Lugares comunes y sobreentendidos

Lo que se puede percibir en la mayoría de los análisis políticos de coyuntura, tanto de los que apoyan al gobierno, como de los encendidamente opositores, es un gran abanico de lugares comunes, de clichés, y de sobrentendidos que lejos de aportar una visión un poco más clara acerca de cómo debiera ser un rumbo transformador, y ofrecer herramientas para que los militantes sepan autogestionar su práctica; la mayoría de las veces no hacen más que crear bandos de enfrentamiento virtual, que sólo sirven para generar consensos, obviamente necesarios para una coyuntura electoral, pero no para revertir o consolidar nuevas relaciones de fuerzas en lo que depara a diario la cotidianeidad. Una tarea necesaria debiera ser construir una especie de catálogo de todas esas formas (más publicitarias que otra cosa) para desmenuzarlas y ponerlas en consideración, de los que honestamente quieren transformar la realidad. 

El TIAR, un tratado ya inservible

Cuando se creó suponía un enemigo externo común para toda América, pero sólo sirvió a los fines de dominio regional de Estados Unidos. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela se van del organismo y proponen su definitivo entierro.

OEA en Cochabamba. En este encuentro de 2012 comenzó
a gestarse el despegue

El 5 de junio de 2012, en ocasión de la 42º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en la ciudad boliviana de Cochabamba, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en nombre de su país, pero también de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, anunció que dichas naciones se retirarían del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Para realizar este paso, que no implica un simple anuncio, el pasado 9 de enero la Asamblea General de Ecuador dio el inicio formal al tratamiento concerniente a la renuncia que el país andino hará con respecto a dicho tratado. Desde el ámbito legislativo se debe aprobar la denuncia del TIAR, que inició el Ejecutivo, para que vuelva al mismo y que éste la haga llegar ante la OEA. Una vez cumplimentada tal acción, Ecuador dejará de integrar el tratado en el plazo de dos años.
La dependencia, sujeción y falta de autonomía de los diferentes países latinoamericanos con respecto a la orbe del capitalismo de Occidente en general, y de los Estados Unidos en particular, no sólo se implementa y reproduce a partir de la incidencia directa de los países imperiales, o a través de la expansión económica de los mismos en la región. Es sustancial remarcar también que dicha sujeción se ejerce a través de una complicada telaraña de tratados, normativas y reglamentaciones de cooperación, que en la mayoría de los casos hasta fueron incorporados a las diferentes constituciones nacionales. El menú de enmiendas, modificaciones y reformas constitucionales que tuvieran lugar en los noventa, durante el auge neoliberal y el desarrollo de la unipolaridad, no fueron más que la aceptación tácita de un tipo de institucionalidad que no se distingue demasiado de lo que es una “Carta otorgada”, en la cual el Rey se comprometía a gobernar a sus súbditos de una manera expresa. El intento de constituir un nuevo bloque regional, no sujeto a pautas heterónomas, necesariamente debiera además de constituir nuevos acuerdos multilaterales, ir desterrando gradualmente todos aquellos que fueron funcionales a la sujeción. La iniciativa de los cuatro países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de iniciar la salida del TIAR debe ser entendida de esa forma. El surgimiento de nuevas herramientas de integración económica, al igual que las diferentes experiencias de reforma de las constituciones realizadas este siglo, marchan en el mismo sentido.

