México- Impunidad y buenos negocios

En el país que se ubica en segundo lugar entre las economías latinoamericanas y fuertemente asociado a EE.UU. crecen el repudio y la movilización por los crímenes contra los 43 estudiantes.

Han pasado casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y este hecho sigue conservando una prioridad superlativa. No solamente en México, ya que excedió largamente las fronteras, despertando una creciente indignación social en ese país y una creciente solidaridad de los movimientos sociales latinoamericanos y del mundo. Los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, han visibilizado y puesto sobre el tapete la profunda crisis que viene padeciendo la sociedad azteca. Desde 2007 cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron siete años. Lo acontecido en la llegada del otoño mexicano no puede por eso considerase como un hecho aislado, y si bien le caben responsabilidades bien concretas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, el hecho es un claro y rotundo indicador del grave síntoma social que atraviesa a la mayoría de la sociedad política de ese país.
Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó aún más el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.
Lo cierto es que a partir de los hechos del 26 de septiembre se ha desatado en México una profunda indignación social que se expresa en un creciente grado de movilización popular (ver abajo). Aquel día, a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron miembros del grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza por la cual se marchaba en conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
El pasado 23 de octubre por la tarde el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, abandonó su cargo aduciendo que de esa forma favorecería la investigación de la masacre. El alcalde de Iguala también tomó idéntica posición aunque a posteriori tanto él como su esposa fueran detenidos.
Ante la creciente oleada de movilizaciones que comenzaron a pedir por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto, de regreso de una gira por China y Australia el pasado domingo, lejos de ponerse al servicio de los manifestantes, envió claras señales de que no va a soportar la presión popular. El mandatario dijo que las manifestaciones en apoyo a los normalistas no debían tornarse violentas, ya que ésa no era la vía para exigir la justicia. En conferencia de prensa al término de su gira lamentó los últimos hechos de violencia, por lo que hizo un llamado a la “civilidad, el respeto y aplicación de la ley” para que en “orden y armonía” se busque el diálogo. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”. Según informaba Milenio el mismo día por la mañana, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Los maestros pretendían llegar al Zócalo metropolitano, pero por el resguardo de la policía capitalina y federal, así como por los elementos del Estado Mayor Presidencial, solo llegaron al Hemiciclo a Juárez.
El lunes 17, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el llamado del mandatario. “Como presidente de la Conago respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, en el llamado a la civilidad, el orden y la paz”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. “Hoy México nos necesita unidos; manifestándonos, sí, pero sin violencia y con respeto al Estado de derecho y a las instituciones”, señaló en la red social.
“Es hora de que nos sumemos a la convocatoria de paz y unidad del presidente para construir juntos la mejor solución para México”, agregó.
En Australia, Peña Nieto participó de la Cumbre de Líderes del G20. Allí el mandatario hizo gala de la apertura económica de su país, y de los beneficios para los inversores extranjeros. No es un dato menor que hoy México se perfile en el puesto 10 de las principales economías mundiales. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la nación azteca ocupa el segundo lugar después de Brasil en el ranking de las economías latinoamericanas. Si desde hace ya más de 13 años el mundo habla del grupo conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más recientemente se fue imponiendo el acrónimo MINT, que fuera popularizado por el economista británico Jim O’Neill para referirse al grupo integrado por las nuevas promesas de la economía mundial: México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Pero todo esto contrasta notablemente con la situación de impunidad por la que atraviesa el país, lo cual representa –entre otras cosas– un grave problema de imagen que en términos comerciales significa una disminución de flujo de capital hacia el país. Citado por el portal mexicano de mercadotecnia y publicidad merca2.0, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió en una conferencia de prensa en la ciudad de Washington que “hechos tan graves como éste pueden tener un efecto sobre la percepción del país en general, en la actividad económica y en el inversionista”, por lo que una vez colocada en el mainstream internacional gracias a la difusión de la prensa, la noticia de la desaparición de los normalistas dejará ver sus efectos reales sobre la economía mexicana en poco tiempo.
Si al sur del Río Bravo es posible encontrar eslabones débiles para la dominación imperial, habría que convenir que México es el eslabón más fuerte. No se puede entender de otra forma lo que está sucediendo allí.

Por los 43

La marcha hacia el Zócalo congregó a decenas de miles

El pasado jueves 20, el Distrito Federal se vio conmocionado por una serie de manifestaciones, marchas y paros estudiantiles reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Desde muy temprano grupos de estudiantes se manifestaron en las estaciones de metro para invitar a la gran marcha de la tarde. Con pancartas que decían “Disculpe las molestias, pero nos están matando”, los estudiantes cortaban los molinetes y entregaban a los pasajeros volantes con información sobre los hechos de Ayotzinapa. También frente a la sede de Televisa Chapultepec los estudiantes se hicieron presentes con carteles en los cuales se podían leer frases como “No somos delincuentes, somos estudiantes y queremos justicia”.
Previo a eso la eventual toma simbólica de los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que fuera anunciada el sábado 15, fue desechada la noche del miércoles por la asamblea interuniversitaria (integrada por estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el país), con 34 votos en contra y 25 en favor del cerco, por parte de los representantes universitarios. Pese a todo, en los accesos al AICM la policía reprimió a manifestantes y realizó detenciones.
El clima estaba enrarecido, ya que los principales medios se encargaron de subrayar repetidamente el fantasma de la violencia. Por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CdhDF) designó a un grupo de visitadores para acompañar las marchas del jueves, anunciando a su vez que trabajaría en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pasada la media tarde, desde tres puntos diferentes de la ciudad las tres brigadas –integradas por los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos– marcharon hacia el Zócalo capitalino escoltadas por una fuerte custodia policial, pero con un multitudinario acompañamiento.