Fujimori seguirá tras las rejas

Cómplices. El ex presidente peruano y su jefe de inteligencia
 fueron parte de un plan represivo global.

Si existen algunos rasgos comunes en la realidad latinoamericana de los últimos cincuenta años, y que a la vez se constituyeron como marcas indelebles por lo perjudicial que fueron para las grandes mayorías populares; en orden cronológico primero fueron las diferentes dictaduras cívico-militares que padecieran la mayoría de los países del continente, y posteriormente los ensayos neoliberales digitados casi exclusivamente por los Estados Unidos y los diversos organismos multilaterales constituidos para socavar las autonomías nacionales y enajenar al máximo posible el bienestar de los sectores populares pertenecientes al mundo periférico. Tal vez el más paradigmático de esos organismos sea el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la famosa deuda externa fue el principal instrumento de subordinación. Si bien en términos relativos es posible ubicar a las dictaduras entre los años ’70 y ’80, el neoliberalismo tuvo su auge entre los años noventa y principios de este siglo. En todos los países de la región no coinciden necesariamente los tiempos señalados, aunque es posible hallar entre medio de las dictaduras y los gobiernos neoliberales una escansión socialdemócrata, la mayoría de las veces frágil y endeble que permita luego justificar el próximo zarpazo.
Carlos Menem en la Argentina, Fernando Collor de Melo en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y Alberto Fujimori en el Perú tal vez sean las figuras más emblemáticas de esas gestiones latinoamericanas digitadas casi directamente por el Consenso de Washington, y que aplicaron a rajatablas las recetas del ajuste neoliberal. Fueron los tiempos en los que el Estado cobró mala prensa, lo colectivo fue desacreditado y el “Sálvese quien pueda” se fue transformando en sentido común.
Si bien los procesos anteriores pueden inscribirse dentro de los parámetros democráticos, el gobierno del Japonés Fujimori (1990-2000) es posible enmarcarlo en un escalón sinuoso que forma intersección entre lo democrático y lo dictatorial. En 1992 (dos años después de su primera asunción), Fujimori disolvió el Congreso, promoviendo lo que hasta hoy es considerado como un “Autogolpe”. En 1995 fue reelegido tras decretar una reforma constitucional, y en 2000, tras ser reelegido por tercera vez en medio de un creciente caos político y la inestabilidad de su presidencia, en su condición de presidente del Perú, viajó el 13 de noviembre a la Cumbre del APEC (Foro de Cooperación Asia-Pacífico) en Brunéi Darussalam, Asia. Al finalizar esta conferencia, tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para luego llegar a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá para la X Cumbre Iberoamericana; sin embargo Fujimori se quedó en la capital del Japón. En Tokio Fujimori declaró a la Agence France-Presse (AFP) que “no quiere ser un factor de perturbación” en su país. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física, Fujimori, desde la ciudad nipona, remitió por fax al presidente del Congreso de la República su renuncia formal a la Presidencia y luego envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la Presidencia de la República. Desde 2000 hasta 2005 Fujimori vivió en Japón, hasta que ese último año, habiendo ingresado a Chile fue detenido hasta 2007, momento en que fue extraditado a Perú. Entre ese año y 2009 el ex mandatario peruano fue enjuiciado y condenado varias veces por diferentes cargos que van desde actos de corrupción hasta crímenes de lesa humanidad (ver abajo). Por esta última razón desde el 2 de enero de 2010 está cumpliendo una condena de 25 años por violación a los derechos humanos.
El pasado 24 de noviembre la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villa Stein, declaró improcedente el pedido para revisar la sentencia de 25 años de prisión impuesta a Fujimori por crímenes de lesa humanidad. También el Poder Judicial le había negado previamente el arresto domiciliario. El abogado del ex presidente, William Paco Castillo, pretendía que se revisara la principal causa por la cual Fujimori se encuentra condenado por delitos de lesa humanidad, y en ese sentido fue que solicitó la revisión de la sentencia. Los casos de las masacres de Barrios Altos (noviembre de 1991) y La Cantuta (julio de 1992) según Castillo implican una contradicción, ya que además de su defendido se encuentran condenados por los mismos hechos varios ex funcionarios más, entre los cuales se destaca su asesor estrella Vladimiro Montesinos. Según había especulado William Paco Castillo, hay un nuevo elemento a favor de su cliente y eso es la supuesta contradicción entre las sentencias de Fujimori y Montesinos sobre estos casos, pues a ambos se les señala como autores mediatos y, según él, eso no es posible. La pretensión del abogado era que Fujimori en libertad pudiera afrontar un nuevo juicio sobre el mismo tema por el cual se encuentra condenado.
A pesar de todo, el titular de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Villa Stein, declaró improcedente el pedido de Castillo. Vale señalar que Stein está considerado como alguien afín al fujimorismo, ya que siendo en 2012 presidente de la Corte Suprema de Justicia les rebajó la pena a diferentes integrantes del grupo paramilitar que formaron parte de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. El juez Villa Stein había sido cuestionado por diferentes organismos de derechos humanos, antes de la decisión tomada el 24 de noviembre, por no garantizar una decisión imparcial. En tal sentido la gran mayoría de esos organismos habían solicitado participar en el proceso por revisión de sentencia del ex mandatario.
“Estamos preocupados de que se declare fundado el recurso de revisión y ordenen un nuevo juicio oral o lo absuelvan”, había expresado unos días antes al dictamen Gloria Cano, abogada de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Por su parte, el ex fiscal del juicio a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta, José Peláez Bardales, le había manifestado al diario El Comercio que él no creía que prosperase la revisión, pues ello hubiera requerido de la presentación de nuevas pruebas a favor del sentenciado, y eso no ha ocurrido. “La revisión de sentencia es un recurso extraordinario que se concede excepcionalmente cuando en un proceso aparecen nuevas pruebas que acreditan la inocencia de un acusado” había señalado Peláez, asegurando luego que “en el caso de Fujimori tengo la seguridad de que no hay ninguna nueva prueba que no haya sido ventilada en el proceso”.
Ante la resolución de Villa Stein la defensa de Fujimori optó por acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero su caso resulta inviable porque la justicia de Perú no le dio la razón. Allí el abogado William Paco Castillo debe mostrar una violación a un derecho fundamental del preso, pero que no es demostrable. “El tema central es que quien se presenta allí debe demostrar de forma fehaciente la existencia de una violación a un derecho fundamental, pero no hay, no se conoce; sería bueno que Castillo diga cuál es, pero no lo ha hecho”, afirmó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, recordando a su vez que ante el sistema de Naciones Unidas se presentan, por ejemplo, casos de desaparición forzada, torturas o prisión preventiva indiscriminada; algo que, afirmó, no podría argumentar la defensa del ex mandatario.

