2014/11/23

México- Impunidad y buenos negocios

En el país que se ubica en segundo lugar entre las economías latinoamericanas y fuertemente asociado a EE.UU. crecen el repudio y la movilización por los crímenes contra los 43 estudiantes.

Han pasado casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y este hecho sigue conservando una prioridad superlativa. No solamente en México, ya que excedió largamente las fronteras, despertando una creciente indignación social en ese país y una creciente solidaridad de los movimientos sociales latinoamericanos y del mundo. Los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, han visibilizado y puesto sobre el tapete la profunda crisis que viene padeciendo la sociedad azteca. Desde 2007 cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron siete años. Lo acontecido en la llegada del otoño mexicano no puede por eso considerase como un hecho aislado, y si bien le caben responsabilidades bien concretas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, el hecho es un claro y rotundo indicador del grave síntoma social que atraviesa a la mayoría de la sociedad política de ese país.
Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó aún más el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.
Lo cierto es que a partir de los hechos del 26 de septiembre se ha desatado en México una profunda indignación social que se expresa en un creciente grado de movilización popular (ver abajo). Aquel día, a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron miembros del grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza por la cual se marchaba en conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
El pasado 23 de octubre por la tarde el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, abandonó su cargo aduciendo que de esa forma favorecería la investigación de la masacre. El alcalde de Iguala también tomó idéntica posición aunque a posteriori tanto él como su esposa fueran detenidos.
Ante la creciente oleada de movilizaciones que comenzaron a pedir por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto, de regreso de una gira por China y Australia el pasado domingo, lejos de ponerse al servicio de los manifestantes, envió claras señales de que no va a soportar la presión popular. El mandatario dijo que las manifestaciones en apoyo a los normalistas no debían tornarse violentas, ya que ésa no era la vía para exigir la justicia. En conferencia de prensa al término de su gira lamentó los últimos hechos de violencia, por lo que hizo un llamado a la “civilidad, el respeto y aplicación de la ley” para que en “orden y armonía” se busque el diálogo. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”. Según informaba Milenio el mismo día por la mañana, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Los maestros pretendían llegar al Zócalo metropolitano, pero por el resguardo de la policía capitalina y federal, así como por los elementos del Estado Mayor Presidencial, solo llegaron al Hemiciclo a Juárez.
El lunes 17, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el llamado del mandatario. “Como presidente de la Conago respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, en el llamado a la civilidad, el orden y la paz”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. “Hoy México nos necesita unidos; manifestándonos, sí, pero sin violencia y con respeto al Estado de derecho y a las instituciones”, señaló en la red social.
“Es hora de que nos sumemos a la convocatoria de paz y unidad del presidente para construir juntos la mejor solución para México”, agregó.
En Australia, Peña Nieto participó de la Cumbre de Líderes del G20. Allí el mandatario hizo gala de la apertura económica de su país, y de los beneficios para los inversores extranjeros. No es un dato menor que hoy México se perfile en el puesto 10 de las principales economías mundiales. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la nación azteca ocupa el segundo lugar después de Brasil en el ranking de las economías latinoamericanas. Si desde hace ya más de 13 años el mundo habla del grupo conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más recientemente se fue imponiendo el acrónimo MINT, que fuera popularizado por el economista británico Jim O’Neill para referirse al grupo integrado por las nuevas promesas de la economía mundial: México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Pero todo esto contrasta notablemente con la situación de impunidad por la que atraviesa el país, lo cual representa –entre otras cosas– un grave problema de imagen que en términos comerciales significa una disminución de flujo de capital hacia el país. Citado por el portal mexicano de mercadotecnia y publicidad merca2.0, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió en una conferencia de prensa en la ciudad de Washington que “hechos tan graves como éste pueden tener un efecto sobre la percepción del país en general, en la actividad económica y en el inversionista”, por lo que una vez colocada en el mainstream internacional gracias a la difusión de la prensa, la noticia de la desaparición de los normalistas dejará ver sus efectos reales sobre la economía mexicana en poco tiempo.
Si al sur del Río Bravo es posible encontrar eslabones débiles para la dominación imperial, habría que convenir que México es el eslabón más fuerte. No se puede entender de otra forma lo que está sucediendo allí.

Por los 43
La marcha hacia el Zócalo congregó a decenas de miles

El pasado jueves 20, el Distrito Federal se vio conmocionado por una serie de manifestaciones, marchas y paros estudiantiles reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Desde muy temprano grupos de estudiantes se manifestaron en las estaciones de metro para invitar a la gran marcha de la tarde. Con pancartas que decían “Disculpe las molestias, pero nos están matando”, los estudiantes cortaban los molinetes y entregaban a los pasajeros volantes con información sobre los hechos de Ayotzinapa. También frente a la sede de Televisa Chapultepec los estudiantes se hicieron presentes con carteles en los cuales se podían leer frases como “No somos delincuentes, somos estudiantes y queremos justicia”.
Previo a eso la eventual toma simbólica de los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que fuera anunciada el sábado 15, fue desechada la noche del miércoles por la asamblea interuniversitaria (integrada por estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el país), con 34 votos en contra y 25 en favor del cerco, por parte de los representantes universitarios. Pese a todo, en los accesos al AICM la policía reprimió a manifestantes y realizó detenciones.
El clima estaba enrarecido, ya que los principales medios se encargaron de subrayar repetidamente el fantasma de la violencia. Por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CdhDF) designó a un grupo de visitadores para acompañar las marchas del jueves, anunciando a su vez que trabajaría en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pasada la media tarde, desde tres puntos diferentes de la ciudad las tres brigadas –integradas por los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos– marcharon hacia el Zócalo capitalino escoltadas por una fuerte custodia policial, pero con un multitudinario acompañamiento.


2014/11/16

Bolivia redistribuye riqueza- La pelea por el doble aguinaldo

Como parte de sus políticas públicas que fomentan el crecimiento y la igualdad, el gobierno boliviano instrumenta desde el año pasado una mejora salarial anual que es resistida por las centrales empresariales.

