2013/09/29

El Salvador. Con la mira puesta en febrero

La fórmula. El actual vice, Salvador Sánchez Cerén, y su compañero Oscar Ortiz, del FMLN.
El próximo 2 de febrero se realizarán en El Salvador las elecciones presidenciales, y con ello se pondrá a prueba la gestión que desde el 1º de junio de 2009 viene llevando adelante el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El pasado lunes 23 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó, a través de su presidente Eugenio Chicas, la convocatoria oficial para dichos comicios, en los cuales se producirán algunas modificaciones con respecto a las realizadas en 2009, ya que el 3 de julio, la Asamblea Legislativa de ese país sancionó un nuevo Código Electoral, que pone a la nación centroamericana a tono con las modalidades más propicias para ser efectuada una consulta de mayor accesibilidad para sus ciudadanos. En el nuevo código se indica que habrá voto residencial y voto desde el exterior. Hasta ahora, todos los sufragantes de un distrito lo hacían en un solo lugar, lo que entorpecía la dinámica electoral y conllevaba grandes gastos de movilidad. En los próximos comicios, cada municipio contará con diferentes lugares de votación, los cuales estarán delimitados por uno o varios cantones, de forma total o parcial en el área rural, o por una o varias urbanizaciones, barrios o colonias, de forma total o parcial en el área urbana. El voto residencial ya se había puesto en práctica en las legislativas de 2012, pero ésta será la primera vez que se implementará en comicios presidenciales. En las elecciones, sólo se presentará la fórmula presidencial. Si ninguna de ellas llegara a alcanzar mayoría absoluta, está prevista una segunda vuelta el 9 de marzo para dirimir quiénes serán tanto el nuevo mandatario como el vicepresidente.
Ante la convocatoria del TSE, fue el FMLN el primero en inscribir el martes 24 la fórmula integrada por Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente. La convocatoria que realiza el tribunal resulta así la antesala para el comienzo de la campaña electoral, que se iniciará el 2 de octubre y que prevé para febrero la concurrencia de casi 5 millones de sufragantes.
Los comicios presidenciales en El Salvador se realizan cada cinco años. El 15 de marzo de 2009, en consonancia con la oleada de triunfos electorales de la izquierda y el progresismo en Latinoamérica, el pueblo salvadoreño eligió ganadora a la formula del FMLN integrada por el periodista Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Si bien el resultado fue bastante ajustado, el FMLN se impuso en primera vuelta a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que postulaba como presidente a Rodrigo Ávila. En una elección sumamente polarizada, el Farabundo Martí ganó con el 51,32% contra el 48,8% de su oponente.
Tras un largo proceso de guerra civil revolucionaria, el FMLN que nucleaba a varios destacamentos guerrilleros, tras la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, se convirtió ese mismo año en una fuerza político electoral, en la cual confluirían los diferentes grupos que habían sido parte de la insurgencia. Vale señalar que el Partido Comunista salvadoreño (PCS) se disolvería en el nuevo agrupamiento político, el que a partir de 1994 se convertiría en un partido de tendencias para lograr mantener su unidad, destacándose entre ellas la CRS (Corriente Revolucionaria Socialista), de la cual fueran parte, entre otros, el emblemático e histórico líder Shafik Handal (fallecido en 2006) y el actual candidato Sánchez Cerén.
El FMLN, desde su ingreso a la esfera democrática, planteó un programa de Revolución Democrática en transición al socialismo, en el cual se trataría de abolir al neoliberalismo y la dependencia capitalista, ampliando la democracia participativa, la extensión de derechos acorde a una profunda justicia social y el desarrollo nacional. Tras más de una década y media de participación democrática, el FMLN llegó al gobierno de El Salvador en 2009 con la candidatura del actual presidente Mauricio Funes, y el desafío de cara a 2014 es conservar lo alcanzado, aunque los sondeos actuales de intención de voto no le son favorables, y más teniendo en cuenta que en las legislativas de 2012, la derechista Arena logró alcanzar mayor porcentaje electoral. En El Salvador se ponen en juego, de esta forma, todos los dilemas y dicotomías a las cuales deben enfrentarse muchos de los gobiernos progresistas de la región. Con medios de comunicación enfrentados, y ante el poderoso lobby del empresariado trasnacionalizado, más el remanente de una poderosa oligarquía terrateniente y financiera, resulta para un gobierno con bases sociales no demasiado consolidadas sumamente difícil llevar adelante un proceso verdaderamente transformador, y más aún profundizarlo, lo cual siempre es un convite para que la derecha más retrógrada intente restaurar sus privilegios corporativos, propios a una formación social predominante en estadios anteriores.
Los sondeos previos afirman que la derechista Arena ganaría en primera vuelta, lo que implicaría para el FMLN la necesidad de conformar un abanico de alianzas que lo exceda largamente para poder imponerse en los comicios complementarios del 9 de marzo. Pero el problema es que el Farabundo Martí no puede mirar a su izquierda para tejer alianzas, ya que hacia ese lugar no tiene con quién hacerlo, y por esa razón acordar con otras fuerzas contrarias a la Arena, implicaría hacer concesiones que debilitarían ostensiblemente el perfil transformador. Tanto es así, que una probabilidad es unirse en segunda vuelta a la reciente conformada coalición Unidad, que en primera vuelta lleva como candidato presidencial al ex presidente Elías Antonio Saca González (2004-2009), quien fuera parte en ese tiempo de Arena, pero que sería expulsado de la fuerza tras la derrota de 2009. Saca González, durante su mandato, llevó adelante todas las recetas neoliberales y las sugerencias de los Estados Unidos, siendo un político de verdadera raigambre derechista. Lo único que lo podría hacer votar contra Arena es el despecho por su expulsión, aunque su base electoral muy difícilmente se incline por dar apoyo al FMLN.
El escenario político salvadoreño actual resulta demasiado confuso, ya que el mandatario Funes se fue alejando notoriamente de las bases programáticas por las cuales llegó al gobierno en 2009, creando así una ostensible tensión con el FMLN. De hecho, hoy Funes consigue más apoyos legislativos de Arena que del partido al cual supuestamente representa, cada vez que necesita impulsar proyectos desde el ejecutivo. Si bien Funes llevó adelante desde el inicio de su mandato algunas políticas proclives a establecer mayor inclusión social, hubo detalles significativos que lo fueron alejando de los principales lineamientos del FMLN. Funes se opuso a que su país se alineara a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), y propuso una buena relación diplomática con el gobierno de Barack Obama.
Por su parte, en el país centroamericano hay flagelos sociales que recrudecieron y que son el caballito de batalla tanto de los medios como de la oposición para fustigar a una gestión que se muestra muy débil para enfrentarlos. El gobierno de Funes se fue apoyando cada vez más en un sector del gran empresariado salvadoreño, que si bien tiene contradicciones con la oligarquía trasnacionalizada, resulta un sector oscilante que, en algunos casos, propone medidas antipopulares. La tasa de desempleo sigue siendo muy alta y no se visualizan políticas concretas que la puedan ir desterrando. Es más, esto provoca un recrudecimiento de la violencia social, siendo la guerra entre pandillas un problema de difícil resolución.
Tal como señalara el analista Roberto Pineda en el portal Alainet, vuelve a ser el movimiento social el único que puede cerrarle la puerta a la derecha en 2014. “El peso de la lucha parlamentaria como forma principal y exclusiva de lucha, aplasta, anula y mediatiza la posibilidad de impulsar la lucha social que sigue siendo esporádica en el tiempo y fragmentaria en el territorio”, agregando que eso “ha permitido que la derecha política superara el golpe demoledor de marzo del 2009, se rehabilitara y contraatacara en marzo de 2012 y amenazara con dar el zarpazo para la restauración oligárquica en febrero de 2014”.
Si bien el candidato presidencial de la izquierda Salvador Sánchez Cerén es un histórico y reconocido dirigente, vale señalar que una fuerza transformadora debe hacerse fuerte en la propia base de la sociedad, sentando así nuevas tensiones que profundicen un programa de gobierno, y cambiar el humor que generan los medios de información. Un humor que además de desmovilizar, crea apatías y desencantos, en los cuales la derecha se mueve como pez en el agua, reproduciéndose constantemente.

