Ecuador. Alerta contra la amenaza militar

Rafael Correa advirtió sobre la posibilidad de un intento destituyente por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Durante su habitual y sabatino Enlace Ciudadano, en el cual el presidente Rafael Correa informa sobre la actividad gubernamental de la semana, esta vez desde el cantón Atahualpa en la provincia El Oro, el mandatario alertaba a la población el pasado 15 de junio sobre un posible intento destituyente por parte de cierta oficialidad descontenta de las Fuerzas Armadas, debido a enfrentarse el gobierno a ciertos privilegios de ese sector, que se hacen con fondos que pertenecen al pueblo ecuatoriano.
Correa reiteró su decisión de recuperar un terreno que el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) vendió en 12 millones de dólares de manera ilegítima, explicando que ese predio será utilizado para la construcción de edificios públicos en beneficio de la población, por lo cual solicitó revertir esa operación e hizo un llamado a los jóvenes oficiales a cambiar esta realidad en las Fuerzas Armadas. “Si no se devuelve este terreno tengo la capacidad de deshacer el Club y por ley todo pasará al Gobierno, no permitiré que, sin hacer nada, un Club de Oficiales tenga 12 millones de dólares que podrían significar Escuelas del Milenio para ocho mil estudiantes”, dijo Correa, agregando también que hay otras tierras que están en manos de los militares que deberán pasar a manos de campesinos, y otras que se deberán utilizar para ejecutar programas de viviendas para los soldados.
El mandatario aseguró que había recibido varias amenazas por este plan y por lo tanto le pedía a los oficiales jóvenes y a las tropas que no se dejen engañar para cometer otro eventual 30 de septiembre. Esta advertencia de Correa se produce dos semanas después de que el Ejecutivo anunciara también la modernización de las FF.AA.
Según expresara la Ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, a cargo de la reestructuración y modernización de las fuerzas armadas de su país, la actual transformación que viene llevando adelante la denominada Revolución Ciudadana, implica simultáneamente un cambio sustancial en las instituciones castrenses ya que “además de su misión fundamental de defender las soberanías y la integridad territoriales, son instituciones protectoras de derechos y libertades, que contribuyen de manera decidida al desarrollo integral de la nación”, sostuvo Espinosa, tras la firma de un acuerdo de cooperación entre su cartera y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. La misión de las fuerzas armadas en tiempos de paz será el principal pilar de trabajo, y es por esta razón que la Ministra de Defensa le presentará en breve una propuesta detallada al presidente Rafael Correa. De todas formas, el mandatario ya sostuvo algunas reuniones preliminares con Espinosa para ir interiorizándose del tema, y expresó que “se deberá analizar para qué necesitamos misiles, tanques, submarinos en esta etapa histórica. Especialmente, cuando, por primera vez, el país tiene fijados los límites territoriales con sus vecinos. Incluso, con Costa Rica, país con el cual tenemos límites marítimos”, sosteniendo luego que “se deberán estudiar los verdaderos riesgos de la nación para contar con este tipo de material bélico y luego se tomará una decisión”.
Esta propuesta viene a desarrollarse tras asumir Correa, su tercer mandato consecutivo el pasado 24 de mayo, intentando darle a las fuerzas armadas una forma cada vez más acorde a la nueva Constitución de Estado sancionada en 2008.
Si bien los nuevos tiempos del continente reclaman instituciones castrenses para la paz, y buena convivencia regional, cosa que quedó más que manifiesta durante los primeros días del mes, cuando varios mandatarios respondieron con un enérgico repudio a la solicitud del presidente colombiano Juan Manuel Santos de que su país ingresara a la OTAN, no hay que obviar que las fuerzas armadas cumplieron históricamente en el continente un rol desestabilizador de la institucionalidad democrática, y específicamente en Ecuador un estatus beligerante con respecto a países vecinos, particularmente Perú.
Tras finalizada la Guerra del Chaco en 1935, entre Bolivia y Paraguay, la mayoría de las fuerzas armadas de los países suramericanos, no realizaron enfrentamientos bélicos entre naciones. La excepción a esta regla fue la de los ejércitos de Ecuador y Perú, quienes por un antiguo conflicto limítrofe lo hicieron en la denominada Guerra peruano-ecuatoriana de 1941, la intervención armada de Ecuador en Falso Paquisha en 1981, y la Guerra del Cenepa en 1995. Otra excepción fue la Guerra de Malvinas aunque de diferente magnitud. En 1998 se firmó en Brasilia el Acuerdo Definitivo de Paz entre Ecuador y Perú y se puso fin al conflicto limítrofe.
Además, en Ecuador se produjeron golpes de Estado que instauraron dictaduras militares, las principales durante los años 1876-1883; 1935-1938; 1947; 1963-1965; 1972-1979. La crisis política de enero de 2000, que terminara con el mandato del por entonces presidente Jamil Mahuad, surgió de un movimiento integrado por un sector rebelde del ejército, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Tras el putsch, se consituyó un gobierno provisorio de Salvación Nacional, en el cual confluían el por entonces coronel Lucio Gutiérrez y el líder indígena Antonio Vargas, pero duró menos de un día, ya que a instancia de los diplomáticos de Estados Unidos, los mayores funcionarios militares ecuatorianos se ubicó al vicepresidente Gustavo Noboa como presidente, y se arrestó a los líderes de la revuelta.
Por su parte, la asonada golpista de 2010 no fue protagonizada por las fuerzas armadas, sino por la Policía Nacional, y vale señalar que a partir del lunes 3 de junio, esta última retomó el control de la seguridad de la Asamblea Nacional, en reemplazo de las Fuerzas Armadas, institución que mantuvo esta misión después de los hechos del 30 de septiembre de 2010. Según informaba el periódico digital El Ciudadano, la ministra María Fernanda Espinosa, tras la ceremonia de traspaso destacaba el papel de las Fuerzas Armadas y su profesionalismo en la protección del recinto legislativo. “A nombre del Gobierno deseo expresar un profundo agradecimiento”, dijo en ese entonces la funcionaria.

Sumak Kawsay. En el quechua ecuatoriano, estas dos palabras significan ni un mejor ni un peor vivir que el resto de la comunidad, y también eludir la prisa que lleva a querer mejorar obsesivamente el propio pasar. Vivir en consonancia con los otros y sin desvivirse por mejorarla, son los principios fundantes de lo que se denomina Buen Vivir. Como concepto, el Sumak Kawsay fue incorporado a la nueva Constitución ecuatoriana de 2008, y justamente en este principio fundante de la nueva Carta Magna, es hacia donde se apunta con la modernización y reestructuración de las fuerzas armadas, como instituciones al servicio del Buen Vivir.
La Agenda Política de la Defensa en Ecuador se elaboró en 2008, luego hubo una actualización en 2011 y “ahora estamos haciendo la nueva actualización para que empate, en el período 2013-2017, con el Plan Nacional del Buen Vivir” sostuvo la ministra Espinosa en diálogo con el diario El Telégrafo, agregando luego que “hay que entender que la actualización que se hizo en 2011 se efectuó en función de un nuevo marco constitucional, y en el que hay un punto de partida diferente: las Fuerzas Armadas dejan de ser ‘garantes de la democracia’ y pasan a ser actores que contribuyen a garantizar los derechos ciudadanos en el país” en donde tienen una función múltiple. Por una parte, el rol tradicional de la defensa de la soberanía territorial, que es parte del corazón de la función de las Fuerzas Armadas, mientras que otra responsabilidad mayor, según la ministra es “participar directamente en este concepto de seguridad integral, que pasa por la seguridad ciudadana y por una redefinición de los propios conceptos de soberanía”. Por otro lado, Espinosa señalaba que “la palabra militar es un verbo y un sustantivo a la vez, es una condición profesional y una vocación. El verbo militar es comprometerse, de militancia, en el que esa militancia es un compromiso con los destinos, el desarrollo y el bienestar del país, de las mayorías” ya que “las Fuerzas Armadas son actores que garantizan el bien común, son militantes del buen vivir” y que “empezando por eso es importante que esto se haga cuerpo dentro del pensamiento y las prácticas cotidianas de los militares”.
En el Artículo 158 de la Constitución de 2008 se señala que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, y que “las servidoras y servidores de esas fuerzas se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”.
Vale señalar que en Ecuador existe el servicio militar obligatorio a la edad de 18 años durante un período de 12 meses, mientras que tanto para mujeres y hombres es posible el voluntariado en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.

