Ecuador- La reelección presidencial para enfrentar el avance de la derecha

Pese a sus afirmaciones en el sentido de que en 2017 dejaría el cargo, el presidente Correa considera reformar las normas constitucionales para lograr su reelección de cara a las amenazas golpistas de la reacción ecuatoriana.

Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador se realizarán recién en 2017. El presidente Rafael Correa fue reelegido por tercera vez, en febrero del año pasado. Tras su primera asunción en enero de 2007, liderando la Alianza País, y debido a que se desarrollara a lo largo de los años 2007-2008, la asamblea constituyente que pusiera en pie una reforma constitucional, haber sido reelegido en 2009, implicó para Correa su primera presidencia bajo las normativas de la nueva Carta Magna ecuatoriana. Traer estos datos al presente, son producto de que hoy el mandatario está bregando por una enmienda constitucional que le permita ser reelegido en las próximas presidenciales, que como ya se señalara más arriba se realizarán dentro de tres años.
No pocas veces Correa había manifestado que éste era su último mandato, y que con agrado dejaría el cargo a algún sucesor que prosiguiera con la denominada Revolución Ciudadana, ya que él, todos estos años no pudo disfrutar de su vida familiar, principalmente de sus hijas. Pero hubo algo que hizo que el mandatario cambiara de opinión. En estas páginas ya se señalaba en marzo, que Correa había evaluado de forma no del todo positiva las elecciones distritales realizadas en su país, el pasado 23 de febrero. No fue ningún dato menor que una gran cantidad de alcaldías que estaban bajo la gestión de la Alianza País se hayan perdido, y que entre ellas, una fuera nada más ni nada menos que la alcaldía de Quito. En el distrito capital ganó en febrero el abogado Mauricio Rodas, quien para Correa no representa ni a la derecha silvestre, ni a la tradicional que gestiona en Guayaquil. Tampoco la que representa al Coronel Lucio Gutiérrez. Se trata para Correa de un nuevo proyecto apuntalado desde el exterior de su país, y que no resulta ajeno al avance de la derecha en la región, que para el mandatario andino es parte orgánica de una escalada reaccionaria, que tiene como epicentro a Venezuela, tras el fallecimiento del líder bolivariano Hugo Chávez.
A nivel general, la Alianza País, en febrero fue la más votada a lo largo y ancho de Ecuador, pero haber perdido una cantidad importante de alcaldías, puso sobre el tapete algunas debilidades de la fuerza política gobernante, principalmente en los armados distritales. Tanto es así que el mismo Correa enfatizó que esos traspiés electorales no lo fueron de su partido, y mucho menos de su liderazgo. Habiendo sido entonces, la de la alcaldía de Quito la principal derrota, Correa a principios de marzo denostó a toda la prensa que intentó mostrar una derrota de la fuerza oficialista. “No resiste el menor análisis, es una mentira monstruosa que la gente votó contra la revolución ciudadana”, enfatizó, asegurando que “los resultados en Quito fueron por errores en la administración, errores en la campaña”, sumando que se tuvo que enfrentar a “un candidato carismático de la derecha y un ataque contra la imagen” del candidato oficialista Augusto Barrera. Citado por el diario El Comercio, de Quito, Correa dijo en esa oportunidad que “no se votó contra el Gobierno, lastimosamente se votó contra Augusto Barrera” debido a que “con la complicidad de cierta prensa y con la derecha desde hace varios meses se comenzó a desprestigiar la imagen de Augusto Barrera y les dio los resultados, pero en Quito se votó contra Augusto Barrera y no contra Alianza País ni el Gobierno ni contra el presidente Correa”. Según el dignatario, “no hubo un triunfo contundente de Alianza País, pero sí hubo una victoria con grandes reveces como en Quito y Cuenca”. Pero Correa no fue muy condescendiente con algunos sectores de su partido a los que acusó de sectarios, enfatizando que País es un instrumento para la Revolución Ciudadana y que, por lo tanto, debiera estar abierto a que se incorporen muchos más. Incluso aseveró en ese momento que si tuviera que renunciar al partido para proseguir las transformaciones no vacilaría en hacerlo. Algunos analistas ecuatorianos coincidiendo con los dichos del presidente, afirmando que en no pocos distritos del país andino, los dirigentes locales habían sido bastante displicentes, y que contaban con una supuesta marea de votos, por el sólo hecho de pertenecer a la fuerza política de Rafael Correa. Los hechos demostraron lo contrario.
Durante uno de sus habituales Enlaces Ciudadanos, más precisamente el que Correa realizó el 1º de marzo en el barrio de Gutuglagua en la provincia de Pichincha, reflexionó sobre la posibilidad de enmendar la Constitución para permitir la reelección indefinida de cualquier cargo electivo, entre ellos el de presidente, con lo cual dejó explicitado que si fuera necesario que en 2017 él tuviera que volver a ser presidente, debido a que la situación lo requiriese así, producto del avance de la derecha, no dudaría en hacerlo. Además, Correa viene sosteniendo desde hace ya algunos meses que en su país se viene gestando un “golpe blando” organizado por la derecha y en connivencia con la izquierda radical, expresada principalmente en grupos indigenistas y ecologistas. Por su parte, algunos grupos de esa izquierda, antiguos socios que fueran parte de la Alianza País hasta 2009, sugieren que se trata solamente de una retórica que a Correa le sienta bastante bien, pero que no se ajusta a la realidad. Lo cierto es que hoy el gobierno ecuatoriano debe enfrentarse a una derecha poderosa, y encuentra trabas en debates circulares e infinitos con sectores del movimiento popular. El tema de la minería y la extracción del petróleo, el debate por el nuevo Código de Trabajo, son algunas de esas aristas, en las cuales pareciera que no hubiera salida concertada entre sectores populares, y que la derecha mediática y corporativa instrumentaliza para dividir mucho más aún.
Un dato de la realidad que trascendió muy poco en medios internacionales fue que en mayo, dirigentes indígenas de la localidad amazónica de Sarayaku ejercieron a fuerza de armas, el poder local, permitiendo que tres prófugos de la Justicia, se refugiaran en ese lugar. Ellos eran el asambleísta Cléver Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por la justicia a prisión por injurias contra el presidente Correa, durante los hechos acontecidos durante el 30- S. Correa fue bien enfático y tildó a ese hecho de separatismo, asegurando que el Estado ecuatoriano aunque Plurinacional es unitario. Pero lo curioso de ello es que lo de Sarayaku, fue una rara mezcla de activismo indigenista, grupos armados de tipo paramilitar y periodistas de medios hegemónicos, junto a políticos disidentes refugiados en ese lugar. Según aseguraba por esos días, el diario español El País, Villavicencio se encontraba refugiado en Miami, y desde ahí se dirigió directamente a la localidad amazónica. Para Correa, en todo esto también existe una gran incidencia de ONG patrocinadas por grandes corporaciones internacionales. “No son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones de otros gobiernos” señaló el presidente. Todo este entramado que en mayo se concentrara en una pequeña población de la Amazonía, según Correa es parte de una conspiración en marcha. Todos esos datos le hacen hoy ser partidario de modificar las leyes, para poder seguir conduciendo al país andino más allá de 2017. Aunque sus detractores por izquierda sostengan que eso es más el producto de no haber creado una fuerza política homogénea de la cual puedan emerger otros dirigentes que le puedan dar continuidad al proyecto en curso. “Aunque señale lo contrario, la reelección presidencial es la respuesta del correísmo a su derrota en las elecciones del 23 de febrero y es el reconocimiento que sin Correa como candidato el proyecto de la revolución ciudadana se va a pique” sugieren en un documento reciente sus ex socios del Movimiento Popular Democrático, de orientación marxista leninista.
El pasado jueves 22 de mayo, la asambleísta Soledad Buendía de la Alianza País presentó ante la coordinación de su bloque una propuesta para cambiar la Constitución y permitir la reelección indefinida. Buendía aspira a que durante junio la bancada de País defina la propuesta que deberá pasar el primer debate en la Asamblea y luego de un año el segundo debate. El otro camino es que por iniciativa ciudadana se recolecte el 8% de firmas del padrón electoral y se solicite un referendo o, que a la vez, sea el mismo presidente quien llame a las urnas para que sean todos los ecuatorianos quienes decidan si quieren o no la reelección indefinida. El 24 de mayo, el presidente Correa dio el informe a la nación 2014 ante una colmada Asamblea Nacional. Allí tras exponer por varias horas sobre los logros de la Revolución Ciudadana, aceptó el clamor de los militantes presentes, y pidió a la Asamblea que traten el tema de la enmienda constitucional que permita la reelección indefinida de cualquier cargo de elección popular. Planteado de esta forma, y teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tiene País en el recinto legislativo, no será más que un trámite sencillo. Por esta razón algunos sectores opositores plantean que lo que se tendría que hacer es ir a referéndum para aprobar la normativa.
De todas maneras, ya algunos sectores de la izquierda más moderada comenzaron a acercarse al presidente Correa para darle su apoyo y dar pie a la conformación de una unidad política de izquierdas, de mayor volumen que lo que representa la Alianza País. Durante la primera semana de junio, Correa recibió a una comisión del Partido Socialista- Frente Amplio encabezada por su máximo dirigente, Fabián Solano. Rafael Correa después de ese encuentro anunció en uno de sus Enlaces Ciudadanos la consolidación de la alianza con el Partido Socialista-Frente Amplio y la posibilidad de una futura coalición de izquierdas que eviten la restauración conservadora en el país. “El Partido Socialista ha tenido una actitud coherente con la Revolución”, recalcó Correa, durante su Enlace Ciudadano realizado desde el cantón amazónico Carlos Julio Arosemena.
El acercamiento del Partido Socialista-Frente Amplio no resulta un dato menor, ya que en las elecciones distritales realizadas en febrero, esa fuerza política ganó más de una veintena de alcaldías, lo que la convierte en la cuarta fuerza política de la nación. Incluso le arrebató alcaldías a la Alianza País. Correa, en aquel momento subrayó que era bueno que creciera la izquierda en los distritos. En tal sentido dijo ante los socialistas que la coyuntura política obliga a que los verdaderos movimientos de izquierda se unan. Según la visión del mandatario en la región y en el país actualmente se vive un reacomodo de la derecha, representada por los banqueros de la crisis del ’99, las grandes elites, los medios privados de comunicación y el apoyo desde los principales centros de poder global. Una derecha que según Correa busca terminar con el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Situado en ese diagnóstico el mandatario andino puso sobre el tapete la posibilidad de reelección indefinida, faltando aún tres años para las próximas presidenciales.