2013/09/22

Colombia.Vuelta a la derecha

El 25 de mayo de 2014 se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales. Pero tres meses antes, el 9 de marzo, se efectuarán comicios para elegir autoridades legislativas: senadores, representantes a la Cámara y al Parlamento Andino. Imposibilitado constitucionalmente para ir por un nuevo mandato presidencial, el lunes pasado Uribe lanzó su candidatura formal a senador por su partido Puro Centro Democrático. Este agrupamiento político tuvo nacimiento en enero, y surgió principalmente para nuclear en él a todos los ex integrantes del partido de la “U” disconformes con la gestión del actual mandatario Juan Manuel Santos. Un desprendimiento por derecha, de la derecha más conservadora y reaccionaria del país neogranadino, la cual expresa en primer lugar a toda la oligarquía terrateniente y latifundista que se benefició con el desplazamiento de campesinos e indígenas, y que patrocinó (con la excusa del conflicto armado) la conformación de grupos paramilitares.
El lanzamiento de Uribe mueve el tablero político, ya que si bien tradicionalmente el electorado colombiano privilegió a partidos como el Liberal, el Conservador, o el de la U, la presencia del ex mandatario en la nueva fuerza electoral no es un dato marginal, ya que aún conserva un alto grado de popularidad, principalmente en los sectores medios. Tanto en 2002 como en 2006, Uribe anduvo cerca del 70% de adhesión, y no resulta menor el dato de que en 2010 fue el apoyo que él le diera a Santos lo que hizo que el mandatario se impusiera con holgura. Lo cierto es que el lanzamiento de Uribe siendo éste el primero, en relación a las demás propuestas electorales que se presentarán a las legislativas de marzo del año entrante, hace que todas ellas se vean en la situación de elegir candidaturas acordes a la competencia que el ex mandatario les impone.
Consultada por el diario La Tarde, Ana Cristina Vélez López, coordinadora de la especialización en Comunicación Política y docente del departamento de Humanidades de la Universidad Eafit, dijo que ella cree “que el anuncio de Uribe de alguna manera sí afecta a todos los partidos, por eso al interior de estos deben estar pendientes y preocupados, máxime la caída de la imagen del presidente Santos y así el escenario de Uribe ahora sea en el Senado”. Y agregó que el Centro Democrático está apostando dos cosas con la aspiración del ex presidente: “El movimiento está arriesgando porque Uribe tiene investigaciones en curso. Además, con esa aspiración está demostrando que solo él existe como fuerza política y que sin él el movimiento no tiene peso”.
Vale señalar que el Centro Democrático aún no es un partido o movimiento político con todas las de la ley, ya que necesitaría alcanzar unos 400.000 votos en marzo para obtener la personería jurídica que lo convalide como tal, y así poder realizar su oferta electoral en las presidenciales de mayo. De todas formas, sí puede presentarse en marzo a través de la recolección de firmas, una por cada lista que presente, tanto para el Senado, como por cada lista que inscriba a la Cámara de Representantes en cada uno de los departamentos del país.
El uribismo confía en que en 2014 podría llegar a poner 30 senadores en la Cámara, con lo cual potenciarían al candidato presidencial que elijan para mayo. Quien fuera elegido para llevar adelante las banderas de ese movimiento en las presidenciales se vería (por la buena elección legislativa) catapultado a niveles insospechados, sostienen desde el entorno de Uribe. Pero algunos analistas colombianos mucho menos optimistas consideran que si ese agrupamiento consiguiese meter nada más que 15 senadores (cosa que prevén factible) el entramado uribista se desinflaría y ni siquiera llegarían a una eventual segunda vuelta en mayo.
Lo cierto es que el pronunciamiento de Uribe, logró agitar diferentes aristas del escenario político e institucional de Colombia, ya que como señalara el diario El Tiempo, éste no solamente llevó al posicionamiento de diferentes referentes políticos, sino que también la decisión del ex mandatario, hizo que se agitaran las aguas del mundo de la jurisprudencia. El matutino bogotano señalaba que “en momentos en que se conocen dos compulsas de copias de tribunales para que investiguen al ex mandatario por supuestos nexos con ‘paras’, expertos constitucionalistas y juristas advierten un polémico escenario por el fuero que cobijaría a Uribe”.
Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, le señaló a Radio Caracol que serán los jueces y magistrados quienes en última instancia definirán si en determinados casos Uribe podría ser investigado por el Senado o por la Corte Suprema de Justicia, pero en cualquier caso estaría cobijado con algún tipo de fuero. “Lo importante es determinar si el expresidente incurrió en algún delito durante el ejercicio como mandatario, ya que en ese caso tendría que ser investigado por el Senado, hay artículos que definen ese fuero para los presidentes, magistrados y en otras instancias para congresistas”, le dijo Gaviria a Caracol, agregando que la Corte Penal Internacional podría investigar a Uribe y a cualquier otro funcionario si así lo determinara, ya que ese organismo actúa como justicia complementaria en caso de que la justicia colombiana no dé respuesta. Por su parte, Jaime Córdoba Triviño (otro ex magistrado y constitucionalista) le dijo a El Tiempo que la situación es “inédita”, y que si Uribe llegara a ser senador sus actuaciones como legislador quedarán bajo lupa de la Corte Suprema, en la parte penal; del Consejo de Estado, en lo que toca a su investidura presidencial, y a la Procuraduría, en materia disciplinaria, mientras que las actuaciones correspondientes a su paso por la gobernación de Antioquia no estarían cobijadas por fuero alguno y, de iniciarse investigaciones, corresponderían a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la tesis de Córdoba Triviño no fue aplicada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal de Medellín, quien en una reciente sentencia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigara a Uribe por supuestos arreglos con los paramilitares cuando fuera gobernador de Antioquia.
Más allá de las diferencias de matices esbozadas por los diferentes especialistas en jurisprudencia, las respuestas de los diferentes actores políticos no tardaron en llegar y fue así que el senador liberal Juan Manuel Galán dijo que si bien la aspiración de Uribe es válida, “ojala sea de manera legal y legítima y que no sea otro intento de los paramilitares por llegar al Congreso a defender ideas de la extrema derecha”. Por su parte, desde Cambio Radical (partido hoy aliado al mandatario Santos), el dirigente Germán Varón Cotrino indicó que la apuesta de su partido será conservar el caudal electoral existente, teniendo en cuenta que la presencia electoral de Uribe lo va a dificultar.
Por su parte, con tono menos protocolar pero no menos estridente, dirigentes del Partido del Tomate, recientemente conformado por indignados de la política colombiana, realizaron el martes una muestra satírica en la cual dijeron que le solicitarán al Consejo Nacional Electoral que al momento en que se inscriba Uribe como candidato le ordenen un examen mental. Según señalaba el diario El Universal, los indignados sostuvieron que “el ex mandatario estaría experimentando varios trastornos mentales: megalomanía, síndrome de abstinencia por adicción al poder, amnesia selectiva, mitomanía y cinismo crónico, ansiedad obsesivo-compulsiva, trastorno paranoide de la personalidad, y hasta despecho maníaco depresivo, entre otros”.

2013/09/15

Una postal platense del golpe de 1955 contra Perón

Historia. Por entonces, la ciudad de La Plata se llamaba Eva Perón. Sus vecinos asistían azorados, como el país entero, al quiebre institucional. Una crónica de aquel momento y su tratamiento mediático.
El diario de la ciudad Eva Perón El Día, del 17 de septiembre de 1955, donde se anuncia la huida de los líderes golpistas.//Destrucción. Panorámica del barrio campamento, de Ensenada.//Bombardeo. Una casa derruida donde puede verse un retrato de Perón.//Fuegos. Grupo de bomberos de Ensenada asistiendo una de las tantas emergencias producto de los golpistas.//Traslado de tropas. Soldados leales al gobierno.