Ecuador- A quién representar y qué clase de opinión pública ser

Las recetas neoliberales llevadas adelante por cierta partidocracia, hicieron que en el continente se produjeran profundas crisis de representatividad, que afectaron seriamente la confianza de los sectores populares hacia las viejas estructuras políticas, y que el rol que anteriormente tenían fuera ocupado cada vez más por las grandes corporaciones mediáticas. Ecuador no es una excepción a esa regla, es más, a partir de la asunción en 2007 del presidente Rafael Correa en representación de la Alianza País, y tras emprender el proceso de reformas sociales y políticas denominado Revolución Ciudadana, a los primeros que tuvo en la vereda de enfrente fue a los principales medios monopólicos de información, ligados a su vez a los grandes grupos económicos concentrados y de la banca privada. A diferencia de los otros países de la región, cuando en enero de 2007 se inició la gestión de Correa, en Ecuador no existían medios estatales, y ésta fue una de las primeras necesidades a subsanar, ya que por entonces la información era patrimonio exclusivo de unos ocho grupos empresariales, que monopolizaban tanto los medios gráficos, radiales como televisivos.

La tensión entre Correa y los medios ecuatorianos no tardó en llegar, y si bien cumplidos 50 días de mandato, el presidente adquiría en la población un 90% de popularidad según una encuesta realizada por la consultora Perfiles de Opinión dirigida por Hugo Barber, por esos mismos días, tras una movilización de militantes oficialistas escrachando a diputados opositores que fueron destituidos por el Tribunal Superior Electoral (TSP), tras oponerse al llamado a una Asamblea Constituyente, la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep) emitió un comunicado que llevaba el título de “¡Intolerable!” en el cual acusaban al gobierno de ejercer un proceso de destrucción de las instituciones, manipulación del poder, de la Constitución, y de la Ley, condenando “la actitud confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún, a propiciar la división y el choque entre ecuatorianos”, señalaba el comunicado. “El 80% de editorialistas podrá decir que están en contra del gobierno, cuando el 80% y más de la gente está a favor”, señaló por entonces el jefe de Estado, preguntándose: “¿A qué representan los medios de comunicación y qué clase de opinión pública son?”, asegurando que lo intolerable “es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas”, llamando posteriormente a una movilización popular para demostrarle a los medios de comunicación “vendidos a los grupos de poder y mafias políticas que no hay retorno”. Éste era el bautismo de fuego, que marcaría no sólo la agenda en relación a la política con respecto a los medios, sino también y principalmente a las transformaciones institucionales, que se irían a producir a posteriori, como fue la reforma de la Constitución en 2008.

La ofensiva de los medios contra el mandatario Correa, siempre fue demasiado cruda e incluso despiadada, y tal vez uno de los puntos más álgidos fue un editorial escrito por el columnista Emilio Palacio para el diario El Universo, en 2011, que llevaba el título de “No a las mentiras”, en el cual Palacio además de tildar a Correa de “dictador” y a su gobierno de “dictadura”, hacía mención a que en la asonada golpista del 30 de septiembre de 2010 realizada por la Policía Nacional, Correa había “ordenado (al ejército) fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben” y que “en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal” por esas ordenes de represión. Ante este hecho, el mandatario ecuatoriano realizó una demanda penal contra Palacio, debido a que en la nota el periodista ofendía tanto su honor, su buen nombre, y su dignidad tanto personal como pública, ya que el autor del escrito lo acusaba de haber cometido delito de Lesa Humanidad. La demanda, Correa la hizo extensiva a los directores del diario El Universo, Carlos y César Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, debido a que “el Directorio está vinculado y responde en su totalidad por dirigir dicha publicación en todos sus ámbitos, por lo que los señores Pérez deberán ser declarados autores coadyuvantes del delito de injurias calumniosas…”. La Justicia imputó a todos los acusados con tres años de prisión y una indemnización de 40 millones de dólares, lo cual generó la reacción de organismos como Human Rights Watch quien a través de su director José Miguel Vivanco dijera que “las acciones del presidente Correa, destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos, constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”. De todas formas, Correa casi un año después perdonó a los acusados especificando que el perdón no conlleva “el olvido” y que su gobierno insistirá en una transformación integral del sistema interamericano de derechos humanos.

Los principales grupos empresariales de medios en Ecuador se encuentran situados principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas, y son el Grupo Egas, Mantilla, Banco de Pichincha en Quito, quienes entre otros medios cuentan con los diarios El Comercio, Últimas Noticias, Hoy, las revistas Cosas, Caras y Soho, las radios Quito, Ecuadoradio, Platinum Radio, entre otros medios, mientras que en Guayaquil se destaca el Grupo Isaías, dueño del diario Expreso, teniendo además señales de radio y TV tanto de aire como por cable. También los grupos Noboa-Febres Cordero y Pérez Castro, que cuentan con los diarios El Telégrafo, El Universo y las emisoras televisivas Maxvisión y Telesistema. Es de destacar que en Guayas la revista Vistazo, del grupo Alvarado Roca, fue la única publicación que en 2007 no adhirió al comunicado de Aedep, en contra del mandatario Correa.

El pasado viernes la Asamblea Nacional logró aprobar la nueva Ley de Comunicación, y si bien había sido presentada hacía más de 3 años aún no había podido ser sancionada debido a los bloqueos de la oposición y al lobby de los grandes grupos mediáticos locales. Se trata fundamentalmente de una regulación que permita poder multiplicar las diferentes voces que otrora fueran excluidas por las corporaciones mediáticas. Si bien la mora en la sanción, algunos pasos en relación con la desmonopolización de los medios ya fueron implementados a partir de la vigencia de la nueva Constitución de Estado, ya que como señalara el analista Roberto Sánchez en el portal de Fedaeps, a partir de la nueva Carta Magna se prohibió la inversión de los grupos financieros en medios de comunicación, lo cual fue ratificado con la consulta popular realizada en 2011. “De esta manera, Teleamazonas se vio obligada a vender sus acciones. También hay que considerar que el Estado, a través de un proceso judicial por defraudación financiera al grupo Isaías, incautó dos canales de televisión de señal abierta (TC-Televisión, GamaTV) y dos canales de cable (CN3 y CD7), que pasaron a ser administrados por un fidecomiso de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Además, paralelamente a esta nueva relación con los medios de comunicación, que antes eran intocables, entraron en funcionamiento los primeros medios públicos de la historia del Ecuador”, señalaba Sánchez en su artículo.

Tras la Constitución vigente desde 2008 se había dispuesto al Legislativo la redacción y aprobación de la ley de Comunicación, que recientemente sí pudo efectivizarse debido a la mayoría legislativa que la Alianza País logró en los últimos comicios. Esta prerrogativa, entre las novedades que contiene se encuentra un nuevo Consejo de Regulación, la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la extensión del acceso del 34% de las licencias no sólo para representantes de grupos indígenas y afroecuatorianos, sino también colectivos ciudadanos. Uno de los objetivos principales es horizontalizar lo desigual de la concurrencia mediática, generando mejores posibilidades para los diferentes medios periodísticos. Es de destacar que recientemente, Rafael Correa anunció un subsidio para todos los periodistas de pequeños medios que no llegan al salario mínimo estipulado para la profesión.

Medios colombianos rechazaron Ley de Comunicación en Ecuador

Esta vez no fue la SIP, ni alguna de esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos como HRW, sino una institución periodística de un país vecino, quien condenó enérgicamente en un editorial, la sanción de la Ley de Comunicación en Ecuador.

Bajo el título de “¿La estocada final?”, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresó sus inquietudes, por lo que consideraron “Que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa”, resulta un atropello, ya que según ellos “en Ecuador, donde su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa. Su margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le favorece es nula”.

El viernes 53 medios impresos de Colombia publicaron este editorial, en una verdadera operación de prensa, para que medios de otros países, y principalmente de Ecuador se conviertan en caja de resonancia y amplificación de los intereses de las corporaciones mediáticas.

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Pena de Muerte y/o Aborto legal. Estado e Iglesia

La Argentina no constituye un Estado laico, y si bien desde sus inicios fue concebido como un Estado Confesional, hoy no se podría decir que lo sea aunque el actual preámbulo de la Constitución contenga la frase “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.

La posibilidad o no de una ley que despenalice el aborto, y establezca el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sin dudas tiene que ver con esta heteronomía del Estado argentino con respecto a la Iglesia.

Se supone que el “No matarás” de los 10 Mandamientos bíblicos, sería un freno a la posibilidad del derecho al aborto. La paradoja surge cuando los grandes medios, que nunca plantearon la posibilidad de separar a la Iglesia del Estado, insisten denodadamente en que exista la Pena de Muerte.

Antes tendrían que plantear que el Estado debería ser laico, ya que sino sería un oxímoron.

El asesinato de Ángeles y el debate por la Justicia

En una nota para La Nación de hoy firmada por Diana Cohen Agrest y que lleva el título de Las piezas sacrificiales de la impunidad, la autora comienza preguntándose “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos con la letanía de los derechos humanos, otorgando garantías a los victimarios y desprotegiendo a las víctimas y a la sociedad toda?” Esta hablando en primer lugar del asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, un hecho totalmente aborrecible que debiera ser esclarecido y que sin dudas debiera ser condenado con firmeza, y crear en la sociedad los anticuerpos necesarios para que estas cosas no sucedan nunca más. Pero Cohen Agrest busca responsabilidades, haciendo un mix que en lugar de aclarar oscurece.

