Barómetro de las Américas 2014- Delito, seguridad y ciudadanía

Policía Nacional de Nicaragua

Con respecto a la tan resonada inseguridad, y al combate del delito resulta un lugar común, enquistado casi en las neuronas de los ciudadanos, plantear políticas de “mano dura”, pidiendo a su vez mayor presencia policial y volumen represivo. En tal sentido se hace demasiado hincapié en que el incremento del crimen es el resultado de la promoción de políticas progresistas o que ponen énfasis en la defensa de los derechos humanos. Tal vez analizado el problema de forma extremadamente liviana y superficial, pueda considerarse que eso podría ser así. Obviamente que las principales causas para la existencia del delito no son demasiado transparentes ni simples, por lo cual resulta necesario abordar esa problemática de forma integral y considerar una multiplicidad de variables, que no son precisamente las que habitan en el sentido común, ni en las recomendaciones de los grandes medios de información.
Recientemente se conocieron los datos del Informe 2014 del Barómetro de las Américas, concerniente al tema de la seguridad en el continente, y más específicamente a la aprobación ciudadana con respecto a las gestiones que llevan adelante los Estados en esa materia. El también denominado Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), que es realizado por la Universidad de Vanderbilt, EE.UU., está considerado desde las usinas del establishment como un líder en el desarrollo, implementación y análisis de encuestas de opinión pública. Se realiza desde hace más de dos décadas, y su principal foco de atención son los ciudadanos y la democracia en América latina. Más allá de la valoración que se le pueda dar a este proyecto, hay datos que emergen de los informes que no habría que desdeñar, ya que muchas veces pueden ser corroborados por otros estudios, y principalmente porque son parte de la formación de opinión pública.
El estudio Barómetro de las Américas 2014 señala que la violencia conduce en la región a “democracias en riesgo”, constituyéndose tanto la violencia como el crimen en factores clave de la desestabilización política que se da en el continente. Según se especificaba en el portal de Radio Caracol de Colombia, ello constituye un desequilibrio que, según recoge el documento tras entrevistar a 50 mil personas en 28 países, conduce a que los ciudadanos desconfíen de las instituciones políticas y tiendan a inclinarse por figuras de mano dura y baja calidad democrática que luego, a su vez, desencadena en la violación de derechos fundamentales. El informe también añade que el pesimismo ante las condiciones de desequilibrio económico, unido a la sensación de inseguridad, se extiende por un continente donde aún hay más de 80 millones de personas viviendo en la pobreza.
De todas formas, la mayoría de los ciudadanos de América latina y el Caribe creen que para combatir el delito es necesario que haya más y mejores castigos. Así piensa el 55,2% de los consultados en 23 países por el Barómetro de las Américas, mientras que el 29,7%, afirma que habría que desarrollar medidas preventivas. Las preferencias punitivas imperan en todos los países. La mayor paridad se encuentra en Uruguay, donde se imponen por 46,8% frente al 43,1% de las respuestas preventivas. Una señal clara de un sentido común imperante con respecto a cómo combatir el crimen.

La sorpresa. Lo más llamativo del estudio, es que al señalar las máximas aprobaciones

de la ciudadanía con respecto a las gestiones que llevan adelante los gobiernos latinoamericanos, tanto en Nicaragua como Ecuador la mayoría de la población consultada aprobó con creces las políticas en seguridad que vienen desarrollándose en esos países. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua alcanzó el 65% de aprobación, mientras que el de Rafael Correa en Ecuador el 62,5%. Cifras envidiables, teniendo en cuenta que tanto Brasil, Argentina o el mismo Estados Unidos se encuentran entre los que tienen poca aprobación. Pero lo más llamativo de estos datos es que los más aprobados son gobiernos que no tienen ningún empacho en definirse como de izquierda, y que, en conjunto con Cuba, Venezuela y Bolivia, entre otros, conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), desmintiendo así ese prejuicio extendido de que las gestiones progresistas son las causantes de un mayor desequilibrio en el tema de la seguridad y el desarrollo del crimen. Por otra parte, la aprobación ciudadana en esos países también desmiente esa inclinación punitiva, y de desarrollo de guerras santas contra el crimen. Los casos de México y Colombia en su combate institucionalizado al narcotráfico muestran que el remedio no es para nada mejor que la enfermedad. Por esa razón hay que encontrarse muy atento a esos cantos de sirenas, que no pocas veces plantean esa clase de artimañas belicistas para resolver el problema de la inseguridad. Tal vez el pasado común (en gran parte de los países latinoamericanos), en cuanto a haber padecido noches dictatoriales, constituya un importante freno subjetivo para que esas aventuras no prendan demasiado. Se sabe, en una guerra puede caer cualquiera.
A pesar de la supremacía de la visión punitiva, el informe también revela la poca confianza de los ciudadanos con respecto a las fuerzas policiales, y a que en gran parte existe una perspectiva sobredimensionada del crimen a partir de la utilización que hacen los medios con respecto a los hechos concretos de inseguridad.