Aquel 16 de septiembre de 1955 había estallado en Córdoba el complot militar y de los comandos civiles que tenía como objetivo derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Además del foco mediterráneo, otros epicentros de la insurgencia golpista fueron Bahía Blanca, Curuzú Cuatiá, y la región de la capital de la provincia de Buenos Aires. Por aquel entonces, las localidades obreras y ribereñas de Ensenada y Berisso eran parte del partido de La Plata. La sección platense de la Infantería de Marina se insurreccionó aquel 16 en la zona aledaña al puerto, más precisamente del lado de Ensenada, estableciendo su retaguardia en la ribera del Río Santiago, frente a la Base y la Escuela Naval, desde donde se orientaba el operativo bajo el mando del almirante Isaac Rojas.
Hacía tres meses justo que el país estaba agitado, y nadie olvidaba la masacre de Plaza de Mayo donde por causa de los bombardeos de la Aviación Naval cayeron muertos casi medio millar de civiles. Esos recuerdos de junio estaban bien frescos en la población cuando en septiembre nuevamente se volvieron a escuchar estampidos de metralla y aviones amenazantes.
Desde muy temprano se veían por las calles de la por entonces Ciudad Eva Perón movimientos de tropas del Ejército y de la Policía en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en la sede del Comando de la Segunda División, y en el Departamento de Policía, ubicado frente al bosque platense.
Desde las azoteas del Comando podía verse el emplazamiento de ametralladoras, mientras que alrededor del Departamento de Policía una cantidad importante de centinelas desviaba el tránsito de las calles aledañas, no permitiendo el paso de automóviles particulares. La presencia del gobernador Aloe, a las 8 de la mañana, en la sede policial, era un indicio claro de que las alarmas estaban sonando.
Los diarios de la época subrayaban la presencia en la zona portuaria de abundante personal de la Prefectura Nacional Marítima, los cuales, provistos de armas largas, realizaban tareas de vigilancia. Desde muy temprano fueron interrumpidos los caminos que unen La Plata con Berisso y Ensenada. A la altura de 43 y 126, al igual que en 60 y 128, se habían instalado fuertes retenes policiales que prohibían el tránsito hacia la zona ribereña.
Poco después de las 8, la alarma general se hizo sentir y muchos padres se acercaron a las escuelas y colegios secundarios para retirar a sus hijos. A lo largo de la mañana reinaba en la ciudad de las diagonales una espasmódica tranquilidad, y fue así que muchos comercios reabrieron sus puertas. Pasado el mediodía, otro hecho anómalo fue que cerraran los bancos locales, e incluso la agencia del Banco Provincia que funcionaba en los Tribunales, sitio que permaneció casi desierto a pesar de que en algunas secretarías se siguieran cumpliendo funciones. La delegación regional de la CGT dispuso un paro de actividades a partir de las 14.30, haciendo que se cerraran todos los comercios. De igual manera, se dispuso el envío a sus hogares de todo el personal administrativo de las distintas dependencias estatales, incluidos los trabajadores de los Tribunales.
Hoy es posible saber que el mayor desplazamiento de fuerzas en el casco urbano platense estaba dado por tropas del Ejército que custodiaban el Comando de la Segunda División y la retaguardia de la Casa de Gobierno por calle 5, así como también los cordones policiales que cercaban el Departamento Central de esta fuerza, mientras que yendo hacia la periferia también la Policía realizaba retenes impidiendo el paso tanto a Ensenada como a Berisso.
Pasado el mediodía, lo que sucedía en estas localidades ribereñas era toda una incógnita, y fue así que los diarios de la época, al día siguiente, pudieron publicar solamente algunas impresiones de aquello. El matutino La Nación decía: “En el sector de la ciudad que mira hacia el Río de la Plata, o sea hacia el nordeste, se sintieron en forma espaciada algunos estampidos lejanos, dando apoyo a versiones sobre un posible ataque a las dependencias de la Base Naval, ya fuese por tierra desde Ensenada, o bien desde el aire, siendo imposible desde la ciudad verificarlo, al estar bloqueados a los civiles los caminos de acceso a esa zona. Se ratificó enseguida la impresión de lo que estaba ocurriendo allí, al ordenarse la evacuación de las dependencias de la destilería fiscal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde quedó solamente el personal de guardia para la atención de los mecanismos de las plantas que continuaron funcionando. En Ensenada y Berisso –donde vive algo más de un 60% de las familias del personal de la destilería– la alarma se hizo intensa, comenzando la evacuación también de la población civil, que en buena parte se desplazaba a pie. Hacia las 14, el cañoneo se hizo sostenido y volvió a sentirse desde esta ciudad. La alarma se hizo intensa. A las 15.30 volvieron a sentirse con nitidez e intensidad inequívocas fuertes estampidos, que con intermitencias prosiguieron hasta las 17”.
La primera conclusión a la que se puede arribar a través de lo expuesto es que entre las 14 y las 17 horas se produjo un serio enfrentamiento entre fuerzas que aún no era posible precisar correctamente. Pero hay un dato que ofrecen los diarios de la época que resulta significativo, y es que aproximadamente a las 15, un comando del Ejército, más precisamente del 7º de Infantería, tomó el Hospital Naval e hizo formar por cuarenta minutos en uno de sus playones al personal médico perteneciente a la Armada, mientras que a todo el personal civil se le ordenó retirarse a sus domicilios.
Desde muchas calles de la ciudad y desde la zona cercana al puerto afirman personas que vivieron aquellos sucesos que podía verse el paso de aviones que, evidentemente, efectuaban vuelos vinculados con los hechos en cuestión, e inclusive profusos disparos de cañones antiaéreos. Según informaciones recogidas por los diarios de entonces, el regimiento 7º había sido llevado a Ensenada, a luchar contra la base naval de Río Santiago. Para tal operación, detallaban, se habían empleado muchos camiones, no sólo del Ejército sino de organizaciones provinciales y ómnibus del servicio público de transporte de pasajeros. También con éstos se arrastraron cañones de campaña de aquella unidad en dirección a Ensenada.
La Nación decía: “Durante toda la tarde fueron llegando noticias confusas acerca de la situación en torno de la base naval de Río Santiago, pudiéndose sólo afirmar con certeza que hubo bombardeos aéreos por parte de aviones leales al Gobierno, intenso cañoneo y combates entre aviones”.
En las últimas horas de la tarde del 16 se pudo observar que comenzaban a llegar a la Ciudad Eva Perón, ómnibus de distinta clase trayendo familias de Ensenada, las que se distribuyeron en diversos lugares, especialmente en edificios públicos.
Lo que estaba sucediendo aquel viernes 16 en la zona de conflicto, para los medios de entonces, era una simple especulación.
A la medianoche, la CGT levantó el paro, y por la mañana los comercios de la región reabrieron sus cortinas. La población acudió principalmente a comprar comida. La afluencia a negocios de comestibles fue significativa. Tal vez se suponía que el conflicto duraría mucho tiempo más y los lugareños fueron principalmente a aprovisionarse. Los compradores allí aún conservaban la angustia que les habían causado los acontecimientos de la víspera.
Lo que se podía haber supuesto el día anterior tras la escucha del incesante cañoneo, los medios lo corroborarían al día siguiente. Una parte de la localidad de Ensenada, más precisamente el Barrio Campamento, se había convertido en un verdadero campo de batalla, donde las secuelas eran una marca ineludible para cualquier observador.
Mientras muchos pobladores de la zona ribereña retornaban a sus hogares, a la vera del camino podían verse cañones con dirección de fuego hacia Río Santiago. Estas imágenes preparaban el panorama sombrío que se iría a ver adentrándose en los barrios linderos al puerto, una verdadera postal bélica donde se podían presenciar emplazamientos de ametralladoras en cruces de calles y lugares estratégicos, tropas en posición de alerta, vidrios rotos. Todos ellos eran indicios claros de la violencia que se había desatado la víspera en aquel sitio.
A ese lugar convergieron para desarticular el intento de copamiento realizado por los infantes de la Marina, tanto el Regimiento 7º de Infantería, asentado en la ciudad de las diagonales; el 6º de Infantería, que se encontraba realizando maniobras en las inmediaciones de Magdalena, y otros llegados desde acantonamientos de Campo de Mayo portando poderosos elementos de combate. Por la mañana del 17, las tropas leales del Ejército seguían en la tarea de reducción de los focos rebeldes que aún seguían en pie. En las inmediaciones de los astilleros, algunas decenas de prisioneros aguardaban ser trasladados bajo la vigilancia de las fuerzas del orden. Efectivos de las tropas leales cruzaban el Río Santiago para avanzar sobre la base y la escuela de cadetes de la Marina, donde ya flameaban banderas blancas de rendición.
A intervalos, todavía se alzaban algunos penachos de humo en la zona donde habían sido los enfrentamientos del día anterior. Sin dudas, ése fue el lugar donde más arreciaron los enfrentamientos. Ante la llegada del Ejército, los marinos se replegaron sobre la ribera y llevaron adelante una enconada resistencia.
Si bien este combate lo ganaron las fuerzas leales, el almirante Rojas huyó y volvió a amenazar con bombardeos. El presidente Perón pocos días después abandonaría su cargo, argumentando que no había que derramar más sangre.
Periodismo y lealtades
El sábado 17 de septiembre, el diario El Día llevaba como tapa una foto del presidente Perón en el centro, mientras titulaba “Enérgica es la reacción contra esta nueva tentativa criminal”, asegurando que las fuerzas leales habían derrotado al sublevamiento revolucionario en diferentes sitios del país, incluido el de Río Santiago. El mismo matutino afirmaba en la edición de ese día que, después de la 1 de la madrugada, un comunicado oficial aseguraba que elementos del Comando del 2º Cuerpo de Ejército habían recuperado, a las 23 horas del viernes, las instalaciones de la base naval Río Santiago. Según la nota, los jefes de la revuelta habrían huido en barco hacia Uruguay, mientras que el comando de dicha base había quedado al mando del capitán de fragata Jiménez Figueroa, quien antes de hacerlo ratificó su lealtad y la de todas las fuerzas a su cargo con respecto al gobierno nacional. Es de destacar que El Díaseñalaba en un recuadro que el gobernador bonaerense Carlos Aloe, sin vacilar, “ocupó su puesto de lucha”. Según el matutino, Aloe “volvió a personificar, con el mismo relieve de otras jornadas de prueba, la íntegra lealtad al Líder de los argentinos”.
Párrafos apartes, fueron una variedad de notas e imágenes que El Día desarrolló en torno de los desastres ocurridos a partir del enfrentamiento entre bandos militares, publicando fotos muy crudas, que mostraban tanto el desplazamiento de los habitantes de la zona ribereña hacia la capital provincial, casas derruidas, traslados de tropas y edificios públicos en los cuales fueron atendidos los que sufrieran la emergencia.
“El espectáculo de las madres que se alejaban de la zona de operaciones con sus criaturas en brazos mientras las lágrimas surcaban sus rostros de expresión azorada, sumado al de los hombres que dejaban el terruño, emprendiendo la retirada con sus bártulos al hombro, llegó al corazón de todos, y nadie que haya presenciado esas escenas plenas de emoción pudo reprimir el impulso de un sentimiento solidario y contrito. Todo un pueblo evacuó el lugar de su desenvolvimiento habitual, trasladándose en masa en procura de seguridad, pero sin poder evitar notas de dolor y sufrimiento”, escribía un cronista del matutino platense.
Conocer la secuencia de los acontecimientos que se desarrollaron a partir de la insubordinación militar producida el 16 de septiembre, se torna significativo para poder realizar un balance histórico de lo sucedido. Tanto el domingo 18 como el lunes 19, El Día y El Argentino titulaban en sus tapas que el gobierno había derrotado a la insurgencia golpista, aunque los líderes de la misma se encontrasen prófugos y amenazantes. Según un titular de El Argentino, en la ciudad estaba vigente el estado de sitio, y activado el comando de represión para evitar cualquier contratiempo que perjudicase a la población civil.
A pesar de todo esto, el 21 de septiembre, el presidente Perón anunciaba su alejamiento del cargo. También dimitían el gobernador Aloe y sus seis ministros.


