Bogotá- El alcalde Petro, en la mira

Colombia.

Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá enfrenta golpes cruzados.

El actual proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC está poniendo sobre el tapete las diferentes contradicciones de la sociedad política colombiana, ya que si hoy se trata en ese país de terminar efectivamente con el arduo y prolongado conflicto armado, existen intereses que sin encontrarse directamente implicados en esas negociaciones, actúan tanto a favor como en contra. El caso de la derecha (la social y la política), ligada principalmente a la oligarquía terrateniente, es el más claro ejemplo de ello, que ve que si el proceso avanzase resultaría sumamente factible la posibilidad de perder todas las condiciones que propiciaron sus principales beneficios como sector social. Si al gobierno de Santos se lo podría considerar de derecha, habría que destacar que se trata de una derecha sumamente heterodoxa, diferenciada de gobiernos anteriores del mismo signo, como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez. Abordar el complicado proceso de paz con la guerrilla es un signo inequívoco de ello, aunque vale destacar que en Colombia todavía existe una fuerte raigambre conservadora, que resiste enconadamente a que la estructura social que primó históricamente pueda ser modificada. Si bien lo principal en la resolución del conflicto es la problemática rural, ya que precisamente esta cuestión condiciona al conjunto de la sociedad, sus efectos tienen repercusión ineludible en lo que a la ciudad –y a grandes centros urbanos como Bogotá– concierne.