La salida del TIAR. Había sido anunciada en junio de 2012 –como anteriormente se señalaba– en ocasión de la cumbre de la OEA en Cochabamba. Allí, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, acompañado por sus pares de Nicaragua, Venezuela y Bolivia, fue el vocero que en conferencia de prensa expresó los diferentes argumentos que los cuatro países del ALBA esgrimieron para decidir abandonar el tratado. “Hay algunas instituciones que ya hace mucho tiempo dejaron de existir, aunque formalmente sigan existiendo”, dijo Patiño, asegurando luego que “hay que limpiar la casa”. Entre otras consideraciones también dijo: “Nuestros países han tomado la decisión de enterrar lo que merece ser enterrado, o de tirar al tacho de la basura lo que ya no sirve. El TIAR fue creado en condiciones en que se suponía que podría servir como un instrumento de protección mutua de los países de nuestra América en caso de supuestas agresiones extra continentales y que en el momento más importante en que debió haber sido utilizado, cuando el grave episodio de las Islas Malvinas en la década de los ochentas, no se aplicó. Y no sólo no se aplicó, sino que uno de los miembros, Estados Unidos, respaldó y apoyó a Inglaterra. Desde allí ha dejado de tener sentido y estaba prácticamente sin referencia alguna por parte de alguno de los países de América para utilizarlo contra todas esas supuestas agresiones de fuera del continente, mientras se producían problemas en el interior del Continente, nuestros países han tomado la determinación de denunciar el referido Tratado”, dijo el canciller, asegurando que en la actualidad es necesaria la conformación de otra clase de organización, que esté a favor de los pueblos y no de intereses hegemónicos, y recalcó que “los cuatro países aquí representados damos los pasos para la sepultura del TIAR, como un primer paso para esas transformaciones que la OEA necesita”, dijo, aclarando luego que “esta decisión la hemos pensado muy bien, la hemos consensuado muy bien con nuestros gobiernos para limpiar la hojarasca de esta institución de la OEA, que, como han dicho algunos presidentes, tiene la obligación de reinventarse”.
La decisión de los cuatro países no cayó para nada bien en los Estados Unidos, y muy rápidamente el portavoz del Departamento de Estado William Ostick consideró como “desafortunado” el proceder de los mismos, asegurando casi de modo amenazante que por dos años hasta que se efectivice la salida de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua del TIAR, esos países deben seguir cumpliendo con sus obligaciones.
El pasado viernes 10, la comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales del Parlamento de Ecuador aprobó el informe elaborado por la cancillería en el cual se esboza la denuncia que el país andino hace del TIAR. De esta manera esa comisión le recomienda al pleno de la Asamblea, que apruebe en próximas sesiones el informe, para devolvérselo al presidente Rafael Correa, y que éste lo gire a la OEA. Una vez realizado todo este trámite, recién luego de dos años se hará efectiva la renuncia. Los diferentes integrantes de la comisión legislativa escucharon el jueves 9 los distintos fundamentos que les aportaron los diplomáticos Mauricio Montalvo, Marcelo Vásquez, Benjamín Villacís y Denys Toscano, todos ellos representantes de la Cancillería ecuatoriana. Según dijera Mauricio Montalvo en esa ocasión, el Gobierno ecuatoriano fundamenta su renuncia a dicho tratado “en la superación de las condiciones políticas, materiales e históricas que determinaron la firma del instrumento, tras el fin de la Guerra Fría”, sostuvo el diplomático, y recordó que el TIAR, que se estableció en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, fue firmado por Ecuador el 10 de noviembre de 1949 y ratificado en 1950. Montalvo hizo hincapié en que este tratado fue promovido por Estados Unidos para hacer frente a supuestos atentados contra la paz, la seguridad y la soberanía de las naciones americanas, resultantes de la intervención de potencias extracontinentales, en particular del bloque comunista de Europa Oriental y Asia. Pero a pesar de sus fundamentos indicó Montalvo que el documento del TIAR fue utilizado en los últimos años para justificar el intervencionismo y el uso de la fuerza en contra de países y gobiernos americanos de tendencia popular, socialista o nacionalistas. A su vez el diplomático ecuatoriano indicó las contradicciones del tratado, dando el ejemplo de la invasión británica a las islas Malvinas en 1982, cuando Estados Unidos tomó partido por el Reino Unido en contra de los intereses de Argentina, a pesar de que este país sea uno de los integrantes del TIAR.
El pasado lunes la comisión de relaciones internacionales, le remitió a la Secretaría General del Parlamento unicameral, la recomendación para que el pleno de la asamblea apruebe el informe que denuncia al TIAR y solicita la salida del mismo. Según informaba el ente legislativo ese lunes, en nota de prensa, el informe que había sido aprobado el día 10 había contado con el voto favorable de 8 asambleístas sobre los 9 que conforman la comisión. Según le expresaba a la prensa la asambleísta María Augusta Calle, quien además es vicepresidenta de la Asamblea General, y presidenta encargada de la Comisión de Relaciones Internacionales, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca “es vejatorio de la soberanía del Ecuador”. El también conocido como Tratado de Río, dijo Calle, “fue suscrito por los Estados para resguardar la seguridad hemisférica frente a agresiones de otros continentes en el marco de la Guerra Fría” y “para formar círculos de seguridad en torno de los Estados Unidos”, y éste lo utilizó “para invadir” otros países, recordando que “cuando tuvo que ser aplicado en rigor en la guerra de las Malvinas (1982), Estados Unidos no lo aplicó, no entró a defender a Argentina de la agresión de un Estado que está fuera del continente”, sino que “más bien ayudó” al Reino Unido, lo que “da cuenta de la obsolescencia del tratado”, señaló la asambleísta.
Además dijo que “las amenazas (que justificaban el tratado) no existen ya, el mundo ha tenido un cambio radical, no existe el eje socialista que era la razón de existencia del TIAR, sino una nueva correlación de fuerzas en el continente”, agregó Calle, sugiriendo que ahora existen en la región otras herramientas de defensa como son la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y su Consejo Suramericano de Defensa, “lo que hace necesario que el TIAR muera”, aseguró. Para Calle, hoy en la región se están dando nuevos elementos relacionados con la seguridad. “Las nuevas amenazas que tenemos en el continente son el espionaje global, es una seria amenaza a la soberanía y seguridad de los estados, el crimen trasnacional, dentro de él la trata de personas”, dijo Calle, observando que “son nuevos escenarios de inseguridad y de amenazas los que ahora se manifiestan”, por lo que “mal haríamos en ser parte de un tratado cuyo escenario fundamental era la agresión del bloque socialista contra los Estados Unidos”, dijo.
Por su parte el asambleísta Rodrigo Collaguazo, vocal de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, al referirse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), subrayó que este instrumento no responde a los intereses de los pueblos latinoamericanos sino, más bien, a los de Estados Unidos, razón por la cual se debe aprobar el pedido de denuncia solicitado por el Presidente de la República.
Según la información dada por el portal de la Asamblea Nacional de Ecuador, Collaguazo precisó que desde sus inicios el tratado nunca tuvo una real defensa de los países y ha sido un arma que ha favorecido únicamente a los intereses de Estados Unidos. Además de citar el caso de Malvinas, el legislador señaló lo ocurrido en Londres, cuando se pretendió allanar la embajada de Ecuador para tratar de capturar a Julian Assange.
El parlamentario, al indicar que, si bien luego de la denuncia del tratado éste aún regirá por dos años más, porque las disposiciones del convenio así lo establecen, precisó que lo importante es impulsar nuevos espacios y mecanismos de cooperación en materia de seguridad colectiva internacional, que garanticen la soberanía de los países y que los procesos de integración sean, no solamente de carácter militar, sino principalmente en los ámbitos de la economía, lo político y lo social.
El rodaje que Ecuador comenzó a darle a su salida formal del TIAR, más allá de algunas consideraciones como enunciar que el tratado ya es “obsoleto” o que hay que “limpiar la hojarasca” si bien considerarlos de esa forma conlleva cierta validez, habría que precisar que antes que nada responden a una necesidad de afinar más aún todos los mecanismos que aseguren que se ejerza un grado mayor de autonomía, y prevenirse de injerencias futuras. La mayoría, por no decir todos los acuerdos que la potencia del Norte mantuvo y mantiene con respecto a los países latinoamericanos, siempre son armas de doble filo, que en primer lugar le dan la facultad para intervenir en cuestiones soberanas, en las cuales no debiera existir intromisión. El caso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tal vez sea uno de esos ejemplos paradigmáticos, y la expulsión que Bolivia hiciera de la DEA, el contraejemplo necesario.
Un dato a tener en cuenta también es que, la Corte Constitucional ecuatoriana declaró el 23 de octubre de 2013 que la denuncia del TIAR y su consecuente salida del ordenamiento jurídico no afecta, ni disminuye, ni menoscaba los derechos constitucionales de las personas de ese país.