Los dilemas de las izquierdas. Si bien el acercamiento señalado es un dato importante para la conformación de una unidad mayor de los sectores populares de Ecuador, que pueda aislar definitivamente a la derecha más retrógrada y reaccionaria, existen posiciones desde las izquierdas mismas que muchas veces hacen imposible tales acercamientos. Sin dudas no es un problema netamente ecuatoriano, recorre todo el continente englobando posiciones encontradas con respecto a cómo caracterizar a los denominados gobiernos progresistas. No les sucede nada más que a los partidos políticos de izquierda, también a muchos movimientos sociales, y no hay que dejar de señalar que en muchos casos la principal causa de falta de unidad es responsabilidad casi exclusiva de las fuerzas denominadas progresistas que ejercen el gobierno. En tal sentido, el acuerdo logrado en Bolivia entre el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y la clasista Central Obrera Boliviana, para golpear en conjunto a la derecha más obtusa resulta un dato bastante aleccionador. Si no, existen afirmaciones cruzadas, del estilo “son funcionales a la derecha”, aunque no se haga nada para revertir o acordar posiciones que se suponen a favor de los que menos tienen. No siempre las posiciones que se realizan a través de los discursos son correspondidas en las acciones. O en todo caso el supuesto interés popular se encuentra condicionado por intereses que se suponen que a la larga lo favorecerían. Por suponerse complementarios. Favorecer a ciertos empresarios podría generar puestos de trabajo, y de tal forma beneficiar a los trabajadores, aunque eso no sea completamente comprobable, y en muchos casos sólo sirva para juntar mano de obra de escaso valor.
A su vez desde muchas izquierdas se tiene una valoración que engloba a todos los adversarios en el mismo lugar, el del enemigo principal, y por eso le da lo mismo que por ejemplo en un país como Colombia vuelva el uribismo, o se prosiga un proceso de paz con la guerrilla. Existen gobiernos que obviamente no son ni revolucionarios ni de izquierda, pero un dato que no debiera pasar por alto son las condiciones que esos gobiernos generan, condiciones que favorezcan el desarrollo o el declinamiento de los movimientos populares. Este aspecto no debiera ser soslayado.
En otros tiempos implicaba un famoso debate que discernía entre “reforma o revolución”, en el cual se consideraba a determinados procesos de cambio social, como un engaño a las masas populares, ya que en verdad se hacían para que no se produzca lo que verdaderamente debiera suceder. La famosa “astucia de la burguesía”. De todas formas, esa clase de debate si no tiene correspondencia con la existencia real de masas populares organizadas, con relaciones de fuerza concretas, siempre resultará una abstracción, muy alejada del sentir común. Pero obviamente no sólo las izquierdas radicales, en algunas oportunidades tienen escasa inserción popular, en algunos casos, son también debilidades de los propios gobiernos progresistas, ya que un gran caudal de votos no siempre es equivalente a una influencia destacada en la base de la sociedad. El caudal electoral no siempre se corresponde con fuerza orgánica, que pueda preservar por tiempo indefinido los cambios producidos, y pueda sentar nuevas tensiones que profundicen ese rumbo.
En Ecuador, un debate sensible se da en relación con la posibilidad concreta de explotación petrolera en el Yasuní. Tras el fracaso del proyecto ITT, de no explotar la región, para no contaminar al medio ambiente, el gobierno de Rafael Correa decidió que se debe realizar una “explotación inteligente” del Yasuní. Entre sus consideraciones, el país andino no puede ni debe privarse de explotar coherentemente sus recursos naturales, ya que si no lo hiciera sería imposible profundizar el proceso de revolución ciudadana. Según Correa, no se puede hacer apología de la pobreza, a la pobreza hay que desterrarla, y según él existen grupos a los que eso pareciera no importarles. En el informe a la nación realizado el 24 de mayo, el mandatario subrayó explícitamente que con los pobres la política no debe ser la caridad, sino la provisión de instrumentos para que puedan salir de esa condición. Y para eso debe existir desarrollo productivo. Si bien en muchos países de la región la explotación de recursos naturales, y la exportación de commodities es casi un lugar común, en Ecuador todo eso está pensado en función del desarrollo y cambio de la matriz productiva. De tal forma el desarrollo de tecnología de punta es uno de los datos salientes del país andino, destacándose la reciente inauguración de la Ciudad del Conocimiento Yachay, la primera de ese estilo en el continente.
Si la denominada izquierda radical, viera efectivamente que la explotación de los recursos naturales no resulta coincidente con el desarrollo ecuatoriano, sin lugar a dudas estaría en lo correcto llamando a la movilización. Pero la realidad muestra que existe un movimiento importante en la base misma de la sociedad, que debiera encontrar canales de participación unitarios. Instrumentos que les permitan a los ciudadanos luchar por sus objetivos.

La contradicción en las calles. El pasado 6 de junio el denominado movimiento Yasunidos, al igual que la Red de Asambleas Territoriales de Quito llamaron a la protesta callejera y al cacerolazo. El fracaso de ambos espacios fue que además de convocar solamente a muy pocas personas, en simultáneo una imponente movilización popular llenó la Plaza de la Independencia, para decirle sí al desarrollo, a la lucha contra la pobreza y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. La Red de asambleas territoriales no logró reunir en Quito a más de cien caceroleros, mientras que en otras ciudades fueron algunas pocas decenas.
Bajo el lema de que son los amazónicos quienes deciden entre vivir en la miseria o con dignidad, miles de personas llegaron a la Plaza de la Independencia en Quito para entregar al Presidente Correa, aproximadamente 1.100.000 firmas que respaldan la explotación responsable de los campos ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).
Yofre Poma, líder de Sucumbíos, Carlos Viteri Gualinga, dirigente amazónico, Moi Enomenga, representante del pueblo waorani, entre otros, apoyaron la “Caminata por la Vida y el Desarrollo”. Tras ser recibidos por el Presidente Rafael Correa, éste se comprometió a no descansar hasta que la deuda social, de autoría de los pasados gobiernos neoliberales, quede saldada. Y, por tal motivo, la explotación del 1 x 1.000 del Parque Nacional Yasuní será fundamental. Según expresaba ese día el oficialista diario El Ciudadano: “El pueblo y su clamor retumbó en Quito, mientras que el ‘cacerolazo’ ni siquiera se constituyó en un ligero zumbido para las familias capitalinas que a esa hora ya estaban descansando para, al día siguiente, seguir luchando por un Ecuador próspero”.
Con todas sus contradicciones, en Ecuador prosigue una de las más interesantes experiencias de cambio social de la región.