En Bolivia- Unidos y coordinados

Bolivia. Cómo funciona el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad y cuáles son los logros y complicaciones en la ardua tarea de aunar los intereses particulares de cada comunidad con el general.

Si en el seno de una estructuración compleja se considerara que el conflicto social consiste en un hecho anómalo, puntual o circunstancial, la idea de aislarlo no implicaría algo que pudiera tildarse de descabellado. Por el contrario, hacerlo sería una forma de resolución efectiva, logrando que todo lo que es externo a él, no se salpique y quede a salvaguarda de su supuesto efecto expansivo. El conflicto social, lejos de ser una excepción, una anomalía o un efecto residual, es parte constitutiva de cualquier formación social compleja. Su sitio en la escena colectiva conduce o responde a lo estructurante de la sociedad misma. Una política que intentase subsistir al margen del conflicto (u obviándolo) rayaría en sus límites con lo apolítico mismo, ya que sería la negación misma de las demandas sociales, que validan y dan legitimidad al hecho mismo de hacer política. El conflicto es la matriz constitutiva de cualquier acción colectiva, mientras que la forma de plantear su resolución conduce inevitablemente a la toma de posición.
En Bolivia, desde la asunción del presidente Evo Morales en enero de 2006, el tratamiento de la conflictividad social implica una tarea no menor, que incluso llevó a crear una cartera específica: el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad civil. Si bien esta tarea comprende el seguimiento de los diferentes conflictos, y la búsqueda de resolución de las diferentes demandas populares, es válido señalar que este agenciamiento político no es externo a la conformación y consolidación del instrumento político a través del cual Evo llegó al gobierno, y que sirve además como herramienta de cohesión tanto social como ideológica. Es menester señalar entonces que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia está conformado desde su presentación en las elecciones de 1997 no solamente como un nucleamiento de militantes voluntarios, sino principalmente como una coordinación de organizaciones sociales, campesinas, sindicales e indígenas, muchas de las cuales ya tienen varias décadas de conformación y desarrollo. Un movimiento que, además, fue protagónico en las principales luchas sociales que se desarrollaron en el país andino resistiendo a las recetas neoliberales impulsadas por gobernantes como Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Carlos Mesa. Si bien el MAS fue fundado en 1987, recién diez años después adquirió el formato más conocido al fusionarse con el Instrumento de Soberanía Popular y la Confederación de Trabajadores del Trópico de Cochabamba.
El viceministerio que fuera creado tras la primera asunción de Evo Morales en enero de 2006 tiene un objetivo institucional, y también varios objetivos estratégicos. Tal como es posible leer en la página oficial de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (http://www.presidencia.gob.bo/), el primer objetivo es “posibilitar y facilitar las relaciones de coordinación entre el órgano Ejecutivo y la sociedad a través de una eficaz y eficiente gestión de la demanda social, del fortalecimiento de las organizaciones sociales, del seguimiento sistemático a los acuerdos y convenios establecidos entre el gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad, así como el análisis de la conflictividad sociopolítica, promoviendo una gestión pública intercultural, en base al diálogo y la concertación”. Por su parte, los objetivos estratégicos del viceministerio son los de empoderar a las organizaciones sociales y la sociedad civil en su participación política y social en el proceso de cambio. “Consolidar la participación efectiva y corresponsable de los movimientos sociales y la sociedad civil en la construcción del Estado Plurinacional. Consolidar un sistema de gestión eficiente y oportuna a la demanda social y la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable entre los niveles del órgano ejecutivo y las organizaciones sociales y sociedad civil. Coadyuvar en la construcción de la cultura democrática a través de la gestión de la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable de los órganos del Estado y las organizaciones sociales y sociedad civil” son los principales objetivos.
Si bien la formulación y la ejecución de todos estas tareas dan, desde un principio, la sensación de estar en el camino adecuado, no pocos especialistas y analistas bolivianos hoy son sumamente críticos con respecto a la gestión de la denominada conflictividad social, que viene llevando adelante el gobernante Movimiento al Socialismo, principalmente desde el inicio de segundo gobierno de Evo Morales que se iniciara en enero de 2010.
Es preciso realizar un poco de historia para entender el denominado “proceso de cambio” en Bolivia, que en términos relativos se extiende desde la resistencia al neoliberalismo hasta el presente, teniendo como punto sobresaliente la promulgación de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en 2009, tras el arduo debate popular realizado mediante la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
E
l inicio del nuevo siglo encontró al pueblo de Cochabamba (la tercera ciudad más poblada del país) protagonizando entre enero y abril del año 2000 una serie de protestas sociales, que fueran conocidas como La guerra del agua, y que fue la forma en que la sociedad civil resistió la privatización del agua potable, logrando que el gobierno del por entonces mandatario Hugo Banzer, tras declarar la Ley Marcial, también rescindiera el contrato firmado con la empresa multinacional de Ingeniería Bechtel. En 2003, nuevamente se agitarían las aguas, pero esta vez no por la potabilización sino por el impuestazo que intentaba sacarles la plata de los bolsillos a los trabajadores. El por entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que vérselas con una verdadera insurrección popular en febrero de ese año, en la cual se produjeron serios enfrentamientos entre manifestantes y policías en la céntrica y paceña plaza Murillo. Pero el verano caliente no quedaría ahí, y meses después, entre septiembre y octubre del mismo año se produciría. La guerra del gas, que haría que el 17 de octubre Sánchez de Lozada tuviera que abandonar prematuramente el Palacio Quemado. El mandatario saliente es considerado en el altiplano como el mayor adalid de la noche neoliberal de ese país. Por ese entonces, tanto el MAS de Evo Morales como toda la coordinación de movimientos sociales eran los principales protagonistas de las luchas que, en 2005, inclinarían la balanza electoral eligiendo el país andino por primera vez en su historia a un mandatario indígena y aymara.
Si bien el lugar de Sánchez de Lozada fue ocupado por el vicepresidente Carlos Mesa, este último tuvo que ocupar el cargo con la promesa de anticipar las elecciones presidenciales (el mandato era hasta 2007), promover el llamado a una Asamblea Constituyente y llevar adelante un referendo por el tema del gas. La idea de Mesa era hacer solamente promesas, pretendiendo mantener el cargo presidencial hasta el año en el cual debía concluir formalmente el mandato. Este plan no le fue efectivo y tuvo que anticipar entonces la agenda electoral para 2005. Las luchas sociales inclinaron la balanza, potenciando cada vez más la figura del dirigente campesino Evo Morales.
