Por una montaña de dólares

Colombia. Qué hubo y qué hay aún detrás del movimiento destituyente contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, liderado por la más rancia derecha colombiana y financiado con dinero del narcotráfico y los paramilitares.

 

Gustavo Petro. El alcalde de Bogotá en el medio de las denuncias de la derecha colombiana.

Si, sobre la política de un país, lo que más destacan los medios informativos casi siempre tiene que ver con las gestiones presidenciales y las diferentes proyecciones o resoluciones macro, suele suceder que en determinadas coyunturas la opinión pública rumbea hacia acontecimientos de índole local o regional. Esto sucede cuando en un territorio específico parecieran condensarse las diferentes aristas que hacen al trazo grueso de la política de un país, y de esa forma, en un escenario reducido se muestran casi todas las contradicciones que están presentes en una nación determinada. Hoy, en Colombia, hay varios temas que están dando vueltas por la agenda pública: las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, como también la posible reelección del mandatario, pero lo que pareciera tener una importancia singular es la campaña que cierto sector de la sociedad bogotana viene realizando para producir el revocamiento del mandato de Gustavo Petro, actual alcalde de la capital de ese país. Petro asumió hace poco más de un año en representación del Movimiento Progresista, que es un desprendimiento de la coalición de centroizquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), la cual estuvo al frente de la gestión bogotana en el lapso comprendido entre los años 2004 y 2011, y que durante la gestión de Samuel Moreno Rojas enfrentara uno de los mayores actos de corrupción del país neogranadino en 2010, en el hecho que fuera conocido como Carrusel de la contratación, referido principalmente a negociaciones oscuras en cuanto a la contratación de obra pública. Petro no sólo denunció estos hechos, sino que además, para él, fue el punto de inflexión para retirarse del PDA y conformar su nuevo partido. Desde que asumiera el 1º de enero de 2012 al frente de la gestión metropolitana, el alcalde viene desarrollando una manifiesta transformación de corte progresista que lleva el nombre de “Bogotá Humana” y que resulta tal vez para determinados sectores de la derecha colombiana un verdadero escollo que es necesario frustrar para que no se extienda en el país.
Los primeros días de este año, el representante en la Cámara Miguel Gómez Martínez presentó ante la Registraduría Nacional un oficio para adelantar la revocatoria del Alcalde Mayor, considerado en Colombia como el puesto político más importante luego de la presidencia. En un memorial de siete puntos, Gómez describió los hechos más relevantes de la actual alcaldía y pidió a la entidad que autorice la recolección de firmas que conduzcan a la revocatoria del mandatario capitalino. El congresista, representante del partido de la U, aseguró que es importante tomar medidas que eviten una situación más grave en la ciudad. “Los hechos que vienen ocurriendo con el tema de la basura son apenas la punta del iceberg. Estamos frente a un gobierno incompetente que amenaza con destruir Bogotá”, expresó Gómez luego de radicar el oficio, agregando luego que “el alcalde tiene razón en algunas de sus propuestas. Sin embargo, cuando intenta ejecutar, la falta de planeación y diligencia saltan a la vista, como sus políticas de basura cero, de movilidad, de educación, de salud”. Por esos días, el entonces secretario de Gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, aseguró en diálogo con Caracol Radio que detrás de la revocatoria del alcalde Petro estarían sectores políticos y económicos afectados por las decisiones del mandatario. “Yo creo que no se trata de un movimiento espontáneo de ciudadanos inconformes con el alcalde, sino de un proyecto muy planificado de grupos de interés que fueron afectados con las decisiones del alcalde, y también por las denuncias del carrusel de la contratación”.
Autorizados para recolectar firmas, los oponentes a Petro presentaron el pasado 16 de abril ante la Registraduría Distrital de Bogotá un petitorio con 640.362 firmas, para que sea promulgado un referendo sobre la revocatoria.
Actualmente se viene realizando la revisión de las firmas que concluirán el 18 de mayo. Según informaba el diario El Tiempo el pasado 5 de mayo, un grupo de 50 personas, entre las que se cuentan funcionarios de la Registraduría, supernumerarios y grafólogos, revisa las más de 640.000 firmas que piden la revocatoria y que deben estar listas el próximo 18 de mayo. Según el director del Censo Electoral de la Registraduría, Luis Carlos Donado, a cargo de la coordinación, la inspección consiste en repasar que todos los campos (fecha, nombres y apellidos, cédula, dirección y firma) estén completos, y en caso de que esto no coincida, cada apoyo se marca con un resaltador y es clasificado como no válido. Luego se pasa al control en el Censo Electoral, buscando que la cédula del firmante corresponda al lugar en el que se pide la revocatoria del mandato, y que el ciudadano no haya perdido sus derechos políticos, y que esté en condiciones de votar. Pasada la prueba, la firma ingresa al sistema, el cual va contabilizando los apoyos válidos e inválidos y, al final del proceso, arroja los resultados. Finalmente, la firma pasa a estudio de grafología. Uno de los 15 técnicos que trabajan en el proceso le dijo a El Tiempo, que el error más común que han encontrado es que, para ahorrar tiempo al firmante, el campo de la fecha es llenado por una misma persona, lo que invalida la firma.
