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| El legislador boliviano Roger Pinto Molina está acusado de delitos comunes y corrupción. |
El senador boliviano Roger Pinto Molina, de la opositora Convergencia Nacional, tras huir inesperadamente el pasado viernes 23 de agosto, estuvo 455 días refugiado en la sede de la embajada de Brasil en La Paz. El 28 de mayo de 2012 se le había concedido el asilo. Oriundo de Pando, Pinto además de político es pastor evangelista, y cuando la Justicia de su país comenzó a citarlo para dar cuenta de una importante cantidad de delitos comunes, prefirió esquivar el bulto y comenzó a erigirse como un perseguido político. Tal es así que, por esos días, utilizando esa conocida táctica de que no hay mejor defensa que un buen ataque, intentó minimizar los cargos que se le atribuían, profiriendo a los cuatro vientos que tenía sobradas pruebas sobre nexos de funcionarios públicos con el narcotráfico. El hecho de saber de dichos ilícitos y hacerlos públicos fue la causa, según él, de que haya comenzado su cacería política. Pero la estratagema del pastor evangélico fue buscar la forma más adecuada para que su caso se hiciera redituable, y de esa forma pidió asilo en la embajada de Brasil, siéndole concedido por la cancillería de ese país, de acuerdo con “las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”. Vale subrayar que el asilo le fue dado, a pesar de que el senador aún contaba con la facultad de moverse libremente por todo el país, pero no pudiendo salir de él debido a las causas que tenía abiertas.
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, en declaraciones realizadas tras la huida, expresó que sobre el senador pesan cuatro arraigos (imposibilidad de salir del país) y una sentencia condenatoria en su contra por delitos comunes. Ésta última fue dada en un fallo en ausencia, en el mes de junio de este año, por delitos de corrupción, con una pena de un año de prisión. Por tal motivo, para Ayllón, el gobierno de Brasil vulneró la normativa internacional ya que Pinto no es un perseguido político sino un prófugo de la Justicia. “Estamos hablando de un político delincuente, de un político que tiene procesos penales y él debió haber dado la cara, debió haberse sometido a los procesos y, obviamente, en su caso, probar que él no tenía absolutamente nada y no huir del país”, dijo la ministra. Los delitos que recaen sobre la persona de Pinto son principalmente hechos de corrupción, que tuvieron lugar cuando éste se desempeñaba como funcionario público en Pando, más precisamente como director de la Zona Franca de dicho departamento.
Además de tener pendientes cuatro denuncias más por delitos de corrupción, Pinto tiene otros 10 procesos por acusaciones comunes. Entre los procesos que son investigados según informaba el periódico paceño Cambio, se encuentran la adjudicación sin licitación para la construcción de cuatro desembarcaderos, investigación por uso indebido de influencias y legitimación de ganancias en el caso del Bingo Bahiti, la venta de terrenos del Estado a personas particulares, entre ellas extranjeros, y la entrega de 30 millones de pesos bolivianos como fondos de avance sin fiscalización ni rendición de cuentas. Pero como si esto fuera poco, el 12 de junio de 2012, la abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, denunció que el senador Pinto armó una coartada para liberar de toda responsabilidad al ex prefecto Leopoldo Fernández. Dicha masacre fue realizada en septiembre de 2008 (cuando la derecha boliviana intentó un fallido golpe de Estado), y tuvo como saldo 18 muertos y 30 desaparecidos. Según explicaba Carrasco en junio de 2012 cuando se reabrió la causa por la masacre de Porvenir, los testimonios que había dado Pinto eran completamente inverosímiles y no hacían otra cosa que proteger al ex prefecto Fernández en tanto jefe político de Pinto. La abogada señalaba que Pinto, además, había dicho que en 2008 el sicario Blusher Alpire le había confesado que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana lo había contratado para asesinarlo, por lo cual el pastor sólo atinó a rezar, cosa que parece que lo salvó de la muerte, y le sirvió 4 años después para pedir asilo en la embajada brasileña. El contrato, dijo, tuvo como artífice principal al por entonces embajador Marcel Biato, y el beneplácito del también por entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
Para salir de Bolivia, Roger Pinto necesitaba que el gobierno le otorgara un salvoconducto, que nunca fue enviado debido a considerarlo un perseguido de la Justicia, a pesar de que Brasil lo mantuviera como un asilado político. Los entredichos entre los dos países si bien nunca subieron de tono, tampoco lograron destrabar la permanencia de Pinto en la embajada, es más, pareciera que mantenerlo en el freezer era lo más conveniente, hasta que luego de 15 meses se produjera la fuga. Pero no es menor que en junio de este año el gobierno de Brasil haya separado de su cargo a Biato, dejando a cargo de la embajada a Eduardo Saboia, encargado de negocios del gigante suramericano en el altiplano. Según dejaron trascender analistas bolivianos, tanto Biato como Saboia siempre fueron operadores políticos opositores al gobierno de Evo Morales, con el desconocimiento de la presidenta Dilma Rousseff, pero con la anuencia del canciller Antonio Patriota.