La llegada al Palacio Quemado del líder aymara en enero de 2006 convertiría en plan de gobierno no solamente el llamado a la Asamblea Constituyente, sino también la instalación y desarrollo inicial del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, alcanzando parcialmente una importante redistribución de las tierras antes concentradas en propiedades latifundistas. A su vez, cobró importancia la nacionalización de los hidrocarburos. La fuerza social que se conformaría como la base principal del MAS fueron entonces los movimientos sociales populares que, si bien conservarían relativa autonomía desde 2006, también comenzarían a incidir en la esfera estatal de una forma diferente en tanto parte orgánica del partido de gobierno. La conformación del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales no fue ni es ajena a una política que intenta hacer de las demandas populares un norte de transformación, enmarcadas dentro mismo del Estado plurinacional.
Tal como expresara Gabriela Montaño, presidenta del Senado de Bolivia, en julio del año pasado en una ponencia organizada por el espacio Carta Abierta y que fuera realizada en Sociales de la UBA, la confluencia de todos esos actores sociales (campesinos, indígenas, colonizadores, pueblos originarios) logró plasmar lo que ella denominó como “sujeto constituyente”, y que la terminología utilizada para escribir la nueva Constitución no fueron palabras extraídas de algún manual, sino que provenían de la lucha misma. Es preciso señalar que los diferentes movimientos populares e indígenas, en la nueva CPE tienen el atributo de autodeterminación. Decir indígenas tal vez sea una reiteración cuando se habla de popular, ya que como Montaño bien señalaba en su exposición, el Censo Nacional de 2001 vino a revelar una verdad que siempre estuvo escondida o no quiso saberse, y es que la mayor parte del pueblo boliviano es indígena. Según la senadora, en dicho censo, el 62% de la población de su país mayor de 15 años se definía como indígena. Pero, retomando la cuestión de la autodeterminación y el estatuto autonómico de los pueblos indígenas y originarios, vale subrayar que dicha cualidad muchas veces puede generar contradicciones al interior de la sociedad toda, ya que hacer coincidir los intereses particulares con el general no es un dato de partida sino principalmente de negociación y acuerdos a alcanzar. La contradicción entre intereses corporativos y el trazo grueso de una política unificada, por lo tanto, es mucho más difícil de alcanzar, cuando por principios constitucionales se intenta incluir a los diferentes actores en juego. Las políticas de exclusión no tienen ese problema, al menos desde un inicio, ya que las sucesivas crisis que sacudieron al continente demostraron que, a la larga, esas políticas son insostenibles.
En una nota escrita por Ricardo Aguilar Agramont, el pasado domingo en el paceño diario La Razón, el columnista expresaba que “la estructura heterogénea del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una de sus fortalezas, pues es una fuente de versatilidad, aunque también ha sido frecuentemente el origen de una debilidad debido a la corporativización de ese partido”. Luego señaló que “saldar este escollo es el reto que el MAS debe enfrentar no sólo con miras a las elecciones de 2014, sino también para consolidar su institucionalidad como organización política a largo plazo”. Aguilar también afirmó que “la diversidad compleja de organizaciones que conforman el MAS ha llevado, desde la primera gestión, a la creación del viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, actualmente dirigido por Alfredo Rada, demostrando que el primer gobierno de Evo Morales identificó la necesidad de relacionamiento con los gremios sindicales”.
Presentado este esquema de coordinación y negociación, que bien podría considerarse como una gran paritaria social, valdría la pena precisar que una política correcta desde el punto de vista de los intereses populares nunca va a ser equivalente a la suma de las diferentes demandas sectoriales, aunque las mismas estén hechas por los sectores comprendidos dentro de lo que bien se puede considerar como nacional o popular.
Y es así que en los últimos dos o tres años de la gestión de Evo Morales se asistió a diferentes escenarios de conflictividad social, en los cuales determinados movimientos realizaron demandas que se irían a presentar como anatema para el gobierno central. El debate acerca de cómo utilizar los excedentes de la economía llevó a que la Central Obrera Boliviana (COB) se pronunciara por una solución muy diferente a la que proponía el gobierno. El debate sobre la construcción de la carretera transamazónica puso sobre el tapete las diferencias con organizaciones indígenas como Cidob y Conamaq.
En un trabajo de investigación que lleva el nombre de Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz Ossio (quien fuera viceministro de Tierras del primer gobierno de Evo) expresa que hoy Bolivia asiste a un cierto parate del “proceso de cambio”, y que cuando esto sucede, los sectores otrora dominantes intentan recomponerse. Según Almaraz, “dicho viraje se produjo más por omisión que por acción, en tanto que la ausencia de acciones transformadoras de las estructuras imperantes promueve la reproducción inercial de éstas e, incluso, en algunos casos, facilita su reestructuración y fortalecimiento”.
Otros analistas precisan que la política transformadora del MAS tuvo su punto más alto en la promulgación de la nueva Constitución, y luego asistió a cierto descenso. Lo que bien valdría señalar es que en todo proceso de cambio social siempre hay puntos de ascenso y también de declive, y que el protagonismo social no siempre se expresa de forma masiva. Sostener una política de transformación sin dudas no es tarea fácil, ya que hacerlo es ir contra una inercia acumulada durante un extenso período.
Tanto analistas que apoyan la gestión del MAS, como los que se oponen críticamente, coinciden en que el alto grado de unidad existente a pesar de todo entre el gobierno y los movimientos sociales en la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y el Estado plurinacional, es hoy el resultado del fuerte liderazgo del presidente Evo Morales. Las diferencias se plasman principalmente entre los que consideran –como lo hace la senadora Gabriela Montaño– que el MAS es el gran articulador político entre el campo y la ciudad, y los que –como la ex senadora Erika Brockmann– dicen que el partido no deja de ser una megacoalición de organizaciones corporativas.



2013/09/09

El laberinto de la política argentina

La realidad política argentina pareciera haber entrado hoy dentro de un laberíntico juego. No son pocos los que hoy se encuentran desconcertados, y a partir de ello intentan encontrar las claves para saber por dónde avanzar de una manera conducente. Tal vez lo que sucedió es que todos los supuestos que hasta hace poco tiempo parecían muy firmes, se fueron cayendo de las estanterías y una vez en el suelo, necesitan ordenarse nuevamente, como en un complicado rompecabezas. El oficialismo no era una fuerza ni homogénea, ni inquebrantable, mientras que la denominada oposición tampoco es un campo unificado. La transversalidad esta vez carcomió todos los componentes de la sociedad política en su conjunto, pero ya no como la estrategia de alguien, sino como resultado efectivo de una crisis de representatividad, que habiendo emergido en 2001, tuvo cierto apaciguamiento, pero que de nuevo se encuentra sobre el tapete. Algunos años atrás, el sociólogo Julio Godio manifestaba que si la oposición estaba en crisis, era porque eran el resabio del “Que se vayan todos”. Esta apreciación de Godio bien valía para entender simultáneamente al oficialismo.

