“El sector empresarial ha cumplido su labor”

Si bien 2014 no representó para Bolivia la cifra récord en cuanto al crecimiento económico, el PIB llegó al 5,7%, una cifra impensada años anteriores. En cambio fue 2013 el año en el cual se produjo el mayor crecimiento del PIB, ya que ascendió al 6,5%. De todas formas se prevé para este año un incremento. Según datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB), entre 2005 y septiembre de 2013, el PIB de Bolivia se triplicó de US$ 9.574 millones a US$ 28.704 millones. De gran importancia resulta para el país del altiplano la nacionalización de los principales recursos naturales, como la planificación de lo que allí se denomina la economía plural. Bolivia se constituye así como una de las principales economías emergentes de la región, mucho más si se tiene en cuenta que otrora era una de las naciones más postergadas. Un mérito indudable, al respecto, de la gestión que viene llevando adelante desde 2006 el presidente Evo Morales.
Según informaba ABI el pasado domingo, distintos representantes de empresas públicas y privadas de Bolivia coincidieron que en ese país se respira un aire de crecimiento económico pese a la baja de los precios internacionales del petróleo y de los minerales. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, afirmó que el sector productivo nacional se muestra muy dinámico, con un alto potencial de desarrollo y generador de nuevas espacios de trabajo.
“El sector empresarial boliviano ha cumplido y está cumpliendo su labor (...). Los empresarios queremos trabajar para todos los sectores: industria, comercio, servicio y turismo, esa es la labor”, señaló. Lo que indica también que la diversificación de la matriz productiva propuesta por Evo Morales pareciera haber prendido en la cabeza de algunos empresarios.
El sector empresarial privado de Bolivia –según ABI– prevé potenciar el crecimiento de la economía boliviana en 2015 con la inversión de 2 mil millones de dólares, en tanto que la inversión pública será mayor a los 6 mil millones de dicha moneda.
“Respiramos un aire diferente en Bolivia –hasta hace algunos años el país más pobre de Suramérica– y tenemos todos el reto de tratar de hacer crecer este gran país”, señaló el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, señalando luego que “el transporte aéreo es parte de los indicadores del desarrollo económico de Bolivia, cuando hay más gente que vuela quiere decir que hay mejor poder adquisitivo, que hay más movimiento económico”, remarcó el funcionario de la empresa aerolínea. 
Sin embargo eso no significa que las contradicciones entre los diferentes sectores de la sociedad no sigan existiendo, se han convertido según el vicepresidente Álvaro García Linera en “tensiones creativas” que permiten hacer avanzar al proceso mismo. Los últimos días del año que terminó, el principal dirigente de la Federación de los Trabajadores Fabriles, Vitaliano Mamani, informó que durante el reciente ampliado sectorial que se realizó en Sucre, se conoció que una empresa textil despedirá a unos 60 trabajadores en El Alto y en otra reducirán su personal de 140 a 70 operarios.
En ambos casos explicó el fabril que los despidos se deben a los problemas que generan el ingreso ilegal de vestimenta usada de contrabando, sumado a la importación legal de mercadería china, por lo que demandaron a su organización matriz, la Central Obrera Bolivia (COB) y al gobierno implementar medidas urgentes para precautelar a la industria nacional.
Por su parte algunos sectores empresariales también aducen que el cierre de algunas empresas responde a que les es imposible pagar el doble aguinaldo que se viene realizando desde hace dos años.

Barómetro de las Américas 2014- Delito, seguridad y ciudadanía

Policía Nacional de Nicaragua

Con respecto a la tan resonada inseguridad, y al combate del delito resulta un lugar común, enquistado casi en las neuronas de los ciudadanos, plantear políticas de “mano dura”, pidiendo a su vez mayor presencia policial y volumen represivo. En tal sentido se hace demasiado hincapié en que el incremento del crimen es el resultado de la promoción de políticas progresistas o que ponen énfasis en la defensa de los derechos humanos. Tal vez analizado el problema de forma extremadamente liviana y superficial, pueda considerarse que eso podría ser así. Obviamente que las principales causas para la existencia del delito no son demasiado transparentes ni simples, por lo cual resulta necesario abordar esa problemática de forma integral y considerar una multiplicidad de variables, que no son precisamente las que habitan en el sentido común, ni en las recomendaciones de los grandes medios de información.
Recientemente se conocieron los datos del Informe 2014 del Barómetro de las Américas, concerniente al tema de la seguridad en el continente, y más específicamente a la aprobación ciudadana con respecto a las gestiones que llevan adelante los Estados en esa materia. El también denominado Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), que es realizado por la Universidad de Vanderbilt, EE.UU., está considerado desde las usinas del establishment como un líder en el desarrollo, implementación y análisis de encuestas de opinión pública. Se realiza desde hace más de dos décadas, y su principal foco de atención son los ciudadanos y la democracia en América latina. Más allá de la valoración que se le pueda dar a este proyecto, hay datos que emergen de los informes que no habría que desdeñar, ya que muchas veces pueden ser corroborados por otros estudios, y principalmente porque son parte de la formación de opinión pública.
El estudio Barómetro de las Américas 2014 señala que la violencia conduce en la región a “democracias en riesgo”, constituyéndose tanto la violencia como el crimen en factores clave de la desestabilización política que se da en el continente. Según se especificaba en el portal de Radio Caracol de Colombia, ello constituye un desequilibrio que, según recoge el documento tras entrevistar a 50 mil personas en 28 países, conduce a que los ciudadanos desconfíen de las instituciones políticas y tiendan a inclinarse por figuras de mano dura y baja calidad democrática que luego, a su vez, desencadena en la violación de derechos fundamentales. El informe también añade que el pesimismo ante las condiciones de desequilibrio económico, unido a la sensación de inseguridad, se extiende por un continente donde aún hay más de 80 millones de personas viviendo en la pobreza.
De todas formas, la mayoría de los ciudadanos de América latina y el Caribe creen que para combatir el delito es necesario que haya más y mejores castigos. Así piensa el 55,2% de los consultados en 23 países por el Barómetro de las Américas, mientras que el 29,7%, afirma que habría que desarrollar medidas preventivas. Las preferencias punitivas imperan en todos los países. La mayor paridad se encuentra en Uruguay, donde se imponen por 46,8% frente al 43,1% de las respuestas preventivas. Una señal clara de un sentido común imperante con respecto a cómo combatir el crimen.

La sorpresa. Lo más llamativo del estudio, es que al señalar las máximas aprobaciones

de la ciudadanía con respecto a las gestiones que llevan adelante los gobiernos latinoamericanos, tanto en Nicaragua como Ecuador la mayoría de la población consultada aprobó con creces las políticas en seguridad que vienen desarrollándose en esos países. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua alcanzó el 65% de aprobación, mientras que el de Rafael Correa en Ecuador el 62,5%. Cifras envidiables, teniendo en cuenta que tanto Brasil, Argentina o el mismo Estados Unidos se encuentran entre los que tienen poca aprobación. Pero lo más llamativo de estos datos es que los más aprobados son gobiernos que no tienen ningún empacho en definirse como de izquierda, y que, en conjunto con Cuba, Venezuela y Bolivia, entre otros, conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), desmintiendo así ese prejuicio extendido de que las gestiones progresistas son las causantes de un mayor desequilibrio en el tema de la seguridad y el desarrollo del crimen. Por otra parte, la aprobación ciudadana en esos países también desmiente esa inclinación punitiva, y de desarrollo de guerras santas contra el crimen. Los casos de México y Colombia en su combate institucionalizado al narcotráfico muestran que el remedio no es para nada mejor que la enfermedad. Por esa razón hay que encontrarse muy atento a esos cantos de sirenas, que no pocas veces plantean esa clase de artimañas belicistas para resolver el problema de la inseguridad. Tal vez el pasado común (en gran parte de los países latinoamericanos), en cuanto a haber padecido noches dictatoriales, constituya un importante freno subjetivo para que esas aventuras no prendan demasiado. Se sabe, en una guerra puede caer cualquiera.
A pesar de la supremacía de la visión punitiva, el informe también revela la poca confianza de los ciudadanos con respecto a las fuerzas policiales, y a que en gran parte existe una perspectiva sobredimensionada del crimen a partir de la utilización que hacen los medios con respecto a los hechos concretos de inseguridad.