Entre operaciones y supuestos ilícitos. Boudou, Scioli y Magnetto

Uno de los principales problemas de la política argentina, es que en muchos casos los enfrentamientos se producen montados en escenarios, no del todo políticos. Lo deseable sería saber qué cosas se juegan verdaderamente detrás de ciertos acontecimientos. Para ser más explícitos. Qué hay en juego detrás del caso Boudou, más allá de saber si incurrió o no en delito. Porque de hecho si fuera cierto que existe corrupción generalizada como algunos periodistas sostienen, lo de Boudou no sería más que una punta más de un ovillo demasiado grande. El problema político por ende es saber qué hay detrás de todo esto. Qué actores están jugando la partida. Qué intereses hay en juego. Saber eso sería mucho más esclarecedor.

Pero el peronismo nunca muestra las cartas, cree que conservar sus contradicciones siempre es válido. Si se trata de conservar el poder por el poder mismo, tal vez eso sea verdad, pero en cuanto a un proyecto colectivo eso resulta su propia ruina. Boudou ayer le decía a Víctor Hugo Morales sobre la existencia de “internismos” al interior del oficialismo, y sobre operaciones en off, realizadas por políticos oficialistas con periodistas. Claro no se trata de operaciones realizadas ni por el Frente Renovador ni el FAUNEN, sino por mismos oficialistas, que demuestran además tener muy buena sintonía con ese periodismo al que el gobierno no se cansa de pegarle.

Cuando en 2011 el actual vice fue elegido por la presidenta, para ser su compañero de fórmula, enseguida eso se interpretó como una señal muy clara. Boudou sería el presidente en 2015 en caso de no reformarse la Constitución. Al poco tiempo apareció todo esto de Ciccone. No se trata de no saber si el vicepresidente está implicado o no en esa causa, sino de saber  a qué intereses políticos responde todo esto, es decir a las contradicciones en el seno del gobierno. A los “internismos” de los que habla Boudou, que más allá de ser culpable o no, no hay dudas de que existen. Conocer mejor todos esos contubernios, a los ciudadanos les permitiría elegir mejor en 2015, con otras pruebas que las que ofrecen Clarín o Lanata, y tras la cual algunos oficialistas con su silencio aprueban. Tampoco los medios oficialistas dicen nada al respecto.

En marzo de 2012 el Caso Ciccone desembarcó en la Legislatura provincial. A través de un pedido de informes, el kirchenrismo avanzó sobre la relación entre el gobernador Daniel Scioli y la empresa Boldt S.A. acusada por Amado Boudou de estar detrás de las denuncias de corrupción que lo salpican. Tras ese pedido Scioli realizó un informe. Por aquel tiempo Clarín señalaba que “Aunque en el informe presentado en la Cámara de Diputados provincial, el gobierno de Daniel Scioli no explica las razones de la adjudicación directa en la captación de apuestas y de casino a Boldt S.A, ayer se cumplió el trámite de rendición de cuentas de la Lotería bonaerense sobre los contratos con la empresa que es cuestionada por Amado Boudou. El vice acusa a Antonio Tabanelli, como autor intelectual de la investigación por los presuntos manejos irregulares que se le adjudican en el levantamiento de la quiebra de Ciccone”.

Al igual que con el Informe sobre el Caso Candela, el gobernador siempre salió airoso. Ayer Scioli, junto a su supuesto archirrival Sergio Massa estuvieron juntos en un acto convocado -nada más ni nada menos- que por Héctor Magnetto.

En caso de que todo fuera nada más que una operación, sería muy bueno saber quiénes están detrás de ella. Si fuera un delito los culpables debieran pagarlo. Pero hoy es muy difícil no sólo llegar a la verdad, sino saber bien cómo se entrecruzan las operaciones y los supuestos ilícitos. Saber la verdad debiera ser una deuda con la ciudadanía.

Compro luego existo- Sobre el consumismo

Ya no es necesario esperar la muerte para luego acceder al paraíso que siempre prometieron las religiones, ahora consumiendo, el paraíso terrenal está a la vuelta de la esquina.

Hoy es un lugar común señalar al “boom del consumo”, como una variante de importancia para que la economía funcione. Si el pueblo no tuviera demasiadas posibilidades de adquirir los elementos necesarios para su sobrevivencia, nos encontraríamos en un nivel de crisis profunda, pero habría que diferenciar claramente lo que debiera ser la consolidación de un mercado interno por un lado y la impronta consumista por el otro.  

Según las teorías del marketing, los grandes vendedores no son los que saben ofrecer los productos necesarios, sino los intangibles. Esos que nunca se sabe bien, qué son, ya que no son concretos, pero que deben considerarse  como necesidades irrenunciables. Las empresas hoy no sólo nos quieren ofrecer un servicio útil, sino que nos venden una salud impecable, la seguridad de nuestra familia, la dicha prolongada y el éxito financiero. En todo caso si lo que se trata de vender, no es algo completamente intangible, como puede ser una prenda de vestir, lo que hay que saber hacer es vender la marca, invistiéndola de algún halo mágico, porque da prestigio, o mayor atracción; aunque su valor de utilidad no sea demasiado diferente. Un jeans de marca puede llegar a valer tres o cuatro veces más, ni hablar de un perfume o una determinada bebida alcohólica, mucho más si se pusieron de moda, y sus efectos resultan inigualables.

La red deseante.

Según precisa la teoría de Freud, el deseo está orientado hacia algo que si bien simula serlo, en realidad es algo inexistente. Cada vez que alguien alcanza lo que desea, se encuentra que eso al final no era, y de esa forma, vuelve a desear, y así infinitamente. Lo alcanzado nunca coincide con lo que se buscaba. A su vez nadie se siente atraído por lo que nadie desea, en ese sentido el deseo es el deseo de los otros, lo que socialmente se presenta como deseable. Este concepto del psicoanálisis sirve para mostrar dos facetas principales de cómo funciona la oferta consumista: la insatisfacción permanente y el objeto que puede saciarla. Una oferta que sin dudas está presente continuamente en la subjetividad social, para que la sociedad se reproduzca sin quiebres. Ya que no solamente es la ganancia de los que venden mercancías, sino también la ilusión de que ésta es la mejor sociedad posible. El muchacho veía la publicidad que aparecía por la pantalla de la TV. En ella, otro muchacho se desplazaba arriba del nuevo automóvil, el más caro de los que habían salido en el último tiempo. Pasa cerca de una vereda y una de esas chicas que parecen inalcanzables lo mira y le sonríe. Él se detiene y le abre la puerta. El final es conocido. Apología del medio (el automóvil) y apología del fin (la conquista de la chica). La muchacha de esa forma también se convierte en objeto de consumo. Ella no solamente le da sentido a la escena, ella también compra el automóvil. De esta forma la subjetividad social consumista y hegemónica transforma a los sujetos en objetos. Es el imperio de la imagen y del fetiche.

Según dice Mauricio Lazzaratto en su libro Políticas del Acontecimiento (Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, 2006), el capital financiero no fabrica mercancías como lo hace el capital industrial. El capital financiero –dice- fabrica mundos. ¿Qué tipo de mundos? A través de la publicidad y la cultura de masas fabrica mundos de signos y de imágenes que sugieren que el paraíso terrenal existe, y que es posible a través de la adquisición de diferentes productos que están en el mercado. La insatisfacción permanente de los deseos, tiene como correspondencia necesaria la idea de la fragilidad, y para ella el capital ya encontró una solución sin esperar una vida ultraterrena, mucho menos el cambio social. Hoy tal como sugiere el filósofo esloveno Slavoj Zizek, la gente ya no se siente culpable por saciar en exceso sus apetitos instintivos, sienten culpa por no poder darle mucho mayor goce a sus cuerpos. Sin dudas una demanda de extremo placer, que al no poder saciarla, se convierte en frustración. Obviamente que no se trata de generar -por lo contrario- la vida aséptica de un “santo”, sino saber que la demanda de mayor placer, es una de las imposiciones morales del capitalismo tardío. Pero sobre todo porque es imposible y conduce al individualismo extremo. Porque el paraíso prometido obviamente no es para todos, se les ofrece a todos, pero se sabe que es para pocos: para los emprendedores exitosos con suficiente autoestima. Para los que hacen de la competencia más salvaje, su principal modo de vida.

De ésta nadie se salva

  Si bien la mayor oferta consumista está dirigida hacia los sectores que más tienen, y que por ende pueden  comprar lo que se les ofrece; tal como sugiere la crítica cultural brasileña Suely Rolnik, las clases sociales más desposeídas no son ajenas a esa promesa capitalista de paraíso en la tierra. Si bien las elites se encuentran enfermas y alienadas bajo la promesa de esa creencia de la religión del Capital, nadie está a salvo de ello, y más aún, para los excluidos esa promesa resulta mucho más perversa y terrible. La promesa es imposible para todos, ya que no alcanza para saciarla consumir todo lo que nos ofrecen. Si para las clases sociales más pudientes existe la posibilidad ilusoria de realización, en los más pobres esto tiene consecuencias nefastas. Esto sin dudas, no es ajeno a cómo determinados gobiernos instrumentalizan las políticas sociales, ya que éstas no pocas veces van en la dirección de hacer creer en la posibilidad concreta del paradigma consumista.

