2013/05/29

Cordobazo après-coup

Qué decir del Cordobazo que no se haya dicho, e incluso que uno mismo, no haya ya escrito, en años anteriores para la misma fecha. Los acontecimientos sucedidos, el contexto político y social de entonces, la incidencia fundamental de los trabajadores, el inicio de una nueva etapa…

Quiero escribir sobre el Cordobazo, pero saliéndome de todo eso, y si lo hago en primera persona, es porque me cuesta salirme de mi mismo para poder hacerlo. Cuando aconteció, tenía 15 años y estoy seguro que la significación del mismo me llegó après-coup, no más de dos años después. Fue cuando además comenzó mi militancia, el mismo año que se produjera el segundo estallido cordobés, que llevó el nombre de Viborazo, y cuando también en la ciudad mediterránea emergían con fuerza los sindicatos clasistas de Sitrac- Sitram. Los trabajadores de las Fiat Concord y Materfer de Ferreyra alineados a dichos sindicatos no fueron de la partida en el mayo del ’69, pero igual que muchos, fuimos el emergente de esas jornadas que en la Argentina abrían un escenario político inédito e irrepetible. 

El Cordobazo era el primer ensayo insurreccional que hacían las masas obreras y populares, para alcanzar la Revolución triunfante. Era nuestro 1905, ese que para Lenin fue la marca indeleble para llegar al Octubre del ’17. El Cordobazo fue eso que hiciera de las masas, nuestro sujeto- supuesto- saber, y que a partir de ahí la Revolución estuviera casi a la vuelta de la esquina.

Hoy a la distancia, mientras escucho un tema de Jimi Hendrix, pareciera que tanto esa melodía, también de ese tiempo, como la subjetividad que emanaba del Cordobazo fueran parte de un sueño del que uno no quisiera despertar. De hecho ese sueño prosigue en la vigilia, aunque con los años uno se haya vuelto más racional y escéptico, sin perder el optimismo de la voluntad. Ese après-coup sigue siendo para mí, indefinidamente, el retorno de lo reprimido.

2013/05/26

Colombia- Un año por delante de idas y vueltas electorales

Colombia. Los precandidatos a las elecciones presidenciales de 2014 juegan todas sus cartas para establecer alianzas y frentes que los coloquen en el poder. Mientras tanto, tambalea el proceso de negociaciones con las FARC.

Camino sinuoso. La agenda electoral está marcada por las negociaciones de paz con las FARC.

