuador se viene desarrollando una fuerte economía de autogestión entre ex desempleados que revigorizaron la circulación y el consumo interno, sin trastrocar los principios básicos de la asociación entre iguales, ni la relación con la naturaleza.

2013/08/04

Bogotá- El alcalde Petro, en la mira

Colombia.

Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá enfrenta golpes cruzados.
El actual proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC está poniendo sobre el tapete las diferentes contradicciones de la sociedad política colombiana, ya que si hoy se trata en ese país de terminar efectivamente con el arduo y prolongado conflicto armado, existen intereses que sin encontrarse directamente implicados en esas negociaciones, actúan tanto a favor como en contra. El caso de la derecha (la social y la política), ligada principalmente a la oligarquía terrateniente, es el más claro ejemplo de ello, que ve que si el proceso avanzase resultaría sumamente factible la posibilidad de perder todas las condiciones que propiciaron sus principales beneficios como sector social. Si al gobierno de Santos se lo podría considerar de derecha, habría que destacar que se trata de una derecha sumamente heterodoxa, diferenciada de gobiernos anteriores del mismo signo, como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez. Abordar el complicado proceso de paz con la guerrilla es un signo inequívoco de ello, aunque vale destacar que en Colombia todavía existe una fuerte raigambre conservadora, que resiste enconadamente a que la estructura social que primó históricamente pueda ser modificada. Si bien lo principal en la resolución del conflicto es la problemática rural, ya que precisamente esta cuestión condiciona al conjunto de la sociedad, sus efectos tienen repercusión ineludible en lo que a la ciudad –y a grandes centros urbanos como Bogotá– concierne.
Petro en la mira. Durante el Foro Dilemas Jurídicos del proceso de paz, realizado en mayo en la Universidad Externado de Colombia, a pedido de FARC y Gobierno, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sugería que Colombia aún no se constituía como nación, ya que para eso era necesario un pacto social que lo posibilitara a través de una paz duradera. Petro afirmaba en ese foro que hubo en su país aproximadamente 68 procesos de paz, que propiciaron seguidamente igual cantidad de procesos de guerra, por lo cual construir la paz debiera en primer lugar cambiar la estructura del poder, debido a que, durante el prolongado conflicto, lo que se logró fue cristalizar un poder que el Alcalde considera como mafioso y criminal. La intención de llevar adelante en Bogotá una gestión diferenciada que trastoque esas reglas del poder, es lo que a Petro le está costando sostener debido a las presiones de diferentes lobbys corporativos y de sectores que lucraron con las contrataciones de obra pública. Según el Alcalde, los paramilitares lavaron su dinero a través de la contratación estatal, lo que les sirvió además para comprar la política en el país. A través de la red social Twitter, Petro señalaba que “el proyecto paramilitar produjo una fuerte articulación con la contratación estatal para lavar activos con el erario” y que “si en la ‘refundación de la Patria’ hay un sistema político al servicio de los paras, también hay un sistema de contratación a su servicio”.
“Mientras ejércitos privados controlaban territorios, las administraciones locales podían designar contratistas a dedo y lavar dólares con ellos”, aseguró el alcalde de Bogotá, agregando luego que “la compra de tierras a bajo costo y su concentración, al igual que la contratación pública y su concentración son los caminos del narcolavado de activos”, asegurando que la corrupción es parte de esta estructura ya que “la compra de la política por parte de los grandes contratistas del Estado, no es más que un capítulo de la toma mafiosa del mismo”.
A partir de una gestión que colocó a los principales servicios públicos en la esfera del Estado, y desarticulando paulatinamente los diferentes negociados presentes en las contrataciones, Petro hoy debe enfrentarse a diversos golpes cruzados.