Nicaragua y Ecuador. En una nota del diario La Jornada, de Nicaragua, firmada por Juan José Arévalo, se señala que ese país se mantiene como el segundo con más pobreza de América latina y está centrado en una de las regiones de mayor violencia del mundo por las “maras” (pandillas) y el narcotráfico, creando una política de seguridad ciudadana con perfil de la comunidad que le ha hecho disminuir la tasa de homicidios y volverse uno de los más seguros de América latina.
En Nicaragua, donde la pobreza perjudica al 42,7% de la población y la extrema pobreza a un 7,6%; y donde más del 70% de los empleos corresponde al sector informal, en donde los ingresos son bajos y sin lograr la seguridad social; la tasa de homicidios como la de robos es muy baja, a pesar que ese país sufrió una guerra civil en la década de los ’80 del siglo pasado que trajo consigo miles de muertos. Según revela Arévalo en su nota, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que lleva el título “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano”, y que recoge datos de 18 naciones de América latina, ubica a Nicaragua como ejemplo de cómo la pobreza no tendría que generar violencia. Según la jefa de la Policía Nacional nicaragüense Aminta Granera, “la fortaleza de la seguridad que ofrece Nicaragua está en la parte comunitaria y preventiva”, porque se esfuerzan “más en prevenir que en corregir un delito”, señaló la funcionaria. En Nicaragua existen 17,9 policías por cada 10.000 habitantes, según datos oficiales.
Según el portal del Latin American Program del Woodrow Wilson Center, que se enfoca principalmente en las políticas públicas que se llevan adelante en el continente, Ecuador tiene el sistema integrado de seguridad más moderno de América latina. En septiembre de este año el presidente Rafael Correa dijo durante la inauguración de una moderna unidad de vigilancia en la norteña provincia de Carchi, que con la apertura del programa ECU911 de Tulcán, el país suramericano se convierte en el único de América latina con cobertura total de seguridad. “La tranquilidad y la paz ciudadana están en nuestras prioridades, porque son partes esenciales del buen vivir”, dijo el mandatario, asegurando luego que de nada sirve superar la pobreza, “si nuestros hijos no pueden pasear tranquilos”.
En Ecuador, desde 2009 a la fecha se constituyeron cerca de 2 mil comités de Seguridad Ciudadana en los que participan estudiantes, sindicalistas y lugareños para evaluar el desempeño policial e incluso controlarlo.
Lo interesante que también expresa el portal del Woodrow Wilson Center es que en América latina la alianza con los Estados Unidos para combatir al crimen organizado ha traído desastrosas consecuencias. Una advertencia bastante sugestiva, tratándose de una organización con origen en dicho país.