Durante la semana pasada se cumplieron seis meses del inicio formal del proceso de paz en Colombia, que viene sosteniendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones establecida en La Habana. El mismo genera entusiasmo desde ambas partes a pesar de cierta lentitud, lo que debiera considerarse natural y verosímil, ya que se trata de resolver un problema que data de varias décadas. Y si bien este proceso despierta simpatías en las diferentes naciones suramericanas, e inclusive recibió la bendición del Papa Francisco, cuando éste recibió a Santos en el Vaticano, pareciera que su futuro dependiera más de las contiendas sectoriales al interior de Colombia, que es donde se viene dando una difícil y entramada partida de ajedrez político que podría hacer tanto fracasar el proceso como llevarlo a buen término.
Si se pensara que un conflicto armado que data de sesenta y cinco años fuera el resultado de la malicia y del capricho de quienes se enfrentan, entonces la solución al mismo indudablemente tendría que ser el aniquilamiento de una de las partes por parte de la otra o, en todo caso, que uno de los contendores se arrepienta arrodillándose ante su enemigo y que, a pesar del gesto, sea pasado igualmente por la guillotina, tras firmar previamente que acepta que su destino será el Averno. Sin dudas un conflicto no es parte de pensamientos mágicos ni hechos fantásticos, aunque una de las partes para legitimarlo, intente hacerlo pasar por eso. El conflicto armado colombiano tiene importantes sellos tanto geopolíticos como geoestratégicos, y es por esta misma razón que no debiera ser un tema menor en la agenda suramericana, en un tiempo donde el continente intenta plantarse ante el tablero global de una forma que nunca antes pudo hacerlo.
Por su situación geográfica, Colombia es la entrada por tierra al continente, y en un abanico que va desde el Atlántico al Pacífico, incluyendo a Venezuela, forman el límite sur de lo que para la geopolítica de los Estados Unidos resultaba su primer radio de influencia en el patio trasero, teniendo como límite norte al Río Bravo. Pero también por sus condiciones orográficas, la presencia de una cordillera duplicada que dificulta la comunicación entre regiones, más una extensa y frondosa selva en la región amazónica, todo eso ha exacerbado la diferencia entre lo urbano y lo rural, haciendo del último el sitio donde se diriman las principales contradicciones del espacio privado, convirtiendo a la ciudad en una simple caja de resonancia en donde el espacio público, como siempre, fuera algo completamente reducido y sujeto a la supremacía de los grandes intereses corporativos tanto nacionales como de los que responden a la rapiña imperial. En esas desigualdades sociales y geográficas es donde se desarrolló el conflicto armado, dando lugar a enclaves de la guerrilla, al igual que de diferentes grupos irregulares como paramilitares y narcotraficantes. Y es, a su vez, donde una oligarquía de estilo casi mafioso se enriqueció, tanto con el desplazamiento de campesinos e indígenas como formando parte de negocios ilegales.
El primer punto de la agenda de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla no podía ser otro que el tema rural. Y a seis meses de iniciado el proceso, si bien aún hoy no hay acuerdos plenos, ninguna de las dos partes siente inconformidad por lo alcanzado, y existe en ambas la predisposición a proseguir. Es la derecha más retardataria, encarnada principalmente en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la que intenta sabotear por diferentes formas el proceso de paz para que nada cambie en Colombia y que los sectores corporativos a los cuales representa mantengan sus antiguos privilegios e incluso ciertas cuotas de impunidad. Por su lado, tanto el sector político en el que se apoya el presidente Santos como las diferentes alas del progresismo y de la izquierda, ya vienen tejiendo diversas estrategias para que el proceso no se detenga, intentando neutralizar a la ultraderecha, y teniendo en cuenta que el año entrante serán las próximas elecciones presidenciales, y donde a su vez se renovarán mayorías legislativas.
El tablero político. Hace poco más de una semana, el presidente Santos expresó que desearía que sus políticas sean reelegidas. Una forma elíptica de manifestar su deseo de ir por la reelección, y de hecho revivió la Fundación Buen Gobierno que fuera fundada por él mismo en 1994, con la intención de convertirla en una asociación que promueva centros de pensamiento donde reconocidos dirigentes políticos e intelectuales se den cita, no sólo para debatir los principales problemas el país, y plantear posibles soluciones desde una perspectiva independiente y académica, sino que sirvan también como plataforma para la defensa de ideologías y programas de gestión. Buen Gobierno se convertiría en la principal usina para la reelección del mandatario, y en ella ya forman parte el ex ministro estrella del actual gobierno Germán Vargas Lleras, el general (r) Oscar Naranjo y la ex titular de la Unasur María Emma Mejía, entre otros. Esta posibilidad que se plantea desde el oficialismo, no parece asustar más que a la extrema derecha, ya que desde La Habana el dos de la guerrilla y actual negociador por las FARC Iván Márquez expresó que “necesitamos tiempo para construir un buen tratado de paz”, por lo que la posibilidad de que el presidente Santos se presente a una reelección es una circunstancia que “libera de presiones innecesarias” los tiempos del proceso. Otro jefe fariano, Rodrigo Granda, dijo que “la Constitución, modificada en un articulito para la reelección de Uribe, permite que se reelija” y que Santos “está en su pleno derecho”.
Si bien Santos fue elegido en 2010 por el partido de la U, hoy esta fuerza se encuentra dividida entre los que lo apoyan y los que son proclives a seguir al ex presidente Uribe, por lo cual, una de las estrategias que maneja el mandatario y que se encuentra en estado sumamente avanzado es sumar al Partido Liberal –del cual formaba parte– y a Cambio Radical. De hecho, Vargas Lleras es parte de este último agrupamiento. Otra variante para los comicios del año entrante es la posibilidad de que el progresismo y la izquierda, a través del llamado a una consulta constituyan un gran frente. Tanto el Movimiento Marcha Patriótica en el cual revista la ex senadora Piedad Córdoba, el Movimiento Progresistas del alcalde bogotano Gustavo Petro, el partido Visionarios del ex candidato presidencial Antanas Mockus, y País Común, que tiene como vocero al líder indígena Feliciano Valencia son parte de ese posible frente. Y si bien a pesar del movimiento revocatorio que viene desarrollando la ultraderecha, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro sería el más indicado para ser el candidato presidencial de esa coalición, desde su entorno ya se deslizó que Petro sería candidato recién en 2018. Por su parte, el nuevo secretario de gobierno de Bogotá, el experimentado Guillermo Jaramillo, expresó en una entrevista realizada por el portal OlaPolítica, que siendo Progresistas una fuerza minoritaria debiera tejer alianzas con sectores que excedan el espacio de la izquierda, y en ese sentido se refirió tanto a Cambio Radical como al mismo presidente: “Santos necesita a Petro, tanto como Petro necesita a Santos. Si hay una Unidad Nacional con el Partido Liberal, con Cambio Radical o con la U, tenemos que entendernos con las gentes que apoyan a Santos, porque todos queremos la paz y la reconciliación de Colombia”, expresó Jaramillo agregando que los progresistas tienen total claridad de que deben “defender el gobierno del presidente Santos, porque así defendemos la democracia, para que los de izquierda podamos tener una oportunidad en Colombia”.
Mientras tanto, la ultraderecha, encarnada por Uribe, viene desplegando una activa campaña que va desde el intento por revocar a Petro, como revelar públicamente las coordenadas de una zona desmilitarizada por donde guerrilleros de las FARC iban a ser llevados a La Habana. Todavía no se sabe quién será el candidato presidencial, pero lo que sí barajan es llevar a Uribe a la cabeza de una lista, con la intención de meter 30 cupos en el Senado. La principal apuesta del progresismo colombiano para 2014 pareciera ser hacerle a la derecha un fuerte contrapeso en el Congreso, más que jugarse a una candidatura presidencial.