El debate por la Justicia sin dudas es problemático, cuando se intenta reformarla, se habla de destruir la independencia de la misma, pero cuando la Justicia resulta injustificable, pareciera que de hecho ya dejó de ser independiente, sino que está subordinada al poder ejecutivo.

En el discurso de Inauguración del Centro de Protección Urbana en Lomas de Zamora realizado el pasado 30 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresaba que uno de los reclamos que le hace el secretario de Seguridad Sergio Berni es que “allí (en las instituciones de la Justicia) se desbaratan bandas, se toma gente que delinque, que comete delitos contra la propiedad o contra la vida de los argentinos, y luego entran por una puerta y salen, inmediatamente, por la otra. La verdad que tenemos que hacer todos juntos un reclamo grande, que no significa dejar sin garantías a nadie, sino darle garantías a los 40 millones de argentinos de que las leyes se deben cumplir”.

Cuán diferente es el reclamo de la periodista del matutino de Mitre, que el que hacía la presidenta. Pero Cohen Agrest termina su artículo afirmando “¿Quiénes se harán cargo de estas violaciones y muertes salvajes que podrían haberse evitado con una política criminológica lúcidamente saneada? ¿Podremos alguna vez llevar a juicio a los responsables de esta ‘masacre por goteo’? ¿Podremos alguna vez sentar en el banquillo a nuestros gobernantes y jueces hermanados con los ejecutores de los tiempos oscuros? Esa voz es la ausente en la Argentina que nos duele, donde se exalta la memoria del pasado pero se silencia, obscenamente, la memoria del presente”. Ya que en su versión digital, La Nación permite comentarios, los primeros en hacerlo condenan al ejecutivo, y al enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad, pero siguen defendiendo la independencia de la Justicia. Un poco raro todo eso, ya que no se pone blanco sobre negro, sino que se confunde más. La opinión de los medios independientes, parafraseando a Freud se parece a la gruesa condensación que se realiza en el trabajo del sueño, y planteada así hay una superposición de árboles que no permiten ver el bosque.

Una breve sobre la acumulación originaria

Cuando uno lee el texto de Marx sobre La Acumulación Originaria, la sensación que produce es que esa acumulación no es simplemente el punto de inicio, aunque también lo sea, sino que ese proceso de escindir al productor de los medios de producción, es estructurante de toda la acumulación capitalista, condición de la existencia del capital, la plusvalía y su reproducción ampliada. Acaso el desplazamiento de campesinos e indígenas en América latina, cosa que aún sucede qué es sino. La apropiación de Papel Prensa durante la dictadura cívico militar, las guerras por el petróleo o las reservas naturales, e incluso la misma competencia intercapitalista obedecen sin dudas a esa misma lógica. “Los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos” señalaba el genio de Treveris.

Duhalde y Scioli juegan al ajedrez

El ex presidente interino Eduardo Duhalde volvió a abrir la boca, y dejar plantadas posiciones que no se debieran obviar, ya que si bien hoy el ex bañero de Lomas, tiene un juego político que algunos consideran como de outsider, él sigue manteniendo fluidas conexiones con sectores que hoy se suponen alineados al oficialismo. Es que en el complicado entramado que representa el peronismo, Duhalde sigue jugando con la soberbia del caudillo que supo ser, sin resignarse a que los tiempos hayan cambiado.

La entrevista que le realizara Vicente “Cholo” Ciano por LU6 de Mar del Plata, y que fuera reproducida ayer 1º por el diario La Capital, seguramente que no es ni ociosa ni inocente, mucho más sabiendo que esos medios le pertenecen al Zar marplatense Florencio Aldrey Iglesias (a) el Gallego, ese poderoso empresario hotelero, que tiene excelentes relaciones con el gobernador Daniel Scioli. Justo en un momento crucial para el destino del ex motonauta, tras recibir el jueves una dura crítica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuando algunos medios ya salieron a señalar que Scioli, rompería con el Gobierno nacional.

En la entrevista Duhalde apunta a dos flancos: uno que es pegarle al gobierno, e inclusive al ex mandatario Néstor Kirchner, y el otro que es resaltar las figuras tanto de Scioli como del intendente de Tigre Sergio Massa, enmarcándolos en un renacimiento del peronismo, hoy diferente de lo que representa el kirchnerismo.

Con un rotundo “Sí” Duhalde le respondió a su entrevistador que las denuncias de Lanata son ciertas, y que en estos últimos 10 años la corrupción superó a la de los gobiernos de Menem. Con respecto a Néstor Kirchner, el lomense dijo que lo eligió “porque era un rebelde en los momentos en que necesitábamos un rebelde” pero que se equivocó “en el personaje y no en la idea” porque pensó que era “un rebelde con sana rebeldía”, y al final no fue así. Vaya saber qué es una sana rebeldía para Duhalde, tal vez hacerse pasar por rebelde sin serlo, tal vez tendría que haber simulado rebeldía nada más.

Para Duhalde Scioli sería el más indicado para ser presidente en 2015, ya que “es un pacificador”, y según él es lo que la sociedad necesita. Vaya a saber qué película de guerra estará viendo, la de la inseguridad seguro que no, porque tanto él como Scioli saben muy bien de qué se trata ese flagelo, y justamente no son los más indicados para hablar sobre ello. El ajedrez es un juego que representa una guerra, y ahí sí, Scioli está “muy agrandadito” ya que siempre le gana a Duhalde en las partidas que asiduamente juegan entre ellos. “Últimamente me ganó un partido y me carga” dijo.

Colombia- Por la reforma rural integral

Colombia. Bajo el lema “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, se firmó el primer punto entre el gobierno y las FARC.

 

El documento conjunto afirma que los puntos acordados estarán condicionados a que se llegue a un acuerdo total en el diálogo.

Desde la mesa de negociaciones de paz establecida en La Habana, el pasado domingo 26 de mayo, tanto el gobierno de Colombia como los representantes de las FARC anunciaron la firma del primer punto de acuerdo, sobre una agenda de cinco, y si bien la línea establecida por las dos partes es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el acuerdo sobre el tema rural y agrario, que fue precisamente el punto de arranque de las conversaciones, resultaba tal vez el más árido de la agenda, y el de más difícil resolución en un virtual escenario de posconflicto.
El anuncio se realizó luego de nueve meses exactos de instalada la mesa y poco más de seis del inicio de las conversaciones formales entre las dos partes. Bajo la denominación de “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, las dos partes les entregaron el documento a las delegaciones de Cuba y Noruega para que las hagan públicas, y en donde se asegura que se han construido acuerdos sobre los siguientes temas: 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva; 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial; 3. Infraestructura y adecuación de tierras; 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral: y 6. Políticas alimentarias y nutricionales.
Según versa el documento, “el acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado” asegurando que lo que se ha convenido “será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia” y que esto estará “centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”.
La afirmación en el mismo documento de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, adquiere significación, en el sentido de que todos los acuerdos que se vayan construyendo, van a estar condicionados a que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la agenda y que también, en la medida en que se avance en la discusión se puedan ir ajustando y complementando los diferentes acuerdos, sobre cada uno de los cinco subpuntos. La aclaración de esto último cobra cierta relevancia, porque como afirma Roberto Romero Ospina en el portal Rebelión: “Se trata de aspectos muy generales ya que no se dieron a conocer los detalles de este primer pacto” ya que salvo el Fondo de Tierras propuesto por las FARC “conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico” y que fuera incluido en el acuerdo, no abundan detalles acerca de los diferentes puntos, lo que hace pensar que “existe un borrador de acuerdos donde se toca el más grave problema del campo como es el latifundio, además de la extrajerización del suelo y la propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, sugiere Romero Ospina. El debate sobre el latifundio resulta sustantivo porque tal como expresara Pablo Catatumbo, uno de los hombres fuertes de las FARC, en una entrevista realizada por la periodista María Jimena Duzán para la revista Semana el pasado 25 de mayo, éste señaló que “el latifundismo es lo que históricamente nos ha llevado a la guerra. Este conflicto comenzó cuando López Pumarejo dijo que los campesinos tenían derecho a su tierra e inmediatamente el poder terrateniente se le vino encima. Ahí empezó la guerra”. La controversia podría surgir a partir de lo expresado por el jefe de la delegación del gobierno colombiano en La Habana, Humberto de la Calle quien dijera tras la firma del acuerdo que “todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer”. Por su parte, el lunes el presidente Santos avaló el primer acuerdo de la agenda enfatizando que se trata de un “salto cuantitativo y cualitativo” para el uso de la tierra, y que los poseedores de tierras adquiridas de manera legitima “no tienen nada que temer”.
Si se tiene en cuenta que en Colombia existe una poderosa oligarquía que se enriqueció con el desplazamiento de campesinos e indígenas, apropiándose de tierras que además fueron las principales zonas de acción para el despliegue del bandas paramilitares y del narcotráfico, la expresión “manera legítima”, en boca del mandatario cobra singular importancia, y debe retumbar en los oídos de todo ese sector que hoy se ve representado por el ex presidente Álvaro Uribe. No es ocioso recordar que en los años ’90 Uribe figuraba en una lista elaborada por los Estados Unidos, como uno de los narcotraficantes más peligrosos de América latina, ubicándolo en el puesto 82º, mientras que en el lugar 79º figuraba el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, fundador y líder del poderoso Cartel de Medellín. A través de la red social Twitter, Uribe señaló que el gobierno legítima al terrorismo como interlocutor para negociar el futuro del campo, calificando como inaceptable que el modelo del campo colombiano se negocie con el narcoterrorismo. “Terroristas de las FARC asesinan a nuestros soldados y policías y el Gobierno Santos los premia con un acuerdo sobre el agro”, dijo el ex mandatario en la red social, asegurando que el actual presidente fue elegido para combatir a los terroristas, pero ahora los realza como interlocutores políticos válidos. Vale señalar que el combate contra el denominado “terrorismo” fue la principal artimaña de todo un sector oligárquico colombiano, para mantener sus privilegios, dejando intacta la estructura agraria colombiana, constituyendo así la matriz principal de la dependencia tanto militar como económica, y generando signos inequívocos de superlativa desigualdad social.
Si bien un Uribe sabe muy bien a lo que se opone y qué es lo que defiende, ya que de implementarse esta reforma rural su sector se vería realmente afectado, el presidente Santos, que sin lugar a dudas también es parte de una fracción de las clases dominantes colombianas, da la sensación de haberse tomado muy en serio esto de convertir a su país en una nación capitalista más desarrollada y moderna, en donde todos los resabios de un retraso casi feudal son inequívocos obstáculos para ello. Vale señalar que el actual mandatario propuso desde el inicio de su gestión llevar adelante “las 5 locomotoras para el desarrollo” que son: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. La firma del acuerdo del primer tema de la agenda de La Habana coincide con una de las locomotoras, pero se enlaza a otras como las referidas a infraestructura, vivienda e innovación. Seguramente que el proyecto de Santos no es el mismo que el de las FARC, no tendría por qué serlo, lo que sí se debiera lograr es que la guerrilla pueda insertarse en la vida política de Colombia, en las mejores condiciones, para proponérselo a la sociedad, y justamente ése es el segundo punto de la agenda que se iniciará el próximo 11 de junio: Participación política.
El acuerdo del 26 se produjo un día antes de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden al país neogranadino, quien tras reunirse con Santos le expresó su satisfacción por el Proceso de Paz, mientras que desde Bolivia los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro de Venezuela, de visita en el altiplano, se pronunciaron el mismo 26. “Nos llena de gran alegría”, dijo Maduro agregando que “Chávez soñó con la paz en Colombia y creo que vamos a ver su sueño hecho realidad”, mientras que Evo felicitó a Santos asegurando que “con paciencia y esfuerzos llegó el acuerdo. Histórico, inédito”.
Por su parte el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño señaló que es “muy buena noticia que el gobierno colombiano y las FARC hayan superado el primer tema del diálogo de paz, el agrario”.