Cumbre del ALBA en Cuba- Diez años de alianza bolivariana

El pasado domingo se llevó a cabo en La Habana, Cuba, la XIII Cumbre de jefes y jefas de Estado de los países miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Fue, además, la ocasión precisa para celebrar los primeros diez años de vida de la organización. Un 14 de diciembre pero de 2004, los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías ponían en marcha este ambicioso proyecto integrador y emancipatorio, que en ese momento tuvieron a Cuba y Venezuela como sus primeros miembros. Los presentes en el encuentro de La Habana, también recordaron que el 14 de diciembre de 1994, en esa ciudad se había producido el primer acercamiento entre Fidel y Chávez.
El nacimiento del ALBA implicó en primer lugar hacer surgir un proyecto estratégico de integración, emancipación y resistencia a las políticas imperiales que fueran dominantes por largo tiempo; pero, un rasgo muy importante de todo ello fue esa visión híperclara del comandante Chávez de proponer una herramienta que comience a romper el aislamiento que Cuba venía padeciendo por décadas y lograr que ese “faro de la dignidad latinoamericana” se integre a los nuevos procesos regionales de este siglo, lográndose así una mutua retroalimentación. Tanto es así, que la organización surgida en 2004 iba a ser un polo de atracción para las nuevas gestiones progresistas. Bolivia, Ecuador, Nicaragua se integrarían en los años subsiguientes, mientras que una cantidad importante de naciones caribeñas lo siguen haciendo. Cuando asumieran como presidentes Ollanta Humala en Perú (2011) y Mauricio Funes en El Salvador (2009) hicieron un guiño a la alternativa bolivariana, aunque prefirieron luego otros encuadramientos. ALBA es un insumo más para la integración latinoamericana, con un perfil político e ideológico mucho más definido, pero que se complementa muy bien con la Unasur, la Celac, el Mercosur y la Comunidad del Caribe (Caricom). De hecho, los países miembro del organismo fundado en 2004 son activos participantes de las instancias multilaterales nombradas.  Pero el ALBA no es hoy sólo una herramienta de integración para la participación exclusiva de los gobiernos, sino que desde 2007 se logró constituir también una red de movimientos sociales, que desde abajo se interrelacionan con las gestiones gubernamentales, y que exceden los límites de los países miembro. De esta forma, la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA constituye una base social que debe permitir la integración desde abajo articulando a su vez la confección de plataformas nacionales para un proyecto emancipador.
Si hoy en la región es posible avizorar cierta inercia con respecto al proceso integrador surgido en la primera década de este siglo y de forma simultánea, no son pocos los que vaticinan una vuelta a gestiones de tipo neoliberal, el ALBA puede constituirse así, en el principal dique de contención contra la restauración conservadora regional. Lejos de suponer un optimismo desmedido sobre el avance de la integración y el proceso de cambio en el continente, los principales referentes del ALBA en la cumbre realizada el pasado domingo, alertaron que hoy es necesario avanzar “en un complejo contexto regional caracterizado por una ofensiva del capitalismo transnacional globalizado y el imperialismo estadounidense, que pretenden desestabilizar y derrocar gobiernos progresistas democráticamente elegidos por sus pueblos”. En la declaración aseguran también el estar “Convencidos de que el ALBA-TCP constituye hoy un inexpugnable baluarte en la defensa de la soberanía de los pueblos de la región y de las naciones del Sur”.
En el documento final de la XIII Cumbre, que consta de 43 artículos, los jefes y jefas de Estado señalan: “Expresamos nuestro firme compromiso con la consolidación y el desarrollo del ALBA-TCP y la lucha por la segunda y definitiva independencia de América latina y el Caribe, en consonancia con los ideales de nuestros próceres”, asegurando que se trata de “un organismo de integración genuinamente latinoamericana y caribeña, sustentado en principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica”.
En el primer punto de la declaración, los presentes aprovecharon para confirmar el rumbo iniciado en 2004. “Ratificar los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos naturales –incluido su potencial energético–, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, proclamados en la Declaración Conjunta, firmada por los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y en otros documentos”.
Posteriormente se celebró el ingreso de dos nuevas naciones caribeñas al ALBA: la Federación San Cristóbal y Nieves, y Granada. De esta forma, ambos países insulares del Caribe se suman a las ya pertenecientes Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. Además de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua vale señalar que Honduras también formó parte de la organización, aunque luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la nación centroamericana fue suspendida por tiempo indeterminado. Previo a eso, Venezuela ya había dejado afuera a Honduras del programa Petrocaribe, pues representaba un contrasentido seguir haciendo una ayuda financiera a un gobierno golpista.
Tras destacar y saludar los avances realizados en el proceso de negociación del Tratado Constitutivo del ALBA-TCP, los diferentes artículos subsiguientes pusieron mucho énfasis en ratificar el apoyo irrestricto de todo el organismo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como el aval a diferentes acciones de los gobiernos que son parte del ALBA, e incluso respaldar la intervención conjunta en diferentes ámbitos de la política internacional, como es la lucha contra el cambio climático o para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola.
Varios artículos del documento final pusieron énfasis en el respaldo a Venezuela, ratificando así los esfuerzos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros viene llevando adelante “para preservar el inmenso legado del Comandante Hugo Chávez Frías”. En los artículos 5 y 6 de la declaración de La Habana se señala que desde el ALBA se decide “Apoyar al Gobierno Bolivariano de Venezuela en sus esfuerzos por resguardar la paz en el país y derrotar definitivamente los intentos desestabilizadores y la guerra económica desatada por los enemigos internos y externos del proceso bolivariano, considerando que estas agresiones constituyen también una amenaza contra los esfuerzos integradores de toda la región”, por lo que se debe “Condenar enérgicamente la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y expresar el más profundo respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno de ese hermano país, enfatizando que los países del ALBA-TCP no permitirán la utilización de viejas prácticas ya aplicadas en la región, dirigidas a propiciar el cambio de régimen político, como ha ocurrido en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, rechazar firmemente cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económica o política, contra la República Bolivariana de Venezuela, así como contra cualquiera de los países miembro del ALBA-TCP” se señala.
Por su parte, también se decidió respaldar el compromiso de Venezuela con el proyecto Petrocaribe “reconocido por su utilidad y aporte a la seguridad energética y al desarrollo económico y social de los países miembro; y rechazar las campañas de difamación” en contra del mismo. Vale señalar que Petrocaribe es un proyecto energético iniciado en 2005 por Hugo Chávez que le da un sinfín de beneficios a las naciones caribeñas, que además de comprar petróleo en condiciones de pago diferencial, son beneficiadas por la inversión venezolana en esos países a partir de la construcción de refinerías, y otras plantas energéticas. Cuba y Nicaragua son dos de los países más beneficiados por esa iniciativa del fallecido comandante bolivariano.
Particular relevancia tiene en el documento el artículo en el cual se le pide a los Estados Unidos revisar su política con respecto a Cuba. En el punto 9 se acordó: “Reclamar una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América, un cambio de política hacia la hermana República de Cuba que contemple el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero; el cese de las acciones subversivas, ilegales y encubiertas, incluidas aquellas que emplean las tecnologías de la información y las comunicaciones, que violan la soberanía y el derecho de los pueblos a la autodeterminación”, proponiendo a su vez “el fin de la absurda inclusión de Cuba en la espuria y arbitraria lista de los países que patrocinan el terrorismo internacional y la liberación inmediata de los tres luchadores antiterroristas cubanos que aún sufren injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos”. (N. de R.: al cierre de esta nota Cuba y EEUU concretaban un histórico acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas e intercambio de prisioneros).
Se hizo hincapié en uno de los puntos en reafirmar la histórica demanda de Bolivia a Chile por la salida al mar con soberanía, reiterando “nuestra solidaridad con el justo e histórico reclamo del Estado Plurinacional de Bolivia”. También se felicitó al presidente Evo Morales Ayma por el gran triunfo electoral de octubre. Se hicieron varios elogios a los diferentes países, por ocupar cargos de importancia en diferentes organismos internacionales. Venezuela fue elegida como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asumirá la presidencia pro témpore de la Unasur, y a partir de 2015 asumirá la presidencia del Movimiento de países no alineados. A Bolivia se la felicitó por su exitosa presidencia del G-77 + China al igual que por la elección del país andino para integrar a partir del año entrante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, Ecuador asumirá en la cumbre de Costa Rica, a realizarse el año que viene, la presidencia pro témpore de la Celac. Ecuador también recibió felicitaciones por la inauguración de la nueva sede de la Unasur en la ciudad de Quito, en el paraje denominado Mitad del Mundo. A su vez se respaldó desde el ALBA el nombramiento del ex presidente de Colombia Ernesto Samper como nuevo secretario general del bloque suramericano, y se elogió los diálogos de paz que el gobierno de Colombia viene realizando con la guerrilla de las Farc-Ep.
En el artículo 21, la alianza bolivariana se refirió expresamente a la Argentina. Se señaló al respecto: “Respaldar a la hermana República Argentina por su lucha en defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y la defensa de su dignidad nacional, soberanía y libre determinación frente al ataque de los fondos buitre”.

