La fuga de Roger Pinto de Bolivia- Pintó patriota y escándalo

El legislador boliviano Roger Pinto Molina está acusado de delitos comunes y corrupción.

El senador boliviano Roger Pinto Molina, de la opositora Convergencia Nacional, tras huir inesperadamente el pasado viernes 23 de agosto, estuvo 455 días refugiado en la sede de la embajada de Brasil en La Paz. El 28 de mayo de 2012 se le había concedido el asilo. Oriundo de Pando, Pinto además de político es pastor evangelista, y cuando la Justicia de su país comenzó a citarlo para dar cuenta de una importante cantidad de delitos comunes, prefirió esquivar el bulto y comenzó a erigirse como un perseguido político. Tal es así que, por esos días, utilizando esa conocida táctica de que no hay mejor defensa que un buen ataque, intentó minimizar los cargos que se le atribuían, profiriendo a los cuatro vientos que tenía sobradas pruebas sobre nexos de funcionarios públicos con el narcotráfico. El hecho de saber de dichos ilícitos y hacerlos públicos fue la causa, según él, de que haya comenzado su cacería política. Pero la estratagema del pastor evangélico fue buscar la forma más adecuada para que su caso se hiciera redituable, y de esa forma pidió asilo en la embajada de Brasil, siéndole concedido por la cancillería de ese país, de acuerdo con “las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”. Vale subrayar que el asilo le fue dado, a pesar de que el senador aún contaba con la facultad de moverse libremente por todo el país, pero no pudiendo salir de él debido a las causas que tenía abiertas.
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, en declaraciones realizadas tras la huida, expresó que sobre el senador pesan cuatro arraigos (imposibilidad de salir del país) y una sentencia condenatoria en su contra por delitos comunes. Ésta última fue dada en un fallo en ausencia, en el mes de junio de este año, por delitos de corrupción, con una pena de un año de prisión. Por tal motivo, para Ayllón, el gobierno de Brasil vulneró la normativa internacional ya que Pinto no es un perseguido político sino un prófugo de la Justicia. “Estamos hablando de un político delincuente, de un político que tiene procesos penales y él debió haber dado la cara, debió haberse sometido a los procesos y, obviamente, en su caso, probar que él no tenía absolutamente nada y no huir del país”, dijo la ministra. Los delitos que recaen sobre la persona de Pinto son principalmente hechos de corrupción, que tuvieron lugar cuando éste se desempeñaba como funcionario público en Pando, más precisamente como director de la Zona Franca de dicho departamento.
Además de tener pendientes cuatro denuncias más por delitos de corrupción, Pinto tiene otros 10 procesos por acusaciones comunes. Entre los procesos que son investigados según informaba el periódico paceño Cambio, se encuentran la adjudicación sin licitación para la construcción de cuatro desembarcaderos, investigación por uso indebido de influencias y legitimación de ganancias en el caso del Bingo Bahiti, la venta de terrenos del Estado a personas particulares, entre ellas extranjeros, y la entrega de 30 millones de pesos bolivianos como fondos de avance sin fiscalización ni rendición de cuentas. Pero como si esto fuera poco, el 12 de junio de 2012, la abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, denunció que el senador Pinto armó una coartada para liberar de toda responsabilidad al ex prefecto Leopoldo Fernández. Dicha masacre fue realizada en septiembre de 2008 (cuando la derecha boliviana intentó un fallido golpe de Estado), y tuvo como saldo 18 muertos y 30 desaparecidos. Según explicaba Carrasco en junio de 2012 cuando se reabrió la causa por la masacre de Porvenir, los testimonios que había dado Pinto eran completamente inverosímiles y no hacían otra cosa que proteger al ex prefecto Fernández en tanto jefe político de Pinto. La abogada señalaba que Pinto, además, había dicho que en 2008 el sicario Blusher Alpire le había confesado que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana lo había contratado para asesinarlo, por lo cual el pastor sólo atinó a rezar, cosa que parece que lo salvó de la muerte, y le sirvió 4 años después para pedir asilo en la embajada brasileña. El contrato, dijo, tuvo como artífice principal al por entonces embajador Marcel Biato, y el beneplácito del también por entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
Para salir de Bolivia, Roger Pinto necesitaba que el gobierno le otorgara un salvoconducto, que nunca fue enviado debido a considerarlo un perseguido de la Justicia, a pesar de que Brasil lo mantuviera como un asilado político. Los entredichos entre los dos países si bien nunca subieron de tono, tampoco lograron destrabar la permanencia de Pinto en la embajada, es más, pareciera que mantenerlo en el freezer era lo más conveniente, hasta que luego de 15 meses se produjera la fuga. Pero no es menor que en junio de este año el gobierno de Brasil haya separado de su cargo a Biato, dejando a cargo de la embajada a Eduardo Saboia, encargado de negocios del gigante suramericano en el altiplano. Según dejaron trascender analistas bolivianos, tanto Biato como Saboia siempre fueron operadores políticos opositores al gobierno de Evo Morales, con el desconocimiento de la presidenta Dilma Rousseff, pero con la anuencia del canciller Antonio Patriota.

Con la ayuda del Altísimo. Cuando es “la voz de Dios” la que sugiere, ya no importan ni las leyes de un país ni el alboroto diplomático que se pudiese armar. Todo se justifica en ese imperativo, que hace recordar las órdenes que Jehová daba en el Antiguo Testamento. El encargado de negocios de Brasil en Bolivia, Eduardo Saboia, dijo haber escuchado el mandato divino, y por ese motivo se prestó a realizar el operativo por el cual el senador boliviano Roger Pinto pudo huir del país andino en dirección a Brasil. Saboia, a pesar de ser el encargado de negocios de su país en el altiplano, tras la salida de Marcel Biato quedó a cargo de la embajada desde principios de julio, y resultó así la cara visible de la organización que propició la fuga del senador boliviano. Sin dudas, no se trató de una acción unilateral de Saboia, y se presumen múltiples complicidades al respecto, lo que devela un serio problema de connivencias al interior de la diplomacia de Itamaraty. Es muy probable que la huida haya estado planificada desde antes de la salida de Biato.
Saboia, un ferviente practicante católico, no dudó –según él– ante la sugerencia de Dios y planificó una fuga que para algunos medios resultó casi cinematográfica. En la edición del martes del paulista Folha, Saboia relataba los avatares de la fuga, que se realizó en dos vehículos diplomáticos y con la custodia de dos fusileros navales de la Marina de Brasil. “Fuimos detenidos varias veces, porque Bolivia tiene controles de peaje y narcóticos. En un momento revisaron el interior del coche con la linterna y todo, pero no nos pidieron documentos”, dijo el encargado de negocios, agregando que “fueron 22 horas, 1.600 kilómetros con niebla, hielo, frío. Pasamos de 4.600 metros (de altura) hasta 400 metros. No nos detuvimos por nada. Sólo teníamos algunos frutos secos y algunos plátanos para comer”, enfatizando luego que “el senador se descompuso, vomitó”, por lo cual él se quedó despierto todo el tiempo hablando con el conductor. Así, hasta que “al final, nos estábamos quedando sin gasolina y empezamos a orar. Cogí la Biblia y leí los Salmos. Fue el milagro de la multiplicación de la gasolina”, dijo Saboia sin inmutarse ni ruborizarse. El viaje de 22 horas realizado en auto entre viernes y sábado, tras el cruce de la frontera, concluyó en la localidad brasileña de Corumbá, desde donde Pinto fue llevado en avión hasta Brasilia gracias a la colaboración del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien en persona se acercó a la localidad fronteriza para trasladar tanto a Pinto como a Saboia. Vale señalar que el PMDB es un partido político de centro que generalmente apoya al gobierno de Rousseff. En una entrevista realizada por el cruceño diario El Deber, Ferraço dijo el lunes 26 que “el senador Pinto no es prófugo. El asilo político es una decisión de la soberanía de Brasil. Este país le concedió asilo político al senador Pinto y tengo certeza de que el Gobierno boliviano va a respetar esto, el asilo político es una decisión de cada Gobierno”. Y ante la pregunta por si Pinto tuvo el apoyo del gobierno de Brasil para salir de Bolivia, no dudó en expresar que “sí, estamos apoyando al senador Pinto para que pueda dar continuidad a su asilo”, agregando con toda desfachatez que el gobierno boliviano “tiene a la Justicia en sus manos” y que el país vive “una dictadura disfrazada”.
Por su parte, el ahora ex encargado de negocios brasileño Eduardo Saboia, en la entrevista que publicó el diario Folhael pasado martes, aseguró en cuanto a la fuga que fue su decisión ya que, según él, “hubo una situación de violación de los derechos humanos. La situación se estaba deteriorando”, y que Pinto “habló de suicidio y pidió ser sacado de allí”, señalando que el jueves, el abogado del senador estuvo en la embajada para hablar con él, y que el viernes el letrado “dio un informe que mostró que (Pinto) podía suicidarse. Podría ser manipulación”, especuló, pero como no tenía forma de saberlo, decidió “que tenía que hacer algo”. Saboia también dijo que la situación personal suya se había vuelto intolerable ya que no se considera un guardiacárceles, y que, de hecho, la salida “como hubiera correspondido” de Pinto estaba congelada por ambos países.
Lo cierto es que la fuga dio lugar a grandes operaciones de prensa en Brasil, y con la ayuda de esos usuarios de las redes sociales (tan proclives y sensibles a los postulados de la derecha más recalcitrante), transformaron al ex encargado de negocios en un nuevo Don Quijote. Ante la posibilidad cierta de ser desplazado de su cargo (tal como se hizo), Saboia expresó “me entrego a Dios. Recibí mucho apoyo de mis colegas”. Su tarea ya estaba cumplida con creces.
La fuga del senador opositor boliviano Roger Pinto de su asilo en la embajada brasileña en La Paz hacia Brasilia fue planificada al detalle, pero mantenida en máxima reserva. De esto ya no caben dudas, y ya no resulta curioso encontrar en la prensa brasileña que con esta acción se muestra el agotamiento del gobierno de Dilma Rousseff. El martes estaba previsto que Pinto visitara el senado brasileño e hiciera una rueda de prensa, pero la renuncia del canciller Antonio Patriota fue una señal clara de mejor no hacerlo y que lo más conveniente fuera llamarse a silencio.