Nicaragua y Ecuador. En una nota del diario La Jornada, de Nicaragua, firmada por Juan José Arévalo, se señala que ese país se mantiene como el segundo con más pobreza de América latina y está centrado en una de las regiones de mayor violencia del mundo por las “maras” (pandillas) y el narcotráfico, creando una política de seguridad ciudadana con perfil de la comunidad que le ha hecho disminuir la tasa de homicidios y volverse uno de los más seguros de América latina.
En Nicaragua, donde la pobreza perjudica al 42,7% de la población y la extrema pobreza a un 7,6%; y donde más del 70% de los empleos corresponde al sector informal, en donde los ingresos son bajos y sin lograr la seguridad social; la tasa de homicidios como la de robos es muy baja, a pesar que ese país sufrió una guerra civil en la década de los ’80 del siglo pasado que trajo consigo miles de muertos. Según revela Arévalo en su nota, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que lleva el título “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano”, y que recoge datos de 18 naciones de América latina, ubica a Nicaragua como ejemplo de cómo la pobreza no tendría que generar violencia. Según la jefa de la Policía Nacional nicaragüense Aminta Granera, “la fortaleza de la seguridad que ofrece Nicaragua está en la parte comunitaria y preventiva”, porque se esfuerzan “más en prevenir que en corregir un delito”, señaló la funcionaria. En Nicaragua existen 17,9 policías por cada 10.000 habitantes, según datos oficiales.
Según el portal del Latin American Program del Woodrow Wilson Center, que se enfoca principalmente en las políticas públicas que se llevan adelante en el continente, Ecuador tiene el sistema integrado de seguridad más moderno de América latina. En septiembre de este año el presidente Rafael Correa dijo durante la inauguración de una moderna unidad de vigilancia en la norteña provincia de Carchi, que con la apertura del programa ECU911 de Tulcán, el país suramericano se convierte en el único de América latina con cobertura total de seguridad. “La tranquilidad y la paz ciudadana están en nuestras prioridades, porque son partes esenciales del buen vivir”, dijo el mandatario, asegurando luego que de nada sirve superar la pobreza, “si nuestros hijos no pueden pasear tranquilos”.
En Ecuador, desde 2009 a la fecha se constituyeron cerca de 2 mil comités de Seguridad Ciudadana en los que participan estudiantes, sindicalistas y lugareños para evaluar el desempeño policial e incluso controlarlo.
Lo interesante que también expresa el portal del Woodrow Wilson Center es que en América latina la alianza con los Estados Unidos para combatir al crimen organizado ha traído desastrosas consecuencias. Una advertencia bastante sugestiva, tratándose de una organización con origen en dicho país.

Cumbre del ALBA en Cuba- Diez años de alianza bolivariana

El pasado domingo se llevó a cabo en La Habana, Cuba, la XIII Cumbre de jefes y jefas de Estado de los países miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Fue, además, la ocasión precisa para celebrar los primeros diez años de vida de la organización. Un 14 de diciembre pero de 2004, los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías ponían en marcha este ambicioso proyecto integrador y emancipatorio, que en ese momento tuvieron a Cuba y Venezuela como sus primeros miembros. Los presentes en el encuentro de La Habana, también recordaron que el 14 de diciembre de 1994, en esa ciudad se había producido el primer acercamiento entre Fidel y Chávez.
El nacimiento del ALBA implicó en primer lugar hacer surgir un proyecto estratégico de integración, emancipación y resistencia a las políticas imperiales que fueran dominantes por largo tiempo; pero, un rasgo muy importante de todo ello fue esa visión híperclara del comandante Chávez de proponer una herramienta que comience a romper el aislamiento que Cuba venía padeciendo por décadas y lograr que ese “faro de la dignidad latinoamericana” se integre a los nuevos procesos regionales de este siglo, lográndose así una mutua retroalimentación. Tanto es así, que la organización surgida en 2004 iba a ser un polo de atracción para las nuevas gestiones progresistas. Bolivia, Ecuador, Nicaragua se integrarían en los años subsiguientes, mientras que una cantidad importante de naciones caribeñas lo siguen haciendo. Cuando asumieran como presidentes Ollanta Humala en Perú (2011) y Mauricio Funes en El Salvador (2009) hicieron un guiño a la alternativa bolivariana, aunque prefirieron luego otros encuadramientos. ALBA es un insumo más para la integración latinoamericana, con un perfil político e ideológico mucho más definido, pero que se complementa muy bien con la Unasur, la Celac, el Mercosur y la Comunidad del Caribe (Caricom). De hecho, los países miembro del organismo fundado en 2004 son activos participantes de las instancias multilaterales nombradas.  Pero el ALBA no es hoy sólo una herramienta de integración para la participación exclusiva de los gobiernos, sino que desde 2007 se logró constituir también una red de movimientos sociales, que desde abajo se interrelacionan con las gestiones gubernamentales, y que exceden los límites de los países miembro. De esta forma, la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA constituye una base social que debe permitir la integración desde abajo articulando a su vez la confección de plataformas nacionales para un proyecto emancipador.
Si hoy en la región es posible avizorar cierta inercia con respecto al proceso integrador surgido en la primera década de este siglo y de forma simultánea, no son pocos los que vaticinan una vuelta a gestiones de tipo neoliberal, el ALBA puede constituirse así, en el principal dique de contención contra la restauración conservadora regional. Lejos de suponer un optimismo desmedido sobre el avance de la integración y el proceso de cambio en el continente, los principales referentes del ALBA en la cumbre realizada el pasado domingo, alertaron que hoy es necesario avanzar “en un complejo contexto regional caracterizado por una ofensiva del capitalismo transnacional globalizado y el imperialismo estadounidense, que pretenden desestabilizar y derrocar gobiernos progresistas democráticamente elegidos por sus pueblos”. En la declaración aseguran también el estar “Convencidos de que el ALBA-TCP constituye hoy un inexpugnable baluarte en la defensa de la soberanía de los pueblos de la región y de las naciones del Sur”.
En el documento final de la XIII Cumbre, que consta de 43 artículos, los jefes y jefas de Estado señalan: “Expresamos nuestro firme compromiso con la consolidación y el desarrollo del ALBA-TCP y la lucha por la segunda y definitiva independencia de América latina y el Caribe, en consonancia con los ideales de nuestros próceres”, asegurando que se trata de “un organismo de integración genuinamente latinoamericana y caribeña, sustentado en principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica”.
En el primer punto de la declaración, los presentes aprovecharon para confirmar el rumbo iniciado en 2004. “Ratificar los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos naturales –incluido su potencial energético–, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, proclamados en la Declaración Conjunta, firmada por los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y en otros documentos”.
Posteriormente se celebró el ingreso de dos nuevas naciones caribeñas al ALBA: la Federación San Cristóbal y Nieves, y Granada. De esta forma, ambos países insulares del Caribe se suman a las ya pertenecientes Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. Además de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua vale señalar que Honduras también formó parte de la organización, aunque luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la nación centroamericana fue suspendida por tiempo indeterminado. Previo a eso, Venezuela ya había dejado afuera a Honduras del programa Petrocaribe, pues representaba un contrasentido seguir haciendo una ayuda financiera a un gobierno golpista.
Tras destacar y saludar los avances realizados en el proceso de negociación del Tratado Constitutivo del ALBA-TCP, los diferentes artículos subsiguientes pusieron mucho énfasis en ratificar el apoyo irrestricto de todo el organismo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como el aval a diferentes acciones de los gobiernos que son parte del ALBA, e incluso respaldar la intervención conjunta en diferentes ámbitos de la política internacional, como es la lucha contra el cambio climático o para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola.
Varios artículos del documento final pusieron énfasis en el respaldo a Venezuela, ratificando así los esfuerzos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros viene llevando adelante “para preservar el inmenso legado del Comandante Hugo Chávez Frías”. En los artículos 5 y 6 de la declaración de La Habana se señala que desde el ALBA se decide “Apoyar al Gobierno Bolivariano de Venezuela en sus esfuerzos por resguardar la paz en el país y derrotar definitivamente los intentos desestabilizadores y la guerra económica desatada por los enemigos internos y externos del proceso bolivariano, considerando que estas agresiones constituyen también una amenaza contra los esfuerzos integradores de toda la región”, por lo que se debe “Condenar enérgicamente la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y expresar el más profundo respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno de ese hermano país, enfatizando que los países del ALBA-TCP no permitirán la utilización de viejas prácticas ya aplicadas en la región, dirigidas a propiciar el cambio de régimen político, como ha ocurrido en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, rechazar firmemente cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económica o política, contra la República Bolivariana de Venezuela, así como contra cualquiera de los países miembro del ALBA-TCP” se señala.
Por su parte, también se decidió respaldar el compromiso de Venezuela con el proyecto Petrocaribe “reconocido por su utilidad y aporte a la seguridad energética y al desarrollo económico y social de los países miembro; y rechazar las campañas de difamación” en contra del mismo. Vale señalar que Petrocaribe es un proyecto energético iniciado en 2005 por Hugo Chávez que le da un sinfín de beneficios a las naciones caribeñas, que además de comprar petróleo en condiciones de pago diferencial, son beneficiadas por la inversión venezolana en esos países a partir de la construcción de refinerías, y otras plantas energéticas. Cuba y Nicaragua son dos de los países más beneficiados por esa iniciativa del fallecido comandante bolivariano.
Particular relevancia tiene en el documento el artículo en el cual se le pide a los Estados Unidos revisar su política con respecto a Cuba. En el punto 9 se acordó: “Reclamar una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América, un cambio de política hacia la hermana República de Cuba que contemple el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero; el cese de las acciones subversivas, ilegales y encubiertas, incluidas aquellas que emplean las tecnologías de la información y las comunicaciones, que violan la soberanía y el derecho de los pueblos a la autodeterminación”, proponiendo a su vez “el fin de la absurda inclusión de Cuba en la espuria y arbitraria lista de los países que patrocinan el terrorismo internacional y la liberación inmediata de los tres luchadores antiterroristas cubanos que aún sufren injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos”. (N. de R.: al cierre de esta nota Cuba y EEUU concretaban un histórico acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas e intercambio de prisioneros).
Se hizo hincapié en uno de los puntos en reafirmar la histórica demanda de Bolivia a Chile por la salida al mar con soberanía, reiterando “nuestra solidaridad con el justo e histórico reclamo del Estado Plurinacional de Bolivia”. También se felicitó al presidente Evo Morales Ayma por el gran triunfo electoral de octubre. Se hicieron varios elogios a los diferentes países, por ocupar cargos de importancia en diferentes organismos internacionales. Venezuela fue elegida como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asumirá la presidencia pro témpore de la Unasur, y a partir de 2015 asumirá la presidencia del Movimiento de países no alineados. A Bolivia se la felicitó por su exitosa presidencia del G-77 + China al igual que por la elección del país andino para integrar a partir del año entrante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, Ecuador asumirá en la cumbre de Costa Rica, a realizarse el año que viene, la presidencia pro témpore de la Celac. Ecuador también recibió felicitaciones por la inauguración de la nueva sede de la Unasur en la ciudad de Quito, en el paraje denominado Mitad del Mundo. A su vez se respaldó desde el ALBA el nombramiento del ex presidente de Colombia Ernesto Samper como nuevo secretario general del bloque suramericano, y se elogió los diálogos de paz que el gobierno de Colombia viene realizando con la guerrilla de las Farc-Ep.
En el artículo 21, la alianza bolivariana se refirió expresamente a la Argentina. Se señaló al respecto: “Respaldar a la hermana República Argentina por su lucha en defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y la defensa de su dignidad nacional, soberanía y libre determinación frente al ataque de los fondos buitre”.