Cordobazo après-coup

Qué decir del Cordobazo que no se haya dicho, e incluso que uno mismo, no haya ya escrito, en años anteriores para la misma fecha. Los acontecimientos sucedidos, el contexto político y social de entonces, la incidencia fundamental de los trabajadores, el inicio de una nueva etapa…

Quiero escribir sobre el Cordobazo, pero saliéndome de todo eso, y si lo hago en primera persona, es porque me cuesta salirme de mi mismo para poder hacerlo. Cuando aconteció, tenía 15 años y estoy seguro que la significación del mismo me llegó après-coup, no más de dos años después. Fue cuando además comenzó mi militancia, el mismo año que se produjera el segundo estallido cordobés, que llevó el nombre de Viborazo, y cuando también en la ciudad mediterránea emergían con fuerza los sindicatos clasistas de Sitrac- Sitram. Los trabajadores de las Fiat Concord y Materfer de Ferreyra alineados a dichos sindicatos no fueron de la partida en el mayo del ’69, pero igual que muchos, fuimos el emergente de esas jornadas que en la Argentina abrían un escenario político inédito e irrepetible. 

El Cordobazo era el primer ensayo insurreccional que hacían las masas obreras y populares, para alcanzar la Revolución triunfante. Era nuestro 1905, ese que para Lenin fue la marca indeleble para llegar al Octubre del ’17. El Cordobazo fue eso que hiciera de las masas, nuestro sujeto- supuesto- saber, y que a partir de ahí la Revolución estuviera casi a la vuelta de la esquina.

Hoy a la distancia, mientras escucho un tema de Jimi Hendrix, pareciera que tanto esa melodía, también de ese tiempo, como la subjetividad que emanaba del Cordobazo fueran parte de un sueño del que uno no quisiera despertar. De hecho ese sueño prosigue en la vigilia, aunque con los años uno se haya vuelto más racional y escéptico, sin perder el optimismo de la voluntad. Ese après-coup sigue siendo para mí, indefinidamente, el retorno de lo reprimido.

Colombia- Un año por delante de idas y vueltas electorales

Colombia. Los precandidatos a las elecciones presidenciales de 2014 juegan todas sus cartas para establecer alianzas y frentes que los coloquen en el poder. Mientras tanto, tambalea el proceso de negociaciones con las FARC.

Camino sinuoso. La agenda electoral está marcada por las negociaciones de paz con las FARC.

Durante la semana pasada se cumplieron seis meses del inicio formal del proceso de paz en Colombia, que viene sosteniendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones establecida en La Habana. El mismo genera entusiasmo desde ambas partes a pesar de cierta lentitud, lo que debiera considerarse natural y verosímil, ya que se trata de resolver un problema que data de varias décadas. Y si bien este proceso despierta simpatías en las diferentes naciones suramericanas, e inclusive recibió la bendición del Papa Francisco, cuando éste recibió a Santos en el Vaticano, pareciera que su futuro dependiera más de las contiendas sectoriales al interior de Colombia, que es donde se viene dando una difícil y entramada partida de ajedrez político que podría hacer tanto fracasar el proceso como llevarlo a buen término.
Si se pensara que un conflicto armado que data de sesenta y cinco años fuera el resultado de la malicia y del capricho de quienes se enfrentan, entonces la solución al mismo indudablemente tendría que ser el aniquilamiento de una de las partes por parte de la otra o, en todo caso, que uno de los contendores se arrepienta arrodillándose ante su enemigo y que, a pesar del gesto, sea pasado igualmente por la guillotina, tras firmar previamente que acepta que su destino será el Averno. Sin dudas un conflicto no es parte de pensamientos mágicos ni hechos fantásticos, aunque una de las partes para legitimarlo, intente hacerlo pasar por eso. El conflicto armado colombiano tiene importantes sellos tanto geopolíticos como geoestratégicos, y es por esta misma razón que no debiera ser un tema menor en la agenda suramericana, en un tiempo donde el continente intenta plantarse ante el tablero global de una forma que nunca antes pudo hacerlo.
Por su situación geográfica, Colombia es la entrada por tierra al continente, y en un abanico que va desde el Atlántico al Pacífico, incluyendo a Venezuela, forman el límite sur de lo que para la geopolítica de los Estados Unidos resultaba su primer radio de influencia en el patio trasero, teniendo como límite norte al Río Bravo. Pero también por sus condiciones orográficas, la presencia de una cordillera duplicada que dificulta la comunicación entre regiones, más una extensa y frondosa selva en la región amazónica, todo eso ha exacerbado la diferencia entre lo urbano y lo rural, haciendo del último el sitio donde se diriman las principales contradicciones del espacio privado, convirtiendo a la ciudad en una simple caja de resonancia en donde el espacio público, como siempre, fuera algo completamente reducido y sujeto a la supremacía de los grandes intereses corporativos tanto nacionales como de los que responden a la rapiña imperial. En esas desigualdades sociales y geográficas es donde se desarrolló el conflicto armado, dando lugar a enclaves de la guerrilla, al igual que de diferentes grupos irregulares como paramilitares y narcotraficantes. Y es, a su vez, donde una oligarquía de estilo casi mafioso se enriqueció, tanto con el desplazamiento de campesinos e indígenas como formando parte de negocios ilegales.
El primer punto de la agenda de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla no podía ser otro que el tema rural. Y a seis meses de iniciado el proceso, si bien aún hoy no hay acuerdos plenos, ninguna de las dos partes siente inconformidad por lo alcanzado, y existe en ambas la predisposición a proseguir. Es la derecha más retardataria, encarnada principalmente en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la que intenta sabotear por diferentes formas el proceso de paz para que nada cambie en Colombia y que los sectores corporativos a los cuales representa mantengan sus antiguos privilegios e incluso ciertas cuotas de impunidad. Por su lado, tanto el sector político en el que se apoya el presidente Santos como las diferentes alas del progresismo y de la izquierda, ya vienen tejiendo diversas estrategias para que el proceso no se detenga, intentando neutralizar a la ultraderecha, y teniendo en cuenta que el año entrante serán las próximas elecciones presidenciales, y donde a su vez se renovarán mayorías legislativas.

