Colombia. El campesinado como toque de atención para Santos

En la Cordillera Oriental colombiana se ubica la región de Catatumbo, en donde grupos de campesinos llevan adelante desde hace 40 días una protesta territorial con el gobierno.

Ubicada al noreste del Departamento de Norte de Santander, está ubicada la región del Catatumbo, más precisamente en la zona de la Cordillera Oriental colombiana. Es una rica y extensa comarca que lleva su nombre por el río que la atraviesa. Además de montañas, el lugar cuenta con un extenso bosque y áreas de cultivo. Muchos intereses confluyen en el lugar: megaproyectos de cultivo de palma aceitera; importantes reservas de petróleo, carbón y uranio que existen en el subsuelo de la región, a lo que se suman cultivos de coca y rutas del narcotráfico y el contrabando a través de la zona cordillerana. Históricamente fue una zona de acentuados conflictos armados tanto por parte de las guerrillas de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y también del casi desaparecido Ejército Popular de Liberación (es el único lugar donde sobrevive), como también por parte de bandas paramilitares. Es por esta razón que los reclamos que los campesinos del lugar vienen desarrollando desde hace más de cuarenta días, resultan algunas veces minimizados o puestos en duda tanto por la prensa como por el gobierno, haciendo de los mismos una interpretación casi conspirativa de lo que allí sucede. O se tilda a los grupos guerrilleros de estar detrás de los reclamos, o se habla de cierta incidencia de las Águilas Negras, grupo paramilitar que volvió a rearmarse tras la desmovilización en 2005 del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fuera liderado por Salvatore Mancuso, posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2008.
En la región, el gobierno, a través de las fuerzas militares, viene desarrollando un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos. Esto hizo que los campesinos comenzaran sus protestas argumentando que no tienen otros productos con qué reemplazar la hoja de coca, y también porque el transporte que se realiza por las precarias vías de la región, limítrofe con Venezuela, encarece la producción agrícola. Todo comenzó con un bloqueo pacífico en la vía Tibú-Cúcuta, pero en poco tiempo logró generalizarse por diferentes sitios de la región, alcanzando en algunos casos, inusuales ribetes de violencia debido a la represión realizada por el ejército. Cayeron ya cuatro campesinos y hay decenas de heridos por armas de fuego, a lo largo del conflicto.
Los campesinos del Catatumbo reclaman que se constituya en el área una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y que por tanto el Estado apoye iniciativas relacionadas a proyectos productivos en esa región, para poder reemplazar los actuales cultivos de coca por otros. Vale subrayar que las ZRC, de acuerdo a la Ley 160 del ’94, deben servir para recuperar comunidades rurales arrasadas por los paramilitares y fortalecer las existentes en esas zonas, para que nazca de ahí una clase media rural. Se trata, siempre de acuerdo a esta ley, que las tierras continúen en manos campesinas e impedir su venta, permitiendo a su vez que esos campesinos organizados en activas comunidades acuerden con el Estado su inclusión en las políticas públicas. En los hechos, esta ley no se cumplía, hasta que a partir de 2010 fue nuevamente reactivada.
“Hemos aguantado 70 años de abandono, soportamos la represión paramilitar, pero seguimos en nuestra resistencia campesina”, le aseguró al diario El Tiempo José del Carmen Abril, presidente de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo). Lo expresado por el referente agrario no son palabras vacías, ya que en 1999, es decir 5 años después de haberse sancionado la ley que promulgaba la creación de las ZRC, se inició en el Catatumbo una feroz campaña de los paramilitares.
En mayo de 1999, Rodrigo Tovar Pupo (a) “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte de las AUC, desde el sur del César, y Salvatore Mancuso, desde Córdoba y Magdalena Medio, dieron inicio a una cruzada de muerte hacia el Catatumbo para derrotar supuestamente a la guerrilla enquistada en la región. Esta cruzada de los paramilitares se extendió a 30 de los 40 municipios de Norte de Santander y, según la Fundación Progresar, citada por el diario El Espectador ”entre 1999 y 2006 produjo 12.000 asesinatos, cerca de 200 masacres y, de acuerdo con Acción Social, 80.000 personas desplazadas. Actualmente, si bien es cierto que la violencia disminuyó en algunos casos, los crímenes selectivos y la extorsión a comerciantes siguen a la orden del día”.