2013/05/25

204 años de Chuquisaca- Primer Grito Libertario de América

Si bien el 25 de Mayo es la fecha de las jornadas revolucionarias de 1810 en Buenos Aires, un momento clave para el inicio de la emancipación, poco es tenido en cuenta que un año antes, en la misma fecha se produjo en el Alto Perú, la rebelión de Chuquisaca.
El Alto Perú, hoy parte de Bolivia, hasta 1776 fue parte del Virreinato del Perú, pero a partir de ese año que es cuando fue creado el Virreinato del Río de la Plata, toda esa región pasó a formar parte de la órbita que tenía sede en la ciudad del Buen Ayre. Por esta misma razón no es ocioso recordar esta gesta producida en 1809, y que para muchos historiadores está considerada como el Primer Grito Libertario de América.
Chuquisaca hoy es Sucre, la capital administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia, y es donde en aquel tiempo funcionaba la Real Audiencia de Charcas y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier. Con una población de aproximadamente 15 mil habitantes, unos 800 eran estudiantes que provenían de diferentes lugares del Virreinato del Río de la Plata, y justamente entre ellos surgiría una masa crítica de activistas revolucionarios que serían los que formarían parte de la vanguardia de la rebelión del 25 de Mayo de 1809, como también de todas las acciones posteriores del proceso idependientista. En la Universidad de Chuquisaca tanto Mariano Moreno como Juan José Castelli conocieron los ideales del Revolución Francesa. Moreno leyó ahí El Contrato Social de J.J. Rousseau, y también conoció las ideas de Voltaire, Montesquieu y Diderot.
Si bien muchos de los cuadros revolucionarios del mayo porteño de 1810 se formaran en Chuquisaca, es válido señalar que en la rebelión de 1809 uno de los principales agitadores fue el tucumano Bernardo de Monteagudo, quien no fuera parte de las jornadas de 1810, pero que luego sí se sumara al proceso emancipatorio, siendo parte del Ejercito revolucionario de San Martín, para luego en el Perú ser también un colaborador efectivo de Simón Bolívar.
Hoy se cumplen 204 años del Primer Grito Libertario de América, un proceso que aún sigue abierto para alcanzar la emancipación definitiva.

2013/05/24

Lo nuevo y lo viejo. Tanto en Bogotá como en la Argentina

Mientras en Colombia, la posibilidad de una gobernabilidad progresista o de izquierda, es algo que todavía no tiene un piso asegurado, uno se da cuenta que en países como la Argentina, un síntoma como el señalado pareciera ser parte del pasado. Pero cuando se examina tanto el intento de revocatoria que está padeciendo el alcalde bogotano Gustavo Petro de notable corte progresista, quien viene llevando adelante una gestión que podría ser modelo, y no sólo para su país; y a esto uno lo relaciona con la mayoría de las gestiones tanto provinciales, como municipales en nuestro país, la primera sensación que da, es que el esquema se invirtiera y que el piso logrado en una década, en cuanto al trazo general de la política nacional, no alcanza a tener la suficiente correspondencia en los trazos pequeños, que es donde también se dirimen las relaciones de fuerza entre lo nuevo y lo viejo.
En Colombia la ultraderecha no tolera signos progresistas, e intenta destruirlos combinando todas las formas de lucha, tal como les gusta decir, pero de todas formas hoy Bogotá se convirtió en muy poco tiempo en un símbolo de lo que los diferentes gobernantes locales suramericanos debieran hacer. Un modelo de gestión en cuanto a la planificación urbana, la seguridad, el transporte, pero también hechos emblemáticos como suprimir las corridas de toros y convertir al predio en una plaza para la cultura. El tratamiento ambulatorio de los drogadependientes, el desarme, el cuidado del medio ambiente, Basura cero, hacen hoy una Bogotá diferente, y es en ese punto donde uno ve que solamente: es necesario estar en los detalles y tener la voluntad de hacer con ellos todo lo que mejore considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos. Sin dudas la derecha eso no lo perdona, ya que eso afecta sus negocios. La derecha necesita muy poca transparencia y condiciones favorables para sus actos de corrupción. Eso es parte de lo viejo.
En la Argentina llevar adelante una gestión local modelo, o generar alternativas progresistas, no son más que tareas necesarias para que tras una década de cambio de signo, éste pueda profundizarse en lo cotidiano. Hablar de una década ganada no debe resultar una palabra vacía, sino el aprovechamiento integral de esas condiciones para seguir generando lo nuevo.

2013/05/17

La muerte del genocida


La muerte del dictador genocida, en primer lugar a uno le produce reacciones espontáneas como decir que fue un gusano, que si Satanás existiera lo recibiría en el Averno; pero eso es lo espontáneo, casi como suponiendo que él fue el Malo, separando  de esa forma Bien y Mal tal cual lo hace el sentido común, la ideología dominante. 
Obviamente no hay que dejar de putearlo, ni escatimar esfuerzos para que haya Memoria, Verdad y Justicia, pero hay que saber que Videla hizo lo que él pensaba que era correcto, él se puso a la cabeza de la defensa de la más rancia ideología oligárquica argentina, de los intereses de su clase, no traicionó a nadie. Asesinó o mando asesinar creyendo que era lo necesario, y por eso nunca se arrepintió. Al enemigo no hay que subestimarlo, hay que observarlo, conceptualizarlo, encontrarle sus flancos débiles sabiendo cuáles son los fuertes. Sino, no morirá nunca, y la batalla del Pueblo por su emancipación sería una simple quimera.

