Colombia- La opinión pública se divide frente a las negociaciones de paz

Colombia. Las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC agita el panorama político colombiano. Quiénes son los grupos que marcharán en la movilización del 9 de abril en apoyo al diálogo y quiénes los que se niegan a ir.

Las negociaciones de paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC parecieran agitar en la opinión pública una tremenda grieta que divide a la ciudadanía entre los que aprueban este proceso y los que se oponen a él. Todo ello se enlaza a especulaciones políticas en torno de una posible reelección del actual mandatario en mayo del próximo año, que se enmarca en fuertes críticas del ex presidente Álvaro Uribe, decididamente jugando en una oposición que agrupa a los sectores más conservadores y reaccionarios de Colombia, entre ellos los grandes terratenientes y ganaderos. A las críticas también se sumaron figuras ajenas al uribismo, como la del ex presidente Andrés Pastrana, quien en declaraciones realizadas al diario El Espectador señaló que a Santos la ciudadanía no lo eligió para negociar la paz, como sí lo había hecho con él, cuando éste encabezó los fallidos diálogos con la guerrilla en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán hace más de una década. O si el voto popular le dio mandato a Uribe para hacer la guerra. Según Pastrana, en el Caguán fue todo transparente, mientras que con respecto a lo que sucede en La Habana “la gente se está preguntando qué se está negociando allá”. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, tildó de “lamentable” que Pastrana “vaya a terminar alineado con la extrema derecha de este país y con ese sector guerrerista que está combatiendo el proceso de paz”. A su vez, Carrillo recordó que “el mandato por la paz es un mandato de la Constitución. Desde 1991 fue el propio sector pastranista el que trató de incorporar la paz como un valor constitucional” ya que “la paz es un valor fundacional de la Constitución de 1991, y según el artículo 22 es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”.
Si bien algunos medios y políticos opositores hoy están jugando al desgaste de Santos, sumado a algunos conflictos sociales que tuvo que enfrentar la Casa de Nariño en el último tiempo (como fue el paro de los cafeteros), las negociaciones de paz iniciadas a principios del segundo semestre de 2012 en La Habana parecen estar gozando de muy buena salud y son saludadas por los gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela, que ven en este proceso un fin de las hostilidades que en otro momento se generaron entre sus respectivos países con Colombia.
“Nosotros hemos ratificado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a la guerrilla de las FARC, a la mesa de conversaciones en La Habana, públicamente, en privado, de distintas formas y maneras, que este gobierno bolivariano tiene un compromiso absoluto con el sueño de la paz en Colombia”, dijo Nicolás Maduro, enfatizando que éste era el sueño del comandante Chávez. En tanto, la ministra ecuatoriana de Defensa María Fernanda Espinosa aseguró al diario El Telégrafo que para los ecuatorianos “los diálogos de paz en Colombia son fundamentales” ya que este proceso no sólo beneficia a su país sino a la región entera.
El pasado 21 de marzo, en un comunicado conjunto realizado desde La Habana, las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC-EP destacaron que si bien no existe un acuerdo pleno con respecto al primer punto de la agenda, que es el tema agrario, se lograron notables acercamientos. En el comunicado se subraya que “continuamos avanzando en la discusión del primer punto de la Agenda y en la construcción de acuerdos sobre los temas de acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva”. Uno de los debates sobre el problema de la tierra se deslizó principalmente en cuanto a las denominadas Zonas de Reservas Campesinas (ZRC). Según informaba el diario El Colombiano de Medellín las ZRC se convirtieron en la piedra en el zapato de las negociaciones en La Habana. “Nacidas en la Ley 160 del ’94, son obra del Congreso y no de las FARC, como pretenden sus detractores”, señalaba el matutino. Estas zonas buscaban asegurar que las tierras continuaran en manos campesinas e impedir su venta, permitiendo a su vez que esos campesinos organizados en activas comunidades veredales acuerden con el Estado su inclusión en las políticas públicas. La polémica radica en que las FARC plantean que sean territorios autónomos, compitiéndoles a los municipios como entidades territoriales, a semejanza de los resguardos indígenas o de los territorios colectivos de afros. Esta pretensión de la guerrilla profundizaría el fraccionamiento de la autoridad del Estado en autogobiernos. Las ZRC, según la ley del ’94 deben servir para recuperar comunidades rurales arrasadas por los paramilitares, y fortalecer las existentes en esas zonas, y que nazca de ahí una clase media rural.
Estas diferencias de matices en la cuestión agraria hicieron que sectores opuestos a las negociaciones de paz ya comenzaran a hablar del fracaso de las mismas. La editora del diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo, señalaba que “La Habana tiene su propio ritmo” desechando así toda suspicacia de los que pretenden que en un abrir y cerrar de ojos, un conflicto que data de más de medio siglo se cierre en tan poco tiempo. Humberto de la Calle, cabeza del grupo de negociadores del gobierno, expresó: “Las conversaciones avanzan dentro de lo previsible, así la percepción de opinión pública sufra altibajos”, mientras que el delegado de las FARC Iván Márquez señaló que “vamos avanzando de manera lenta, si se quiere pensar así, pero también persistente”.
En el comunicado conjunto realizado el 21 de marzo se adelanta que el 2 de abril se iniciará una nueva ronda de conversaciones en la cual “las delegaciones le pidieron a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional que inicien la preparación de un nuevo foro sobre el siguiente punto de la Agenda, Participación política”.
Ya se señaló el entusiasmo por la paz en Colombia de los países vecinos, y de igual forma así lo expresan el gobierno, la guerrilla, y vastos sectores sociales. En una entrevista realizada por la revistaSemana, Iván Márquez le afirmaba a la periodista María Jimena Duzán que “esta posibilidad de paz es muy especial y no la podemos dejar escapar”, en tanto que el presidente Santos, que por razones de agenda no pudo asistir a la ceremonia de asunción del papa Francisco, le envió a éste una misiva en la cual le expresó que “Colombia, como Vuestra Santidad sabe muy bien, ha sufrido y sigue sufriendo el conflicto interno armado más antiguo de América, un conflicto que ha generado dolor, inequidad y pobreza, y que estamos decididos a terminar” y que por esa misma razón, sabiendo que “vendrá a América latina –su continente– en julio para participar en el Encuentro Mundial de Juventudes en Brasil, nada nos daría más gozo a tantos millones de colombianos que profesamos la fe católica que contar con su visita” en clara señal de apoyo al proceso de paz, ya que “su palabra y bendición serían un aliciente para seguir adelante en un proceso que traerá paz no sólo a nuestro país, sino a Latinoamérica”, dice la epístola.
Por otro lado, el movimiento social Marcha Patriótica –integrado por distintas personalidades de Colombia como la ex senadora Piedad Córdoba, el periodista Carlos Lozano, diversos intelectuales y defensores de los derechos humanos– ya confirmó una gran movilización para el próximo 9 de abril, en defensa del proceso de paz. La marcha cuenta con la adhesión del gobierno y el Congreso de la República. Según informan los organizadores, además del presidente Santos y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, estarán los diferentes gobernadores, sindicatos y movimientos sociales como el de indígenas y campesinos. La coalición de centroizquierda Polo Democrático Alternativo no formará parte de esta marcha, porque si bien apoyan las negociaciones de paz, no comparten una posible reelección del actual presidente.

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