Frente a la maniobra de empresarios que se declaran
“en quiebra”, surgió el movimiento de empresas recuperadas como una posible
respuesta al intento de vaciamiento industrial.
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| La toma de Zanon en 2001 y su puesta en producción autónoma fue una de la pioneras del movimiento de empresas recuperadas.(TELAM)/ El hotel Bauen, gestionado por sus trabajadores organizados en cooperativa desde marzo de 2003. |
Tal vez uno de los mayores
desafíos de la Argentina ,
sea hoy romper definitivamente con el modelo exportador de materias primas,
realizando el pasaje a otro que privilegie la sustitución de importaciones y
agregue valor a toda la cadena productiva. En este sentido resultó saludable cuando
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diera anuncio en 2011 del plan
estratégico 2020, consistente en industrializar la ruralidad, o cuando la
ministra Débora Giorgi en mayo del año pasado propusiera la industrialización
de todo el proceso minero.
Sin un considerable
desarrollo de la industria nacional y del mercado interno, la posibilidad de un
país autónomo se hace poco probable y factible de retroceso a estadios
anteriores. Esta idea subyace en todos los debates que se plantean la
profundización del proyecto político en curso, y por ende es posible que haya
que rastrear distintos segmentos de la sociedad para alcanzar una visión global
sobre el asunto.
Resulta ya repetido señalar
esa falencia argentina, que es la inexistencia de un empresariado autóctono
capaz de liderar un proyecto de industrialización. Todos los intentos en ese
sentido, mostraron que solamente el Estado poniéndose por encima de los
diferentes sectores sociales, podía hacerlo. El problema es saber cuáles son
los sectores más dinámicos y con mayor potencialidad, para que el Estado se
apoye en ellos para esbozar alguna planificación al respecto.
Una alternativa posible. El fenómeno de las empresas recuperadas podría ser
un aporte más al diseño de una estrategia de sustituir importaciones y agregar
valor a la producción primaria, en tanto que los trabajadores, y a pesar de sus
limitaciones, ya dieron muestras de poder llevar adelante la gestión de muchas
empresas, ante la apatía de cierto empresariado.
Fue una particularidad bien
argentina el surgimiento a principios de este siglo, de ese segmento de la
clase trabajadora, que ante el cierre compulsivo de empresas, las ocuparon para
poder mantener el empleo y a su vez ponerlas en marcha, demostrando incluso
mejores performances de gestión.
Cuando el 22 de agosto del
año 2000, los obreros de la
GIP-Metal SRL recibieron el telegrama de despido, esto fue
algo sorpresivo, ya que hasta el día anterior habían trabajado con normalidad.
Los dueños de la metalúrgica ubicada en Sarandí, partido de Avellaneda, habían
decretado la quiebra de la empresa que por más de treinta años se había
dedicado a la manufactura de caños de cobre. En verdad, los dueños de la
fábrica optaron por esa opción, porque por esos años la declaración de una
quiebra se convertía en una alternativa rentable para la clase empresaria.
Según Natalia Bauni, integrante de un grupo de sociólogos de la UBA que por aquel entonces
investigaron sobre la problemática de las empresas recuperadas, citada en una
nota del diario Página/12 de enero de 2003, ella decía que: “La mayoría de los
empresarios desde hacía cuatro años venía alentando la lógica de la
capitalización financiera en detrimento de la capitalización productiva; en ese
escenario, la quiebra y el vaciamiento aparecían como una opción ventajosa y
rentable.”
Los trabajadores de la GIP- Metal no se
resignaron al telegrama de despido y ocuparon las instalaciones de la empresa,
de forma pacífica en resguardo de los bienes y hasta que se aclare su situación
laboral, que ya pasaba a ser la situación de la metalúrgica misma. A partir de
ese momento hubo intentos de desalojo, y resistencia: se conformó la
cooperativa de trabajo Unión y Fuerza limitada, se alquilaron las máquinas,
hasta que el 16 de septiembre de 2000 se decretó la primera ley de expropiación
de una planta fabril, inaugurándose un nuevo modus operandi que llevaría a que
muchos trabajadores, ante situaciones similares, recuperasen las empresas
quebradas para mantener su trabajo y seguir produciendo.
Si bien la ocupación de
fábricas siempre fue una de las modalidades más combativas de la lucha obrera,
ésta, en otras décadas no estaba orientada a la autogestión sino principalmente
al reclamo sindical ante las patronales, y se daba principalmente en grandes
plantas fabriles. Es de destacar que en 1985 cuando los trabajadores de la Ford con sede en Pacheco
tomaron la fábrica en reclamo por el despido de 33 obreros, una de las medidas
que adoptaron fue poner en funcionamiento la planta automotriz: una
demostración de poder autogestivo.