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, en declaraciones realizadas tras la huida, expresó que sobre el senador pesan cuatro arraigos (imposibilidad de salir del país) y una sentencia condenatoria en su contra por delitos comunes. Ésta última fue dada en un fallo en ausencia, en el mes de junio de este año, por delitos de corrupción, con una pena de un año de prisión. Por tal motivo, para Ayllón, el gobierno de Brasil vulneró la normativa internacional ya que Pinto no es un perseguido político sino un prófugo de la Justicia. “Estamos hablando de un político delincuente, de un político que tiene procesos penales y él debió haber dado la cara, debió haberse sometido a los procesos y, obviamente, en su caso, probar que él no tenía absolutamente nada y no huir del país”, dijo la ministra. Los delitos que recaen sobre la persona de Pinto son principalmente hechos de corrupción, que tuvieron lugar cuando éste se desempeñaba como funcionario público en Pando, más precisamente como director de la Zona Franca de dicho departamento.
Además de tener pendientes cuatro denuncias más por delitos de corrupción, Pinto tiene otros 10 procesos por acusaciones comunes. Entre los procesos que son investigados según informaba el periódico paceño Cambio, se encuentran la adjudicación sin licitación para la construcción de cuatro desembarcaderos, investigación por uso indebido de influencias y legitimación de ganancias en el caso del Bingo Bahiti, la venta de terrenos del Estado a personas particulares, entre ellas extranjeros, y la entrega de 30 millones de pesos bolivianos como fondos de avance sin fiscalización ni rendición de cuentas. Pero como si esto fuera poco, el 12 de junio de 2012, la abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, denunció que el senador Pinto armó una coartada para liberar de toda responsabilidad al ex prefecto Leopoldo Fernández. Dicha masacre fue realizada en septiembre de 2008 (cuando la derecha boliviana intentó un fallido golpe de Estado), y tuvo como saldo 18 muertos y 30 desaparecidos. Según explicaba Carrasco en junio de 2012 cuando se reabrió la causa por la masacre de Porvenir, los testimonios que había dado Pinto eran completamente inverosímiles y no hacían otra cosa que proteger al ex prefecto Fernández en tanto jefe político de Pinto. La abogada señalaba que Pinto, además, había dicho que en 2008 el sicario Blusher Alpire le había confesado que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana lo había contratado para asesinarlo, por lo cual el pastor sólo atinó a rezar, cosa que parece que lo salvó de la muerte, y le sirvió 4 años después para pedir asilo en la embajada brasileña. El contrato, dijo, tuvo como artífice principal al por entonces embajador Marcel Biato, y el beneplácito del también por entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
Para salir de Bolivia, Roger Pinto necesitaba que el gobierno le otorgara un salvoconducto, que nunca fue enviado debido a considerarlo un perseguido de la Justicia, a pesar de que Brasil lo mantuviera como un asilado político. Los entredichos entre los dos países si bien nunca subieron de tono, tampoco lograron destrabar la permanencia de Pinto en la embajada, es más, pareciera que mantenerlo en el freezer era lo más conveniente, hasta que luego de 15 meses se produjera la fuga. Pero no es menor que en junio de este año el gobierno de Brasil haya separado de su cargo a Biato, dejando a cargo de la embajada a Eduardo Saboia, encargado de negocios del gigante suramericano en el altiplano. Según dejaron trascender analistas bolivianos, tanto Biato como Saboia siempre fueron operadores políticos opositores al gobierno de Evo Morales, con el desconocimiento de la presidenta Dilma Rousseff, pero con la anuencia del canciller Antonio Patriota.
