Las recetas
neoliberales llevadas adelante por cierta partidocracia, hicieron que en el
continente se produjeran profundas crisis de representatividad, que afectaron
seriamente la confianza de los sectores populares hacia las viejas estructuras
políticas, y que el rol que anteriormente tenían fuera ocupado cada vez más por
las grandes corporaciones mediáticas. Ecuador no es una excepción a esa regla,
es más, a partir de la asunción en 2007 del presidente Rafael Correa en
representación de la
Alianza País, y tras emprender el proceso de reformas
sociales y políticas denominado Revolución Ciudadana, a los primeros que tuvo
en la vereda de enfrente fue a los principales medios monopólicos de
información, ligados a su vez a los grandes grupos económicos concentrados y de
la banca privada. A diferencia de los otros países de la región, cuando en
enero de 2007 se inició la gestión de Correa, en Ecuador no existían medios
estatales, y ésta fue una de las primeras necesidades a subsanar, ya que por
entonces la información era patrimonio exclusivo de unos ocho grupos
empresariales, que monopolizaban tanto los medios gráficos, radiales como
televisivos.
La
tensión entre Correa y los medios ecuatorianos no tardó en llegar, y si bien
cumplidos 50 días de mandato, el presidente adquiría en la población un 90% de
popularidad según una encuesta realizada por la consultora Perfiles de Opinión
dirigida por Hugo Barber, por esos mismos días, tras una movilización de
militantes oficialistas escrachando a diputados opositores que fueron
destituidos por el Tribunal Superior Electoral (TSP), tras oponerse al llamado
a una Asamblea Constituyente, la
Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep)
emitió un comunicado que llevaba el título de “¡Intolerable!” en el cual
acusaban al gobierno de ejercer un proceso de destrucción de las instituciones,
manipulación del poder, de la
Constitución, y de la
Ley, condenando “la actitud confrontativa del Presidente de la República, quien debe
ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca
interpretar a su arbitrio la
Constitución, menos aún, a propiciar la división y el choque
entre ecuatorianos”, señalaba el comunicado. “El 80% de editorialistas podrá
decir que están en contra del gobierno, cuando el 80% y más de la gente está a
favor”, señaló por entonces el jefe de Estado, preguntándose: “¿A qué
representan los medios de comunicación y qué clase de opinión pública son?”,
asegurando que lo intolerable “es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias
políticas, económicas y también informativas”, llamando posteriormente a una
movilización popular para demostrarle a los medios de comunicación “vendidos a
los grupos de poder y mafias políticas que no hay retorno”. Éste era el
bautismo de fuego, que marcaría no sólo la agenda en relación a la política con
respecto a los medios, sino también y principalmente a las transformaciones
institucionales, que se irían a producir a posteriori, como fue la reforma de la Constitución en 2008.
La
ofensiva de los medios contra el mandatario Correa, siempre fue demasiado cruda
e incluso despiadada, y tal vez uno de los puntos más álgidos fue un editorial
escrito por el columnista Emilio Palacio para el diario El
Universo, en 2011, que
llevaba el título de “No a las mentiras”, en el cual Palacio además de tildar a
Correa de “dictador” y a su gobierno de “dictadura”, hacía mención a que en la
asonada golpista del 30 de septiembre de 2010 realizada por la Policía Nacional,
Correa había “ordenado (al ejército) fuego a discreción y sin previo aviso
contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa
humanidad, que no lo olvide, no prescriben” y que “en el futuro, un nuevo
presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal” por esas
ordenes de represión. Ante este hecho, el mandatario ecuatoriano realizó una
demanda penal contra Palacio, debido a que en la nota el periodista ofendía tanto
su honor, su buen nombre, y su dignidad tanto personal como pública, ya que el
autor del escrito lo acusaba de haber cometido delito de Lesa Humanidad. La
demanda, Correa la hizo extensiva a los directores del diario El
Universo, Carlos y César
Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, debido a que “el Directorio está
vinculado y responde en su totalidad por dirigir dicha publicación en todos sus
ámbitos, por lo que los señores Pérez deberán ser declarados autores
coadyuvantes del delito de injurias calumniosas…”. La Justicia imputó a todos
los acusados con tres años de prisión y una indemnización de 40 millones de
dólares, lo cual generó la reacción de organismos como Human Rights Watch quien
a través de su director José Miguel Vivanco dijera que “las acciones del
presidente Correa, destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos,
constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”. De todas
formas, Correa casi un año después perdonó a los acusados especificando que el
perdón no conlleva “el olvido” y que su gobierno insistirá en una
transformación integral del sistema interamericano de derechos humanos.