Las ocupaciones iniciadas
con la crisis de 2001, a
diferencia de las anteriores, se dieron principalmente en establecimientos
pequeños, la mayoría con menos de cien empleados, con una casi nula
participación sindical, y con la principal intención de preservar el trabajo.
El espectro de rubros implicados en la recuperación de empresas es por demás
variado, y va desde tradicionales talleres metalúrgicos, papeleras, fábricas de
calzado, gráficas, hasta clínicas y escuelas privadas, pasando por un gran
hotel como es el Bauen. Hoy se estima que hay más de trescientas empresas
recuperadas, que ocupan entre doce y quince mil trabajadores.
En los albores de este
movimiento se dieron ejemplos paradigmáticos, como la cerámica Zanon, en
Neuquén, que cuenta con 400 trabajadores, la productora de aluminio IMPA en
Almagro, o la textil Brukman en el barrio de Balvanera.
El movimiento, si bien no se
caracteriza por la fragmentación, hay diversos nucleamientos de empresas
recuperadas, entre los que se destacan la Confederación Nacional
de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Movimiento Nacional de Fábricas
Recuperadas por sus Trabajadores (Mnfrt), el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas (MNER), o la
Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA).
En sus inicios existía un
debate que hoy pareciera superado, y era sobre qué forma de autogestión debía
tener una recuperada. Algunos sostenían que debían ser estatizadas bajo control
obrero, y que los excedentes se utilizasen en la comunidad (salud y educación,
por ejemplo) en contraposición a los que planteaban la conformación de
cooperativas de trabajo, como es lo que actualmente sucede, y que los
excedentes fueran volcados en generar mayor actividad productiva.
En junio de 2011, el
Gobierno Nacional promulgó la modificación de la ley de concursos y quiebras
para dar un nuevo impulso a este proceso, permitiendo así algunos beneficios
para los trabajadores. Sin embargo, la aplicación en lo particular depende de
leyes provinciales de expropiación o declaración de utilidad pública de los
establecimientos quebrados, lo que permite en algunos casos, que sea el Estado
mismo quien indemnice a los empresarios en estado de quiebra.
Pero no todas son luces. En
febrero de este año, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó la Ley N ° 4.552, de protección
a las empresas recuperadas que fuera aprobada el 13 diciembre de 2012, luego de
un trabajo en conjunto de todos los bloques de la Legislatura , incluido
el PRO. Anteriormente, Macri ya había vetado la Ley 4.008 sancionada por la Legislatura el 17 de
noviembre de 2011, que contemplaba una prórroga hasta el 2017 para la
protección de 32 empresas recuperadas que vienen sosteniendo el empleo de más
de dos mil trabajadores. Así, hasta la actualidad, el Gobierno porteño no proporcionó
el dinero correspondiente para dar por terminado el proceso expropiatorio de
las unidades productivas que fueron declaradas de “utilidad pública” a través
de distintas leyes. Por esa razón, según dice un comunicado de la Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajo Autogestionado (FACTA) “los cooperativistas se
encuentran en un estado de precariedad jurídica y es posible que puedan sufrir
procesos de ‘expropiación inversa’”. El ejemplo de la CABA es una muestra negativa de
cómo debiera actuar el Estado.
Si bien este movimiento de
recuperación de empresas puede señalarse como una originalidad argentina
surgida en un tiempo de crisis, hoy encuentra adeptos en otros lugares del
mundo. Los trabajadores de la fábrica de materiales de construcción Viomichaniki
Metalleutiki (Vio.Me) ubicada en Tesalónica, Grecia; desde mayo de 2011 dejaron
de cobrar sus salarios, y luego los patrones abandonaron las instalaciones. A
partir de realizar algunas asambleas, los trabajadores decidieron ocupar la
planta haciéndose cargo del mantenimiento de la maquinaría. El pasado 12 de
febrero pusieron en marcha la producción bajo control obrero, señalando en un
comunicado de prensa que sus inspiradores son los trabajadores argentinos.
Avance legal
Antes que nadie
En una visita que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizara el 17 de marzo de 2010 a la empresa recuperada
Envases Plásticos Flexibles, ubicada en el barrio porteño de Mataderos, anunció
el envío al Congreso de la modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras que fue
promulgada el 7 de agosto de 1995, durante el gobierno de Carlos Menem.