Hoy asistimos a una cierta disgregación, y fragmentación, de las fuerzas políticas institucionales. Lo nuevo no encontró un formato acorde, y terminó volviendo a dispersarse. Sergio Massa como emergente, es un desprendimiento de la fuerza oficial, un emergente por derecha, pero que tal vez no se diferencie sustancialmente del proyecto presidencial del gobernador Daniel Scioli. Resulta mucho más genuina la posición de Mauricio Macri, de oponerse al armado que impone el ya famoso “Círculo Rojo”. Morales Solá no dejó de reprochárselo, añadiendo que en ese círculo tanto Scioli como Massa también están. Fontevecchia  le sentenciaba al jefe de gobierno, que era muy difícil que pudiese llegar a presidente en 2015 si no se abría al peronismo. Mientras tanto uno se pregunta en qué andarán todos esos sectores del kirchnerismo que honestamente se propusieron profundizar el proyecto iniciado en 2003. Ya resulta muy difícil llegar a 2015 con un proyecto político transformador que se sintetice en una fuerza homogénea, lo que no invalida que haya que construirla desde las bases y a través de la movilización, pues un retroceso en políticas inclusivas llevaría a una gobernabilidad inestable, que sólo se podría sostener con represión.

2013/09/08

Colombia- Paro y militarización

Colombia. La medida autoproclamada Nacional, Agraria y Popular que se plantea desde el 19 de agosto; la renuncia que presentaron 16 ministros de gabinete; las idas y vueltas del diálogo con las FARC y el futuro del presidente Santos.

Desde el 19 de agosto se viene desarrollando en Colombia el Paro Nacional, Agrario y Popular en el marco de una creciente conflictividad social, que llevó incluso a que el presidente Juan Manuel Santos militarice los diferentes sitios en los cuales se vienen desarrollando las luchas populares, y que el pasado lunes hizo que los 16 ministros del gabinete gubernamental pusieran a disposición del mandatario la continuidad de sus respectivas funciones. Esta masiva renuncia protocolaria es la primera vez que ocurre en los tres años de la gestión Santos, poniendo sobre el tapete una seria crisis que ya es muy difícil de disimular.
Si bien desde el inicio de su mandato en 2010, el presidente colombiano se diferenció en algunos aspectos esenciales de su antecesor en la Casa de Nariño, Álvaro Uribe Vélez, esas mismas diferencias sean tal vez las causantes de la eclosión de los diferentes sectores productivos que en sus demandas intentan otra racionalidad en cuanto al lugar al que fueran confinados por políticas de corte netamente excluyente. El intento por terminar con el conflicto armado más viejo del continente, a través de las conversaciones que viene llevando el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, y establecer una política mucho más fluida con respecto a los demás países de la región, es un avance sustantivo pero tal vez eso sólo no alcance, ya que hoy Colombia sigue profundizando obsoletas recetas neoliberales, y eso mismo resulta la causante de la emergencia del conflicto social. En una entrevista que le realizara el portal palabrasalmargen.com, el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar enfatizaba que son justamente las denominadas locomotoras minero-energéticas (como modelo extractivista, agroenergético y agroexportador) las principales causantes de la profundización neoliberal en Colombia, que sumadas a la firma de varios Tratados de Libre Comercio (TLC), fueron generando un sedimento de inconformismo social. Escobar señalaba a las protestas de los cafeteros, de los pequeños y medianos productores mineros y la de los campesinos del Catatumbo, como la antesala de los conflictos que hoy se presentifican en su país. También precisaba que este nivel de reclamo social era muy difícil de llevar adelante durante la gestión de Uribe, debido al alto grado de criminalización y represión de la protesta.
El Paro Nacional Agrario y Popular iniciado el 19 de agosto hizo confluir no solamente a diferentes sectores campesinos, sino también a diversos actores urbanos que además de solidarizarse con los convocantes, aprovecharon la oportunidad para desplegar sus propias reivindicaciones sectoriales.
Desde los sectores agrarios se elevaron tres pliegos diferentes. Uno fue el de las denominadas “dignidades” cafetera, arrocera, papera y cacaotera, que se pronunciaron por lo que llamaron “Movilización nacional cafetera y agropecuaria”, mientras que el CNA (Coordinador Nacional Agrario) y la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional) acordaron en denominarlo Paro Nacional Agrario y Popular. Según precisa el analista Fernando Dorado en el portal Rebelión “cada pliego representa el trabajo organizativo y la influencia de diferentes sectores políticos en diversas regiones del país entre productores agropecuarios, campesinos y colonos que son, a su vez, indígenas, afrodescendientes, mestizos y ‘blancos’, que tienen diversos desarrollos regionales, históricos e intereses disímiles”. Según Dorado esta división resulta una debilidad a la hora de negociar, y a su vez expresa a diferentes clases sociales agrarias. Mientras que las llamadas “dignidades” son representativas de los grandes y medianos campesinos, tanto el CNA como la MIA expresan a los pequeños productores. Para los primeros, que se plantean la “defensa de la producción nacional”, el tema de la tierra no es tenido en cuenta, aunque sea éste el problema principal por el cual se elevaran los otros dos pliegos. Si bien estas precisiones de Dorado, que fueran hechas en los albores de la protesta como complejidades de la misma, hoy es posible afirmar tras varios días de protesta que la unidad de acción resultó altamente favorable. Pero no menos cierto es que al gobierno de Santos estas debilidades le dieron el argumento por el cual inició mesas de negociación con sectores agrarios al margen de las coordinaciones nacionales. Los sectores urbanos que se sumaron orgánicamente al paro nacional fueron los trabajadores del transporte y de la salud, con el apoyo de las diferentes centrales sindicales, y de los diferentes partidos de izquierda, personalidades de la ciencia y la cultura, además de un conglomerado importante de movimientos sociales de las ciudades.
Mientras en el interior colombiano recrudecían las protestas campesinas principalmente a través de bloqueos de rutas y caminos, se iría despertando en las ciudades una solidaridad espontánea (más allá de los apoyos orgánicos ya señalados) que eclosionaría con una oleada de cacerolazos. De hecho, ya se estaban sintiendo efectos de desabastecimiento de alimentos en las ciudades, como efecto de los bloqueos, y desde el día 26 de agosto se prodigaron diferentes movilizaciones ciudadanas que tuvieron como acto central la marcha realizada el día 29 en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí se podía ver a miles de habitantes urbanos y estudiantes universitarios, que además de hacer sonar cacerolas, portaban carteles con insignias que decían “Apoyo al paro nacional agrario”, solidarizándose de esa forma con la lucha de los campesinos. Pero la nota saliente, además de estas movilizaciones ciudadanas, fue que comenzaron a producirse hechos de violencia inusitados, ante la irrupción de grupos que hicieron destrozos y saqueos, que dieron el justificativo para que el gobierno ordene reprimir ferozmente. Tal es así que en la Plaza de Bolívar se produjo una verdadera batalla campal, que obligó la desconcentración. Hubo además destrozos a locales comerciales, saqueos a supermercados y ataques a los transportes públicos, siendo la excusa perfecta para que el presidente Santos haga de Bogotá un sitio de ocupación militar, y que el saldo de los hechos haya dejado cuatro muertos, más 200 heridos y 512 detenidos. Tras estos acontecimientos el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro dijo sin tapujos que los que generaron la violencia en la ciudad fueron jóvenes reclutados por “los paisas”, que es una bacrim (banda criminal emergente y residual) de los grupos paramilitares. El alcalde sostuvo que en Bogotá estas bandas están reclutando a jóvenes menores de edad para el narcomenudeo y para cometer actos delictivos. “Hay un mapa territorial de bandas de microtráfico con fronteras invisibles”, aseguró Petro, mientras que Marisol Perilla, alcaldesa del barrio bogotano de Suba, dijo que estas bandas fueron las encargadas de llevar adelante los desmanes producidos el 29, mientras que el jefe de la Policía de la capital colombiana Luis Eduardo Martínez aseveró que “lo único que puedo decir por el momento es que los responsables no tenían nada que ver con los promotores del paro nacional agrario”, aunque desde la fuerza pública pusieran en duda, que en Bogotá existan bandas criminales emergentes.
El pasado miércoles 4 de septiembre nuevamente salieron a las calles miles de ciudadanos en apoyo al paro nacional agrario. Desde su cuenta de Twitter la ex senadora Piedad Córdoba dijo el martes: “Mañana cacerolazo nacional en paz, sin filtración de violencia y sin vandalismo”.
Algunos analistas sostienen que la infiltración de las movilizaciones con grupos violentos fue la principal artimaña de los grupos de poder para enfrentar esta oleada de reclamos y a su vez propiciar la represión y legitimar la militarización de las calles.
Mientras en La Habana, el segundo punto de la agenda de negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC (que es el de la participación política), se encuentra algo trabado, en Colombia es posible asistir al surgimiento de un movimiento ciudadano que si bien es heterogéneo, no es menos cuestionador de las estructuras existentes, oponiéndose a las recetas neoliberales y a las diferentes formas de exclusión social. Algunos analistas de ese país se preguntan con razón, si se trata de un movimiento de indignados como en la primavera árabe, o como en Europa o Brasil, pero de lo que no caben dudas es que se está ante el surgimiento de un inédito movimiento cívico. En el primer punto de la agenda de La Habana, tanto gobierno como guerrilla se pusieron de acuerdo en la cuestión agraria, considerada como el núcleo duro del atraso, pero vale preguntarse, si ante esta oleada de luchas campesinas, ese acuerdo no es más que una mínima parte de otro acuerdo que tendría que implicar necesariamente a los principales actores sociales del país neogranadino. El problema es que no se trata simplemente de un acuerdo de cúpulas, cuando la representatividad política misma es la que comienza a ser cuestionada. Las dos partes que se sientan en La Habana no deberían descuidar este detalle.


