Resabios neoliberales. Lo público y lo privado.

Durante el auge neoliberal se hizo vox populi el hecho de que el “Estado es ineficiente”, principalmente las empresas del Estado, las que brindan la mayoría de los servicios públicos. Esa prédica que sedujo a Doña Rosa, tenía como base la Deuda Externa. Un Estado endeudado debe desprenderse de todo su patrimonio obsoleto, debe venderlo para que las empresas privadas hagan sus negocios y modernicen el país. Hay que sacarse los problemas de encima, incluidas las demandas populares, o la fuerza laboral organizada, era el lema de los gobernantes de esos tiempos. Hoy decíamos que en la actualidad nacional se trata de: o profundizar la salida efectiva de la noche neoliberal o volver a ella, que no hay medias tintas, que no hay transacción que perdure en el tiempo, y que sin llegar a un punto de no retorno, el pasado sigue acechando.

Los servicios públicos debieran ser reestatizados completamente o al menos encontrar una alternativa que no sea la libertad de empresa, es decir eliminar esa voz que dice: “sálvese quien pueda”, y para el caso quien la enuncia es el empresario y sus principales receptores, los usuarios y consumidores.

Alternativas antineoliberales. Si el Estado no vuelve a ser la empresa en algunos servicios, debiera pensarse como controlar a los privados y sus excesos. Sin dudas existe en la Argentina un obstáculo a vencer, y es una institucionalidad diseñada explícitamente para el neoliberalismo, y por este motivo hacer que lo instituyente se convierta en instituido, es una deuda con la sociedad. Concretamente el hecho de reformar la Constitución debiera ser una tarea principal de AgitProp, no para que sea vista como señal de reelección indefinida sino como la herramienta principal para que los cambios sean efectivos. Por ejemplo la Ley de Medios argentina aunque fuera sancionada por el Legislativo hace 4 años, sigue siendo cajoneada por el Judicial, y el lobby de las corporaciones. En Ecuador la sanción de una ley similar hace un mes, ya no tiene retroceso a menos que haya ruptura institucional, y esto porque ya existe una nueva Constitución.

Volviendo al tema de los servicios públicos sería interesante, diseñar una estrategia, que tenga como concepto la planificación de la economía. Hoy existe en el país un importante segmento de actores económicos nucleados en la economía social, es decir en organizaciones de trabajadores autogestionados, que en alianza con el Estado y ciertos sectores PyMEs comenzaron a tener cierta relevancia. Sería grato que desde estos sectores, también se pudiera incidir en el servicio público.

Hoy existe una plataforma que en muchos lugares se lleva adelante para transparentar la gestión tanto de un gobierno como de una empresa. El llamado OpenGov, o gobierno abierto, o gestión abierta, tendría que ser algo a lo cual las empresas privadas que ofrecen servicios públicos, debieran ajustarse. Hoy la mayoría de las empresas de telecomunicaciones atienden a los usuarios con contestadores automáticos, ejerciendo de hecho un notable e irrefutable autoritarismo. El caso de Telefónica de Argentina es paradigmático al respecto.

Obviamente las empresas privadas no tienen un funcionamiento democrático, ni tampoco les conviene tenerlo.

El acecho del neoliberalismo, o la profundización de su salida efectiva

Es interesante leer una nota de Jorge Oviedo, publicada hoy en el diario La Nación, que lleva como título Una trampa para el futuro presidente. Allí el columnista hace referencia a lo que para él significa cierta encrucijada en relación a lo que plantea electoralmente el intendente de Tigre Sergio Massa, quien enfrentará al oficialismo, preservando ciertos condimentos del mismo. Según Oviedo, que hace hablar a un economista que no nombra, la preocupación de este último es "¿Quién va a querer hacer campaña diciendo que este modelo ya se volvió insostenible, que no cierra ni siquiera con inflación ni cepo, que el gasto público, además de ser groseramente ineficiente, ya es imposible de financiar?". Según el escriba de La Nación, nos encontramos ante la crisis de un modelo económico, al igual que sucedió a fines de los noventa con el modelo neoliberal, y por ende no caben los retoques. Oviedo solamente hace catastrofismo sin plantear alternativas. Valdría entonces realizar un diagnóstico al respecto.

Ayer el que escribe leía una entrevista que el portal español Mundo Obrero le realizó a la intelectual chilena Marta Harnecker, y hay una precisión de ella, que vale la pena subrayar. Ante una pregunta que le hacían por los movimientos progresistas de Latinoamérica, Harnecker expresaba que los mismos más que tener que ver con el socialismo, son movimientos de respuesta a la crisis del neoliberalismo. Ella se refería principalmente a las que considera las experiencias más avanzadas del continente: Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero la caracterización podría ser extensiva de manera relativa a los otros países en los cuales todavía se conserva cierta economía mixta, es decir donde el Estado volvió a ser protagonista aunque se mantengan algunos elementos que se podrían considerar como lastre del neoliberalismo. Esta precisión vale para la Argentina y para pensar lo que hoy dice Oviedo en La Nación. El que escribe cree que no hay tercer camino, ni tampoco medias tintas que se sostengan en el tiempo, y eso es lo que tal vez esté en juego en la coyuntura política nacional. O se profundiza un modelo económico y social, que deje atrás la noche neoliberal, o se vuelve a ella. Obviamente que no se trata de declamación o de plantear consignas abstractas, sino de construir una relación de fuerzas favorable para que la profundización o la salida efectiva del neoliberalismo sea posible, y esto necesariamente debe traducirse en organización y construcción de poder popular. Ir más allá de un cierto modo de hacer política en la cual se conserva mucho de la despolitización creada durante el neoliberalismo, y en la cual la participación no resulta totalmente obvia. Bien decía el secretario general de Unasur, el venezolano Alí Rodríguez Araque, que hay que construir ese punto en el cual no haya posibilidad de retroceso.

Ecuador. Ley de medios versus lobby furioso

“Renunciamos irrevocablemente a las preferencias arancelarias con que nos quería comprar EE.UU.”, dijo Correa.