Confesiones de otoño

Arriba: Mi viejo y mi tío- Abajo: yo junto a mi abuelo, mi abuela, mi vieja y mi hermana

Esto va a título personal, y por esa misma razón va escrito en primera persona.
Anoche la alarma me despertó en el medio de un sueño. Mala suerte ya que estaba hablando con alguien que en vida no podría hacerlo. Mi tío Mariano falleció hace más de treinta años, y tenía muchos menos años que los que yo tengo ahora. Apenas 49, tenía, pero con una historia que me marcó de por vida. No era cualquiera, fue mi padrino y el hermano menor de mi viejo. Se llevaban sólo 1 año de diferencia. Mi segundo nombre coincide con el de él: ambos en ese ítem somos Julián.
Nacido en el ´31, él fue un militante. El  17 de Octubre del 45 lo tuvo con apenas 14 años, pero después del ’55 quiso defender lo que el pensaba correcto, sumándose al legendario caudillo peronista de Berisso, Alberto Proia, intentando tomar el 7 de Infantería de La Plata. Acto fallido sin dudas.
Desde niño, nacido en el ’53, mi primer recuerdo infantil son los estruendos de bombas del ’55 cuando los gorilas derrocaron a Perón. Estoy hablando de Berisso, lugar aledaño a la destilería YPF, posible de ser bombardeada, y que además fuera la cuna del movimiento peronista ya que desde aquí salió el emblemático Cipriano Reyes. Los que me conocen saben que no soy peronista, pero que sí soy de cuna de ese palo. Mi infancia fue peronista. En la casa de mis abuelos donde yo vivía, se guardaba el busto del General, ya que había que tenerlo guardado para que no te marquen y seas presa de persecuciones. Además con menos de diez años me leía todas las revistas que tanto mi viejo como mi tío padrino tenía guardadas: Mundo Peronista, PBT, etc.
Los dos, y en esto hablo de mi viejo como de mi tío eran complementarios, se llevaban apenas 1 año y junto a mi abuela renegaban del pasado comunista de mi abuelo José (mi hijo lleva el mismo nombre). A José, mi abuelo lo habían despedido del Swift en el 36 por tener en su taquilla volantes comunistas. Nadie en mi familia quiso reconocer esto, pero antes de morir mi abuelo polaco me hablaba de Lenin. Él también se hizo peronista después del 45, pero nunca renegó de sus raíces aunque nunca hablara de eso. Sin ese antecedente tal vez nunca yo hubiese llegado al marxismo, pero no menor es el dato de que en el club del barrio donde mi tío Mariano fuera presidente, yo me encontrase en la biblioteca con apenas 16 años: El Imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, y que ese texto me mostrara cuestiones casi irrebatibles.
En el sueño,  Mariano me decía hagamos un programa de radio, pero hablemos sencillo, como para que nos entiendan: “Vos sabés que yo pienso como vos” me decía, “pero no hagamos alarde de eso”. Tal vez en lo onírico yo escuchaba lo que quería escuchar, pero sabiendo que el sueño no es para nada complaciente, tengo que decirlo a esto sin ningún protocolo previo. Estoy seguro que mi tío hoy sería un fanático kirchnerista si viviera, como medio así lo es mi viejo a pesar de haber sido hasta menemista. Nací no sólo en una familia peronista sino también católica, esas son mis raíces, aunque yo sea un renegado ateo y marxista. Pero tal vez eso sea lo más conveniente.

2013/05/12

Por una montaña de dólares


Colombia. Qué hubo y qué hay aún detrás del movimiento destituyente contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, liderado por la más rancia derecha colombiana y financiado con dinero del narcotráfico y los paramilitares.
 
Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá en el medio de las denuncias de la derecha colombiana.
Si, sobre la política de un país, lo que más destacan los medios informativos casi siempre tiene que ver con las gestiones presidenciales y las diferentes proyecciones o resoluciones macro, suele suceder que en determinadas coyunturas la opinión pública rumbea hacia acontecimientos de índole local o regional. Esto sucede cuando en un territorio específico parecieran condensarse las diferentes aristas que hacen al trazo grueso de la política de un país, y de esa forma, en un escenario reducido se muestran casi todas las contradicciones que están presentes en una nación determinada. Hoy, en Colombia, hay varios temas que están dando vueltas por la agenda pública: las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, como también la posible reelección del mandatario, pero lo que pareciera tener una importancia singular es la campaña que cierto sector de la sociedad bogotana viene realizando para producir el revocamiento del mandato de Gustavo Petro, actual alcalde de la capital de ese país. Petro asumió hace poco más de un año en representación del Movimiento Progresista, que es un desprendimiento de la coalición de centroizquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), la cual estuvo al frente de la gestión bogotana en el lapso comprendido entre los años 2004 y 2011, y que durante la gestión de Samuel Moreno Rojas enfrentara uno de los mayores actos de corrupción del país neogranadino en 2010, en el hecho que fuera conocido como Carrusel de la contratación, referido principalmente a negociaciones oscuras en cuanto a la contratación de obra pública. Petro no sólo denunció estos hechos, sino que además, para él, fue el punto de inflexión para retirarse del PDA y conformar su nuevo partido. Desde que asumiera el 1º de enero de 2012 al frente de la gestión metropolitana, el alcalde viene desarrollando una manifiesta transformación de corte progresista que lleva el nombre de “Bogotá Humana” y que resulta tal vez para determinados sectores de la derecha colombiana un verdadero escollo que es necesario frustrar para que no se extienda en el país.
Los primeros días de este año, el representante en la Cámara Miguel Gómez Martínez presentó ante la Registraduría Nacional un oficio para adelantar la revocatoria del Alcalde Mayor, considerado en Colombia como el puesto político más importante luego de la presidencia. En un memorial de siete puntos, Gómez describió los hechos más relevantes de la actual alcaldía y pidió a la entidad que autorice la recolección de firmas que conduzcan a la revocatoria del mandatario capitalino. El congresista, representante del partido de la U, aseguró que es importante tomar medidas que eviten una situación más grave en la ciudad. “Los hechos que vienen ocurriendo con el tema de la basura son apenas la punta del iceberg. Estamos frente a un gobierno incompetente que amenaza con destruir Bogotá”, expresó Gómez luego de radicar el oficio, agregando luego que “el alcalde tiene razón en algunas de sus propuestas. Sin embargo, cuando intenta ejecutar, la falta de planeación y diligencia saltan a la vista, como sus políticas de basura cero, de movilidad, de educación, de salud”. Por esos días, el entonces secretario de Gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, aseguró en diálogo con Caracol Radio que detrás de la revocatoria del alcalde Petro estarían sectores políticos y económicos afectados por las decisiones del mandatario. “Yo creo que no se trata de un movimiento espontáneo de ciudadanos inconformes con el alcalde, sino de un proyecto muy planificado de grupos de interés que fueron afectados con las decisiones del alcalde, y también por las denuncias del carrusel de la contratación”.
Autorizados para recolectar firmas, los oponentes a Petro presentaron el pasado 16 de abril ante la Registraduría Distrital de Bogotá un petitorio con 640.362 firmas, para que sea promulgado un referendo sobre la revocatoria.
Actualmente se viene realizando la revisión de las firmas que concluirán el 18 de mayo. Según informaba el diario El Tiempo el pasado 5 de mayo, un grupo de 50 personas, entre las que se cuentan funcionarios de la Registraduría, supernumerarios y grafólogos, revisa las más de 640.000 firmas que piden la revocatoria y que deben estar listas el próximo 18 de mayo. Según el director del Censo Electoral de la Registraduría, Luis Carlos Donado, a cargo de la coordinación, la inspección consiste en repasar que todos los campos (fecha, nombres y apellidos, cédula, dirección y firma) estén completos, y en caso de que esto no coincida, cada apoyo se marca con un resaltador y es clasificado como no válido. Luego se pasa al control en el Censo Electoral, buscando que la cédula del firmante corresponda al lugar en el que se pide la revocatoria del mandato, y que el ciudadano no haya perdido sus derechos políticos, y que esté en condiciones de votar. Pasada la prueba, la firma ingresa al sistema, el cual va contabilizando los apoyos válidos e inválidos y, al final del proceso, arroja los resultados. Finalmente, la firma pasa a estudio de grafología. Uno de los 15 técnicos que trabajan en el proceso le dijo a El Tiempo, que el error más común que han encontrado es que, para ahorrar tiempo al firmante, el campo de la fecha es llenado por una misma persona, lo que invalida la firma.