Nike es la cultura

El capitalismo lejos de excluir del consumo, lo multiplicó, lo dividió por segmentos y hoy para cada estrato social existe una oferta específica. Si los autos de alta gama, las 4 x 4, los personal trainers, los cirujanos estéticos, los libros de autoayuda, y mil burbujas más se les ofrecen a las clases medias y altas; también podés comprarle a Sprayette la faja que te quita los kilos de más, porque la onda es quemar grasas sin hacer esfuerzos; podés comprar lo que alarga el tamaño del miembro y porqué no una vida. Todo está a tu disposición para una existencia perfecta y envidiable. También para los extractos más pobres hay una oferta específica, y cada vez más globalizada. El magnate petrolero y el capo narco corren en la camioneta, con anteojos negros y una “rubia producida” a su lado, mientras el pibe de barrio se desvive por las zapatillas con llantas, y la ropa del deporte más popular del país imperial: el beisbol. Cualquiera que vea a este último seguramente dirá: “es un pibe chorro”, pero del supuesto magnate de la Hilux o la Land- Rover,  seguramente no dudará, lo más probable es que sienta envidia. Esa lógica hoy está instaurada. Bastante perversa por cierto. Tanto las “llantas” como la 4 x 4 simulan ser todo terreno. Igual que el consumismo.

El consumo borró la frontera de la legalidad

Prometer la felicidad a través del consumo, además de producir ganancias y obturar la posibilidad de transformar la sociedad para un destino colectivo verdaderamente satisfactorio, -ya que eso no sería necesario, porque hoy están todos los placeres en venta-  ya no puede sostenerse para el capitalismo en la misma legalidad que construyó. Hoy parte de las ganancias como de los placeres, entraron en un callejón supuestamente ilegal, pero patrocinado por los mismos que dictaminan la ley.  Las redes de trata y del narcotráfico lejos de ser anomalías del capitalismo, son engendradas para satisfacer las promesas de goce, esas que largamente exceden las mismas posibilidades humanas. En Noches de Cocaína, James G. Ballard relata con estupor como un grupo de acomodados veraneantes, queman una mansión y ponen en actos sus fantasías sexuales más aberrantes, como forma de satisfacer eso que la cotidianeidad nunca les brinda, incluso bajo el riesgo de morir en el intento.

Nota publicada en Revista Mascaró de junio

Las nuevas constituciones

Tiempos nuevos. La reforma constitucional venezolana de 1999
 hizo punta en los procesos de cambio.

Las nuevas realidades económicas, políticas y sociales que atraviesan Latinoamérica se expresan también en las configuraciones del ordenamiento jurídico-político que –a favor del auge de los movimientos y gobiernos de raigambre popular– apuntan a cambiar sistemas anclados en estructuras basadas en el privilegio y la opresión.

Hoy se habla de seguridad jurídica, pero hacerlo sólo en referencia a los derechos empresariales resulta una muy burda simplificación, ya que esa seguridad es un atributo que les corresponde a todos los ciudadanos de un país. La existencia del movimiento no garantiza el cambio, ya que las estructuras poseen una entropía propia que les garantiza su reproducción al infinito, pero siempre en el movimiento es posible avizorar elementos de ruptura que podrían prefigurar un nuevo ordenamiento. De eso se trata en un proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, de encontrar esos puntos de fuga, para diseñar no solamente una nueva forma, sino encontrar una que se adapte a los nuevos contenidos que surgen de la cambiante realidad, y a su vez les den perspectiva en el tiempo. Lo nuevo siempre se abre paso contra la resistencia de los viejos moldes, que aunque estén atrasados temporalmente en cuanto a su validez, se amparan en la Letra.
Una Constitución o Carta Magna es la principal Ley de Estado, es la que determina la organización del mismo, de sus atribuciones, de sus límites, y a su vez la que establece tanto los derechos como las obligaciones de los sujetos en la sociedad. Una Constitución en las actuales sociedades dictamina la distribución de poderes, y si bien muchos afirman que son pocos los que de hecho conocen a esa Letra, todo el andamiaje de la sociedad política está determinado por ella y por la sobredeterminación ideológica que la fundamenta.
La Letra Constitucional contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas del aspecto relacional de todo el cuerpo social. Siempre habrá elementos que permanecerán por fuera de lo escrito, pero forman parte de lo consuetudinario, es decir que se asientan principalmente en el sentido común imperante. Lo deseable sería que dichos elementos no escritos encuentren los significantes que los representen ante el Otro social. El modelo de constituciones plurinacionales (Bolivia y Ecuador) resulta un ejemplo válido al respecto, donde las mayorías y minorías siempre postergadas, alcanzaron a ser incorporadas como sujetos de pleno derecho. Según el jurista francés Adhémar Esmein, la Letra garantiza la certidumbre jurídica.
“La Ley es producto de relaciones de fuerza”, le escuchó decir quien escribe al ya desaparecido abogado León Toto Zimerman. Esta definición del fundador de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) si se quiere, resulta compatible con aquel postulado foucaultiano de que el poder produce efectos de verdad, y que ambos están imbricados dialécticamente. De tal forma, no es una Ley la que podría cambiar las relaciones de fuerza, ya que si no existen condiciones favorables para ello, las leyes aparecerán siempre como un dato inobjetable, comparables a una ley divina o natural. Las leyes que favorecen a los pueblos son conquistadas con sus luchas. En algunos casos, por aspectos temporales que obedecen a la inercia, lo legal no resulta acorde a lo que sucede en una sociedad. Se encuentra desactualizado. Poder percibir esa diferencia para transformar al aparato jurídico político es una tarea que, en algunos países de la región, resultó de suma importancia para que los cambios quedasen institucionalizados. Si en algún momento fuera factible un retroceso, eso tendría que conllevar también una ruptura del orden constitucional.
Hoy, a partir de una nueva realidad política y social que atraviesa la región latinoamericana, sin la existencia de una nueva institucionalidad que le dé un marco jurídico- político a las nuevas experiencias, tanto gubernamentales como las que conciernen a los movimientos sociales –configurando un nuevo Estado–, sería improbable alcanzar un punto de no retroceso a estadios anteriores. Al asumir Hugo Chávez la presidencia de Venezuela en 1999, una de las primeras medidas que impulsó fue la reforma de la Carta Magna de su país, y posteriormente sucesivas enmiendas. Tanto en Bolivia como Ecuador, los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, también impulsaron asambleas constituyentes para constituir sendas constituciones políticas de Estado. Lo hicieron a poco de asumir en sus gobiernos, principalmente para darles un marco institucional a los procesos de cambio que en ambos países fueron previos a la llegada al gobierno. Habiendo asumido en enero de 2006, Evo Morales dio pie ese mismo año a la conformación de la Asamblea Constituyente, mientras que Rafael Correa lo hizo también el mismo año de asunción, en 2007.
Ambos países venían desde inicios del nuevo siglo en procesos de gran inestabilidad política, con recambios obligados en las gestiones presidenciales, donde además se producía un acelerado proceso de luchas sociales y demandas populares que debían encontrar forma en nuevas constituciones políticas de Estado, en las cuales debían quedar expresadas esas demandas de manera positiva. Este hecho no fue fortuito ya que tras el derrumbe del neoliberalismo en la región, se debía avanzar en un nuevo proceso constituyente, ya que desde 1989 se había producido en el mundo, toda una arremetida de los Estados Unidos en propiciar no solamente nuevas constituciones acordes a la existencia de un mundo unipolar en el cual se desarrollara libremente el paradigma del libre cambio y la libre empresa, sino también reformas constitucionales acordes al consenso de Washington. En la Argentina, la reforma del ’94 fue una muestra sumaria de ello.