El cambio climático

De gran relevancia resultó en la cumbre del ALBA, el pronunciamiento sobre la actual crisis del clima que vive el planeta. Se señaló que resolver esta cuestión “es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad y que su causa estructural radica en modelos políticos y económicos basados en patrones de producción y consumo insostenible de los países desarrollados, que generan una mayor inequidad, injusticia y pobreza”. En tal sentido se sostuvo el compromiso de la alianza con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entendiendo que se trata de un ámbito multilateral proclive a poder llevar adelante políticas acordes a la resolución del problema. No obstante también se señaló el fracaso de la XX Conferencia de las Partes de la Convención (COP20) que concluyó ese mismo fin de semana en Lima, Perú.
El presidente Evo Morales fue quien propuso que se realice un encuentro internacional de movimientos sociales auspiciado por el ALBA, para tratar exclusivamente el tema de la crisis climática. Según Evo se trataría de generar propuestas desde las bases para que se interrelacionen con la de los gobiernos, ya que según él, no es posible enfrentar este problema sin una buena relación entre los pueblos y los gobiernos. Sin un diálogo fluido entre las dos partes. En el artículo 29 del documento final se propuso el apoyo al Encuentro Mundial de Movimientos Sociales propuesto por Bolivia, que se celebrará en 2015 en ese país.

El comercio de los pueblos. Se recalcó la necesidad de fortalecer la participación de los Estados miembro en la conformación de una nueva arquitectura financiera de la alianza. Tanto la moneda común, el Sucre, como el Banco del ALBA son dos de las vías más importantes para llevar adelante la complementariedad entre los países.
“Se trata de integración basada en la solidaridad fraterna, no entre competidores, lo que ha sido el gran error del pasado. La integración que hemos buscado (en décadas previas) ha sido orientada hacia el comercio, en tener mercados más grandes para competir entre nosotros. En el ALBA nosotros no hablamos de competencia, hablamos de la coordinación en materia de energía, finanzas e incluso defensa, pero coordinación, no competencia”, expresó el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

El idealismo como la disciplina que el Otro me impone.

El idealismo data desde los albores del discurso filosófico. El materialismo siempre fue un elemento subordinado, o minoritario. La suposición de que hay un universo de ideas, escindido de lo tangible, e incluso que precede la existencia de la materia, visto atentamente, pareciera casi un contrasentido. Hasta tal vez una imposición, o una artimaña del poder. Pero bien, el idealismo o mejor dicho la posición idealista, es decir la que supone que el movimiento de la materia está manipulado desde un lugar no material; obviamente no es un invento de la filosofía. El principal soporte idealista surgió históricamente del sentido común y de las principales sistematizaciones de dicho sentido, a saber: las religiones.

Claro pero lo difícil es transmitir ciertos pensamientos y elucubraciones a partir de términos que si bien la mayoría supone su significado, no todos coinciden o tienen una misma comprensión semántica de los mismos. A diferencia de las matemáticas, en donde un determinado número o función poseen un valor inequívoco, cuando se trata de una construcción de tipo filosófico, es inevitable la irrupción de la polisemia y el malentendido.

El significante “filosofía” no posee un significado unívoco, y hasta es utilizado para nombrar cosas que los denominados “filósofos” se encargan de dejar por fuera de las definiciones académicas. La tan mentada “filosofía de vida” es un ejemplo bastante común, para explicitar lo antedicho. En tal sentido quien escribe considera que debe realizar una definición tal vez “provisoria” de qué es la filosofía para poder argumentar lo que pretende desarrollar como una crítica del idealismo. Y tal vez en el recorrido encontrar también significados más precisos para lo que se conoce como idealismo y materialismo, o metafísica y dialéctica.

La filosofía es un espacio de disputa. Sin la irrupción de algo que cuestione las posturas idealistas precedentes (las de las religiones por ej.) la filosofía no hubiera existido. Más precisamente sin el surgimiento de disciplinas científicas, la posición idealista no hubiera necesitado abroquelarse en una filosofía. Es más sin ese suceso no hubiera existido el idealismo como concepción filosófica, como sistematización de las concepciones del mundo precedentes.