La posibilidad de que el ex técnico de los servicios secretos de la CIA Edward Snowden recibiera asilo político en Ecuador, tal como se señalara en los últimos días de junio, mostró un movimiento inverso por parte de cierto sector del establishment que, aprovechándose de esa situación, pasó a la ofensiva, intentando enrostrarle al gobierno de Rafael Correa el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación sancionada el pasado 14 de junio resulta un atropello a la libertad de expresión, e incluso a los parámetros de la democracia. Una campaña orquestada principalmente desde organizaciones y medios externos, incitando la resonancia interna. A esto se agregó, además de lo específico de la ley, la renuncia unilateral de Ecuador a los beneficios arancelarios que EE.UU. les brinda a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, y de igual modo un llamado telefónico que el vicepresidente norteamericano Joe Biden le realizara al mandatario Correa el viernes 28, un día después de la decisión de la renuncia. Todos estos acontecimientos, enmarcados en la posibilidad del asilo a Snowden, hicieron que desde los principales medios ecuatorianos se intentara mostrar el aislamiento del país andino con respecto al mundo occidental, no sólo por lo del topo de la CIA, sino también por estar alterando las reglas de juego del ejercicio del periodismo, y haciendo peligrar la democracia.
Para tener un panorama más claro conviene ir por partes, pero vale subrayar que todo este movimiento del establecimiento ecuatoriano no sería posible más que desde esa lógica de obsecuencia y servilismo que da por sentado el hecho de que haya naciones ejemplares, y que por esa razón (nunca comprobable) tienen el derecho de tutelaje e intromisión en cuestiones soberanas.
El 14 de junio, por una amplia mayoría, la Asamblea se expresó a favor de la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, que entre las principales normativas destaca la del reparto equitativo de las licencias de radio y televisión, señalando la ley, que el 33% será para medios privados, igual porcentaje para medios públicos, y el 34% para medios comunitarios, haciendo que de esta forma se impida la concentración monopólica. Si bien para las corporaciones mediáticas ésta no resulta una buena noticia, el punto álgido en el cual se centró la crítica fue el Artículo 26, conocido como “linchamiento mediático”, donde se expone que: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Paradójicamente, los primeros que salieron a fustigar la ley ecuatoriana fueron los medios de Colombia y fue así que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresó sus inquietudes, a través de un editorial, considerando “que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa” resulta un atropello, ya que según ellos “en Ecuador, su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa”. Tras esto, Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo que “viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va a plasmar un estado de propaganda en Ecuador, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es de la presidencia de la República”. Por su parte, Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, aseguró que la nueva ley “podría limitar severamente la libertad de expresión. Su carácter ambiguo permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa”, dijo, añadiendo que “finalmente establece uno de los objetivos claves que tiene Correa bajo su mandato, que es silenciar a los críticos de su gobierno”. Estas fueron algunas de las primeras declaraciones públicas contra la ley de comunicación ecuatoriana, pero faltaba que sucediera otra cosa para pasar a una ofensiva más frontal, y eso pasó el 24 de junio cuando se supo que Edward Snowden pidió asilo a Ecuador. Ante la posibilidad cierta de que esto sucediera, y teniendo en cuenta que el 27 de junio Ecuador renunció de manera unilateral e irrevocable a las preferencias arancelarias o Atpdea que otorgan los Estados Unidos por la colaboración en la lucha antinarcóticos, se volvió a encender la mecha para nuevas operaciones de prensa. “Nos han presionado con quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden. Nuestra dignidad no tiene precio y renunciamos unilateral e irrevocablemente a las preferencias arancelarias,” dijo el presidente Correa por esos días, mientras que en un comunicado oficial el gobierno expresaba que “Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie, y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que éstos sean”.
Lo interesante de la nueva escalada mediática contra el gobierno ecuatoriano, a pesar de sostenerse en el posible asilo de Snowden, comenzó a tener ribetes sumamente heterodoxos en relación no sólo con el ex agente de la CIA, sino también con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien desde hace poco más de un año se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana ubicada en Londres.
José Hernández, director adjunto del diario Hoy, de Quito, en un análisis publicado en ese periódico el pasado 7 de julio, expresó que tanto Assange como Snowden representan la voz de los que quieren terminar con el abuso del poder, en contraposición manifiesta con los que para él están ubicados en los antípodas de ese posicionamiento. Hernández sugiere que “el problema empieza cuando en esa ecuación, los fervientes amantes de la libertad hacen coro con Rusia, China, los mulás iraníes, los Castro, el inefable señor Maduro... O cuando creen que lanzadores de alertas, como Assange y Snowden, por atacar ciertas prácticas de Estados Unidos, defienden teocracias y dictaduras”, en las cuales también ubica a Rafael Correa.
En un editorial publicado en el diario colombiano El Tiempo, Moisés Naím dice: “Pese a sus vicisitudes, Julian Assange y Edward Snowden son muy afortunados. Al menos no son periodistas ecuatorianos. De serlo, sus circunstancias serían peores. También tienen la suerte de que el presidente de la nación agraviada por sus filtraciones sea Barack Obama y no Rafael Correa”.
Las operaciones conllevan también el entrevistar a personajes de otros países para expedirse contra la Ley de Comunicación, y así lo hicieron para el diario El Comercio de Quito tanto el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, como también Alejandro Santos, director de la revista colombiana Semana. Ambos, en notas publicadas a principios de este mes, son muy duros contra el gobierno ecuatoriano.
Pero la cosa también llegó a Madrid, y en esa capital otro Premio Nobel, pero esta vez de literatura, el peruano Mario Vargas Llosa condujo allí el foro “Iberoamérica de cara al futuro: desafíos institucionales, políticos y económicos. El rol de los medios de comunicación”, siendo organizado éste por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside precisamente el autor de La ciudad y los perros. En el foro que se realizó el 4 de julio en la capital española Vargas Llosa dijo con respecto a la ley ecuatoriana que “es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al Gobierno e inmunizarlo contra las críticas independientes”, agregando luego que “todos los amantes de la libertad deben ser sumamente críticos con lo que el Congreso ecuatoriano, desgraciadamente bajo la influencia del presidente, acaba de aprobar”. Lo que no dijo es que la libertad que más le interesa no es otra que la libertad de empresa.

Kirchnerismo y peronismo, una encrucijada no resuelta.

En las presidenciales de 2015 cabe la posibilidad de que el kirchnerismo no continúe en el gobierno. Que gobernará el peronismo sí es seguro. La no continuidad sería seguramente un retroceso, ya que mucho de los logros de los últimos diez años, se podrían perder. Por este motivo la institucionalización del proyecto en curso, es una deuda, sería lo que permitiría un no retroceso a estadios anteriores. Tal vez para mucho de la base que hoy dice responder a la presidenta, principalmente la encuadrada en el peronismo clásico, todo esto no sea trascendente, ya que el peronismo continuará.

Habría que separar a la paja del trigo. En los primeros sondeos sobre intención de voto en la provincia de Bs. As. para  las PASO, aparece el intendente de Tigre Sergio Massa con una diferencia de el 10 % sobre el Frente para la Victoria, y si le sumamos la candidatura de Francisco De Narváez, el peronismo alcanzaría un porcentaje de más del 70 % de los votos. Pero si nos atenemos a alguna definición del vicegobernador Gabriel Mariotto, no se puede ser peronista sin ser kirchnerista, y a la vez pueden ser kirchneristas muchos no peronistas. Esto si bien puede ser una declaración de principios no es tenido en cuenta por el sentido común peronista, ese que reina en las bases municipales principalmente y en esa red compleja que es el Partido Justicialista. Si bien alguna vez Perón dijo que “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino” en la práctica sigue teniendo más vigencia el “que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”  y eso en el folklore se expresa también como que no existe el "peronómetro", un extraño medidor de quién es más peronista que otro. De esta forma el más del 70 % vale.

Se habla mucho de un retorno a la política, de una repolitización de la sociedad, pero cuando se plantea el marketing, la clase de candidatos que más simpatías generan en gran parte de la sociedad, son aquellos que juegan a simular algo así como estar más allá de los enfrentamientos. De estos últimos se ha construido cierta paradigma que para el que escribe se sostiene nada más que en una relativa virtualidad, a saber, el de la sociedad dividida y polarizada. La crisis de representación que se produjo principalmente a partir de 2001, no fue una manifestación de antipolítica, sino una crisis de la política entendida en los marcos rigurosos de la ideología jurídica imperante, es decir una crisis de las estructuras partidarias, y la perdida de confianza de las mayorías hacia ese tipo de organizaciones en las que el Estado también quedó cuestionado. Hay que admitir que el neoliberalismo también fue patrocinante de esa fe quebrada, con su reiterada crítica hacia lo estatal.

No se puede decir que todo el movimiento social emergente durante las jornadas de diciembre de 2001 fuera algo completamente espontáneo, ya que en él concurrían diversos grupos políticos principalmente de la izquierda tanto social como partidaria, muchos de los cuales en 2003 confluirían en el kirchnerismo, y gran parte de los que no, proseguirían un tipo de militancia que nunca pudo articular una alternativa política a la crisis, y esto debido a ciertas desviaciones del espacio de la izquierda argentina, como a la persistencia del peronismo como una masa nada despreciable de construcción tanto territorial como sindical. Ambos fenómenos: la debilidad de la izquierda como la fuerza del peronismo son elementos dialécticamente recíprocos.

Si bien el kirchnerismo trajo un aire fresco, creando posibilidades inmejorables para la militancia comprometida, tanto oficialista como no, hoy es posible observar que la sociedad en general no se ha politizado tanto, que no desbordan los trabajos de base, y que los seudos debates, entre los que dicen que “en el gobierno se roban todo” y los que lo defienden ciegamente, no hay una actitud crítica, de poner en la balanza los logros y lo que todavía falta. Tal vez aún no sean los tiempos indicados, ya sea porque a las mayorías les interesan más otros aspectos de lo cotidiano que la política, o porque aún no vean que la solución a los problemas no viene un Mesías a resolvérselos, sino que es la propia actividad la única que podría lograrlo.

Si se tuvieran en cuenta algunas de las cosas planteadas, el debate acerca de la candidatura de Sergio Massa, o la que no fue de Daniel Scioli, serían completamente superfluas.