El cambio climático

De gran relevancia resultó en la cumbre del ALBA, el pronunciamiento sobre la actual crisis del clima que vive el planeta. Se señaló que resolver esta cuestión “es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad y que su causa estructural radica en modelos políticos y económicos basados en patrones de producción y consumo insostenible de los países desarrollados, que generan una mayor inequidad, injusticia y pobreza”. En tal sentido se sostuvo el compromiso de la alianza con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entendiendo que se trata de un ámbito multilateral proclive a poder llevar adelante políticas acordes a la resolución del problema. No obstante también se señaló el fracaso de la XX Conferencia de las Partes de la Convención (COP20) que concluyó ese mismo fin de semana en Lima, Perú.
El presidente Evo Morales fue quien propuso que se realice un encuentro internacional de movimientos sociales auspiciado por el ALBA, para tratar exclusivamente el tema de la crisis climática. Según Evo se trataría de generar propuestas desde las bases para que se interrelacionen con la de los gobiernos, ya que según él, no es posible enfrentar este problema sin una buena relación entre los pueblos y los gobiernos. Sin un diálogo fluido entre las dos partes. En el artículo 29 del documento final se propuso el apoyo al Encuentro Mundial de Movimientos Sociales propuesto por Bolivia, que se celebrará en 2015 en ese país.

El comercio de los pueblos. Se recalcó la necesidad de fortalecer la participación de los Estados miembro en la conformación de una nueva arquitectura financiera de la alianza. Tanto la moneda común, el Sucre, como el Banco del ALBA son dos de las vías más importantes para llevar adelante la complementariedad entre los países.
“Se trata de integración basada en la solidaridad fraterna, no entre competidores, lo que ha sido el gran error del pasado. La integración que hemos buscado (en décadas previas) ha sido orientada hacia el comercio, en tener mercados más grandes para competir entre nosotros. En el ALBA nosotros no hablamos de competencia, hablamos de la coordinación en materia de energía, finanzas e incluso defensa, pero coordinación, no competencia”, expresó el presidente ecuatoriano Rafael Correa.