Ante lo ocurrido en Junín el
ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Bs. As. Ricardo Casal dijo que “la
responsabilidad de la seguridad es del Poder Ejecutivo Provincial, y en este
caso de quien encabeza el Ministerio de Justicia y Seguridad” Este cronista se
pregunta por qué afirmar lo que es: una extrema obviedad.
La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en diciembre al encabezar el acto de presentación de un
nuevo centro de comando y control del 911 enfatizó que "Cada provincia
tiene su responsabilidad, mientras que en la Capital tenemos la responsabilidad compartida.
Cada provincia tiene su policía, sus jefes; después se confluye todo en el
Consejo Nacional de Seguridad" remarcando que "La seguridad de cada
provincia es responsabilidad de cada provincia; si no, que nos pasen a todas
las policías y nos hacemos responsables de todo".
Sin dudas el problema de la
seguridad no se resuelve mágicamente, sino a través de diferentes políticas
tanto específicas como complementarias, es decir tanto de combate contra el
crimen organizado, como de inclusión social, y para esto es necesario contar
con las herramientas y las fuerzas que estén dispuestas a realizarlo, dejando
de lado viejas formas y tradiciones que lejos de erradicar el problema, lo hacen
perdurar. En este sentido el que escribe considera de suma importancia los diez
puntos del Acuerdo por una Seguridad Democrática, que fuera realizado por el
CELS y firmado en diciembre de 2009 por un gran abanico de legisladores de
diferentes extracciones políticas.
“Las políticas de mano dura
no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos,
hasta han amenazado la gobernabilidad democrática” se señala en un punto,
agregando que “La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de
las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el
encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes
de estas políticas de mano dura” Otro punto central del acuerdo es terminar con
el autogobierno policial enfatizando que “Todo gobierno tiene la
responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías” ya
"que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de
'estados mayores policiales’, autónomos, que han organizado vastas redes de
corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática".
Un punto destacable es
también subrayar que las condiciones infrahumanas a las cuales son sometidos
los privados de libertad, lejos de poder reinsertarlos en la sociedad, los
convierte en reincidentes.
Cuando la presidenta creo en
diciembre de 2010 el Ministerio de Seguridad, ante los acontecimientos
ocurridos en el Parque Indoamericano, nombrando a Nilda Garré al frente del
mismo, este Acuerdo por la Seguridad
Democráticala Bonaerense.
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