A cinco años del rescate de Ingrid Betancourt

Colombia. 

El pasado martes 2 de julio, se cumplieron cinco años del rescate que las fuerzas armadas colombianas hicieran de 15 rehenes que la guerrilla de las FARC mantenía retenidos en la selva del Guaviare, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt de ciudadanía franco-colombiana, tres contratistas estadounidenses, siete miembros del ejército y cuatro de la policía. La Operación Jaque, tal como fue denominada, sorprendió a la opinión pública no solamente de Colombia, sino que alcanzó relevancia internacional, debido a que en la acción de rescate no hubo pérdida de vidas humanas y ni siquiera se disparó un solo tiro.
Para entender un poco más esta operación, vale enmarcarla dentro del proceso fallido de Canje Humanitario que intentaron llevar adelante las FARC, en el cual se proponía la liberación de guerrilleros presos a cambio de retenidos por el grupo político-militar. Si bien desde 2005 el gobierno francés pidió al de Colombia que se realizara un intercambio humanitario, esto cobró más fuerza en 2007 cuando asumió el ex presidente Nicolas Sarkozy. La doble ciudadanía de Ingrid Betancourt jugaba un rol preponderante, y por eso el mandatario galo le mostró al por entonces presidente colombiano Álvaro Uribe que el método de rescate armado hacía peligrar la vida de los retenidos. La mediación francesa no tuvo efecto, y luego se le sumó la del mandatario bolivariano Hugo Chávez y la de la ex senadora radical Piedad Córdoba. Todo esto en los últimos meses de 2007. Uribe pareció cansarse de que otros países se metieran en el conflicto armado más viejo del continente y, a través de un comunicado, en noviembre de ese año puso fin a la mediación de Chávez y Córdoba que venía desarrollándose desde agosto. Ante esto, la guerrilla decidió liberar para fin de ese año a la ex legisladora Consuelo González de Perdomo, a Clara Rojas y a su pequeño hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, todo en señal de desagravio hacia Chávez y Piedad. La operación no se produjo como estaba prevista, ya que se demoró la entrega de las coordenadas, y además el niño apareció fuera de las redes de la guerrilla en una institución pública. Las dos mujeres serían liberadas los primeros días de enero cuando una comitiva internacional prevista para la recepción ya se había retirado. En febrero, nuevamente se produjeron liberaciones unilaterales por parte de las FARC y el pedido de éstas era que se liberaran los municipios de Florida y Pradera para llevar adelante el canje humanitario. Pero la estrategia uribista era otra, a pesar de cierta presión internacional, principalmente de países suramericanos y de algunos de Europa. Uribe siempre intentó que el conflicto colombiano no entrara en la órbita exterior y que la presión por los retenidos por la guerrilla no trascendiera demasiado. El 1º de marzo de 2008 las fuerzas armadas colombianas bombardearon un campamento ubicado en la selva de la Angostura, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos dando muerte a la mayoría de los guerrilleros allí atrincherados, entre los que se encontraba el 2 de esa fuerza, Raúl Reyes, e incluso estudiantes mexicanos de la UNAM. Todo indicaba que desde ese campamento se intentaba adelantar conversaciones humanitarias, entre diversas partes, entre las que también se encontraba el gobierno de Francia. La incursión en territorio ecuatoriano generó un serio conflicto diplomático tanto con Ecuador como con Venezuela.
El 8 de junio el presidente Chávez expresaba que “llegó la hora de que las FARC liberen a todos los que tienen allá en la montaña. Sería un gran gesto humanitario, a cambio de nada. Así lo planteo yo, ahora que hay un nuevo jefe (Alfonso Cano). Ese podría ser el primer paso para que se acabe la guerra interna en Colombia”. La preocupación del mandatario bolivariano como la de otros de Suramérica era que el conflicto armado colombiano se transformara en el puntal para que, a partir de la ayuda militar norteamericana a Colombia, los Estados Unidos preservaran su injerencia en la región, peligrando de esa forma la soberanía de las naciones vecinas. El debate en cuanto a los retenidos por la guerrilla pasaba entonces por si deberían ser rescatados por la vía militar o a través de un acuerdo humanitario, dando pie este último a un proceso de paz en el país neogranadino.

Jaque. “Todo el arte de la guerra consiste en el engaño.” La frase del legendario estratega chino Sun Tzu parecía acomodarse perfectamente a la operación que se iría a realizar el 2 de julio de 2008 para liberar a los 15 rehenes de la guerrilla. Tras conocerse detalles de supervivencia de los retenidos, las fuerzas militares de Colombia prepararon el operativo que en primera instancia consistía en infiltrar al secretariado de las FARC, y a distintas cuadrillas que mantenían a los rehenes con la meta de colocarlos en un mismo lugar a todos los que hasta ese momento se encontraban separados, aunque sí dentro de la misma región. Una vez logrado este primer objetivo, que supuestamente obedecía a que todos serían trasladados ante el nuevo comandante Alfonso Cano para ser parte de un canje humanitario en curso, un helicóptero blanco de una pseudo ONG, que en verdad era un helicóptero militar camuflado, descendió en territorio selvático y, tras conversar con dos jefes guerrilleros dentro del aparato en gesto de complicidad, hicieron subir a los 15 retenidos esposados y emprendieron la fuga. Para sorpresa de los que estaban siendo trasladados, se escuchó decir “somos el Ejército Nacional, están libres”. La nave se dirigió hasta la base militar de Tolemaida, desde donde luego fueron llevados en avión hasta Bogotá.
Por lo sofisticado de la acción, según la revista Semana, lo realizado por las fuerzas militares colombianas estuvo “a la altura de operaciones tan famosas como Entebbe, en la que fuerzas especiales israelíes liberaron a 102 rehenes de un avión secuestrado por terroristas palestinos en 1976. O como la del rescate de rehenes en la embajada iraní en Londres en 1980, o la que ordenó Fujimori para acabar con la toma de la embajada de Japón en Lima en 1996. A diferencia de la Jaque, en todas ellas hubo muertos”. Pero, para las FARC, sin dudas Jaque resultó un duro golpe ya que de manera casi imprevista su enemigo se les metió en “la madriguera” y se llevó uno de los botines más preciados, con los cuales se pretendía negociar, aunque lo que seguramente pudo haber desmoralizado más a los principales jefes de la guerrilla era ese flanco extremadamente débil, por donde la misma organización resultaba relativamente fácil de penetración e infiltración. La relativa autonomía de algunos de los frentes de la guerrilla, y la difícil tarea de mantener una organización centralizada operativamente, eran datos que no les resultaban indiferentes.

Del engaño al Proceso de Paz. Si bien la sentencia de Sun Tzu parecía haber estado presente en Jaque, una operación exitosa no resulta equivalente a ganar la guerra, y mucho menos dejando de tener en cuenta otra máxima del estratega chino (“No existe país que se haya beneficiado con una guerra prolongada”) ya que no hay mayor torpeza que mantener enfrentamientos indefinidamente. El conflicto armado ininterrumpido era, para todo un sector de la oligarquía colombiana, el presupuesto para sostener sus privilegios económicos en un Estado resquebrajado. Y fue por esta razón que su más fiel representante, Álvaro Uribe, nunca quiso alcanzar una salida negociada del conflicto como hoy se lo intenta en la mesa de La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.
El pasado lunes 1º de julio se reiniciaron las conversaciones en Cuba, correspondientes al ciclo decimoprimero, en el cual se debaten las formas de Participación Política. Se destaca que en esta nueva ronda se pongan en consideración muchas de las propuestas que fueran debatidas en el Foro Dilemas Jurídicos del proceso de paz, que tuviera lugar en la Universidad del Externado de Bogotá a pedido de las dos partes que se sientan a la mesa de negociaciones.

Tiempo lineal y cíclico. Una relectura del movimiento

La sustitución del tiempo cíclico por el tiempo lineal, no implica necesariamente una concepción histórica de tipo materialista y dialéctica. Se podría decir al revés que la linealidad es una infiltración, o un obstáculo epistemológico, producido desde una visión hegemónica que perdura por más de dos milenios.