Para zanjar el conflicto ya hubo diversos acercamientos de altos funcionarios de gobierno, e incluso el pasado fin de semana quien realizó el intento fue el vicepresidente Angelino Garzón, pero las negociaciones siguen trabadas, ya que para las asociaciones campesinas, los enviados por el gobierno no tienen ningún poder de decisión al respecto.
Para algunos analistas este conflicto está poniendo a prueba en el terreno concreto las negociaciones de paz que el gobierno y las FARC vienen llevando adelante en La Habana. Mucho más si se tiene en cuenta que el primer preacuerdo fue la firma conjunta del primer punto de la agenda de debate, que es precisamente el tema rural. Si bien –de acuerdo a las pautas de dicho proceso– lo que sucede en el terreno de combate se encuentra por fuera de las negociaciones, habría que precisar que lo que viene aconteciendo en el Catatumbo, no debería ni por asomo ser encasillado como tal, ya que los que vienen llevando adelante los reclamos son los campesinos del lugar, aunque desde algunos medios se sostenga que la Asociación Campesina del Catatumbo se encuentre permeada por la guerrilla. Y en todo caso, aunque esto fuera cierto, los métodos que están llevando adelante los campesinos consisten en actos y formas de reclamo, propios de lo que es una organización social, y no los de un grupo armado.
El pasado lunes, tras la fallida intentona de Angelino Garzón, la Ascamcat emitió un comunicado público de 6 puntos que fue realizado tras una consulta hecha a todas las bases campesinas que protestan sobre la vía Tibú - Cúcuta. Allí la asociación expresaba que las protestas se mantendrán hasta que el gobierno llegue a acuerdos reales y efectivos que solucionen la emergencia social y económica del Catatumbo. En el punto 3 se da por sentado que “Ascamcat se reitera en su propuesta de distensionar los bloqueos con caravanas alimentarias, humanitarias y comerciales, a partir del día martes, con la condición de que el gobierno se comprometa a llegar inicialmente a dos acuerdos, sobre una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y sobre el subsidio para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca”, mientras que en el punto 5 se subraya que “en caso de que el gobierno opte nuevamente por la salida violenta y la represión” reiteran “que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente Santos y de su gobierno” por lo cual “el presidente debe prohibir de manera expresa a la fuerza pública disparar armas de fuego contra la población civil que protesta, como ya ocurrió con el asesinato de 4 campesinos a manos de el ejército y la policía en Ocaña”.
Por su parte el presidente Juan Manuel Santos, dijo el martes que no cederá ante las presiones ejercidas por los campesinos del Catatumbo, asegurando que “a la fuerza no habrá zonas de reserva campesina”, ya que si bien el gobierno tiene la disposición para acordar programas con los campesinos, “otra cosa, muy distinta, es tratar de cooptar el descontento justificado del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social para, por vías de hecho, intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre el territorio”. Santos consideró que los trabajadores del campo buscan imponer las zonas de reserva campesina “a la fuerza”, y que ese es un hecho que no permitirá “por ningún motivo”.
“Las Zonas de Reserva Campesina tienen un procedimiento legal para su creación y no se pueden imponer por la fuerza”, enfatizó el mandatario haciendo un pedido expreso a que se levante el paro campesino ya que a su juicio, “no hay ningún motivo para continuarlo”.
El problema principal del entredicho entre el gobierno y los campesinos pareciera correr por otros carriles, y es por esto que algunos analistas sostienen que lo que está aconteciendo en el Catatumbo obedece en primer lugar a diferencias sustanciales en cuanto a cuál debiera ser la matriz productiva de la región. Desde su asunción en 2010, el presidente Santos propuso como política las cinco locomotoras del desarrollo entre las cuales una es la minería. Teniendo en cuenta la abundancia de carbón en el subsuelo regional, y las grandes reservas de petróleo y uranio, el objetivo central del gobierno sería el de desarrollar proyectos extractivistas, y para hacerlo las zonas rurales serían un obstáculo a sortear.