Cuando el crecimiento económico de un país no es percibido como tal por todas las franjas sociales, lo primero que valdría preguntarse es qué sentido tiene para ciertos gobiernos vanagloriarse de dichas cifras, si las mismas no son acompañadas por una distribución más igualitaria de la renta. El 20 de noviembre del año pasado, el presidente de Bolivia Evo Morales, mediante un decreto supremo que llevó el nombre de “Esfuerzo por Bolivia”, determinó que cada vez que el Producto Interno Bruto (PIB) del país andino supere el 4,5%, los trabajadores deben ser recompensados con el cobro de un doble aguinaldo. 2013 representó para Bolivia un récord en cuanto al crecimiento del PIB, ya que el mismo ascendió al 6,5%. Según datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB), entre 2005 y septiembre de 2013, el PIB de Bolivia se triplicó de US$ 9.574 millones a US$ 28.704 millones. Los años anteriores a 2013 el Producto sobrepasaba por poco el 5%. Este año se prevé que llegue al 5,9%, ya que la cifra del año pasado fue una excepción, un récord bastante difícil de igualar.
De acuerdo con el decreto supremo “Esfuerzo por Bolivia” establecido el año pasado, el doble aguinaldo es extensivo al sector público y privado, Fuerzas Armadas y Policía, y deberá ser cancelado como fecha tope el 31 de diciembre de cada año en el que el PIB supere el porcentaje establecido en 4,5%. Los beneficiarios de este decreto son aquellos que trabajaron más de tres meses de manera ininterrumpida en una empresa privada o institución pública. En el caso de que el trabajador no hubiese cumplido los 12 meses en la misma fuente laboral, gozará con el pago de duodécimas en proporción al tiempo trabajado.
El año pasado la oposición y algunos medios afines al empresariado salieron a decir que teniendo en cuenta los comicios presidenciales de este año, la medida, sólo perseguía fines electorales, que era demagogia pura, pero hoy, habiendo sido reelecto Evo Morales el pasado 12 de octubre, por más del 60% de los sufragios, algunos sectores empresariales comenzaron a mostrar su disconformidad con el “Esfuerzo por Bolivia”. Por ejemplo, Mario Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), señaló la semana pasada que postergar el pago del doble aguinaldo hasta febrero garantizaría que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2015 logre alcanzar el crecimiento necesario, para que nuevamente los trabajadores se beneficien con un segundo aguinaldo en la siguiente gestión, es decir la correspondiente a diciembre de 2015, pero que con idéntica posición los empresarios querrán patear hasta febrero o marzo de 2016. “Si se paga hasta el 31 de diciembre, suma al PIB de la gestión 2014, pero si se paga el 2015 garantiza el segundo aguinaldo de la próxima gestión porque ese dinero iría a sumar el PIB del 2015”, aseguró Yaffar. Según informara el paceño diario Los Tiempos, el representante del sector económico formal volvió a pedir que el gobierno postergue el plazo para el pago del doble aguinaldo hasta febrero.
Yaffar explicó que en la CNI están afiliadas unas mil industrias de las cuales sólo el 23% podrá pagar el segundo aguinaldo, ya que la porción restante tendrá dificultades, e incluso el dirigente empresarial sostuvo que el 8% de las empresas ni siquiera está en condiciones de hacerlo.
Por su parte, Wilmer Llanque, secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), informó que el 17 de noviembre su sector realizará una asamblea en la cual “es muy probable que se rechace el doble aguinaldo porque las microempresas tienen un crecimiento menor al 1%”. Según Llanque, “pagar en diciembre no vamos a poder, hay que ser sinceros”, dijo.
Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), ante la requisitoria de su sector, también le sugirió al gobierno que el doble aguinaldo sea efectivo recién en febrero del año entrante, con la finalidad de alivianar cargas.
Según un estudio de la Cámara Nacional de Industrias divulgado por Los Tiempos el pasado 20 de octubre, el 39% de las industrias manufactureras en Bolivia tiene una capacidad “baja” para cumplir con el pago del segundo aguinaldo, lo que significa que estarán en “problemas” al momento del pago. El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba, César Cuadros, citado por el mismo medio, estimaba que un 20% de las micro y pequeñas industrias se verán “tremendamente afectadas” y que por esa razón podrían tomar la informalidad como alternativa. El dirigente empresarial explicó que, según el estudio, sólo un 3,6% de las industrias tiene una “aceptable” capacidad de pago, el 18% tiene “solvencia”, un 11% no tiene capacidad de pago y el 7% tiene bajísima o nula solvencia de pago del beneficio, que debe hacerse hasta el 31 de diciembre, según el reglamento del Decreto 1809. Cuadros aseguró que las empresas ya no querrán inscribirse al Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), lo que supondrá el incremento de la informalidad laboral. Todos estos cálculos empresariales podrían resultar verosímiles y hasta entendibles si enfrente no tuvieran una bastante aceitada y poderosa organización sindical de los trabajadores, que conoce al dedillo las mañas de un sector que además de no perder nunca, intenta obtener el máximo de ganancia de cualquier forma. Hacer un planteamiento en el cual la informalidad podría ser una alternativa ya es una muestra palmaria de ello.
La respuesta de los trabajadores. “La ley se cumple, la ley no se negocia y por lo tanto el decreto 1809 establece claramente que el primer aguinaldo se paga hasta el 20 de diciembre y el segundo aguinaldo hasta el 31 de diciembre, esa es la posición de los trabajadores fabriles en consulta a nuestras federaciones”, afirmó el dirigente Vitaliano Mamani, de la poderosa Confederación de Trabajadores Fabriles. Mamani sostuvo que en esta gestión el empresariado tuvo la oportunidad de prever esta figura porque se conocía el decreto y las previsiones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El fabril además anunció que en el próximo congreso del sector se van a analizar los alcances de este beneficio e incluso adelantó que hay propuestas que piden la institucionalización de este pago en calidad de bono, con la finalidad de que no esté sujeto al índice de crecimiento del país.
En tanto, Estanislao Flores, secretario de organización de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestó su rechazo categórico a la posibilidad de que se amplíe el plazo para pagar el doble aguinaldo. “Está bien que el año anterior se haya ampliado el plazo de dos meses, porque a todos nos ha sorprendido. Pero ahora no hay argumento alguno para que los empresarios se nieguen a pagarnos hasta el 31 de diciembre”, señaló Flores, a tiempo de acotar que gran parte de los trabajadores asalariados ya por adelantado están gastando recursos tomando en cuenta que el doble aguinaldo cubrirá esos gastos.
El gobierno boliviano a través del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, rechazó los primeros días de noviembre la posibilidad de ampliar el plazo para el pago del doble aguinaldo y, por el contrario, aseguró que antes de fin de año debe ser abonado ese beneficio en el sector público y privado. “La decisión del gobierno es que el segundo aguinaldo ‘Esfuerzo Por Bolivia’ debe cancelarse hasta el 31 de diciembre. Es cierto, hay pedidos de algunos sectores empresariales en que se pueda ampliar, pero no, no se va a ampliar”, aseguró Santalla, quien de esa forma negó la posibilidad esbozada por los sectores empresarios de saldar el pago recién en febrero. “Esto es también lo que le he manifestado al presidente de la Cámara Nacional de Industrias, al señor Mario Yaffar, y él me ha manifestado: si es así, estarían cumpliendo la disposición del decreto supremo que reconoce este derecho desde el año pasado”, sostuvo el titular de la cartera laboral.
La decisión gubernamental, más allá de su íntima conexión con los intereses de los asalariados, se sostiene fundamentalmente en el poder de las organizaciones sindicales. La COB en las últimas elecciones le aportó al frente electoral oficialista un considerable aporte de recursos tanto humanos como materiales. Pero lo más importante es que lleva adelante una política de unidad que se ve expresada en una fuerte representación gremial. La COB es la única central obrera del país del altiplano y nuclea a más de dos millones de trabajadores.


2014/11/13

México- Represión y muerte

La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala muestra casi al desnudo el accionar de un Estado completamente funcional a la más despiadada acumulación capitalista. No sólo la legal sino también la que es engrosada por los dividendos que le reporta el crimen organizado.



Cuando no había pasado aún una semana de la llegada del otoño mexicano, más precisamente el 26 de septiembre, acontecieron los hechos que hoy son conocidos como la Masacre de normalistas de Ayotzinapa. Esto sucedió en la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero.  Ese día a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron además miembros de un grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas 3 estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza en la que los estudiantes marchaban conmemorando la masacre del 2 de octubre de 1968.
Al cierre de esta edición de Mascaró, aún hay 43 normalistas desaparecidos, y se están llevando adelante movilizaciones de solidaridad y esclarecimiento en todo el mundo. El 22 de octubre se realizó la Jornada Internacional por los 43 estudiantes desaparecidos, y una de ellas tuvo lugar en Buenos Aires. Frente a la embajada mexicana, cerca de 300 militantes de organizaciones políticas y sociales, junto a grupos de estudiantes mexicanos residentes en el país, reclamaron bajo la consigna “Vivos los llevaron, vivos los queremos” la aparición con vida de los normalistas desaparecidos.
La madrugada del 30 de junio el Ejercito mexicanos ejecutó a 15 civiles que dormían en una bodega  localizada en el Municipio de Tlatlaya. En agosto se produjeron once asesinatos en Chihuahua, entre los que se encontraban varias mujeres e incluso estudiantes. Los sucesos de Ayotzinapa se enmarcan en un mismo proceso. Desde 2007 cuando el por entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron 7 años.  
El problema principal a visibilizar a partir de la reciente masacre de Ayotzinapa es precisamente el porqué de tanta muerte, de tanto terror sembrado en la sociedad civil azteca. Realizar un diagnóstico en el que se culpe de todo esto, al incremento de los carteles de la droga sería un mero simplismo. Obviamente que la presencia del narcotráfico es decisiva en esta realidad, pero no la única razón. En tal sentido, es necesario recorrer una cantidad importante de opiniones que puedan acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso.

México como laboratorio del neoliberalismo

Según un muy buen informe realizado por la Red de Solidaridad con México (mexicosolidarity.org), durante las últimas cuatro décadas, la relación entre los EE.UU. y México se convirtió en el laboratorio más importante para el modelo neoliberal que rige en el planeta, una especie de experimento para la globalización centrada en la expansión de las corporaciones. Según la Red tanto en el Norte como en el Sur las futuras generaciones sentirán las implicaciones de este experimento.  La era neoliberal empezó hace cuatro décadas en la frontera EE.UU. – México con el Programa de Industrialización Fronteriza, una “zona de libre comercio” que introdujo la época de las maquiladoras.  Fabricas que pagaron jornales decentes en los EE.UU. se mudaron al sur de la frontera, donde los jornales típicos son menos de US$1 por hora, las leyes en cuanto al régimen laboral son relajados, y los estándares medioambientales no se hacen cumplir.  El resultado es ganancias enormes para las corporaciones transnacionales, pero con estándares de vida decayendo para las clases obreras de México y los EE.UU., y un desastre medioambiental que afecta ambos lados de la frontera.  El modelo maquiladora/libre comercio es ahora el modelo de desarrollo económico predominante por toda América Latina. 
El argentino Guillermo Almeyra que vivió unos cuantos años en México sostiene en un artículo publicado en el diario La Jornada que una política criminal sólo puede ser impuesta  con métodos criminales. En la nota que lleva por título”Tlatlaya, Ayotzinapa: el asesino es el sistema y su gobierno” Almeyra dice que para realizar “la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión de las manifestaciones de estudiantes y normalistas, son apenas algunas de las perlas de este macabro collar”.
Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.