Por fuera de la ideología occidental y judeo- cristiana, el tiempo lineal es una anomalía. 
Pensar hoy desde los bordes de un mundo occidental en crisis, conlleva realizar una crítica de los principales presupuestos filosóficos que alguna vez establecieron a Occidente como el sitio de referencia al cual el resto del planeta debía emular. El saber de los pueblos originarios en Suramérica, conlleva una concepción cíclica del tiempo, a saber, la necesidad de pensar el cambio sin obviar la inercia ni la repetición. Si se pensara el tiempo en forma circular, es posible entrar en el terreno de la metafísica, pero si se considera que en toda repetición hay diferencia, la circularidad se convierte en espiral, que no necesariamente deba ser ascendente, ya que ésta última también es propia de una concepción lineal.

La linealidad borra la ligazón del sujeto a la tierra, y ésta última queda indeterminada, y factible de ser alterada. No por casualidad una utopía distópica valga la contradicción, es el abandono del planeta ante su inhabitabilidad para colonizar el cosmos.

El cambio es permanente a pesar de la circularidad, y tal vez por eso habría que leer nuevamente a Heráclito desde esa visión.

Interrogantes que surgen a partir del paro ferroviario

Foto: elsolonline.com

La medida de fuerza del gremio ferroviario La Fraternidad, todavía no queda claro cuál fue su objetivo. Por un lado el secretario general del sindicato, Omar Maturano adujo la falta de pago del medio aguinaldo y de los retroactivos, e incluso hoy no se desdijo de eso, a pesar de que el ministro Florencio Randazzo haya puntualizado que recién en la fecha como desde hace 8 años, se cobra el cuarto día del mes. Según Randazzo la medida tuvo que ver con la instalación de cámaras para controlar la conducta del motorman, aunque desde el gremio, se lo haya negado. La falta de una causa contundente que justifique llevar adelante la medida de fuerza, y la respuesta del gobierno de presentar una denuncia penal, sin tener claro lo que sucedió confunden a más de uno.

Según informaciones provenientes de trabajadores del ferrocarril, la medida no fue consultada con las bases, no se realizaron asambleas para determinarla, fue de golpe y porrazo. Los hechos de violencia en Constitución no necesariamente tendrían que haber sido organizados por el gremio, y en tal sentido el secretario de Seguridad Sergio Berni, desligó a los ferroviarios del hecho. El problema tal vez haya que sondearlo por otros lugares aledaños al conflicto para saber qué trama hay detrás de todo esto. Lo que sí resulta evidente es que el servicio ferroviario que une a la Capital con el Conurbano deja mucho que desear, y esto no es un dato menor ya que con una medida de fuerza como la de ayer quedaron varados cerca del millón de personas que viajan cotidianamente, con lo cual el problema del transporte público en la mayor concentración urbana del país no es para distraerse, por lo cual es necesario realizar una significativa modernización, e inversión al respecto. El transporte entendido como lo que lleva a los trabajadores desde sus hogares a los puestos laborales, también hacen a la estructura productiva de un país, o de una región.

Las empresas privadas a cargo del transporte público, hoy no están cumpliendo efectivamente con su función, a pesar de los subsidios que reciben del Estado. Solamente alguien que viaja nada más que en auto, podría no notarlo.

Teniendo en cuenta la denuncia penal contra los dirigentes de La Fraternidad, lo óptimo resultaría que se haga una investigación a fondo acerca de lo que sucedió, y no que quede como un recuerdo. Resultan interesantes al respecto las declaraciones que el Pollo Sobrero, realizara hoy a Infobae. El delegado del Sarmiento dijo que “todo forma parte del entramado de corrupción” en la cual no solamente están comprometidas las empresas que ofrecen servicio de trenes, sino también los sindicalistas cómplices de ellas, entre los cuales no quedan eximidos ni los de La Fraternidad, ni de la Unión Ferroviaria, ni señaleros. “Todo lo que sirve para desviar la investigación sobre la tragedia de Once, les sirve” señaló Sobrero.

Colombia- Paz: diálogos y acuerdos

Luego de acordar sobre el tema agrario, las Farc y el gobierno colombiano debaten ahora la cuestión de la participación política.

Tras siete meses de negociaciones, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron a conocer el pasado 21 de junio, un informe escrito de 12 páginas en las cuales ambas partes detallan de forma unificada, los resultados y el modus operandi que vienen llevando adelante en la mesa de La Habana. El documento público se dio a conocer mientras, por separado, dejan entrever públicamente algunas diferencias con respecto al punto 2, Participación política, que es el que actualmente se está debatiendo, tras haber llegado a un acuerdo con respecto al tema agrario. El próximo ciclo de conversaciones se iniciará el 1º de julio.
Dijo Michel Foucault que “la política es la continuación de la guerra por otros medios” dando vuelta así al célebre axioma de Carl von Clausewitz, pero coincidiendo ambos en que tanto guerra como política forman parte de un mismo flujo. Si a partir de esto se piensan las negociaciones de paz, podrían éstas ser comprendidas como parte de una transición para nada fácil, mucho más si se tiene en cuenta que se están realizando sin un alto el fuego y tratando de dirimir contradicciones que son las causantes de más de siete décadas de conflicto armado. Sin dudas no es como ironizan los opositores al proceso de paz, exclamando que las partes se sientan holgadamente a tomar whisky y llevando adelante acuerdos oscuros que nadie conoce. En tal sentido es válido subrayar la voluntad de ambas partes para proseguir las negociaciones a sabiendas de las diferencias. Mientras el proceso de paz va ganando cada vez más adeptos en el plano internacional, pareciera que los opositores colombianos al mismo se hubieran propuesto llevar adelante una ofensiva más frontal. Que a un acérrimo enemigo de la paz como lo es el ex presidente Álvaro Uribe, el pasado domingo se lo haya elegido como “El gran colombiano” sin dudas no es para nada anecdótico, ya que en el reality realizado por History Channel, Uribe dejó por detrás nada menos que a Simón Bolívar o a Gabriel García Márquez.
Bajo el título de Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, ambas partes dieron a conocer el documento de 12 páginas, subdividido en 4 puntos, en los cuales se detallan el funcionamiento y la mecánica de la mesa, la forma de recepcionar propuestas, la estrategia de difusión, los foros de participación, y en el último se realiza una descripción de los avances sobre el punto 1 “Política de desarrollo agrario integral” de la Agenda del Acuerdo General. En la introducción al informe se señala que, tras 7 meses de conversaciones se han alcanzado una serie de acuerdos: “En primer lugar sobre el punto 1 de la Agenda del Acuerdo General, que hemos denominado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’; y también sobre diferentes temas de la Mesa y de la participación ciudadana. Durante los primeros meses concretamos, por una parte, aspectos de procedimiento, y por otra, concertamos lo relacionado con la puesta en marcha de la página web, los formularios escritos, los foros para los puntos 1 y 2 de la Agenda, y la consulta directa para el punto 1, establecidos en el Acuerdo General”, dicen, agregando luego que “ya empezamos la discusión sobre el punto 2 de la Agenda Participación Política”.
Tal como ya se había informado en el comunicado conjunto del 26 de mayo, lo convenido hasta ahora en el primer punto de la Agenda forma parte de lo que sería el Acuerdo Final, un acuerdo más amplio que las partes esperan lograr en los próximos meses desarrollando los 5 puntos de la Agenda que aún quedan pendientes. En tal sentido, los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
En el escrito se especifica además acerca de las formas de participación que tiene la sociedad civil colombiana para aportar al debate. Una es la página web mesadeconversaciones.com.co en la cual, además de poder consultar todos los documentos y comunicados realizados, es posible participar enviando propuestas acerca de los 5 puntos en cuestión, además de poder comentar. Se encuentra estipulada la posibilidad de “delegar en un tercero la organización de espacios de participación”, por lo cual la Mesa de Conversaciones ya delegó la realización de dos foros nacionales, uno al Sistema de Naciones Unidas en Colombia y otro a la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.
El primer Foro Nacional sobre Política de desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) fue realizado durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, a solicitud de la Mesa de Conversaciones, que en su comunicado conjunto del 25 de noviembre de 2012, les pidió a las dos instituciones convocar, organizar y servir de relatores de los debates y de sus conclusiones.
Pero haber realizado este documento conjunto mostrando la férrea voluntad de llegar a buen puerto con las negociaciones, no eximen de mostrar que no todo es tan simple como parece, y que las partes además expresan sus diferencias, enviándose mensajes cruzados como el que realizara el presidente Juan Manuel Santos el pasado 23 de junio en la marcha “Las víctimas le caminan a la paz”, que se realizó en El Carmen de Bolívar, y a la que asistieron 10.000 personas. Allí, Santos expresó que “hemos dicho a las FARC que tienen que reconocer a las víctimas como núcleo en esta negociación”. Y que la guerrilla “entienda, exprese su voluntad y juegue limpio” porque, de lo contrario, no se llegará a “buen puerto”, sugiriendo que “no comiencen pidiendo cosas imposibles que nadie les va a conceder, que no están dentro de los acuerdos”.
“Queremos que entreguen las armas pero que sigan combatiendo con argumentos, que cambien las balas por los votos”, dijo Santos, prometiendo que el Estado les dará “todas las garantías y todos los espacios” para que ingresen en el sistema democrático. Los dichos del mandatario fueron una respuesta a la propuesta de 10 puntos para la Participación Política que la guerrilla había hecho a través de su delegación en La Habana, en la cual, además de plantear la reestructuración democrática del Estado y reforma política, la vigencia de garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno, pidieron garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final. A su vez, en el décimo punto, las FARC plantearon la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, mientras que la postura del gobierno es solamente la de realizar un referéndum.
La derecha colombiana y ciertos sectores de la Justicia no se quedaron quietos. Es así que se pudieron ver en diferentes sitios, pero especialmente en Caldas, Antioquía, grandes carteles publicitarios en los cuales, mostrando la imagen del principal negociador de las FARC Iván Márquez, se puede leer “¿Usted va a permitir que un reclutador de menores sea su presidente?”. Estas vallas publicitarias se suman a que un juez de Villavicencio condenó a Iván Márquez a 40 años de prisión, habiendo sentenciado también a Rodrigo Londoño Echeverry (máximo comandante de las FARC), al extinto Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo, quien fuera el fundador de la guerrilla) y 19 guerrilleros más. Todos ellos fueron hallados responsables de delitos de terrorismo, rebelión y homicidio en personas protegidas.
Mientras el ex presidente Ernesto Samper y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt ven con muy buenos ojos al proceso, los veintisiete miembros de la Comunidad Europea respaldaron al gobierno de Colombia en la búsqueda de una solución negociada. Así lo afirmó en una nota la vicesecretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Helga Schmid, tras entrevistarse en Bruselas con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.