Las cartas otorgadas. Por definición, una Constitución Política de Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. También rige la relación del Estado y el conjunto de los ciudadanos, con las empresas privadas. Es importante señalar esto último ya que a partir de la desregulación del Estado propiciada por el neoliberalismo, las enmiendas constitucionales debían permitir el “vale todo” empresarial, aunque de esa forma perdieran derechos tanto los trabajadores como los consumidores.
Según desarrollara Tiberio Graziani, director de la revista Eurasia de estudios geopolíticos, tras el desmoronamiento del mundo bipolar, Estados Unidos reforzó su rol de “constructor de naciones libres”. Proclamándose Nation and State Builders, los Estados Unidos interfirieron en la elaboración de las actas fundamentales de los nuevos Estados nacionales, que surgieron gracias a la deflagración del ex bloque soviético. Este tipo de intromisión no se presentó como si fuera una novedad en la historia de la política exterior norteamericana, sino que fue una constante suya a lo largo de todo el Siglo XX. En el mismo marco, Estados Unidos reforzó su tutelaje en diferentes puntos del planeta y promocionó reformas constitucionales. En Latinoamérica esto fue bien patente. Según Graziani, estas modificaciones son comparables a las “cartas otorgadas”. Las mismas –propias del tiempo medieval– son aquellas constituciones en cuya conformación y redacción no participa el pueblo por medio de los ciudadanos ni por medio de sus representantes, sino que es el rey o el órgano gobernante, generalmente ejecutivo, quien tiene el derecho de “acordar” al Estado las formas de organización y conformación que considere necesarias y convenientes, concediendo al pueblo y a los ciudadanos los derechos y garantías que estime apropiados para ellos y su misma autoridad.
Graziani, quien es un acérrimo promotor de la multipolaridad, y que considera como muy importante en el tablero geopolítico mundial el desarrollo de la integración latinoamericana –como uno de los elementos clave para el avance de la desarticulación efectiva de la unipolaridad–, afirma que “en el proceso de transición desde la fase unipolar hacia la fase multipolar se hace necesaria la formulación de nuevos paradigmas constitucionales articulados continentalmente”, debido a que en el marco de las relaciones geopolíticas mundiales, “las constituciones nacionales de los Estados no hegemónicos de hecho son ordenanzas jurídicas parecidas a las cartas otorgadas del Ochocientos, es decir, simples concesiones”, asegurando luego que “todo ello pone en evidencia, una vez más, que la dimensión del Estado nacional es insuficiente para asegurar la independencia y aun la identidad cultural de la población de la que es expresión política. Puesto que en la actualidad la dimensión geopolítica posee la capacidad suficiente de satisfacer las exigencias de los pueblos, desde una perspectiva continental (o gran regional), resulta importante proponer modelos constitucionales que tengan en consideración este hecho extraordinario. Y no sólo por razones heurísticas. De hecho, estos nuevos paradigmas –basados en la dimensión continental del Estado–, constituirían las guías para hacer más incisivas y coherentes las alianzas (geoestratégicas y geoeconómicas) hasta ahora impulsadas por los mayores países de Eurasia y de América Indiolatina, con el objetivo de la integración de los respectivos espacios continentales”.
Estas apreciaciones del sociólogo italiano no son ajenas al desarrollo de las diferentes herramientas de integración que hoy se hacen presentes en la región. Por lo contrario, Graziani nunca deja de señalar el rol capital que cumple un organismo como es la Unasur.

Una nueva institucionalidad. En los diferentes procesos constituyentes de Suramérica, además de debatir los derechos de todos los ciudadanos y la autonomía nacional, hay un aspecto esencial que es el referido al cuidado del medio ambiente y sobre todo a la protección de los principales recursos naturales. Las grandes corporaciones internacionales, a través de sus medios afines de comunicación, siempre silenciaron lo más importante de las nuevas Cartas Magnas para realizar una feroz crítica a lo que llaman “hiperpresidencialismo”. Como si las respectivas reformas hubieran sido hechas exclusivamente para perpetuar a los gobernantes.
“Única. Juró sobre esta moribunda Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro” dijo Hugo Chávez al asumir su primera presidencia en febrero de 1999. Ese mismo año se desarrolló la asamblea constituyente que promulgaría una nueva Constitución el 15 de diciembre. De esta forma, pocos días antes de culminar el siglo, Venezuela produjo su refundación como república, constituyéndose así la República Bolivariana de Venezuela como “una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones”.
La experiencia venezolana abrió un proceso que luego sería casi como un factor común en todo el continente. Sin dudas, un rol paradigmático fue el que inició Hugo Chávez al llegar a Miraflores. Tras llegar al gobierno, tanto el dirigente campesino e indígena Evo Morales como su par ecuatoriano Rafael Correa se hicieron eco del ejemplo del comandante bolivariano, y tras varios años de luchas de los pueblos ecuatoriano y boliviano, ambos mandatarios se propusieron institucionalizar los procesos de cambio social que previamente venían desarrollando los sectores populares de ambos países.
Lo significativo de los procesos constituyentes tanto en Bolivia como en Ecuador fue la gran participación de masas, entre las cuales se destaca la de los pueblos originarios de ambos países, que lograrían institucionalizar constituciones políticas de un Estado que ahora se proclamaba plurinacional, multiétnico y partidario del Buen Vivir.

Sumak Kawsay, Suma Qamaña. Buen vivir no implica el goce indiscriminado de todos los placeres conocidos: comer, beber, dormir o tener sexo, sumando a todo ello el consumismo extremo; sino como una propuesta colectiva que se ajusta a la armonía con los otros, y a su vez con el medio ambiente, con la tierra.
El Sumak Kawsay, en el quechua ecuatoriano implica principalmente ni un mejor ni un peor vivir que el resto de la comunidad. También sugiere el eludir la prisa que lleva a querer mejorar obsesivamente nuestro pasar. Vivir en consonancia con los otros, y sin desvivirse por mejorarla, son sus principios fundantes.
El Suma Qamaña en el aymará boliviano posee una significación más colectiva y podría ser traducido como un buen convivir, como una sociedad buena para todos y en completa armonía.
El Sumak Kawsay fue incorporado a la nueva Constitución ecuatoriana de 2008 donde se enuncia que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, mientras que en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 se escribe que: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama Hulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y ahavai ñan (camino o vida noble)”.
Ambas constituciones plurinacionales se pronuncian por una ética que rastrea en las culturas autóctonas que fueron diezmadas por los conquistadores. Una iniciativa que plantea desde la misma tierra, encontrar una manera de relacionarse con los otros y con el medio, diferente a la que fue impuesta y que aún hoy resulta difícil desembarazarse de ella. Precedentes como los de Ecuador y Bolivia son mucho más que un buen aliciente.

El proceso de cambio en Bolivia

Este año se realizarán las elecciones presidenciales en el país del altiplano. El presidente Evo Morales irá por una nueva reelección, pero esta vez la Central Obrera Boliviana (COB) ubicada  a la izquierda del gobierno, orgánicamente será parte de un frente único para aislar a la derecha definitivamente.

El año pasado tras la muerte de Hugo Chávez, la socióloga chilena Marta Harnecker, aseguró en una entrevista que le realizara el periódico Mundo Obrero, perteneciente al Partido Comunista Español, que Bolivia, Ecuador y Venezuela están construyendo es una alternativa avanzada al neoliberalismo, y a su vez  modificando sustancialmente las relaciones de fuerza que fueron dominantes por mucho tiempo. No resulta ocioso señalar que esos tres países celebraron procesos constituyentes, que culminarían con nuevas Constituciones Políticas de Estado, en las cuales las mayorías populares tienen plena participación e injerencia.

Según expresó el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro “Las tensiones creativas de la Revolución” en los albores del nuevo siglo, más precisamente con lo que se llamó la “Guerra del agua”, se inició el proceso de cambio social en Bolivia. En abril del año 2000, con las grandes sublevaciones populares, se terminó con un consenso pasivo que el neoliberalismo había construido por más de quince años. Las masas populares, principalmente los trabajadores y el movimiento campesino- indígena conformaron un bloque social, que en 2003 con la “Guerra del gas” produjeran la renuncia del presidente derechista Gonzalo Sánchez de Losada (hoy prófugo de la Justicia y protegido en los EE. UU.). Ese mismo bloque sería la base principal del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS- IPSP) que en enero de 2006 llevaría a la presidencia del país al dirigente campesino Evo Morales. El año anterior el MAS había ganado en primera vuelta por el 54 %.

Una realidad en movimiento

Para entender qué es “el proceso de cambio” ya que así se lo denomina en Bolivia. El mismo no es patrimonio de un partido o un gobierno a través de su experiencia de gestión; es el resultado de años de resistencia al neoliberalismo, de las insurrecciones populares durante las guerras del agua y del gas, de la experiencia constituyente de 2008, al igual que de los diferentes enfoques que se realizan desde la variedad plurinacional, y de los que se posicionan a la izquierda del gobierno. Pueden existir diferentes visiones estratégicas, o modos de interpretar al proceso, pero todos lo sostienen como tal.  Además vale hacer la aclaración de que el MAS- IPSP si bien intenta constituirse como un auténtico partido político de masas, muchos analistas en Bolivia consideran que aún no ha podido romper  con las tendencias centrípetas y corporativas, que genera el hecho de ser aún una gran coordinación de movimientos sociales. Obviamente que eso no es poco, pero sus principales líderes (como lo es Evo Morales), saben que eso también es parte de profundizar el proceso de cambio.