La narcocracia

En un artículo denominado “Narcocracia asesina a estudiantes en México” escrito por el politólogo Ricardo Romero y que fuera publicado por el semanario Miradas al Sur, el autor alerta sobre  los peligros que conlleva la municipalización de la seguridad, tal como se está planteando hoy en nuestro país. Romero señala que en México, la descentralización policial fue generando una fuerte dependencia de los presidentes comunales (intendentes) con respecto a los grupos armados ligados al crimen organizado.  “Así, se formó una suerte de narcocracia que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a ‘la señora’ María de los Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez, quien pidió a su cónyuge que acabara con ella. Un pequeño detalle es que la pareja libera el cartel de narcotraficantes ‘Guerreros Unidos’, que está fuertemente imbricado con la policía municipal” señala Romero en su nota.
En el mismo artículo la investigadora mexicana Iskra de la Cruz Hernández consultada por el autor señala que en México existe una narcodictadura, que se asienta desde los municipios.
El narcoestado, la narcodictadura, se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana, también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala, lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en una fosa colectiva” señala Iskra.
Si existe algo que pueda frenar y revertir este proceso de destrucción del tejido social, eso es sin duda tanto la movilización, como la resistencia y la organización de los sectores populares. Por ahora la indignación social ante esta masacre pareciera ser un punto de partida.

  Nota publicada en la Revista Mascaró de noviembre


2014/11/09

Sentido común y espontaneidad. La inconsistencia del Otro.

Tal vez el mayor logro de la práctica del psicoanálisis sea que el considerado paciente, aprende a escucharse, a detectar lo que corrientemente dice sin darse cuenta de ello. En dicha práctica es posible dar cuenta de lo enrollado del discurso, de sus intermitencias y cortos circuitos, e incluso de su falta de coherencia. No es para el caso que en las lagunas y baches del lenguaje del inconsciente no exista lógica, lo que emerge es otra lógica, otra coherencia que pide ser escuchada. Freud planteó al análisis propio como uno de los pilares de la formación del psicoanalista. El que aprende a escucharse, luego podrá escuchar a otros.

Aunque Freud hablara de autoanálisis, el problema principal es que esto implica hacerlo como si se fuera Otro. Escucharse como Otro, no como uno mismo. La reducción del par analista- paciente a uno, lleva implícito el escuchar no sólo cuando se habla, sino en primer lugar cuando se piensa. Dar cuenta de lo que se piensa, de lo que ronronea en la cabeza es mucho más complicado que escuchar lo que se dice con la boca. Hegel señalaba que se piensa solamente con palabras. Una afirmación que pone orden pero que resalta el gran embrollo de los pensantes. No pocos son los que creen que se piensa con imágenes. Pero los que sí parecen ser pocos, son los que pueden dar cuenta de lo que piensan. No de sus ideas más importantes, no se trata de eso, sino de lo que permanentemente fluye por las neuronas.

Sin dudas para escuchar lo que se piensa, se debe hacerlo como Otro. Todo esto viene a cuento para señalar que cuando uno alcanza a escucharse pensando, con todas las intermitencias que ello conlleva es cuando resulta mucho más simple comprender la significación que Antonio Gramsci le da al “sentido común” como “una concepción (incluso en cada cerebro individual) disgregada, incoherente, inconsecuente…”. Señala Gramsci en la introducción a las Notas críticas sobre un intento de “Ensayo popular de sociología” que “El sentido común es un agregado caótico de concepciones diversas y en él se puede encontrar todo lo que se quiera “, señalando más adelante que “no significa que el sentido común no contenga verdades. Significa que el sentido común es un concepto equívoco, contradictorio, multiforme, y que referirse al sentido común como prueba de la verdad es absurdo”.

Resulta interesante cuando Gramsci refiriéndose a Marx señala que según éste, las creencias son abordadas por “su solidez formal y, por consiguiente, sobre su imperatividad cuando producen normas de conducta”. No hay apología del sentido común, todo lo contrario, y resulta de sumo interés, relacionar esta visión y concepción sobre el sentido común, con lo expresado por el mismo autor en su texto “Espontaneidad y dirección consciente”. Ahí es posible comprender al sentido común como la base principal de lo que Lenin llamaba “lo espontáneo”.  No como el “white paper” de los empiristas, sino como un sedimento nunca vacío en el cual se da la existencia multiforme de elementos que no logran conformar un pensamiento coherente. Gramsci afirma que ése es el lugar en el cual “los elementos de ‘dirección consciente’, son realmente incontrolables”.


Si bien la política (marxista) y la clínica (freudiana) son prácticas diferentes, abordan distintos objetos, se debiera tal vez utilizar lo paraconsistente de la lógica del inconsciente (como modelo), para el abordaje de ese sedimento denominado espontaneidad y desde ahí trabajarla.

Esbozo sobre la cuestión agraria en Latinoamérica

Los condenados de la tierra

“¡A desalambrar, a desalambrar!/ que la tierra es mía, tuya y de aquel…”    Daniel Viglietti

