La destitución de Dilma

Hay un viejo dicho que dice: “Tiene razón, pero marche preso”. Por más argumentaciones lúcidas y razonables que se hagan y que comprueben la inocencia, no existe la posibilidad de liberar al preso, porque no está preso por culpable sino por el capricho de quienes tienen mayor poder. “Son las relaciones de fuerza viejo” diría alguien más cercano.
 Indignarse por la destitución de Dilma no debe llevar a argumentaciones que puedan ser respondidas con un “Tiene razón…” ya que eso reforzaría un problema que, es más complicado y hay que abordarlo en esa complejidad.

¿La apuesta de Macri es contra Venezuela?

Si existió un aspecto bastante interesante en cuanto a la política de comercio exterior de la República Popular China en los tiempos de Mao, fue que esa nación comerciaba con todas las naciones del mundo o al menos eso intentaba. Lo que ellos no comerciaban con cualquiera era lo concerniente a armamentos. En eso se diferenciaban de la ya desaparecida Unión Soviética que sí les vendía armas a países en donde gobernaban lo que para ellos eran burguesías nacionales progresivas, pero no tenían por su parte relaciones comerciales fluidas con el resto de las naciones. La política de comercio exterior siempre que le dé ventajas a un país, en tanto posibilidad de adquirir lo que no se puede producir localmente y exportar en condiciones favorables, no debe tener como límite los presupuestos ideológico- políticos de las naciones entre las cuales se comercia. La dictadura cívico- militar argentina en tiempos de Videla y Viola tenía como gran destino comercial a la ex URSS  en cuanto a la exportación de granos. A nadie se le ocurriría suponer afinidades ideológicas entre dichas partes. La existencia actual de un clúster económico como son los BRICS, no supone necesariamente coincidencias de tipo ideológico, sino razones económicas como contar todos esos países con la característica de ser las principales economías emergentes del planeta. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica tienen antes que nada coincidencias económicas, sabiendo que una competencia furiosa entre ellos los llevaría a una hecatombe.

Esta pequeña introducción es para comprender parcialmente la posibilidad efectiva que el presidente electo de la Argentina Mauricio Macri cuenta  para lograr la suspensión de Venezuela del Mercosur. En todo caso también poder leer entre líneas qué es lo que se intenta hacer con ello. El Mercado Común suramericano, tiene dos socios principales. Sin Brasil y Argentina sería poco probable que tuviera supervivencia en cuanto a su razón principal., que es ser una zona de libre comercio y cooperación económica entre partes. Está integrado como ya se sabe además de los dos grandes gigantes continentales, por Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia (en proceso de adhesión). De todos esos socios sin dudas están los que tienen un valor significativo por ser grandes proveedores de energía además de Brasil y la Argentina.

Excluir a Venezuela se basa en prejuicios ideológicos y no en razones económicas, pero también atenta contra la excelente relación con Brasil, que no solamente es un socio comercial privilegiado de nuestro país en cuanto a la región, sino como lugar de apertura a las economías emergentes del mundo. El problema es si el intento de excluir a la nación bolivariana no lleva implícito debilitar las relaciones con Brasil. 

Resulta igual saber si en realidad no es todo esto, una mera apuesta propagandística de Macri; mucho más teniendo en cuenta que su padre es el principal empresario argentino con ligazón a los negocios con la economía china, que tiene en Brasil a su principal socio comercial de la región.

Esbozo sobre la cuestión agraria en Latinoamérica

Los condenados de la tierra

“¡A desalambrar, a desalambrar!/ que la tierra es mía, tuya y de aquel…”    Daniel Viglietti

Cuando se plantea hasta dónde es posible llevar adelante al actual proceso de integración latinoamericano, no pocas veces a esto se lo deja supeditado nada más que a la voluntad política de los líderes regionales, que sin dudas es una condición indispensable, pero si se considera que la integración, es parte simultánea de un sustancial cambio en relación a los actores globales externos al continente, implicando dar un corte definitivo a la histórica dependencia, no alcanza con la voluntad, sino que en primer lugar resulta imprescindible transformar sustancialmente la estructura económico productiva que dio condición de posibilidad a la subordinación a los diferentes imperios, quedando la región sumergida en una marcada fragmentación. Conocer -con precisión propia a los postulados de la ciencia-, cuáles son las trabas estructurales que obstaculizan la profundización del cambio de época, debiera ser parte integral no solamente de los programas políticos de los gobiernos progresistas, sino principalmente de los movimientos sociales y las mayorías populares, que son los verdaderamente interesados -por su situación objetiva- en que las diferentes crisis cíclicas se resuelvan efectivamente, alcanzando un punto histórico que pueda considerarse como irreversible y no sujeto a retrocesos. Las diferentes experiencias de integración y desarrollo autónomo que precedieron al actual proceso, hasta ahora fueron intempestivamente inclinadas hacia la regresión. Si hay una cuestión central, que hiciera que el continente no dejara de ser aún solamente un gran reservorio de recursos naturales, con muy escaso desarrollo de la industria, signado en la división internacional del trabajo a ser sólo un gran productor de materias primas; esa cuestión central sin dudas es la cuestión agraria, o para ser más precisos el régimen de explotación, posesión, tenencia y reparto de la tierra.

Desempolvar la cuestión agraria y la necesidad de la otrora famosa reforma agraria u otra política acorde a ella, no es solamente un problema que atañe a lo específicamente relacionado con las actividades productivas del campo, sino que en la actualidad cobra suma vigencia a partir del engrosamiento de las grandes ciudades del continente, con todos los rasgos propios presentes en ellas, que ponen sobre el tapete la más cruda desigualdad social. Ciudades con grandes zonas suburbanas en las cuales se producen continuamente asentamientos de migrantes del campo, que lejos de resolver sus problemas esenciales, agudizan la exclusión y la marginación.

Introducción al problema- En nuestras sociedades, existe un hecho económico y social (también se traduce en lo político) que es la desigualdad entre la ciudad y el campo, y la misma no desaparecerá de forma inmediata por más transformaciones que se produzcan en las estructuras sociales. Para ello es necesario un largo proceso, que no solamente revolucione ese desequilibrio, sino que altere considerablemente el desarrollo desigual que se da a nivel planetario producto de la división internacional del trabajo. De tal forma,  existen zonas en las cuales se privilegia la producción industrial, y otras en las cuales, el único destino pareciera ser consolidarse como regiones productoras de materias primas. El último caso es el rasgo dominante en Latinoamérica, y ello no es un hecho fortuito o azaroso sino producto de cómo está estructurada la relación entre el campo y la ciudad, y de qué manera esa relación se liga íntimamente a la cuestión agraria.  Desde el tiempo de la colonia, la región está caracterizada por un régimen de tenencia de la tierra, en la cual prevalecen los llamados latifundios, es decir una excesiva concentración de la propiedad territorial en pocas manos, las de los grandes terratenientes. Vale señalar que en los países y regiones en los cuales hubo un desarrollo industrial considerable, como son los Estados Unidos, Europa y a posteriori también los países del llamado campo socialista; la propiedad de la tierra fue necesariamente redistribuida en proporciones  diferentes, privilegiando la pequeña y mediana propiedad.

Con el advenimiento de la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, las nuevas élites burguesas, comprendieron cabalmente que el antiguo régimen de propiedad de las tierras heredado del sistema feudal, consistente en la concentración de la propiedad territorial, era un obstáculo al desarrollo del capitalismo, y por ello se dieron a la tarea de ir desmontando progresivamente dicha concentración. En América Latina, procesos similares de redistribución de las zonas agrarias -si bien existieron intentos, que a la postre dejaron algunos cambios- no lograron afectar ni transformar el carácter dominante del latifundio, y marcaron a fuego de esa forma, el predominio de una estructura económico social en la cual lo principal sigue siendo la exportación de commodities y la importación de productos industrializados. Todos los intentos de industrialización y promoción de sustitución de importaciones, chocaron con ese límite preciso que es la cuestión relacionada a la tensión específica entre campo- ciudad y al interior de ella, a la cuestión agraria, entendida como la relación principal en la cual la propiedad terrateniente se impone con respecto a  las medianas y pequeñas propiedades agropecuarias.