Un pacto de seguridad contra una URSS que ya no existe

Colaboración pasada. El portaaviones estadounidense Carl Vinson,
ante las costas de Perú, en el operativo Unitas 2010 del Tiar.ir leyenda

El TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) también conocido como Tratado de Río tuvo su conformación el 2 de septiembre de 1947, precisamente en la ciudad de Río de Janeiro, dos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es un pacto de seguridad mutua entre los distintos Estados de todo el continente americano, que a lo largo de todo el hemisferio tiene alcance desde el Polo Norte hasta los confines de la zona patagónica. El área de protección del tratado comprende toda la masa continental, más 300 millas marinas contadas desde la costa, lo que equivale aproximadamente a unos 483 kilómetros. Según el artículo 3.1 del TIAR en caso de “(...) un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva” haciendo valer de esa forma el Artículo 51 de la Carta de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Tras la finalización de la segunda guerra, el TIAR fue el primer acuerdo multilateral en materia de seguridad, ya que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue conformada en 1949. También el TIAR tuvo su inicio, un año antes que la Organización de Estados Americanos (OEA), que sería a partir de 1948 su ámbito de incumbencia. La OEA se convertiría, a partir de ese año, en la recreación de la antigua Unión Panamericana, y por ende, el organismo a partir del cual los Estados Unidos mantendrían un nivel de injerencia superlativo al sur del Río Bravo. De esta forma, tanto el TIAR como la OEA serían la continuación de la Doctrina Monroe por otros medios. La misma, elaborada en 1823 decía: “América para los americanos” y le daba a los Estados Unidos la facultad para interponerse y actuar ante cualquier atentado externo realizado contra cualquier región o país del nuevo continente, con lo cual ya se sentaba la base de la tutela yanqui con respecto a su patio trasero.
Según precisa el politólogo brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, en su libro De Martí a Fidel. La Revolución Cubana y América Latina, los Estados Unidos –tras la finalización de la guerra–, si bien de palabra condenaban “las políticas de esfera de influencia y de equilibrio de poder, apelando a una era de paz apoyada en la seguridad colectiva de la ONU, no estaban dispuestos a renunciar a la hegemonía en América latina”. De igual manera que en 1919, tras la finalización de la primera guerra, cuando se conformó el Pacto de la Liga de las Naciones, los Estados Unidos tomaron muchas precauciones para que la ONU no ejerciera ninguna clase de injerencia en el hemisferio occidental. Fue así que de acuerdo con el Artículo 52 de la Carta de la ONU, firmada en San Francisco en 1945, encontraron la legitimidad para llevar adelante tanto acuerdos como organismos regionales para tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. De acuerdo con el Artículo 53 de la Carta de San Francisco, estaba previsto que los acuerdos enunciados en el Artículo 52 serían utilizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero según Moniz Bandeira en tanto los Estados Unidos preservaron la Doctrina Monroe “se reservaron el derecho de tratar unilateralmente los negocios en el hemisferio occidental, sin el riesgo de enfrentarse al veto del Consejo de Seguridad de la ONU, y emprendieron la modernización del sistema interamericano”. En el marco señalado tuvo nacimiento el TIAR.
La firma del Tratado de Río tuvo un antecedente también en la Conferencia de Chapultepec (México) cuando en 1945 se acordó un acta con diversos acuerdos panamericanos. La Resolución VIII del Acta de Chapultepec ya preveía la conformación de un organismo como el TIAR, pero se objetaba la posición de la Argentina en ese entonces. Estados Unidos sostenía que no podía firmar un acuerdo de ese estilo con el gobierno de Edelmiro Farrell, ya que este violaba los derechos civiles de los argentinos, por lo cual en el ’45 pospusieron la realización de la Reunión de Río. En el artículo “Del TIAR a la OEA: Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano”, escrito por Leandro Ariel Morgenfeld, este autor señala que cuando llegó Juan Domingo Perón a la presidencia argentina en 1946, el mismo día de su asunción “anunció en su discurso inaugural que enviaría al Congreso para su ratificación el Acta de Chapultepec y la Carta de San Francisco” sosteniendo que “El nuevo presidente tuvo varias iniciativas para mejorar el vínculo bilateral, como fue el envío del General Carlos M. von der Becke a los Estados Unidos con la misión de obtener armas modernas para las fuerzas armadas nacionales” pero que “la Casa Blanca sólo autorizaría la venta de armas al país del sur una vez que se cumplieran los compromisos que se habían votado en la Conferencia de Chapultepec”.
El conflicto inaugural en la conformación del TIAR, entre los Estados Unidos y la Argentina, estaba marcado principalmente por la neutralidad que el país había mantenido durante la Segunda Guerra, y también según Moniz Bandeira, debido a que el embajador estadounidense en Buenos Aires George S. Messersmith, sospechaba que Perón pudiera tener un estrecho entendimiento con la Unión Soviética, y de esa forma el sistema interamericano correría el riesgo de desintegrarse.
En 1982, cuando la guerra de Malvinas, casi como un destino prefijado por aquel conflicto inaugural, los Estados Unidos omitieron la aplicación del TIAR y tomaron partido por la OTAN.

La oposición en Bolivia- De frente y por la derecha

Evo Morales. El presidente de Bolivia cargó contra el escritor
peruano y su vinculación con quienes lo acusan de dictador.

Mario Vargas Llosa llegará a Bolivia para apoyar con su presencia al agrupamiento que disputará el poder a Evo Morales, en las próximas elecciones nacionales del mes de octubre.