Con la ayuda del Altísimo. Cuando es “la voz de Dios” la que sugiere, ya no importan ni las leyes de un país ni el alboroto diplomático que se pudiese armar. Todo se justifica en ese imperativo, que hace recordar las órdenes que Jehová daba en el Antiguo Testamento. El encargado de negocios de Brasil en Bolivia, Eduardo Saboia, dijo haber escuchado el mandato divino, y por ese motivo se prestó a realizar el operativo por el cual el senador boliviano Roger Pinto pudo huir del país andino en dirección a Brasil. Saboia, a pesar de ser el encargado de negocios de su país en el altiplano, tras la salida de Marcel Biato quedó a cargo de la embajada desde principios de julio, y resultó así la cara visible de la organización que propició la fuga del senador boliviano. Sin dudas, no se trató de una acción unilateral de Saboia, y se presumen múltiples complicidades al respecto, lo que devela un serio problema de connivencias al interior de la diplomacia de Itamaraty. Es muy probable que la huida haya estado planificada desde antes de la salida de Biato.
Saboia, un ferviente practicante católico, no dudó –según él– ante la sugerencia de Dios y planificó una fuga que para algunos medios resultó casi cinematográfica. En la edición del martes del paulista Folha, Saboia relataba los avatares de la fuga, que se realizó en dos vehículos diplomáticos y con la custodia de dos fusileros navales de la Marina de Brasil. “Fuimos detenidos varias veces, porque Bolivia tiene controles de peaje y narcóticos. En un momento revisaron el interior del coche con la linterna y todo, pero no nos pidieron documentos”, dijo el encargado de negocios, agregando que “fueron 22 horas, 1.600 kilómetros con niebla, hielo, frío. Pasamos de 4.600 metros (de altura) hasta 400 metros. No nos detuvimos por nada. Sólo teníamos algunos frutos secos y algunos plátanos para comer”, enfatizando luego que “el senador se descompuso, vomitó”, por lo cual él se quedó despierto todo el tiempo hablando con el conductor. Así, hasta que “al final, nos estábamos quedando sin gasolina y empezamos a orar. Cogí la Biblia y leí los Salmos. Fue el milagro de la multiplicación de la gasolina”, dijo Saboia sin inmutarse ni ruborizarse. El viaje de 22 horas realizado en auto entre viernes y sábado, tras el cruce de la frontera, concluyó en la localidad brasileña de Corumbá, desde donde Pinto fue llevado en avión hasta Brasilia gracias a la colaboración del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien en persona se acercó a la localidad fronteriza para trasladar tanto a Pinto como a Saboia. Vale señalar que el PMDB es un partido político de centro que generalmente apoya al gobierno de Rousseff. En una entrevista realizada por el cruceño diario El Deber, Ferraço dijo el lunes 26 que “el senador Pinto no es prófugo. El asilo político es una decisión de la soberanía de Brasil. Este país le concedió asilo político al senador Pinto y tengo certeza de que el Gobierno boliviano va a respetar esto, el asilo político es una decisión de cada Gobierno”. Y ante la pregunta por si Pinto tuvo el apoyo del gobierno de Brasil para salir de Bolivia, no dudó en expresar que “sí, estamos apoyando al senador Pinto para que pueda dar continuidad a su asilo”, agregando con toda desfachatez que el gobierno boliviano “tiene a la Justicia en sus manos” y que el país vive “una dictadura disfrazada”.
