Ecuador. Ley de medios versus lobby furioso

“Renunciamos irrevocablemente a las preferencias arancelarias con que nos quería comprar EE.UU.”, dijo Correa.

La posibilidad de que el ex técnico de los servicios secretos de la CIA Edward Snowden recibiera asilo político en Ecuador, tal como se señalara en los últimos días de junio, mostró un movimiento inverso por parte de cierto sector del establishment que, aprovechándose de esa situación, pasó a la ofensiva, intentando enrostrarle al gobierno de Rafael Correa el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación sancionada el pasado 14 de junio resulta un atropello a la libertad de expresión, e incluso a los parámetros de la democracia. Una campaña orquestada principalmente desde organizaciones y medios externos, incitando la resonancia interna. A esto se agregó, además de lo específico de la ley, la renuncia unilateral de Ecuador a los beneficios arancelarios que EE.UU. les brinda a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, y de igual modo un llamado telefónico que el vicepresidente norteamericano Joe Biden le realizara al mandatario Correa el viernes 28, un día después de la decisión de la renuncia. Todos estos acontecimientos, enmarcados en la posibilidad del asilo a Snowden, hicieron que desde los principales medios ecuatorianos se intentara mostrar el aislamiento del país andino con respecto al mundo occidental, no sólo por lo del topo de la CIA, sino también por estar alterando las reglas de juego del ejercicio del periodismo, y haciendo peligrar la democracia.
Para tener un panorama más claro conviene ir por partes, pero vale subrayar que todo este movimiento del establecimiento ecuatoriano no sería posible más que desde esa lógica de obsecuencia y servilismo que da por sentado el hecho de que haya naciones ejemplares, y que por esa razón (nunca comprobable) tienen el derecho de tutelaje e intromisión en cuestiones soberanas.
El 14 de junio, por una amplia mayoría, la Asamblea se expresó a favor de la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, que entre las principales normativas destaca la del reparto equitativo de las licencias de radio y televisión, señalando la ley, que el 33% será para medios privados, igual porcentaje para medios públicos, y el 34% para medios comunitarios, haciendo que de esta forma se impida la concentración monopólica. Si bien para las corporaciones mediáticas ésta no resulta una buena noticia, el punto álgido en el cual se centró la crítica fue el Artículo 26, conocido como “linchamiento mediático”, donde se expone que: “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Paradójicamente, los primeros que salieron a fustigar la ley ecuatoriana fueron los medios de Colombia y fue así que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresó sus inquietudes, a través de un editorial, considerando “que los gobernantes hagan uso del poder de manera ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar las libertades de expresión y de prensa” resulta un atropello, ya que según ellos “en Ecuador, su Presidente acude a medidas de toda índole para silenciar a la prensa”. Tras esto, Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo que “viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va a plasmar un estado de propaganda en Ecuador, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es de la presidencia de la República”. Por su parte, Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, aseguró que la nueva ley “podría limitar severamente la libertad de expresión. Su carácter ambiguo permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa”, dijo, añadiendo que “finalmente establece uno de los objetivos claves que tiene Correa bajo su mandato, que es silenciar a los críticos de su gobierno”. Estas fueron algunas de las primeras declaraciones públicas contra la ley de comunicación ecuatoriana, pero faltaba que sucediera otra cosa para pasar a una ofensiva más frontal, y eso pasó el 24 de junio cuando se supo que Edward Snowden pidió asilo a Ecuador. Ante la posibilidad cierta de que esto sucediera, y teniendo en cuenta que el 27 de junio Ecuador renunció de manera unilateral e irrevocable a las preferencias arancelarias o Atpdea que otorgan los Estados Unidos por la colaboración en la lucha antinarcóticos, se volvió a encender la mecha para nuevas operaciones de prensa. “Nos han presionado con quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden. Nuestra dignidad no tiene precio y renunciamos unilateral e irrevocablemente a las preferencias arancelarias,” dijo el presidente Correa por esos días, mientras que en un comunicado oficial el gobierno expresaba que “Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie, y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que éstos sean”.
Lo interesante de la nueva escalada mediática contra el gobierno ecuatoriano, a pesar de sostenerse en el posible asilo de Snowden, comenzó a tener ribetes sumamente heterodoxos en relación no sólo con el ex agente de la CIA, sino también con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien desde hace poco más de un año se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana ubicada en Londres.
José Hernández, director adjunto del diario Hoy, de Quito, en un análisis publicado en ese periódico el pasado 7 de julio, expresó que tanto Assange como Snowden representan la voz de los que quieren terminar con el abuso del poder, en contraposición manifiesta con los que para él están ubicados en los antípodas de ese posicionamiento. Hernández sugiere que “el problema empieza cuando en esa ecuación, los fervientes amantes de la libertad hacen coro con Rusia, China, los mulás iraníes, los Castro, el inefable señor Maduro... O cuando creen que lanzadores de alertas, como Assange y Snowden, por atacar ciertas prácticas de Estados Unidos, defienden teocracias y dictaduras”, en las cuales también ubica a Rafael Correa.
En un editorial publicado en el diario colombiano El Tiempo, Moisés Naím dice: “Pese a sus vicisitudes, Julian Assange y Edward Snowden son muy afortunados. Al menos no son periodistas ecuatorianos. De serlo, sus circunstancias serían peores. También tienen la suerte de que el presidente de la nación agraviada por sus filtraciones sea Barack Obama y no Rafael Correa”.
Las operaciones conllevan también el entrevistar a personajes de otros países para expedirse contra la Ley de Comunicación, y así lo hicieron para el diario El Comercio de Quito tanto el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, como también Alejandro Santos, director de la revista colombiana Semana. Ambos, en notas publicadas a principios de este mes, son muy duros contra el gobierno ecuatoriano.
Pero la cosa también llegó a Madrid, y en esa capital otro Premio Nobel, pero esta vez de literatura, el peruano Mario Vargas Llosa condujo allí el foro “Iberoamérica de cara al futuro: desafíos institucionales, políticos y económicos. El rol de los medios de comunicación”, siendo organizado éste por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside precisamente el autor de La ciudad y los perros. En el foro que se realizó el 4 de julio en la capital española Vargas Llosa dijo con respecto a la ley ecuatoriana que “es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al Gobierno e inmunizarlo contra las críticas independientes”, agregando luego que “todos los amantes de la libertad deben ser sumamente críticos con lo que el Congreso ecuatoriano, desgraciadamente bajo la influencia del presidente, acaba de aprobar”. Lo que no dijo es que la libertad que más le interesa no es otra que la libertad de empresa.