Intento fallido. Ante esta situación, la congresista de la fujimorista Fuerza Popular, la ex voleibolista Leyla Chihuán, propuso por esos días, según informara el diario El Mirador, un proyecto de ley que planteaba el arresto domiciliario para los reos mayores de 75, el cual beneficiaría indirectamente al sentenciado ex presidente. Chihuán informó a su bancada para que evalúen los pros y los contras, pero negando que la propuesta hubiera sido realizada para beneficiar a Fujimori. “Esto sin tener en cuenta que es un tema que afecta directamente a la familia (de Alberto Fujimori). De repente con esta intención creé más problemas para el señor Fujimori”, comentó.
Pero la bancada fujimorista no dio su visto bueno. El legislador de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, aseguró que será difícil conseguir consenso en el Congreso para respaldar ese proyecto de ley. Además, no dudó de la honestidad de su colega de bancada, Leyla Chihuán, pero esa ley podría crear suspicacias en la opinión pública, opinó. Según la congresista ella apuntaba al beneficio de más de dos mil presos que se encuentran en esa condición. En una reunión de la bancada de la FP con Keiko Fujimori, se desestimó la iniciativa, por lo que Chihuán descartó de plano su presentación.
Otro de los hijos de Fujimori, en este caso el congresista Kenji Fujimori, le dijo a la prensa que “el indulto o la salud de mi padre no son temas de negociación o para hacer estrategias”, y que en relación al proyecto de Chihuán “ella ha partido de buena fe, pero primero debió consultar con la familia. Este tipo de iniciativa ha podido ser utilizado para someter y chantajear a nuestra bancada. Antes decían que el único tema en agenda era la libertad de Alberto Fujimori ¿Entonces en qué quedamos?”, manifestó.
Por esos días aparecieron diferentes pintadas en Lima en las cuales tildaban de traidora a Keiko y pidiendo la libertad de su padre. Alberto desde la prisión había expresado que él sigue siendo el líder del fujimorismo. Los representantes de la Fuerza Popular no lo niegan, pero afirman que Keiko es la nueva lìder, y que en las presidenciales de 2016 podría convertirse en la primera mujer que llegue al Ejecutivo peruano. El oficialismo de Ollanta Humala también especula lo mismo, pero en su caso la presidenta sería Nadine Heredia, la actual primera dama.