2013/09/01

La fuga de Roger Pinto de Bolivia- Pintó patriota y escándalo

El legislador boliviano Roger Pinto Molina está acusado de delitos comunes y corrupción.
El senador boliviano Roger Pinto Molina, de la opositora Convergencia Nacional, tras huir inesperadamente el pasado viernes 23 de agosto, estuvo 455 días refugiado en la sede de la embajada de Brasil en La Paz. El 28 de mayo de 2012 se le había concedido el asilo. Oriundo de Pando, Pinto además de político es pastor evangelista, y cuando la Justicia de su país comenzó a citarlo para dar cuenta de una importante cantidad de delitos comunes, prefirió esquivar el bulto y comenzó a erigirse como un perseguido político. Tal es así que, por esos días, utilizando esa conocida táctica de que no hay mejor defensa que un buen ataque, intentó minimizar los cargos que se le atribuían, profiriendo a los cuatro vientos que tenía sobradas pruebas sobre nexos de funcionarios públicos con el narcotráfico. El hecho de saber de dichos ilícitos y hacerlos públicos fue la causa, según él, de que haya comenzado su cacería política. Pero la estratagema del pastor evangélico fue buscar la forma más adecuada para que su caso se hiciera redituable, y de esa forma pidió asilo en la embajada de Brasil, siéndole concedido por la cancillería de ese país, de acuerdo con “las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”. Vale subrayar que el asilo le fue dado, a pesar de que el senador aún contaba con la facultad de moverse libremente por todo el país, pero no pudiendo salir de él debido a las causas que tenía abiertas.
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, en declaraciones realizadas tras la huida, expresó que sobre el senador pesan cuatro arraigos (imposibilidad de salir del país) y una sentencia condenatoria en su contra por delitos comunes. Ésta última fue dada en un fallo en ausencia, en el mes de junio de este año, por delitos de corrupción, con una pena de un año de prisión. Por tal motivo, para Ayllón, el gobierno de Brasil vulneró la normativa internacional ya que Pinto no es un perseguido político sino un prófugo de la Justicia. “Estamos hablando de un político delincuente, de un político que tiene procesos penales y él debió haber dado la cara, debió haberse sometido a los procesos y, obviamente, en su caso, probar que él no tenía absolutamente nada y no huir del país”, dijo la ministra. Los delitos que recaen sobre la persona de Pinto son principalmente hechos de corrupción, que tuvieron lugar cuando éste se desempeñaba como funcionario público en Pando, más precisamente como director de la Zona Franca de dicho departamento.
Además de tener pendientes cuatro denuncias más por delitos de corrupción, Pinto tiene otros 10 procesos por acusaciones comunes. Entre los procesos que son investigados según informaba el periódico paceño Cambio, se encuentran la adjudicación sin licitación para la construcción de cuatro desembarcaderos, investigación por uso indebido de influencias y legitimación de ganancias en el caso del Bingo Bahiti, la venta de terrenos del Estado a personas particulares, entre ellas extranjeros, y la entrega de 30 millones de pesos bolivianos como fondos de avance sin fiscalización ni rendición de cuentas. Pero como si esto fuera poco, el 12 de junio de 2012, la abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, denunció que el senador Pinto armó una coartada para liberar de toda responsabilidad al ex prefecto Leopoldo Fernández. Dicha masacre fue realizada en septiembre de 2008 (cuando la derecha boliviana intentó un fallido golpe de Estado), y tuvo como saldo 18 muertos y 30 desaparecidos. Según explicaba Carrasco en junio de 2012 cuando se reabrió la causa por la masacre de Porvenir, los testimonios que había dado Pinto eran completamente inverosímiles y no hacían otra cosa que proteger al ex prefecto Fernández en tanto jefe político de Pinto. La abogada señalaba que Pinto, además, había dicho que en 2008 el sicario Blusher Alpire le había confesado que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana lo había contratado para asesinarlo, por lo cual el pastor sólo atinó a rezar, cosa que parece que lo salvó de la muerte, y le sirvió 4 años después para pedir asilo en la embajada brasileña. El contrato, dijo, tuvo como artífice principal al por entonces embajador Marcel Biato, y el beneplácito del también por entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
Para salir de Bolivia, Roger Pinto necesitaba que el gobierno le otorgara un salvoconducto, que nunca fue enviado debido a considerarlo un perseguido de la Justicia, a pesar de que Brasil lo mantuviera como un asilado político. Los entredichos entre los dos países si bien nunca subieron de tono, tampoco lograron destrabar la permanencia de Pinto en la embajada, es más, pareciera que mantenerlo en el freezer era lo más conveniente, hasta que luego de 15 meses se produjera la fuga. Pero no es menor que en junio de este año el gobierno de Brasil haya separado de su cargo a Biato, dejando a cargo de la embajada a Eduardo Saboia, encargado de negocios del gigante suramericano en el altiplano. Según dejaron trascender analistas bolivianos, tanto Biato como Saboia siempre fueron operadores políticos opositores al gobierno de Evo Morales, con el desconocimiento de la presidenta Dilma Rousseff, pero con la anuencia del canciller Antonio Patriota.
Con la ayuda del Altísimo. Cuando es “la voz de Dios” la que sugiere, ya no importan ni las leyes de un país ni el alboroto diplomático que se pudiese armar. Todo se justifica en ese imperativo, que hace recordar las órdenes que Jehová daba en el Antiguo Testamento. El encargado de negocios de Brasil en Bolivia, Eduardo Saboia, dijo haber escuchado el mandato divino, y por ese motivo se prestó a realizar el operativo por el cual el senador boliviano Roger Pinto pudo huir del país andino en dirección a Brasil. Saboia, a pesar de ser el encargado de negocios de su país en el altiplano, tras la salida de Marcel Biato quedó a cargo de la embajada desde principios de julio, y resultó así la cara visible de la organización que propició la fuga del senador boliviano. Sin dudas, no se trató de una acción unilateral de Saboia, y se presumen múltiples complicidades al respecto, lo que devela un serio problema de connivencias al interior de la diplomacia de Itamaraty. Es muy probable que la huida haya estado planificada desde antes de la salida de Biato.