Rigurosamente se tendría que decir que el idealismo surgió con la filosofía, en contraste con el materialismo, siendo la filosofía como el Estado para las fuerzas sociales, un lugar de disputa. En la filosofía, el idealismo es la resistencia de lo viejo, lo que no depende de la acción humana; mientras que el materialismo debe ser el sitio en el cual se combata la inercia. Pero lo interesante debería ser saber qué es lo que bajo la categoría de idealismo, tenía vida antes de la irrupción de la filosofía. Ese sedimento previo, sigue existiendo de otras formas, ya que ni las religiones, ni el pensamiento mágico dejaron de tener inserción en la sociedad. Tampoco la ciencia en sentido positivista es una garantía, y hoy es factible encontrar líneas de ruptura en saberes como el de los pueblos originarios, que en no pocas oportunidades esbozan argumentaciones materialistas para problemáticas que las ciencias ignoran o desatienden. El cuidado del planeta, la Madre Tierra, es un ejemplo más que evidente con respecto a ello. Obviamente que en esos saberes hay elementos idealistas, pero tal vez muchos menos que en la ciencia positivista. Esta es una problemática propia al nuevo siglo, y en ella no es ajeno el desarrollo de procesos de cambio social en Latinoamérica.

El idealismo, o su sustrato; seguramente es un lenguaje, un discurso performativo, disciplinario; que impone supuestamente desde otro sitio, una forma de proceder para convivir en sociedad. El discurso de la misa o del orden cerrado tal vez sean ejemplos válidos para ejemplificarlo. Una secuencia de significantes imperativos para imponer una conducta, que necesariamente deben tener un lugar de convalidación por fuera de los humanos: Dios, el Bien o la Patria. Diferentes nombres que adquiere el Otro.

Fujimori seguirá tras las rejas

Cómplices. El ex presidente peruano y su jefe de inteligencia
 fueron parte de un plan represivo global.

Si existen algunos rasgos comunes en la realidad latinoamericana de los últimos cincuenta años, y que a la vez se constituyeron como marcas indelebles por lo perjudicial que fueron para las grandes mayorías populares; en orden cronológico primero fueron las diferentes dictaduras cívico-militares que padecieran la mayoría de los países del continente, y posteriormente los ensayos neoliberales digitados casi exclusivamente por los Estados Unidos y los diversos organismos multilaterales constituidos para socavar las autonomías nacionales y enajenar al máximo posible el bienestar de los sectores populares pertenecientes al mundo periférico. Tal vez el más paradigmático de esos organismos sea el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la famosa deuda externa fue el principal instrumento de subordinación. Si bien en términos relativos es posible ubicar a las dictaduras entre los años ’70 y ’80, el neoliberalismo tuvo su auge entre los años noventa y principios de este siglo. En todos los países de la región no coinciden necesariamente los tiempos señalados, aunque es posible hallar entre medio de las dictaduras y los gobiernos neoliberales una escansión socialdemócrata, la mayoría de las veces frágil y endeble que permita luego justificar el próximo zarpazo.
Carlos Menem en la Argentina, Fernando Collor de Melo en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y Alberto Fujimori en el Perú tal vez sean las figuras más emblemáticas de esas gestiones latinoamericanas digitadas casi directamente por el Consenso de Washington, y que aplicaron a rajatablas las recetas del ajuste neoliberal. Fueron los tiempos en los que el Estado cobró mala prensa, lo colectivo fue desacreditado y el “Sálvese quien pueda” se fue transformando en sentido común.
Si bien los procesos anteriores pueden inscribirse dentro de los parámetros democráticos, el gobierno del Japonés Fujimori (1990-2000) es posible enmarcarlo en un escalón sinuoso que forma intersección entre lo democrático y lo dictatorial. En 1992 (dos años después de su primera asunción), Fujimori disolvió el Congreso, promoviendo lo que hasta hoy es considerado como un “Autogolpe”. En 1995 fue reelegido tras decretar una reforma constitucional, y en 2000, tras ser reelegido por tercera vez en medio de un creciente caos político y la inestabilidad de su presidencia, en su condición de presidente del Perú, viajó el 13 de noviembre a la Cumbre del APEC (Foro de Cooperación Asia-Pacífico) en Brunéi Darussalam, Asia. Al finalizar esta conferencia, tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para luego llegar a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá para la X Cumbre Iberoamericana; sin embargo Fujimori se quedó en la capital del Japón. En Tokio Fujimori declaró a la Agence France-Presse (AFP) que “no quiere ser un factor de perturbación” en su país. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física, Fujimori, desde la ciudad nipona, remitió por fax al presidente del Congreso de la República su renuncia formal a la Presidencia y luego envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la Presidencia de la República. Desde 2000 hasta 2005 Fujimori vivió en Japón, hasta que ese último año, habiendo ingresado a Chile fue detenido hasta 2007, momento en que fue extraditado a Perú. Entre ese año y 2009 el ex mandatario peruano fue enjuiciado y condenado varias veces por diferentes cargos que van desde actos de corrupción hasta crímenes de lesa humanidad (ver abajo). Por esta última razón desde el 2 de enero de 2010 está cumpliendo una condena de 25 años por violación a los derechos humanos.
El pasado 24 de noviembre la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villa Stein, declaró improcedente el pedido para revisar la sentencia de 25 años de prisión impuesta a Fujimori por crímenes de lesa humanidad. También el Poder Judicial le había negado previamente el arresto domiciliario. El abogado del ex presidente, William Paco Castillo, pretendía que se revisara la principal causa por la cual Fujimori se encuentra condenado por delitos de lesa humanidad, y en ese sentido fue que solicitó la revisión de la sentencia. Los casos de las masacres de Barrios Altos (noviembre de 1991) y La Cantuta (julio de 1992) según Castillo implican una contradicción, ya que además de su defendido se encuentran condenados por los mismos hechos varios ex funcionarios más, entre los cuales se destaca su asesor estrella Vladimiro Montesinos. Según había especulado William Paco Castillo, hay un nuevo elemento a favor de su cliente y eso es la supuesta contradicción entre las sentencias de Fujimori y Montesinos sobre estos casos, pues a ambos se les señala como autores mediatos y, según él, eso no es posible. La pretensión del abogado era que Fujimori en libertad pudiera afrontar un nuevo juicio sobre el mismo tema por el cual se encuentra condenado.
A pesar de todo, el titular de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Villa Stein, declaró improcedente el pedido de Castillo. Vale señalar que Stein está considerado como alguien afín al fujimorismo, ya que siendo en 2012 presidente de la Corte Suprema de Justicia les rebajó la pena a diferentes integrantes del grupo paramilitar que formaron parte de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. El juez Villa Stein había sido cuestionado por diferentes organismos de derechos humanos, antes de la decisión tomada el 24 de noviembre, por no garantizar una decisión imparcial. En tal sentido la gran mayoría de esos organismos habían solicitado participar en el proceso por revisión de sentencia del ex mandatario.
“Estamos preocupados de que se declare fundado el recurso de revisión y ordenen un nuevo juicio oral o lo absuelvan”, había expresado unos días antes al dictamen Gloria Cano, abogada de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Por su parte, el ex fiscal del juicio a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta, José Peláez Bardales, le había manifestado al diario El Comercio que él no creía que prosperase la revisión, pues ello hubiera requerido de la presentación de nuevas pruebas a favor del sentenciado, y eso no ha ocurrido. “La revisión de sentencia es un recurso extraordinario que se concede excepcionalmente cuando en un proceso aparecen nuevas pruebas que acreditan la inocencia de un acusado” había señalado Peláez, asegurando luego que “en el caso de Fujimori tengo la seguridad de que no hay ninguna nueva prueba que no haya sido ventilada en el proceso”.
Ante la resolución de Villa Stein la defensa de Fujimori optó por acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero su caso resulta inviable porque la justicia de Perú no le dio la razón. Allí el abogado William Paco Castillo debe mostrar una violación a un derecho fundamental del preso, pero que no es demostrable. “El tema central es que quien se presenta allí debe demostrar de forma fehaciente la existencia de una violación a un derecho fundamental, pero no hay, no se conoce; sería bueno que Castillo diga cuál es, pero no lo ha hecho”, afirmó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, recordando a su vez que ante el sistema de Naciones Unidas se presentan, por ejemplo, casos de desaparición forzada, torturas o prisión preventiva indiscriminada; algo que, afirmó, no podría argumentar la defensa del ex mandatario.