La cuestión agraria de la forma señalada está indisolublemente asociada a una formación social históricamente determinada. Se podría afirmar que es la relación contradictoria entre dos modelos de propiedad y producción del agro, -o en todo caso de utilización de las tierras-; permanentemente en puja. Desde la primera emancipación americana sucedida hace dos siglos, se vienen dando intentos de inclinar el predominio latifundista, pero también vale señalar que los grandes terratenientes se van acomodando a las diversas coyunturas, haciendo que la renta de sus tierras, sean acordes a los negocios de cada época respectiva. Negocios que sin dudas no los establecen ellos sino el mercado mundial, y las necesidades de producción y consumo del mundo industrializado. De la propiedad de la tierra utilizada en parte para la ganadería, pero con grandes proporciones de zonas improductivas, hoy se asiste a una preeminencia  de los agronegocios entre los cuales las tierras utilizadas para la siembra expansiva de la soja y de oleaginosas para hacer agrocombustibles, resulta el dato sobresaliente.

Cuando se piensa que hoy la población del campo es cada vez menor, no solamente en Latinoamérica sino en todo el planeta, pareciera que el planteo de “Tierra para el que la trabaja” resulte algo anticuado. En una conferencia que diera el célebre historiador Eric Hobsbawn por diciembre de 2004 en Delhi, él expresaba que desde mediados del Siglo XX la humanidad está asistiendo a una gran revolución, no sólo en referencia a la tecnología, sino a que hace poco más de medio siglo, se produjo el fin de una historia que se extendió por diez mil años. De esa manera Hobsbawn anunciaba la caída vertiginosa del campesinado como esa clase social que fuera dominante desde los albores de la humanidad sedentaria. Según el historiador británico, hoy en el mundo más desarrollado las tareas agrícolas son muy ínfimas, por ejemplo sólo el 4 % de la población de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hoy trabajan en el campo, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 2 %. Sí en los inicios del siglo pasado solamente el 16 % de los habitantes del planeta vivían en ciudades, esa cifra hoy ronda el 50 %, siendo ese porcentaje engrosado principalmente por el África subsahariana y los países del sudeste asiático (India, Bangla Desh, Myanmar y los países de Indochina). La migración permanente desde el campo a la ciudad es un rasgo de la época, al igual que el vertiginoso crecimiento de las poblaciones urbanas y suburbanas. Latinoamérica a pesar de sus grandes extensiones rurales, no es una excepción a esa regla, más bien es uno de sus principales indicadores.  Cuando se piensa en una reorganización de las sociedades para que las mayorías populares tengan acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, sin dudas la desigualdad actual entre ciudad y campo, no deja de tener capital importancia, mucho más cuando los grandes asentamientos que se prodigan alrededor de las grandes ciudades, lejos de beneficiar a sus habitantes, los sumergen más, en una pobreza casi estructural. Vale señalar que un movimiento como el de los campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil, se inició en las zonas conurbanas de Sao Paulo. Relegados a la más cruel exclusión social, se organizaron para realizar el proceso inverso, ir de la ciudad al campo. Tomar tierras para producir y vivir en condiciones dignas. Si existe algún actor social preponderante hoy, que revitaliza siempre la necesidad de la reforma agraria ése es el MST brasileño, sin dejar de obviar a movimientos campesinos similares tanto de Paraguay como Argentina.

Tal como lo planteaba Edgar Allan Poe en el cuento La Carta Robada, lo que está más en la superficie es casi siempre lo más lejano a la visión. La policía buscaba la epístola quitada del palacio de los reyes, pero lo hacía con métodos sofisticados y rigurosos, sin poder encontrarla, pero sin prever que la carta estaba entre los papeles desordenados que estaban ubicados por encima de un escritorio, a la vista de cualquier visitante de aquella casa. La cuestión agraria si se quiere es como esa carta robada, es algo que está en la superficie pero nadie alcanza a verla como un problema a resolver. Si bien en la Argentina con la 125 pudo haber despuntado el debate sobre la cuestión agraria, todo quedó supeditado al porcentaje de las retenciones, y no precisamente al régimen de tenencia de la tierra.

Si tal como se dijera más arriba, el MST de Brasil y en menor medida otros movimientos campesinos de la región, hoy siguen manteniendo vigente la problemática referida a la reforma agraria, hay que precisar que también bajo ese nombre existen políticas para el campo, que son contrapuestas, aunque se inscriban bajo la misma denominación. Es así que el Banco Mundial (BM) también pregona la reforma agraria, pero en términos muy diferentes a como lo hacen los movimientos campesinos. Si bien en los planteamientos del BM está resolver cuestiones sociales referidas a ciertos conflictos emergentes de la actual situación, ellos no se proponen eliminar al latifundio, sino concertar entre pequeños y medianos campesinos, las compras de parcelas de tierra a los terratenientes. Según expresara el investigador chileno Cristóbal Kay, profesor emérito en Estudios del Desarrollo y Desarrollo Rural en el International Institute of Social Studies (ISS) de La Haya, el Banco Mundial concibe a esta reforma de un modo neoliberal, neoinstitucional, como un mediador entre compradores y vendedores de tierras, entre campesinos que quieren adquirirlas y latifundistas que están dispuestos a venderlas. De esta forma el BM otorga préstamos para establecer un banco de tierras y mediar en el proceso de compra y venta. Esta política del Banco Mundial se realiza sin la participación del Estado, y hoy tiene bastante raigambre en un país como Colombia. No pocas veces durante la primera ronda de conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc que se realizan en La Habana, emergió este debate entre dos tipos de reforma agraria. En primer lugar porque según los negociadores de la guerrilla, es precisamente la existencia del latifundio lo que generó el conflicto armado más viejo del continente, aunque por su parte el gobierno subrayó al respecto que, no se tocarían las propiedades agrarias adquiridas legítimamente enviando un mensaje de confianza a los grandes propietarios.

El geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes en un interesante trabajo que lleva el nombre de “La geopolítica de la cuestión agraria” hace un desarrollo de cómo se viene dando a nivel planetario, el problema agrario en un tiempo en el que priman los agronegocios, principalmente la producción de agrocombustibles, en detrimento de la producción de alimentos. La necesidad de búsqueda de nuevos territorios por parte de los principales trust hizo que existan hoy gobiernos que junto a empresarios y terratenientes, estén arrendando y comprando gigantescas extensiones de tierras en países diversos.

De tal forma Mançano sostiene que hay tres clases de países: los arrendatarios o compradores de tierras, los arrendadores, y los que son las dos cosas a la vez. Con la excepción de Brasil, que es tanto arrendatario como arrendador, los demás países de la región son fundamentalmente arrendadores. Este hecho no es fortuito, ya que es la existencia misma del latifundio lo que permite que sea de esta forma. En cambio los diferentes países de la Comunidad Europea, Japón y Canadá son los principales arrendatarios de tierras. Según precisa el experto brasileño, esta modalidad implica un nuevo elemento en la cuestión agraria: la unión del Estado y el capital para explotar tierras, personas y países. Sin dudas este proceso de explotación no es nuevo, lo que es nuevo según el autor es que más allá de las empresas, los gobiernos estén más involucrados en acuerdos que refuerzan el neocolonialismo y consecuentemente profundizan las formas de dependencia.

Esta novedad está también relacionada según Mançano con las crisis de falta de alimentos y con el aumento del precio de los combustibles. Un factor nuevo –precisa- es que estamos viviendo un momento de cambio estructural en la producción de energía. El campo productor de alimentos y fibras pasa a producir cada vez más energía. Es evidente que esta nueva realidad exige la expansión de los territorios. Y los países ricos en capital, pero pobres en extensión territorial están adoptando las estrategias imperialistas.