Saboia, un ferviente practicante católico, no dudó –según él– ante la sugerencia de Dios y planificó una fuga que para algunos medios resultó casi cinematográfica. En la edición del martes del paulista Folha, Saboia relataba los avatares de la fuga, que se realizó en dos vehículos diplomáticos y con la custodia de dos fusileros navales de la Marina de Brasil. “Fuimos detenidos varias veces, porque Bolivia tiene controles de peaje y narcóticos. En un momento revisaron el interior del coche con la linterna y todo, pero no nos pidieron documentos”, dijo el encargado de negocios, agregando que “fueron 22 horas, 1.600 kilómetros con niebla, hielo, frío. Pasamos de 4.600 metros (de altura) hasta 400 metros. No nos detuvimos por nada. Sólo teníamos algunos frutos secos y algunos plátanos para comer”, enfatizando luego que “el senador se descompuso, vomitó”, por lo cual él se quedó despierto todo el tiempo hablando con el conductor. Así, hasta que “al final, nos estábamos quedando sin gasolina y empezamos a orar. Cogí la Biblia y leí los Salmos. Fue el milagro de la multiplicación de la gasolina”, dijo Saboia sin inmutarse ni ruborizarse. El viaje de 22 horas realizado en auto entre viernes y sábado, tras el cruce de la frontera, concluyó en la localidad brasileña de Corumbá, desde donde Pinto fue llevado en avión hasta Brasilia gracias a la colaboración del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien en persona se acercó a la localidad fronteriza para trasladar tanto a Pinto como a Saboia. Vale señalar que el PMDB es un partido político de centro que generalmente apoya al gobierno de Rousseff. En una entrevista realizada por el cruceño diario El Deber, Ferraço dijo el lunes 26 que “el senador Pinto no es prófugo. El asilo político es una decisión de la soberanía de Brasil. Este país le concedió asilo político al senador Pinto y tengo certeza de que el Gobierno boliviano va a respetar esto, el asilo político es una decisión de cada Gobierno”. Y ante la pregunta por si Pinto tuvo el apoyo del gobierno de Brasil para salir de Bolivia, no dudó en expresar que “sí, estamos apoyando al senador Pinto para que pueda dar continuidad a su asilo”, agregando con toda desfachatez que el gobierno boliviano “tiene a la Justicia en sus manos” y que el país vive “una dictadura disfrazada”.
Por su parte, el ahora ex encargado de negocios brasileño Eduardo Saboia, en la entrevista que publicó el diario Folhael pasado martes, aseguró en cuanto a la fuga que fue su decisión ya que, según él, “hubo una situación de violación de los derechos humanos. La situación se estaba deteriorando”, y que Pinto “habló de suicidio y pidió ser sacado de allí”, señalando que el jueves, el abogado del senador estuvo en la embajada para hablar con él, y que el viernes el letrado “dio un informe que mostró que (Pinto) podía suicidarse. Podría ser manipulación”, especuló, pero como no tenía forma de saberlo, decidió “que tenía que hacer algo”. Saboia también dijo que la situación personal suya se había vuelto intolerable ya que no se considera un guardiacárceles, y que, de hecho, la salida “como hubiera correspondido” de Pinto estaba congelada por ambos países.
Lo cierto es que la fuga dio lugar a grandes operaciones de prensa en Brasil, y con la ayuda de esos usuarios de las redes sociales (tan proclives y sensibles a los postulados de la derecha más recalcitrante), transformaron al ex encargado de negocios en un nuevo Don Quijote. Ante la posibilidad cierta de ser desplazado de su cargo (tal como se hizo), Saboia expresó “me entrego a Dios. Recibí mucho apoyo de mis colegas”. Su tarea ya estaba cumplida con creces.
La fuga del senador opositor boliviano Roger Pinto de su asilo en la embajada brasileña en La Paz hacia Brasilia fue planificada al detalle, pero mantenida en máxima reserva. De esto ya no caben dudas, y ya no resulta curioso encontrar en la prensa brasileña que con esta acción se muestra el agotamiento del gobierno de Dilma Rousseff. El martes estaba previsto que Pinto visitara el senado brasileño e hiciera una rueda de prensa, pero la renuncia del canciller Antonio Patriota fue una señal clara de mejor no hacerlo y que lo más conveniente fuera llamarse a silencio.
Ruptura de la cadena de mandos. La renuncia del titular de Itamaraty, Antonio Patriota, presentada el lunes, fue aceptada sin pestañear por la mandataria Dilma Rousseff, con lo cual quedaba evidenciado el descontento de la titular del Planalto con la llegada a su país del no tan ilustre Roger Pinto, como los medios y la oposición de ese país quisieron mostrarlo. En una ceremonia realizada el martes en Brasilia, Dilma dijo que fue “inaceptable” que Pinto hubiera sido expuesto a riesgos al salir de la embajada sin un salvoconducto del gobierno boliviano. “Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a quienes tiene que garantizar la seguridad, sobre todo su integridad física. Brasil jamás podría aceptar en ningún momento, sin salvoconducto del gobierno de Bolivia, poner en riesgo la vida de una persona que estaba bajo su cuidado”, manifestó Rousseff, contrariando también a Saboia, quien había dicho que las condiciones de detención en la embajada se asemejaban a las del Doi-Codi, órgano de represión de la dictadura brasileña. “No hay ninguna semejanza, yo conozco el Doi-Codi, estuve en el Doi-Codi, sé lo que es”, dijo Dilma, asegurando que “es tan distante el Doi-Codi de la embajada brasileña en La Paz como es distante el cielo del infierno”. Por su parte, el ministerio brasileño de Defensa informó el martes que “en ningún momento” fue informado del plan de fuga de Pinto. “Ninguna autoridad brasileña en el ministerio de Defensa fue consultada o conocía del viaje antes de que el señor Roger Pinto hubiera entrado a territorio brasileño”, indicó el ministerio en un comunicado. Las primeras respuestas del gobierno de Rousseff fueron nombrar a un nuevo canciller, y la responsabilidad recayó sobre Luiz Alberto Figueiredo, quien se desempeñaba como embajador ante la ONU. A su vez, el martes el gobierno ordenó la conformación de una comisión especial para investigar la salida de Bolivia del senador y los pormenores de su traslado. La Contraloría de ese país inició una investigación, liderada por Dionisio Carvalhedo Barbosa, asesor de esta entidad, para conocer los detalles del operativo, que aparentemente se dio por decisión unilateral de Saboia.
En tanto el jefe de la Procuraduría General de Brasil, Luís Inácio Adams, explicó que Pinto tendrá que solicitar otra vez asilo para poder quedarse en ese país, ya que “el asilo diplomático es de carácter provisional”, por que lo que el senador boliviano necesita ahora un asilo político, de carácter permanente.
El miércoles Evo rompió el silencio, que venía sosteniendo desde el día de la fuga y pidió al gobierno de Brasil que devuelva a Pinto, ya que con semejante huida demostró no ser más que “un delincuente confeso”, y que si el caso estuviese en sus manos concertaría un encuentro en la frontera para devolver al prófugo. A su vez el mandatario aseveró que es muy importante que Brasil explique el porqué de este operativo de rescate.
Ante las expresiones del dignatario andino, el miércoles, la presidenta Dilma Rousseff se comunicó telefónicamente con Evo para acordar una reunión bilateral para tratar el tema Pinto. La misma tuvo lugar el viernes en Paramaribo, sede de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en Surinam. El canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo informó tras la reunión de mandatarios, que “la presidenta Dilma mostró al presidente Evo su repudio por el episodio de la salida del senador Pinto de Bolivia”, asegurando que en la reunión que duró al menos una hora con quince minutos, Rousseff aseguró que su gobierno no tenía conocimiento del plan de fuga del senador boliviano, que estaba refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, ratificando que ese incidente no afecta de ninguna manera las relaciones bilaterales entre ambos países.
Por otra parte, Figueiredo informó que Bolivia aún no envió la solicitud de extradición de Pinto, pero anticipó que, en caso de que se hiciera efectivo, el Tribunal Supremo de Brasil determinará si es procedente o no.
Las últimas informaciones indicaban que Pinto buscaría refugio en otro país, ya que según su abogado Fernando Tiburcio la solicitud de refugio a la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia, puede tardar varios años, dijo, agregando que los países a los cuales se podría trasladar “o bien tienen frontera con Brasil o bien están unidos por vuelo directo”.