Intento fallido. Ante esta situación, la congresista de la fujimorista Fuerza Popular, la ex voleibolista Leyla Chihuán, propuso por esos días, según informara el diario El Mirador, un proyecto de ley que planteaba el arresto domiciliario para los reos mayores de 75, el cual beneficiaría indirectamente al sentenciado ex presidente. Chihuán informó a su bancada para que evalúen los pros y los contras, pero negando que la propuesta hubiera sido realizada para beneficiar a Fujimori. “Esto sin tener en cuenta que es un tema que afecta directamente a la familia (de Alberto Fujimori). De repente con esta intención creé más problemas para el señor Fujimori”, comentó.
Pero la bancada fujimorista no dio su visto bueno. El legislador de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, aseguró que será difícil conseguir consenso en el Congreso para respaldar ese proyecto de ley. Además, no dudó de la honestidad de su colega de bancada, Leyla Chihuán, pero esa ley podría crear suspicacias en la opinión pública, opinó. Según la congresista ella apuntaba al beneficio de más de dos mil presos que se encuentran en esa condición. En una reunión de la bancada de la FP con Keiko Fujimori, se desestimó la iniciativa, por lo que Chihuán descartó de plano su presentación.
Otro de los hijos de Fujimori, en este caso el congresista Kenji Fujimori, le dijo a la prensa que “el indulto o la salud de mi padre no son temas de negociación o para hacer estrategias”, y que en relación al proyecto de Chihuán “ella ha partido de buena fe, pero primero debió consultar con la familia. Este tipo de iniciativa ha podido ser utilizado para someter y chantajear a nuestra bancada. Antes decían que el único tema en agenda era la libertad de Alberto Fujimori ¿Entonces en qué quedamos?”, manifestó.
Por esos días aparecieron diferentes pintadas en Lima en las cuales tildaban de traidora a Keiko y pidiendo la libertad de su padre. Alberto desde la prisión había expresado que él sigue siendo el líder del fujimorismo. Los representantes de la Fuerza Popular no lo niegan, pero afirman que Keiko es la nueva lìder, y que en las presidenciales de 2016 podría convertirse en la primera mujer que llegue al Ejecutivo peruano. El oficialismo de Ollanta Humala también especula lo mismo, pero en su caso la presidenta sería Nadine Heredia, la actual primera dama.

La sociedad con Montesinos: una historia criminal

Tras su renuncia a la presidencia de Perú, Alberto Fujimori quedó exiliado en Tokio. Por ser hijo de japoneses le fue otorgada la ciudadanía de ese país, y se mantuvo intocable, ya que el país oriental nunca aceptó los pedidos de extradición realizados por la Justicia del Perú. En 2005 fue detenido en Chile, y luego de dos años fue extraditado a su país de origen. En 2007 comenzaron los juicios en su contra. Los más trascendentes de ellos son los concernientes a las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta. En ambas masacres cobró relevancia el grupo paramilitar denominado Colina. Una organización que fuera formada en la década del ’80 y que fuera incorporada por el fujimorismo como uno de sus destacamentos más notorios. No menor en todo esto es la actuación del militar y abogado Vladimiro Montesinos, quien ocuparía durante el gobierno del Japonés la jefatura del Servicio de Inteligencia, siendo el principal consejero del por entonces presidente. Mientras la falta de cuadros políticos hacía que Fujimori les abriera las puertas a diferentes cuadros técnicos del FMI para que diseñaran la política económica de su país, Montesinos se ocupaba del trabajo sucio. No solamente encabezando la supuesta cruzada antiterrorista contra las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sino imponiendo el terror en la sociedad toda, permitiendo que la principal elite peruana se enriqueciera de forma ilegal. Montesinos, en su carácter de abogado, conocía a la perfección esa clase de mañas. Ya en 1990, cuando Fujimori aún era candidato presidencial, había sido liberado por Montesinos de diversos cargos por fraude y transacciones irregulares por bienes raíces. La labor del abogado en ese momento fue simplemente hacer desaparecer cualquier prueba que comprometiera al Japonés.
En uno de los tantos juicios que enfrentó Fujimori (en julio de 2009) fue condenado por “peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”. En ese momento el ex presidente admitió haber entregado a Montesinos 15 millones de dólares de fondos del Tesoro Público, alegando que lo había hecho para evitar que su asesor en seguridad diera un golpe de Estado y que ese mismo dinero fue posteriormente devuelto. No pudiendo probar dicha devolución sumado a la aparente apatía por evitar la fuga de Montesinos, la Corte determinó que Fujimori cometió otros dos hechos punibles: facilitar la fuga de su asesor y devolver una cantidad inexplicable. La Sala descartó de plano las dos atenuantes de la defensa: la restitución tardía del monto y el soborno a Vladimiro Montesinos para desactivar un supuesto complot.
El 2 de enero de 2010, fue confirmada para Alberto Fujimori la sentencia a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, mientras que varios meses después, más precisamente el 1 de octubre, la Primera Sala Penal Especial resolvió sentenciar a 25 años de pena efectiva a Vladimiro Montesinos y a otros integrantes del Grupo Colina, por la matanza de Barrios Altos, La Cantuta y la desaparición y muerte del periodista Pedro Yauri. Todos –incluido Fujimori– se encuentran condenados por ser partícipes necesarios de los delitos expuestos.

Ecuador- El nuevo protagonista social

La Revolución Ciudadana que propone y lidera el presidente Correa se propone una nueva visión sobre el mundo del trabajo, en relación con los cambios económicos, culturales y sociales.