De tal forma, la existencia de países con grandes extensiones territoriales, pero con una población eminentemente urbana, hacen que la mayoría de los ciudadanos conozcan muy poco acerca de lo que ocurre en zonas en las cuales viven muy pocos habitantes. Tanto la producción de agrocombustibles, como también la minería a cielo abierto, y todas las variantes extractivistas y productoras de commodities, se desarrollan en un plano de invisibilidad notoria, ya que los grandes medios de comunicación, principalmente radicados en las grandes ciudades de eso no hablan.

Un problema también muy importante relacionado a la cuestión agraria es el de los pueblos indígenas y originarios del continente, ya que ellos fueron despojados de sus tierras a partir de la colonización hispánica basada en el latifundio. Hoy con el despertar de las naciones latinoamericanas también emergen con fuerza las voces originarias, que no sólo reclaman con toda justicia sus propiedades ancestrales, sino que a su vez reclaman una relación armónica con la tierra, tal como se plantea en el Buen Vivir de los pueblos andinos. Un flagelo como el del narcotráfico, tanto en la producción de estupefacientes, como en sus rutas, tampoco es ajeno a la cuestión agraria.

En las próximas entregas que Miradas al Sur hará sobre esta problemática, se intentará realizar un somero rastreo histórico de la cuestión agraria latinoamericana, regresando sobre algunos de los temas brevemente ya expuestos. Sobre los diversos intentos de reformar la estructura territorial del agro, desde la reforma agraria propuesta por José Gervasio de Artigas hace dos siglos, hasta experiencias como la de los movimientos campesinos sin tierra, sin dejar de lado los intentos realizados por el pueblo de Bolivia en 1952, y los gobiernos de Perú y Chile durante la mayor parte de la década del ’60. Se pretende contar así con algunos elementos de análisis para el presente de la región. De una región que ante la crisis del mundo occidental hoy tiene una oportunidad, que si no es aprovechada correctamente se corre el riesgo de repetir experiencias fallidas del pasado. De ahí la importancia del aprendizaje de la experiencia histórica.

El Latifundio es la herencia maldita del régimen colonial

“¿En qué clase se considera a los labradores? ¿Son acaso extranjeros o enemigos de la patria para que se les prive del derecho al sufragio? Jamás seremos libres si nuestras instituciones no son justas” Bernardo de Monteagudo

Hace dos siglos se producía la ruptura de los pueblos americanos con la corona española. Pero lejos de llevarse adelante una verdadera revolución, durante el tiempo subsiguiente, se preservó una estructura económica y social no muy diferente a la de los tiempos de la colonia. Los principios revolucionarios de los principales protagonistas de las jornadas emancipatorias cayeron en saco roto, y lejos de alcanzarse los sueños libertarios de Bolívar, San Martín, Monteagudo, Moreno o Sucre, prevalecieron las posiciones de todos aquellos que ajustaron la realidad regional a una nueva sujeción imperial. Hoy podría decirse que, renegociaron la dependencia, para preservar sus principales beneficios de clase, que ya ostentaban en los tiempos coloniales.

Si el primer intento emancipatorio, tenía como objetivo -en las ideas de sus principales artífices-, desarrollar una gran nación americana, autónoma y soberana, a tono con los avances de las fuerzas de la producción económica, tal como se empezaban a desarrollar en Europa; con el reciente adevenimiento de una burguesía que por ese entonces marcaba el principal camino de progreso de la humanidad, los revolucionarios locales, no solamente veían la posibilidad concreta de construir una pujante nueva nación, sino que simultáneamente eran partidarios de romper con todas las ideas oscurantistas y conservadoras del tiempo virreinal. Realizar un balance de por qué ese primer intento fue derrota, debiera hoy interrogar a los ciudadanos de la región, como una marca que permita delimitar el trazo estratégico de un nuevo intento. Lejos de intentar dicho balance crítico, se intentará en lo que sigue, proseguir con la cuestión agraria latinoamericana, como uno de los núcleos duros, de por qué la perspectiva emancipatoria no llegó a prosperar. Fundamentalmente la existencia del latifundio como formación específica, que impidió el desarrollo de una burguesía progresista y transformadora, un empresariado con iniciativas propias que no quedase reducido al único rol de intermediario entre los latifundistas y los principales agentes imperiales.

En la América precolombina hubo regímenes de explotación y tenencia de la tierra. Aunque muchas etnias aborígenes eran principalmente pueblos nómades y cazadores, prevalecieron los grandes imperios: inca, azteca y maya, que constituyeran no sólo el modo de producción dominante del continente, sino también el blanco principal de los conquistadores españoles. De todas formas rastrear históricamente la conformación del latifundio como rasgo principal de las formaciones económico- sociales en Latinoamérica, está referido en primer lugar a las formas de colonización que tuvieron tanto España como Portugal en esta parte del mundo. Lejos de un debate sobre todo árido y de improbables certezas, sobre si la economía del virreinato era de tipo feudal o desde sus inicios ya implicaba la presencia del capitalismo, lo que sí se puede aseverar es que la existencia de grandes y extensas concentraciones de tierra en pocas manos, sumada la existencia de una elite portuaria compradora- vendedora, que nunca pudo constituirse en industrial, marcó a fuego un patrón económico de acumulación capitalista pero con sujeción a las economías más desarrolladas.

A diferencia de los Estados Unidos, en Latinoamérica no se tocó la propiedad de la tierra tal como se estructuró en el tiempo de la colonia. Tras la Guerra de Secesión, en los EE.UU. el Norte suprimió al latifundio esclavista del Sur e implementó un régimen de colonización del Oeste que no permitía que los colonos pudiesen tener propiedades mayores a 100 acres (89 hectáreas). Esto -si se quiere- funcionó en el país del Norte como una reforma agraria que posibilitó un acceso más democrático a las tierras y al trabajo agrícola, principalmente de forma familiar.

El terrateniente- Según asevera el historiador León Pomer en su libro “Continuidades y rupturas. De la Colonia a Mayo”, siendo producto dilecto de la sociedad colonial, el terrateniente es “especialidad” española. Señala Pomer que el latifundio en España fue el resultado de la Reconquista, es decir de la recuperación de las tierras peninsulares -que estaban en poder de los musulmanes-, por parte de los reinos cristianos. Un proceso de guerra prolongada y discontinua que se extendió desde el Siglo VIII al XV, cuando los denominados Reyes Católicos  el 2 de enero de 1492 tomaron Granada.  El latifundio se constituía de esa forma como parte constitutiva de la conquista y apropiación gradual del territorio. Algunos autores sostienen que durante el tiempo de la conquista del nuevo mundo, en España solamente entre el 2 y el 3% de los propietarios (incluso están los que aseguran que sólo el 1,65 %) eran los poseedores del 97 % del suelo de la península. Los grandes latifundios eran propiedad de los dignatarios de la Iglesia, de las órdenes laicas y religiosas, de los nobles y los municipios. La gran propiedad territorial representaba así una fuente de renta desorbitante, y un signo de grandeza. Por esta razón muchos grandes mercaderes emergentes intentaban quitarle a la realeza las grandes propiedades de tierras, y constituirse así en clase nobiliaria; mientras que los pobres de la península tenían algunas tierras realengas, en las altas montañas. De tal forma la gran propiedad territorial se oponía a la pequeña propiedad agrícola que además de ser mal vista, gozaba de mala prédica.