Ruptura de la cadena de mandos. La renuncia del titular de Itamaraty, Antonio Patriota, presentada el lunes, fue aceptada sin pestañear por la mandataria Dilma Rousseff, con lo cual quedaba evidenciado el descontento de la titular del Planalto con la llegada a su país del no tan ilustre Roger Pinto, como los medios y la oposición de ese país quisieron mostrarlo. En una ceremonia realizada el martes en Brasilia, Dilma dijo que fue “inaceptable” que Pinto hubiera sido expuesto a riesgos al salir de la embajada sin un salvoconducto del gobierno boliviano. “Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a quienes tiene que garantizar la seguridad, sobre todo su integridad física. Brasil jamás podría aceptar en ningún momento, sin salvoconducto del gobierno de Bolivia, poner en riesgo la vida de una persona que estaba bajo su cuidado”, manifestó Rousseff, contrariando también a Saboia, quien había dicho que las condiciones de detención en la embajada se asemejaban a las del Doi-Codi, órgano de represión de la dictadura brasileña. “No hay ninguna semejanza, yo conozco el Doi-Codi, estuve en el Doi-Codi, sé lo que es”, dijo Dilma, asegurando que “es tan distante el Doi-Codi de la embajada brasileña en La Paz como es distante el cielo del infierno”. Por su parte, el ministerio brasileño de Defensa informó el martes que “en ningún momento” fue informado del plan de fuga de Pinto. “Ninguna autoridad brasileña en el ministerio de Defensa fue consultada o conocía del viaje antes de que el señor Roger Pinto hubiera entrado a territorio brasileño”, indicó el ministerio en un comunicado. Las primeras respuestas del gobierno de Rousseff fueron nombrar a un nuevo canciller, y la responsabilidad recayó sobre Luiz Alberto Figueiredo, quien se desempeñaba como embajador ante la ONU. A su vez, el martes el gobierno ordenó la conformación de una comisión especial para investigar la salida de Bolivia del senador y los pormenores de su traslado. La Contraloría de ese país inició una investigación, liderada por Dionisio Carvalhedo Barbosa, asesor de esta entidad, para conocer los detalles del operativo, que aparentemente se dio por decisión unilateral de Saboia.
En tanto el jefe de la Procuraduría General de Brasil, Luís Inácio Adams, explicó que Pinto tendrá que solicitar otra vez asilo para poder quedarse en ese país, ya que “el asilo diplomático es de carácter provisional”, por que lo que el senador boliviano necesita ahora un asilo político, de carácter permanente.
El miércoles Evo rompió el silencio, que venía sosteniendo desde el día de la fuga y pidió al gobierno de Brasil que devuelva a Pinto, ya que con semejante huida demostró no ser más que “un delincuente confeso”, y que si el caso estuviese en sus manos concertaría un encuentro en la frontera para devolver al prófugo. A su vez el mandatario aseveró que es muy importante que Brasil explique el porqué de este operativo de rescate.
Ante las expresiones del dignatario andino, el miércoles, la presidenta Dilma Rousseff se comunicó telefónicamente con Evo para acordar una reunión bilateral para tratar el tema Pinto. La misma tuvo lugar el viernes en Paramaribo, sede de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en Surinam. El canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo informó tras la reunión de mandatarios, que “la presidenta Dilma mostró al presidente Evo su repudio por el episodio de la salida del senador Pinto de Bolivia”, asegurando que en la reunión que duró al menos una hora con quince minutos, Rousseff aseguró que su gobierno no tenía conocimiento del plan de fuga del senador boliviano, que estaba refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, ratificando que ese incidente no afecta de ninguna manera las relaciones bilaterales entre ambos países.
Por otra parte, Figueiredo informó que Bolivia aún no envió la solicitud de extradición de Pinto, pero anticipó que, en caso de que se hiciera efectivo, el Tribunal Supremo de Brasil determinará si es procedente o no.
Las últimas informaciones indicaban que Pinto buscaría refugio en otro país, ya que según su abogado Fernando Tiburcio la solicitud de refugio a la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia, puede tardar varios años, dijo, agregando que los países a los cuales se podría trasladar “o bien tienen frontera con Brasil o bien están unidos por vuelo directo”.

Líneas en el agua

Conflictos. Los problemas limítrofes marinos entre la Colombia de Juan Manuel Santos y la Nicaragua de Daniel Ortega. El estado de la demanda sobre la plataforma continental en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Diálogo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, tratan de poner paños fríos a la cuestión en el caribe.

El surgimiento de lo nuevo, nunca está exento de conservar lo peor de lo viejo, y mucho más cuando el punto de partida no es una ruptura, sino el desplazamiento gradual y complejo de una herencia de dominación. La creciente integración latinoamericana es justamente el resultado de un proceso de ese estilo, en el cual superviven, con creces, matices y estigmas de la incursión imperial. Los diferentes litigios limítrofes entre naciones latinoamericanas no son más que residuos de esa geopolítica resquebrajada, en beneficio de intereses externos a los de las naciones y pueblos de la región, que se extiende al sur del río Bravo.
Ante una demanda presentada en 2001 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la República de Nicaragua contra la República de Colombia, por la soberanía de algunas islas situadas en el mar Caribe, y la delimitación de la frontera marítima, la Corte con sede en La Haya dictaminó el 19 de noviembre de 2012 la soberanía de las islas a favor del país suramericano, pero en cuanto a la superficie marítima le otorgó a Nicaragua, casi el 43% de lo que eran aguas colombianas. Este litigio llevado a demanda por Nicaragua en 2001 ante la CIJ y que perjudica a Colombia con el dictamen de 2012, se enmarca en un proceso de demandas que el país centroamericano viene realizando desde las dos últimas décadas del siglo pasado, para recuperar lo que considera como legítimo. Los reclamos de Nicaragua por cuestiones limítrofes ya habían tenido como blanco a otros países como Honduras y Costa Rica, y con relación a este último hay diferendos que hoy aún siguen vigentes. La posición nicaragüense sostiene principalmente que los diversos litigios (algunos datan del siglo XIX) tuvieron resoluciones a partir del tutelaje imperial, para preservar enclaves estratégicos en la región, mientras que desde los países en controversia algunos sostienen que Nicaragua se encuentra en una franca posición expansionista, aunque esto se haga desde el derecho internacional y no desde la acción bélica. También algunos analistas sostienen que los reclamos de soberanía marítima por parte del gobierno de Daniel Ortega están relacionados al proyecto de construir, en ese país, una ruta interoceánica que termine con la exclusividad del canal de Panamá y que se realizaría con fondos chinos.
Según Carlos Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, y principal gestor de la política internacional de su país ante la Corte de La Haya desde 1984, Nicaragua busca recuperar toda su plataforma continental en el Caribe y hacer valer sus derechos sobre su territorio en los casos que la enfrentan a Colombia y Costa Rica. Argüello le dijo a EFE el pasado 14 de agosto que “la política es muy sencilla: Nicaragua va a perseguir la recuperación de todos los derechos que le corresponden y eso es lo que se está estudiando ahorita”, ya que “si a Nicaragua le corresponde una plataforma más extensa en el Caribe, en detrimento de Colombia, pues obviamente Nicaragua no va a renunciar a ello”. Y agregó que “en cualquier delimitación con Costa Rica, Nicaragua también va a hacer valer sus derechos”. Argüello sostuvo que las autoridades de su país le han solicitado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas extender más allá de las 200 millas medidas desde su costa, hasta las 350 millas náuticas, su plataforma continental en la parte sur occidental del Caribe de conformidad con la Convención del Derecho del Mar. “Lo máximo que podemos reclamar es 350 millas”, indicó el líder del equipo que defendió a Nicaragua en el litigio marítimo con Colombia ante la CIJ, y que le permitió al país centroamericano ampliar su mar territorial. Argüello dijo que la plataforma continental de Nicaragua “es muy extensa, igual, por ejemplo, que la de Honduras”, con la diferencia que la de ese país “se encuentra totalmente con Jamaica, mientras que la plataforma de Nicaragua se extiende por otros lados”, por lo cual la reclamarán, cuando el presidente Ortega decida el momento y la forma de hacerlo.
En noviembre del año pasado, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, dejando en manos del país suramericano siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007. También le otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Lo cierto es que la ofensiva diplomática nicaragüense puso sobre el tapete las diferentes visiones al respecto tanto de la diplomacia colombiana, como de los diversos actores políticos. Tras el fallo de la CIJ, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, denunció ante la OEA el Pacto de Bogotá de 1948 (por el cual su país debería ajustarse automáticamente a las resoluciones de la CIJ), expresando que los límites territoriales no pueden estar sujetos a una Corte.
La decisión del Gobierno, tomada nueve días después de que la CIJ le quitara al país una parte de su mar territorial para entregárselo a Nicaragua, pretendía poner a ese país a salvo de futuras pretensiones de otros países sobre su territorio nacional, ya que tal como lo expresara para ese entonces la canciller María Ángela Holguín el retirarse del Pacto de Bogotá obedecía principalmente a proteger a Colombia de nuevas demandas territoriales. De todas formas, Santos afirmaba por esos días que, retirarse de la injerencia de la CIJ, no implicaba una negación de ajustarse al derecho internacional, ni tampoco renegar de los principios de resolución pacífica de los problemas.
El pasado 17 de agosto, el columnista Alfredo Rangel escribía en la revista Semana que el fallo de La Haya era un exabrupto y que Colombia debería dejar la tibieza de su presidente y desacatar el dictamen, ya que “acatar el fallo pero no acatar sus consecuencias no es serio ni lleva a ninguna parte. Acatar el fallo pero interponer demandas, objeciones, revisiones o matizaciones, tampoco es serio ni responsable ni realista”. Y agregó que si Santos no hace eso es “porque teme que se le caiga toda la estantería prochavista de su política internacional”, ya que “un enfrentamiento con Nicaragua provocaría la solidaridad del chavismo en contra nuestra, y eso sería insoportable para Santos, quien ha basado su política externa en el arrodillamiento ante el chavismo”, con lo cual “los diálogos de paz podrían tambalear, producto de la solidaridad de las FARC y de Cuba con Nicaragua, y eso también sería insoportable para Santos, que usa esos diálogos como la hoja de parra para cubrir las vergüenzas de un gobierno sin nada que presentar ante la opinión”.
Lo vertido por Rangel se enmarca en torno de las filtraciones que salieron a la luz unos días antes sobre las resoluciones que se plantearon en la discusión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso colombiano, y que la canciller Holguín tildó como “traición a la patria”, debido a que le anticipaban a Nicaragua la estrategia colombiana, que supuestamente consistía en acatar el fallo pero tildándolo de inaplicable, ya que desconoce los derechos históricos que tiene Colombia sobre el archipiélago en disputa.
De todas formas, este conflicto por la soberanía marítima debiera ser entendido como una fuerte puja de intereses que exceden largamente a los dos países en cuestión. Colombia, como uno de los baluartes principales de la recientemente fundada Alianza del Pacífico, no es propensa a aceptar que el canal de Panamá deje de ser exclusivo en la zona del Caribe, y tal es así que el presidente Santos no se privó de chicanear la posibilidad de que en Nicaragua se construya un canal interoceánico, afirmando los primeros días de este mes que esa posibilidad “es un cuento chino”, mientras que la ex canciller colombiana Noemí Sanín no descartó que la resolución de La Haya esté relacionada con la construcción del canal, aunque descartó que todo esto sea una conspiración de China.
La llegada de barcos misilísticos a Nicaragua provenientes de Rusia resultaría, para algunos, la avanzada de los principales actores globales de los Brics en el Caribe para poner freno al avance de la Alianza del Pacífico.