En mayo del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es el organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia, dictaminó como válida la posibilidad de que en los comicios que se celebrarán en octubre de este año, tanto el actual presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelegidos. A casi un año de que se produzcan las elecciones, en octubre del año pasado, Evo Morales convocó a su fuerza para iniciar la campaña electoral. En esa ocasión el líder del MAS instó a sus seguidores a que en las próximas presidenciales se debe ganar por el 74 % de los sufragios. “En 2002 obtuvimos el 20%, pero cuando ganamos las elecciones, en 2005, fue con 54%. Llega 2009 y ganamos con 64%, es decir, 10% más que en la anterior elección y ahora la meta debe ser llegar el próximo año al 74%” les expresó Evo a sus partidarios. Lejos de suponer el incremento del porcentaje electoral como una cuestión meramente cuantitativa, hay que entenderlo a esto como una fuerte apuesta a construir una relación de fuerzas mucho más holgada, que implique no sólo el desarrollo de la herramienta política, sino también dejar a la derecha mucho más aislada, con una unidad mayor del pueblo boliviano.  “Lo más importante para mí es el tema de la unidad. Unidad orgánica y unidad política” dijo en esa ocasión, asegurando luego que ”tenemos tiempo todavía para superar, mejorar y unirnos”, agregando que para él “la unidad es el triunfo del pueblo, es la derrota del imperio, es un programa con principios” porque “la unidad en Bolivia es sepultura para los neoliberales”.

A partir de ese encuentro con los militantes -desarrollado en octubre- prosiguieron diferentes ampliados del MAS- IPSP entre los que se destaca principalmente el denominado “Encuentro de los trabajadores” realizado el pasado 2 de febrero en Cochabamba. Allí además de los diferentes movimientos sociales que integran el MAS, se produjo la adhesión orgánica de la Central Obrera Boliviana (COB), que si bien no forma parte del partido, se posicionó como el principal aliado para profundizar el proceso de cambio. La COB tiene 2 millones de afiliados.

“La Central Obrera Boliviana hace conocer su voz oficial a nombre de los trabajadores del país, porque de manera orgánica, por resolución del Ampliado Nacional de Santa Cruz, del 21 de noviembre, la COB resuelve defender, profundizar y fortalecer el proceso de cambio a la cabeza del compañero Evo Morales”, dijo en febrero el secretario ejecutivo de la central Juan Carlos Trujillo, quien además cargó contra los detractores del proceso de cambio, que según él intentan dividir y fraccionar a la clase obrera. Trujillo aseguró que “es fundamental sellar el reencuentro de los trabajadores del país” y luchar por la independencia de clase con respecto al imperialismo y el capitalismo. A su juicio, “no se puede perdonar a la derecha” que por más de 20 años se aprovechó de los recursos naturales de Bolivia, para su beneficio. “Sepa bien la derecha que los trabajadores unidos, siempre vamos a defender la democracia que tanto nos ha costado recuperar, construir”, dijo, e instó a los trabajadores a resolver sus diferencias y “defender este proceso” porque “es de todos y para todos”.

Juan Carlos Trujillo es un joven dirigente minero que asumió como líder de la COB hace tres años. Desde su asunción dijo que él no era del MAS, sino un partidario de la izquierda. Tuvo formación político- sindical en la Escuela de cuadros sindicales Lázaro Peña de Cuba, y al momento de asumir a cargo de la COB, planteó que la organización obrera debía reencauzar al proceso de cambio. Trujillo en 2012, junto a otros dirigentes sindicales se planteó la conformación de un instrumento político de los trabajadores. “La Central Obrera Boliviana va a reencaminar (el proceso de cambio) y va a intervenir en defensa de los intereses de los trabajadores y del país porque el proceso que vivimos es de los trabajadores de Bolivia, no es de un partido político”, había dicho el dirigente minero por ese entonces. El denominado proceso de cambio es un flujo que se viene desarrollando desde la guerra del agua del año 2000, y que tiene final abierto. Es cierto que existen diferentes posiciones de cómo encaminarlo, pero son diferencias de matices en cuanto a una misma intención liberadora. En tal sentido se podría decir que la unidad que sellaron el MAS- IPSP junto a la COB, representa una soldadura social estratégica para aislar a la derecha y enfrentar en mejores condiciones a los sectores concentrados de la economía.

Nota publicada en Mascaró de mayo de 2014

El trabajo manda en Ecuador

Trabajo y capital. El proyecto anunciado por Correa
reformula la realidad social ecuatoriana.

El nuevo Código laboral propuesto por el presidente Correa refleja las nuevas relaciones entre fuerzas sociales.

Como una meta más en la profundización de la denominada Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa se plantea revolucionarizar las relaciones laborales, en ese país. En el acto por la celebración del 1º de Mayo, realizado en la ciudad portuaria de Esmeraldas, fue el mismo mandatario quien hiciera público el anuncio de un nuevo Proyecto de Código Orgánico del Trabajo en Ecuador. Allí, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le entregó copias del proyecto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y a representantes obreros de esa ciudad, con la finalidad de socializar el texto y comenzar el debate. Ese mismo día, las calles de Quito se encontraban atestadas por dos grandes movilizaciones, una organizada por la Alianza País y gremios afines, y la otra por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que es una coalición de centrales sindicales, principalmente de izquierda. Mientras los primeros celebraban que ese mismo día se estuviese presentando en Esmeraldas el nuevo código, los otros expresaban que hay varios puntos del mismo, que son para el debate. “Pedimos debatir el nuevo Código de Trabajo. Queremos que el Gobierno, la Asamblea y el pueblo ecuatoriano lo discutamos tripartitamente”, dijeron.
En Esmeraldas, bajo el lema de que “El trabajo humano está por encima del capital” Correa hizo hincapié en que la Revolución Ciudadana es un proceso político de transformación de las relaciones de poder en beneficio de las mayorías populares y principalmente de los trabajadores. En su intervención no se limitó a hablar solamente del nuevo código laboral, sino que intentó enmarcarlo en un proceso general que es el de cambio de la matriz productiva. Según Correa no es posible salir del atraso estructural de la región sin revertir la injusta división internacional del trabajo, que condenó a los latinoamericanos a ser nada más que productores de materias primas. Para eso resaltó la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico, como lo demuestra la reciente inauguración de la ciudad del conocimiento Yachay. Por todas estas razones un nuevo código del trabajo, no representa nada más que una simple herramienta de arbitrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, sino un proyecto integral que permita que el Ecuador despegue como ese mentado “jaguar latinoamericano” al que el viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, Hans Jürgen Beerfeltz, asociaba con los emergentes “tigres asiáticos”.
En su discurso en la Plaza Cívica de Esmeraldas, Correa dijo que “lo mejor está por venir” para los trabajadores con el nuevo Código “revolucionario y socialista”, que prioriza al ser humano sobre el capital, haciendo referencia a que hoy en Ecuador las relaciones de fuerzas cambiaron y que por esa misma razón se debe seguir combatiendo contra la terrible desigualdad, que aún no fue erradicada. Correa señaló que durante el imperio del neoliberalismo “para competir se tenía que lograr ‘flexibilización laboral’, eufemismo para disfrazar la explotación laboral… So pretexto de incrementar la competitividad y atraer inversiones, la política neoliberal implementó mecanismos de explotación y precarización del trabajo, como la tercerización laboral. Ahora es prohibida la tercerización, compatriotas. ¡Prohibido olvidar!”. Según el mandatario hoy están dadas las condiciones para revertir la injusta explotación de la que fueron víctimas los trabajadores de ese país, y que esa reversión implica en simultáneo la transformación productiva y la autonomía nacional.
Por su parte el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, en el mismo acto haciendo entregas de copias del proyecto de código laboral, dijo que “este es un día de conmemoración, histórico, para la reflexión, para la unidad de la clase trabajadora”, explicando luego que con este Código comienza un “debate serio, profundo y democrático”, invitando a todos los ciudadanos a aportar con este proyecto. Según informara por esos días el diario El Telégrafo, Marx Carrasco subrayó que se busca que el Código permita la máxima libertad de organización sindical, pero enmarcada en la Constitución y las leyes. Se pretende, además, que se dinamicen las relaciones laborales, así como una más efectiva administración de justicia de los derechos de los trabajadores, en el marco de la equidad y justa distribución de ingresos, indicando a su vez que el debate marcará “una nueva armonía social” entre empleadores, trabajadores y el Estado. “Sin trabajo no hay ganancia”, manifestó el Ministro, al recalcar que el proyecto debe debatirse sobre la mesa. “Aquí no hay secretos”, apuntó, señalándoles a los presentes que “con este nuevo Código, el poder lo tienen ustedes, compañeros trabajadores”.