Si la corona española durante la conquista hizo un traslado al nuevo continente de sus características principales como formación social, fue el latifundio una de esas típicas formaciones. Por otro lugar invadió y masacró a las principales civilizaciones precolombinas, como fueron la de los aztecas y los incas, para apropiarse de los metales preciosos, que estos pueblos extraían de las grandes montañas. Según las creencias de los conquistadores, exterminar a los pueblos originarios de las Indias, era lo más conveniente, ya que siendo paganos, consideraban que les redimían el alma. Era ésta la justificación ideológica del acto de masacrar.  La conquista del desierto llevada adelante por el general Julio Roca, varias décadas después de Mayo de 1810, demuestran a las claras que ese tipo de ideología seguía casi intacta, y que los motivos por los cuales lo hacían era el de expandir sus privilegios económicos.  Una muestra muy clara de que los ideales libertarios de los revolucionarios de mayo, había sido completamente derrotados, no solamente en relación con el desarrollo de un nuevo tipo de modo de producir, sino también en cuanto a aplastar y sustituir las ideas dominantes del tiempo virreinal.

Artigas y el primer intento de reforma agraria en Latinoamérica- Tal como señalara Eduardo Galeano en el ya clásico “Las venas abiertas de América latina” habían sido “los desposeídos quienes realmente pelearon -cuando despuntaba el Siglo XIX-, contra el poder español en los campos de América” pero pese a eso, la supuesta independencia no los recompensó. Lejos de producirse los cambios que proponían los revolucionarios, los dueños de la tierra y los grandes mercaderes incrementaron sus ganancias, y habiendo caído los cuatro virreinatos españoles, el continente se fragmentó en múltiples países, cayendo en saco roto la idea de construir la gran nación americana del Sud. “¿Pero qué burguesía nacional era la nuestra, formada por los terratenientes, los grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los políticos de levita y los doctores sin arraigo?” se pregunta Galeano en la obra señalada, y se responde: “Las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias. Los burgueses del mostrador, usureros y comerciantes, que acapararon el poder político, no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas locales, muertas en el huevo cuando el libre cambio abrió las puertas a la avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no estaban, por su parte, interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la medida de sus propias conveniencias. El latifundio se consolidó sobre el despojo, todo a lo largo del siglo XIX” Según el autor uruguayo se llegó a padecer “Frustración económica, frustración social, frustración nacional: una historia de traiciones sucedió a la independencia, y América Latina, desgarrada por sus fronteras, continuó condenada al monocultivo y a la dependencia” aunque “La reforma agraria fue, en la región, una bandera temprana”. La bandera del caudillo oriental José Gervasio de Artigas, quien a contramano de las políticas que llevaba adelante por ese entonces Buenos Aires se propuso revolucionar las relaciones de producción en el campo de la provincia oriental, y el resto de las provincias hoy argentinas (Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes) que integraban la Confederación de los Pueblos Libres, que encabezaba precisamente Artigas. Si bien la implementación en 1815 del denominado Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados (ver Recuadro 1), fue el resultado concreto de la lucha artiguista contra los imperios español y portugués de forma simultánea, y en contraposición a los designios del gobierno centralista porteño a quien luego también enfrentó; llevó a rajatablas algunos de los principales postulados del Plan Revolucionario de Operaciones, escrito por Mariano Moreno. En el Plan, Moreno subrayaba en los apartados 7º y 8º (Ver Recuadro 2) algunos de los elementos principales que darían vida al Reglamento agrario de la provincia oriental.

En 1811 el entonces gobernador de la provincia oriental Javier de Elío, quien luego fuera nombrado como Virrey del Río de La Plata le declara la guerra a la Junta revolucionaria creada en Mayo con sitio en Buenos aires. De esta forma, el 18 de mayo de 1811 Artigas, encabezando su ejército popular derrota a los realistas en el combate de Las Piedras y comienza el sitio a Montevideo. La elite porteña veía con preocupación la labor desarrollada por el caudillo oriental, pues temía que su ejemplo se expandiera de este lado del Río de la Plata. Una burguesía intermediaria y mercantil, asociada a los grandes terratenientes no veía con buenos ojos el reparto de tierras y ganado, que si bien eran expropiados a los realistas; más allá de la denominación o de las banderas, la elite porteña en términos objetivos no era demasiado diferente de los españoles derrotados. Esa burguesía (conformada por contrabandistas y mercaderes ingleses) propició el advenimiento del Primer Triunvirato, y el confinamiento de los principales líderes revolucionarios. Por esta razón en octubre de 1811 el primer Triunvirato pacta con Elío el retiro de las tropas y declara a Artigas como traidor, poniéndole a su cabeza el precio de 6 mil pesos. Fue allí que replegándose en Entre Ríos Artigas reagrupa fuerzas y se constituye en el protector de los Pueblos Libres. El enfrentamiento con Buenos Aires ya era un hecho ineludible por parte de todas las provincias mesopotámicas que siguieron a Artigas.

Cuando en 1815 las tropas de los Orientales, recuperaron Montevideo, que estaba por ese entonces bajo la tutela de los porteños, Artigas convoca en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Congreso de los Pueblos Libres.  El documento político fundamental es el Reglamente de Tierras y de Fomento de la Campaña emanado de Purificación en 1815 y presentado ante dicho Congreso.

Vale precisar que la presentación de ese proyecto de reforma agraria para la Banda Oriental, en un congreso con las demás Provincias “debe ser entendido como la presentación concreta, para la provincia más atrasada y que más había sufrido en el curso de la guerra, de un proyecto de ordenamiento e impulso de la producción que se basaba en principios de justicia social y en la búsqueda de un desarrollo económico soberano” sostienen desde su portal las Comisiones Unitarias Antiimperialistas del Uruguay (Comuna).

Este proceso de conformación de pequeños y medianos productores agropecuarios, no prosperó ya que Artigas fue derrotado, y siguió prevaleciendo la presencia dominante del latifundio y el poder de los terratenientes, con lo cual el desarrollo de nuevas fuerzas productivas no resultaba lo más indicado para una burguesía que desde su nacimiento se caracterizó por el parasitismo.

Este abordaje de la cuestión de las tierras en la región del Río de la Plata, es un indicador bastante aleccionador del comportamiento casi lumpen de las burguesías hispanoamericanas, que siempre tuvieron como principales socios a los terratenientes y los agentes imperiales, y muy poco interés  por desarrollar otra matriz productiva.

En una próxima entrega sobre la cuestión agraria, Miradas al Sur abordará los intentos de reforma de la propiedad territorial durante el Siglo XX.

Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados (fragmento)

1º.  El señor alcalde provincial, además de sus facultades ordinarias, queda autorizado para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario, siendo el juez inmediato en todo el orden de la presente instrucción.

2º.  En atención a la vasta extensión de la campaña podrá instituir tres sub-tenientes de provincia, señalándoles su jurisdicción respectiva y facultándolos según este reglamento.

6º. Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.

7º. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero.

12º. Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades.

15º. Para repartir los terrenos de europeos o malos americanos se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos todo es disponible. De aquellos se atenderá al número de sus hijos, y con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible, si tuvieran demasiado terreno.

16º. La demarcación de los terrenos agraciables será legua y media de frente, y dos de fondo, en la inteligencia que puede hacerse más o menos extensiva la demarcación, según la localidad del terreno en el cual siempre se proporcionarán aguadas, y si lo permite el lugar, linderos fijos; quedando al celo de los comisionados, economizar el terreno en lo posible, y evitar en lo sucesivo desavenencias entre vecinos.

Plan Revolucionario de Operaciones, de Mariano Moreno  (fragmento)

7ª Debemos igualmente, hacer publicar en todos los pueblos que a todas las familias pobres, que voluntariamente quisiesen trasladarse a la Banda Oriental y a las fronteras a poblar, se les costeará el viaje, dándoles las carretas y demás bagajes para su transporte y regreso, y contemplándoles como pobladores, se les darán terrenos a proporción del número de personas, que comprenda cada familia, capaces y suficientes para formar establecimientos, siembras de trigo, y demás labores, y esto por el término de diez años, que serán los precisos que deberán habitarlos, y pasado dicho término, podrán venderlos, o enajenarlos como más bien les pareciere, sin que el valor de dichas tierras tengan que abonarlo.