La historia- 

De 1928 en adelante

Cuando en 2001 Nicaragua interpuso ante la Corte Internacional de Justicia la demanda a Colombia por la soberanía de parte de su plataforma marítima, se basó principalmente en el no reconocimiento del Tratado Esguerra-Bárcenas que data de 1928 y que luego fuera ratificado por Nicaragua y Colombia en el Protocolo de 1930. Hasta la resolución de la CIJ de noviembre de 2012, los tratados del ’28 y el ’30 realizados en Managua estipulaban no solamente la frontera marítima sino también especificaban la soberanía de la costa de Mosquitos, a favor de Nicaragua, y de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para Colombia.
El no reconocimiento de Nicaragua a dichos pactos tuvo, como argumentos, aseverar que en ese tiempo el país centroamericano se encontraba bajo la égida de los Estados Unidos y que aún no existía el Derecho del Mar, promulgado por la Convención de las Naciones Unidas referida a la delimitación y extensión de las aguas territoriales correspondientes a los Estados nacionales.
En el tratado firmado en Managua en 1928 por los cancilleres José Bárcenas Meneses (Nicaragua) y Manuel Esguerra (Colombia) se estipulaban demarcaciones que tenían como antecedentes la época de la colonia, ya que las divisiones territoriales realizadas por España principalmente en el Virreinato de Nueva Granada segregaban a esos territorios de la Capitanía General de Guatemala para preservar los intereses de la corona española ante los avances de Inglaterra. La Costa de Mosquitos, por tanto, pasó a ser de Nicaragua aunque anteriormente había sido parte de Nueva Granada, mientras que las islas que habían sido cedidas por el protocolo de 1803 regresaban a ser parte de Colombia. El Tratado de 1928 consideraba, a su vez, que el mismo debía ser puesto a consideración de los Congresos de ambos países, para ser efectivo, y justamente a partir de sus respectivas aprobaciones fue convalidado por el Protocolo de 1930.
Pero también surgieron las interpretaciones unilaterales, y Colombia, a finales de los ’60, impuso que si el archipiélago no se extendía hacia el oeste, más allá del meridiano 82, éste también debería considerarse como frontera marítima. Por su parte, Nicaragua siempre desconoció que el meridiano 82 fuera el límite, considerando que el tratado no los fijaba expresamente. En 1980, el gobierno nicaragüense abandonó unilateralmente el Tratado y a partir del nuevo Derecho del Mar comenzó a reclamar lo que se plasmaría en su demanda ante la CIJ en 2001 y que en 2012 ésta fallara a su favor.
Las objeciones de Colombia con respecto a todo esto se basan en una supuesta soberanía que se aduce como hereditaria del Virreinato de Nueva Granada, cosa que de llegar hasta el fondo llevaría a que el país neogranadino tendría que reclamar su soberanía perdida, por ejemplo, en Panamá.

Scioli y Massa, entre la inseguridad y la campaña electoral

Tanto para Fernando Espinoza (intendente de La Matanza) como para su par de Tres de Febrero Hugo Curto, alineados al Frente para la Victoria, el flagelo de la inseguridad fue decisivo en los comicios realizados el pasado 11 de agosto. El que escribe les escuchó a varias personas expresar que eligieron su voto en contra del oficialismo, debido a ese tema. Si esto es inflado por los medios, cosa que sin dudas sucede, tampoco vale contraponer, el afirmar que la inseguridad no existe. No se sostiene más esa posición de renegar del asunto, y mucho menos si se tiene en cuenta que los que hacen campaña con la inseguridad, no hacen otra cosa que exclamar una demagogia punitiva que más que resolver el problema lo agravaría. Acá falla la comunicación, pero también las posiciones encontradas.

Uno de los referentes del oficialismo en la campaña electoral para las PASO fue nada más y nada menos que el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien a través de su superministro Ricardo Casal, siempre llevaron adelante una gestión del problema que no se diferencia sustancialmente de lo que pueden proponer tanto Sergio Massa como Francisco De Narváez, y que por otra parte es casi opuesta a la de la cartera nacional.

“La inseguridad en la Provincia es responsabilidad del gobernador” dijo Massa, y en eso coincidió con la presidenta Cristina Fernández cuando ella unos meses atrás dijera casi lo mismo.

Si Scioli es uno de los pilares de la campaña electoral, debería dar cuenta del asunto, y dejar de decir que la gente ya entendió su mensaje.

“No se olvide que esto no es los Estados Unidos”

Bolivia. La entrevista que Ismael Cala, de la CNN, le realizó a Evo Morales, y las razones de un choque cultural e ideológico.