Con la finalización de la revisión de las firmas requeridas para que sea aceptado el referendo revocatorio de la alcaldía de Gustavo Petro, de las 640.000 firmas presentadas, al menos 290.000 deben validarse para que el referendo pueda ser convocado. En éste se precisa que el 55% de las personas que sufragaron en las elecciones pasadas para alcalde vayan a votar, es decir, que tendrían que hacerlo por lo menos 1.234.000 personas. De ese porcentaje, deberían votar por el sí unos 617.000 bogotanos para que la revocatoria del alcalde fuera efectiva. Según precisa la revista Semana: “Hasta el momento, todos los referendos revocatorios que han sido aprobados y que han sido votados no han pasado el umbral requerido”.
Si se convalidara el llamado a referendo revocatorio éste tendría que realizarse en los próximos dos meses. Lo cierto es que más allá de los problemas técnicos y jurídicos, no caben dudas que detrás de todo este movimiento destituyente liderado supuestamente por el congresista Gómez, se encuentra la más recalcitrante derecha colombiana, y según afirman algunos analistas, incluso la campaña estaría financiada con dineros del paramilitarismo y el narcotráfico.
No menor es la actuación del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado (ver abajo), enfrentado manifiestamente al alcalde Petro, inclusive habiendo intentado una revocatoria directa sin el llamado a referendo, por el tema de las operaciones de aseo, en la ciudad. También cuenta como precedente que Ordóñez haya inhabilitado hace poco más de un mes al secretario de gobierno Guillermo Asprilla para cumplir funciones públicas por el término de 12 años (ver abajo).
Según informaba el analista colombiano Horacio Duque Giraldo en Kaos en la Red, el próximo martes 15 de mayo, diversos sectores de Bogota realizarán una Constituyente popular en defensa del Alcalde Gustavo Petro y su programa progresista de gobierno, asegurando Duque que miles de personas, sin exclusión y sin sectarismos, se reunirán en la Plaza de Bolívar para respaldar al Alcalde Mayor, ya que “las vertientes democráticas y populares que percibimos lo que está en curso, hemos decidido convocar una Asamblea Popular Constituyente… con el objetivo central de adelantar la defensa del Alcalde Gustavo Petro y su gestión progresista en favor de las mayorías”, prosiguiendo que “será un evento de mucha amplitud y pluralismo, en el que participan todas las tendencias políticas democráticas y progresistas de Bogotá y Colombia” y que “no será un aquelarre del sectarismo o el protagonismo de personajes politiqueros y clientelistas, afanados en la exclusión y el dogmatismo ideológico porque sólo persiguen la figuración perpetua”.
El problema central de lo que algunos consideran como un verdadero intento de golpe de Estado, es que la gestión de Petro puso el centro en la estatización de los servicios públicos, que anteriormente eran la presa deseada por ciertos contratistas que llegaban favorecidas por la mano de los mismos alcaldes. El objetivo de la estatización es que los excedentes representen mínimos vitales para la población, y no que vayan a parar a la mano de privados, que por otro lado representaron en otros tiempos empresas con servicios completamente deficitarios y atados a redes de corrupción, que por ejemplo alargaron demasiado en el tiempo la realización del sistema de transportes públicos de Bogotá. Lejos de considerar a esta política como un deber del gobernante, los que se expresan en contra del alcalde lo tildan de populismo, y resulta gracioso ver cómo algunos columnistas de medios colombianos, lo caratulan a Petro como “El Emperador”. Calificativos de ese estilo como cuando se habla de “El Dictador” o “La Reina” en primer lugar intentan mostrar cierto matiz antidemocrático, y que por ende sería lícito derrocarlos.
Pero los hechos concretos valen más que las especulaciones de los que intentan la revocatoria, ya que la gestión Petro ha logrado éxitos inesperados, como lo acontecido en cuanto a la reducción del delito y los homicidios en una ciudad otrora muy castigada por esos flagelos, el tratamiento ambulatorio para los drogadependientes, una política muy importante en lo referido al medio ambiente y al cuidado de los animales, una óptima red de transportes públicos entre lo que figura la próxima iniciación de las obras del Metro, y también la de un tren de cercanías.
La política de desarme y reducción de la pobreza han logrado que este año Bogotá sea una de las ciudades más seguras del continente. Sin dudas, una Bogotá más humana. La derecha no duda y quiere abortar este proceso.