Que para el efecto y fomento se les suministrará, en los dos primeros años, con algunas fanegas de distintos granos, algunas yuntas de bueyes y vacas, para sus establecimientos, y asimismo algunas yeguas y caballos, supliéndoles para la fábrica de sus moradas doscientos o trescientos pesos, según lo que dispusiere en esta parte el Superior Gobierno, como igualmente las herramientas precisas para sus labores, quedando exentos en el dicho término de diez años, cualquiera de tales familias, de servir en las milicias, ni en ningún otro cargo que pudiera perjudicarles, y en la misma forma, en dicho término, serán exceptuados de toda contribución y derecho de cualquier fruto que vendan o introduzcan, en cualquiera pueblos o provincias, dependientes del Gobierno Americano del Sud.

8ª En los mismos términos y en igual forma, bajo las mismas proposiciones, debe de proponerse este mismo convenio a las familias pobres de la Banda Oriental de Montevideo y Capital de Buenos Aires, que quieran ir a poblar a los territorios del Río Grande, para de esta manera introducir en dichos destinos el idioma castellano, usos, costumbres y adhesión al Gobierno, pues ya en estas circunstancias se deberá haber allanado todas las dificultades, y, levantando nuestra bandera en aquellos destinos, declararlos como provincias unidas de la Banda Oriental y Estado Americano del Sud.

La alianza obrero-campesina en la reforma agraria boliviana

"Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso"  Subcomandante Marcos

Cuando el grueso de la población campesina migra hacia las grandes concentraciones urbanas, pareciera que el debate sobre la ruralidad, fuera un dato del pasado. Transformar la estructura agraria en Latinoamérica, dejando atrás el latifundio, lejos de ser una simple quimera, resulta hoy la condición necesaria para que los países de la región abandonen el atraso estructural relativo, y peguen el salto cualitativo que posibilite no solamente un desarrollo industrial acorde a las necesidades del mercado interno (y regional), sino para dejar atrás, las grandes desigualdades tanto sociales como territoriales. Las formaciones sociales y económicas, si bien pueden (y deben) ser analizadas  a través del prisma de la cientificidad, para ser transformadas; hay que convenir que sin la existencia de sujetos o actores que las lleven adelante, que las impulsen según un programa y una voluntad, es muy poco probable que evolucionen naturalmente. Porque desde ya, existen los que de una u otra forma, intentarán preservar lo dado, a toda costa. En la economía priman el interés y la necesidad.

En la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del XIX, la ascendente burguesía comprendió la necesidad de suprimir las grandes propiedades territoriales, porque percibió claramente que ellas eran una traba estructural al desarrollo de la industria. En dicho sentido esa burguesía era un actor determinante, pero a diferencia de lo que sucedió en el viejo continente, las burguesías latinoamericanas nunca tuvieron un interés suficiente como para desterrar la gran propiedad agraria, ya que sus rentas no dependían de desarrollarse en la industria, sino mantenerse como intermediarios entre los grandes terratenientes y los actores externos. Los intentos de reformar y transformar la estructura agraria latinoamericana a lo largo del Siglo XX, dependieron principalmente de movimientos políticos nacionalistas con fuerte arraigo popular.  Fueron precisamente esas bases populares (principalmente cuando contaban con raigambre campesina) las que empujaron a sus dirigentes, a pensar en una nueva distribución de la tierra, pero también porque comprendieron que ésa era una traba para el desarrollo capitalista local, que pudiera generar un nuevo posicionamiento a escala mundial, fundamentalmente en momentos en los que el mundo desarrollado atravesaba grandes crisis. Si bien estos movimientos tanto nacionalistas como desarrollistas cuestionaron de las formaciones capitalistas- dependientes, sólo el segundo de los términos, no contaron entre sus actores con quien debía ser necesariamente su principal fuerza motriz: las burguesías nacionales, y por esa misma razón suplieron esa carencia, con el rol preponderante del Estado como sustituto. El principal supuesto era que en el proceso de desarrollo -de una industria que sustituyera importaciones- bajo conducción estatal, surgiría un empresariado nacional con vocación transformadora, y que a su vez armonizando con los diferentes sectores populares, se conformaría un bloque social que pudiera romper definitivamente con la dependencia. Hasta ahora, esa hipótesis aún no pudo ser demostrada, y tal vez los actuales intentos de desarrollo de la economía social en algunos países de la región, sean una alternativa al respecto, ya que desde emprendimientos que también pueden considerarse como empresa pública, es posible encontrar productores con iniciativa y empuje. Hace dos siglos Mariano Moreno ya había vislumbrado y advertido que sólo el Estado podía suplir la ausencia de una burguesía nacional comprometida, aunque esa ecuación aún no posea un fundamento unívoco.

En lo que prosigue se intentará rastrear los trazos histórico- estructurales de lo que fue la reforma agraria en Bolivia, como una de las experiencias más significativas por reversar la estructura territorial heredada desde el tiempo colonial.

La revolución boliviana del ’52- La situación política de Bolivia, desde la Guerra del Chaco (1932-1935) en la que el país del altiplano se enfrentó a Paraguay, fue una realidad inestable, con gobiernos de corta duración, y en donde el descontento popular iría in crescendo, principalmente el del sector de los obreros mineros, que en Bolivia constituye aún la fracción más poderosa de la clase trabajadora. El 7 de junio del ‘42 se fundaría el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que contaría en sus filas a futuros presidentes como Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. El MNR constituiría un partido de tipo reformista con raigambre popular y con aceitados contactos en sectores nacionalistas de las fuerzas armadas. Por su parte durante la década del 40 se produciría de forma simultánea -al surgimiento del MNR- la organización sindical de los trabajadores mineros. Tras la represión violenta del ejército a los mineros, sucedida en las minas de estaño de Oruro y Potosí en 1942, esto haría que dos años después, más precisamente el 11 de junio del ’44, se conformara la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) como una organización que contuviera al sector. Desde su fundación la FSTMB contó entre sus principales dirigentes a miembros del Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotsquista, entre ellos Juan Lechín Oquendo. Tanto el MNR como la FSTMB serían por ese entonces la oposición orgánica más visible a “La Rosca”. Así se la denominaba, a la oligarquía boliviana constituida por magnates mineros y latifundistas.

El 8 de noviembre de 1946 reunidos en el Congreso de la FSTMB, los mineros aprobaron las denominadas Tesis de Pulacayo, presentadas por la delegación obrera de Llallagua, que consistían en un programa revolucionario para los trabajadores de Bolivia, y que había sido inspirado por el entonces joven dirigente del POR Guillermo Lora. Señalar al programa de Pulacayo, la lucha de los mineros, y la incidencia del MNR, resulta válido para entender el proceso que se desencadenaría en 1952 cuando las fuerzas populares tomarían por asalto el poder que ostentaba La Rosca. Mucho más para entender la base de la reforma agraria que se iniciaría, en tanto podría ser considerada como el mayor logro de dicha revolución.

En el apartado 4 de los fundamentos de las Tesis de Pulacayo se señala que “La particularidad boliviana consiste en que no se ha presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar el latifundio y las otras formas económicas pre-capitalistas; de realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los objetivos democrático-burgueses que inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los países semicoloniales son: la revolución agraria y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están estrechamente ligadas las unas a las otras”. En este punto el rumbo de los mineros, conducidos principalmente por el POR, daban por sentado su alianza táctica con el MNR, ya que no renegaban del objetivo de desarrollar tareas democráticas y de liberación nacional. “Los trabajadores del subsuelo no insinuamos que deben pasarse por alto las tareas democrático-burguesas: lucha por elementales garantías democráticas y por la revolución agraria antiimperialista” expresaba la FSTMB en el capítulo II de las tesis.