La sociedad con Montesinos: una historia criminal

Tras su renuncia a la presidencia de Perú, Alberto Fujimori quedó exiliado en Tokio. Por ser hijo de japoneses le fue otorgada la ciudadanía de ese país, y se mantuvo intocable, ya que el país oriental nunca aceptó los pedidos de extradición realizados por la Justicia del Perú. En 2005 fue detenido en Chile, y luego de dos años fue extraditado a su país de origen. En 2007 comenzaron los juicios en su contra. Los más trascendentes de ellos son los concernientes a las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta. En ambas masacres cobró relevancia el grupo paramilitar denominado Colina. Una organización que fuera formada en la década del ’80 y que fuera incorporada por el fujimorismo como uno de sus destacamentos más notorios. No menor en todo esto es la actuación del militar y abogado Vladimiro Montesinos, quien ocuparía durante el gobierno del Japonés la jefatura del Servicio de Inteligencia, siendo el principal consejero del por entonces presidente. Mientras la falta de cuadros políticos hacía que Fujimori les abriera las puertas a diferentes cuadros técnicos del FMI para que diseñaran la política económica de su país, Montesinos se ocupaba del trabajo sucio. No solamente encabezando la supuesta cruzada antiterrorista contra las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sino imponiendo el terror en la sociedad toda, permitiendo que la principal elite peruana se enriqueciera de forma ilegal. Montesinos, en su carácter de abogado, conocía a la perfección esa clase de mañas. Ya en 1990, cuando Fujimori aún era candidato presidencial, había sido liberado por Montesinos de diversos cargos por fraude y transacciones irregulares por bienes raíces. La labor del abogado en ese momento fue simplemente hacer desaparecer cualquier prueba que comprometiera al Japonés.
En uno de los tantos juicios que enfrentó Fujimori (en julio de 2009) fue condenado por “peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”. En ese momento el ex presidente admitió haber entregado a Montesinos 15 millones de dólares de fondos del Tesoro Público, alegando que lo había hecho para evitar que su asesor en seguridad diera un golpe de Estado y que ese mismo dinero fue posteriormente devuelto. No pudiendo probar dicha devolución sumado a la aparente apatía por evitar la fuga de Montesinos, la Corte determinó que Fujimori cometió otros dos hechos punibles: facilitar la fuga de su asesor y devolver una cantidad inexplicable. La Sala descartó de plano las dos atenuantes de la defensa: la restitución tardía del monto y el soborno a Vladimiro Montesinos para desactivar un supuesto complot.
El 2 de enero de 2010, fue confirmada para Alberto Fujimori la sentencia a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, mientras que varios meses después, más precisamente el 1 de octubre, la Primera Sala Penal Especial resolvió sentenciar a 25 años de pena efectiva a Vladimiro Montesinos y a otros integrantes del Grupo Colina, por la matanza de Barrios Altos, La Cantuta y la desaparición y muerte del periodista Pedro Yauri. Todos –incluido Fujimori– se encuentran condenados por ser partícipes necesarios de los delitos expuestos.