Presunciones
La disciplina del procurador Ordóñez

Alejandro Ordóñez Maldonado, actual Procurador General de Colombia, es quien le abrió en enero al alcalde Petro una investigación disciplinaria formal por las presuntas irregularidades en el nuevo esquema de recolección de basura con la intención de revocarlo de su mandato. El traspaso al Estado de la empresa encargada del aseo de la ciudad tuvo ciertos inconvenientes debido a la demora de los contratistas en entregar de forma regular tanto las compactadoras como su documentación pertinente en tiempo y forma, cosa que al final se produjo pero con bastante demora. El pasado 6 de mayo, el juzgado 9º administrativo falló a favor del alcalde señalando a su vez que los contratistas retuvieron los carros compactadores, lo que constituye un atentado contra la sociedad y una amenaza a la salud pública y al medio ambiente.
Ordóñez encarna una figura emblemática en el escenario político colombiano.
El procurador ha pasado a 188 mandatarios locales por la guillotina. Fue quien suspendió al último alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por no estar al tanto de la contratación y las obras en la ciudad; hizo lo propio con el ex alcalde de Cali Jorge Ospina, por no asistir a sesiones de política social; destituyó al de Bucaramanga Fernando Vargas, por irregularidades en la contratación, y al de Medellín Alonso Salazar, por participar en política.
Ordóñez, además de ser abogado, político y jurista, es integrante del Partido Conservador e integrante de la comunidad católica lefebvrista que niega el holocausto de los judíos realizado por los nazis. En el portal neonazi colombiano Tercera Fuerza se refieren al procurador como “el último hombre en pie con sentido común”. En dicha página, según informaba la revista Semana, sus adeptos “celebran, entre otras cosas, que el procurador Ordóñez quiera matar la Ley Antidiscriminación. La norma pide cárcel para quien discrimine a una persona por razón de su raza, su religión o su preferencia sexual. Ordóñez le pidió oficialmente a la Corte Constitucional que tumbe esa ley porque –a juicio suyo– viola los derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa de los discriminadores”.
El procurador, además se las ingenia muy bien para encontrar argumentos que vayan en contra de la legalización de las drogas, el aborto, y recientemente, al fallido intento de consagrar el matrimonio igualitario en Colombia.
Aunque él lo desmienta, todas las versiones dan cuenta que Ordóñez sería el elegido por Álvaro Uribe para ser el candidato presidencial del derechista Puro Centro Democrático.
El columnista Eduardo Gutiérrez Arias del diario La Nación de Colombia señalaba que “el Procurador tiene derecho a luchar por lo que cree, a buscar un país clerical, autoritario, puro racialmente, sin minorías políticas, ni sexuales, ni culturales. El mejor escenario para defender sus creencias es una campaña electoral en la cual busque el respaldo de los ciudadanos para sus tesis. Si gana, podría adelantar las reformas constitucionales y legales que le permitan gobernar con su ideología. Pero convertir a la Procuraduría General de la Nación en un bastión de la ultraderecha colombiana es ilegítimo y los colombianos no deberíamos permitirlo, así vivamos en una nación profundamente derechizada”.

