El asesinato de la joven Karen Campos generó una
pueblada que supera el análisis de un hecho criminal. Una vez más, la
“inseguridad” es el plato fuerte que sirven los medios de comunicación y la
oposición contra el Gobierno Nacional.
La ciudad de Junín, ubicada
en el norte de la provincia de Buenos Aires, tiene poco más de 90 mil
habitantes, una población relativamente escasa como para que en un año haya
habido doce asesinatos. El sábado 9 rebasó el vaso cuando la joven Karen Campos
fue, en ese distrito, una nueva víctima de la inseguridad. Esta vez, los
vecinos salieron a la calle protagonizando, principalmente el domingo por la
noche, una verdadera pueblada. Tanto el intendente Mario Meoni, como el
ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, señalaron que
en los disturbios producidos hubo “infiltrados”. Los hechos de Junín se
terminaron politizando debido a las declaraciones de Meoni, reclamándole al
Ministerio de Seguridad de la
Nación , y por la utilización mediática que realizaron los
principales medios periodísticos.
El problema de la
inseguridad es uno de los temas más sentidos por la población, ya sea porque
este flagelo es amplificado por los medios intentando ubicarlo en el centro de
la agenda, como también porque sin lugar a dudas el problema existe. El tema es
elucidar lo más posible: las diferentes causas que lo producen, de qué forma
combatirlo, y las responsabilidades políticas e institucionales al respecto.
La noche del sábado 9,
debido a que el tiempo estaba feo, no había demasiado movimiento en las calles
de Junín, y las empleadas del kiosco “Carlitos”, ubicado en Borges y Siria,
estaban tomando mate y conversando entre ellas cómo arreglar los horarios, ya
que Karen el lunes comenzaba las clases. La tranquilidad del comercio ubicado a
menos de una cuadra de la comisaría se interrumpió cuando un hombre de campera
negra y capucha ingresó al lugar exigiendo que le den “toda la plata”,
repitiendo varias veces que “¡Esto es un asalto!”. Según el testimonio de
Pamela, la otra empleada, y principal testigo del caso, Karen le comenzó a
entregar el dinero diciéndole: “Llevate todo, llevate todo”, pero cuando quiso
utilizar una pistola tipo picana contra el delincuente, éste automáticamente le
disparó, abatiéndola. Lo cierto es que en el kiosco ubicado a 80 metros de la
comisaría, el dueño del mismo, quien a su vez es policía, les dejaba a sus
empleadas al lado de la caja una picana y gas pimienta para defenderse de los
robos.
Ese sábado por la noche
algunos vecinos se autoconvocaron y apedrearon la comisaría e incendiaron
patrulleros, pero fue el domingo cuando se recalentó más el clima y, además de
la seccional, fueron atacados el edificio municipal, la sede del Banco
Provincia y otros edificios públicos, incluso con bombas Molotov. La policía
reprimió severamente a los manifestantes con balas de goma produciendo al menos
dos heridos. Según se pudo saber, el malestar de los vecinos de Junín con
respecto a la policía es muy grande, ya que en un año se produjeron doce
asesinatos en el distrito, y se sospecha una fuerte connivencia de la fuerza
pública con el delito organizado. No menor es el dato de que en ese kiosco
ubicado a menos de una cuadra de la comisaría, el propietario, quien es también
parte de la fuerza, les haya dejado una picana y gas pimienta a las empleadas
para defenderse de los robos.
El intendente de Junín,
Mario Meoni, un radical que fuera cobista y ahora es cercano al macrismo, y al
intendente de Tigre Sergio Massa, además de reclamarle al Ministerio de
Seguridad de la Nación
el envío de la Gendarmería ,
inculpó de los desmanes a militantes “infiltrados” supuestamente enrolados en
el kirchnerismo, los cuales habrían llegado a Junín desde otros lugares de la
provincia.
El ministro Ricardo Casal,
quien se acercó a Junín, en sintonía con Meoni, aseguró que la protesta no fue
espontánea, sino que tuvo que haber sido organizada por “algún político o grupo
político”. En cuanto a la represión a los manifestantes expresó que iba a
investigar lo realizado por la policía, aunque su principal preocupación era
detectar quiénes estuvieron detrás de los desastres realizados contra los
edificios públicos.
Si por espontáneo se
entiende a algo que surge casi desde la nada, indudablemente que lo ocurrido en
Junín no lo es, ya que la bronca de los vecinos se viene sedimentando desde
hace algún tiempo. Meoni intentó deslindar responsabilidades y en lugar de
apelar a quienes corresponde, es decir el gobierno de la Provincia , se dirigió
directamente a la negativa de Nación de no enviar tropas de Gendarmería para
combatir al narcotráfico, lo que produjo la respuesta inmediata tanto de la
ministra Nilda Garré como del secretario de Seguridad Sergio Berni. Garré
criticó al intendente por manipular los hechos y confirmó que no enviaría a la Gendarmería , ya que
ésta no es una Bonaerense dos. En tanto, Berni expresó que el hecho lamentable
del asesinato de la joven Karen Campos es “responsabilidad del Ministerio de
Justicia bonaerense y por consiguiente del gobernador Scioli, a quien objetivamente
le corresponde que haga un análisis con nosotros”. A su vez, el funcionario
dijo que los números de delincuencia y de homicidios en esa ciudad son
“alarmantes, casi con los mismos números de Rosario”, asegurando que si se
camina por los barrios de esa localidad es fácil advertir “la falta y
compromiso de la gestión municipal para dedicarse a los problemas, que entre
otros lleva a este tipo de inconvenientes”.
Este viernes nuevamente
Junín fue noticia, cuando una mujer de 74 años fuera degollada en su vivienda
en horas de la mañana, mientras dormía con su sobrina nieta de dos años de
edad.
Estos hechos, al igual que
el asesinato de un joven rugbier en la localidad de Villa Elisa, Partido de La Plata , se dan en simultáneo
con el duro reclamo que el gobernador Daniel Scioli hiciera a la Corte Suprema de
Justicia bonaerense por la cautelar que deja en stand by la ley que restringe
las excarcelaciones en los casos de delitos cometidos con uso de armas de
fuego.
El sciolismo, a través del
diputado Guido Lorenzino, un habitual vocero del sector y que también se
desempeñó en el área de seguridad provincial, salió al cruce de la cautelar,
esgrimiendo que esto fue obra del CELS y la Comisión Provincial
por la Memoria
, pidiéndoles que ahora tras lo ocurrido en Junín “den la cara”, mientras que
el principal argumento esbozado por Casal es justamente referirse a lo mismo:
“Es imposible mantener una sociedad en paz con personas armadas entre nosotros”
ya que “cualquiera tiene un arma y no pasa nada”. Casal, sin embargo, afirmó
que “la responsabilidad de la seguridad es del Poder Ejecutivo Provincial, y en
este caso de quien encabeza el Ministerio de Justicia y Seguridad”.
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