Este año, casi con seguridad el 5 de octubre tendrán lugar en Bolivia las elecciones presidenciales en las cuales el mandatario Evo Morales intentará ser nuevamente reelegido. La fecha exacta de los comicios la determinará el Tribunal Supremo Electoral en mayo, es decir 150 días antes tal como lo establece la ley de ese país. Si bien Morales en octubre pasado les pidió a sus seguidores que este año se debía ganar por el 74%, incrementando un 10 % el apoyo al “proceso de cambio”, hoy la virtual unificación de la oposición les hace decir a algunos medios que en las próximas presidenciales se podría asistir a un inédito escenario de segunda vuelta, ya que Evo esta vez no pasaría el 50%. En diciembre, se constituyó el Movimiento Demócrata Social (MDS) unificando a diferentes expresiones de la derecha boliviana, y proclamando a Rubén Costas como candidato presidencial. Costas es un acérrimo opositor, además de ser el actual gobernador del Departamento de Santa Cruz, considerado como un bastión clave en la estructura económica del país del altiplano. De todas formas, la intención es construir una unidad más amplia del arco opositor que lo que representa el MDS, y en tal sentido Costas señaló que él es “candidato a ser presidente y también a no serlo”, dando una clara señal de que está abierto a negociaciones que impliquen cerrar un abanico opositor aún mayor.
En un hecho que para nada se atiene al disimulo, el próximo 22 de enero el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa visitará Santa Cruz por seis días. El Premio Nobel de Literatura 2010 y devenido vocero ideológico de las derechas regionales –quien fuera invitado por la Fundación Nueva Democracia que preside el ex senador Óscar Ortiz Antelo–, tiene prevista una nutrida agenda en la cual se destaca el encuentro que realizará con el gobernador Costas, la realización de dos conferencias y la visita a la región de Chiquitos, en el oriente petrolero, donde el novelista visitará las ruinas jesuíticas presentes en ese lugar. Según precisara Ortiz, Vargas Llosa llegará a Bolivia acompañado por su esposa Patricia Llosa y por cuatro amigos. El cruceño diario El Deber subrayó bajo el subtítulo “Coincidencias” que “Nueva Democracia es un centro de estudios que promueve las libertades individuales, económicas y políticas como base de la democracia y el progreso. Es parte de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Vargas Llosa, de ahí el nexo con el personaje al que Óscar Ortiz es allegado desde hace 15 años, cuando presenció el nacimiento de la fundación internacional”, señalaba el matutino. Sin dudas, un encuentro entre viejos amigos.
El pasado domingo, en la clausura del XV Congreso de Trabajadores Petroleros de Bolivia realizado en la localidad de Camiri, Evo Morales les dijo a los presentes que “tengo información de que en estos días llega Vargas Llosa a Santa Cruz, como siempre para hablar contra Evo, contra el gobierno, contra nosotros, contra Bolivia. Es su derecho que visite, pero Vargas Llosa viene a convocatoria o instrucciones de Sánchez Berzaín”, en referencia al ex ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ambos están procesados en Bolivia por genocidio en 2003, cuando fuera la guerra del gas, y hoy tienen residencia en los Estados Unidos. Evo se manifestó sobre que nadie le puede impedir a Vargas Llosa que pise suelo boliviano, en el cual además pasó parte de su infancia, pero advirtió que “no estoy protestando. Que venga. Pero que sepa el pueblo boliviano por invitación de quién viene. Respeto a Vargas Llosa (…) pero nos trata de dictador. Eso es intromisión” le dijo a la Agencia DPA, señalando luego en tono irónico que “a este paso no me extrañaría que también visite Santa Cruz el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles”.
La referencia a Sánchez Berzaín que hiciera Evo Morales es con relación al libro publicado recientemente en los EE.UU. por el ex ministro, que lleva por título La Dictadura del Siglo XXI en Bolivia, en donde el autor instruye a la derecha internacional sobre cinco ejes para derrotar a Morales, en las presidenciales de este año.

Liberty and Democracy. El pasado octubre, en el marco de la Feria del Libro de Miami, se presentó el panel “Dictaduras del Siglo XXI”, en el que participaron Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador, autor de Las dictaduras del siglo XXI. El caso de Ecuador –que fue el libro antecesor al de Berzaín–; Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa; Edmundo Jarquin, ex candidato a la presidencia (2006) y a la vicepresidencia (2011) por el Movimiento Renovador Sandinista (fue ministro de Cooperación Externa y embajador de Nicaragua en México y España), y el ya nombrado Carlos Sánchez Berzaín, quien es ex ministro de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa y ex parlamentario de Bolivia, y hoy se desempeña como director del Interamerican Institute for Democracy (IID). Además de contar con el patrocinio del IID, se sumaron a la iniciativa Miami Book Fair International, Diario Las Américas y Koubek Center de Miami Dade College. Básicamente, todo este cónclave se propone demonizar a los gobiernos de las naciones integrantes de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), señalando el carácter dictatorial de los mismos, e incitar a la comunidad internacional acerca de la necesidad de restaurar las democracias en esos países.
En dicho evento, que fuera moderado por el argentino Guillermo Lousteau (padre del ex ministro de Economía), la ponencia de Berzaín resultó sumamente paradigmática. Además de tildar a su país como gobernado por una dictadura, esto lo hizo extensivo a países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Berzaín apuntaba que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y que a Evo, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Daniel Ortega no hay que nombrarlos más como presidentes, sino como “dictadores”. Según el ex ministro, en Bolivia, a partir de 2003, en complicidad con el ex presidente Carlos Mesa, Evo Morales comenzó a romper con la institucionalidad, para generar el proceso que llevaría a la Asamblea Constituyente para sancionar una nueva Constitución Política de Estado, la cual para Berzaín es completamente anticonstitucional y antidemocrático. El principal argumento esbozado por los diferentes panelistas del cónclave de Miami es contra las diferentes reformas constitucionales, ya que según ellos, de esa forma las diferentes instancias judiciales quedan a merced del poder político, haciéndole perder a la Justicia la autonomía requerida por la democracia. En tal sentido, la propuesta que hacía Berzaín era la de denunciar internacionalmente a estas dictaduras, y unificar a las diferentes oposiciones de esos países para recuperar la democracia, la libertad y los derechos humanos, que según él están seriamente afectados. La principal preocupación pareciera ser para estas personas, más que la pérdida de la democracia, la ampliación de la misma a sectores sociales que anteriormente estuvieran relegados, y que con los diferentes procesos constituyentes empezaron a cobrar un protagonismo político inédito.
A la próxima llegada de Vargas Llosa a Bolivia, el gobierno de Morales muy rápidamente la identificó como un aporte más a la estrategia que vienen sosteniendo tanto Berzaín como Sánchez de Lozada desde Miami, en correspondencia con otros sectores de la derecha continental.
El lunes 6, en la inauguración de la 4ta Reunión de Embajadores del Estado Plurinacional, Evo señaló que “la unidad de la derecha es por instrucción de Goni (Sánchez de Lozada) mediante Sánchez Berzaín” asegurando que si ellos deciden unirse para derrotarlo “aquí también estamos unidos con movimientos sociales, no es el partido, la dirección departamental del MAS la que prepara las proclamaciones, sino las organizaciones sociales” sostuvo el mandatario.
Por su parte, Carlos Romero, ministro de Gobierno, dijo el martes que en consonancia con lo delineado por Sánchez Berzaín la oposición se decidió en lugar de “dar un debate programático, a hacer una guerra sucia”, asegurando también que en esa línea argumentativa el opositor que no se una contra el gobierno será considerado como un agente del mismo. Según Romero, hay una línea en la que coinciden todos los opositores, entre los que nombra al ex presidente Jorge Quiroga, y al empresario cruceño Branco Marinkovic, que es la de tildar de “dictador” al presidente Morales, y en lo cual Vargas Llosa no se diferencia en absoluto. Sobre la visita del escritor a Santa Cruz, Romero aseguró que no es para hablar de literatura sino de política. “Su discurso será igual a la línea discursiva que se está trabajando desde Sánchez Berzaín”, dijo el ministro, según informaba la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).

