Barómetro de las Américas 2014- Delito, seguridad y ciudadanía

Policía Nacional de Nicaragua

Con respecto a la tan resonada inseguridad, y al combate del delito resulta un lugar común, enquistado casi en las neuronas de los ciudadanos, plantear políticas de “mano dura”, pidiendo a su vez mayor presencia policial y volumen represivo. En tal sentido se hace demasiado hincapié en que el incremento del crimen es el resultado de la promoción de políticas progresistas o que ponen énfasis en la defensa de los derechos humanos. Tal vez analizado el problema de forma extremadamente liviana y superficial, pueda considerarse que eso podría ser así. Obviamente que las principales causas para la existencia del delito no son demasiado transparentes ni simples, por lo cual resulta necesario abordar esa problemática de forma integral y considerar una multiplicidad de variables, que no son precisamente las que habitan en el sentido común, ni en las recomendaciones de los grandes medios de información.
Recientemente se conocieron los datos del Informe 2014 del Barómetro de las Américas, concerniente al tema de la seguridad en el continente, y más específicamente a la aprobación ciudadana con respecto a las gestiones que llevan adelante los Estados en esa materia. El también denominado Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), que es realizado por la Universidad de Vanderbilt, EE.UU., está considerado desde las usinas del establishment como un líder en el desarrollo, implementación y análisis de encuestas de opinión pública. Se realiza desde hace más de dos décadas, y su principal foco de atención son los ciudadanos y la democracia en América latina. Más allá de la valoración que se le pueda dar a este proyecto, hay datos que emergen de los informes que no habría que desdeñar, ya que muchas veces pueden ser corroborados por otros estudios, y principalmente porque son parte de la formación de opinión pública.
El estudio Barómetro de las Américas 2014 señala que la violencia conduce en la región a “democracias en riesgo”, constituyéndose tanto la violencia como el crimen en factores clave de la desestabilización política que se da en el continente. Según se especificaba en el portal de Radio Caracol de Colombia, ello constituye un desequilibrio que, según recoge el documento tras entrevistar a 50 mil personas en 28 países, conduce a que los ciudadanos desconfíen de las instituciones políticas y tiendan a inclinarse por figuras de mano dura y baja calidad democrática que luego, a su vez, desencadena en la violación de derechos fundamentales. El informe también añade que el pesimismo ante las condiciones de desequilibrio económico, unido a la sensación de inseguridad, se extiende por un continente donde aún hay más de 80 millones de personas viviendo en la pobreza.
De todas formas, la mayoría de los ciudadanos de América latina y el Caribe creen que para combatir el delito es necesario que haya más y mejores castigos. Así piensa el 55,2% de los consultados en 23 países por el Barómetro de las Américas, mientras que el 29,7%, afirma que habría que desarrollar medidas preventivas. Las preferencias punitivas imperan en todos los países. La mayor paridad se encuentra en Uruguay, donde se imponen por 46,8% frente al 43,1% de las respuestas preventivas. Una señal clara de un sentido común imperante con respecto a cómo combatir el crimen.

La sorpresa. Lo más llamativo del estudio, es que al señalar las máximas aprobaciones

de la ciudadanía con respecto a las gestiones que llevan adelante los gobiernos latinoamericanos, tanto en Nicaragua como Ecuador la mayoría de la población consultada aprobó con creces las políticas en seguridad que vienen desarrollándose en esos países. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua alcanzó el 65% de aprobación, mientras que el de Rafael Correa en Ecuador el 62,5%. Cifras envidiables, teniendo en cuenta que tanto Brasil, Argentina o el mismo Estados Unidos se encuentran entre los que tienen poca aprobación. Pero lo más llamativo de estos datos es que los más aprobados son gobiernos que no tienen ningún empacho en definirse como de izquierda, y que, en conjunto con Cuba, Venezuela y Bolivia, entre otros, conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), desmintiendo así ese prejuicio extendido de que las gestiones progresistas son las causantes de un mayor desequilibrio en el tema de la seguridad y el desarrollo del crimen. Por otra parte, la aprobación ciudadana en esos países también desmiente esa inclinación punitiva, y de desarrollo de guerras santas contra el crimen. Los casos de México y Colombia en su combate institucionalizado al narcotráfico muestran que el remedio no es para nada mejor que la enfermedad. Por esa razón hay que encontrarse muy atento a esos cantos de sirenas, que no pocas veces plantean esa clase de artimañas belicistas para resolver el problema de la inseguridad. Tal vez el pasado común (en gran parte de los países latinoamericanos), en cuanto a haber padecido noches dictatoriales, constituya un importante freno subjetivo para que esas aventuras no prendan demasiado. Se sabe, en una guerra puede caer cualquiera.
A pesar de la supremacía de la visión punitiva, el informe también revela la poca confianza de los ciudadanos con respecto a las fuerzas policiales, y a que en gran parte existe una perspectiva sobredimensionada del crimen a partir de la utilización que hacen los medios con respecto a los hechos concretos de inseguridad.

Nicaragua y Ecuador. En una nota del diario La Jornada, de Nicaragua, firmada por Juan José Arévalo, se señala que ese país se mantiene como el segundo con más pobreza de América latina y está centrado en una de las regiones de mayor violencia del mundo por las “maras” (pandillas) y el narcotráfico, creando una política de seguridad ciudadana con perfil de la comunidad que le ha hecho disminuir la tasa de homicidios y volverse uno de los más seguros de América latina.
En Nicaragua, donde la pobreza perjudica al 42,7% de la población y la extrema pobreza a un 7,6%; y donde más del 70% de los empleos corresponde al sector informal, en donde los ingresos son bajos y sin lograr la seguridad social; la tasa de homicidios como la de robos es muy baja, a pesar que ese país sufrió una guerra civil en la década de los ’80 del siglo pasado que trajo consigo miles de muertos. Según revela Arévalo en su nota, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que lleva el título “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano”, y que recoge datos de 18 naciones de América latina, ubica a Nicaragua como ejemplo de cómo la pobreza no tendría que generar violencia. Según la jefa de la Policía Nacional nicaragüense Aminta Granera, “la fortaleza de la seguridad que ofrece Nicaragua está en la parte comunitaria y preventiva”, porque se esfuerzan “más en prevenir que en corregir un delito”, señaló la funcionaria. En Nicaragua existen 17,9 policías por cada 10.000 habitantes, según datos oficiales.
Según el portal del Latin American Program del Woodrow Wilson Center, que se enfoca principalmente en las políticas públicas que se llevan adelante en el continente, Ecuador tiene el sistema integrado de seguridad más moderno de América latina. En septiembre de este año el presidente Rafael Correa dijo durante la inauguración de una moderna unidad de vigilancia en la norteña provincia de Carchi, que con la apertura del programa ECU911 de Tulcán, el país suramericano se convierte en el único de América latina con cobertura total de seguridad. “La tranquilidad y la paz ciudadana están en nuestras prioridades, porque son partes esenciales del buen vivir”, dijo el mandatario, asegurando luego que de nada sirve superar la pobreza, “si nuestros hijos no pueden pasear tranquilos”.
En Ecuador, desde 2009 a la fecha se constituyeron cerca de 2 mil comités de Seguridad Ciudadana en los que participan estudiantes, sindicalistas y lugareños para evaluar el desempeño policial e incluso controlarlo.
Lo interesante que también expresa el portal del Woodrow Wilson Center es que en América latina la alianza con los Estados Unidos para combatir al crimen organizado ha traído desastrosas consecuencias. Una advertencia bastante sugestiva, tratándose de una organización con origen en dicho país.