Con la finalización de la revisión de las firmas requeridas para que sea aceptado el referendo revocatorio de la alcaldía de Gustavo Petro, de las 640.000 firmas presentadas, al menos 290.000 deben validarse para que el referendo pueda ser convocado. En éste se precisa que el 55% de las personas que sufragaron en las elecciones pasadas para alcalde vayan a votar, es decir, que tendrían que hacerlo por lo menos 1.234.000 personas. De ese porcentaje, deberían votar por el sí unos 617.000 bogotanos para que la revocatoria del alcalde fuera efectiva. Según precisa la revista Semana: “Hasta el momento, todos los referendos revocatorios que han sido aprobados y que han sido votados no han pasado el umbral requerido”.
Si se convalidara el llamado a referendo revocatorio éste tendría que realizarse en los próximos dos meses. Lo cierto es que más allá de los problemas técnicos y jurídicos, no caben dudas que detrás de todo este movimiento destituyente liderado supuestamente por el congresista Gómez, se encuentra la más recalcitrante derecha colombiana, y según afirman algunos analistas, incluso la campaña estaría financiada con dineros del paramilitarismo y el narcotráfico.
No menor es la actuación del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado (ver abajo), enfrentado manifiestamente al alcalde Petro, inclusive habiendo intentado una revocatoria directa sin el llamado a referendo, por el tema de las operaciones de aseo, en la ciudad. También cuenta como precedente que Ordóñez haya inhabilitado hace poco más de un mes al secretario de gobierno Guillermo Asprilla para cumplir funciones públicas por el término de 12 años (ver abajo).
Según informaba el analista colombiano Horacio Duque Giraldo en Kaos en la Red, el próximo martes 15 de mayo, diversos sectores de Bogota realizarán una Constituyente popular en defensa del Alcalde Gustavo Petro y su programa progresista de gobierno, asegurando Duque que miles de personas, sin exclusión y sin sectarismos, se reunirán en la Plaza de Bolívar para respaldar al Alcalde Mayor, ya que “las vertientes democráticas y populares que percibimos lo que está en curso, hemos decidido convocar una Asamblea Popular Constituyente… con el objetivo central de adelantar la defensa del Alcalde Gustavo Petro y su gestión progresista en favor de las mayorías”, prosiguiendo que “será un evento de mucha amplitud y pluralismo, en el que participan todas las tendencias políticas democráticas y progresistas de Bogotá y Colombia” y que “no será un aquelarre del sectarismo o el protagonismo de personajes politiqueros y clientelistas, afanados en la exclusión y el dogmatismo ideológico porque sólo persiguen la figuración perpetua”.
El problema central de lo que algunos consideran como un verdadero intento de golpe de Estado, es que la gestión de Petro puso el centro en la estatización de los servicios públicos, que anteriormente eran la presa deseada por ciertos contratistas que llegaban favorecidas por la mano de los mismos alcaldes. El objetivo de la estatización es que los excedentes representen mínimos vitales para la población, y no que vayan a parar a la mano de privados, que por otro lado representaron en otros tiempos empresas con servicios completamente deficitarios y atados a redes de corrupción, que por ejemplo alargaron demasiado en el tiempo la realización del sistema de transportes públicos de Bogotá. Lejos de considerar a esta política como un deber del gobernante, los que se expresan en contra del alcalde lo tildan de populismo, y resulta gracioso ver cómo algunos columnistas de medios colombianos, lo caratulan a Petro como “El Emperador”. Calificativos de ese estilo como cuando se habla de “El Dictador” o “La Reina” en primer lugar intentan mostrar cierto matiz antidemocrático, y que por ende sería lícito derrocarlos.
Pero los hechos concretos valen más que las especulaciones de los que intentan la revocatoria, ya que la gestión Petro ha logrado éxitos inesperados, como lo acontecido en cuanto a la reducción del delito y los homicidios en una ciudad otrora muy castigada por esos flagelos, el tratamiento ambulatorio para los drogadependientes, una política muy importante en lo referido al medio ambiente y al cuidado de los animales, una óptima red de transportes públicos entre lo que figura la próxima iniciación de las obras del Metro, y también la de un tren de cercanías.
La política de desarme y reducción de la pobreza han logrado que este año Bogotá sea una de las ciudades más seguras del continente. Sin dudas, una Bogotá más humana. La derecha no duda y quiere abortar este proceso.