"No se olvide que acá estamos en Bolivia y no en Estados Unidos”, le dijo en un momento de la entrevista el presidente boliviano Evo Morales a su interlocutor, marcando así lo que podría considerarse un acto de soberanía, para el caso en lo referido a la comunicación propiamente dicha. Ismael Cala (el entrevistador) ya sabía que estaba en Bolivia y no en los Estados Unidos. La advertencia de Morales por lo tanto resonaba en otro lugar, en aquel en donde un periodista –de nacionalidad cubana pero considerándose a sí mismo portavoz de esa cultura occidental capaz de discernir entre el bien y el mal– interroga desde ese sitio, a lo que Occidente considera como exótico, en una posición muy cercana a lo que bien se podría denominar coloniaje civilizatorio.
“Déjeme hablar, no me interrumpa”, le expresó varias veces Evo al presentador en los primeros momentos de la entrevista. “Porque eso de cortar es como cortar la libertad de expresión”, le dijo el mandatario a Cala.
Escribir sobre una entrevista que le fuera realizada al presidente de un país por un determinado medio podría no ser más que citar los dichos del entrevistado y, para el caso, hacer algún análisis al respecto, por lo cual no habría más que atenerse a los enunciados expresados. Pero la entrevista que le hicieron al mandatario boliviano Evo Morales para la cadena CNN en español escapa a las reglas de lo común, ya que antes de ser emitida el pasado martes 13 (vaya con el día elegido), ya había dado mucha tela para cortar. Ismael Cala, entrevistador estrella del canal de noticias norteamericano para Latinoamérica, es un cubano residente en los Estados Unidos que, más allá de intentar mostrar siempre una sonrisa de cordialidad, en el encuentro con el mandatario andino tuvo que dar explicaciones que no debieran ser necesarias para alguien que conduce un programa televisivo. Es que luego de varios cruces realizados previamente ante los medios, la entrevista se realizó, y resultó bastante ríspida tal como algunas fuentes periodísticas ya lo habían anticipado. Por esta razón, lo dicho en el programa de Cala, tanto por Evo como por el presentador, cobra validez conociendo lo que la antecedió, y a su vez le dio un marco especial.
La madrugada del sábado 10, cuando la noche paceña aún no se había retirado, el presidente Evo Morales recibió a Ismael Cala, en el Palacio Quemado, sede del gobierno de Bolivia. Allí el mandatario lo primero que aclaró es que él no fue un dirigente cocalero, sino un dirigente campesino ya que en el Oriente del Chaparé (Cochabamba) no se produce nada más que coca, y que decir solamente cocalero es lo que a ciertos medios les sirve para demonizar. Como segundo punto, Evo señaló que “en la primera elección que ganamos (2005), no estuve tres años, estuve cuatro años, que se entienda por favor, que se aclare que no fueron tres años sino cuatro”, dijo Evo, aclarando que luego vino la nueva Constitución con lo cual fue elegido por primera vez (en diciembre de 2009), asumiendo al otro año bajo la nueva normativa del Estado Plurinacional. La aclaración del mandatario resultó pertinente debido al reclamo de inconstitucionalidad que ciertos sectores de la sociedad boliviana hicieron durante los primeros meses de este año ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tal como lo hizo, promulgara como válida la posibilidad de que tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera pudieran ser nuevamente reelegidos en los comicios que se realizarán en 2014.
Luego de las aclaraciones del mandatario, Cala expresó que siempre sus programas comienzan con una reflexión, y para el caso se refirió a una frase del profesor estadounidense Warren Bennis: “Los líderes no surgen de la nada. Deben ser desarrollados: educados de tal manera que adquieran las cualidades del liderazgo”. Con ella, invitaba a Evo a reflexionar acerca de su propio liderazgo. En ese momento preciso fue cuando el choque civilizatorio entre entrevistado y entrevistador se hizo más que evidente. Si hay un elemento indispensable para analizar en esa entrevista fue justamente esa diferencia cultural. Diferencia que cobra gran validez a partir de que buena parte de los líderes de la región comenzaran a validar y hacer digna a la propia cultura, sin dejarse estigmatizar por preconceptos construidos en otros lugares para justificar el coloniaje.
“¿Un líder se hace o se nace?”, le preguntó Cala a Morales. Entonces el mandatario dijo que nunca había pensado ser dirigente sindical, y mucho menos presidente, pero que fueron las circunstancias propias a su condición de campesino, junto a su padre y a su hermano, lo que lo llevó a darse cuenta de quiénes eran sus enemigos: “Los partidos políticos de la derecha, los neoliberales, el imperio del cual CNN también es parte...”, y que a partir de ahí se fue comprometiendo con sus pares, los cuales cuando vieron que él los defendía eficazmente lo constituyeron como dirigente. Evo se refería a que en el Trópico de Cochabamba, la presencia del Estado eran sólo las tropas del ejército, de la policía, y bases militares estadounidenses, por lo cual todo eso “los hizo despertar”. “¿Qué estaba pasando?”, se preguntó Evo reflexionando sobre su surgimiento como líder del movimiento campesino indígena y originario. Mientras Evo narraba sobre cómo habían sido sus experiencias como dirigente de las asociaciones campesinas, Cala intentó hablar sobre sus palabras, y ahí fue cuando Evo, en lugar de proseguir con lo que venía exponiendo, y tras recriminarle las interrupciones al entrevistador, dijo que CNN una vez lo había invitado a él a jugar futsal en los Estados Unidos, y que habiendo asistido suspendieron el partido sin darle ninguna explicación de por qué lo hacían. En tal sentido, el mandatario aseguró que él no fue a quejarse a través de la televisión, refiriéndose explícitamente a las declaraciones que Cala había realizado para medios bolivianos en la semana anterior. La entrevista con Evo Morales se tendría que haber realizado el día 8 pero fue suspendida debido a que el presidente se sentía bastante agotado debido a las múltiples actividades realizadas durante los festejos del 6 de agosto en homenaje al 188º aniversario de Bolivia.
“Si la empresa para la que trabajo (CNN) me pide que gestione una nueva entrevista con el presidente Morales, sencillamente no lo haré porque siento que han faltado el respeto a mi persona, a mi equipo de trabajo y a mi audiencia, pues esta entrevista debía salir al aire el próximo lunes”, le dijo Cala al programa Que no me pierda, de la red Uno, ya que si bien la entrevista estaba gestionada desde hacía tres meses al final ésta no pudo realizarse. Según Cala, el jueves 8 estuvo esperando cinco horas para que luego le anunciaran que no se iba a realizar. Al respecto Evo Morales dijo que si la entrevista no se realizó es porque él no iba a aceptar que ésta se hiciera con ediciones y recortes, que dejarían fuera de contexto la mayor parte de lo que él podría decir. Durante la entrevista, que al final se realizó el sábado 10, el mandatario boliviano le recordó a Cala las “tantas veces que me humillaron, tergiversaron, inclusive inventaron”, como la vez que publicaron una fotografía suya con el ex presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, señalando: “Alianza de un terrorista con un narcotraficante”. Cuando quiso reclamar por ese motivo, no lo dejaron, dijo en la extensa entrevista. “Así me humillan, así me ofenden, y cuando se ha suspendido una entrevista, usted se queja a la prensa; yo nunca me quejé, me aguanté. Esa es nuestra diferencia”, aseguró Morales. Ante estas expresiones del mandatario, el conductor de CNN explicó que si le hubiesen dicho que sólo aceptaba la entrevista a condición de no ser editada, él se hubiera comprometido a no hacerlo, como de hecho se hizo finalmente.
En una nota que Cala le dio al diario El Deber, dijo que creía “que Morales tenía una molestia por todo lo que ocurrió tal como lo expresó públicamente. Sin embargo, al final, concedió la entrevista y por ello yo le agradezco enormemente. No creo que haya sido la mejor primera impresión que ambos nos hubiéramos llevado el uno del otro. Lamento que haya sido así porque trato que las conversaciones que sostengo en mi programa no sean desde la hostilidad. Al contrario, siempre las llevo desde un tono de amabilidad y generosidad”, aseguró.
Otro punto álgido de la conversación fue cuando Cala intentó demostrar que él no era “un cubano escapado de la isla”, como había expresado Evo previo a la entrevista, ya que tenía el derecho a optar “como ciudadano del mundo libre” por una vida diferente, pero que se sentía tan latinoamericano como el mandatario boliviano.
En la entrevista, Evo ratificó enfáticamente que la política es “esfuerzo y servicio, no es negocio”, y recordó cuando alguien le dijo “al Evo se lo puede acusar de cualquier cosa, menos de que roba o es flojo”. Entonces, pudo formular los principios éticos del pueblo aymara: “No ser flojo, no robar, no mentir”. A lo largo del encuentro, Cala subrayaba que debido al tiempo iban a quedar muchas preguntas en el tintero, pero entre las que hizo fue incisivo en relación al debate sobre el censo nacional de Bolivia, en tanto algunos medios del altiplano cuestionaron datos del mismo, por lo cual el mandatario había ya expresado que si tienen dudas, que hagan auditorias para ratificar los datos, incluso que participen organismos internacionales. Cala también preguntó sobre el conflicto limítrofe con Chile por la salida al mar para Bolivia, ante lo cual Evo ratificó que el reclamo se llevará hasta las últimas consecuencias.
A pesar de que la entrevista se fue distendiendo, Evo no se privó de decirle a Cala: “Sé que representa al imperio y no a los pueblos, sé que representa las estructuras del sistema capitalista imperialista, tiene derecho. No representa donde nació y no representa a los pueblos, ésa es nuestra diferencia”, agregando que representar al imperio es un derecho de CNN.
A pesar de todo esto, el conductor, antes de retirarse de Bolivia, expresó que sintió mucha empatía con Evo, al cual le obsequió su primer libro, El arte de escuchar, en el cual, además de recomendaciones sobre autoayuda, cuenta el secreto de su éxito como entrevistador.
El lunes, Cala viajó a la Argentina para asistir al programa de Susana Giménez, junto a Gloria y Emilio Estefan (en un cuasi perfecto trío de cubanos contrarios a Castro). El presentador es un gran amigo de la diva, y cada vez que llega al país aprovecha para juntarse con ella.

El Buen Vivir como proyecto colectivo

Ecuador. Los cambios, el combate contra los privilegios corporativos, las transformaciones estructurales y el futuro político. Rafael Correa y la Cumbre de la Alianza Bolivariana.

Los cambios que se vienen produciendo en Latinoamérica, y principalmente en algunos países como Ecuador, tal vez no sean ni la revolución ni el socialismo, como fueran considerados a lo largo del siglo XX, pero si se tienen en cuenta las principales políticas que se llevan adelante, sobre todo en lo referido a la búsqueda del bienestar de las mayorías populares, combatiendo los privilegios corporativos de las minorías de siempre, hoy se podría considerar que buena parte de la región está ante transformaciones estructurales que serán evidentes con el correr del tiempo y válido de poder ser considerado en un futuro próximo con una mirada retrospectiva.

Durante la exposición que el presidente Rafael Correa hiciera ante movimientos sociales en la XII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) realizada el pasado 30 de julio en la ciudad de Guayaquil, el mandatario afirmaba que “son mágicos los momentos que vive nuestra América”. Pero también advertía: “Hay que tener cuidado, nos acostumbramos y creemos que siempre fue así. Prohibido olvidar que durante la larga y triste noche neoliberal nuestra región estuvo repleta de gobiernos entreguistas, de mediocres, de traidores; ahí estaban los Collor de Mello, los Menem, los Fujimori, los Mahuad, los Endara y tantos y tantos otros...”. Según Correa, “es impresionante lo que está pasando en América latina y eso demuestra claramente el principal cambio que hemos logrado, el cambio en las relaciones de poder”. Pero volvió a advertir: “Atentos, no nos confiemos y creamos que todo está logrado, falta mucho camino por andar... Incluso lo andado puede ser revertido por los poderes de siempre”, ya que, señaló a los integrantes de los movimientos sociales, “son poderes que están vivos, ¡así que muy atentos, compañeros!”.