Un antecedente necesario para comprender los hechos de corrupción en Bogotá, y que a la vez compromete seriamente a muchos de los que hoy están tras la fuerte campaña contra Petro, es lo que se denominó en 2010 el Carrusel de la contratación cuando Samuel Moreno Rojas gobernaba la capital colombiana. El escándalo se desató cuando se supo a ciencia cierta que determinados sectores políticos se beneficiaban con la adjudicación de la obra pública que se contrataba para la ciudad, y que cobraban grandes comisiones para ello. El por entonces senador Gustavo Petro fue uno de los principales artífices tanto de las denuncias como de la investigación que develaron el escándalo, a pesar de ser parte aún del Polo Democrático Alternativo (PDA) que era también la fuerza con la cual Moreno Rojas había llegado a la alcaldía. De hecho, este escándalo del carrusel salpicó a integrantes de otros partidos políticos. Además del cobro de grandes comisiones a las empresas, también lograban silenciar el por qué de las grandes demoras en la ejecución de las obras contratadas. Por ejemplo, en 2010, las negociaciones irregulares habían hecho que la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio se encontrase en un 80% de atraso (aproximadamente dos años). Por otra parte, un gran porcentaje de la obra pública estaba concentrada en un mismo proveedor, el grupo Nule, cuyo director Miguel Nule hoy es testigo clave en el juicio que se está llevando adelante por el carrusel de la contratación, y que tras el escándalo se había refugiado en Miami.
Desde principios de año, el legislador Miguel Gómez Martínez, integrante del Partido de la U, emprendió una campaña de recolección de firmas para intentar la revocatoria del alcalde Petro, a la cual sumó a diferentes organizaciones civiles muchas de las cuales no son más que “sellos” pidiendo que se haga una consulta popular para que la ciudadanía decida por la prosecución o no del mandato del Alcalde, al cual se le endilgaban varias críticas (la más relevante era la de la recolección de basura). El procurador general de Colombia Alejandro Ordóñez intentó por el mismo motivo revocar el mandato de Petro, pero sin consulta previa. El problema de la basura tuvo que ver con la acumulación de residuos, que se produjo en el traspaso de la empresa que brindaba ese servicio, a la nueva empresa de aseo estatal, y que de hecho hoy viene funcionando de forma óptima. Si bien la recolección de firmas para la revocatoria y un posterior llamado a consulta estaban previstos para los meses de mayo o junio, resultó que en la revisión de las 650 mil firmas alcanzadas se pudo constatar que las irregularidades presentes en ellas eran muy notorias: había firmas de personas fallecidas, de personas que no viven en Bogotá o, simplemente, firmas adulteradas. A pesar de todo, el miércoles, luego de haber revisado el informe entregado por el equipo de expertos grafólogos designados por Petro, los registradores distritales certificaron que las firmas válidas entregadas para solicitar la revocatoria superan el mínimo legal exigido y por lo tanto los ciudadanos podrán ser convocados a las urnas.
Y si había que sumarle una piedra más al zapato, se le agregó una demanda de pérdida de investidura para al Alcalde, presentada durante los primeros días de la semana por el concejal Orlando Parada para que sea contemplada por el Consejo de Estado. Parada es un ferviente opositor a las políticas de Petro, pero lo que resulta más curioso y llamativo es que está realmente complicado en el escándalo del carrusel de la contratación. De hecho, el consejal tendría que haber declarado el pasado 23 de julio, pero no lo hizo debido a que el abogado que lo iba a defender renunció.
Otro hecho notorio que pinta de cuerpo entero a la política de la derecha colombiana volvió al tapete tras el martes pasado ser noticia la liberación de la ex congresista Yidis Medina.
La Yidispolítica. Así se denominó al escándalo que tuvo lugar en abril de 2008 cuando la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, del partido Conservador, aseguró haber recibido dádivas oficiales para cambiar su voto a favor de la reforma constitucional que habilitó la reelección del por entonces presidente Álvaro Uribe. Yidis, que había anunciado previamente un voto en contra, sorprendió luego con su cambio, aseverando que el mismo Uribe fue quien le prometió cargos que luego no se hicieron efectivos.
Lo interesante es que, además de ser condenada por cohecho en cuanto al soborno, 43 meses después, encontrándose en prisión, le fue adjudicada una nueva causa por la cual en 2012 se le imputaron 32 años de prisión. Ahora se la acusaba también de ser cómplice de un secuestro realizado en diciembre de 2000, cuando en verdad ella había sido víctima de ese delito. El hecho confuso al final se aclaró y Medina fue excarcelada, habiendo sido su única infracción haberle dado la firma a Uribe para que fuera reelecto, ya que su rúbrica fue la que inclinó la balanza.