Petro en la mira. Durante el Foro Dilemas Jurídicos del proceso de paz, realizado en mayo en la Universidad Externado de Colombia, a pedido de FARC y Gobierno, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sugería que Colombia aún no se constituía como nación, ya que para eso era necesario un pacto social que lo posibilitara a través de una paz duradera. Petro afirmaba en ese foro que hubo en su país aproximadamente 68 procesos de paz, que propiciaron seguidamente igual cantidad de procesos de guerra, por lo cual construir la paz debiera en primer lugar cambiar la estructura del poder, debido a que, durante el prolongado conflicto, lo que se logró fue cristalizar un poder que el Alcalde considera como mafioso y criminal. La intención de llevar adelante en Bogotá una gestión diferenciada que trastoque esas reglas del poder, es lo que a Petro le está costando sostener debido a las presiones de diferentes lobbys corporativos y de sectores que lucraron con las contrataciones de obra pública. Según el Alcalde, los paramilitares lavaron su dinero a través de la contratación estatal, lo que les sirvió además para comprar la política en el país. A través de la red social Twitter, Petro señalaba que “el proyecto paramilitar produjo una fuerte articulación con la contratación estatal para lavar activos con el erario” y que “si en la ‘refundación de la Patria’ hay un sistema político al servicio de los paras, también hay un sistema de contratación a su servicio”.
“Mientras ejércitos privados controlaban territorios, las administraciones locales podían designar contratistas a dedo y lavar dólares con ellos”, aseguró el alcalde de Bogotá, agregando luego que “la compra de tierras a bajo costo y su concentración, al igual que la contratación pública y su concentración son los caminos del narcolavado de activos”, asegurando que la corrupción es parte de esta estructura ya que “la compra de la política por parte de los grandes contratistas del Estado, no es más que un capítulo de la toma mafiosa del mismo”.
A partir de una gestión que colocó a los principales servicios públicos en la esfera del Estado, y desarticulando paulatinamente los diferentes negociados presentes en las contrataciones, Petro hoy debe enfrentarse a diversos golpes cruzados.
Un antecedente necesario para comprender los hechos de corrupción en Bogotá, y que a la vez compromete seriamente a muchos de los que hoy están tras la fuerte campaña contra Petro, es lo que se denominó en 2010 el Carrusel de la contratación cuando Samuel Moreno Rojas gobernaba la capital colombiana. El escándalo se desató cuando se supo a ciencia cierta que determinados sectores políticos se beneficiaban con la adjudicación de la obra pública que se contrataba para la ciudad, y que cobraban grandes comisiones para ello. El por entonces senador Gustavo Petro fue uno de los principales artífices tanto de las denuncias como de la investigación que develaron el escándalo, a pesar de ser parte aún del Polo Democrático Alternativo (PDA) que era también la fuerza con la cual Moreno Rojas había llegado a la alcaldía. De hecho, este escándalo del carrusel salpicó a integrantes de otros partidos políticos. Además del cobro de grandes comisiones a las empresas, también lograban silenciar el por qué de las grandes demoras en la ejecución de las obras contratadas. Por ejemplo, en 2010, las negociaciones irregulares habían hecho que la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio se encontrase en un 80% de atraso (aproximadamente dos años). Por otra parte, un gran porcentaje de la obra pública estaba concentrada en un mismo proveedor, el grupo Nule, cuyo director Miguel Nule hoy es testigo clave en el juicio que se está llevando adelante por el carrusel de la contratación, y que tras el escándalo se había refugiado en Miami.
Desde principios de año, el legislador Miguel Gómez Martínez, integrante del Partido de la U, emprendió una campaña de recolección de firmas para intentar la revocatoria del alcalde Petro, a la cual sumó a diferentes organizaciones civiles muchas de las cuales no son más que “sellos” pidiendo que se haga una consulta popular para que la ciudadanía decida por la prosecución o no del mandato del Alcalde, al cual se le endilgaban varias críticas (la más relevante era la de la recolección de basura). El procurador general de Colombia Alejandro Ordóñez intentó por el mismo motivo revocar el mandato de Petro, pero sin consulta previa. El problema de la basura tuvo que ver con la acumulación de residuos, que se produjo en el traspaso de la empresa que brindaba ese servicio, a la nueva empresa de aseo estatal, y que de hecho hoy viene funcionando de forma óptima. Si bien la recolección de firmas para la revocatoria y un posterior llamado a consulta estaban previstos para los meses de mayo o junio, resultó que en la revisión de las 650 mil firmas alcanzadas se pudo constatar que las irregularidades presentes en ellas eran muy notorias: había firmas de personas fallecidas, de personas que no viven en Bogotá o, simplemente, firmas adulteradas. A pesar de todo, el miércoles, luego de haber revisado el informe entregado por el equipo de expertos grafólogos designados por Petro, los registradores distritales certificaron que las firmas válidas entregadas para solicitar la revocatoria superan el mínimo legal exigido y por lo tanto los ciudadanos podrán ser convocados a las urnas.
Y si había que sumarle una piedra más al zapato, se le agregó una demanda de pérdida de investidura para al Alcalde, presentada durante los primeros días de la semana por el concejal Orlando Parada para que sea contemplada por el Consejo de Estado. Parada es un ferviente opositor a las políticas de Petro, pero lo que resulta más curioso y llamativo es que está realmente complicado en el escándalo del carrusel de la contratación. De hecho, el consejal tendría que haber declarado el pasado 23 de julio, pero no lo hizo debido a que el abogado que lo iba a defender renunció.
Otro hecho notorio que pinta de cuerpo entero a la política de la derecha colombiana volvió al tapete tras el martes pasado ser noticia la liberación de la ex congresista Yidis Medina.

La Yidispolítica. Así se denominó al escándalo que tuvo lugar en abril de 2008 cuando la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, del partido Conservador, aseguró haber recibido dádivas oficiales para cambiar su voto a favor de la reforma constitucional que habilitó la reelección del por entonces presidente Álvaro Uribe. Yidis, que había anunciado previamente un voto en contra, sorprendió luego con su cambio, aseverando que el mismo Uribe fue quien le prometió cargos que luego no se hicieron efectivos.
Lo interesante es que, además de ser condenada por cohecho en cuanto al soborno, 43 meses después, encontrándose en prisión, le fue adjudicada una nueva causa por la cual en 2012 se le imputaron 32 años de prisión. Ahora se la acusaba también de ser cómplice de un secuestro realizado en diciembre de 2000, cuando en verdad ella había sido víctima de ese delito. El hecho confuso al final se aclaró y Medina fue excarcelada, habiendo sido su única infracción haberle dado la firma a Uribe para que fuera reelecto, ya que su rúbrica fue la que inclinó la balanza.