A 20 años de una nueva vía abierta en la selva Lacandona

Banderas y pasamontañas. Los primeros pasos
del movimiento zapatista, hace ya dos décadas

El inicio de la década de los noventa y sus primeros años, parecían estar marcados por el signo de la resignación, al menos en lo concerniente a la búsqueda de alternativas políticas de cambio social en favor de las mayorías populares. Todo el escenario parecía signado por aquella frase de Friedrich Nietzsche de que “No hay más que esto”, y que el hecho de proyectar que otro mundo sea posible, quedara reducido a no ser más que una simple quimera, una ensoñación de viejos dinosaurios que ya no tenían razón de existir. Los derrumbamientos del Muro de Berlín (1989) y de la Unión Soviética en 1991, abrían el escenario de la unipolaridad. Con el fin de la guerra fría, la internacional capitalista proclamaba que se había llegado al grado más alto de la historia de la humanidad.
Francis Fukuyama en el El fin de la historia y el último hombre (1992) señalaba que la democracia representativa y liberal era la forma de gobierno más elevada, y que la economía de libre mercado era su correlato necesario. En Latinoamérica, aislada Cuba como único faro emancipatorio, derrotado el Sandinismo en 1990 en Nicaragua, y con una pléyade de gobiernos adscriptos al neoliberalismo y al Consenso de Washington el panorama era completamente desalentador. Mucho más cuando se imponían políticas de ajuste, exclusión y miseria. Eran los años del paradigma de las privatizaciones de las principales empresas públicas, el despido masivo de trabajadores y el imperio del libre mercado.
El 1º de enero de 1994 –pasaron ya dos décadas–, lo que parecía sumergido regresó a la superficie, como ese viejo topo que Marx evocaba, cuando hacía referencia a ese incansable roedor que se interna debajo de la tierra, y trabaja sin cesar, para emerger cuando menos se lo espera. Aquel “primer día del último año” –tal como lo bautizó el politólogo irlandés John Holloway–, fue cuando quince mil indígenas armados irrumpieron sin aviso previo en el estado mexicano de Chiapas, ubicado en el sur de ese país. La denominada insurgencia zapatista tuvo lugar el mismo día en que México preparaba su entrada triunfal en el Mundo Uno –tras la firma por parte del por entonces presidente Carlos Salinas de Gortari–, del Nafta (Tratado de Libre Comercio) compartido con los Estados Unidos y Canadá.
Pocos días antes de finalizar el año 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitiría su Primera Declaración desde la Selva Lacandona, y el primer día del ’94 irrumpirían en escena, protagonizando la toma de siete cabeceras del estado de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Chanal. Las imágenes de la insurrección zapatista se reprodujeron rápidamente por todo el planeta, mostrando sobre un verde selvático las figuras de miles de indígenas armados, y con el rostro cubierto por pasamontañas, mientras que de entre ellos sobresalía la de un extraño vocero, que fumando en pipa, y a través de sus muy expresivas declaraciones, no dejaba de mostrar indudables dotes de creativo y comprometido intelectual. Éste era el subcomandante insurgente Marcos, quien aunque no se le conocieran sus facciones, se convertiría por esos años en un verdadero símbolo de la resistencia social al neoliberalismo. La insurrección en Chiapas también daba por tierra con el argumento del converso intelectual mexicano Jorge Castañeda, quien hacía pocos meses atrás había publicado su obra La utopía desarmada, en la cual ya no dando ningún margen al accionar de las guerrillas latinoamericanas de los años ’70, decía que las nuevas izquierdas debían acoplarse al realismo político, y a la concurrencia democrática. Si bien el neozapatismo se había constituido como una organización político-militar, vale señalar que introducía en la izquierda algunas innovaciones que con respecto a guerrillas anteriores contaba con elementos de ruptura y también de continuidad (ver aparte).

Las razones de la insurgencia. En la primera Declaración de la Selva Lacandona, que fuera la razón argumental del pasaje al acto del 1º de enero, los zapatistas le expresaron al pueblo de México “Hoy decimos ¡basta!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo”. En el comunicado firmado por la Comandancia General del EZLN, afirmaban que tras todo intento de restaurar la legalidad en el país a través del cumplimiento de la Carta Magna, recurrían a hacer efectivo el Artículo 39 de la Constitución mexicana que dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. El EZLN de esta forma proclamando lo inconstitucional del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y apegados a la institucionalidad pedían conforme a su declaración de guerra que el resto de los poderes de la nación “se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador”. Sin dejar detalles en el tintero, los zapatistas también se dirigieron en la declaración a los organismos internacionales y a la Cruz Roja, pidiéndole a esta última que vele por la seguridad de la población civil, mientras que señalaban con mucha fuerza su apego a las leyes de la guerra de acuerdo a la Convención de Ginebra convirtiéndose de hecho en una fuerza insurgente. “Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad”, señalaban.
Las demandas que proponían ese 1º de enero, los zapatistas eran: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