El tablero político. Hace poco más de una semana, el presidente Santos expresó que desearía que sus políticas sean reelegidas. Una forma elíptica de manifestar su deseo de ir por la reelección, y de hecho revivió la Fundación Buen Gobierno que fuera fundada por él mismo en 1994, con la intención de convertirla en una asociación que promueva centros de pensamiento donde reconocidos dirigentes políticos e intelectuales se den cita, no sólo para debatir los principales problemas el país, y plantear posibles soluciones desde una perspectiva independiente y académica, sino que sirvan también como plataforma para la defensa de ideologías y programas de gestión. Buen Gobierno se convertiría en la principal usina para la reelección del mandatario, y en ella ya forman parte el ex ministro estrella del actual gobierno Germán Vargas Lleras, el general (r) Oscar Naranjo y la ex titular de la Unasur María Emma Mejía, entre otros. Esta posibilidad que se plantea desde el oficialismo, no parece asustar más que a la extrema derecha, ya que desde La Habana el dos de la guerrilla y actual negociador por las FARC Iván Márquez expresó que “necesitamos tiempo para construir un buen tratado de paz”, por lo que la posibilidad de que el presidente Santos se presente a una reelección es una circunstancia que “libera de presiones innecesarias” los tiempos del proceso. Otro jefe fariano, Rodrigo Granda, dijo que “la Constitución, modificada en un articulito para la reelección de Uribe, permite que se reelija” y que Santos “está en su pleno derecho”.
Si bien Santos fue elegido en 2010 por el partido de la U, hoy esta fuerza se encuentra dividida entre los que lo apoyan y los que son proclives a seguir al ex presidente Uribe, por lo cual, una de las estrategias que maneja el mandatario y que se encuentra en estado sumamente avanzado es sumar al Partido Liberal –del cual formaba parte– y a Cambio Radical. De hecho, Vargas Lleras es parte de este último agrupamiento. Otra variante para los comicios del año entrante es la posibilidad de que el progresismo y la izquierda, a través del llamado a una consulta constituyan un gran frente. Tanto el Movimiento Marcha Patriótica en el cual revista la ex senadora Piedad Córdoba, el Movimiento Progresistas del alcalde bogotano Gustavo Petro, el partido Visionarios del ex candidato presidencial Antanas Mockus, y País Común, que tiene como vocero al líder indígena Feliciano Valencia son parte de ese posible frente. Y si bien a pesar del movimiento revocatorio que viene desarrollando la ultraderecha, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro sería el más indicado para ser el candidato presidencial de esa coalición, desde su entorno ya se deslizó que Petro sería candidato recién en 2018. Por su parte, el nuevo secretario de gobierno de Bogotá, el experimentado Guillermo Jaramillo, expresó en una entrevista realizada por el portal OlaPolítica, que siendo Progresistas una fuerza minoritaria debiera tejer alianzas con sectores que excedan el espacio de la izquierda, y en ese sentido se refirió tanto a Cambio Radical como al mismo presidente: “Santos necesita a Petro, tanto como Petro necesita a Santos. Si hay una Unidad Nacional con el Partido Liberal, con Cambio Radical o con la U, tenemos que entendernos con las gentes que apoyan a Santos, porque todos queremos la paz y la reconciliación de Colombia”, expresó Jaramillo agregando que los progresistas tienen total claridad de que deben “defender el gobierno del presidente Santos, porque así defendemos la democracia, para que los de izquierda podamos tener una oportunidad en Colombia”.
Mientras tanto, la ultraderecha, encarnada por Uribe, viene desplegando una activa campaña que va desde el intento por revocar a Petro, como revelar públicamente las coordenadas de una zona desmilitarizada por donde guerrilleros de las FARC iban a ser llevados a La Habana. Todavía no se sabe quién será el candidato presidencial, pero lo que sí barajan es llevar a Uribe a la cabeza de una lista, con la intención de meter 30 cupos en el Senado. La principal apuesta del progresismo colombiano para 2014 pareciera ser hacerle a la derecha un fuerte contrapeso en el Congreso, más que jugarse a una candidatura presidencial.

204 años de Chuquisaca- Primer Grito Libertario de América

Si bien el 25 de Mayo es la fecha de las jornadas revolucionarias de 1810 en Buenos Aires, un momento clave para el inicio de la emancipación, poco es tenido en cuenta que un año antes, en la misma fecha se produjo en el Alto Perú, la rebelión de Chuquisaca.

El Alto Perú, hoy parte de Bolivia, hasta 1776 fue parte del Virreinato del Perú, pero a partir de ese año que es cuando fue creado el Virreinato del Río de la Plata, toda esa región pasó a formar parte de la órbita que tenía sede en la ciudad del Buen Ayre. Por esta misma razón no es ocioso recordar esta gesta producida en 1809, y que para muchos historiadores está considerada como el Primer Grito Libertario de América.

Chuquisaca hoy es Sucre, la capital administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia, y es donde en aquel tiempo funcionaba la Real Audiencia de Charcas y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier. Con una población de aproximadamente 15 mil habitantes, unos 800 eran estudiantes que provenían de diferentes lugares del Virreinato del Río de la Plata, y justamente entre ellos surgiría una masa crítica de activistas revolucionarios que serían los que formarían parte de la vanguardia de la rebelión del 25 de Mayo de 1809, como también de todas las acciones posteriores del proceso idependientista. En la Universidad de Chuquisaca tanto Mariano Moreno como Juan José Castelli conocieron los ideales del Revolución Francesa. Moreno leyó ahí El Contrato Social de J.J. Rousseau, y también conoció las ideas de Voltaire, Montesquieu y Diderot.

Si bien muchos de los cuadros revolucionarios del mayo porteño de 1810 se formaran en Chuquisaca, es válido señalar que en la rebelión de 1809 uno de los principales agitadores fue el tucumano Bernardo de Monteagudo, quien no fuera parte de las jornadas de 1810, pero que luego sí se sumara al proceso emancipatorio, siendo parte del Ejercito revolucionario de San Martín, para luego en el Perú ser también un colaborador efectivo de Simón Bolívar.

Hoy se cumplen 204 años del Primer Grito Libertario de América, un proceso que aún sigue abierto para alcanzar la emancipación definitiva.

Lo nuevo y lo viejo. Tanto en Bogotá como en la Argentina

Mientras en Colombia, la posibilidad de una gobernabilidad progresista o de izquierda, es algo que todavía no tiene un piso asegurado, uno se da cuenta que en países como la Argentina, un síntoma como el señalado pareciera ser parte del pasado. Pero cuando se examina tanto el intento de revocatoria que está padeciendo el alcalde bogotano Gustavo Petro de notable corte progresista, quien viene llevando adelante una gestión que podría ser modelo, y no sólo para su país; y a esto uno lo relaciona con la mayoría de las gestiones tanto provinciales, como municipales en nuestro país, la primera sensación que da, es que el esquema se invirtiera y que el piso logrado en una década, en cuanto al trazo general de la política nacional, no alcanza a tener la suficiente correspondencia en los trazos pequeños, que es donde también se dirimen las relaciones de fuerza entre lo nuevo y lo viejo.

En Colombia la ultraderecha no tolera signos progresistas, e intenta destruirlos combinando todas las formas de lucha, tal como les gusta decir, pero de todas formas hoy Bogotá se convirtió en muy poco tiempo en un símbolo de lo que los diferentes gobernantes locales suramericanos debieran hacer. Un modelo de gestión en cuanto a la planificación urbana, la seguridad, el transporte, pero también hechos emblemáticos como suprimir las corridas de toros y convertir al predio en una plaza para la cultura. El tratamiento ambulatorio de los drogadependientes, el desarme, el cuidado del medio ambiente, Basura cero, hacen hoy una Bogotá diferente, y es en ese punto donde uno ve que solamente: es necesario estar en los detalles y tener la voluntad de hacer con ellos todo lo que mejore considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos. Sin dudas la derecha eso no lo perdona, ya que eso afecta sus negocios. La derecha necesita muy poca transparencia y condiciones favorables para sus actos de corrupción. Eso es parte de lo viejo.

En la Argentina llevar adelante una gestión local modelo, o generar alternativas progresistas, no son más que tareas necesarias para que tras una década de cambio de signo, éste pueda profundizarse en lo cotidiano. Hablar de una década ganada no debe resultar una palabra vacía, sino el aprovechamiento integral de esas condiciones para seguir generando lo nuevo.

La muerte del genocida

La muerte del dictador genocida, en primer lugar a uno le produce reacciones espontáneas como decir que fue un gusano, que si Satanás existiera lo recibiría en el Averno; pero eso es lo espontáneo, casi como suponiendo que él fue el Malo, separando  de esa forma Bien y Mal tal cual lo hace el sentido común, la ideología dominante. 