Ecuador. Alerta contra la amenaza militar

Rafael Correa advirtió sobre la posibilidad de un intento destituyente por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Durante su habitual y sabatino Enlace Ciudadano, en el cual el presidente Rafael Correa informa sobre la actividad gubernamental de la semana, esta vez desde el cantón Atahualpa en la provincia El Oro, el mandatario alertaba a la población el pasado 15 de junio sobre un posible intento destituyente por parte de cierta oficialidad descontenta de las Fuerzas Armadas, debido a enfrentarse el gobierno a ciertos privilegios de ese sector, que se hacen con fondos que pertenecen al pueblo ecuatoriano.
Correa reiteró su decisión de recuperar un terreno que el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) vendió en 12 millones de dólares de manera ilegítima, explicando que ese predio será utilizado para la construcción de edificios públicos en beneficio de la población, por lo cual solicitó revertir esa operación e hizo un llamado a los jóvenes oficiales a cambiar esta realidad en las Fuerzas Armadas. “Si no se devuelve este terreno tengo la capacidad de deshacer el Club y por ley todo pasará al Gobierno, no permitiré que, sin hacer nada, un Club de Oficiales tenga 12 millones de dólares que podrían significar Escuelas del Milenio para ocho mil estudiantes”, dijo Correa, agregando también que hay otras tierras que están en manos de los militares que deberán pasar a manos de campesinos, y otras que se deberán utilizar para ejecutar programas de viviendas para los soldados.
El mandatario aseguró que había recibido varias amenazas por este plan y por lo tanto le pedía a los oficiales jóvenes y a las tropas que no se dejen engañar para cometer otro eventual 30 de septiembre. Esta advertencia de Correa se produce dos semanas después de que el Ejecutivo anunciara también la modernización de las FF.AA.
Según expresara la Ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, a cargo de la reestructuración y modernización de las fuerzas armadas de su país, la actual transformación que viene llevando adelante la denominada Revolución Ciudadana, implica simultáneamente un cambio sustancial en las instituciones castrenses ya que “además de su misión fundamental de defender las soberanías y la integridad territoriales, son instituciones protectoras de derechos y libertades, que contribuyen de manera decidida al desarrollo integral de la nación”, sostuvo Espinosa, tras la firma de un acuerdo de cooperación entre su cartera y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. La misión de las fuerzas armadas en tiempos de paz será el principal pilar de trabajo, y es por esta razón que la Ministra de Defensa le presentará en breve una propuesta detallada al presidente Rafael Correa. De todas formas, el mandatario ya sostuvo algunas reuniones preliminares con Espinosa para ir interiorizándose del tema, y expresó que “se deberá analizar para qué necesitamos misiles, tanques, submarinos en esta etapa histórica. Especialmente, cuando, por primera vez, el país tiene fijados los límites territoriales con sus vecinos. Incluso, con Costa Rica, país con el cual tenemos límites marítimos”, sosteniendo luego que “se deberán estudiar los verdaderos riesgos de la nación para contar con este tipo de material bélico y luego se tomará una decisión”.
Esta propuesta viene a desarrollarse tras asumir Correa, su tercer mandato consecutivo el pasado 24 de mayo, intentando darle a las fuerzas armadas una forma cada vez más acorde a la nueva Constitución de Estado sancionada en 2008.
Si bien los nuevos tiempos del continente reclaman instituciones castrenses para la paz, y buena convivencia regional, cosa que quedó más que manifiesta durante los primeros días del mes, cuando varios mandatarios respondieron con un enérgico repudio a la solicitud del presidente colombiano Juan Manuel Santos de que su país ingresara a la OTAN, no hay que obviar que las fuerzas armadas cumplieron históricamente en el continente un rol desestabilizador de la institucionalidad democrática, y específicamente en Ecuador un estatus beligerante con respecto a países vecinos, particularmente Perú.
Tras finalizada la Guerra del Chaco en 1935, entre Bolivia y Paraguay, la mayoría de las fuerzas armadas de los países suramericanos, no realizaron enfrentamientos bélicos entre naciones. La excepción a esta regla fue la de los ejércitos de Ecuador y Perú, quienes por un antiguo conflicto limítrofe lo hicieron en la denominada Guerra peruano-ecuatoriana de 1941, la intervención armada de Ecuador en Falso Paquisha en 1981, y la Guerra del Cenepa en 1995. Otra excepción fue la Guerra de Malvinas aunque de diferente magnitud. En 1998 se firmó en Brasilia el Acuerdo Definitivo de Paz entre Ecuador y Perú y se puso fin al conflicto limítrofe.
Además, en Ecuador se produjeron golpes de Estado que instauraron dictaduras militares, las principales durante los años 1876-1883; 1935-1938; 1947; 1963-1965; 1972-1979. La crisis política de enero de 2000, que terminara con el mandato del por entonces presidente Jamil Mahuad, surgió de un movimiento integrado por un sector rebelde del ejército, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Tras el putsch, se consituyó un gobierno provisorio de Salvación Nacional, en el cual confluían el por entonces coronel Lucio Gutiérrez y el líder indígena Antonio Vargas, pero duró menos de un día, ya que a instancia de los diplomáticos de Estados Unidos, los mayores funcionarios militares ecuatorianos se ubicó al vicepresidente Gustavo Noboa como presidente, y se arrestó a los líderes de la revuelta.
Por su parte, la asonada golpista de 2010 no fue protagonizada por las fuerzas armadas, sino por la Policía Nacional, y vale señalar que a partir del lunes 3 de junio, esta última retomó el control de la seguridad de la Asamblea Nacional, en reemplazo de las Fuerzas Armadas, institución que mantuvo esta misión después de los hechos del 30 de septiembre de 2010. Según informaba el periódico digital El Ciudadano, la ministra María Fernanda Espinosa, tras la ceremonia de traspaso destacaba el papel de las Fuerzas Armadas y su profesionalismo en la protección del recinto legislativo. “A nombre del Gobierno deseo expresar un profundo agradecimiento”, dijo en ese entonces la funcionaria.

