La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala muestra casi al desnudo el accionar de un Estado completamente funcional a la más despiadada acumulación capitalista. No sólo la legal sino también la que es engrosada por los dividendos que le reporta el crimen organizado.
Cuando no había pasado aún una semana de la llegada del
otoño mexicano, más precisamente el 26 de septiembre, acontecieron los hechos
que hoy son conocidos como la Masacre de normalistas de Ayotzinapa. Esto
sucedió en la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero. Ese día a las 8:00 pm se reportaron disparos
contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más
significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron además
miembros de un grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”. El
tiroteo dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas 3 estudiantes, un
joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el
marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó
en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento,
afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de
su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María
de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza
en la que los estudiantes marchaban conmemorando la masacre del 2 de
octubre de 1968.
Al
cierre de esta edición de Mascaró,
aún hay 43 normalistas desaparecidos, y se están llevando adelante
movilizaciones de solidaridad y esclarecimiento en todo el mundo. El 22 de
octubre se realizó la Jornada Internacional por los 43 estudiantes
desaparecidos, y una de ellas tuvo lugar en Buenos Aires. Frente a la embajada
mexicana, cerca de 300 militantes de organizaciones políticas y sociales, junto
a grupos de estudiantes mexicanos residentes en el país, reclamaron bajo la
consigna “Vivos los llevaron, vivos los queremos” la aparición con vida de los
normalistas desaparecidos.
La
madrugada del 30 de junio el Ejercito mexicanos ejecutó a 15 civiles que
dormían en una bodega localizada en el
Municipio de Tlatlaya. En agosto se produjeron once asesinatos en Chihuahua,
entre los que se encontraban varias mujeres e incluso estudiantes. Los sucesos
de Ayotzinapa se enmarcan en un mismo proceso. Desde 2007 cuando el por
entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen
organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan
más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos.
Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron 7 años.
El
problema principal a visibilizar a partir de la reciente masacre de Ayotzinapa
es precisamente el porqué de tanta muerte, de tanto terror sembrado en la
sociedad civil azteca. Realizar un diagnóstico en el que se culpe de todo esto,
al incremento de los carteles de la droga sería un mero simplismo. Obviamente
que la presencia del narcotráfico es decisiva en esta realidad, pero no la
única razón. En tal sentido, es necesario recorrer una cantidad importante de
opiniones que puedan acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso.
México como laboratorio del
neoliberalismo
Según un muy buen informe realizado por la Red de
Solidaridad con México (mexicosolidarity.org), durante las últimas
cuatro décadas, la relación entre los EE.UU. y México se convirtió en el
laboratorio más importante para el modelo neoliberal que rige en el planeta,
una especie de experimento para la globalización centrada en la expansión de
las corporaciones. Según la Red tanto en el Norte como en el Sur las futuras
generaciones sentirán las implicaciones de este experimento. La era neoliberal empezó hace cuatro décadas
en la frontera EE.UU. – México con el Programa de Industrialización Fronteriza,
una “zona de libre comercio” que introdujo la época de las maquiladoras. Fabricas que pagaron jornales decentes en los
EE.UU. se mudaron al sur de la frontera, donde los jornales típicos son menos
de US$1 por hora, las leyes en cuanto al régimen laboral son relajados, y los
estándares medioambientales no se hacen cumplir. El resultado es ganancias enormes para las
corporaciones transnacionales, pero con estándares de vida decayendo para las
clases obreras de México y los EE.UU., y un desastre medioambiental que afecta
ambos lados de la frontera. El modelo
maquiladora/libre comercio es ahora el modelo de desarrollo económico
predominante por toda América Latina.
El argentino
Guillermo Almeyra que vivió unos cuantos años en México sostiene en un artículo
publicado en el diario La Jornada que
una política criminal sólo puede ser impuesta
con métodos criminales. En la nota que lleva por título”Tlatlaya,
Ayotzinapa: el asesino es el sistema y su gobierno” Almeyra dice que para
realizar “la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la
destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción
de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de
las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la
educación, la represión de las manifestaciones de estudiantes y normalistas,
son apenas algunas de las perlas de este macabro collar”.
Todos los analistas de la realidad política azteca
coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó el proceso que había
sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los
años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia
de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se
incrementaron la violencia y los asesinatos.
La narcocracia
En un artículo denominado “Narcocracia asesina a
estudiantes en México” escrito por el politólogo Ricardo Romero y que fuera
publicado por el semanario Miradas al Sur,
el autor alerta sobre los peligros que
conlleva la municipalización de la seguridad, tal como se está planteando hoy
en nuestro país. Romero señala que en México, la descentralización policial fue
generando una fuerte dependencia de los presidentes comunales (intendentes) con
respecto a los grupos armados ligados al crimen organizado. “Así, se formó una suerte de narcocracia
que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes
locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de
Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a ‘la señora’ María de los
Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez,
quien pidió a su cónyuge que acabara con ella. Un pequeño detalle es que la
pareja libera el cartel de narcotraficantes ‘Guerreros Unidos’, que está
fuertemente imbricado con la policía municipal”
señala Romero en su nota.
En
el mismo artículo la investigadora mexicana Iskra de la Cruz Hernández
consultada por el autor señala que en México existe una narcodictadura, que se
asienta desde los municipios.
“El narcoestado, la narcodictadura,
se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y
autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el
narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las
propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de
los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana,
también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala,
lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha
convertido en una fosa colectiva” señala Iskra.
Si existe algo que pueda frenar y revertir este proceso
de destrucción del tejido social, eso es sin duda tanto la movilización, como
la resistencia y la organización de los sectores populares. Por ahora la
indignación social ante esta masacre pareciera ser un punto de partida.
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