Esta modificación sancionada
por el Congreso el 1º de junio de 2011, y promulgada por la Presidenta el 29 del
mismo mes, beneficia la recuperación por parte de los trabajadores de las
empresas en estado de quiebra.
Según dicta la modificación,
los trabajadores de una empresa pueden conformarse como cooperativa y comenzar
a producir incluso antes de que sea declarada la quiebra. Las acreencias
laborales que el empresario tiene con los trabajadores les sirven a éstos para
la compra de la quiebra, mientras que en el proceso concursal puedan formar un
comité que sea informado del estado de la convocatoria.
El contenido de la
modificación deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan
de los créditos laborales, posibilita la suspensión de las ejecuciones de
garantías hipotecarias y prendarias de aquellos bienes necesarios para la
explotación de la empresa, deroga la suspensión de los convenios colectivos de
trabajo y garantiza el acceso a la información de los trabajadores en todo el
proceso, aun en el concurso preventivo.
Antes de la modificación,
los trabajadores eran ajenos al concurso y sólo podían intervenir como
acreedores privilegiados. Ahora, en caso de liquidación o acuerdo de pagos,
deben ser los primeros en cobrar.
Entrevista. Andrés Quintana. CNCT.
En diálogo con Miradas al
Sur, Andrés Quintana, asesor legal de la confederación, se explayó sobre los
desafíos que desde su entidad están proponiendo para la economía social,
incluido un proyecto de ley que rija al sector.
– ¿Cómo está integrada la CNCT ?
–Principalmente por tres
sectores que son las cooperativas tradicionales surgidas en otros tiempos de
crisis, las cooperativas que agrupan a las empresas recuperadas, y las que se
generaron a partir de la obra pública pensada como inclusión social. Y ya
podríamos hablar de un cuarto sector, que es el de las cooperativas formadas
por jóvenes profesionales, que agrupan principalmente emprendimientos de
software, ingeniería y medios periodísticos.
–Con respecto a las empresas recuperadas, en 2011 se
modificó la ley de quiebras, lo que resulta beneficioso para el sector. ¿Cómo
lo ven ustedes?
–La ley de quiebras antes
beneficiaba principalmente a los empresarios y los bancos. Desde su
modificación, cuando un empresario declara quiebra, los trabajadores pueden
acceder, a través de la formación de una cooperativa de trabajo, a las
instalaciones de un establecimiento y poder seguir produciendo. Esto sin dudas
es favorable, y desde la CNCT
también venimos bregando por un proyecto de Ley de Cooperativas de Trabajo que
establezca un marco normativo que por un lado promueva la consolidación del
sector, pero que también restrinja el fraude cooperativo por medio del cual los
trabajadores son utilizados como herramienta de flexibilización laboral. El año
pasado le presentamos el anteproyecto a (Agustín) Rossi, para que a través del
bloque de diputados del Frente para la Victoria se trabaje de forma conjunta para
mejorar la norma. Pensamos que este año tiene que salir la ley. Un dato
importante es que el debate acerca de esta ley comenzó como un debate
principalmente ideológico. Nos dimos la tarea de definir qué es un sujeto
autogestionado, en tanto no es ni un trabajador en relación de dependencia ni
tampoco un autónomo. Fue un debate muy enriquecedor.
– ¿Qué problemas enfrenta el trabajo autogestionado y
qué respuestas le brindan desde la
CNCT ?
–El primer problema que
aparece es que los trabajadores deben aprender a gestionar. Antes lo hacía el
patrón o personal administrativo, que en la mayoría de las empresas recuperadas
no quedó dentro de las plantillas. Otro tema es el atraso tecnológico, que es
todavía difícil de revertir. Estamos hablando de empresas de menos de cien
trabajadores. Desde la CNCT
brindamos asistencia jurídica, técnica y acceso a los programas que brinda el
Estado para el sector. Pero quizás el aporte más importante es el rol de
organizador colectivo, no sólo para construir una herramienta gremial que
impulse políticas nacionales, sino también para planificar un desarrollo
productivo por sector, y fortalecer las áreas donde tenemos posibilidades de
crecer.
– ¿Se podría hablar de un cambio en la economía a
partir del fenómeno de las recuperadas?
–Creo que todavía no se
puede medir la rentabilidad. Permiten que los trabajadores conserven el
trabajo, y es destacable el impacto social, ya que la mayoría de las
recuperadas fueron apoyadas fuertemente por los barrios donde están instaladas.
Además, las ganancias no se van del país. No hay empresa de este tipo que
coloque dinero en el exterior. A más de una década, uno puede ver que cada vez
se van insertando mejor en el mercado.
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