Desde mayo del ’51 el general Hugo Ballivián Rojas tras invalidar las elecciones presidenciales realizadas en mayo del mismo año, se enquistó en el poder, decretando el estado de sitio y desencadenando una muy fuerte represión al movimiento popular. Pero pareciera que la concurrencia estaba desatada entre los diferentes ministros de Ballivián: todos querían ser presidentes, y más precisamente el Ministro de Gobierno, el general Antonio Seleme convenció a un grupo reducido del MNR para que lo acompañen en su cruzada. La idea era básicamente realizar un pequeño putch para derrocar a Ballivián, y hacerse del poder. Miembros del MNR junto a carabineros que dependían de las órdenes de Seleme, se apoderaron la madrugada del 9 de abril del ’52 de varios edificios públicos, y proclamaron la revolución. Pero el anuncio fue anticipado, ya que las fuerzas armadas gubernamentales coparon inmediatamente las calles. El pueblo boliviano, y principalmente los trabajadores mineros fueron los que desencadenaron una verdadera insurrección armada, que al final destronó al gobierno de La Rosca. Si bien el rol de las milicias obreras fue determinante, ante la falta de una herramienta política propia, no tuvieron más opción que entregar el nuevo gobierno al dirigente del MNR Hernán Siles Zuazo, quien luego se lo pasaría a Víctor Paz Estenssoro al regreso de su exilio en Buenos Aires. El POR si bien tenía una muy importante inserción sindical, era un partido pequeño con escasa incidencia política en sectores ajenos al mundo laboral.

Aunque los hechos del ’52 puedan despertar diferencias de interpretación, ya que muchos autores le atribuyen la revolución al MNR solamente, vale señalar que a las pocas semanas nomás el nuevo presidente logró postergar la nacionalización de las minas, que era uno de los principales reclamos de la FSTMB, y posteriormente disolvió las milicias obreras. En verdad se trató de un proceso complejo en el cual confluyeran diferentes actores políticos y sociales, pero en el cual se expresaría principalmente un fuerte rechazo popular a las injusticias. Como en todo proceso de transformaciones profundas hubo andariveles que fueron abordados de una forma efectiva y otros que no tanto. Se puede afirmar con toda justeza que en torno a la cuestión agraria y el desmantelamiento del orden señorial y la servidumbre, con la concomitante incorporación del campesino- indígena a la vida social, la revolución nacional del ’52 cumplió e hizo que ese ítem fuera casi irreversible.

La reforma agraria- Antes del ’52 el campesinado indígena vivía subsumido en una casi esclavitud desde el tiempo de la conquista española. Nada había cambiado desde 1825 cuando se fundara el país, y mucho menos antes de 1952. Según precisara Ángel Jemio- Ergueta en su trabajo La Reforma Agraria, antes de que ésta fuera realizada, sólo el 4.5 % de los propietarios rurales, detentaban el 70 % de las tierras cultivables, había ausencia de inversión de capital suplementario, desconocimiento del concepto de salario (servicios personales gratuitos) y empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época colonial. Si la revolución del ’52 había propuesto como principales consignas la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria, la reforma educativa, el sufragio universal y la diversificación de la economía como prerrequisitos para transformar a Bolivia en un Estado moderno, se podría afirmar que fue consecuente principalmente con la implementación del sufragio universal, y con el desarrollo de la reforma rural.

Cuando los conquistadores españoles llegaron a Bolivia dieron fin al régimen comunitario de explotación de la tierra que había sido el predominante durante el imperio de los incas. Al instalarse la colonia, se trasplantó desde España el régimen latifundista y a los pueblos originarios se los convirtió en servidores de los nuevos amos. No solamente en cuanto al trabajo de la tierra, ya que también se establecieron diferentes rangos de servidumbre.

Fue así que surgieron el pongueaje (obligación de cada colono de la tierra a asistir a la casa citadina del patrón para cumplir funciones de mozo de mandados) o el mitanaje que consistía en que la mujer del colono, debía cumplía mientras durase el pongo, la tarea de sirvienta o cocinera. De igual forma se daban diversas funciones serviles en la cuales se esclavizaba al indígena.

Por su parte estaban los comunarios que eran los campesinos indígenas que aún conservaban la propiedad  colectiva de la tierra, pero que no escapaban al régimen de servidumbre personal, ya que aunque no tuvieran patrones debían servir a los intendentes, el clero, los corregidores, los jueces de paz y los comisarios. Esta modalidad de explotación de los indígenas, no se transformó con la formación de la república en 1825, se extendió hasta 1952.

La población campesina e indígena en Bolivia era para ese entonces el 65 %. Tal como señala Roberto Jordán Pando en su libro “De Bolívar a la Revolución boliviana”, toda esa franja poblacional mayoritaria no contaba con un instrumento político administrativo para atender sus problemáticas. En tal sentido la revolución nacional una de las primeras medidas que toma es la de crear el Ministerio de Asuntos Campesinos a cargo de Ñuflo Chávez Ortiz, un experimentado activista e intelectual del MNR. La tarea del nuevo ministerio era preparar el terreno para la reforma agraria, organizando a los campesinos, estableciendo regulaciones laborales en las áreas rurales, ofreciendo alfabetización  y educación, además de proporcionar herramientas sobre cooperativismo y organización comunitaria. Por su parte la recientemente conformada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaba la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), la cual al poco tiempo ya contaría con 700 mil afiliados. Además generaría a sus propios cuadros dirigentes, ya que había sido organizada principalmente por sindicalistas obreros.

El 20 de enero de 1953 el gobierno de la Revolución Nacional por el Decreto 3301, creó una comisión encargada exclusivamente de estudiar el problema de la tierra y la incorporación de los pueblos indígenas. Esta comisión integrada por economistas, sociólogos y cuadros políticos de diferentes orientaciones ideológico- partidarias, debía indagar la cuestión agraria en sus múltiples facetas de índole tanto económica, social, jurídica, técnica y educativa. Habiendo trabajado la comisión entre el 9 de abril y el 28 de julio, presentó un informe de tres volúmenes, que sería el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, más varios proyectos complementarios. Esta sería la base del Decreto Ley Nº 3464 firmado por el mandatario Víctor Paz Estenssoro el 2 de agosto de 1953. Ese día ante una multitudinaria concentración campesina en la localidad de Ucareña, Paz Estenssoro realizó el anuncio de la medida.

Tal como señalara  Jemio- Ergueta en el trabajo señalado, la Reforma Agraria fue un acto de justicia histórica, fue destinada principalmente para liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana de la Nación. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base material: la tierra y, la tierra debía ser para quien la trabaje.

A la luz de un análisis más objetivo, la ley de Reforma Agraria de Bolivia se propuso asimilar las técnicas capitalistas de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por resabios feudales e incorporando a las masas campesinas al mercado interno en su doble condición de productores y consumidores. La esencia democrática de la reforma agraria boliviana radicó en el hecho de que instituyó el trabajo como la principal fuente del derecho a la propiedad de la tierra. Las principales cuatro finalidades de la reforma eran:

a) proporcionar tierra labrantía a los labriegos que no la tienen o la poseen en grado insuficiente, expropiando para ello a los latifundistas que la detentan en exceso y disfrutan de una renta absoluta que no proviene de su trabajo ni de inversiones de capital suplementario.

b) proscribir los servicios personales y gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como única forma de pago al peón agrícola por su trabajo.

c) reivindicar las tierras despojadas a las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la extorsión administrativa para convertir a aquéllas en cooperativas de producción, y

d) conseguir la explotación racional e intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un plan de mecanización de las labores agropecuarias.

Si bien en 1964, con el golpe militar que pondría en el poder al General René Barrientos, hubo un cierto estancamiento con respecto al proceso reformista rural, se puede decir que el ciclo iniciado en 1952 -en lo referido específicamente a la reforma agraria- no tuvo grandes retrocesos. En este sentido muchos analistas sostienen que la reforma fue un hecho irreversible, aunque sí habría que analizar cuáles fueron sus principales falencias.