Cuando se plantea hasta dónde es posible llevar adelante al actual proceso de integración latinoamericano, no pocas veces a esto se lo deja supeditado nada más que a la voluntad política de los líderes regionales, que sin dudas es una condición indispensable, pero si se considera que la integración, es parte simultánea de un sustancial cambio en relación a los actores globales externos al continente, implicando dar un corte definitivo a la histórica dependencia, no alcanza con la voluntad, sino que en primer lugar resulta imprescindible transformar sustancialmente la estructura económico productiva que dio condición de posibilidad a la subordinación a los diferentes imperios, quedando la región sumergida en una marcada fragmentación. Conocer -con precisión propia a los postulados de la ciencia-, cuáles son las trabas estructurales que obstaculizan la profundización del cambio de época, debiera ser parte integral no solamente de los programas políticos de los gobiernos progresistas, sino principalmente de los movimientos sociales y las mayorías populares, que son los verdaderamente interesados -por su situación objetiva- en que las diferentes crisis cíclicas se resuelvan efectivamente, alcanzando un punto histórico que pueda considerarse como irreversible y no sujeto a retrocesos. Las diferentes experiencias de integración y desarrollo autónomo que precedieron al actual proceso, hasta ahora fueron intempestivamente inclinadas hacia la regresión. Si hay una cuestión central, que hiciera que el continente no dejara de ser aún solamente un gran reservorio de recursos naturales, con muy escaso desarrollo de la industria, signado en la división internacional del trabajo a ser sólo un gran productor de materias primas; esa cuestión central sin dudas es la cuestión agraria, o para ser más precisos el régimen de explotación, posesión, tenencia y reparto de la tierra.
Desempolvar la cuestión agraria y la necesidad de la otrora famosa reforma agraria u otra política acorde a ella, no es solamente un problema que atañe a lo específicamente relacionado con las actividades productivas del campo, sino que en la actualidad cobra suma vigencia a partir del engrosamiento de las grandes ciudades del continente, con todos los rasgos propios presentes en ellas, que ponen sobre el tapete la más cruda desigualdad social. Ciudades con grandes zonas suburbanas en las cuales se producen continuamente asentamientos de migrantes del campo, que lejos de resolver sus problemas esenciales, agudizan la exclusión y la marginación.
Introducción al problema- En nuestras sociedades, existe un hecho económico y social (también se traduce en lo político) que es la desigualdad entre la ciudad y el campo, y la misma no desaparecerá de forma inmediata por más transformaciones que se produzcan en las estructuras sociales. Para ello es necesario un largo proceso, que no solamente revolucione ese desequilibrio, sino que altere considerablemente el desarrollo desigual que se da a nivel planetario producto de la división internacional del trabajo. De tal forma,  existen zonas en las cuales se privilegia la producción industrial, y otras en las cuales, el único destino pareciera ser consolidarse como regiones productoras de materias primas. El último caso es el rasgo dominante en Latinoamérica, y ello no es un hecho fortuito o azaroso sino producto de cómo está estructurada la relación entre el campo y la ciudad, y de qué manera esa relación se liga íntimamente a la cuestión agraria.  Desde el tiempo de la colonia, la región está caracterizada por un régimen de tenencia de la tierra, en la cual prevalecen los llamados latifundios, es decir una excesiva concentración de la propiedad territorial en pocas manos, las de los grandes terratenientes. Vale señalar que en los países y regiones en los cuales hubo un desarrollo industrial considerable, como son los Estados Unidos, Europa y a posteriori también los países del llamado campo socialista; la propiedad de la tierra fue necesariamente redistribuida en proporciones  diferentes, privilegiando la pequeña y mediana propiedad.
Con el advenimiento de la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, las nuevas élites burguesas, comprendieron cabalmente que el antiguo régimen de propiedad de las tierras heredado del sistema feudal, consistente en la concentración de la propiedad territorial, era un obstáculo al desarrollo del capitalismo, y por ello se dieron a la tarea de ir desmontando progresivamente dicha concentración. En América Latina, procesos similares de redistribución de las zonas agrarias -si bien existieron intentos, que a la postre dejaron algunos cambios- no lograron afectar ni transformar el carácter dominante del latifundio, y marcaron a fuego de esa forma, el predominio de una estructura económico social en la cual lo principal sigue siendo la exportación de commodities y la importación de productos industrializados. Todos los intentos de industrialización y promoción de sustitución de importaciones, chocaron con ese límite preciso que es la cuestión relacionada a la tensión específica entre campo- ciudad y al interior de ella, a la cuestión agraria, entendida como la relación principal en la cual la propiedad terrateniente se impone con respecto a  las medianas y pequeñas propiedades agropecuarias.
La cuestión agraria de la forma señalada está indisolublemente asociada a una formación social históricamente determinada. Se podría afirmar que es la relación contradictoria entre dos modelos de propiedad y producción del agro, -o en todo caso de utilización de las tierras-; permanentemente en puja. Desde la primera emancipación americana sucedida hace dos siglos, se vienen dando intentos de inclinar el predominio latifundista, pero también vale señalar que los grandes terratenientes se van acomodando a las diversas coyunturas, haciendo que la renta de sus tierras, sean acordes a los negocios de cada época respectiva. Negocios que sin dudas no los establecen ellos sino el mercado mundial, y las necesidades de producción y consumo del mundo industrializado. De la propiedad de la tierra utilizada en parte para la ganadería, pero con grandes proporciones de zonas improductivas, hoy se asiste a una preeminencia  de los agronegocios entre los cuales las tierras utilizadas para la siembra expansiva de la soja y de oleaginosas para hacer agrocombustibles, resulta el dato sobresaliente.
Cuando se piensa que hoy la población del campo es cada vez menor, no solamente en Latinoamérica sino en todo el planeta, pareciera que el planteo de “Tierra para el que la trabaja” resulte algo anticuado. En una conferencia que diera el célebre historiador Eric Hobsbawn por diciembre de 2004 en Delhi, él expresaba que desde mediados del Siglo XX la humanidad está asistiendo a una gran revolución, no sólo en referencia a la tecnología, sino a que hace poco más de medio siglo, se produjo el fin de una historia que se extendió por diez mil años. De esa manera Hobsbawn anunciaba la caída vertiginosa del campesinado como esa clase social que fuera dominante desde los albores de la humanidad sedentaria. Según el historiador británico, hoy en el mundo más desarrollado las tareas agrícolas son muy ínfimas, por ejemplo sólo el 4 % de la población de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hoy trabajan en el campo, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 2 %. Sí en los inicios del siglo pasado solamente el 16 % de los habitantes del planeta vivían en ciudades, esa cifra hoy ronda el 50 %, siendo ese porcentaje engrosado principalmente por el África subsahariana y los países del sudeste asiático (India, Bangla Desh, Myanmar y los países de Indochina). La migración permanente desde el campo a la ciudad es un rasgo de la época, al igual que el vertiginoso crecimiento de las poblaciones urbanas y suburbanas. Latinoamérica a pesar de sus grandes extensiones rurales, no es una excepción a esa regla, más bien es uno de sus principales indicadores.  Cuando se piensa en una reorganización de las sociedades para que las mayorías populares tengan acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, sin dudas la desigualdad actual entre ciudad y campo, no deja de tener capital importancia, mucho más cuando los grandes asentamientos que se prodigan alrededor de las grandes ciudades, lejos de beneficiar a sus habitantes, los sumergen más, en una pobreza casi estructural. Vale señalar que un movimiento como el de los campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil, se inició en las zonas conurbanas de Sao Paulo. Relegados a la más cruel exclusión social, se organizaron para realizar el proceso inverso, ir de la ciudad al campo. Tomar tierras para producir y vivir en condiciones dignas. Si existe algún actor social preponderante hoy, que revitaliza siempre la necesidad de la reforma agraria ése es el MST brasileño, sin dejar de obviar a movimientos campesinos similares tanto de Paraguay como Argentina.
Tal como lo planteaba Edgar Allan Poe en el cuento La Carta Robada, lo que está más en la superficie es casi siempre lo más lejano a la visión. La policía buscaba la epístola quitada del palacio de los reyes, pero lo hacía con métodos sofisticados y rigurosos, sin poder encontrarla, pero sin prever que la carta estaba entre los papeles desordenados que estaban ubicados por encima de un escritorio, a la vista de cualquier visitante de aquella casa. La cuestión agraria si se quiere es como esa carta robada, es algo que está en la superficie pero nadie alcanza a verla como un problema a resolver. Si bien en la Argentina con la 125 pudo haber despuntado el debate sobre la cuestión agraria, todo quedó supeditado al porcentaje de las retenciones, y no precisamente al régimen de tenencia de la tierra.
Si tal como se dijera más arriba, el MST de Brasil y en menor medida otros movimientos campesinos de la región, hoy siguen manteniendo vigente la problemática referida a la reforma agraria, hay que precisar que también bajo ese nombre existen políticas para el campo, que son contrapuestas, aunque se inscriban bajo la misma denominación. Es así que el Banco Mundial (BM) también pregona la reforma agraria, pero en términos muy diferentes a como lo hacen los movimientos campesinos. Si bien en los planteamientos del BM está resolver cuestiones sociales referidas a ciertos conflictos emergentes de la actual situación, ellos no se proponen eliminar al latifundio, sino concertar entre pequeños y medianos campesinos, las compras de parcelas de tierra a los terratenientes. Según expresara el investigador chileno Cristóbal Kay, profesor emérito en Estudios del Desarrollo y Desarrollo Rural en el International Institute of Social Studies (ISS) de La Haya, el Banco Mundial concibe a esta reforma de un modo neoliberal, neoinstitucional, como un mediador entre compradores y vendedores de tierras, entre campesinos que quieren adquirirlas y latifundistas que están dispuestos a venderlas. De esta forma el BM otorga préstamos para establecer un banco de tierras y mediar en el proceso de compra y venta. Esta política del Banco Mundial se realiza sin la participación del Estado, y hoy tiene bastante raigambre en un país como Colombia. No pocas veces durante la primera ronda de conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc que se realizan en La Habana, emergió este debate entre dos tipos de reforma agraria. En primer lugar porque según los negociadores de la guerrilla, es precisamente la existencia del latifundio lo que generó el conflicto armado más viejo del continente, aunque por su parte el gobierno subrayó al respecto que, no se tocarían las propiedades agrarias adquiridas legítimamente enviando un mensaje de confianza a los grandes propietarios.
El geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes en un interesante trabajo que lleva el nombre de “La geopolítica de la cuestión agraria” hace un desarrollo de cómo se viene dando a nivel planetario, el problema agrario en un tiempo en el que priman los agronegocios, principalmente la producción de agrocombustibles, en detrimento de la producción de alimentos. La necesidad de búsqueda de nuevos territorios por parte de los principales trust hizo que existan hoy gobiernos que junto a empresarios y terratenientes, estén arrendando y comprando gigantescas extensiones de tierras en países diversos.
De tal forma Mançano sostiene que hay tres clases de países: los arrendatarios o compradores de tierras, los arrendadores, y los que son las dos cosas a la vez. Con la excepción de Brasil, que es tanto arrendatario como arrendador, los demás países de la región son fundamentalmente arrendadores. Este hecho no es fortuito, ya que es la existencia misma del latifundio lo que permite que sea de esta forma. En cambio los diferentes países de la Comunidad Europea, Japón y Canadá son los principales arrendatarios de tierras. Según precisa el experto brasileño, esta modalidad implica un nuevo elemento en la cuestión agraria: la unión del Estado y el capital para explotar tierras, personas y países. Sin dudas este proceso de explotación no es nuevo, lo que es nuevo según el autor es que más allá de las empresas, los gobiernos estén más involucrados en acuerdos que refuerzan el neocolonialismo y consecuentemente profundizan las formas de dependencia.
Esta novedad está también relacionada según Mançano con las crisis de falta de alimentos y con el aumento del precio de los combustibles. Un factor nuevo –precisa- es que estamos viviendo un momento de cambio estructural en la producción de energía. El campo productor de alimentos y fibras pasa a producir cada vez más energía. Es evidente que esta nueva realidad exige la expansión de los territorios. Y los países ricos en capital, pero pobres en extensión territorial están adoptando las estrategias imperialistas.
De tal forma, la existencia de países con grandes extensiones territoriales, pero con una población eminentemente urbana, hacen que la mayoría de los ciudadanos conozcan muy poco acerca de lo que ocurre en zonas en las cuales viven muy pocos habitantes. Tanto la producción de agrocombustibles, como también la minería a cielo abierto, y todas las variantes extractivistas y productoras de commodities, se desarrollan en un plano de invisibilidad notoria, ya que los grandes medios de comunicación, principalmente radicados en las grandes ciudades de eso no hablan.
Un problema también muy importante relacionado a la cuestión agraria es el de los pueblos indígenas y originarios del continente, ya que ellos fueron despojados de sus tierras a partir de la colonización hispánica basada en el latifundio. Hoy con el despertar de las naciones latinoamericanas también emergen con fuerza las voces originarias, que no sólo reclaman con toda justicia sus propiedades ancestrales, sino que a su vez reclaman una relación armónica con la tierra, tal como se plantea en el Buen Vivir de los pueblos andinos. Un flagelo como el del narcotráfico, tanto en la producción de estupefacientes, como en sus rutas, tampoco es ajeno a la cuestión agraria.
En las próximas entregas que Miradas al Sur hará sobre esta problemática, se intentará realizar un somero rastreo histórico de la cuestión agraria latinoamericana, regresando sobre algunos de los temas brevemente ya expuestos. Sobre los diversos intentos de reformar la estructura territorial del agro, desde la reforma agraria propuesta por José Gervasio de Artigas hace dos siglos, hasta experiencias como la de los movimientos campesinos sin tierra, sin dejar de lado los intentos realizados por el pueblo de Bolivia en 1952, y los gobiernos de Perú y Chile durante la mayor parte de la década del ’60. Se pretende contar así con algunos elementos de análisis para el presente de la región. De una región que ante la crisis del mundo occidental hoy tiene una oportunidad, que si no es aprovechada correctamente se corre el riesgo de repetir experiencias fallidas del pasado. De ahí la importancia del aprendizaje de la experiencia histórica.