En una entrevista que el portal español Mundo Obrero le realizó en julio a la intelectual chilena Martha Harnecker, ante una pregunta que le hicieron por los movimientos progresistas de Latinoamérica, ella expresaba que los mismos, más que tener que ver con el socialismo, son movimientos de respuesta a la crisis del neoliberalismo, refiriéndose principalmente a las que considera las experiencias más avanzadas del continente: Venezuela, Ecuador y Bolivia, aunque la caracterización podría ser extensiva de manera relativa a los otros países en los cuales todavía se conserva cierta economía mixta, es decir donde el Estado volvió a ser protagonista aunque se mantengan algunos elementos que podrían considerarse como lastre del neoliberalismo. Sin dudas, se trata de “construir ese punto en el cual no haya retroceso”, al decir del actual secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez Araque, ya que si un proceso de cambio social no revierte las tendencias que habían primado en un período anterior, es factible volver atrás. Estas consideraciones, el presidente Rafael Correa parece tenerlas muy presentes, y ello se expresa en una gestión y un rumbo finamente planificados para dejar atrás la sumisión a los viejos poderes fácticos. Si bien resulta un lugar común afirmar que el neoliberalismo enfrentó y desprestigió a la razón estatal, no es muy tenido en cuenta que vilipendió todo lo que sea planificación, considerándola como una rémora de regímenes autoritarios. Establecer desde el Estado un proyecto político, económico y social, sin dudas no puede dejar ese rumbo librado al azar, ya que los principales lobbies y corporaciones sí lo tienen establecido.

La Revolución Ciudadana, iniciada en 2007, le plantea a Ecuador, luego de que Rafael Correa fuera reelegido para gobernar durante el período 2013- 2017, nuevos desafíos para consolidar y profundizar los cambios.

Qué es El Buen Vivir. No se trata de una consigna abstracta que un gobierno les impone a sus ciudadanos, sino de una propuesta que emana de la misma sociedad ecuatoriana, y principalmente atendiendo a las más autóctonas tradiciones de ese pueblo andino: el Sumak Kawsay es una voz indígena que tiene la significación de promover relaciones humanas equilibradas y en armonía con la naturaleza.

Tras un arduo proceso de debate, socialización, y aprobación en el cual participaron más de ocho mil ecuatorianos, el pasado 3 de agosto la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural de Ecuador recibió el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017, que se convertirá en la principal línea de acción gubernamental. Según señalaba el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fander Falconi, citado por el diario cubano Gramma, “este plan es devuelto a sus gestores, a todo el conjunto de voluntades decididas a continuar con nuestra marcha, a la Asamblea Ciudadana, a todo el pueblo del Ecuador”, dijo.

El proceso de construcción del plan se inició en mayo, y tuvo tres aristas destacadas, una fue la asamblea misma en la cual se movilizaron unos 8100 ciudadanos, pero la misma estaba interrelacionada con otras dos instancias que son el Seminario Internacional sobre Pensamiento latinoamericano y los 8 consejos sectoriales de política en los cuales se confeccionaban las principales líneas que luego serían debatidas en las asambleas ciudadanas. Este proceso se realizó según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Sistema Descentralizado de Planificación Participativa y el Código Orgánico de Planificación, informó Senplades.

El documento de 602 páginas que contiene el Plan Nacional por el Buen Vivir 2013-2017 tiene como presentación una apreciación del economista coreano Ha-Joon Chang, considerado como uno de los economistas heterodoxos más importantes del mundo. El economista resalta la idea de que crecimiento no es igual a desarrollo, y los autores agregan que “el Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. La planificación ocupa un lugar central en la confección del documento, señalando que en Ecuador se la rescató para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos que tanto retrasó al país en tiempos del neoliberalismo. “Si sabemos dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos cómo sortear los obstáculos que se presenten”, dicen, subrayando que si la planificación fue menospreciada y reducida a su mínima expresión por las políticas neoliberales, esto no fue por ideología sino por intereses económicos, señalando como ejemplo la privatización de las principales empresas públicas, cosa que llevó a la peor crisis del país, subrayando que esto fue hace apenas una década, pero que dejó huellas muy difíciles de borrar en la ciudadanía.

Entre otras cosas, el Plan Nacional para el Buen Vivir se perfila como una lucha contra la pobreza: cambiar la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento y transformar el Estado, consolidando y radicalizando los cambios que la Revolución Ciudadana viene promoviendo desde enero de 2007. Por otra parte se plantea la necesidad de reducir al máximo la dependencia del país de los ingresos petroleros, necesitando transformar sustancialmente así la estructura productiva.

“No podemos hablar de erradicar la pobreza sin transformar la matriz productiva, generar empleo y mejorar las condiciones de igualdad. No se puede hablar de transformar la matriz productiva si no se genera empleo de calidad y se erradica la pobreza”, dijo el secretario nacional de Planificación y Desarrollo Pabel Muñoz durante la inauguración del Seminario Internacional Erradicación de la Pobreza en América Latina y el Caribe, organizado por la Senplades, la recientemente creada Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que tuvo lugar en Quito el 30 de julio. El evento fue organizado para realizar intercambios sobre las experiencias alcanzadas por varios países en la aplicación de planes y políticas para combatir a la pobreza, y esto para Ecuador resultó sustantivo como otra plataforma para potenciar al proyecto 2013- 2017.

Vale señalar que el Plan Nacional para el Buen Vivir está acompañado por un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de comparar lo programado frente a lo realizado, tomando como base la planificación nacional y la formulación realista de indicadores y metas.

El socialismo del Sumak Kawsay y la economía social. “El horizonte político de la Revolución Ciudadana es el Socialismo del Buen Vivir. Este articula la lucha por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, con la construcción de una sociedad que respete la diversidad y la naturaleza. En tal sociedad podremos desarrollar nuestras capacidades y vivir digna y libremente”, dice el documento, poniendo el acento en que el fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas, asegurando que se debe en primer lugar resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que les garanticen al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras, una vida digna sin perjudicar a la naturaleza, ya que el Buen Vivir es una práctica diaria. En este sentido se plantea en lo concerniente a la transformación económica y productiva, la necesidad de consolidar al sistema económico social y solidario, de forma sostenible. A sabiendas de que con la política social llana no alcanza para recuperar la dignidad, en Ecuador se viene desarrollando una fuerte economía de autogestión entre ex desempleados que revigorizaron la circulación y el consumo interno, sin trastrocar los principios básicos de la asociación entre iguales, ni la relación con la naturaleza.

Bogotá- El alcalde Petro, en la mira

Colombia.

Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá enfrenta golpes cruzados.

El actual proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC está poniendo sobre el tapete las diferentes contradicciones de la sociedad política colombiana, ya que si hoy se trata en ese país de terminar efectivamente con el arduo y prolongado conflicto armado, existen intereses que sin encontrarse directamente implicados en esas negociaciones, actúan tanto a favor como en contra. El caso de la derecha (la social y la política), ligada principalmente a la oligarquía terrateniente, es el más claro ejemplo de ello, que ve que si el proceso avanzase resultaría sumamente factible la posibilidad de perder todas las condiciones que propiciaron sus principales beneficios como sector social. Si al gobierno de Santos se lo podría considerar de derecha, habría que destacar que se trata de una derecha sumamente heterodoxa, diferenciada de gobiernos anteriores del mismo signo, como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez. Abordar el complicado proceso de paz con la guerrilla es un signo inequívoco de ello, aunque vale destacar que en Colombia todavía existe una fuerte raigambre conservadora, que resiste enconadamente a que la estructura social que primó históricamente pueda ser modificada. Si bien lo principal en la resolución del conflicto es la problemática rural, ya que precisamente esta cuestión condiciona al conjunto de la sociedad, sus efectos tienen repercusión ineludible en lo que a la ciudad –y a grandes centros urbanos como Bogotá– concierne.