El nuevo Código. La necesidad de comenzar a debatir el borrador, obedece a que el actual –que data de 1934–, según Marx Carrasco ya no se ajusta a la realidad ecuatoriana. En una entrevista que le realizara El Ciudadano TV el pasado 7 de mayo, el ministro, lo primero que aclaró es que no se trata de un código laboral, sino “de Trabajo” y que su cartera debería volver a llamarse como corresponde “Ministerio de Trabajo y no de Relaciones Laborales”, señalando que hace falta un decreto, para recuperar “nombre y apellido”. En tal sentido, subrayaba que “hay una diferencia no menor, no solamente formal, en hablar de relaciones laborales y hablar del trabajo” ya que las relaciones laborales necesariamente implican un vínculo entre empleado y empleador, y de esa forma se deja de lado una gran variante de trabajadores hoy no contemplados en ese esquema. Hoy existen subempleados, desempleados y formas mixtas que no se encuentran enmarcados dentro del antiguo modelo. Por esa misma razón para Marx Carrasco se hace imprescindible un nuevo código que contemple un “nuevo marco jurídico que dinamice la generación de empleo, que dinamice al trabajo y que sirva de tutelaje de la seguridad jurídica del derecho de los trabajadores”. El nuevo código debe establecer la equidad entre el trabajo y el capital, pero para eso según él hoy se dan formas confusas como la figura del trabajador autónomo, que en su gran mayoría son semiempleados, sin los beneficios que les otorgaría la ocupación plena. Habría trabajadores que de esa manera no gozarían de derechos, y en ese sentido –dijo–, el presidente Correa fue bien enfático en decir que su gobierno es un gobierno de los trabajadores, pero no sólo de los que se encuentran bajo relación de dependencia, sino de todos los trabajadores cualquiera sea su condición. Se trata del quinto borrador sobre la reforma, y se espera que el debate se abra a toda la sociedad. En tal sentido el ministro señalaba su anhelo de que se incorporen además de los trabajadores, diferentes sectores como son colegios de abogados, economistas, sociólogos e incluso diferentes partidos políticos y empresarios.
Si bien el proyecto aún no ha sido remitido formalmente a la Asamblea para su debate, un borrador fue entregado simbólicamente a su presidenta, Gabriela Rivadeneira, el 1º de Mayo, tal como se señalara más arriba. La propuesta consta de 528 artículos, doce disposiciones generales, cinco transitorias, diez reformatorias, cuatro derogatorias y una final, y parte de sus reformas han generado cierta disconformidad. Dos de ellas son el reemplazo de la jubilación patronal por un bono y la mensualización del décimo tercero, que equivale a un sueldo que se recibe en diciembre con el fin de cubrir los gastos de fin de año; y décimo cuarto, que es un Salario Básico Unificado para la compra de útiles por el inicio de clases. Ambos artículos son los principalmente cuestionados por las direcciones sindicales del FUT. También entre los puntos a debatir pero en el que pareciera existir consenso es la creación de una normativa que permita la conformación de sindicatos por rama de actividad. Según lo expresado por Carlos Marx Carrasco, esto obedece a que en el modelo de sindicato por empresa, hoy existen muchos establecimientos con muy pocos trabajadores, en muchos casos precarizados, y que eso dificulta su sindicalización. De tal forma el sindicato por rama permitiría que trabajadores de una misma especialidad, aunque trabajando en diferentes empresas, puedan tener el resguardo sindical. En el discurso pronunciado el 1º de Mayo, Correa recordaba que “en el 2007, la cementera más grande del país, con más de 600 millones de dólares en ventas, en un juicio laboral declaraba que no tenía trabajadores porque a todos los tenía tercerizados”. Por otra parte, el jefe de la cartera laboral, en el programa televisivo de El Ciudadano TV afirmaba que la falta de sindicalización en determinadas empresas, además de perjudicar a los trabajadores, crea una competencia desleal entre el mismo empresariado, ya que no es lo mismo que sus trabajadores tengan una asociación gremial que vele por sus derechos, a que no la tengan y por ende se encuentren sujetos a la manipulación patronal. Según el ministro esto podría beneficiar la construcción en Ecuador de una gran central unitaria de trabajadores. Hoy existen varias pequeñas centrales en un marco de fragmentación. Aunque lo de la central sindical no sea un tema del que se hable en el nuevo código.
Entre otras propuestas, el borrador del nuevo código contempla la regulación de las horas suplementarias de trabajo, la remuneración requerida para esa modalidad, la creación y sostenimiento por parte de los empresarios de comedores para sus empleados, protección de las trabajadoras embarazadas, y principalmente la adquisición de derechos, de los trabajadores autónomos, los voluntarios, los no remunerados domésticos, cooperativos, comunitarios, trabajadores sexuales y subordinados. La mensualización de los sueldos decimotercero (aguinaldo) y el salario básico unificado, al igual que el reemplazo de la jubilación por un bono, son los que generan mayor debate, principalmente por las posiciones que los representantes sindicales tienen acerca de ello.

“Tensiones creativas.” Así las denominó el vicepresidente de Bolivia Álvaro, García Linera, a las ya clásicas recomendaciones maoístas de resolución de “las contradicciones en el seno del pueblo”. En su libro Las tensiones creativas de la revolución, García Linera dice que en la actualidad del proceso de cambio en Bolivia se está frente a cómo limar esas tensiones entre los diferentes sectores populares, de forma creativa para avanzar en la profundización del cambio social. Al parecer eso se puso en práctica, ya que hoy la Central Obrera Boliviana (COB) –ubicada a la izquierda del gobierno– se alineó a la fuerza del presidente Evo Morales para aislar a la derecha. La mención al proceso de Bolivia resulta válida, ya que Ecuador, si bien no cuenta con una central sindical de envergadura, ambos países se encuentran en rumbos similares, con procesos constituyentes que llevaron a la reforma de las cartas magnas, y ambos se pronuncian por el “socialismo del Buen Vivir”. No hace tanto las diferentes expresiones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores ecuatoriano señalaban que “dejamos claro que nuestra posición es absolutamente consecuente con nuestra clase y con los objetivos de nuestro pueblo encaminados al Buen Vivir, y que bajo ningún concepto le hacemos el juego a la derecha, a la oligarquía, ni a ningún aventurero que propicie la anarquía, lo que hacemos es defender con dignidad y de pie nuestros legítimos derechos laborales” sostenían en un documento firmado por las diversas centrales sindicales.
El debate por la mensualización del decimotercer mes y el Salario Básico Unificado (SUB) confronta posiciones, pero de forma saludable. Para entender un poco más qué está en juego, hay que precisar que ya no se trata de una contradicción entre los trabajadores y los empresarios, sino entre los trabajadores y el Estado. La propuesta que realizó el gobierno de repartir mensualmente el aguinaldo y el SUB, está principalmente dirigida a los trabajadores de la esfera pública y no de la privada. Los empleados de los privados podrían optar por si cobrarán de esa manera o no. El principal argumento que utiliza el gobierno es que considerando que la economía ecuatoriana está dolarizada, resulta imposible emitir moneda para pagar esos sueldos complementarios y que de esa manera, es el Estado quien debe ahorrar todo el año para pagar esos salarios. De esa forma se plantea que los trabajadores vayan adquiriendo una cultura del ahorro, y que no sigan dependiendo asistencialmente del Estado. Marx Carrasco, en tal sentido, planteó que lo bueno sería que los trabajadores abran una cuenta bancaria para depositar esa diferencia, y a fin de año cobrar con intereses. Por su parte, desde el sindicalismo se esgrime que, teniendo en cuenta que el valor de los salarios hoy no resulta del todo favorable, los trabajadores no podrían ahorrar, y que en todo caso se debería realizar una sustancial mejora salarial. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), consideró que no pueden aceptarse mecanismos que atenten contra conquistas laborales conseguidas desde hace décadas. Los décimos, dijo, son un ahorro forzoso en una economía familiar en la que es casi imposible guardar dinero por el ajustado ingreso frente al nivel de gasto. Según informara el diario El Universo, el presidente Correa en su habitual Enlace Ciudadano realizado el pasado sábado 10 de mayo en Machala dijo que es incomprensible la posición de los sindicalistas: “Esa discusión no resiste el menor análisis, pídanme que les entregue mi diploma antes que ceder a discusiones tan absurdas. En eso no vamos a retroceder, pero que quede muy claro: la mensualización de los décimos es sólo ganar, nadie pierde”, dijo, asegurando que a petición escrita del empleado se pagará, el primero, en diciembre, y el segundo, antes del inicio del año escolar, lo que para él es “aumentar opciones, márgenes de acción y oportunidades”. Según Correa, “el empleador va a estar contentísimo en no pagar mensualmente el décimo, porque el empleador gana, el que pierde es el trabajador. El ejemplo es muy fácil, suponiendo que el décimo tercero que recibe en diciembre sea de $ 1.200, si en lugar de recibir los $ 1.200 en diciembre, reciben 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo y lo ponen en el banco, en diciembre van a tener $ 1.200 más intereses. ¿Ganaron o perdieron?”, preguntó el presidente al público, y dirigiéndose a su ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le preguntó dónde estaba lo “revolucionario” del texto, ya que “yo veo simples reformas, nosotros somos un gobierno revolucionario, no reformista”, dijo.
Más allá de la prédica de Correa se espera que los trabajadores puedan debatir seriamente el proyecto de Código del Trabajo, y que salgan beneficiados de ello. Sería parte de resolver favorablemente las tensiones creativas que propone García Linera, y que obviamente no son exclusivas de Bolivia.