El pasado sábado 15 de noviembre se cumplieron 92 años de la brutal represión y asesinato de obreros en la ciudad portuaria de Guayaquil. Para ocultar la masacre, los asesinos arrojaron la centena de cadáveres al río Guayas, mientras el pueblo arrojaba flores y cruces al agua recordando a los caídos. Ante las más de cien mil personas, que asistieron al masivo acto en conmemoración de la masacre de 1922, realizado en la Avenida 9 de Octubre de Guayaquil, el presidente ecuatoriano Rafael Correa presentó las nuevas reformas laborales que permitirán la inclusión de nuevos trabajadores a la esfera laboral formal. Un dato realmente significativo del acto fue la presencia mayoritaria de las organizaciones sindicales nucleadas en la nueva Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La misma había hecho su presentación la semana anterior al acto de Guayaquil, y según afirman sus principales dirigentes, el agrupamiento contribuirá con el proceso de la Revolución Ciudadana que encabeza el presidente Correa. Durante el acto conmemorativo, el dignatario andino le entregó el proyecto de reformas a la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira.
En la presentación de las reformas al Código de Trabajo, el primer mandatario ecuatoriano señaló que las mismas se subdividen en cinco grandes áreas o ítems en los cuales las reformas deben necesariamente revolucionarizar el universo del trabajo en ese país. En tal sentido, Correa dijo que se debe reforzar y profundizar el derecho a la estabilidad, profundizar la equidad, modernizar el sistema salarial, en el marco de una profunda democratización de la representación laboral y universalización de la Seguridad Social.
La profundización del derecho a la estabilidad busca reforzar y profundizar ese derecho, ya que en el código actual todavía existen contratos caducos como el denominado de plazo fijo, en el cual el trabajador puede ser despedido luego de dos años sin indemnización ni razón alguna. Con la firma de las nuevas reformas, se propone eliminar esta forma de contratación empresarial, creándose además la figura del despido nulo para las mujeres en estado de gestación y para los dirigentes sindicales, es decir, la prohibición absoluta de despedir a alguien por su condición de embarazo o de dirigente sindical. En el caso de despido discriminatorio ya sea por su orientación sexual o pertenencia a grupos vulnerables como ancianos, indígenas, discapacitados y afrodescendientes, el proyecto propone pagar un año de sueldo adicional a la indemnización existente por despido intempestivo.
En su alocución el presidente Correa dijo “que no ha habido Gobierno que proteja más a los grupos vulnerables como lo ha hecho la Revolución Ciudadana, este será otro paso para erradicar para siempre ese monstruo social que es la discriminación”.
La búsqueda de la equidad apunta a la reducción de la desigualdad, entendiendo que América latina es aún la región más inequitativa del planeta, señaló Correa, reflexionando a su vez que “no puede haber un empresario en el Ecuador que pueda dormir tranquilo con riquezas excesivas y pagando a sus trabajadores el mínimo de sueldos”, señalando que “en los sueldos exagerados se disfrazan también muchas veces las utilidades que deberían repartir a todos los trabajadores”, por ello se propone establecer límites de brechas salariales entre quienes más ganan, frente aquellos que menos ganan, dentro de una empresa. En tal sentido, las reformas apuntan a reducir las brechas remunerativas, entre lo que gana un empresario y sus empleados de menor remuneración. Se plantea a su vez que esto se hará con la unificación de utilidades, ya que la brecha será válida para todas las empresas de un mismo grupo económico.  Esta reforma eliminará entonces en materia de reparto de utilidades, la llamada planificación laboral nociva, consistente en que el empresario coloque a la mayoría de los trabajadores en una de sus empresas a la que considera como la más pobre del grupo.
Correa dijo en el acto de Guayaquil que es necesario “modernizar al país” ya que “todavía se tienen anacronismos sin ninguna explicación técnica, tan sólo rezagos del país paternalista y clientelar que pagaba sueldos de miseria, tarde, mal o nunca pero generosamente otorgaba sobresueldos en fechas especiales”. Por esta razón, se propone la mensualización voluntaria de las bonificaciones complementarias tanto en lo público como en lo privado. El trabajador que desee seguir recibiendo el aguinaldo como hasta ahora lo podrá hacer, si no recibirá mensualmente la parte proporcional y con un adecuado ahorro le permitirá tener rendimiento financiero.
Tal vez la reforma que mayor escándalo produce, principalmente para los sindicalistas, es la de democratización de la representación laboral. Se señala en el proyecto que los trabajadores, a través del voto universal, libre y secreto elegirán a los dirigentes en los respectivos sindicatos, y de igual manera poder votar para el comité de empresa sin necesidad de estar afiliado algún sindicato, ya que dicho comité representa a todos los trabajadores. Los ejes señalados corresponden a la modificación del Código Laboral, mientras que la concerniente a la Universalización de la seguridad social corresponderá a reformas específicas de ese ámbito.
Este quinto eje, la universalización de la seguridad social, es uno los más importantes, afirmó Correa, ya que es para las trabajadoras del hogar, “fue un compromiso de nuestro Gobierno que hoy se está haciendo realidad, somos conscientes de la contribución que hacen a nuestra sociedad, se calcula que el trabajo no remunerado en el hogar corresponde a un 15% del PIB, estamos reconociendo el fundamental aporte de las amas de casa a nuestra sociedad, y reconociendo el trabajo humano en general, no solamente el trabajo con fines mercantiles; el objetivo de la propuesta es beneficiar de forma directa alrededor de un millón y medio con su incorporación al Sistema de Seguridad Social.”
El Estado garantizará este derecho mediante un subsidio de hasta el 90% a la correspondiente cotización, subsidio que se hará en función de la situación socioeconómica de cada trabajadora, correspondiendo a la unidad familiar completada la cotización. Según Correa “esta propuesta nos coloca en la vanguardia en el ámbito regional y mundial que reconoce la labor productiva del trabajo del hogar y otorga a dichas trabajadoras el derecho a tener una pensión digna para su vejez.”
El pasado miércoles 26 la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional se reunió para conocer el proyecto que el presidente Correa le había entregada en el acto de Guayaquil a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Se dispuso desde la comisión tener preparado para el 22 de diciembre un informe detallado que permita el posterior debate legislativo. La comisión trabajará el informe junto a las ocho centrales sindicales de Ecuador, el ministro de trabajo, el Parlamento laboral y organizaciones de mujeres, entre otros.
Pero a pesar de todo, hay sectores tanto políticos como sociales que se oponen a las reformas propuestas. No solamente la derecha y algunos grupos empresariales levantaron la voz contra los nuevos ejes propuestos. También lo hizo el opositor Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) que es una coordinación de varias de las centrales sindicales del país. Lo llamativo es que ahí confluyan desde las izquierdistas Cedocut (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores) y CTE (Confederación de Trabajadores de Ecuador), junto a la Ceosl (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres) que naciera en la década del ’60 para contrarrestar la “infiltración marxista” en el movimiento obrero.
El FUT llamó a una movilización masiva el pasado 19 de noviembre para oponerse a la reforma laboral y también para “vencer al gobierno burgués” de Correa. Según afirman los principales dirigentes sindicales opositores, el presidente quiere imponer esta reforma para hacer posible un tratado de libre comercio (TLC) con la Comunidad Europea. Lo que los sindicalistas no dijeron es si están de acuerdo o no, con la democratización de las organizaciones gremiales. La dispersión y fragmentación del movimiento obrero en Ecuador es un dato de la realidad. Por ese motivo se dio el nacimiento de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), que además de proponerse terminar con la dispersión, propone la afiliación de los trabajadores no comprendidos en los otros agrupamientos, como son los precarizados y cuentapropistas.
Según el FUT, el nacimiento de la nueva central es una artimaña del gobierno para dividir a los trabajadores. El hecho concreto es que hoy hay 8 centrales sindicales y gran cantidad de trabajadores no afiliados a ninguna organización.

México- Impunidad y buenos negocios

En el país que se ubica en segundo lugar entre las economías latinoamericanas y fuertemente asociado a EE.UU. crecen el repudio y la movilización por los crímenes contra los 43 estudiantes.

Han pasado casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y este hecho sigue conservando una prioridad superlativa. No solamente en México, ya que excedió largamente las fronteras, despertando una creciente indignación social en ese país y una creciente solidaridad de los movimientos sociales latinoamericanos y del mundo. Los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, han visibilizado y puesto sobre el tapete la profunda crisis que viene padeciendo la sociedad azteca. Desde 2007 cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron siete años. Lo acontecido en la llegada del otoño mexicano no puede por eso considerase como un hecho aislado, y si bien le caben responsabilidades bien concretas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, el hecho es un claro y rotundo indicador del grave síntoma social que atraviesa a la mayoría de la sociedad política de ese país.
Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó aún más el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.
Lo cierto es que a partir de los hechos del 26 de septiembre se ha desatado en México una profunda indignación social que se expresa en un creciente grado de movilización popular (ver abajo). Aquel día, a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron miembros del grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza por la cual se marchaba en conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
El pasado 23 de octubre por la tarde el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, abandonó su cargo aduciendo que de esa forma favorecería la investigación de la masacre. El alcalde de Iguala también tomó idéntica posición aunque a posteriori tanto él como su esposa fueran detenidos.
Ante la creciente oleada de movilizaciones que comenzaron a pedir por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto, de regreso de una gira por China y Australia el pasado domingo, lejos de ponerse al servicio de los manifestantes, envió claras señales de que no va a soportar la presión popular. El mandatario dijo que las manifestaciones en apoyo a los normalistas no debían tornarse violentas, ya que ésa no era la vía para exigir la justicia. En conferencia de prensa al término de su gira lamentó los últimos hechos de violencia, por lo que hizo un llamado a la “civilidad, el respeto y aplicación de la ley” para que en “orden y armonía” se busque el diálogo. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”. Según informaba Milenio el mismo día por la mañana, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Los maestros pretendían llegar al Zócalo metropolitano, pero por el resguardo de la policía capitalina y federal, así como por los elementos del Estado Mayor Presidencial, solo llegaron al Hemiciclo a Juárez.
El lunes 17, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el llamado del mandatario. “Como presidente de la Conago respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, en el llamado a la civilidad, el orden y la paz”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. “Hoy México nos necesita unidos; manifestándonos, sí, pero sin violencia y con respeto al Estado de derecho y a las instituciones”, señaló en la red social.
“Es hora de que nos sumemos a la convocatoria de paz y unidad del presidente para construir juntos la mejor solución para México”, agregó.
En Australia, Peña Nieto participó de la Cumbre de Líderes del G20. Allí el mandatario hizo gala de la apertura económica de su país, y de los beneficios para los inversores extranjeros. No es un dato menor que hoy México se perfile en el puesto 10 de las principales economías mundiales. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la nación azteca ocupa el segundo lugar después de Brasil en el ranking de las economías latinoamericanas. Si desde hace ya más de 13 años el mundo habla del grupo conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más recientemente se fue imponiendo el acrónimo MINT, que fuera popularizado por el economista británico Jim O’Neill para referirse al grupo integrado por las nuevas promesas de la economía mundial: México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Pero todo esto contrasta notablemente con la situación de impunidad por la que atraviesa el país, lo cual representa –entre otras cosas– un grave problema de imagen que en términos comerciales significa una disminución de flujo de capital hacia el país. Citado por el portal mexicano de mercadotecnia y publicidad merca2.0, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió en una conferencia de prensa en la ciudad de Washington que “hechos tan graves como éste pueden tener un efecto sobre la percepción del país en general, en la actividad económica y en el inversionista”, por lo que una vez colocada en el mainstream internacional gracias a la difusión de la prensa, la noticia de la desaparición de los normalistas dejará ver sus efectos reales sobre la economía mexicana en poco tiempo.
Si al sur del Río Bravo es posible encontrar eslabones débiles para la dominación imperial, habría que convenir que México es el eslabón más fuerte. No se puede entender de otra forma lo que está sucediendo allí.