Petro en la mira. Durante el Foro Dilemas Jurídicos del proceso de paz, realizado en mayo en la Universidad Externado de Colombia, a pedido de FARC y Gobierno, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sugería que Colombia aún no se constituía como nación, ya que para eso era necesario un pacto social que lo posibilitara a través de una paz duradera. Petro afirmaba en ese foro que hubo en su país aproximadamente 68 procesos de paz, que propiciaron seguidamente igual cantidad de procesos de guerra, por lo cual construir la paz debiera en primer lugar cambiar la estructura del poder, debido a que, durante el prolongado conflicto, lo que se logró fue cristalizar un poder que el Alcalde considera como mafioso y criminal. La intención de llevar adelante en Bogotá una gestión diferenciada que trastoque esas reglas del poder, es lo que a Petro le está costando sostener debido a las presiones de diferentes lobbys corporativos y de sectores que lucraron con las contrataciones de obra pública. Según el Alcalde, los paramilitares lavaron su dinero a través de la contratación estatal, lo que les sirvió además para comprar la política en el país. A través de la red social Twitter, Petro señalaba que “el proyecto paramilitar produjo una fuerte articulación con la contratación estatal para lavar activos con el erario” y que “si en la ‘refundación de la Patria’ hay un sistema político al servicio de los paras, también hay un sistema de contratación a su servicio”.
“Mientras ejércitos privados controlaban territorios, las administraciones locales podían designar contratistas a dedo y lavar dólares con ellos”, aseguró el alcalde de Bogotá, agregando luego que “la compra de tierras a bajo costo y su concentración, al igual que la contratación pública y su concentración son los caminos del narcolavado de activos”, asegurando que la corrupción es parte de esta estructura ya que “la compra de la política por parte de los grandes contratistas del Estado, no es más que un capítulo de la toma mafiosa del mismo”.
A partir de una gestión que colocó a los principales servicios públicos en la esfera del Estado, y desarticulando paulatinamente los diferentes negociados presentes en las contrataciones, Petro hoy debe enfrentarse a diversos golpes cruzados.
Un antecedente necesario para comprender los hechos de corrupción en Bogotá, y que a la vez compromete seriamente a muchos de los que hoy están tras la fuerte campaña contra Petro, es lo que se denominó en 2010 el Carrusel de la contratación cuando Samuel Moreno Rojas gobernaba la capital colombiana. El escándalo se desató cuando se supo a ciencia cierta que determinados sectores políticos se beneficiaban con la adjudicación de la obra pública que se contrataba para la ciudad, y que cobraban grandes comisiones para ello. El por entonces senador Gustavo Petro fue uno de los principales artífices tanto de las denuncias como de la investigación que develaron el escándalo, a pesar de ser parte aún del Polo Democrático Alternativo (PDA) que era también la fuerza con la cual Moreno Rojas había llegado a la alcaldía. De hecho, este escándalo del carrusel salpicó a integrantes de otros partidos políticos. Además del cobro de grandes comisiones a las empresas, también lograban silenciar el por qué de las grandes demoras en la ejecución de las obras contratadas. Por ejemplo, en 2010, las negociaciones irregulares habían hecho que la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio se encontrase en un 80% de atraso (aproximadamente dos años). Por otra parte, un gran porcentaje de la obra pública estaba concentrada en un mismo proveedor, el grupo Nule, cuyo director Miguel Nule hoy es testigo clave en el juicio que se está llevando adelante por el carrusel de la contratación, y que tras el escándalo se había refugiado en Miami.
Desde principios de año, el legislador Miguel Gómez Martínez, integrante del Partido de la U, emprendió una campaña de recolección de firmas para intentar la revocatoria del alcalde Petro, a la cual sumó a diferentes organizaciones civiles muchas de las cuales no son más que “sellos” pidiendo que se haga una consulta popular para que la ciudadanía decida por la prosecución o no del mandato del Alcalde, al cual se le endilgaban varias críticas (la más relevante era la de la recolección de basura). El procurador general de Colombia Alejandro Ordóñez intentó por el mismo motivo revocar el mandato de Petro, pero sin consulta previa. El problema de la basura tuvo que ver con la acumulación de residuos, que se produjo en el traspaso de la empresa que brindaba ese servicio, a la nueva empresa de aseo estatal, y que de hecho hoy viene funcionando de forma óptima. Si bien la recolección de firmas para la revocatoria y un posterior llamado a consulta estaban previstos para los meses de mayo o junio, resultó que en la revisión de las 650 mil firmas alcanzadas se pudo constatar que las irregularidades presentes en ellas eran muy notorias: había firmas de personas fallecidas, de personas que no viven en Bogotá o, simplemente, firmas adulteradas. A pesar de todo, el miércoles, luego de haber revisado el informe entregado por el equipo de expertos grafólogos designados por Petro, los registradores distritales certificaron que las firmas válidas entregadas para solicitar la revocatoria superan el mínimo legal exigido y por lo tanto los ciudadanos podrán ser convocados a las urnas.
Y si había que sumarle una piedra más al zapato, se le agregó una demanda de pérdida de investidura para al Alcalde, presentada durante los primeros días de la semana por el concejal Orlando Parada para que sea contemplada por el Consejo de Estado. Parada es un ferviente opositor a las políticas de Petro, pero lo que resulta más curioso y llamativo es que está realmente complicado en el escándalo del carrusel de la contratación. De hecho, el consejal tendría que haber declarado el pasado 23 de julio, pero no lo hizo debido a que el abogado que lo iba a defender renunció.
Otro hecho notorio que pinta de cuerpo entero a la política de la derecha colombiana volvió al tapete tras el martes pasado ser noticia la liberación de la ex congresista Yidis Medina.

La Yidispolítica. Así se denominó al escándalo que tuvo lugar en abril de 2008 cuando la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, del partido Conservador, aseguró haber recibido dádivas oficiales para cambiar su voto a favor de la reforma constitucional que habilitó la reelección del por entonces presidente Álvaro Uribe. Yidis, que había anunciado previamente un voto en contra, sorprendió luego con su cambio, aseverando que el mismo Uribe fue quien le prometió cargos que luego no se hicieron efectivos.
Lo interesante es que, además de ser condenada por cohecho en cuanto al soborno, 43 meses después, encontrándose en prisión, le fue adjudicada una nueva causa por la cual en 2012 se le imputaron 32 años de prisión. Ahora se la acusaba también de ser cómplice de un secuestro realizado en diciembre de 2000, cuando en verdad ella había sido víctima de ese delito. El hecho confuso al final se aclaró y Medina fue excarcelada, habiendo sido su única infracción haberle dado la firma a Uribe para que fuera reelecto, ya que su rúbrica fue la que inclinó la balanza.

Colombia- Días de paz y días de guerra

El 20 de julio, Colombia festejó 203 años de su Independencia con un desfile en Bogotá de 12 mil soldados exhibiendo nuevos armamentos y tecnologías. Pero la ostentación no concordó con la realidad: el mismo día, en las afueras de la ciudad, el Ejército perdió al menos 21 soldados a manos de la guerrilla en uno de los golpes más duros a lo largo del prolongado conflicto armado. A pesar de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, lo que sucede en el campo de combate está fuera de la mesa de La Habana hasta que se logre la firma de un tratado de paz efectiva y duradera.
“Así como tenemos la mano tendida al diálogo, también tenemos el garrote”, dijo el presidente Santos, una forma de expresar que el gobierno se puede sentar a negociar con quienes ya se encuentran entre las cuerdas. Terminar el prolongado conflicto no es tarea fácil si no es a partir de una salida negociada. Esto, Santos lo sabe y por esa misma razón es que se dio a la tarea de propiciar la paz, mientras que la guerrilla ya sabe que es iluso pensar que desde frentes y enclaves rurales cada vez más aislados se pueda ganar una guerra revolucionaria. Conocer los límites actuales llevó a ambas partes a negociar, sabiendo que siempre se lo hace desde relaciones de fuerza. Así hay que interpretar los últimos enfrentamientos, y no como avances estratégicos que vayan a construir una victoria sobre el enemigo.
Para dimensionar la importancia que tiene el proceso de paz, vale señalar los datos que el martes presentaran desde el Centro Nacional por la Memoria Histórica. Entre 1958 y 2012 se produjeron 220 mil víctimas fatales, mientras que 3 de cada 10 muertes en Colombia son producto del conflicto armado.
Todo esto recrudece a partir de la irrupción de diferentes conflictos sociales, que se están produciendo actualmente. A los campesinos del Catatumbo se le sumaron las protestas de los pequeños y medianos productores mineros, y un nuevo paro de los cafeteros es inminente. Es en tal sentido que la derecha agita la necesidad de ejercer mayor represión estatal, sin discriminar si se tratan de organizaciones sociales o grupos guerrilleros.