La revolución nacional del ’52 se planteaba varios objetivos, entre ellos la nacionalización de las minas de estaño y la diversificación de la economía, además de transformar la estructura agraria. Los otros objetivos no se lograron, y vale subrayar al respecto que no es posible transformar la estructura de una formación social, solamente desde uno de sus flancos, mucho más cuando los más importantes (como el de la minería) permanecen sin una sustancial modificación.  

Por otra parte en referencia a la cuestión de la tierra, la reforma fue efectiva principalmente en la región occidental, en donde viven el 70 % de la población rural de Bolivia. Paradojalmente en la región oriental (Santa Cruz, Beni) en la cual la agricultura es mucho más factible, sobre una extensión aproximada de 700 mil km², solamente había una población de 0,8 habitantes por km². La mayor población labriega de Occidente se desarrollaba en terrenos ubicados entre 2.500 y 4.000 mil metros sobre el nivel del mar, que fue el sitio donde fue efectiva la reforma agraria. La tierra distribuible siempre fue considerada aquella, a la cual se la considera cultivable, aunque en algunos casos el Estado declaraba a ciertas tierras como empresa, y por ende no se encontraban sujetas a ser entregadas a los agricultores.

A modo de conclusión- No alcanza con “tierra para el que la trabaja”, es necesario un proceso de industrialización de la ruralidad desde la obtención de la materia prima, hasta la obtención de productos con alto valor agregado. Puede alcanzar para la subsistencia de los campesinos, pero no para transformar la estructura productiva de un país. En Bolivia se abortó el proceso de la revolución del ’52 debido a que no hubo desarrollo de los otros factores económicos intrínsecos. Incluso varios expertos sostienen que si bien los campesinos contaban con la tierra, no contaban con los recursos necesarios para poder explotarla de la mejor forma.

La revolución agraria tal como la habían planteado los mineros de Pulacayo en 1946, en cierta medida fue realizada, también la tarea democrática de otorgarle la ciudadanía a la población indígena, pero el problema principal es que el proyecto de nacionalizar los grandes recursos naturales como son los productos de la minería, quedaron casi en las mismas manos.

Desde la nacionalización de los grandes recursos energéticos realizados por el actual gobierno de Evo Morales, el país del altiplano pareciera entrar nuevamente en el terreno que fuera abandonado hace décadas, para comenzar  a soñar con las metas anheladas.

En una próxima entrega sobre la cuestión agraria Miradas al Sur abordará las experiencias de reformas realizadas en Perú y Chile durante la década del 60, y la ejemplar lucha del Movimiento de campesinos sin tierra (MST) de Brasil.

 

La Alianza para el Progreso y las reformas en el sector agrario

 “Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria? tomen la tierra al que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena” Ernesto “Che” Guevara

Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre son, resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida, aunque en algunas oportunidades, existan cambios que son el producto de controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso, es hacer lo posible. En los años ’60 un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y propagación de la revolución cubana.  Esto era un quiste severo  para el dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio. Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se inmiscuyera en la región, hizo que los EE. UU. tracen una estrategia para desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos el atraso en cuanto a la situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y social en el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los países de la región.  La Alianza para el Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los presidentes Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década del ’60 sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras características, en un inicio estuvieron signadas por la política de Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la iniciada en 1962, durante el gobierno de la Junta Militar presidida Nicolás Lindley. También pesaba sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que presionaba desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura agraria.

La Alianza para el Progreso (ALPRO) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya. En esa reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive un delegado por Cuba, Ernesto “Che” Guevara. Mientras todos los delegados se ilusionaban con la consigna de "mejorar la vida de todos los habitantes del continente" tal como rezaba la declaración oficial de la constituida ALPRO, Guevara en su alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra toda idea de simple ayuda técnica o económica “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano” subrayó el Che. El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años, en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este -de alguna forma- ya lo había advertido.

La reforma agraria en Chile- A través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”, de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a  las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América Latina (Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile” las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma. Según el mismo autor para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del periodo y se plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la 16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios, con 23,4 por ciento de la tierra regada del país y 34,7 por ciento de la tierra de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas. En menos de tres años se expropiaron 4.401 predios, con 35,3 por ciento de la tierra regada y gran parte de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal. Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales  y los agronegocios en detrimento del campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte, comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20% como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a sostener el neoliberalismo en el país trasandino.

La reforma en Perú- A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas campesinas, quizá el caso más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco, contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios- progresasen, pues la modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos suburbanos. En Perú a excepción de los grandes latifundistas, las diversas clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaunde Terry como presidente. Belaunde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular- Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria  integrada por la Unión Nacional Odriista y el APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias. Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a la mayoría de los campesinos- indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir con la industria.

Entre la vida y la muerte, los sin tierra del Brasil- El gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de 200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión es uno de los países con mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10 % de la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias. Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares.  La experiencia de los sin tierra de Brasil sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las sucesivas entregas que Miradas al Sur vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana

Si en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria en las grandes favelas urbanas como Cidade de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo, predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social, instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva cercana a cualquier utopía.

El MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su país, pero tal como señalan no una reforma que favorezca a los campesinos solamente, una reforma agraria que transforme a Brasil en una nación igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que no habría que dejar de escuchar.

América del Sur ya votó

En 2014 hubo elecciones generales en siete países, signadas por el ascenso de gobiernos que, en general, rompieron con la continuidad del neoliberalismo, aunque quedan pendientes deudas sociales y estructurales históricas.