Pasado y presente
De uno y otro lado de la Justicia

El jueves 4 de abril la Procuraduría general de Colombia encabezada por Ordóñez destituyó e inhabilitó al secretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla, por considerar que el funcionario incurrió en una grave falta a título de dolo. La resolución del procurador resultó bastante significativa como controvertida, ya que dejó fuera de juego al segundo de Petro en la gestión bogotana, dando más una señal política que una ajustada al Derecho.
Asprilla, al igual que el alcalde fueron integrantes del M19 y comparten una larga militancia conjunta.
Según informaba por esos días el diario El Tiempo, el Ministerio Público confirmó que Asprilla, en su condición de concejal desde el 23 de septiembre del 2011 al 31 de diciembre de ese mismo año, fue abogado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un litigio contra el Distrito de Bogotá.
Asprilla fue por entonces apoderado de las víctimas de un derrumbe en el relleno de Doña Juana producido en 1997, y que interpusieran una demanda contra el Distrito por estos hechos. Quince años después de esta emergencia sanitaria que sufriera Bogotá por el deslizamiento de más de un millón de toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana, el Consejo de Estado hizo responsable a la ciudad por la contaminación que afectó 15 hectáreas de terrenos aledaños y de parte de la cuenca del río Tunjuelo, por lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió una demanda de reparación a favor de dos mil personas que resultaron afectadas con el derrumbe del relleno y en la sentencia ordenó al Distrito el pago de una indemnización de 227 mil millones de pesos.
Ante esta resolución del Consejo de Estado, el Procurador encontró la veta para sancionar al secretario de gobierno, asegurando que “el funcionario Asprilla otorgó por escritura pública del 16 de febrero de 2011, poder general, amplio y suficiente a la doctora Yadi Marisol Florian Asprilla para que lo representara en dicho litigio” y señalando que como “este documento no fue presentado ante el Consejo de Estado y por ende no fue reconocida la personería jurídica de la doctora Florian Asprilla”, se convalidaba la sanción.
En una entrevista realizada por el periódico Humanidad, Asprilla señalaba que “fue necesario que la Procuraduría forzara al máximo sus argumentaciones y contraviniera principios del derecho disciplinario para pronunciar esta sentencia y la decisión de sancionarme a como diera lugar. Es más evidente cuando esto se examina frente al Tribunal Contencioso de Cundinamarca, que en primera instancia falló a mi favor (27 contra 3) sobre una acción de pérdida de investidura que me interpusieron por los mismos hechos. El Tribunal dijo que mi conducta estaba ajustada a la ley y que no había cometido violación al régimen de incompatibilidades. Es un caso absolutamente escandaloso porque contraría todos los precedentes judiciales sobre la materia con argumentos peregrinos y exóticos” agregando luego que “esto no se había percibido claramente en la arquitectura constitucional. Que desde los organismos de control se pretendiera desconocer o atacar la voluntad popular expresada en las urnas. Habrá que hacer modificaciones constitucionales y extremar la vigilancia ciudadana sobre estas entidades”.
Ante esto, Petro expresaba que “estamos ante el hecho que el tribunal contencioso administrativo determinó que en la conducta de Asprilla como abogado no hay nada reprochable”, para luego agregar que “el gobierno progresista acata los principios fundamentales del Estado de Derecho. Acatará a la Procuraduría pero luchará por la Justicia”.