Por los 43

La marcha hacia el Zócalo congregó a decenas de miles

El pasado jueves 20, el Distrito Federal se vio conmocionado por una serie de manifestaciones, marchas y paros estudiantiles reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Desde muy temprano grupos de estudiantes se manifestaron en las estaciones de metro para invitar a la gran marcha de la tarde. Con pancartas que decían “Disculpe las molestias, pero nos están matando”, los estudiantes cortaban los molinetes y entregaban a los pasajeros volantes con información sobre los hechos de Ayotzinapa. También frente a la sede de Televisa Chapultepec los estudiantes se hicieron presentes con carteles en los cuales se podían leer frases como “No somos delincuentes, somos estudiantes y queremos justicia”.
Previo a eso la eventual toma simbólica de los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que fuera anunciada el sábado 15, fue desechada la noche del miércoles por la asamblea interuniversitaria (integrada por estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el país), con 34 votos en contra y 25 en favor del cerco, por parte de los representantes universitarios. Pese a todo, en los accesos al AICM la policía reprimió a manifestantes y realizó detenciones.
El clima estaba enrarecido, ya que los principales medios se encargaron de subrayar repetidamente el fantasma de la violencia. Por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CdhDF) designó a un grupo de visitadores para acompañar las marchas del jueves, anunciando a su vez que trabajaría en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pasada la media tarde, desde tres puntos diferentes de la ciudad las tres brigadas –integradas por los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos– marcharon hacia el Zócalo capitalino escoltadas por una fuerte custodia policial, pero con un multitudinario acompañamiento.

Bolivia redistribuye riqueza- La pelea por el doble aguinaldo

Como parte de sus políticas públicas que fomentan el crecimiento y la igualdad, el gobierno boliviano instrumenta desde el año pasado una mejora salarial anual que es resistida por las centrales empresariales.

Cuando el crecimiento económico de un país no es percibido como tal por todas las franjas sociales, lo primero que valdría preguntarse es qué sentido tiene para ciertos gobiernos vanagloriarse de dichas cifras, si las mismas no son acompañadas por una distribución más igualitaria de la renta. El 20 de noviembre del año pasado, el presidente de Bolivia Evo Morales, mediante un decreto supremo que llevó el nombre de “Esfuerzo por Bolivia”, determinó que cada vez que el Producto Interno Bruto (PIB) del país andino supere el 4,5%, los trabajadores deben ser recompensados con el cobro de un doble aguinaldo. 2013 representó para Bolivia un récord en cuanto al crecimiento del PIB, ya que el mismo ascendió al 6,5%. Según datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB), entre 2005 y septiembre de 2013, el PIB de Bolivia se triplicó de US$ 9.574 millones a US$ 28.704 millones. Los años anteriores a 2013 el Producto sobrepasaba por poco el 5%. Este año se prevé que llegue al 5,9%, ya que la cifra del año pasado fue una excepción, un récord bastante difícil de igualar.
De acuerdo con el decreto supremo “Esfuerzo por Bolivia” establecido el año pasado, el doble aguinaldo es extensivo al sector público y privado, Fuerzas Armadas y Policía, y deberá ser cancelado como fecha tope el 31 de diciembre de cada año en el que el PIB supere el porcentaje establecido en 4,5%. Los beneficiarios de este decreto son aquellos que trabajaron más de tres meses de manera ininterrumpida en una empresa privada o institución pública. En el caso de que el trabajador no hubiese cumplido los 12 meses en la misma fuente laboral, gozará con el pago de duodécimas en proporción al tiempo trabajado.
El año pasado la oposición y algunos medios afines al empresariado salieron a decir que teniendo en cuenta los comicios presidenciales de este año, la medida, sólo perseguía fines electorales, que era demagogia pura, pero hoy, habiendo sido reelecto Evo Morales el pasado 12 de octubre, por más del 60% de los sufragios, algunos sectores empresariales comenzaron a mostrar su disconformidad con el “Esfuerzo por Bolivia”. Por ejemplo, Mario Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), señaló la semana pasada que postergar el pago del doble aguinaldo hasta febrero garantizaría que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2015 logre alcanzar el crecimiento necesario, para que nuevamente los trabajadores se beneficien con un segundo aguinaldo en la siguiente gestión, es decir la correspondiente a diciembre de 2015, pero que con idéntica posición los empresarios querrán patear hasta febrero o marzo de 2016. “Si se paga hasta el 31 de diciembre, suma al PIB de la gestión 2014, pero si se paga el 2015 garantiza el segundo aguinaldo de la próxima gestión porque ese dinero iría a sumar el PIB del 2015”, aseguró Yaffar. Según informara el paceño diario Los Tiempos, el representante del sector económico formal volvió a pedir que el gobierno postergue el plazo para el pago del doble aguinaldo hasta febrero.
Yaffar explicó que en la CNI están afiliadas unas mil industrias de las cuales sólo el 23% podrá pagar el segundo aguinaldo, ya que la porción restante tendrá dificultades, e incluso el dirigente empresarial sostuvo que el 8% de las empresas ni siquiera está en condiciones de hacerlo.
Por su parte, Wilmer Llanque, secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), informó que el 17 de noviembre su sector realizará una asamblea en la cual “es muy probable que se rechace el doble aguinaldo porque las microempresas tienen un crecimiento menor al 1%”. Según Llanque, “pagar en diciembre no vamos a poder, hay que ser sinceros”, dijo.
Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), ante la requisitoria de su sector, también le sugirió al gobierno que el doble aguinaldo sea efectivo recién en febrero del año entrante, con la finalidad de alivianar cargas.
Según un estudio de la Cámara Nacional de Industrias divulgado por Los Tiempos el pasado 20 de octubre, el 39% de las industrias manufactureras en Bolivia tiene una capacidad “baja” para cumplir con el pago del segundo aguinaldo, lo que significa que estarán en “problemas” al momento del pago. El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba, César Cuadros, citado por el mismo medio, estimaba que un 20% de las micro y pequeñas industrias se verán “tremendamente afectadas” y que por esa razón podrían tomar la informalidad como alternativa. El dirigente empresarial explicó que, según el estudio, sólo un 3,6% de las industrias tiene una “aceptable” capacidad de pago, el 18% tiene “solvencia”, un 11% no tiene capacidad de pago y el 7% tiene bajísima o nula solvencia de pago del beneficio, que debe hacerse hasta el 31 de diciembre, según el reglamento del Decreto 1809. Cuadros aseguró que las empresas ya no querrán inscribirse al Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), lo que supondrá el incremento de la informalidad laboral. Todos estos cálculos empresariales podrían resultar verosímiles y hasta entendibles si enfrente no tuvieran una bastante aceitada y poderosa organización sindical de los trabajadores, que conoce al dedillo las mañas de un sector que además de no perder nunca, intenta obtener el máximo de ganancia de cualquier forma. Hacer un planteamiento en el cual la informalidad podría ser una alternativa ya es una muestra palmaria de ello.