Por su parte, el ahora ex encargado de negocios brasileño Eduardo Saboia, en la entrevista que publicó el diario Folhael pasado martes, aseguró en cuanto a la fuga que fue su decisión ya que, según él, “hubo una situación de violación de los derechos humanos. La situación se estaba deteriorando”, y que Pinto “habló de suicidio y pidió ser sacado de allí”, señalando que el jueves, el abogado del senador estuvo en la embajada para hablar con él, y que el viernes el letrado “dio un informe que mostró que (Pinto) podía suicidarse. Podría ser manipulación”, especuló, pero como no tenía forma de saberlo, decidió “que tenía que hacer algo”. Saboia también dijo que la situación personal suya se había vuelto intolerable ya que no se considera un guardiacárceles, y que, de hecho, la salida “como hubiera correspondido” de Pinto estaba congelada por ambos países.
Lo cierto es que la fuga dio lugar a grandes operaciones de prensa en Brasil, y con la ayuda de esos usuarios de las redes sociales (tan proclives y sensibles a los postulados de la derecha más recalcitrante), transformaron al ex encargado de negocios en un nuevo Don Quijote. Ante la posibilidad cierta de ser desplazado de su cargo (tal como se hizo), Saboia expresó “me entrego a Dios. Recibí mucho apoyo de mis colegas”. Su tarea ya estaba cumplida con creces.
La fuga del senador opositor boliviano Roger Pinto de su asilo en la embajada brasileña en La Paz hacia Brasilia fue planificada al detalle, pero mantenida en máxima reserva. De esto ya no caben dudas, y ya no resulta curioso encontrar en la prensa brasileña que con esta acción se muestra el agotamiento del gobierno de Dilma Rousseff. El martes estaba previsto que Pinto visitara el senado brasileño e hiciera una rueda de prensa, pero la renuncia del canciller Antonio Patriota fue una señal clara de mejor no hacerlo y que lo más conveniente fuera llamarse a silencio.
Saboia, un ferviente practicante católico, no dudó –según él– ante la sugerencia de Dios y planificó una fuga que para algunos medios resultó casi cinematográfica. En la edición del martes del paulista Folha, Saboia relataba los avatares de la fuga, que se realizó en dos vehículos diplomáticos y con la custodia de dos fusileros navales de la Marina de Brasil. “Fuimos detenidos varias veces, porque Bolivia tiene controles de peaje y narcóticos. En un momento revisaron el interior del coche con la linterna y todo, pero no nos pidieron documentos”, dijo el encargado de negocios, agregando que “fueron 22 horas, 1.600 kilómetros con niebla, hielo, frío. Pasamos de 4.600 metros (de altura) hasta 400 metros. No nos detuvimos por nada. Sólo teníamos algunos frutos secos y algunos plátanos para comer”, enfatizando luego que “el senador se descompuso, vomitó”, por lo cual él se quedó despierto todo el tiempo hablando con el conductor. Así, hasta que “al final, nos estábamos quedando sin gasolina y empezamos a orar. Cogí la Biblia y leí los Salmos. Fue el milagro de la multiplicación de la gasolina”, dijo Saboia sin inmutarse ni ruborizarse. El viaje de 22 horas realizado en auto entre viernes y sábado, tras el cruce de la frontera, concluyó en la localidad brasileña de Corumbá, desde donde Pinto fue llevado en avión hasta Brasilia gracias a la colaboración del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien en persona se acercó a la localidad fronteriza para trasladar tanto a Pinto como a Saboia. Vale señalar que el PMDB es un partido político de centro que generalmente apoya al gobierno de Rousseff. En una entrevista realizada por el cruceño diario El Deber, Ferraço dijo el lunes 26 que “el senador Pinto no es prófugo. El asilo político es una decisión de la soberanía de Brasil. Este país le concedió asilo político al senador Pinto y tengo certeza de que el Gobierno boliviano va a respetar esto, el asilo político es una decisión de cada Gobierno”. Y ante la pregunta por si Pinto tuvo el apoyo del gobierno de Brasil para salir de Bolivia, no dudó en expresar que “sí, estamos apoyando al senador Pinto para que pueda dar continuidad a su asilo”, agregando con toda desfachatez que el gobierno boliviano “tiene a la Justicia en sus manos” y que el país vive “una dictadura disfrazada”.