Duro revés. En el departamento de Arauca ubicado en el extremo norte de la Orinoquia, tanto como en Caquetá ubicada en el sur, las fuerzas militares perdieron el sábado 20 unos 22 soldados. Si bien se presume que fue la guerrilla quien les propinó ese duro golpe, ni las FARC ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicaron los hechos, y al menos hasta la fecha no indicaron en sus respectivos portales de internet ningún comunicado al respecto.
En la vía que separa a los municipios de Tame y Fortul en Arauca, según informaciones y testimonios brindados principalmente por campesinos, se pudo precisar que se produjo un duro enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas, en el cual perdieron la vida unos 17 militares, mientras que cuatro resultaron heridos y uno desaparecido. El portal del Ejército no dio cuenta de este combate por lo que algunas informaciones podrían resultar imprecisas. Lo que no caben dudas es que el hecho existió, ya que el oficialista diario El Tiempo dio la información, aseverando que fue una emboscada realizada por aproximadamente 80 guerrilleros de las FARC, mientras los militares se encontraban descansando. El presidente Santos se refirió a estos acontecimientos, asegurando que no descansarán hasta encontrar a los guerrilleros que produjeron los asesinatos. A pesar de todo, Santos aseveró que seguirá propiciando la paz. “He dicho en repetidas ocasiones: allá en La Habana estamos dialogando como si aquí no hubiese terrorismo. Atacar los tubos, atacar los puentes, afectar a la población civil, es terrorismo. Y aquí no tendremos ninguna contemplación en nuestra lucha contra el terrorismo”, dijo, pidiéndole a la fuerza pública “no dejar de disparar hasta que se llegue al final del conflicto” indicando luego que “les he dicho en el día de hoy al ministro de la Defensa, al comandante de nuestras Fuerzas Militares, al general Navas; al comandante de nuestro Ejército, al general Mantilla, y a los demás oficiales: no podemos bajar la guardia un solo milímetro. Hay que poner más tropas. Hay que ser más contundentes”.
Los militares abatidos en Arauca pertenecían al Batallón Especial Energético y Vial Número 14 dependiente de la 18ª Brigada del Ejército Nacional.
Mientras tanto, ese mismo día se produjo en el departamento sureño de Caquetá otro serio enfrentamiento, en el cual 4 soldados de la 12ª Brigada del Ejército resultaron muertos. Esto sucedió en el municipio de Doncella, y tampoco hubo al respecto partes militares de la guerrilla. En este caso, las fuerzas militares presentaron un comunicado en su portal de internet ofreciendo la información de los caídos, como también sobre las operaciones registradas.
El silencio de los grupos guerrilleros llamó la atención, ya que si bien muchos comunicados a veces tardan en aparecer en sus portales, hay otros que teniendo cierta actualidad, pero que no están referidos a los combates de Arauca y Caquetá, hacen alusión a los conflictos sociales en curso. Es de destacar que ni siquiera la agencia de noticias Anncol, que algunos consideran cercana al grupo guerrillero, se atrevió a adjudicar los hechos a algún grupo en particular. Anncol señalaba que podrían haber sido las FARC que a través del 10º Frente actúa en Arauca, o tal vez el ELN que tiene incidencia en esa región, o también quizás los dos grupos en forma coordinada, haciendo mención dicha agencia a una reunión que hace poco tiempo sostuvieron los máximos comandantes de ambas guerrillas. Tal vez este dato que destacan sea un buen indicador al respecto, ya que tanto Timoleón Jiménez como Nicolás Rodríguez Bautista de las FARC y el ELN, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto el 1º de julio, tras conversaciones que sostuvieran durante el mes de junio en algún sitio de la montaña colombiana. Allí ambos grupos expresaban que “además de tratar, reflexionar y superar definitivamente diversos incidentes que condujeron en el pasado a contradicciones, distanciamientos y choques entre las dos fuerzas, abordamos diferentes asuntos de carácter estratégico para el futuro de la nación” destacando “la importancia de trabajar por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales empeñadas en la realización de cambios profundos en la sociedad, su economía, la política y la institucionalidad colombiana” enfatizando en “la importancia que tiene la Paz con Dignidad y Justicia Social para el futuro de la nación y el continente”. Con mucha fuerza ambos grupos se pronunciaban acerca de que “en Nuestra América soplan hoy poderosos vientos hacia la democracia, la soberanía, la justicia social, el buen vivir y la integración de nuestros pueblos. Los colombianos no podemos permanecer al margen de este proceso histórico hacia la definitiva independencia”.
Como es sabido el ELN no forma parte de la mesa de La Habana, pero las conclusiones a las que arribaron tras la reunión con las FARC que sí están en proceso de negociación con el gobierno, son un indicador de que ellos también estarían dispuestas a emprender un proceso similar, pero teniendo como primer interlocutor al grupo liderado por Timoleón Jiménez. La posibilidad de que ambos grupos lleguen a puntos de unidad resulta así también indicativa de eso que más arriba se señalaba, y que es que las negociaciones se realizan desde determinadas relaciones de fuerza. La irrupción el último tiempo de diversos conflictos sociales también juegan en el mismo sentido, ya que lo que en verdad está en debate en La Habana no es solamente la paz entre el gobierno y un grupo armado irregular, sino las causas estructurales de por qué hay conflicto armado. Esta coyuntura pone a prueba la voluntad del gobierno de Santos de proseguir con el proceso de paz, ya que los hechos dan muestra de que sin emprender ciertas transformaciones, esto resultaría inviable. Mucho más cómoda era la posición de un presidente como Álvaro Uribe que metiendo plomo y garrote, se eximía de abordar las razones del conflicto. En Colombia la derecha más recalcitrante instaló la idea de que la cuestión principal es la existencia de grupos de forajidos a los que hay que exterminar para terminar con el problema, y que los reclamos sociales o sindicales siempre son producidos por la incidencia que los grupos armados tienen sobre ellos. Esta caracterización dio pie a que la labor sindical, como la político-legal de los partidos de la izquierda, siempre fuera una tarea difícil de sostener, sin correr riesgos reales. El asedio que viene sufriendo el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro, es una señal inequívoca de eso, y la posibilidad o no de continuar con su mandato, ya creó en la izquierda colombiana un alerta rojo, sobre la posibilidad real que ese sector tiene de poder gobernar. Algunos analistas sostienen que si Petro cayera, sería un duro revés para la mesa de La Habana, ya que las FARC comprobarían empíricamente que la participación política resultaría una simple quimera.
El presidente Santos hoy debe enfrentar un gran dilema, o profundizar la paz, abordando seriamente las causas concretas del conflicto, o dejar que se le venga encima la derecha más obtusa, encarnada por el Puro Centro Democrático de Álvaro Uribe, a menos que sobre el ex presidente se acelere la causa que lo sindica como patrocinante de los grupos paramilitares.

Las inconveniencias de Uribe

Si Uribe no tuviera tanto poder, ya estaría en la Picota”, dicen activistas colombianos por los Derechos Humanos, haciendo referencia al centro penitenciario ubicado en la zona sur de Bogotá. Esta afirmación conllevaba a la vez precisar que no se trata nada más que del ex presidente Álvaro Uribe, sino de que éste es la cara más visible de toda una fracción de la clase dominante, las que se beneficiaron con la acción de las bandas paramilitares. La existencia del conflicto armado fue la excusa de los poderosos hacendados para armar estas bandas que bien se podrían denominar paraestatales, ya que estaban amparadas por la institucionalidad de ese país, y que en primer lugar les permitieron a estos terratenientes expandir sus propiedades territoriales con masacres y desplazamientos de campesinos e indígenas.

En enero de este año, la Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra Uribe por su presunta colaboración en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de 1990. Las pruebas fueron presentadas por el legislador Iván Cepeda, vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Las pruebas presentadas por Cepeda se basan en los testimonios del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recogidas el 16 de septiembre de 2012 en la cárcel de Combita, Boyacá, donde el ex paramilitar está detenido. Según Monsalve, Uribe, como gobernador de Antioquía (1994-1997), ayudó a conformar el Bloque Metro y fue miembro activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque, al noroeste de Colombia, a mediados de los ’90.
El testigo, que además trabajó en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón, precisando Monsalve que Luis Alberto Villegas se encargaba de los negocios del grupo que consistían en “las cocinas y lo del tubo” (refiriéndose a los laboratorios de cocaína y al robo de gasolina del poliducto) y Álvaro Uribe “estaba encargado del ala militar”.

Según reveló la radio Caracol en enero, con 21 pruebas la Fiscalía General pretendía indagar los nexos posibles entre Uribe y el paramilitarismo, las cuales serían implementadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) además de estar previstas las declaraciones del citado Monsalve, de otros ex paramilitares e incluso del ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso, hoy extraditado en los Estados Unidos.

El lanzamiento a fines de enero del partido Puro Centro Democrático no resulta para nada ocioso, ya que si Uribe alcanzara una banca legislativa, y la causa se dilatara como está sucediendo, el ex presidente lograría inmunidad para ir a prisión. Vale señalar que en abril de 2008, Mario Uribe, primo del ex presidente, fue encarcelado por vínculos con los paramilitares, y que pocos días después, el 13 de mayo, en una operación sorpresiva fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex jefes paramilitares que se encontraban acogidos a la Ley de Justicia y Paz, en tanto todos ellos eran desmovilizados. El problema de la extradición era que en los Estados Unidos todos serían juzgados por narcotráfico y no por paramilitarismo, ya que la corte estadounidense no contempla esa clase de delito, con lo cual Uribe se sacaba de encima los peligrosos testimonios de sus supuestos ex socios.

Hace aproximadamente dos semanas, una veintena de diputados y diputadas del Parlamento Europeo, dieron su parecer acerca de lo que consideran un estancamiento en la causa que se reabrió en enero contra Uribe. En una carta promovida por el eurodiputado español y responsable de la Secretaría de Política Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, y que fuera acompañada por firmas de diputados de diferentes países del viejo continente, solicitaron que se aclarara la supuesta participación de Uribe en la creación del Bloque metro de las AUC, y para ello pidieron que se inicie la práctica de las 21 pruebas que se definieron en la fase de resolución de apertura de la investigación y que se protegiera la vida de los testigos y sus familiares. La misiva fue dirigida a Juan Manuel Santos, al fiscal general Eduardo Montealegre, al procurador Alejandro Ordóñez y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta de Uribe, a través de su cuenta de Twitter fue simple: acusó a los eurodiputados de promover carteles de falsos testigos, manipular la justicia y ser cómplices de la guerrilla.

Reforma de la Constitución y relaciones de fuerza.

“La Ley es producto de las relaciones de fuerza” le dijo una vez a quien escribe, el célebre abogado León “Toto” Zimerman. Esta definición del fundador de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) si se quiere, resulta compatible con aquel postulado foucaultiano de que la Verdad es producida por el Poder, y que ambos están imbricados dialécticamente. Se podría decir entonces que no es una Ley la que podría cambiar las relaciones de fuerza, sino que sí no existen condiciones favorables para ello las leyes aparecerán siempre como un dato inobjetable, comparables a una ley divina, o natural.

En la Argentina de hoy, no se deja de hablar acerca de una posible reforma de la Constitución. La derecha más obtusa la rechaza desde los medios y grupos políticos afines, haciendo pasar a esta reforma como la intención de perpetuar a la presidenta en una reelección indefinida. Si resulta posible considerar que en la década kirchnerista se lograron algunos cambios sustanciales en la estructura social, y que esto más allá de la valoración que se haga de ello, tal como que efectivamente se trata de un movimiento transformador, o que no quedaba otra después del incendio social que se generó en 2001, lo que sí resulta incontrovertible es que hay una derecha tanto social, política y mediática, que pretende tirar por tierra a todo lo que desde 2003 fue diferente a lo de los gobiernos anteriores.

Si el kirchnerismo lo hizo para apagar el fuego del 2001, o porque es un proyecto verdaderamente transformador, resulta secundario, y por lo tanto no debiera ser el principal debate, a menos que éste sirva para profundizarlo por izquierda, resaltando y defendiendo el piso de lo positivo, pero intentando a su vez superar los obstáculos que el kirchnerismo tiene para impedir el arribo de una derecha restauradora.