Un plus para la resistencia. Lejos de realizar un intento de rastreo histórico de estos 20 años de zapatismo, que por lo demás han provocado la escritura de muchas publicaciones, algunas de gran valor como el libro Los arroyos cuando bajan, del periodista uruguayo Raúl Zibechi –e incluso las mismas que realizara el subcomandante Marcos–; es de importancia resaltar la implicancia que la insurgencia zapatista del 1 de enero del ’94 tuvo en cuanto a cómo iría a influir en el ánimo tanto de los movimientos sociales que resistían al neoliberalismo –principalmente en Latinoamérica–, como también la forma en que todo eso fue un fuerte disparador para generar una nueva camada de militantes comprometidos, en un tiempo en dónde el paradigma dominante era el “sálvese quien pueda”. Mientras algunas viejas camadas de viejos militantes se rendían al posibilismo de los ’90, el neozapatismo generó indudablemente una nueva luz en la esperanza de cambiar lo establecido. Si bien nadie duda de que la resistencia al neoliberalismo, de la última década del siglo pasado, fuera el principal sedimento para alumbrar los procesos progresistas que desde los albores del nuevo siglo vive la región, poco dicho o enunciado es el rol que en ello tuvo la insurgencia zapatista, y los métodos de trabajo político para crear una fuerza considerable.
El zapatismo venía a mostrarse como una experiencia de inserción en las bases indígenas, que podía ser sólo comparable a lo que ya venía desarrollando en Brasil el Movimiento de los campesinos Sin Tierra (MST), o la organización de algunos movimientos indígenas en la zona andina, tal como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Todos los que conocen de cerca las diferentes experiencias de conformación del movimiento piquetero en la Argentina, promediando el ’97, saben del rol preponderante que tuvo en ello la influencia zapatista, no solamente por los métodos de democracia directa, y estilo asambleario, sino incluso en cuanto a la estética misma.

En Oventic, la movilización por el aniversario
refrendó la resistencia de un pueblo.

Celebración en Chiapas. Tras 20 años de haber salido a la luz, los zapatistas celebraron el alzamiento armado del ’94. Tuvieron lugar los recordatorios en los cinco “caracoles” zapatistas, que son las sedes de las Juntas de Buen Gobierno creadas por el EZLN en 2003 como su forma de organización política autónoma. El principal acto tuvo lugar en la comunidad de Oventic, siendo la comandante Hortencia quien hablara en nombre del grupo. Ella, en su declaración refrendó la opción zapatista por la autonomía, una opción que según dijo “nadie podrá detener”; y a su vez acusó a los tres niveles del “mal gobierno” de saquear las riquezas naturales del país. En su ponencia la dirigente indígena señaló que los zapatistas han aprendido a resistir “de manera organizada” ante una “verdadera guerra de exterminio”, asegurando que “hace 20 años no teníamos nada, ningún servicio de salud y educación que sea de nuestro pueblo”, afirmó, señalando que “estamos aprendiendo a gobernarnos de acuerdo a nuestras formas de pensar y de vivir. Estamos tratando de avanzar, de mejorar y fortalecer entre todos, a hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Como hace 20 años, dijimos ¡Ya basta!”, sostuvo la comandante Hortencia.
En diciembre, a través de un comunicado del EZLN, el subcomandante Marcos señalaba en el escrito titulado Cuando los muertos callan que “hace frío como hace 20 años y, como entonces, hoy una bandera nos cobija: la de la rebeldía”, señaló Marcos, afirmando que “Chiapas es territorio zapatista, es Latinoamérica, es la Tierra”. Mientras que sobre los diferentes políticos de su país dijo: “Los criminales de la clase política mexicana que han mal gobernado estas tierras seguirán siendo, para quienes padecieron sus desmanes, criminales impunes. No importa cuántas líneas se paguen en los medios ídem; ni cuánto se gaste en espectaculares en las calles, en la prensa escrita, en radio y televisión”.
El modelo de los zapatistas para algunos ya pareciera anticuado, a pesar de sus 20 años; pero así como fue el emblema principal que dio pie a la resistencia al neoliberalismo en los ’90, generando las condiciones para la irrupción de los gobiernos progresistas de este siglo, tal vez sea uno de los pocos modelos que preserva un lugar para enfrentar un giro a la derecha.

El encuentro: desde la fracasada guerrilla urbana a la integración con los indígenas lacandones

Marcos. El vocero del movimiento

Antes de aparecer en escena, hace 20 años, el neozapatismo llevaba más de 10 años en las sombras. Un largo proceso de inserción en las comunidades indígenas y de conformación de una fuerza político militar considerable, siendo su apuesta nunca despegarse de las bases mismas en las cuales fundaban su misma razón de existencia. Por los datos que se tienen, la experiencia dio comienzo en 1983 cuando media docena de ex guerrilleros se introdujeron en la selva Lacandona, escapando a los servicios de inteligencia que los seguían de cerca. Ellos habían sido parte de experiencia armadas en los ’70, principalmente en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y posteriormente del Frente de Liberación Nacional (FLN). Desde su entrada en la zona selvática, los servicios les perdieron el rastro, y tras sobrevivir en condiciones casi infrahumanas, el pequeño grupo se decidió a comenzar un trabajo de integración con las comunidades indígenas. En ese proceso de adaptación y ensamble, consistente en aprender nuevas costumbres, como a hablar los diferentes dialectos de los pueblos de Chiapas, fue cuando según Marcos “Se les abolló el cuadrado de la teoría”.
Lejos de intentar abordar un apasionante debate teórico político, la intención es señalar que la experiencia zapatista tuvo efectos dispares, principalmente en el arco de los que se consideran partidarios de las ideas de izquierda, ya que muchos de ese espacio, prefirieron hablar de “reformismo armado”, o de guerrilla sin programa revolucionario. Por otro lado estuvieron los que como John Holloway, pretendieron hablar de un modelo completamente nuevo, renegando de todas las concepciones que pueden haber llevado, como antecedentes conceptuales, a formalizar una experiencia singular.
Lo cierto es que a diferencia de otras organizaciones guerrilleras, el EZLN se convirtió, en primer lugar, en un insumo, una herramienta para implementar y llevar a cabo las decisiones que los pueblos indígenas tomaban en asambleas. Contra la verticalidad de otras organizaciones el lema zapatista era el de “mandar obedeciendo”, y que la función del Ejército popular no sea imponer la política desde una cúpula. De ahí el rol del o los subcomandantes, ya que lo estrictamente considerado comandancia, debía ser integrada por dirigentes indígenas. El denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) es así la dirección del EZLN, siendo su subcomandante un portavoz y ejecutante de las decisiones que los diferentes comandantes traen de las distintas comunidades. Según lo expresado por Marcos en las primeras entrevistas dadas a la prensa, tras el levantamiento del 1º de enero del ’94, la decisión de haber pasado a la acción tomando las diferentes cabeceras del estado chiapaneco, fue la decisión de las comunidades. A su vez expresaba el subcomandante que antes de esa fecha, el EZLN si bien se preparaba para realizar acciones guerrilleras, éstas estaban supeditadas a la decisión de sus bases, y nunca podían ser llevadas adelante por decisión unilateral. En este sentido “el avance organizativo” debía ser “un fiel reflejo del apoyo político”, ya que “las bases zapatistas dependen de la familia, de que todo el núcleo familiar colabore en alimentos y guarde el secreto”.
Otro tema que generó debates en la izquierda a partir de la irrupción zapatista fue el tema del “poder”. En una carta del 2 de febrero del ’94 a Gaspar Morquecho Escamilla del diario Tiempo de San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos le dice en un pequeño párrafo: “¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo”.
Marcos señalaba en otro lugar que “la nueva sociedad, o el mundo nuevo o como quieran llamarlo, debe pasar previamente por una antesala. Las propuestas o rumbos que debe seguir el país, sea esto el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo o cualquier otra corriente ideológica de moda, debe confrontarse con la realidad de cada pueblo para su aprobación. Si esto no ocurre, estaríamos hablando de una falsa revolución, y no porque sea una revolución que mienta, sino porque, sin el sustento que menciono –la aprobación y la participación de las grandes mayorías–, sería siempre susceptible de desviarse o de voltearse”.