Sumak Kawsay. En el quechua ecuatoriano, estas dos palabras significan ni un mejor ni un peor vivir que el resto de la comunidad, y también eludir la prisa que lleva a querer mejorar obsesivamente el propio pasar. Vivir en consonancia con los otros y sin desvivirse por mejorarla, son los principios fundantes de lo que se denomina Buen Vivir. Como concepto, el Sumak Kawsay fue incorporado a la nueva Constitución ecuatoriana de 2008, y justamente en este principio fundante de la nueva Carta Magna, es hacia donde se apunta con la modernización y reestructuración de las fuerzas armadas, como instituciones al servicio del Buen Vivir.
La Agenda Política de la Defensa en Ecuador se elaboró en 2008, luego hubo una actualización en 2011 y “ahora estamos haciendo la nueva actualización para que empate, en el período 2013-2017, con el Plan Nacional del Buen Vivir” sostuvo la ministra Espinosa en diálogo con el diario El Telégrafo, agregando luego que “hay que entender que la actualización que se hizo en 2011 se efectuó en función de un nuevo marco constitucional, y en el que hay un punto de partida diferente: las Fuerzas Armadas dejan de ser ‘garantes de la democracia’ y pasan a ser actores que contribuyen a garantizar los derechos ciudadanos en el país” en donde tienen una función múltiple. Por una parte, el rol tradicional de la defensa de la soberanía territorial, que es parte del corazón de la función de las Fuerzas Armadas, mientras que otra responsabilidad mayor, según la ministra es “participar directamente en este concepto de seguridad integral, que pasa por la seguridad ciudadana y por una redefinición de los propios conceptos de soberanía”. Por otro lado, Espinosa señalaba que “la palabra militar es un verbo y un sustantivo a la vez, es una condición profesional y una vocación. El verbo militar es comprometerse, de militancia, en el que esa militancia es un compromiso con los destinos, el desarrollo y el bienestar del país, de las mayorías” ya que “las Fuerzas Armadas son actores que garantizan el bien común, son militantes del buen vivir” y que “empezando por eso es importante que esto se haga cuerpo dentro del pensamiento y las prácticas cotidianas de los militares”.
En el Artículo 158 de la Constitución de 2008 se señala que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, y que “las servidoras y servidores de esas fuerzas se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”.
Vale señalar que en Ecuador existe el servicio militar obligatorio a la edad de 18 años durante un período de 12 meses, mientras que tanto para mujeres y hombres es posible el voluntariado en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.

Ecuador- A quién representar y qué clase de opinión pública ser

Las recetas neoliberales llevadas adelante por cierta partidocracia, hicieron que en el continente se produjeran profundas crisis de representatividad, que afectaron seriamente la confianza de los sectores populares hacia las viejas estructuras políticas, y que el rol que anteriormente tenían fuera ocupado cada vez más por las grandes corporaciones mediáticas. Ecuador no es una excepción a esa regla, es más, a partir de la asunción en 2007 del presidente Rafael Correa en representación de la Alianza País, y tras emprender el proceso de reformas sociales y políticas denominado Revolución Ciudadana, a los primeros que tuvo en la vereda de enfrente fue a los principales medios monopólicos de información, ligados a su vez a los grandes grupos económicos concentrados y de la banca privada. A diferencia de los otros países de la región, cuando en enero de 2007 se inició la gestión de Correa, en Ecuador no existían medios estatales, y ésta fue una de las primeras necesidades a subsanar, ya que por entonces la información era patrimonio exclusivo de unos ocho grupos empresariales, que monopolizaban tanto los medios gráficos, radiales como televisivos.

La tensión entre Correa y los medios ecuatorianos no tardó en llegar, y si bien cumplidos 50 días de mandato, el presidente adquiría en la población un 90% de popularidad según una encuesta realizada por la consultora Perfiles de Opinión dirigida por Hugo Barber, por esos mismos días, tras una movilización de militantes oficialistas escrachando a diputados opositores que fueron destituidos por el Tribunal Superior Electoral (TSP), tras oponerse al llamado a una Asamblea Constituyente, la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep) emitió un comunicado que llevaba el título de “¡Intolerable!” en el cual acusaban al gobierno de ejercer un proceso de destrucción de las instituciones, manipulación del poder, de la Constitución, y de la Ley, condenando “la actitud confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún, a propiciar la división y el choque entre ecuatorianos”, señalaba el comunicado. “El 80% de editorialistas podrá decir que están en contra del gobierno, cuando el 80% y más de la gente está a favor”, señaló por entonces el jefe de Estado, preguntándose: “¿A qué representan los medios de comunicación y qué clase de opinión pública son?”, asegurando que lo intolerable “es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas”, llamando posteriormente a una movilización popular para demostrarle a los medios de comunicación “vendidos a los grupos de poder y mafias políticas que no hay retorno”. Éste era el bautismo de fuego, que marcaría no sólo la agenda en relación a la política con respecto a los medios, sino también y principalmente a las transformaciones institucionales, que se irían a producir a posteriori, como fue la reforma de la Constitución en 2008.

La ofensiva de los medios contra el mandatario Correa, siempre fue demasiado cruda e incluso despiadada, y tal vez uno de los puntos más álgidos fue un editorial escrito por el columnista Emilio Palacio para el diario El Universo, en 2011, que llevaba el título de “No a las mentiras”, en el cual Palacio además de tildar a Correa de “dictador” y a su gobierno de “dictadura”, hacía mención a que en la asonada golpista del 30 de septiembre de 2010 realizada por la Policía Nacional, Correa había “ordenado (al ejército) fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben” y que “en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal” por esas ordenes de represión. Ante este hecho, el mandatario ecuatoriano realizó una demanda penal contra Palacio, debido a que en la nota el periodista ofendía tanto su honor, su buen nombre, y su dignidad tanto personal como pública, ya que el autor del escrito lo acusaba de haber cometido delito de Lesa Humanidad. La demanda, Correa la hizo extensiva a los directores del diario El Universo, Carlos y César Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, debido a que “el Directorio está vinculado y responde en su totalidad por dirigir dicha publicación en todos sus ámbitos, por lo que los señores Pérez deberán ser declarados autores coadyuvantes del delito de injurias calumniosas…”. La Justicia imputó a todos los acusados con tres años de prisión y una indemnización de 40 millones de dólares, lo cual generó la reacción de organismos como Human Rights Watch quien a través de su director José Miguel Vivanco dijera que “las acciones del presidente Correa, destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos, constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”. De todas formas, Correa casi un año después perdonó a los acusados especificando que el perdón no conlleva “el olvido” y que su gobierno insistirá en una transformación integral del sistema interamericano de derechos humanos.

Los principales grupos empresariales de medios en Ecuador se encuentran situados principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas, y son el Grupo Egas, Mantilla, Banco de Pichincha en Quito, quienes entre otros medios cuentan con los diarios El Comercio, Últimas Noticias, Hoy, las revistas Cosas, Caras y Soho, las radios Quito, Ecuadoradio, Platinum Radio, entre otros medios, mientras que en Guayaquil se destaca el Grupo Isaías, dueño del diario Expreso, teniendo además señales de radio y TV tanto de aire como por cable. También los grupos Noboa-Febres Cordero y Pérez Castro, que cuentan con los diarios El Telégrafo, El Universo y las emisoras televisivas Maxvisión y Telesistema. Es de destacar que en Guayas la revista Vistazo, del grupo Alvarado Roca, fue la única publicación que en 2007 no adhirió al comunicado de Aedep, en contra del mandatario Correa.