El Latifundio es la herencia maldita del régimen colonial

“¿En qué clase se considera a los labradores? ¿Son acaso extranjeros o enemigos de la patria para que se les prive del derecho al sufragio? Jamás seremos libres si nuestras instituciones no son justas” Bernardo de Monteagudo

Hace dos siglos se producía la ruptura de los pueblos americanos con la corona española. Pero lejos de llevarse adelante una verdadera revolución, durante el tiempo subsiguiente, se preservó una estructura económica y social no muy diferente a la de los tiempos de la colonia. Los principios revolucionarios de los principales protagonistas de las jornadas emancipatorias cayeron en saco roto, y lejos de alcanzarse los sueños libertarios de Bolívar, San Martín, Monteagudo, Moreno o Sucre, prevalecieron las posiciones de todos aquellos que ajustaron la realidad regional a una nueva sujeción imperial. Hoy podría decirse que, renegociaron la dependencia, para preservar sus principales beneficios de clase, que ya ostentaban en los tiempos coloniales.
Si el primer intento emancipatorio, tenía como objetivo -en las ideas de sus principales artífices-, desarrollar una gran nación americana, autónoma y soberana, a tono con los avances de las fuerzas de la producción económica, tal como se empezaban a desarrollar en Europa; con el reciente adevenimiento de una burguesía que por ese entonces marcaba el principal camino de progreso de la humanidad, los revolucionarios locales, no solamente veían la posibilidad concreta de construir una pujante nueva nación, sino que simultáneamente eran partidarios de romper con todas las ideas oscurantistas y conservadoras del tiempo virreinal. Realizar un balance de por qué ese primer intento fue derrota, debiera hoy interrogar a los ciudadanos de la región, como una marca que permita delimitar el trazo estratégico de un nuevo intento. Lejos de intentar dicho balance crítico, se intentará en lo que sigue, proseguir con la cuestión agraria latinoamericana, como uno de los núcleos duros, de por qué la perspectiva emancipatoria no llegó a prosperar. Fundamentalmente la existencia del latifundio como formación específica, que impidió el desarrollo de una burguesía progresista y transformadora, un empresariado con iniciativas propias que no quedase reducido al único rol de intermediario entre los latifundistas y los principales agentes imperiales.
En la América precolombina hubo regímenes de explotación y tenencia de la tierra. Aunque muchas etnias aborígenes eran principalmente pueblos nómades y cazadores, prevalecieron los grandes imperios: inca, azteca y maya, que constituyeran no sólo el modo de producción dominante del continente, sino también el blanco principal de los conquistadores españoles. De todas formas rastrear históricamente la conformación del latifundio como rasgo principal de las formaciones económico- sociales en Latinoamérica, está referido en primer lugar a las formas de colonización que tuvieron tanto España como Portugal en esta parte del mundo. Lejos de un debate sobre todo árido y de improbables certezas, sobre si la economía del virreinato era de tipo feudal o desde sus inicios ya implicaba la presencia del capitalismo, lo que sí se puede aseverar es que la existencia de grandes y extensas concentraciones de tierra en pocas manos, sumada la existencia de una elite portuaria compradora- vendedora, que nunca pudo constituirse en industrial, marcó a fuego un patrón económico de acumulación capitalista pero con sujeción a las economías más desarrolladas.
A diferencia de los Estados Unidos, en Latinoamérica no se tocó la propiedad de la tierra tal como se estructuró en el tiempo de la colonia. Tras la Guerra de Secesión, en los EE.UU. el Norte suprimió al latifundio esclavista del Sur e implementó un régimen de colonización del Oeste que no permitía que los colonos pudiesen tener propiedades mayores a 100 acres (89 hectáreas). Esto -si se quiere- funcionó en el país del Norte como una reforma agraria que posibilitó un acceso más democrático a las tierras y al trabajo agrícola, principalmente de forma familiar.
El terrateniente- Según asevera el historiador León Pomer en su libro “Continuidades y rupturas. De la Colonia a Mayo”, siendo producto dilecto de la sociedad colonial, el terrateniente es “especialidad” española. Señala Pomer que el latifundio en España fue el resultado de la Reconquista, es decir de la recuperación de las tierras peninsulares -que estaban en poder de los musulmanes-, por parte de los reinos cristianos. Un proceso de guerra prolongada y discontinua que se extendió desde el Siglo VIII al XV, cuando los denominados Reyes Católicos  el 2 de enero de 1492 tomaron Granada.  El latifundio se constituía de esa forma como parte constitutiva de la conquista y apropiación gradual del territorio. Algunos autores sostienen que durante el tiempo de la conquista del nuevo mundo, en España solamente entre el 2 y el 3% de los propietarios (incluso están los que aseguran que sólo el 1,65 %) eran los poseedores del 97 % del suelo de la península. Los grandes latifundios eran propiedad de los dignatarios de la Iglesia, de las órdenes laicas y religiosas, de los nobles y los municipios. La gran propiedad territorial representaba así una fuente de renta desorbitante, y un signo de grandeza. Por esta razón muchos grandes mercaderes emergentes intentaban quitarle a la realeza las grandes propiedades de tierras, y constituirse así en clase nobiliaria; mientras que los pobres de la península tenían algunas tierras realengas, en las altas montañas. De tal forma la gran propiedad territorial se oponía a la pequeña propiedad agrícola que además de ser mal vista, gozaba de mala prédica.
Si la corona española durante la conquista hizo un traslado al nuevo continente de sus características principales como formación social, fue el latifundio una de esas típicas formaciones. Por otro lugar invadió y masacró a las principales civilizaciones precolombinas, como fueron la de los aztecas y los incas, para apropiarse de los metales preciosos, que estos pueblos extraían de las grandes montañas. Según las creencias de los conquistadores, exterminar a los pueblos originarios de las Indias, era lo más conveniente, ya que siendo paganos, consideraban que les redimían el alma. Era ésta la justificación ideológica del acto de masacrar.  La conquista del desierto llevada adelante por el general Julio Roca, varias décadas después de Mayo de 1810, demuestran a las claras que ese tipo de ideología seguía casi intacta, y que los motivos por los cuales lo hacían era el de expandir sus privilegios económicos.  Una muestra muy clara de que los ideales libertarios de los revolucionarios de mayo, había sido completamente derrotados, no solamente en relación con el desarrollo de un nuevo tipo de modo de producir, sino también en cuanto a aplastar y sustituir las ideas dominantes del tiempo virreinal.
Artigas y el primer intento de reforma agraria en Latinoamérica- Tal como señalara Eduardo Galeano en el ya clásico “Las venas abiertas de América latina” habían sido “los desposeídos quienes realmente pelearon -cuando despuntaba el Siglo XIX-, contra el poder español en los campos de América” pero pese a eso, la supuesta independencia no los recompensó. Lejos de producirse los cambios que proponían los revolucionarios, los dueños de la tierra y los grandes mercaderes incrementaron sus ganancias, y habiendo caído los cuatro virreinatos españoles, el continente se fragmentó en múltiples países, cayendo en saco roto la idea de construir la gran nación americana del Sud. “¿Pero qué burguesía nacional era la nuestra, formada por los terratenientes, los grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los políticos de levita y los doctores sin arraigo?” se pregunta Galeano en la obra señalada, y se responde: “Las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias. Los burgueses del mostrador, usureros y comerciantes, que acapararon el poder político, no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas locales, muertas en el huevo cuando el libre cambio abrió las puertas a la avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no estaban, por su parte, interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la medida de sus propias conveniencias. El latifundio se consolidó sobre el despojo, todo a lo largo del siglo XIX” Según el autor uruguayo se llegó a padecer “Frustración económica, frustración social, frustración nacional: una historia de traiciones sucedió a la independencia, y América Latina, desgarrada por sus fronteras, continuó condenada al monocultivo y a la dependencia” aunque “La reforma agraria fue, en la región, una bandera temprana”. La bandera del caudillo oriental José Gervasio de Artigas, quien a contramano de las políticas que llevaba adelante por ese entonces Buenos Aires se propuso revolucionar las relaciones de producción en el campo de la provincia oriental, y el resto de las provincias hoy argentinas (Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes) que integraban la Confederación de los Pueblos Libres, que encabezaba precisamente Artigas. Si bien la implementación en 1815 del denominado Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados (ver Recuadro 1), fue el resultado concreto de la lucha artiguista contra los imperios español y portugués de forma simultánea, y en contraposición a los designios del gobierno centralista porteño a quien luego también enfrentó; llevó a rajatablas algunos de los principales postulados del Plan Revolucionario de Operaciones, escrito por Mariano Moreno. En el Plan, Moreno subrayaba en los apartados 7º y 8º (Ver Recuadro 2) algunos de los elementos principales que darían vida al Reglamento agrario de la provincia oriental.
En 1811 el entonces gobernador de la provincia oriental Javier de Elío, quien luego fuera nombrado como Virrey del Río de La Plata le declara la guerra a la Junta revolucionaria creada en Mayo con sitio en Buenos aires. De esta forma, el 18 de mayo de 1811 Artigas, encabezando su ejército popular derrota a los realistas en el combate de Las Piedras y comienza el sitio a Montevideo. La elite porteña veía con preocupación la labor desarrollada por el caudillo oriental, pues temía que su ejemplo se expandiera de este lado del Río de la Plata. Una burguesía intermediaria y mercantil, asociada a los grandes terratenientes no veía con buenos ojos el reparto de tierras y ganado, que si bien eran expropiados a los realistas; más allá de la denominación o de las banderas, la elite porteña en términos objetivos no era demasiado diferente de los españoles derrotados. Esa burguesía (conformada por contrabandistas y mercaderes ingleses) propició el advenimiento del Primer Triunvirato, y el confinamiento de los principales líderes revolucionarios. Por esta razón en octubre de 1811 el primer Triunvirato pacta con Elío el retiro de las tropas y declara a Artigas como traidor, poniéndole a su cabeza el precio de 6 mil pesos. Fue allí que replegándose en Entre Ríos Artigas reagrupa fuerzas y se constituye en el protector de los Pueblos Libres. El enfrentamiento con Buenos Aires ya era un hecho ineludible por parte de todas las provincias mesopotámicas que siguieron a Artigas.
Cuando en 1815 las tropas de los Orientales, recuperaron Montevideo, que estaba por ese entonces bajo la tutela de los porteños, Artigas convoca en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Congreso de los Pueblos Libres.  El documento político fundamental es el Reglamente de Tierras y de Fomento de la Campaña emanado de Purificación en 1815 y presentado ante dicho Congreso.
Vale precisar que la presentación de ese proyecto de reforma agraria para la Banda Oriental, en un congreso con las demás Provincias “debe ser entendido como la presentación concreta, para la provincia más atrasada y que más había sufrido en el curso de la guerra, de un proyecto de ordenamiento e impulso de la producción que se basaba en principios de justicia social y en la búsqueda de un desarrollo económico soberano” sostienen desde su portal las Comisiones Unitarias Antiimperialistas del Uruguay (Comuna).
Este proceso de conformación de pequeños y medianos productores agropecuarios, no prosperó ya que Artigas fue derrotado, y siguió prevaleciendo la presencia dominante del latifundio y el poder de los terratenientes, con lo cual el desarrollo de nuevas fuerzas productivas no resultaba lo más indicado para una burguesía que desde su nacimiento se caracterizó por el parasitismo.
Este abordaje de la cuestión de las tierras en la región del Río de la Plata, es un indicador bastante aleccionador del comportamiento casi lumpen de las burguesías hispanoamericanas, que siempre tuvieron como principales socios a los terratenientes y los agentes imperiales, y muy poco interés  por desarrollar otra matriz productiva.
En una próxima entrega sobre la cuestión agraria, Miradas al Sur abordará los intentos de reforma de la propiedad territorial durante el Siglo XX.

Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados (fragmento)
1º.  El señor alcalde provincial, además de sus facultades ordinarias, queda autorizado para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario, siendo el juez inmediato en todo el orden de la presente instrucción.
2º.  En atención a la vasta extensión de la campaña podrá instituir tres sub-tenientes de provincia, señalándoles su jurisdicción respectiva y facultándolos según este reglamento.
6º. Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.
7º. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero.
12º. Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades.
15º. Para repartir los terrenos de europeos o malos americanos se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos todo es disponible. De aquellos se atenderá al número de sus hijos, y con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible, si tuvieran demasiado terreno.
16º. La demarcación de los terrenos agraciables será legua y media de frente, y dos de fondo, en la inteligencia que puede hacerse más o menos extensiva la demarcación, según la localidad del terreno en el cual siempre se proporcionarán aguadas, y si lo permite el lugar, linderos fijos; quedando al celo de los comisionados, economizar el terreno en lo posible, y evitar en lo sucesivo desavenencias entre vecinos.

Plan Revolucionario de Operaciones, de Mariano Moreno  (fragmento)
7ª Debemos igualmente, hacer publicar en todos los pueblos que a todas las familias pobres, que voluntariamente quisiesen trasladarse a la Banda Oriental y a las fronteras a poblar, se les costeará el viaje, dándoles las carretas y demás bagajes para su transporte y regreso, y contemplándoles como pobladores, se les darán terrenos a proporción del número de personas, que comprenda cada familia, capaces y suficientes para formar establecimientos, siembras de trigo, y demás labores, y esto por el término de diez años, que serán los precisos que deberán habitarlos, y pasado dicho término, podrán venderlos, o enajenarlos como más bien les pareciere, sin que el valor de dichas tierras tengan que abonarlo.
Que para el efecto y fomento se les suministrará, en los dos primeros años, con algunas fanegas de distintos granos, algunas yuntas de bueyes y vacas, para sus establecimientos, y asimismo algunas yeguas y caballos, supliéndoles para la fábrica de sus moradas doscientos o trescientos pesos, según lo que dispusiere en esta parte el Superior Gobierno, como igualmente las herramientas precisas para sus labores, quedando exentos en el dicho término de diez años, cualquiera de tales familias, de servir en las milicias, ni en ningún otro cargo que pudiera perjudicarles, y en la misma forma, en dicho término, serán exceptuados de toda contribución y derecho de cualquier fruto que vendan o introduzcan, en cualquiera pueblos o provincias, dependientes del Gobierno Americano del Sud.
8ª En los mismos términos y en igual forma, bajo las mismas proposiciones, debe de proponerse este mismo convenio a las familias pobres de la Banda Oriental de Montevideo y Capital de Buenos Aires, que quieran ir a poblar a los territorios del Río Grande, para de esta manera introducir en dichos destinos el idioma castellano, usos, costumbres y adhesión al Gobierno, pues ya en estas circunstancias se deberá haber allanado todas las dificultades, y, levantando nuestra bandera en aquellos destinos, declararlos como provincias unidas de la Banda Oriental y Estado Americano del Sud.

"Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso"  Subcomandante Marcos

Cuando el grueso de la población campesina migra hacia las grandes concentraciones urbanas, pareciera que el debate sobre la ruralidad, fuera un dato del pasado. Transformar la estructura agraria en Latinoamérica, dejando atrás el latifundio, lejos de ser una simple quimera, resulta hoy la condición necesaria para que los países de la región abandonen el atraso estructural relativo, y peguen el salto cualitativo que posibilite no solamente un desarrollo industrial acorde a las necesidades del mercado interno (y regional), sino para dejar atrás, las grandes desigualdades tanto sociales como territoriales. Las formaciones sociales y económicas, si bien pueden (y deben) ser analizadas  a través del prisma de la cientificidad, para ser transformadas; hay que convenir que sin la existencia de sujetos o actores que las lleven adelante, que las impulsen según un programa y una voluntad, es muy poco probable que evolucionen naturalmente. Porque desde ya, existen los que de una u otra forma, intentarán preservar lo dado, a toda costa. En la economía priman el interés y la necesidad.
En la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del XIX, la ascendente burguesía comprendió la necesidad de suprimir las grandes propiedades territoriales, porque percibió claramente que ellas eran una traba estructural al desarrollo de la industria. En dicho sentido esa burguesía era un actor determinante, pero a diferencia de lo que sucedió en el viejo continente, las burguesías latinoamericanas nunca tuvieron un interés suficiente como para desterrar la gran propiedad agraria, ya que sus rentas no dependían de desarrollarse en la industria, sino mantenerse como intermediarios entre los grandes terratenientes y los actores externos. Los intentos de reformar y transformar la estructura agraria latinoamericana a lo largo del Siglo XX, dependieron principalmente de movimientos políticos nacionalistas con fuerte arraigo popular.  Fueron precisamente esas bases populares (principalmente cuando contaban con raigambre campesina) las que empujaron a sus dirigentes, a pensar en una nueva distribución de la tierra, pero también porque comprendieron que ésa era una traba para el desarrollo capitalista local, que pudiera generar un nuevo posicionamiento a escala mundial, fundamentalmente en momentos en los que el mundo desarrollado atravesaba grandes crisis. Si bien estos movimientos tanto nacionalistas como desarrollistas cuestionaron de las formaciones capitalistas- dependientes, sólo el segundo de los términos, no contaron entre sus actores con quien debía ser necesariamente su principal fuerza motriz: las burguesías nacionales, y por esa misma razón suplieron esa carencia, con el rol preponderante del Estado como sustituto. El principal supuesto era que en el proceso de desarrollo -de una industria que sustituyera importaciones- bajo conducción estatal, surgiría un empresariado nacional con vocación transformadora, y que a su vez armonizando con los diferentes sectores populares, se conformaría un bloque social que pudiera romper definitivamente con la dependencia. Hasta ahora, esa hipótesis aún no pudo ser demostrada, y tal vez los actuales intentos de desarrollo de la economía social en algunos países de la región, sean una alternativa al respecto, ya que desde emprendimientos que también pueden considerarse como empresa pública, es posible encontrar productores con iniciativa y empuje. Hace dos siglos Mariano Moreno ya había vislumbrado y advertido que sólo el Estado podía suplir la ausencia de una burguesía nacional comprometida, aunque esa ecuación aún no posea un fundamento unívoco.
En lo que prosigue se intentará rastrear los trazos histórico- estructurales de lo que fue la reforma agraria en Bolivia, como una de las experiencias más significativas por reversar la estructura territorial heredada desde el tiempo colonial.
La revolución boliviana del ’52- La situación política de Bolivia, desde la Guerra del Chaco (1932-1935) en la que el país del altiplano se enfrentó a Paraguay, fue una realidad inestable, con gobiernos de corta duración, y en donde el descontento popular iría in crescendo, principalmente el del sector de los obreros mineros, que en Bolivia constituye aún la fracción más poderosa de la clase trabajadora. El 7 de junio del ‘42 se fundaría el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que contaría en sus filas a futuros presidentes como Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. El MNR constituiría un partido de tipo reformista con raigambre popular y con aceitados contactos en sectores nacionalistas de las fuerzas armadas. Por su parte durante la década del 40 se produciría de forma simultánea -al surgimiento del MNR- la organización sindical de los trabajadores mineros. Tras la represión violenta del ejército a los mineros, sucedida en las minas de estaño de Oruro y Potosí en 1942, esto haría que dos años después, más precisamente el 11 de junio del ’44, se conformara la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) como una organización que contuviera al sector. Desde su fundación la FSTMB contó entre sus principales dirigentes a miembros del Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotsquista, entre ellos Juan Lechín Oquendo. Tanto el MNR como la FSTMB serían por ese entonces la oposición orgánica más visible a “La Rosca”. Así se la denominaba, a la oligarquía boliviana constituida por magnates mineros y latifundistas.
El 8 de noviembre de 1946 reunidos en el Congreso de la FSTMB, los mineros aprobaron las denominadas Tesis de Pulacayo, presentadas por la delegación obrera de Llallagua, que consistían en un programa revolucionario para los trabajadores de Bolivia, y que había sido inspirado por el entonces joven dirigente del POR Guillermo Lora. Señalar al programa de Pulacayo, la lucha de los mineros, y la incidencia del MNR, resulta válido para entender el proceso que se desencadenaría en 1952 cuando las fuerzas populares tomarían por asalto el poder que ostentaba La Rosca. Mucho más para entender la base de la reforma agraria que se iniciaría, en tanto podría ser considerada como el mayor logro de dicha revolución.
En el apartado 4 de los fundamentos de las Tesis de Pulacayo se señala que “La particularidad boliviana consiste en que no se ha presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar el latifundio y las otras formas económicas pre-capitalistas; de realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los objetivos democrático-burgueses que inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los países semicoloniales son: la revolución agraria y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están estrechamente ligadas las unas a las otras”. En este punto el rumbo de los mineros, conducidos principalmente por el POR, daban por sentado su alianza táctica con el MNR, ya que no renegaban del objetivo de desarrollar tareas democráticas y de liberación nacional. “Los trabajadores del subsuelo no insinuamos que deben pasarse por alto las tareas democrático-burguesas: lucha por elementales garantías democráticas y por la revolución agraria antiimperialista” expresaba la FSTMB en el capítulo II de las tesis.
Desde mayo del ’51 el general Hugo Ballivián Rojas tras invalidar las elecciones presidenciales realizadas en mayo del mismo año, se enquistó en el poder, decretando el estado de sitio y desencadenando una muy fuerte represión al movimiento popular. Pero pareciera que la concurrencia estaba desatada entre los diferentes ministros de Ballivián: todos querían ser presidentes, y más precisamente el Ministro de Gobierno, el general Antonio Seleme convenció a un grupo reducido del MNR para que lo acompañen en su cruzada. La idea era básicamente realizar un pequeño putch para derrocar a Ballivián, y hacerse del poder. Miembros del MNR junto a carabineros que dependían de las órdenes de Seleme, se apoderaron la madrugada del 9 de abril del ’52 de varios edificios públicos, y proclamaron la revolución. Pero el anuncio fue anticipado, ya que las fuerzas armadas gubernamentales coparon inmediatamente las calles. El pueblo boliviano, y principalmente los trabajadores mineros fueron los que desencadenaron una verdadera insurrección armada, que al final destronó al gobierno de La Rosca. Si bien el rol de las milicias obreras fue determinante, ante la falta de una herramienta política propia, no tuvieron más opción que entregar el nuevo gobierno al dirigente del MNR Hernán Siles Zuazo, quien luego se lo pasaría a Víctor Paz Estenssoro al regreso de su exilio en Buenos Aires. El POR si bien tenía una muy importante inserción sindical, era un partido pequeño con escasa incidencia política en sectores ajenos al mundo laboral.
Aunque los hechos del ’52 puedan despertar diferencias de interpretación, ya que muchos autores le atribuyen la revolución al MNR solamente, vale señalar que a las pocas semanas nomás el nuevo presidente logró postergar la nacionalización de las minas, que era uno de los principales reclamos de la FSTMB, y posteriormente disolvió las milicias obreras. En verdad se trató de un proceso complejo en el cual confluyeran diferentes actores políticos y sociales, pero en el cual se expresaría principalmente un fuerte rechazo popular a las injusticias. Como en todo proceso de transformaciones profundas hubo andariveles que fueron abordados de una forma efectiva y otros que no tanto. Se puede afirmar con toda justeza que en torno a la cuestión agraria y el desmantelamiento del orden señorial y la servidumbre, con la concomitante incorporación del campesino- indígena a la vida social, la revolución nacional del ’52 cumplió e hizo que ese ítem fuera casi irreversible.
La reforma agraria- Antes del ’52 el campesinado indígena vivía subsumido en una casi esclavitud desde el tiempo de la conquista española. Nada había cambiado desde 1825 cuando se fundara el país, y mucho menos antes de 1952. Según precisara Ángel Jemio- Ergueta en su trabajo La Reforma Agraria, antes de que ésta fuera realizada, sólo el 4.5 % de los propietarios rurales, detentaban el 70 % de las tierras cultivables, había ausencia de inversión de capital suplementario, desconocimiento del concepto de salario (servicios personales gratuitos) y empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época colonial. Si la revolución del ’52 había propuesto como principales consignas la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria, la reforma educativa, el sufragio universal y la diversificación de la economía como prerrequisitos para transformar a Bolivia en un Estado moderno, se podría afirmar que fue consecuente principalmente con la implementación del sufragio universal, y con el desarrollo de la reforma rural.
Cuando los conquistadores españoles llegaron a Bolivia dieron fin al régimen comunitario de explotación de la tierra que había sido el predominante durante el imperio de los incas. Al instalarse la colonia, se trasplantó desde España el régimen latifundista y a los pueblos originarios se los convirtió en servidores de los nuevos amos. No solamente en cuanto al trabajo de la tierra, ya que también se establecieron diferentes rangos de servidumbre.
Fue así que surgieron el pongueaje (obligación de cada colono de la tierra a asistir a la casa citadina del patrón para cumplir funciones de mozo de mandados) o el mitanaje que consistía en que la mujer del colono, debía cumplía mientras durase el pongo, la tarea de sirvienta o cocinera. De igual forma se daban diversas funciones serviles en la cuales se esclavizaba al indígena.
Por su parte estaban los comunarios que eran los campesinos indígenas que aún conservaban la propiedad  colectiva de la tierra, pero que no escapaban al régimen de servidumbre personal, ya que aunque no tuvieran patrones debían servir a los intendentes, el clero, los corregidores, los jueces de paz y los comisarios. Esta modalidad de explotación de los indígenas, no se transformó con la formación de la república en 1825, se extendió hasta 1952.
La población campesina e indígena en Bolivia era para ese entonces el 65 %. Tal como señala Roberto Jordán Pando en su libro “De Bolívar a la Revolución boliviana”, toda esa franja poblacional mayoritaria no contaba con un instrumento político administrativo para atender sus problemáticas. En tal sentido la revolución nacional una de las primeras medidas que toma es la de crear el Ministerio de Asuntos Campesinos a cargo de Ñuflo Chávez Ortiz, un experimentado activista e intelectual del MNR. La tarea del nuevo ministerio era preparar el terreno para la reforma agraria, organizando a los campesinos, estableciendo regulaciones laborales en las áreas rurales, ofreciendo alfabetización  y educación, además de proporcionar herramientas sobre cooperativismo y organización comunitaria. Por su parte la recientemente conformada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaba la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), la cual al poco tiempo ya contaría con 700 mil afiliados. Además generaría a sus propios cuadros dirigentes, ya que había sido organizada principalmente por sindicalistas obreros.
El 20 de enero de 1953 el gobierno de la Revolución Nacional por el Decreto 3301, creó una comisión encargada exclusivamente de estudiar el problema de la tierra y la incorporación de los pueblos indígenas. Esta comisión integrada por economistas, sociólogos y cuadros políticos de diferentes orientaciones ideológico- partidarias, debía indagar la cuestión agraria en sus múltiples facetas de índole tanto económica, social, jurídica, técnica y educativa. Habiendo trabajado la comisión entre el 9 de abril y el 28 de julio, presentó un informe de tres volúmenes, que sería el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, más varios proyectos complementarios. Esta sería la base del Decreto Ley Nº 3464 firmado por el mandatario Víctor Paz Estenssoro el 2 de agosto de 1953. Ese día ante una multitudinaria concentración campesina en la localidad de Ucareña, Paz Estenssoro realizó el anuncio de la medida.
Tal como señalara  Jemio- Ergueta en el trabajo señalado, la Reforma Agraria fue un acto de justicia histórica, fue destinada principalmente para liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana de la Nación. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base material: la tierra y, la tierra debía ser para quien la trabaje.
A la luz de un análisis más objetivo, la ley de Reforma Agraria de Bolivia se propuso asimilar las técnicas capitalistas de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por resabios feudales e incorporando a las masas campesinas al mercado interno en su doble condición de productores y consumidores. La esencia democrática de la reforma agraria boliviana radicó en el hecho de que instituyó el trabajo como la principal fuente del derecho a la propiedad de la tierra. Las principales cuatro finalidades de la reforma eran:
a) proporcionar tierra labrantía a los labriegos que no la tienen o la poseen en grado insuficiente, expropiando para ello a los latifundistas que la detentan en exceso y disfrutan de una renta absoluta que no proviene de su trabajo ni de inversiones de capital suplementario.
b) proscribir los servicios personales y gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como única forma de pago al peón agrícola por su trabajo.
c) reivindicar las tierras despojadas a las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la extorsión administrativa para convertir a aquéllas en cooperativas de producción, y
d) conseguir la explotación racional e intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un plan de mecanización de las labores agropecuarias.
Si bien en 1964, con el golpe militar que pondría en el poder al General René Barrientos, hubo un cierto estancamiento con respecto al proceso reformista rural, se puede decir que el ciclo iniciado en 1952 -en lo referido específicamente a la reforma agraria- no tuvo grandes retrocesos. En este sentido muchos analistas sostienen que la reforma fue un hecho irreversible, aunque sí habría que analizar cuáles fueron sus principales falencias.
La revolución nacional del ’52 se planteaba varios objetivos, entre ellos la nacionalización de las minas de estaño y la diversificación de la economía, además de transformar la estructura agraria. Los otros objetivos no se lograron, y vale subrayar al respecto que no es posible transformar la estructura de una formación social, solamente desde uno de sus flancos, mucho más cuando los más importantes (como el de la minería) permanecen sin una sustancial modificación.  
Por otra parte en referencia a la cuestión de la tierra, la reforma fue efectiva principalmente en la región occidental, en donde viven el 70 % de la población rural de Bolivia. Paradojalmente en la región oriental (Santa Cruz, Beni) en la cual la agricultura es mucho más factible, sobre una extensión aproximada de 700 mil km², solamente había una población de 0,8 habitantes por km². La mayor población labriega de Occidente se desarrollaba en terrenos ubicados entre 2.500 y 4.000 mil metros sobre el nivel del mar, que fue el sitio donde fue efectiva la reforma agraria. La tierra distribuible siempre fue considerada aquella, a la cual se la considera cultivable, aunque en algunos casos el Estado declaraba a ciertas tierras como empresa, y por ende no se encontraban sujetas a ser entregadas a los agricultores.
A modo de conclusión- No alcanza con “tierra para el que la trabaja”, es necesario un proceso de industrialización de la ruralidad desde la obtención de la materia prima, hasta la obtención de productos con alto valor agregado. Puede alcanzar para la subsistencia de los campesinos, pero no para transformar la estructura productiva de un país. En Bolivia se abortó el proceso de la revolución del ’52 debido a que no hubo desarrollo de los otros factores económicos intrínsecos. Incluso varios expertos sostienen que si bien los campesinos contaban con la tierra, no contaban con los recursos necesarios para poder explotarla de la mejor forma.
La revolución agraria tal como la habían planteado los mineros de Pulacayo en 1946, en cierta medida fue realizada, también la tarea democrática de otorgarle la ciudadanía a la población indígena, pero el problema principal es que el proyecto de nacionalizar los grandes recursos naturales como son los productos de la minería, quedaron casi en las mismas manos.
Desde la nacionalización de los grandes recursos energéticos realizados por el actual gobierno de Evo Morales, el país del altiplano pareciera entrar nuevamente en el terreno que fuera abandonado hace décadas, para comenzar  a soñar con las metas anheladas.
En una próxima entrega sobre la cuestión agraria Miradas al Sur abordará las experiencias de reformas realizadas en Perú y Chile durante la década del 60, y la ejemplar lucha del Movimiento de campesinos sin tierra (MST) de Brasil.
 