La respuesta de los trabajadores. “La ley se cumple, la ley no se negocia y por lo tanto el decreto 1809 establece claramente que el primer aguinaldo se paga hasta el 20 de diciembre y el segundo aguinaldo hasta el 31 de diciembre, esa es la posición de los trabajadores fabriles en consulta a nuestras federaciones”, afirmó el dirigente Vitaliano Mamani, de la poderosa Confederación de Trabajadores Fabriles. Mamani sostuvo que en esta gestión el empresariado tuvo la oportunidad de prever esta figura porque se conocía el decreto y las previsiones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El fabril además anunció que en el próximo congreso del sector se van a analizar los alcances de este beneficio e incluso adelantó que hay propuestas que piden la institucionalización de este pago en calidad de bono, con la finalidad de que no esté sujeto al índice de crecimiento del país.
En tanto, Estanislao Flores, secretario de organización de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestó su rechazo categórico a la posibilidad de que se amplíe el plazo para pagar el doble aguinaldo. “Está bien que el año anterior se haya ampliado el plazo de dos meses, porque a todos nos ha sorprendido. Pero ahora no hay argumento alguno para que los empresarios se nieguen a pagarnos hasta el 31 de diciembre”, señaló Flores, a tiempo de acotar que gran parte de los trabajadores asalariados ya por adelantado están gastando recursos tomando en cuenta que el doble aguinaldo cubrirá esos gastos.
El gobierno boliviano a través del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, rechazó los primeros días de noviembre la posibilidad de ampliar el plazo para el pago del doble aguinaldo y, por el contrario, aseguró que antes de fin de año debe ser abonado ese beneficio en el sector público y privado. “La decisión del gobierno es que el segundo aguinaldo ‘Esfuerzo Por Bolivia’ debe cancelarse hasta el 31 de diciembre. Es cierto, hay pedidos de algunos sectores empresariales en que se pueda ampliar, pero no, no se va a ampliar”, aseguró Santalla, quien de esa forma negó la posibilidad esbozada por los sectores empresarios de saldar el pago recién en febrero. “Esto es también lo que le he manifestado al presidente de la Cámara Nacional de Industrias, al señor Mario Yaffar, y él me ha manifestado: si es así, estarían cumpliendo la disposición del decreto supremo que reconoce este derecho desde el año pasado”, sostuvo el titular de la cartera laboral.
La decisión gubernamental, más allá de su íntima conexión con los intereses de los asalariados, se sostiene fundamentalmente en el poder de las organizaciones sindicales. La COB en las últimas elecciones le aportó al frente electoral oficialista un considerable aporte de recursos tanto humanos como materiales. Pero lo más importante es que lleva adelante una política de unidad que se ve expresada en una fuerte representación gremial. La COB es la única central obrera del país del altiplano y nuclea a más de dos millones de trabajadores.

México- Represión y muerte

La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala muestra casi al desnudo el accionar de un Estado completamente funcional a la más despiadada acumulación capitalista. No sólo la legal sino también la que es engrosada por los dividendos que le reporta el crimen organizado.

Cuando no había pasado aún una semana de la llegada del otoño mexicano, más precisamente el 26 de septiembre, acontecieron los hechos que hoy son conocidos como la Masacre de normalistas de Ayotzinapa. Esto sucedió en la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero.  Ese día a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron además miembros de un grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas 3 estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza en la que los estudiantes marchaban conmemorando la masacre del 2 de octubre de 1968.

Al cierre de esta edición de Mascaró, aún hay 43 normalistas desaparecidos, y se están llevando adelante movilizaciones de solidaridad y esclarecimiento en todo el mundo. El 22 de octubre se realizó la Jornada Internacional por los 43 estudiantes desaparecidos, y una de ellas tuvo lugar en Buenos Aires. Frente a la embajada mexicana, cerca de 300 militantes de organizaciones políticas y sociales, junto a grupos de estudiantes mexicanos residentes en el país, reclamaron bajo la consigna “Vivos los llevaron, vivos los queremos” la aparición con vida de los normalistas desaparecidos.

La madrugada del 30 de junio el Ejercito mexicanos ejecutó a 15 civiles que dormían en una bodega  localizada en el Municipio de Tlatlaya. En agosto se produjeron once asesinatos en Chihuahua, entre los que se encontraban varias mujeres e incluso estudiantes. Los sucesos de Ayotzinapa se enmarcan en un mismo proceso. Desde 2007 cuando el por entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron 7 años.  

El problema principal a visibilizar a partir de la reciente masacre de Ayotzinapa es precisamente el porqué de tanta muerte, de tanto terror sembrado en la sociedad civil azteca. Realizar un diagnóstico en el que se culpe de todo esto, al incremento de los carteles de la droga sería un mero simplismo. Obviamente que la presencia del narcotráfico es decisiva en esta realidad, pero no la única razón. En tal sentido, es necesario recorrer una cantidad importante de opiniones que puedan acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso.

México como laboratorio del neoliberalismo

Según un muy buen informe realizado por la Red de Solidaridad con México (mexicosolidarity.org), durante las últimas cuatro décadas, la relación entre los EE.UU. y México se convirtió en el laboratorio más importante para el modelo neoliberal que rige en el planeta, una especie de experimento para la globalización centrada en la expansión de las corporaciones. Según la Red tanto en el Norte como en el Sur las futuras generaciones sentirán las implicaciones de este experimento.  La era neoliberal empezó hace cuatro décadas en la frontera EE.UU. – México con el Programa de Industrialización Fronteriza, una “zona de libre comercio” que introdujo la época de las maquiladoras.  Fabricas que pagaron jornales decentes en los EE.UU. se mudaron al sur de la frontera, donde los jornales típicos son menos de US$1 por hora, las leyes en cuanto al régimen laboral son relajados, y los estándares medioambientales no se hacen cumplir.  El resultado es ganancias enormes para las corporaciones transnacionales, pero con estándares de vida decayendo para las clases obreras de México y los EE.UU., y un desastre medioambiental que afecta ambos lados de la frontera.  El modelo maquiladora/libre comercio es ahora el modelo de desarrollo económico predominante por toda América Latina. 

El argentino Guillermo Almeyra que vivió unos cuantos años en México sostiene en un artículo publicado en el diario La Jornada que una política criminal sólo puede ser impuesta  con métodos criminales. En la nota que lleva por título”Tlatlaya, Ayotzinapa: el asesino es el sistema y su gobierno” Almeyra dice que para realizar “la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión de las manifestaciones de estudiantes y normalistas, son apenas algunas de las perlas de este macabro collar”.

Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.

La narcocracia

En un artículo denominado “Narcocracia asesina a estudiantes en México” escrito por el politólogo Ricardo Romero y que fuera publicado por el semanario Miradas al Sur, el autor alerta sobre  los peligros que conlleva la municipalización de la seguridad, tal como se está planteando hoy en nuestro país. Romero señala que en México, la descentralización policial fue generando una fuerte dependencia de los presidentes comunales (intendentes) con respecto a los grupos armados ligados al crimen organizado.  “Así, se formó una suerte de narcocracia que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a ‘la señora’ María de los Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez, quien pidió a su cónyuge que acabara con ella. Un pequeño detalle es que la pareja libera el cartel de narcotraficantes ‘Guerreros Unidos’, que está fuertemente imbricado con la policía municipal” señala Romero en su nota.

En el mismo artículo la investigadora mexicana Iskra de la Cruz Hernández consultada por el autor señala que en México existe una narcodictadura, que se asienta desde los municipios.

“El narcoestado, la narcodictadura, se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana, también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala, lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en una fosa colectiva” señala Iskra.

Si existe algo que pueda frenar y revertir este proceso de destrucción del tejido social, eso es sin duda tanto la movilización, como la resistencia y la organización de los sectores populares. Por ahora la indignación social ante esta masacre pareciera ser un punto de partida.

  Nota publicada en la Revista Mascaró de noviembre