El pasado viernes la Asamblea Nacional logró aprobar la nueva Ley de Comunicación, y si bien había sido presentada hacía más de 3 años aún no había podido ser sancionada debido a los bloqueos de la oposición y al lobby de los grandes grupos mediáticos locales. Se trata fundamentalmente de una regulación que permita poder multiplicar las diferentes voces que otrora fueran excluidas por las corporaciones mediáticas. Si bien la mora en la sanción, algunos pasos en relación con la desmonopolización de los medios ya fueron implementados a partir de la vigencia de la nueva Constitución de Estado, ya que como señalara el analista Roberto Sánchez en el portal de Fedaeps, a partir de la nueva Carta Magna se prohibió la inversión de los grupos financieros en medios de comunicación, lo cual fue ratificado con la consulta popular realizada en 2011. “De esta manera, Teleamazonas se vio obligada a vender sus acciones. También hay que considerar que el Estado, a través de un proceso judicial por defraudación financiera al grupo Isaías, incautó dos canales de televisión de señal abierta (TC-Televisión, GamaTV) y dos canales de cable (CN3 y CD7), que pasaron a ser administrados por un fidecomiso de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Además, paralelamente a esta nueva relación con los medios de comunicación, que antes eran intocables, entraron en funcionamiento los primeros medios públicos de la historia del Ecuador”, señalaba Sánchez en su artículo.

Tras la Constitución vigente desde 2008 se había dispuesto al Legislativo la redacción y aprobación de la ley de Comunicación, que recientemente sí pudo efectivizarse debido a la mayoría legislativa que la Alianza País logró en los últimos comicios. Esta prerrogativa, entre las novedades que contiene se encuentra un nuevo Consejo de Regulación, la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la extensión del acceso del 34% de las licencias no sólo para representantes de grupos indígenas y afroecuatorianos, sino también colectivos ciudadanos. Uno de los objetivos principales es horizontalizar lo desigual de la concurrencia mediática, generando mejores posibilidades para los diferentes medios periodísticos. Es de destacar que recientemente, Rafael Correa anunció un subsidio para todos los periodistas de pequeños medios que no llegan al salario mínimo estipulado para la profesión.

Medios colombianos rechazaron Ley de Comunicación en Ecuador

Esta vez no fue la SIP, ni alguna de esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos como HRW, sino una institución periodística de un país vecino, quien condenó enérgicamente en un editorial, la sanción de la Ley de Comunicación en Ecuador.

Bajo el título de “¿La estocada final?”, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresó sus inquietudes, por lo que consideraron “Que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa”, resulta un atropello, ya que según ellos “en Ecuador, donde su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa. Su margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le favorece es nula”.

El viernes 53 medios impresos de Colombia publicaron este editorial, en una verdadera operación de prensa, para que medios de otros países, y principalmente de Ecuador se conviertan en caja de resonancia y amplificación de los intereses de las corporaciones mediáticas.

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Pena de Muerte y/o Aborto legal. Estado e Iglesia

La Argentina no constituye un Estado laico, y si bien desde sus inicios fue concebido como un Estado Confesional, hoy no se podría decir que lo sea aunque el actual preámbulo de la Constitución contenga la frase “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.

La posibilidad o no de una ley que despenalice el aborto, y establezca el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sin dudas tiene que ver con esta heteronomía del Estado argentino con respecto a la Iglesia.

Se supone que el “No matarás” de los 10 Mandamientos bíblicos, sería un freno a la posibilidad del derecho al aborto. La paradoja surge cuando los grandes medios, que nunca plantearon la posibilidad de separar a la Iglesia del Estado, insisten denodadamente en que exista la Pena de Muerte.

Antes tendrían que plantear que el Estado debería ser laico, ya que sino sería un oxímoron.

El asesinato de Ángeles y el debate por la Justicia

En una nota para La Nación de hoy firmada por Diana Cohen Agrest y que lleva el título de Las piezas sacrificiales de la impunidad, la autora comienza preguntándose “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos con la letanía de los derechos humanos, otorgando garantías a los victimarios y desprotegiendo a las víctimas y a la sociedad toda?” Esta hablando en primer lugar del asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, un hecho totalmente aborrecible que debiera ser esclarecido y que sin dudas debiera ser condenado con firmeza, y crear en la sociedad los anticuerpos necesarios para que estas cosas no sucedan nunca más. Pero Cohen Agrest busca responsabilidades, haciendo un mix que en lugar de aclarar oscurece.

El debate por la Justicia sin dudas es problemático, cuando se intenta reformarla, se habla de destruir la independencia de la misma, pero cuando la Justicia resulta injustificable, pareciera que de hecho ya dejó de ser independiente, sino que está subordinada al poder ejecutivo.

En el discurso de Inauguración del Centro de Protección Urbana en Lomas de Zamora realizado el pasado 30 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresaba que uno de los reclamos que le hace el secretario de Seguridad Sergio Berni es que “allí (en las instituciones de la Justicia) se desbaratan bandas, se toma gente que delinque, que comete delitos contra la propiedad o contra la vida de los argentinos, y luego entran por una puerta y salen, inmediatamente, por la otra. La verdad que tenemos que hacer todos juntos un reclamo grande, que no significa dejar sin garantías a nadie, sino darle garantías a los 40 millones de argentinos de que las leyes se deben cumplir”.

Cuán diferente es el reclamo de la periodista del matutino de Mitre, que el que hacía la presidenta. Pero Cohen Agrest termina su artículo afirmando “¿Quiénes se harán cargo de estas violaciones y muertes salvajes que podrían haberse evitado con una política criminológica lúcidamente saneada? ¿Podremos alguna vez llevar a juicio a los responsables de esta ‘masacre por goteo’? ¿Podremos alguna vez sentar en el banquillo a nuestros gobernantes y jueces hermanados con los ejecutores de los tiempos oscuros? Esa voz es la ausente en la Argentina que nos duele, donde se exalta la memoria del pasado pero se silencia, obscenamente, la memoria del presente”. Ya que en su versión digital, La Nación permite comentarios, los primeros en hacerlo condenan al ejecutivo, y al enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad, pero siguen defendiendo la independencia de la Justicia. Un poco raro todo eso, ya que no se pone blanco sobre negro, sino que se confunde más. La opinión de los medios independientes, parafraseando a Freud se parece a la gruesa condensación que se realiza en el trabajo del sueño, y planteada así hay una superposición de árboles que no permiten ver el bosque.

Una breve sobre la acumulación originaria

Cuando uno lee el texto de Marx sobre La Acumulación Originaria, la sensación que produce es que esa acumulación no es simplemente el punto de inicio, aunque también lo sea, sino que ese proceso de escindir al productor de los medios de producción, es estructurante de toda la acumulación capitalista, condición de la existencia del capital, la plusvalía y su reproducción ampliada. Acaso el desplazamiento de campesinos e indígenas en América latina, cosa que aún sucede qué es sino. La apropiación de Papel Prensa durante la dictadura cívico militar, las guerras por el petróleo o las reservas naturales, e incluso la misma competencia intercapitalista obedecen sin dudas a esa misma lógica. “Los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos” señalaba el genio de Treveris.

Duhalde y Scioli juegan al ajedrez

El ex presidente interino Eduardo Duhalde volvió a abrir la boca, y dejar plantadas posiciones que no se debieran obviar, ya que si bien hoy el ex bañero de Lomas, tiene un juego político que algunos consideran como de outsider, él sigue manteniendo fluidas conexiones con sectores que hoy se suponen alineados al oficialismo. Es que en el complicado entramado que representa el peronismo, Duhalde sigue jugando con la soberbia del caudillo que supo ser, sin resignarse a que los tiempos hayan cambiado.

La entrevista que le realizara Vicente “Cholo” Ciano por LU6 de Mar del Plata, y que fuera reproducida ayer 1º por el diario La Capital, seguramente que no es ni ociosa ni inocente, mucho más sabiendo que esos medios le pertenecen al Zar marplatense Florencio Aldrey Iglesias (a) el Gallego, ese poderoso empresario hotelero, que tiene excelentes relaciones con el gobernador Daniel Scioli. Justo en un momento crucial para el destino del ex motonauta, tras recibir el jueves una dura crítica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuando algunos medios ya salieron a señalar que Scioli, rompería con el Gobierno nacional.