Obviamente no hay que dejar de putearlo, ni escatimar esfuerzos para que haya Memoria, Verdad y Justicia, pero hay que saber que Videla hizo lo que él pensaba que era correcto, él se puso a la cabeza de la defensa de la más rancia ideología oligárquica argentina, de los intereses de su clase, no traicionó a nadie. Asesinó o mando asesinar creyendo que era lo necesario, y por eso nunca se arrepintió. Al enemigo no hay que subestimarlo, hay que observarlo, conceptualizarlo, encontrarle sus flancos débiles sabiendo cuáles son los fuertes. Sino, no morirá nunca, y la batalla del Pueblo por su emancipación sería una simple quimera.

Confesiones de otoño

Arriba: Mi viejo y mi tío- Abajo: yo junto a mi abuelo, mi abuela, mi vieja y mi hermana

Esto va a título personal, y por esa misma razón va escrito en primera persona.

Anoche la alarma me despertó en el medio de un sueño. Mala suerte ya que estaba hablando con alguien que en vida no podría hacerlo. Mi tío Mariano falleció hace más de treinta años, y tenía muchos menos años que los que yo tengo ahora. Apenas 49, tenía, pero con una historia que me marcó de por vida. No era cualquiera, fue mi padrino y el hermano menor de mi viejo. Se llevaban sólo 1 año de diferencia. Mi segundo nombre coincide con el de él: ambos en ese ítem somos Julián.

Nacido en el ´31, él fue un militante. El  17 de Octubre del 45 lo tuvo con apenas 14 años, pero después del ’55 quiso defender lo que el pensaba correcto, sumándose al legendario caudillo peronista de Berisso, Alberto Proia, intentando tomar el 7 de Infantería de La Plata. Acto fallido sin dudas.

Desde niño, nacido en el ’53, mi primer recuerdo infantil son los estruendos de bombas del ’55 cuando los gorilas derrocaron a Perón. Estoy hablando de Berisso, lugar aledaño a la destilería YPF, posible de ser bombardeada, y que además fuera la cuna del movimiento peronista ya que desde aquí salió el emblemático Cipriano Reyes. Los que me conocen saben que no soy peronista, pero que sí soy de cuna de ese palo. Mi infancia fue peronista. En la casa de mis abuelos donde yo vivía, se guardaba el busto del General, ya que había que tenerlo guardado para que no te marquen y seas presa de persecuciones. Además con menos de diez años me leía todas las revistas que tanto mi viejo como mi tío padrino tenía guardadas: Mundo Peronista, PBT, etc.

Los dos, y en esto hablo de mi viejo como de mi tío eran complementarios, se llevaban apenas 1 año y junto a mi abuela renegaban del pasado comunista de mi abuelo José (mi hijo lleva el mismo nombre). A José, mi abuelo lo habían despedido del Swift en el 36 por tener en su taquilla volantes comunistas. Nadie en mi familia quiso reconocer esto, pero antes de morir mi abuelo polaco me hablaba de Lenin. Él también se hizo peronista después del 45, pero nunca renegó de sus raíces aunque nunca hablara de eso. Sin ese antecedente tal vez nunca yo hubiese llegado al marxismo, pero no menor es el dato de que en el club del barrio donde mi tío Mariano fuera presidente, yo me encontrase en la biblioteca con apenas 16 años: El Imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, y que ese texto me mostrara cuestiones casi irrebatibles.

En el sueño,  Mariano me decía hagamos un programa de radio, pero hablemos sencillo, como para que nos entiendan: “Vos sabés que yo pienso como vos” me decía, “pero no hagamos alarde de eso”. Tal vez en lo onírico yo escuchaba lo que quería escuchar, pero sabiendo que el sueño no es para nada complaciente, tengo que decirlo a esto sin ningún protocolo previo. Estoy seguro que mi tío hoy sería un fanático kirchnerista si viviera, como medio así lo es mi viejo a pesar de haber sido hasta menemista. Nací no sólo en una familia peronista sino también católica, esas son mis raíces, aunque yo sea un renegado ateo y marxista. Pero tal vez eso sea lo más conveniente.

Por una montaña de dólares

Colombia. Qué hubo y qué hay aún detrás del movimiento destituyente contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, liderado por la más rancia derecha colombiana y financiado con dinero del narcotráfico y los paramilitares.

 

Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá en el medio de las denuncias de la derecha colombiana.

Si, sobre la política de un país, lo que más destacan los medios informativos casi siempre tiene que ver con las gestiones presidenciales y las diferentes proyecciones o resoluciones macro, suele suceder que en determinadas coyunturas la opinión pública rumbea hacia acontecimientos de índole local o regional. Esto sucede cuando en un territorio específico parecieran condensarse las diferentes aristas que hacen al trazo grueso de la política de un país, y de esa forma, en un escenario reducido se muestran casi todas las contradicciones que están presentes en una nación determinada. Hoy, en Colombia, hay varios temas que están dando vueltas por la agenda pública: las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, como también la posible reelección del mandatario, pero lo que pareciera tener una importancia singular es la campaña que cierto sector de la sociedad bogotana viene realizando para producir el revocamiento del mandato de Gustavo Petro, actual alcalde de la capital de ese país. Petro asumió hace poco más de un año en representación del Movimiento Progresista, que es un desprendimiento de la coalición de centroizquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), la cual estuvo al frente de la gestión bogotana en el lapso comprendido entre los años 2004 y 2011, y que durante la gestión de Samuel Moreno Rojas enfrentara uno de los mayores actos de corrupción del país neogranadino en 2010, en el hecho que fuera conocido como Carrusel de la contratación, referido principalmente a negociaciones oscuras en cuanto a la contratación de obra pública. Petro no sólo denunció estos hechos, sino que además, para él, fue el punto de inflexión para retirarse del PDA y conformar su nuevo partido. Desde que asumiera el 1º de enero de 2012 al frente de la gestión metropolitana, el alcalde viene desarrollando una manifiesta transformación de corte progresista que lleva el nombre de “Bogotá Humana” y que resulta tal vez para determinados sectores de la derecha colombiana un verdadero escollo que es necesario frustrar para que no se extienda en el país.
Los primeros días de este año, el representante en la Cámara Miguel Gómez Martínez presentó ante la Registraduría Nacional un oficio para adelantar la revocatoria del Alcalde Mayor, considerado en Colombia como el puesto político más importante luego de la presidencia. En un memorial de siete puntos, Gómez describió los hechos más relevantes de la actual alcaldía y pidió a la entidad que autorice la recolección de firmas que conduzcan a la revocatoria del mandatario capitalino. El congresista, representante del partido de la U, aseguró que es importante tomar medidas que eviten una situación más grave en la ciudad. “Los hechos que vienen ocurriendo con el tema de la basura son apenas la punta del iceberg. Estamos frente a un gobierno incompetente que amenaza con destruir Bogotá”, expresó Gómez luego de radicar el oficio, agregando luego que “el alcalde tiene razón en algunas de sus propuestas. Sin embargo, cuando intenta ejecutar, la falta de planeación y diligencia saltan a la vista, como sus políticas de basura cero, de movilidad, de educación, de salud”. Por esos días, el entonces secretario de Gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, aseguró en diálogo con Caracol Radio que detrás de la revocatoria del alcalde Petro estarían sectores políticos y económicos afectados por las decisiones del mandatario. “Yo creo que no se trata de un movimiento espontáneo de ciudadanos inconformes con el alcalde, sino de un proyecto muy planificado de grupos de interés que fueron afectados con las decisiones del alcalde, y también por las denuncias del carrusel de la contratación”.
Autorizados para recolectar firmas, los oponentes a Petro presentaron el pasado 16 de abril ante la Registraduría Distrital de Bogotá un petitorio con 640.362 firmas, para que sea promulgado un referendo sobre la revocatoria.
Actualmente se viene realizando la revisión de las firmas que concluirán el 18 de mayo. Según informaba el diario El Tiempo el pasado 5 de mayo, un grupo de 50 personas, entre las que se cuentan funcionarios de la Registraduría, supernumerarios y grafólogos, revisa las más de 640.000 firmas que piden la revocatoria y que deben estar listas el próximo 18 de mayo. Según el director del Censo Electoral de la Registraduría, Luis Carlos Donado, a cargo de la coordinación, la inspección consiste en repasar que todos los campos (fecha, nombres y apellidos, cédula, dirección y firma) estén completos, y en caso de que esto no coincida, cada apoyo se marca con un resaltador y es clasificado como no válido. Luego se pasa al control en el Censo Electoral, buscando que la cédula del firmante corresponda al lugar en el que se pide la revocatoria del mandato, y que el ciudadano no haya perdido sus derechos políticos, y que esté en condiciones de votar. Pasada la prueba, la firma ingresa al sistema, el cual va contabilizando los apoyos válidos e inválidos y, al final del proceso, arroja los resultados. Finalmente, la firma pasa a estudio de grafología. Uno de los 15 técnicos que trabajan en el proceso le dijo a El Tiempo, que el error más común que han encontrado es que, para ahorrar tiempo al firmante, el campo de la fecha es llenado por una misma persona, lo que invalida la firma.
Con la finalización de la revisión de las firmas requeridas para que sea aceptado el referendo revocatorio de la alcaldía de Gustavo Petro, de las 640.000 firmas presentadas, al menos 290.000 deben validarse para que el referendo pueda ser convocado. En éste se precisa que el 55% de las personas que sufragaron en las elecciones pasadas para alcalde vayan a votar, es decir, que tendrían que hacerlo por lo menos 1.234.000 personas. De ese porcentaje, deberían votar por el sí unos 617.000 bogotanos para que la revocatoria del alcalde fuera efectiva. Según precisa la revista Semana: “Hasta el momento, todos los referendos revocatorios que han sido aprobados y que han sido votados no han pasado el umbral requerido”.
Si se convalidara el llamado a referendo revocatorio éste tendría que realizarse en los próximos dos meses. Lo cierto es que más allá de los problemas técnicos y jurídicos, no caben dudas que detrás de todo este movimiento destituyente liderado supuestamente por el congresista Gómez, se encuentra la más recalcitrante derecha colombiana, y según afirman algunos analistas, incluso la campaña estaría financiada con dineros del paramilitarismo y el narcotráfico.
No menor es la actuación del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado (ver abajo), enfrentado manifiestamente al alcalde Petro, inclusive habiendo intentado una revocatoria directa sin el llamado a referendo, por el tema de las operaciones de aseo, en la ciudad. También cuenta como precedente que Ordóñez haya inhabilitado hace poco más de un mes al secretario de gobierno Guillermo Asprilla para cumplir funciones públicas por el término de 12 años (ver abajo).
Según informaba el analista colombiano Horacio Duque Giraldo en Kaos en la Red, el próximo martes 15 de mayo, diversos sectores de Bogota realizarán una Constituyente popular en defensa del Alcalde Gustavo Petro y su programa progresista de gobierno, asegurando Duque que miles de personas, sin exclusión y sin sectarismos, se reunirán en la Plaza de Bolívar para respaldar al Alcalde Mayor, ya que “las vertientes democráticas y populares que percibimos lo que está en curso, hemos decidido convocar una Asamblea Popular Constituyente… con el objetivo central de adelantar la defensa del Alcalde Gustavo Petro y su gestión progresista en favor de las mayorías”, prosiguiendo que “será un evento de mucha amplitud y pluralismo, en el que participan todas las tendencias políticas democráticas y progresistas de Bogotá y Colombia” y que “no será un aquelarre del sectarismo o el protagonismo de personajes politiqueros y clientelistas, afanados en la exclusión y el dogmatismo ideológico porque sólo persiguen la figuración perpetua”.
El problema central de lo que algunos consideran como un verdadero intento de golpe de Estado, es que la gestión de Petro puso el centro en la estatización de los servicios públicos, que anteriormente eran la presa deseada por ciertos contratistas que llegaban favorecidas por la mano de los mismos alcaldes. El objetivo de la estatización es que los excedentes representen mínimos vitales para la población, y no que vayan a parar a la mano de privados, que por otro lado representaron en otros tiempos empresas con servicios completamente deficitarios y atados a redes de corrupción, que por ejemplo alargaron demasiado en el tiempo la realización del sistema de transportes públicos de Bogotá. Lejos de considerar a esta política como un deber del gobernante, los que se expresan en contra del alcalde lo tildan de populismo, y resulta gracioso ver cómo algunos columnistas de medios colombianos, lo caratulan a Petro como “El Emperador”. Calificativos de ese estilo como cuando se habla de “El Dictador” o “La Reina” en primer lugar intentan mostrar cierto matiz antidemocrático, y que por ende sería lícito derrocarlos.
Pero los hechos concretos valen más que las especulaciones de los que intentan la revocatoria, ya que la gestión Petro ha logrado éxitos inesperados, como lo acontecido en cuanto a la reducción del delito y los homicidios en una ciudad otrora muy castigada por esos flagelos, el tratamiento ambulatorio para los drogadependientes, una política muy importante en lo referido al medio ambiente y al cuidado de los animales, una óptima red de transportes públicos entre lo que figura la próxima iniciación de las obras del Metro, y también la de un tren de cercanías.
La política de desarme y reducción de la pobreza han logrado que este año Bogotá sea una de las ciudades más seguras del continente. Sin dudas, una Bogotá más humana. La derecha no duda y quiere abortar este proceso.