Los
principales grupos empresariales de medios en Ecuador se encuentran situados
principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas, y son el Grupo Egas,
Mantilla, Banco de Pichincha en Quito, quienes entre otros medios cuentan con
los diarios El Comercio, Últimas Noticias, Hoy, las
revistas Cosas,
Caras y Soho, las
radios Quito, Ecuadoradio, Platinum Radio, entre otros medios, mientras que en
Guayaquil se destaca el Grupo Isaías, dueño del diario Expreso, teniendo además
señales de radio y TV tanto de aire como por cable. También los grupos
Noboa-Febres Cordero y Pérez Castro, que cuentan con los diarios El
Telégrafo, El Universo y las emisoras televisivas Maxvisión
y Telesistema. Es de destacar que en Guayas la revista Vistazo, del grupo
Alvarado Roca, fue la única publicación que en 2007 no adhirió al comunicado de
Aedep, en contra del mandatario Correa.
El
pasado viernes la
Asamblea Nacional logró aprobar la nueva Ley de Comunicación,
y si bien había sido presentada hacía más de 3 años aún no había podido ser
sancionada debido a los bloqueos de la oposición y al lobby de los grandes
grupos mediáticos locales. Se trata fundamentalmente de una regulación que
permita poder multiplicar las diferentes voces que otrora fueran excluidas por
las corporaciones mediáticas. Si bien la mora en la sanción, algunos pasos en
relación con la desmonopolización de los medios ya fueron implementados a
partir de la vigencia de la nueva Constitución de Estado, ya que como señalara
el analista Roberto Sánchez en el portal de Fedaeps, a partir de la nueva Carta
Magna se prohibió la inversión de los grupos financieros en medios de
comunicación, lo cual fue ratificado con la consulta popular realizada en 2011.
“De esta manera, Teleamazonas se vio obligada a vender sus acciones. También
hay que considerar que el Estado, a través de un proceso judicial por
defraudación financiera al grupo Isaías, incautó dos canales de televisión de
señal abierta (TC-Televisión, GamaTV) y dos canales de cable (CN3 y CD7), que
pasaron a ser administrados por un fidecomiso de la Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD). Además, paralelamente a esta nueva relación con los medios de
comunicación, que antes eran intocables, entraron en funcionamiento los
primeros medios públicos de la historia del Ecuador”, señalaba Sánchez en su
artículo.
Tras la Constitución vigente
desde 2008 se había dispuesto al Legislativo la redacción y aprobación de la
ley de Comunicación, que recientemente sí pudo efectivizarse debido a la
mayoría legislativa que la
Alianza País logró en los últimos comicios. Esta
prerrogativa, entre las novedades que contiene se encuentra un nuevo Consejo de
Regulación, la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la
extensión del acceso del 34% de las licencias no sólo para representantes de
grupos indígenas y afroecuatorianos, sino también colectivos ciudadanos. Uno de
los objetivos principales es horizontalizar lo desigual de la concurrencia
mediática, generando mejores posibilidades para los diferentes medios
periodísticos. Es de destacar que recientemente, Rafael Correa anunció un
subsidio para todos los periodistas de pequeños medios que no llegan al salario
mínimo estipulado para la profesión.
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