Por su parte, el ahora ex encargado de negocios brasileño Eduardo Saboia, en la entrevista que publicó el diario Folhael pasado martes, aseguró en cuanto a la fuga que fue su decisión ya que, según él, “hubo una situación de violación de los derechos humanos. La situación se estaba deteriorando”, y que Pinto “habló de suicidio y pidió ser sacado de allí”, señalando que el jueves, el abogado del senador estuvo en la embajada para hablar con él, y que el viernes el letrado “dio un informe que mostró que (Pinto) podía suicidarse. Podría ser manipulación”, especuló, pero como no tenía forma de saberlo, decidió “que tenía que hacer algo”. Saboia también dijo que la situación personal suya se había vuelto intolerable ya que no se considera un guardiacárceles, y que, de hecho, la salida “como hubiera correspondido” de Pinto estaba congelada por ambos países.
Lo cierto es que la fuga dio lugar a grandes operaciones de prensa en Brasil, y con la ayuda de esos usuarios de las redes sociales (tan proclives y sensibles a los postulados de la derecha más recalcitrante), transformaron al ex encargado de negocios en un nuevo Don Quijote. Ante la posibilidad cierta de ser desplazado de su cargo (tal como se hizo), Saboia expresó “me entrego a Dios. Recibí mucho apoyo de mis colegas”. Su tarea ya estaba cumplida con creces.
La fuga del senador opositor boliviano Roger Pinto de su asilo en la embajada brasileña en La Paz hacia Brasilia fue planificada al detalle, pero mantenida en máxima reserva. De esto ya no caben dudas, y ya no resulta curioso encontrar en la prensa brasileña que con esta acción se muestra el agotamiento del gobierno de Dilma Rousseff. El martes estaba previsto que Pinto visitara el senado brasileño e hiciera una rueda de prensa, pero la renuncia del canciller Antonio Patriota fue una señal clara de mejor no hacerlo y que lo más conveniente fuera llamarse a silencio.
Ruptura de la cadena de mandos. La renuncia del titular de Itamaraty, Antonio Patriota, presentada el lunes, fue aceptada sin pestañear por la mandataria Dilma Rousseff, con lo cual quedaba evidenciado el descontento de la titular del Planalto con la llegada a su país del no tan ilustre Roger Pinto, como los medios y la oposición de ese país quisieron mostrarlo. En una ceremonia realizada el martes en Brasilia, Dilma dijo que fue “inaceptable” que Pinto hubiera sido expuesto a riesgos al salir de la embajada sin un salvoconducto del gobierno boliviano. “Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a quienes tiene que garantizar la seguridad, sobre todo su integridad física. Brasil jamás podría aceptar en ningún momento, sin salvoconducto del gobierno de Bolivia, poner en riesgo la vida de una persona que estaba bajo su cuidado”, manifestó Rousseff, contrariando también a Saboia, quien había dicho que las condiciones de detención en la embajada se asemejaban a las del Doi-Codi, órgano de represión de la dictadura brasileña. “No hay ninguna semejanza, yo conozco el Doi-Codi, estuve en el Doi-Codi, sé lo que es”, dijo Dilma, asegurando que “es tan distante el Doi-Codi de la embajada brasileña en La Paz como es distante el cielo del infierno”. Por su parte, el ministerio brasileño de Defensa informó el martes que “en ningún momento” fue informado del plan de fuga de Pinto. “Ninguna autoridad brasileña en el ministerio de Defensa fue consultada o conocía del viaje antes de que el señor Roger Pinto hubiera entrado a territorio brasileño”, indicó el ministerio en un comunicado. Las primeras respuestas del gobierno de Rousseff fueron nombrar a un nuevo canciller, y la responsabilidad recayó sobre Luiz Alberto Figueiredo, quien se desempeñaba como embajador ante la ONU. A su vez, el martes el gobierno ordenó la conformación de una comisión especial para investigar la salida de Bolivia del senador y los pormenores de su traslado. La Contraloría de ese país inició una investigación, liderada por Dionisio Carvalhedo Barbosa, asesor de esta entidad, para conocer los detalles del operativo, que aparentemente se dio por decisión unilateral de Saboia.