Presunciones
La disciplina del procurador Ordóñez

Alejandro Ordóñez Maldonado, actual Procurador General de Colombia, es quien le abrió en enero al alcalde Petro una investigación disciplinaria formal por las presuntas irregularidades en el nuevo esquema de recolección de basura con la intención de revocarlo de su mandato. El traspaso al Estado de la empresa encargada del aseo de la ciudad tuvo ciertos inconvenientes debido a la demora de los contratistas en entregar de forma regular tanto las compactadoras como su documentación pertinente en tiempo y forma, cosa que al final se produjo pero con bastante demora. El pasado 6 de mayo, el juzgado 9º administrativo falló a favor del alcalde señalando a su vez que los contratistas retuvieron los carros compactadores, lo que constituye un atentado contra la sociedad y una amenaza a la salud pública y al medio ambiente.
Ordóñez encarna una figura emblemática en el escenario político colombiano.
El procurador ha pasado a 188 mandatarios locales por la guillotina. Fue quien suspendió al último alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por no estar al tanto de la contratación y las obras en la ciudad; hizo lo propio con el ex alcalde de Cali Jorge Ospina, por no asistir a sesiones de política social; destituyó al de Bucaramanga Fernando Vargas, por irregularidades en la contratación, y al de Medellín Alonso Salazar, por participar en política.
Ordóñez, además de ser abogado, político y jurista, es integrante del Partido Conservador e integrante de la comunidad católica lefebvrista que niega el holocausto de los judíos realizado por los nazis. En el portal neonazi colombiano Tercera Fuerza se refieren al procurador como “el último hombre en pie con sentido común”. En dicha página, según informaba la revista Semana, sus adeptos “celebran, entre otras cosas, que el procurador Ordóñez quiera matar la Ley Antidiscriminación. La norma pide cárcel para quien discrimine a una persona por razón de su raza, su religión o su preferencia sexual. Ordóñez le pidió oficialmente a la Corte Constitucional que tumbe esa ley porque –a juicio suyo– viola los derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa de los discriminadores”.
El procurador, además se las ingenia muy bien para encontrar argumentos que vayan en contra de la legalización de las drogas, el aborto, y recientemente, al fallido intento de consagrar el matrimonio igualitario en Colombia.
Aunque él lo desmienta, todas las versiones dan cuenta que Ordóñez sería el elegido por Álvaro Uribe para ser el candidato presidencial del derechista Puro Centro Democrático.
El columnista Eduardo Gutiérrez Arias del diario La Nación de Colombia señalaba que “el Procurador tiene derecho a luchar por lo que cree, a buscar un país clerical, autoritario, puro racialmente, sin minorías políticas, ni sexuales, ni culturales. El mejor escenario para defender sus creencias es una campaña electoral en la cual busque el respaldo de los ciudadanos para sus tesis. Si gana, podría adelantar las reformas constitucionales y legales que le permitan gobernar con su ideología. Pero convertir a la Procuraduría General de la Nación en un bastión de la ultraderecha colombiana es ilegítimo y los colombianos no deberíamos permitirlo, así vivamos en una nación profundamente derechizada”.