Presunciones
La disciplina del procurador Ordóñez
Alejandro Ordóñez Maldonado, actual Procurador General de Colombia, es quien le abrió en enero al alcalde Petro una investigación disciplinaria formal por las presuntas irregularidades en el nuevo esquema de recolección de basura con la intención de revocarlo de su mandato. El traspaso al Estado de la empresa encargada del aseo de la ciudad tuvo ciertos inconvenientes debido a la demora de los contratistas en entregar de forma regular tanto las compactadoras como su documentación pertinente en tiempo y forma, cosa que al final se produjo pero con bastante demora. El pasado 6 de mayo, el juzgado 9º administrativo falló a favor del alcalde señalando a su vez que los contratistas retuvieron los carros compactadores, lo que constituye un atentado contra la sociedad y una amenaza a la salud pública y al medio ambiente.
Ordóñez encarna una figura emblemática en el escenario político colombiano.
El procurador ha pasado a 188 mandatarios locales por la guillotina. Fue quien suspendió al último alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por no estar al tanto de la contratación y las obras en la ciudad; hizo lo propio con el ex alcalde de Cali Jorge Ospina, por no asistir a sesiones de política social; destituyó al de Bucaramanga Fernando Vargas, por irregularidades en la contratación, y al de Medellín Alonso Salazar, por participar en política.
Ordóñez, además de ser abogado, político y jurista, es integrante del Partido Conservador e integrante de la comunidad católica lefebvrista que niega el holocausto de los judíos realizado por los nazis. En el portal neonazi colombiano Tercera Fuerza se refieren al procurador como “el último hombre en pie con sentido común”. En dicha página, según informaba la revista Semana, sus adeptos “celebran, entre otras cosas, que el procurador Ordóñez quiera matar la Ley Antidiscriminación. La norma pide cárcel para quien discrimine a una persona por razón de su raza, su religión o su preferencia sexual. Ordóñez le pidió oficialmente a la Corte Constitucional que tumbe esa ley porque –a juicio suyo– viola los derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa de los discriminadores”.
El procurador, además se las ingenia muy bien para encontrar argumentos que vayan en contra de la legalización de las drogas, el aborto, y recientemente, al fallido intento de consagrar el matrimonio igualitario en Colombia.
Aunque él lo desmienta, todas las versiones dan cuenta que Ordóñez sería el elegido por Álvaro Uribe para ser el candidato presidencial del derechista Puro Centro Democrático.
El columnista Eduardo Gutiérrez Arias del diario La Nación de Colombia señalaba que “el Procurador tiene derecho a luchar por lo que cree, a buscar un país clerical, autoritario, puro racialmente, sin minorías políticas, ni sexuales, ni culturales. El mejor escenario para defender sus creencias es una campaña electoral en la cual busque el respaldo de los ciudadanos para sus tesis. Si gana, podría adelantar las reformas constitucionales y legales que le permitan gobernar con su ideología. Pero convertir a la Procuraduría General de la Nación en un bastión de la ultraderecha colombiana es ilegítimo y los colombianos no deberíamos permitirlo, así vivamos en una nación profundamente derechizada”.
Pasado y presente
De uno y otro lado de la Justicia
El jueves 4 de abril la Procuraduría general de Colombia encabezada por Ordóñez destituyó e inhabilitó al secretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla, por considerar que el funcionario incurrió en una grave falta a título de dolo. La resolución del procurador resultó bastante significativa como controvertida, ya que dejó fuera de juego al segundo de Petro en la gestión bogotana, dando más una señal política que una ajustada al Derecho.
Asprilla, al igual que el alcalde fueron integrantes del M19 y comparten una larga militancia conjunta.
Según informaba por esos días el diario El Tiempo, el Ministerio Público confirmó que Asprilla, en su condición de concejal desde el 23 de septiembre del 2011 al 31 de diciembre de ese mismo año, fue abogado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un litigio contra el Distrito de Bogotá.
Asprilla fue por entonces apoderado de las víctimas de un derrumbe en el relleno de Doña Juana producido en 1997, y que interpusieran una demanda contra el Distrito por estos hechos. Quince años después de esta emergencia sanitaria que sufriera Bogotá por el deslizamiento de más de un millón de toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana, el Consejo de Estado hizo responsable a la ciudad por la contaminación que afectó 15 hectáreas de terrenos aledaños y de parte de la cuenca del río Tunjuelo, por lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió una demanda de reparación a favor de dos mil personas que resultaron afectadas con el derrumbe del relleno y en la sentencia ordenó al Distrito el pago de una indemnización de 227 mil millones de pesos.
Ante esta resolución del Consejo de Estado, el Procurador encontró la veta para sancionar al secretario de gobierno, asegurando que “el funcionario Asprilla otorgó por escritura pública del 16 de febrero de 2011, poder general, amplio y suficiente a la doctora Yadi Marisol Florian Asprilla para que lo representara en dicho litigio” y señalando que como “este documento no fue presentado ante el Consejo de Estado y por ende no fue reconocida la personería jurídica de la doctora Florian Asprilla”, se convalidaba la sanción.
En una entrevista realizada por el periódico Humanidad, Asprilla señalaba que “fue necesario que la Procuraduría forzara al máximo sus argumentaciones y contraviniera principios del derecho disciplinario para pronunciar esta sentencia y la decisión de sancionarme a como diera lugar. Es más evidente cuando esto se examina frente al Tribunal Contencioso de Cundinamarca, que en primera instancia falló a mi favor (27 contra 3) sobre una acción de pérdida de investidura que me interpusieron por los mismos hechos. El Tribunal dijo que mi conducta estaba ajustada a la ley y que no había cometido violación al régimen de incompatibilidades. Es un caso absolutamente escandaloso porque contraría todos los precedentes judiciales sobre la materia con argumentos peregrinos y exóticos” agregando luego que “esto no se había percibido claramente en la arquitectura constitucional. Que desde los organismos de control se pretendiera desconocer o atacar la voluntad popular expresada en las urnas. Habrá que hacer modificaciones constitucionales y extremar la vigilancia ciudadana sobre estas entidades”.
Ante esto, Petro expresaba que “estamos ante el hecho que el tribunal contencioso administrativo determinó que en la conducta de Asprilla como abogado no hay nada reprochable”, para luego agregar que “el gobierno progresista acata los principios fundamentales del Estado de Derecho. Acatará a la Procuraduría pero luchará por la Justicia”.