 “Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria? tomen la tierra al que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena” Ernesto “Che” Guevara

Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre son, resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida, aunque en algunas oportunidades, existan cambios que son el producto de controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso, es hacer lo posible. En los años ’60 un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y propagación de la revolución cubana.  Esto era un quiste severo  para el dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio. Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se inmiscuyera en la región, hizo que los EE. UU. tracen una estrategia para desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos el atraso en cuanto a la situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y social en el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los países de la región.  La Alianza para el Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los presidentes Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década del ’60 sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras características, en un inicio estuvieron signadas por la política de Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la iniciada en 1962, durante el gobierno de la Junta Militar presidida Nicolás Lindley. También pesaba sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que presionaba desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura agraria.
La Alianza para el Progreso (ALPRO) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya. En esa reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive un delegado por Cuba, Ernesto “Che” Guevara. Mientras todos los delegados se ilusionaban con la consigna de "mejorar la vida de todos los habitantes del continente" tal como rezaba la declaración oficial de la constituida ALPRO, Guevara en su alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra toda idea de simple ayuda técnica o económica “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano” subrayó el Che. El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años, en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este -de alguna forma- ya lo había advertido.
La reforma agraria en Chile- A través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”, de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a  las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América Latina (Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile” las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma. Según el mismo autor para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del periodo y se plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la 16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios, con 23,4 por ciento de la tierra regada del país y 34,7 por ciento de la tierra de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas. En menos de tres años se expropiaron 4.401 predios, con 35,3 por ciento de la tierra regada y gran parte de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal. Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales  y los agronegocios en detrimento del campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte, comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20% como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a sostener el neoliberalismo en el país trasandino.
La reforma en Perú- A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas campesinas, quizá el caso más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco, contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios- progresasen, pues la modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos suburbanos. En Perú a excepción de los grandes latifundistas, las diversas clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaunde Terry como presidente. Belaunde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular- Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria  integrada por la Unión Nacional Odriista y el APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias. Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a la mayoría de los campesinos- indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir con la industria.
Entre la vida y la muerte, los sin tierra del Brasil- El gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de 200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión es uno de los países con mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10 % de la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias. Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares.  La experiencia de los sin tierra de Brasil sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las sucesivas entregas que Miradas al Sur vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana
Si en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria en las grandes favelas urbanas como Cidade de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo, predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social, instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva cercana a cualquier utopía.
El MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su país, pero tal como señalan no una reforma que favorezca a los campesinos solamente, una reforma agraria que transforme a Brasil en una nación igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que no habría que dejar de escuchar.