Una reflexión de inicio de año.

La economía negra e informal, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo, mal que pese nos son aspectos marginales del montaje general de la economía. Son aspectos integrados y muchas veces estructurantes de la economía general. Para hacer grandes negocios es necesario un gran capital, y aunque esos grandes negocios sean legales, la máxima acumulación de capital se logra de formas que no distinguen lo legal de lo ilegal. Esto sigue, la misma lógica que lo que Marx llamó acumulación originaria, esa acumulación previa pero permanente que permite la reproducción del capital: “En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos”. Obviar todo esto, es privarse de abordar muchas demandas de la sociedad, queriéndoles  encontrar una resolución mágica o ficticia, que lejos de ser la solución son justificativos para prolongarlas en el tiempo.

Hoy se cumplen 20 años - pareciera ayer- de la irrupción del Zapatismo (EZLN) en la localidad mexicana de Chiapas. Su emblemático vocero, el subcomandante insurgente Marcos, el escarabajo Durito y el inicio de una resistencia social al neoliberalismo, que hoy parecieran invisibilizados por la emergencia de los nuevos progresismos; pero esas resistencias siguen siendo esenciales para proseguir una lucha que recién comienza, porque el reloj no debe mezclarse con el tiempo, mientras existan injusticias.

Marcos dijo sobre el Che "se adelantó. Es un hombre de una generación que todavía no acaba de nacer".

Soldaditos de nadie... Alegato contra el olvido

A dos años del asesinato de tres militantes del Movimiento 26 de Junio en Rosario, cometido por una banda narco, un libro, Soldaditos de nadie. Jere, Mono y Patóm: crónica de una lucha, recopila trabajos sobre el suceso.