2013/05/05

La re de Evo ya es constitucional


El Tribunal Plurinacional aprobó la Ley de Aplicación de Normativa por la cual el presidente puede ser reelegido.


Las controversias que generan los diferentes líderes suramericanos, no parecieran ser muy diferentes entre sí, y mucho más cuando las oposiciones se empeñan en intentar mostrar como lado flaco, lo que para las mayorías populares resultan logros importantes. Se tilda generalmente de autoritarismo, populismo, falta de libertad de expresión, corrupción, atropellos a la Justicia, y una serie más de ítems que van desde los más recalcitrantes insultos hasta endilgarles a esos gobiernos supuestas connivencias con el crimen organizado. Lo paradójico resulta que los que expresan todo eso, en la mayoría de los casos, fueron socios de las dictaduras más sangrientas del continente, o principales actores en la noche neoliberal; y sin embargo no se les mueve un pelo, cuando se refieren por ejemplo al carácter autoritario o corrupto de las nuevas gestiones progresistas.
El mandatario boliviano Evo Morales Ayma no es una excepción a la regla, es más, es uno de los principales blancos a los que apunta la derecha regional, y hoy, luego de la desaparición física del líder bolivariano Hugo Chávez, tal vez resulte un blanco preferencial.
El pasado lunes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es el organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia, dictaminó como válida la posibilidad de que en los comicios de 2014, tanto el actual presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelegidos.
En febrero último, el Senado había enviado al TCP una consulta previa para aprobar la Ley de Aplicación de Normativa, que en el artículo cuarto establece la reelección del Presidente y Vicepresidente en los comicios previstos para diciembre de 2014. La razón de la consulta estaba referida principalmente al Art. 168 de la Constitución Política del Estado y al Apartado II de la primera disposición transitoria. En el artículo se señala que: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, mientras que en el apartado dice que: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
Para entender el pedido del Senado al TCP vale recordar que Evo asumió por primera vez en 2005, a principios de 2009 se sancionó la nueva Constitución. A fines del mismo año, sin cumplir el mandato completo, se realizaron en diciembre los nuevos comicios, y a principios del año siguiente cobró plena vigencia la nueva letra constitucional, con lo cual se plantea que tanto Evo como García Linera llevan un sólo mandato bajo la nueva institucionalidad, y que las disposiciones transitorias tienen valor por un período determinado, por ejemplo, entre la vigencia parcial y la plena de la nueva Constitución. Los mandatos anteriores cobrarían validez solamente para aquellas autoridades que fueron elegidas, designadas, y no nombradas nuevamente a partir de la vigencia de la Constitución actual, por ejemplo, los Ministros de la antigua Corte Suprema de Justicia de la Nación que ejercieron funciones hasta enero del año 2012.
Por unanimidad, el lunes, la Sala Plena del TCP declaró constitucional el proyecto de Ley de Aplicación Normativa, postulado por el Legislativo boliviano, y en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Sucre, el presidente del TCP, Ruddy Flores, afirmó que la potencial candidatura de Morales y García Linera a la reelección en los comicios de 2014 “no transgrede la Constitución Política del Estado”.
Las voces en contra de la sentencia del TCP no tardaron en llegar, y así se pronunciaron desde casi todo el abanico opositor. El expresidente Jorge Rodríguez Ramírez del derechista Podemos, y que fuera también vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer Suárez cuando éste fuera elegido democráticamente en 1997, calificó de “golpe a la democracia” la decisión del tribunal, agregando que “Hoy el Tribunal masista da el día más negro para la Justicia en Bolivia”. En tanto otro ex mandatario como Carlos Mesa Gisbert del MNR afirmó que la declaración del Tribunal establece que la Constitución puede ser aplicada para dos tipos de Estado: el “refundado” y el “desechado”. También se expresó en contra de la resolución el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien actualmente viene diseñando junto al líder de la Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, un gran frente opositor para las elecciones del próximo año. Justamente Doria Medina parecía el más preocupado por la resolución del TCP, incluso días antes del fallo, el también empresario y ex ministro del ex presidente Jaime Paz Zamora, venía realizando una campaña en contra de un eventual fallo que favorezca la posibilidad de reelección para Evo Morales. Más allá de tildar a la sentencia del Tribunal como inconstitucional, Doria Medina puso demasiado énfasis en que Evo faltó a su palabra, tras citar que el mandatario había expresado en 2008 que no iría a una reelección, si se estableciera una nueva Constitución.
Doria, quien se iniciara en la política en la década del ’80 en el izquierdista MIR, fue trastocando sus posiciones para pasar primero al centro y luego a la derecha. Durante su gestión como ministro del otrora también izquierdista Paz Zamora, ambos fueron protagonistas principales del desguace neoliberal del Estado boliviano en los ’90. Hoy Doria Medina pretende ser el único líder de la oposición boliviana, a pesar de que en las elecciones de 2009 resultó en tercer lugar con un escaso 5,65% mientras que Evo Morales había logrado el 64,2% y el militar Manfred Reyes, hoy prófugo de la Justicia del altiplano y refugiado en los EE.UU., el 26,46 %.
Según este empresario (que tal vez quisiera encarnar a un Capriles boliviano), el actual mandatario “solamente gobierna para los cocaleros”, y por esa razón en el país andino “se incrementan el crimen y el narcotráfico” y ahuyenta la inversión privada. Según Doria, el discurso de Evo es bueno, pero no cumple, como sí él lo puede hacer.
Mientras tanto, tal como informaba el diario cruceño El Deber: “El Jefe Nacional de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, afirmó que se iniciará una campaña a escala nacional para recolectar 50 mil firmas que serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que este organismo internacional interceda en Bolivia y haga respetar las leyes tras avalarse la ‘tercera reelección’ del presidente Evo Morales”, señalando a su vez que este fallo del TCP viene acompañado del silencio cómplice, tanto de organizaciones internacionales como de los países vecinos.
Pero como respuesta a las voces opositoras, vale destacar que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, expresó que “si eso ha sido algo que ha determinado el Tribunal es algo que se debe respetar, porque creemos que se ha impartido justicia” señaló el dirigente empresario, citado por ABI.
Según informara también la misma agencia estatal de noticias, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que “el fallo del Tribunal Constitucional no nos ha sorprendido porque tenemos la certeza de que la habilitación del presidente Evo en las elecciones se basa en el derecho y la justicia; no en los chantajes de algunos partidos de oposición que intentaron impedir la participación de Evo Morales en las elecciones”, señalando que si el fallo del TCP levantó las protestas de la oposición política, ésta emergió debido a las condiciones que los adversarios de Morales pusieron en las cruciales negociaciones de octubre y noviembre de 2008, cuando en el país se cirnió una de sus más agudas crisis políticas. Según Dávila, con lo que hoy plantea la oposición “queda al desnudo esa actitud chantajista que siempre ha caracterizado a los partidos de derecha que dijeron que si (Morales) acorta su mandato aprobaremos la Constitución. El Presidente acortó su gestión y se sometió al veredicto del pueblo en las urnas, pero nunca se prestaría a violar el derecho de participar democráticamente en la política, porque él defendió este derecho hasta ir a la cárcel cuando injustamente lo expulsaron del Congreso” en 2002, argumentó la ministra.