Pasado y presente
De uno y otro lado de la Justicia

El jueves 4 de abril la Procuraduría general de Colombia encabezada por Ordóñez destituyó e inhabilitó al secretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla, por considerar que el funcionario incurrió en una grave falta a título de dolo. La resolución del procurador resultó bastante significativa como controvertida, ya que dejó fuera de juego al segundo de Petro en la gestión bogotana, dando más una señal política que una ajustada al Derecho.
Asprilla, al igual que el alcalde fueron integrantes del M19 y comparten una larga militancia conjunta.
Según informaba por esos días el diario El Tiempo, el Ministerio Público confirmó que Asprilla, en su condición de concejal desde el 23 de septiembre del 2011 al 31 de diciembre de ese mismo año, fue abogado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un litigio contra el Distrito de Bogotá.
Asprilla fue por entonces apoderado de las víctimas de un derrumbe en el relleno de Doña Juana producido en 1997, y que interpusieran una demanda contra el Distrito por estos hechos. Quince años después de esta emergencia sanitaria que sufriera Bogotá por el deslizamiento de más de un millón de toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana, el Consejo de Estado hizo responsable a la ciudad por la contaminación que afectó 15 hectáreas de terrenos aledaños y de parte de la cuenca del río Tunjuelo, por lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió una demanda de reparación a favor de dos mil personas que resultaron afectadas con el derrumbe del relleno y en la sentencia ordenó al Distrito el pago de una indemnización de 227 mil millones de pesos.
Ante esta resolución del Consejo de Estado, el Procurador encontró la veta para sancionar al secretario de gobierno, asegurando que “el funcionario Asprilla otorgó por escritura pública del 16 de febrero de 2011, poder general, amplio y suficiente a la doctora Yadi Marisol Florian Asprilla para que lo representara en dicho litigio” y señalando que como “este documento no fue presentado ante el Consejo de Estado y por ende no fue reconocida la personería jurídica de la doctora Florian Asprilla”, se convalidaba la sanción.
En una entrevista realizada por el periódico Humanidad, Asprilla señalaba que “fue necesario que la Procuraduría forzara al máximo sus argumentaciones y contraviniera principios del derecho disciplinario para pronunciar esta sentencia y la decisión de sancionarme a como diera lugar. Es más evidente cuando esto se examina frente al Tribunal Contencioso de Cundinamarca, que en primera instancia falló a mi favor (27 contra 3) sobre una acción de pérdida de investidura que me interpusieron por los mismos hechos. El Tribunal dijo que mi conducta estaba ajustada a la ley y que no había cometido violación al régimen de incompatibilidades. Es un caso absolutamente escandaloso porque contraría todos los precedentes judiciales sobre la materia con argumentos peregrinos y exóticos” agregando luego que “esto no se había percibido claramente en la arquitectura constitucional. Que desde los organismos de control se pretendiera desconocer o atacar la voluntad popular expresada en las urnas. Habrá que hacer modificaciones constitucionales y extremar la vigilancia ciudadana sobre estas entidades”.
Ante esto, Petro expresaba que “estamos ante el hecho que el tribunal contencioso administrativo determinó que en la conducta de Asprilla como abogado no hay nada reprochable”, para luego agregar que “el gobierno progresista acata los principios fundamentales del Estado de Derecho. Acatará a la Procuraduría pero luchará por la Justicia”.

La re de Evo ya es constitucional

El Tribunal Plurinacional aprobó la Ley de Aplicación de Normativa por la cual el presidente puede ser reelegido.

Las controversias que generan los diferentes líderes suramericanos, no parecieran ser muy diferentes entre sí, y mucho más cuando las oposiciones se empeñan en intentar mostrar como lado flaco, lo que para las mayorías populares resultan logros importantes. Se tilda generalmente de autoritarismo, populismo, falta de libertad de expresión, corrupción, atropellos a la Justicia, y una serie más de ítems que van desde los más recalcitrantes insultos hasta endilgarles a esos gobiernos supuestas connivencias con el crimen organizado. Lo paradójico resulta que los que expresan todo eso, en la mayoría de los casos, fueron socios de las dictaduras más sangrientas del continente, o principales actores en la noche neoliberal; y sin embargo no se les mueve un pelo, cuando se refieren por ejemplo al carácter autoritario o corrupto de las nuevas gestiones progresistas.

El mandatario boliviano Evo Morales Ayma no es una excepción a la regla, es más, es uno de los principales blancos a los que apunta la derecha regional, y hoy, luego de la desaparición física del líder bolivariano Hugo Chávez, tal vez resulte un blanco preferencial.

El pasado lunes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es el organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia, dictaminó como válida la posibilidad de que en los comicios de 2014, tanto el actual presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelegidos.
En febrero último, el Senado había enviado al TCP una consulta previa para aprobar la Ley de Aplicación de Normativa, que en el artículo cuarto establece la reelección del Presidente y Vicepresidente en los comicios previstos para diciembre de 2014. La razón de la consulta estaba referida principalmente al Art. 168 de la Constitución Política del Estado y al Apartado II de la primera disposición transitoria. En el artículo se señala que: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, mientras que en el apartado dice que: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.

Para entender el pedido del Senado al TCP vale recordar que Evo asumió por primera vez en 2005, a principios de 2009 se sancionó la nueva Constitución. A fines del mismo año, sin cumplir el mandato completo, se realizaron en diciembre los nuevos comicios, y a principios del año siguiente cobró plena vigencia la nueva letra constitucional, con lo cual se plantea que tanto Evo como García Linera llevan un sólo mandato bajo la nueva institucionalidad, y que las disposiciones transitorias tienen valor por un período determinado, por ejemplo, entre la vigencia parcial y la plena de la nueva Constitución. Los mandatos anteriores cobrarían validez solamente para aquellas autoridades que fueron elegidas, designadas, y no nombradas nuevamente a partir de la vigencia de la Constitución actual, por ejemplo, los Ministros de la antigua Corte Suprema de Justicia de la Nación que ejercieron funciones hasta enero del año 2012.

Por unanimidad, el lunes, la Sala Plena del TCP declaró constitucional el proyecto de Ley de Aplicación Normativa, postulado por el Legislativo boliviano, y en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Sucre, el presidente del TCP, Ruddy Flores, afirmó que la potencial candidatura de Morales y García Linera a la reelección en los comicios de 2014 “no transgrede la Constitución Política del Estado”.

Las voces en contra de la sentencia del TCP no tardaron en llegar, y así se pronunciaron desde casi todo el abanico opositor. El expresidente Jorge Rodríguez Ramírez del derechista Podemos, y que fuera también vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer Suárez cuando éste fuera elegido democráticamente en 1997, calificó de “golpe a la democracia” la decisión del tribunal, agregando que “Hoy el Tribunal masista da el día más negro para la Justicia en Bolivia”. En tanto otro ex mandatario como Carlos Mesa Gisbert del MNR afirmó que la declaración del Tribunal establece que la Constitución puede ser aplicada para dos tipos de Estado: el “refundado” y el “desechado”. También se expresó en contra de la resolución el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien actualmente viene diseñando junto al líder de la Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, un gran frente opositor para las elecciones del próximo año. Justamente Doria Medina parecía el más preocupado por la resolución del TCP, incluso días antes del fallo, el también empresario y ex ministro del ex presidente Jaime Paz Zamora, venía realizando una campaña en contra de un eventual fallo que favorezca la posibilidad de reelección para Evo Morales. Más allá de tildar a la sentencia del Tribunal como inconstitucional, Doria Medina puso demasiado énfasis en que Evo faltó a su palabra, tras citar que el mandatario había expresado en 2008 que no iría a una reelección, si se estableciera una nueva Constitución.
Doria, quien se iniciara en la política en la década del ’80 en el izquierdista MIR, fue trastocando sus posiciones para pasar primero al centro y luego a la derecha. Durante su gestión como ministro del otrora también izquierdista Paz Zamora, ambos fueron protagonistas principales del desguace neoliberal del Estado boliviano en los ’90. Hoy Doria Medina pretende ser el único líder de la oposición boliviana, a pesar de que en las elecciones de 2009 resultó en tercer lugar con un escaso 5,65% mientras que Evo Morales había logrado el 64,2% y el militar Manfred Reyes, hoy prófugo de la Justicia del altiplano y refugiado en los EE.UU., el 26,46 %.
Según este empresario (que tal vez quisiera encarnar a un Capriles boliviano), el actual mandatario “solamente gobierna para los cocaleros”, y por esa razón en el país andino “se incrementan el crimen y el narcotráfico” y ahuyenta la inversión privada. Según Doria, el discurso de Evo es bueno, pero no cumple, como sí él lo puede hacer.
Mientras tanto, tal como informaba el diario cruceño El Deber: “El Jefe Nacional de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, afirmó que se iniciará una campaña a escala nacional para recolectar 50 mil firmas que serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que este organismo internacional interceda en Bolivia y haga respetar las leyes tras avalarse la ‘tercera reelección’ del presidente Evo Morales”, señalando a su vez que este fallo del TCP viene acompañado del silencio cómplice, tanto de organizaciones internacionales como de los países vecinos.

Pero como respuesta a las voces opositoras, vale destacar que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, expresó que “si eso ha sido algo que ha determinado el Tribunal es algo que se debe respetar, porque creemos que se ha impartido justicia” señaló el dirigente empresario, citado por ABI.
Según informara también la misma agencia estatal de noticias, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que “el fallo del Tribunal Constitucional no nos ha sorprendido porque tenemos la certeza de que la habilitación del presidente Evo en las elecciones se basa en el derecho y la justicia; no en los chantajes de algunos partidos de oposición que intentaron impedir la participación de Evo Morales en las elecciones”, señalando que si el fallo del TCP levantó las protestas de la oposición política, ésta emergió debido a las condiciones que los adversarios de Morales pusieron en las cruciales negociaciones de octubre y noviembre de 2008, cuando en el país se cirnió una de sus más agudas crisis políticas. Según Dávila, con lo que hoy plantea la oposición “queda al desnudo esa actitud chantajista que siempre ha caracterizado a los partidos de derecha que dijeron que si (Morales) acorta su mandato aprobaremos la Constitución. El Presidente acortó su gestión y se sometió al veredicto del pueblo en las urnas, pero nunca se prestaría a violar el derecho de participar democráticamente en la política, porque él defendió este derecho hasta ir a la cárcel cuando injustamente lo expulsaron del Congreso” en 2002, argumentó la ministra.

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