El año que corre adquirió suma importancia en la región. Si bien la agenda de los comicios presidenciales no coincide en los diferentes países, 2014 marca la impronta de una seguidilla que permite realizar un esbozo de análisis de situación. Porque si en poco más de una década se fue produciendo un arribo casi masivo de fuerzas progresistas a los gobiernos regionales, hoy pareciera que se estuviese dando una especie de amesetamiento, y que el entusiasmo original por la integración hubiera entrado en cierto grado de inercia. Bien vale en tal sentido, una reflexión al respecto.
Este año se realizaron elecciones generales en Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Panamá. También hubo elecciones locales o de medio término en Ecuador y Perú. Y aunque las presidenciales en Chile fueron el año pasado, la presidenta Michelle Bachelet asumió el 11 de marzo de este año.  En este marco cobran mayor relevancia las presidenciales que el próximo año tendrán lugar en la Argentina.
Si bien en cuanto a la integración no hay que dejar de lado a las diferentes subregiones, en esta nota se evaluarán las principales implicancias electorales en lo que atañe a Suramérica. No porque lo que suceda en Centroamérica o en México no afecte o lleguen a tener incidencia general, sino porque desde la conformación de un organismo como es la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el subcontinente adquirió una dinámica bastante peculiar, y porque los diferentes alineamientos nacionales en cuanto a instrumentos multilaterales no pudieron socavar la unidad. En tal sentido la pertenencia de los diferentes países suramericanos a bloques como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, o el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), más allá de las diferencias que ello produce, aún permiten conservar el espíritu de unidad subcontinental. El resultado de la segunda vuelta electoral en Colombia por el cual se impusiera Juan Manuel Santos al candidato del uribismo Óscar Iván Zuluaga fue, si se quiere, un triunfo de la Unasur, y por eso no llama la atención que el ex presidente Ernesto Samper fuera designado como nuevo secretario general del organismo. La continuidad y profundización del proceso de paz en Colombia es una excelente noticia para la región y uno de los factores del resultado electoral.
La realidad de las naciones suramericanas es desigual, existen diferentes matices y en algunos casos un gran contraste. Lo que no quedan dudas es que hay muchos factores comunes en juego, y que a partir de ellos hay que hacer un balance de las elecciones realizadas y extraer de ahí los trazos particulares que permitan avizorar qué incidencia pueden tener a nivel general. Por un lado, se juega la integración continental en contraste con la fragmentación anterior, alcanzando una relativa pero saludable autonomía con respecto a los viejos amos imperiales. Sin embargo, este proceso se torna válido siempre que se produzca un salto cualitativo, que deje atrás las viejas trabas estructurales en las cuales se sostienen la dependencia y el atraso relativo. Dar cuenta de la cuestión agraria y producir el cambio de una matriz productiva sujeta principalmente a la exportación de commodities, son tareas que a nivel de lo económico, deben permitir en simultáneo lograr una mejor distribución de la renta, y políticamente expandir derechos, que integren cada vez más a las mayorías populares postergadas. En líneas generales, lo anteriormente expuesto pareciera ser compartido por las diferentes gestiones progresistas, aunque en algunos casos, la inercia de la vieja estructuración económica no pareciera alterarse.
Cuando se realiza un balance electoral, vale señalar que la cuantificación de los sufragios no necesariamente implica un reflejo automático de lo que sucede en la sociedad y que en las formaciones actuales es más común la indiferencia que el alineamiento voluntario a fuerzas políticas. Esto se vio reflejado sobre todo con el colapso del neoliberalismo en la región, produciendo profundas crisis de representación, que en algunos casos fueron subsanadas con la llegada de los gobiernos progresistas. Lo político y lo social tienden a acercarse cuando un gobierno o una fuerza, hacen de la movilización el principal factor para sostener un proyecto y lograr que los sectores populares se sientan parte.
En febrero de este año tuvieron lugar las elecciones seccionales (departamentos y alcaldías) en Ecuador. La oficialista Alianza PAIS, que conduce el presidente Rafael Correa, obtuvo la mayoría de los votos y ganó en las diferentes localidades, pero hubo algunos resultados que hicieron que Correa ponga el grito en el cielo. Y no es para menos, ya que una de las localidades que se perdió fue la alcaldía de Quito. El mandatario andino a partir de ese momento comenzó a hablar de una escalada de la derecha en la región. Según Correa, hoy después de una década de gobiernos progresistas, la derecha logró reinventarse y vuelve con otra fuerza. El reciente Encuentro Latinoamericano Progresista (Elap 2104) que tuviera lugar precisamente en Quito, fue convocado por la Alianza PAIS para debatir sobre esos ejes. Allí fueron invitadas diversas fuerzas políticas progresistas y de izquierda de toda la región.
 Más arriba se señalaba la importancia del resultado electoral en Colombia. Tras una derrota por mínima diferencia en la primera vuelta, el presidente Juan Manuel Santos pudo dar vuelta el resultado favorablemente en la segunda. El 25 de mayo se había impuesto el candidato del uribista Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, y si esa tendencia se hubiera profundizado en el balotaje, el proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Farc hubiera corrido serio riesgo. Eso es lo que advirtieron diferentes referentes de la izquierda y decidieron darle todo su apoyo a la reelección de Santos. En tal sentido, la segunda vuelta, que tuvo lugar el 15 de junio, se convirtió en un verdadero plebiscito por la paz, produciendo una gran derrota al guerrerismo propuesto por la fuerza derechista del ex presidente Álvaro Uribe. La presencia de un conflicto armado permite que los Estados Unidos se inmiscuyan en cuestiones soberanas, al caratular como terrorista al grupo de la guerrilla. Desde fines de 2007, cuando las Farc propusieron liberar rehenes, esto se convirtió en un tema regional en el cual los países vecinos Venezuela y Ecuador se vieron afectados, hasta que en 2010, cuando asumió Santos, convocó al por entonces secretario general de la Unasur Néstor Kirchner para que pueda mediar entre el país neogranadino y sus vecinos. La pertenencia de Colombia a la Alianza del Pacífico no impidió la prosecución del proceso de paz, e incluso el nombramiento del ex presidente Ernesto Samper puede considerarse como una importante señal de los diferentes países a la prosecución de dicho proceso. Samper, desde que asumió no deja de recordar que el continente es una zona de paz.
Pero si en Colombia la izquierda y el progresismo en la segunda vuelta apostaron a Santos, revirtiendo no sólo la performance de la derecha, sino también un serio marco de crisis de representatividad, que hasta pocos meses antes de las elecciones vaticinaba que el voto en blanco o nulo iba a ser el gran protagonista de los comicios, podría afirmarse que ese escenario pertenece a una realidad bastante peculiar. Tanto en Brasil y en menor medida en Uruguay la derecha pudo reinventarse y tener de aquí en más proyecciones a futuro. Por su parte, las recientes elecciones en Bolivia muestran a las claras –con más del 60% de votos a favor del presidente Evo Morales– que cuando la gestión política no está distanciada de los sectores sociales, es posible mantener un alto grado de consenso. Justamente eso es lo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa le reprochó en febrero al candidato de su partido, quien no pudo conservar la alcaldía de Quito. Tanto Evo como Correa no le dejan de recordar a sus representantes locales, que no hay que confiarse en la marea de votos que ellos como líderes nacionales producen, sino que es necesario ganar consensos desde muy abajo.
En líneas generales se podría afirmar que no hubo retrocesos, pero tampoco un avance sustancial y de conjunto que permita aislar a los sectores más retrógrados, como sucedió en Bolivia.

La Alianza para el Progreso y las reformas en el sector agrario

En los orígenes de los cambios en las arcaicas estructuras latifundistas latinoamericanas durante los ’60 , se encuentran las necesidades norteamericanas de prevenir y controlar las luchas campesinas por la tierra.

Punta del Este 1961. El “Che” Guevara denuncia las intenciones
 imperialistas de Estados Unidos en la conferencia de la OEA.

“Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria?, tomen la tierra al que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena.”
Ernesto Che Guevara

Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre son resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida, aunque en algunas oportunidades, existen cambios que son intentos de controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso es hacer lo posible. En los años ’60, un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y propagación de la revolución cubana. Esto era un quiste severo para el dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio. Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se inmiscuyera en la región, hizo que los Estados Unidos trazaran una estrategia para desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos, el atraso en cuanto a la situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y social por el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los países de la región. La Alianza para el Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los presidentes Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década del ’60, sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras características, en un inicio estuvieron signadas por la política de Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la iniciada en 1962, durante el gobierno de la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley. También pesaba sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que presionara desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura agraria.
La Alianza para el Progreso (Alpro) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya. En esa reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive un delegado por Cuba, Ernesto Che Guevara. Mientras todos los delegados se ilusionaban con la consigna de “mejorar la vida de todos los habitantes del continente” tal como rezaba la declaración oficial de la constituida Alpro, Guevara en su alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra toda idea de simple ayuda técnica o económica: “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano”, subrayó el Che. El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años, en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este –de alguna forma– ya lo había advertido.

La reforma agraria en Chile. A través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”, de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América latina (Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile”, las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma. Según el mismo autor, para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del período y se plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la 16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios, con 23,4 % de la tierra regada del país y 34,7% de la tierra de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas. En menos de tres años se expropiaron 4.401 predios, con 35,3% de la tierra regada y gran parte de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal. Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales y los agronegocios en detrimento del campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte, comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20% como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a sostener el neoliberalismo en el país trasandino.

La reforma en Perú. A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas campesinas, quizá el caso más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco, contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios– progresasen, pues la modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos suburbanos. En Perú, a excepción de los grandes latifundistas, las diversas clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaúnde Terry como presidente. Belaúnde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular-Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria integrada por la Unión Nacional Odriísta y el APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias. Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a la mayoría de los campesinos-indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir, con la industria.

Entre la vida y la muerte, los sin tierra del Brasil. El gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de 200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión, es uno de los países con mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10% de la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias. Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares. La experiencia de los sin tierra de Brasil sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las sucesivas entregas que Miradas al Sur vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana.
Si en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria en las grandes favelas urbanas como Cidade de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo, predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social, instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva cercana a cualquier utopía.
El MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su país, pero no una reforma que favorezca a los campesinos solamente, una reforma que transforme a Brasil en una nación igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que no habría que dejar de escuchar.