En la entrevista Duhalde apunta a dos flancos: uno que es pegarle al gobierno, e inclusive al ex mandatario Néstor Kirchner, y el otro que es resaltar las figuras tanto de Scioli como del intendente de Tigre Sergio Massa, enmarcándolos en un renacimiento del peronismo, hoy diferente de lo que representa el kirchnerismo.

Con un rotundo “Sí” Duhalde le respondió a su entrevistador que las denuncias de Lanata son ciertas, y que en estos últimos 10 años la corrupción superó a la de los gobiernos de Menem. Con respecto a Néstor Kirchner, el lomense dijo que lo eligió “porque era un rebelde en los momentos en que necesitábamos un rebelde” pero que se equivocó “en el personaje y no en la idea” porque pensó que era “un rebelde con sana rebeldía”, y al final no fue así. Vaya saber qué es una sana rebeldía para Duhalde, tal vez hacerse pasar por rebelde sin serlo, tal vez tendría que haber simulado rebeldía nada más.

Para Duhalde Scioli sería el más indicado para ser presidente en 2015, ya que “es un pacificador”, y según él es lo que la sociedad necesita. Vaya a saber qué película de guerra estará viendo, la de la inseguridad seguro que no, porque tanto él como Scioli saben muy bien de qué se trata ese flagelo, y justamente no son los más indicados para hablar sobre ello. El ajedrez es un juego que representa una guerra, y ahí sí, Scioli está “muy agrandadito” ya que siempre le gana a Duhalde en las partidas que asiduamente juegan entre ellos. “Últimamente me ganó un partido y me carga” dijo.

Colombia- Por la reforma rural integral

Colombia. Bajo el lema “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, se firmó el primer punto entre el gobierno y las FARC.

 

El documento conjunto afirma que los puntos acordados estarán condicionados a que se llegue a un acuerdo total en el diálogo.

Desde la mesa de negociaciones de paz establecida en La Habana, el pasado domingo 26 de mayo, tanto el gobierno de Colombia como los representantes de las FARC anunciaron la firma del primer punto de acuerdo, sobre una agenda de cinco, y si bien la línea establecida por las dos partes es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el acuerdo sobre el tema rural y agrario, que fue precisamente el punto de arranque de las conversaciones, resultaba tal vez el más árido de la agenda, y el de más difícil resolución en un virtual escenario de posconflicto.
El anuncio se realizó luego de nueve meses exactos de instalada la mesa y poco más de seis del inicio de las conversaciones formales entre las dos partes. Bajo la denominación de “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, las dos partes les entregaron el documento a las delegaciones de Cuba y Noruega para que las hagan públicas, y en donde se asegura que se han construido acuerdos sobre los siguientes temas: 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva; 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial; 3. Infraestructura y adecuación de tierras; 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral: y 6. Políticas alimentarias y nutricionales.
Según versa el documento, “el acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado” asegurando que lo que se ha convenido “será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia” y que esto estará “centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”.
La afirmación en el mismo documento de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, adquiere significación, en el sentido de que todos los acuerdos que se vayan construyendo, van a estar condicionados a que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la agenda y que también, en la medida en que se avance en la discusión se puedan ir ajustando y complementando los diferentes acuerdos, sobre cada uno de los cinco subpuntos. La aclaración de esto último cobra cierta relevancia, porque como afirma Roberto Romero Ospina en el portal Rebelión: “Se trata de aspectos muy generales ya que no se dieron a conocer los detalles de este primer pacto” ya que salvo el Fondo de Tierras propuesto por las FARC “conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico” y que fuera incluido en el acuerdo, no abundan detalles acerca de los diferentes puntos, lo que hace pensar que “existe un borrador de acuerdos donde se toca el más grave problema del campo como es el latifundio, además de la extrajerización del suelo y la propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, sugiere Romero Ospina. El debate sobre el latifundio resulta sustantivo porque tal como expresara Pablo Catatumbo, uno de los hombres fuertes de las FARC, en una entrevista realizada por la periodista María Jimena Duzán para la revista Semana el pasado 25 de mayo, éste señaló que “el latifundismo es lo que históricamente nos ha llevado a la guerra. Este conflicto comenzó cuando López Pumarejo dijo que los campesinos tenían derecho a su tierra e inmediatamente el poder terrateniente se le vino encima. Ahí empezó la guerra”. La controversia podría surgir a partir de lo expresado por el jefe de la delegación del gobierno colombiano en La Habana, Humberto de la Calle quien dijera tras la firma del acuerdo que “todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer”. Por su parte, el lunes el presidente Santos avaló el primer acuerdo de la agenda enfatizando que se trata de un “salto cuantitativo y cualitativo” para el uso de la tierra, y que los poseedores de tierras adquiridas de manera legitima “no tienen nada que temer”.
Si se tiene en cuenta que en Colombia existe una poderosa oligarquía que se enriqueció con el desplazamiento de campesinos e indígenas, apropiándose de tierras que además fueron las principales zonas de acción para el despliegue del bandas paramilitares y del narcotráfico, la expresión “manera legítima”, en boca del mandatario cobra singular importancia, y debe retumbar en los oídos de todo ese sector que hoy se ve representado por el ex presidente Álvaro Uribe. No es ocioso recordar que en los años ’90 Uribe figuraba en una lista elaborada por los Estados Unidos, como uno de los narcotraficantes más peligrosos de América latina, ubicándolo en el puesto 82º, mientras que en el lugar 79º figuraba el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, fundador y líder del poderoso Cartel de Medellín. A través de la red social Twitter, Uribe señaló que el gobierno legítima al terrorismo como interlocutor para negociar el futuro del campo, calificando como inaceptable que el modelo del campo colombiano se negocie con el narcoterrorismo. “Terroristas de las FARC asesinan a nuestros soldados y policías y el Gobierno Santos los premia con un acuerdo sobre el agro”, dijo el ex mandatario en la red social, asegurando que el actual presidente fue elegido para combatir a los terroristas, pero ahora los realza como interlocutores políticos válidos. Vale señalar que el combate contra el denominado “terrorismo” fue la principal artimaña de todo un sector oligárquico colombiano, para mantener sus privilegios, dejando intacta la estructura agraria colombiana, constituyendo así la matriz principal de la dependencia tanto militar como económica, y generando signos inequívocos de superlativa desigualdad social.
Si bien un Uribe sabe muy bien a lo que se opone y qué es lo que defiende, ya que de implementarse esta reforma rural su sector se vería realmente afectado, el presidente Santos, que sin lugar a dudas también es parte de una fracción de las clases dominantes colombianas, da la sensación de haberse tomado muy en serio esto de convertir a su país en una nación capitalista más desarrollada y moderna, en donde todos los resabios de un retraso casi feudal son inequívocos obstáculos para ello. Vale señalar que el actual mandatario propuso desde el inicio de su gestión llevar adelante “las 5 locomotoras para el desarrollo” que son: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. La firma del acuerdo del primer tema de la agenda de La Habana coincide con una de las locomotoras, pero se enlaza a otras como las referidas a infraestructura, vivienda e innovación. Seguramente que el proyecto de Santos no es el mismo que el de las FARC, no tendría por qué serlo, lo que sí se debiera lograr es que la guerrilla pueda insertarse en la vida política de Colombia, en las mejores condiciones, para proponérselo a la sociedad, y justamente ése es el segundo punto de la agenda que se iniciará el próximo 11 de junio: Participación política.
El acuerdo del 26 se produjo un día antes de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden al país neogranadino, quien tras reunirse con Santos le expresó su satisfacción por el Proceso de Paz, mientras que desde Bolivia los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro de Venezuela, de visita en el altiplano, se pronunciaron el mismo 26. “Nos llena de gran alegría”, dijo Maduro agregando que “Chávez soñó con la paz en Colombia y creo que vamos a ver su sueño hecho realidad”, mientras que Evo felicitó a Santos asegurando que “con paciencia y esfuerzos llegó el acuerdo. Histórico, inédito”.
Por su parte el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño señaló que es “muy buena noticia que el gobierno colombiano y las FARC hayan superado el primer tema del diálogo de paz, el agrario”.