Mariano Grondona y el relato

Mariano Grondona comienza su editorial de hoy -para La Nación- de esta forma: "¿Volveremos a ser una república democrática 'normal', como las que prevalecen en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y buena parte de América latina (léase Uruguay, México, Chile, Brasil, Perú o Colombia)?" 
Se puede estar o no de acuerdo con el gobierno, pero ese "volveremos" en qué lugar de la historia argentina cabe. Esto que dice el escriba si no es relato qué es.
Porque el famoso relato se debe escribir desde dos lugares antagónicos pero complementarios, ya que si no, relato no hay. Los que acusan al gobierno de dictadura comunista, castro- chavista y equivalentes, son parte ineludible del relato. Claro, porque ahora Scioli es el Che Guevara.

La Alianza para el Progreso y las reformas en el sector agrario

En los orígenes de los cambios en las arcaicas estructuras latifundistas latinoamericanas durante los ’60 , se encuentran las necesidades norteamericanas de prevenir y controlar las luchas campesinas por la tierra.

Punta del Este 1961. El “Che” Guevara denuncia las intenciones
 imperialistas de Estados Unidos en la conferencia de la OEA.

“Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria?, tomen la tierra al que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena.”
Ernesto Che Guevara

Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre son resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida, aunque en algunas oportunidades, existen cambios que son intentos de controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso es hacer lo posible. En los años ’60, un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y propagación de la revolución cubana. Esto era un quiste severo para el dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio. Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se inmiscuyera en la región, hizo que los Estados Unidos trazaran una estrategia para desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos, el atraso en cuanto a la situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y social por el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los países de la región. La Alianza para el Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los presidentes Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década del ’60, sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras características, en un inicio estuvieron signadas por la política de Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la iniciada en 1962, durante el gobierno de la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley. También pesaba sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que presionara desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura agraria.
La Alianza para el Progreso (Alpro) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya. En esa reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive un delegado por Cuba, Ernesto Che Guevara. Mientras todos los delegados se ilusionaban con la consigna de “mejorar la vida de todos los habitantes del continente” tal como rezaba la declaración oficial de la constituida Alpro, Guevara en su alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra toda idea de simple ayuda técnica o económica: “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano”, subrayó el Che. El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años, en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este –de alguna forma– ya lo había advertido.

La reforma agraria en Chile. A través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”, de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América latina (Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile”, las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma. Según el mismo autor, para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del período y se plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la 16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios, con 23,4 % de la tierra regada del país y 34,7% de la tierra de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas. En menos de tres años se expropiaron 4.401 predios, con 35,3% de la tierra regada y gran parte de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal. Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales y los agronegocios en detrimento del campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte, comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20% como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a sostener el neoliberalismo en el país trasandino.

La reforma en Perú. A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas campesinas, quizá el caso más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco, contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios– progresasen, pues la modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos suburbanos. En Perú, a excepción de los grandes latifundistas, las diversas clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaúnde Terry como presidente. Belaúnde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular-Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria integrada por la Unión Nacional Odriísta y el APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias. Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a la mayoría de los campesinos-indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir, con la industria.

Entre la vida y la muerte, los sin tierra del Brasil. El gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de 200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión, es uno de los países con mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10% de la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias. Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares. La experiencia de los sin tierra de Brasil sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las sucesivas entregas que Miradas al Sur vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana.
Si en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria en las grandes favelas urbanas como Cidade de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo, predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social, instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva cercana a cualquier utopía.
El MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su país, pero no una reforma que favorezca a los campesinos solamente, una reforma que transforme a Brasil en una nación igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que no habría que dejar de escuchar.

García Linera y las tensiones creativas de la revolución

En 2013 Ediciones Luxemburg publico el libro “Las tensiones creativas de la revolución- La quinta fase del proceso de cambio en Bolivia” cuyo autor es nada menos que el vicepresidente Álvaro García Linera, quien además de cumplir con funciones públicas, es un destacado intelectual con formación “marxista seducido por la insurgencia indígena” según su propia autodefinición.

Haciendo un pequeño recorrido por las 4 primeras fases del proceso iniciado con la Guerra del Agua en el año 2000, García Linera va a encargarse de desarrollar expresamente la fase que él denomina la de las tensiones creativas de la revolución. Si bien el autor, por razones heurísticas (y también políticas) diferencia las 5 fases, quien escribe cree que las contradicciones presentes en cada fase siguen existiendo, con menor intensidad, con desplazamientos, con diferencias en las relaciones de fuerzas,  y que lo que definiría cada fase en especial es el aspecto principal de las contradicciones en juego. Tras haber dirimido fuerzas con el enemigo principal del proceso de cambio, el pueblo boliviano habiendo derrotado la intentona golpista de 2008 y logrando promulgar una nueva Constitución Política de Estado, dio inició tras ese punto de bifurcación o momento jacobino de la revolución, tal como los denomina el autor, el inicio del tratamiento de las tensiones creativas.

La intención de esto, no es hacer una reseña del libro. A este libro: hay que leerlo, porque es uno de esos aportes necesarios no sólo para analizar la experiencia de lucha de los pueblos por su emancipación, sino también un aporte al desarrollo del marxismo, que hoy algunos parecen haber dado por sepultado, o suponer que se convirtió en algo inocuo. De igual forma que no hay openmarxism como planteaba John Holloway, para quien escribe no hay marxismo creativo, o por lo menos lo que algunos sostienen con ese nombre. Si para las diferentes “iglesias” marxistas, el legado de Marx, Engels, Lenin, Mao, Gramsci o Trotsky  fue convertido en dogmas que se ven a sí mismos como enemigos principales, habría que precisar que eso se encuentra casi en las antípodas del pensamiento de los autores señalados. El marxismo nunca deja de ser ni abierto ni creativo, pero sí está sujeto a las leyes de la ciencia, y por ende debe ser debatido con ese mismo rigor, sin privarse de utilizar determinadas categorías creadas por autores, que para otro sector que también se dice marxista, no es conveniente ni leer.

Para la sorpresa de quien escribe, García Linera retoma desde el inicio el tratamiento de la contradicción tal como la había desarrollado Mao Tse Tung, un aporte bastante caro para la izquierda revolucionaria de los ’70 en la Argentina. Desde el PRT a la izquierda peronista, y obviamente los grupos maoístas, tenían a ese texto de Mao sobre la contradicción, como uno de sus principales referencias. El abordaje de las tensiones creativas es casi una versión boliviana del conocido opúsculo de Mao sobre el tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo. Igual que Lenin o Mao, García Linera va analizando el proceso de transformaciones en el cual él es uno de los implicados.

La primera tensión en el seno del pueblo, que García Linera analiza es la que opone al Estado con los movimientos sociales. Cuando hace referencia al rol de los sindicatos, y a la tensión implícita con el Estado, aunque este último esté en un proceso de transformación que llevaría a que el mismo se disuelva gradualmente en el seno de la sociedad; el planteo que realiza acerca de cómo abordar las contradicciones que se generan en la estructura sindical, a quien escribe le hizo recordar las espléndidas páginas de L’Ordine Nuovo de Antonio Gramsci, cuando éste se planteaba la diferencia entre sindicatos y consejos.

En un mundo que pareciera querer suprimir al pensamiento teórico, alagando sólo la acción, sin precisar qué es lo que delimita si la acción es válida o no, incluso dentro de las filas de las izquierdas; este libro de García Linera resulta imprescindible. No lo escribe un intelectual de gabinete, lo hace uno de los protagonistas del proceso de cambio boliviano.