La enunciación de una reforma de la Constitución, para dar un marco institucional que no permita retrocesos, sin dudas resulta alentadora, pero en esa misma enunciación podrían permanecer los mismos obstáculos que el sector más duro del oficialismo hoy tiene para impedir la restauración conservadora.

Es interesante conocer las diferentes experiencias suramericanas (Ecuador, Venezuela y Bolivia), en donde se pudo reformar las constituciones para que esa nueva Letra, permitiera el ascenso de las clases subalternas a esferas de decisión política. En el caso boliviano es de destacar que el llamado a una Asamblea Constituyente, se dio en un proceso de arduo debate y movilización de los diferentes sujetos sociales, en una alianza de hecho entre esos diferentes actores, para plasmar esa nueva institucionalidad, que es hoy el soporte del nuevo Estado Plurinacional. Sin dudas, se puede afirmar que fueron las nuevas correlaciones de fuerza en el seno de la sociedad boliviana, las que se cristalizaron en una nueva Carta Magna. Los movimientos sociales organizados, movilizados y debatiendo fueron los que se transformaron en sujetos constituyentes. Esto requiere precisar que no fue la nueva Constitución política la que les dio vida, sino al revés, estos sujetos sociales fueron los que pudieron expresarse aprovechando la coyuntura favorable, de contar con un gobierno como el de Evo Morales, que tuvo la grandeza de convocarlos.

En la Argentina esto, aún no sucedió.

Colombia. El campesinado como toque de atención para Santos

En la Cordillera Oriental colombiana se ubica la región de Catatumbo, en donde grupos de campesinos llevan adelante desde hace 40 días una protesta territorial con el gobierno.

Ubicada al noreste del Departamento de Norte de Santander, está ubicada la región del Catatumbo, más precisamente en la zona de la Cordillera Oriental colombiana. Es una rica y extensa comarca que lleva su nombre por el río que la atraviesa. Además de montañas, el lugar cuenta con un extenso bosque y áreas de cultivo. Muchos intereses confluyen en el lugar: megaproyectos de cultivo de palma aceitera; importantes reservas de petróleo, carbón y uranio que existen en el subsuelo de la región, a lo que se suman cultivos de coca y rutas del narcotráfico y el contrabando a través de la zona cordillerana. Históricamente fue una zona de acentuados conflictos armados tanto por parte de las guerrillas de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y también del casi desaparecido Ejército Popular de Liberación (es el único lugar donde sobrevive), como también por parte de bandas paramilitares. Es por esta razón que los reclamos que los campesinos del lugar vienen desarrollando desde hace más de cuarenta días, resultan algunas veces minimizados o puestos en duda tanto por la prensa como por el gobierno, haciendo de los mismos una interpretación casi conspirativa de lo que allí sucede. O se tilda a los grupos guerrilleros de estar detrás de los reclamos, o se habla de cierta incidencia de las Águilas Negras, grupo paramilitar que volvió a rearmarse tras la desmovilización en 2005 del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fuera liderado por Salvatore Mancuso, posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2008.
En la región, el gobierno, a través de las fuerzas militares, viene desarrollando un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos. Esto hizo que los campesinos comenzaran sus protestas argumentando que no tienen otros productos con qué reemplazar la hoja de coca, y también porque el transporte que se realiza por las precarias vías de la región, limítrofe con Venezuela, encarece la producción agrícola. Todo comenzó con un bloqueo pacífico en la vía Tibú-Cúcuta, pero en poco tiempo logró generalizarse por diferentes sitios de la región, alcanzando en algunos casos, inusuales ribetes de violencia debido a la represión realizada por el ejército. Cayeron ya cuatro campesinos y hay decenas de heridos por armas de fuego, a lo largo del conflicto.
Los campesinos del Catatumbo reclaman que se constituya en el área una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y que por tanto el Estado apoye iniciativas relacionadas a proyectos productivos en esa región, para poder reemplazar los actuales cultivos de coca por otros. Vale subrayar que las ZRC, de acuerdo a la Ley 160 del ’94, deben servir para recuperar comunidades rurales arrasadas por los paramilitares y fortalecer las existentes en esas zonas, para que nazca de ahí una clase media rural. Se trata, siempre de acuerdo a esta ley, que las tierras continúen en manos campesinas e impedir su venta, permitiendo a su vez que esos campesinos organizados en activas comunidades acuerden con el Estado su inclusión en las políticas públicas. En los hechos, esta ley no se cumplía, hasta que a partir de 2010 fue nuevamente reactivada.
“Hemos aguantado 70 años de abandono, soportamos la represión paramilitar, pero seguimos en nuestra resistencia campesina”, le aseguró al diario El Tiempo José del Carmen Abril, presidente de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo). Lo expresado por el referente agrario no son palabras vacías, ya que en 1999, es decir 5 años después de haberse sancionado la ley que promulgaba la creación de las ZRC, se inició en el Catatumbo una feroz campaña de los paramilitares.
En mayo de 1999, Rodrigo Tovar Pupo (a) “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte de las AUC, desde el sur del César, y Salvatore Mancuso, desde Córdoba y Magdalena Medio, dieron inicio a una cruzada de muerte hacia el Catatumbo para derrotar supuestamente a la guerrilla enquistada en la región. Esta cruzada de los paramilitares se extendió a 30 de los 40 municipios de Norte de Santander y, según la Fundación Progresar, citada por el diario El Espectador ”entre 1999 y 2006 produjo 12.000 asesinatos, cerca de 200 masacres y, de acuerdo con Acción Social, 80.000 personas desplazadas. Actualmente, si bien es cierto que la violencia disminuyó en algunos casos, los crímenes selectivos y la extorsión a comerciantes siguen a la orden del día”.
Para zanjar el conflicto ya hubo diversos acercamientos de altos funcionarios de gobierno, e incluso el pasado fin de semana quien realizó el intento fue el vicepresidente Angelino Garzón, pero las negociaciones siguen trabadas, ya que para las asociaciones campesinas, los enviados por el gobierno no tienen ningún poder de decisión al respecto.
Para algunos analistas este conflicto está poniendo a prueba en el terreno concreto las negociaciones de paz que el gobierno y las FARC vienen llevando adelante en La Habana. Mucho más si se tiene en cuenta que el primer preacuerdo fue la firma conjunta del primer punto de la agenda de debate, que es precisamente el tema rural. Si bien –de acuerdo a las pautas de dicho proceso– lo que sucede en el terreno de combate se encuentra por fuera de las negociaciones, habría que precisar que lo que viene aconteciendo en el Catatumbo, no debería ni por asomo ser encasillado como tal, ya que los que vienen llevando adelante los reclamos son los campesinos del lugar, aunque desde algunos medios se sostenga que la Asociación Campesina del Catatumbo se encuentre permeada por la guerrilla. Y en todo caso, aunque esto fuera cierto, los métodos que están llevando adelante los campesinos consisten en actos y formas de reclamo, propios de lo que es una organización social, y no los de un grupo armado.
El pasado lunes, tras la fallida intentona de Angelino Garzón, la Ascamcat emitió un comunicado público de 6 puntos que fue realizado tras una consulta hecha a todas las bases campesinas que protestan sobre la vía Tibú - Cúcuta. Allí la asociación expresaba que las protestas se mantendrán hasta que el gobierno llegue a acuerdos reales y efectivos que solucionen la emergencia social y económica del Catatumbo. En el punto 3 se da por sentado que “Ascamcat se reitera en su propuesta de distensionar los bloqueos con caravanas alimentarias, humanitarias y comerciales, a partir del día martes, con la condición de que el gobierno se comprometa a llegar inicialmente a dos acuerdos, sobre una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y sobre el subsidio para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca”, mientras que en el punto 5 se subraya que “en caso de que el gobierno opte nuevamente por la salida violenta y la represión” reiteran “que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente Santos y de su gobierno” por lo cual “el presidente debe prohibir de manera expresa a la fuerza pública disparar armas de fuego contra la población civil que protesta, como ya ocurrió con el asesinato de 4 campesinos a manos de el ejército y la policía en Ocaña”.
Por su parte el presidente Juan Manuel Santos, dijo el martes que no cederá ante las presiones ejercidas por los campesinos del Catatumbo, asegurando que “a la fuerza no habrá zonas de reserva campesina”, ya que si bien el gobierno tiene la disposición para acordar programas con los campesinos, “otra cosa, muy distinta, es tratar de cooptar el descontento justificado del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social para, por vías de hecho, intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre el territorio”. Santos consideró que los trabajadores del campo buscan imponer las zonas de reserva campesina “a la fuerza”, y que ese es un hecho que no permitirá “por ningún motivo”.
“Las Zonas de Reserva Campesina tienen un procedimiento legal para su creación y no se pueden imponer por la fuerza”, enfatizó el mandatario haciendo un pedido expreso a que se levante el paro campesino ya que a su juicio, “no hay ningún motivo para continuarlo”.
El problema principal del entredicho entre el gobierno y los campesinos pareciera correr por otros carriles, y es por esto que algunos analistas sostienen que lo que está aconteciendo en el Catatumbo obedece en primer lugar a diferencias sustanciales en cuanto a cuál debiera ser la matriz productiva de la región. Desde su asunción en 2010, el presidente Santos propuso como política las cinco locomotoras del desarrollo entre las cuales una es la minería. Teniendo en cuenta la abundancia de carbón en el subsuelo regional, y las grandes reservas de petróleo y uranio, el objetivo central del gobierno sería el de desarrollar proyectos extractivistas, y para hacerlo las zonas rurales serían un obstáculo a sortear.