En tanto el jefe de la Procuraduría General de Brasil, Luís Inácio Adams, explicó que Pinto tendrá que solicitar otra vez asilo para poder quedarse en ese país, ya que “el asilo diplomático es de carácter provisional”, por que lo que el senador boliviano necesita ahora un asilo político, de carácter permanente.
El miércoles Evo rompió el silencio, que venía sosteniendo desde el día de la fuga y pidió al gobierno de Brasil que devuelva a Pinto, ya que con semejante huida demostró no ser más que “un delincuente confeso”, y que si el caso estuviese en sus manos concertaría un encuentro en la frontera para devolver al prófugo. A su vez el mandatario aseveró que es muy importante que Brasil explique el porqué de este operativo de rescate.
Ante las expresiones del dignatario andino, el miércoles, la presidenta Dilma Rousseff se comunicó telefónicamente con Evo para acordar una reunión bilateral para tratar el tema Pinto. La misma tuvo lugar el viernes en Paramaribo, sede de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en Surinam. El canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo informó tras la reunión de mandatarios, que “la presidenta Dilma mostró al presidente Evo su repudio por el episodio de la salida del senador Pinto de Bolivia”, asegurando que en la reunión que duró al menos una hora con quince minutos, Rousseff aseguró que su gobierno no tenía conocimiento del plan de fuga del senador boliviano, que estaba refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, ratificando que ese incidente no afecta de ninguna manera las relaciones bilaterales entre ambos países.
Por otra parte, Figueiredo informó que Bolivia aún no envió la solicitud de extradición de Pinto, pero anticipó que, en caso de que se hiciera efectivo, el Tribunal Supremo de Brasil determinará si es procedente o no.
Las últimas informaciones indicaban que Pinto buscaría refugio en otro país, ya que según su abogado Fernando Tiburcio la solicitud de refugio a la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia, puede tardar varios años, dijo, agregando que los países a los cuales se podría trasladar “o bien tienen frontera con Brasil o bien están unidos por vuelo directo”.
En tanto el jefe de la Procuraduría General de Brasil, Luís Inácio Adams, explicó que Pinto tendrá que solicitar otra vez asilo para poder quedarse en ese país, ya que “el asilo diplomático es de carácter provisional”, por que lo que el senador boliviano necesita ahora un asilo político, de carácter permanente.
El miércoles Evo rompió el silencio, que venía sosteniendo desde el día de la fuga y pidió al gobierno de Brasil que devuelva a Pinto, ya que con semejante huida demostró no ser más que “un delincuente confeso”, y que si el caso estuviese en sus manos concertaría un encuentro en la frontera para devolver al prófugo. A su vez el mandatario aseveró que es muy importante que Brasil explique el porqué de este operativo de rescate.
Ante las expresiones del dignatario andino, el miércoles, la presidenta Dilma Rousseff se comunicó telefónicamente con Evo para acordar una reunión bilateral para tratar el tema Pinto. La misma tuvo lugar el viernes en Paramaribo, sede de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en Surinam. El canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo informó tras la reunión de mandatarios, que “la presidenta Dilma mostró al presidente Evo su repudio por el episodio de la salida del senador Pinto de Bolivia”, asegurando que en la reunión que duró al menos una hora con quince minutos, Rousseff aseguró que su gobierno no tenía conocimiento del plan de fuga del senador boliviano, que estaba refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, ratificando que ese incidente no afecta de ninguna manera las relaciones bilaterales entre ambos países.
Por otra parte, Figueiredo informó que Bolivia aún no envió la solicitud de extradición de Pinto, pero anticipó que, en caso de que se hiciera efectivo, el Tribunal Supremo de Brasil determinará si es procedente o no.
Las últimas informaciones indicaban que Pinto buscaría refugio en otro país, ya que según su abogado Fernando Tiburcio la solicitud de refugio a la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia, puede tardar varios años, dijo, agregando que los países a los cuales se podría trasladar “o bien tienen frontera con Brasil o bien están unidos por vuelo directo”.
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