Cuando una sociedad naturaliza determinados hechos y los convierte en obviedades es justamente cuando todo el terreno está preparado para que las injusticias queden invisibilizadas, no sean tenidas en cuenta y, por ende, reclamar por ellas resulte casi un exabrupto o una simple quimera. Soldaditos de nadie. Jere, Mono y Patóm: crónica de una lucha además de ser un libro imprescindible, es una herramienta y un alegato para que determinados acontecimientos no pasen de largo, como si fueran hechos irremediables, y que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan acceder a una Justicia casi siempre esquiva.
El próximo 1º de enero, más precisamente durante sus primeras horas, se cumplirán dos años del asesinato de tres pibes en la barriada rosarina de Villa Moreno. Jere, Mono y Patóm cayeron frente a la canchita del barrio por las balas de una banda narco. En un primer momento se los intentó hacer pasar por delincuentes, pero lo paradójico es que ellos, lejos de eso, eran militantes de una organización político-social, el Movimiento 26 de Junio, cosa que hizo que el hecho no pasara desapercibido. Sus compañeros, sus familiares y los vecinos no se quedaron quietos, y por eso el caso trascendió.
En la edición digital del diario rosarino La Capital del 1º de enero de 2012 titularon “Tres personas fueron acribilladas a balazos en zona sur”. A su vez, se consignó que se trataba de tres jóvenes que habían recibido entre 5 y 8 disparos de una pistola 9 mm, agregando el mismo medio que “según detallaron las fuentes, las víctimas fatales contarían con antecedentes por robos calificados. Los investigadores del caso señalaron, además, que el hecho se trataría de una presunta venganza, aunque también intentaban confirmar los motivos de los homicidios, por lo que todavía no se realizaron detenciones”. Por su parte, el lunes 2 de enero, el diario Clarín, en una nota firmada por Lucas Aranda, además de recordar los supuestos “antecedentes por robos calificados”, señalaba que si bien no se conocían con certeza ni las causas del “triple asesinato” ni quiénes fueron sus autores, “nadie discutía la hipótesis de un ajuste de cuentas entre miembros de diferentes bandas”. El rol que cumplieron los medios alternativos y la difusión del hecho a través de los comunicados del M-26 hicieron que la opinión pública cambiara ostensiblemente, y el justificativo “ajuste de cuentas” perdiera credibilidad. Bajo esa tipificación que la mayoría de las veces era suministrada por la misma policía de Rosario, hubo centenares de asesinatos en barriadas populares de esa ciudad que nunca fueron esclarecidos.
Soldaditos de nadie… es el resultado de una tarea de investigación, de militancia y de esclarecimiento, que hoy se convierte en pieza clave cuando se está esperando la apertura del juicio oral y público. Según dice en la contratapa, el libro “es una iniciativa conjunta del Movimiento 26 de Junio (FPDS-Rosario) y el sello editorial independiente Puño y Letra –editorialismo de base– que busca compartir, desde la palabra hecha libro, algunos aprendizajes y reflexiones colectivas de los protagonistas de la lucha emprendida el 1° de enero de 2012 por el esclarecimiento y justicia por el crimen de Jere, Mono y Patóm, jóvenes militantes del Movimiento 26 de Junio” asegurando que “el llamado ‘triple crimen’ puso de relieve ante la opinión pública no sólo la crisis de violencia ligada al conflicto narco en las barriadas populares de la ciudad de Rosario, sino también las complicidades policiales, jurídicas, mediáticas y políticas que lo hacen posible, configurando una trama estructural vejatoria que tiene por saldo trágico a más de 180 víctimas durante el año 2012, en su mayoría jóvenes pobres menores de 25 años”. Los autores opinan que el libro “es un intento por romper los relatos hegemónicos de los poderosos, los que se benefician del actual orden de las cosas, empleando nuestra arma más genuina: la verdad”.
El prólogo es un trabajo colectivo que se desprende de un encuentro realizado por la militancia del M-26 y la editorial Puño y Letra en octubre de 2012. La presentación está realizada por los integrantes de la Juventud Darío Santillán, la agrupación a la cual pertenecieron los tres pibes asesinados. El libro contiene tres artículos: uno firmado por el prestigioso periodista rosarino Carlos Del Frade, que inscribe al triple crimen en un marco histórico de la Chicago argentina; otro de la abogada Jessica Venturi, reflexionando sobre el rol de la Justicia en casos como éstos, y otro de la periodista Nadia Fink, que analiza la trama que los medios montan para encubrir o minimizar hechos como el sucedido, pero mostrando también el rol de los medios alternativos para modificar la opinión pública. A su vez, hay una entrevista que la Comisión Investigadora Independiente le realizó a Enrique Font, integrante de Acuerdo por una Seguridad Democrática y miembro del Subcomité de Prevención de Tortura de la ONU, electo para el período 2013-2015. El epílogo fue escrito por Pedro Pitu Salinas (militante del Movimiento 26 de Junio, FPDS, y compañero de los chicos asesinados).
Teniendo en cuenta que prontamente se abrirá el juicio oral y público por el caso del triple crimen de Villa Moreno, el referente del M-26 Pitu Salinas le dijo a Miradas al Sur que “en las últimas semanas, a la causa por homicidio simple para los cinco acusados de la autoría material del Triple Crimen se le sumó la causa que investiga las complicidades policiales. Con esta unificación, desde la defensa de dos de los policías procesados por encubrimiento se decidió no optar por el escenario de juicio oral (opción que ya habían manifestado las defensas de todos los procesados por homicidio). Ante este escenario, el juez de Sentencia Nro. 4, Julio Kesuani, rechazó que ambas causas se tramiten juntas, alegando que tuvieron procesos instructorios separados, y que esa situación debe continuar así. Por su parte, el fiscal Véscovo interpuso una apelación para que ambas causas se tramitaran juntas, alegando que en la etapa instructoria se trabajaron separadas ‘para darles celeridad’, pero que ‘en definitiva es el mismo hecho y el mismo nudo fáctico’”. Salinas, además, expresó que “ambas causas se deben tramitar juntas: es decir, que lo que se ventilará en el juicio no es sólo la autoría material de los homicidios, sino una trama integral en la cual sin la necesaria complicidad policial los homicidios no hubieran sido posibles. Y que esa trama, densa y compleja, es la del narcotráfico; y que éste es el caso testigo por excelencia. De ir juntas las causas, se tramitarían en un juicio escrito, lo que otorgaría a priori menos visibilidad que uno oral, pero tenemos la vocación de profundizar las instancias de movilización para garantizar el acompañamiento de los medios y la ciudadanía en general como hasta ahora”. Nadia Fink (periodista y redactora de la revista Sudestada) dijo que “el acompañamiento permanente a la lucha de familiares y compañeros de los pibes por parte de periodistas de medios alternativos y periodistas honestos de medios hegemónicos sigue haciendo de este caso, un caso testigo de lo que la mafia del narcotráfico y sus complicidades policiales y del poder político provocan cada día en los barrios populares tanto de Rosario como de todo el país”.

Cuando la CIA pone toda la carne en el asador inteligente

Presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos

Revelar en dos páginas y media, el accionar de la CIA en Colombia, como lo hiciera The Washington Post el pasado domingo –un día en que el diario tiene muchos más lectores que una jornada normal–, sin dudas no es un hecho aislado ni carente de significación. Si bien la Agencia Central de Inteligencia estadounidense siempre mantuvo operaciones en diversos lugares del planeta, actualmente no tiene permitido por el Congreso de su país el intervenir en Colombia, por ejemplo, y mucho menos ser –según decía el matutino–, la causante de la muerte de una cantidad importante de líderes de la guerrilla de las FARC, entre ellos Raúl Reyes, quien cayera asesinado el 1º de marzo de 2008 en tierras ecuatorianas. Pero la lectura de la nota, además, deja la impresión de que la CIA es capaz de actuar impunemente no sólo en Colombia sino en el resto del planeta con una sofistificación que hubiera sorprendido a cualquier escritor de ciencia ficción hace 50 años atrás, y que a cualquier ciudadano de a pie lo deja situado en el más crudo desamparo, ante la omnipotencia del accionar de la central de Inteligencia estadounidense. El Washington Post, si bien enfoca el accionar de la CIA en Colombia no deja de advertir su accionar en cualquier sitio en donde haya “terroristas” a batir, o narcotraficantes, y por eso especifica que también actúa en México contra los carteles de la droga, en donde la asistencia de inteligencia de Estados Unidos es mayor que en cualquier lugar del mundo por fuera de Afganistán. También incluye a América Central y África Occidental, en donde precisa elPost que las rutas de tráfico se han movido en respuesta a la presión de Estados Unidos contra los carteles en otros lugares.
Según cuenta el matutino estadounidense, la ayuda secreta de Washington al país suramericano se da casi en forma simultánea a la implementación del denominado Plan Colombia, que comenzara en el 2000, tras las fallidas negociaciones entre el gobierno del por entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana y las FARC, cuando para ello se había desmilitarizado la región del Caguán, una zona equivalente en extensión “al territorio de Suiza” dice el Post, asegurando que lejos de asegurar el objetivo pacificador, todo ello envalentonó a la guerrilla que por ese entonces contaba con una fuerza de 18 mil hombres, haciéndola pasar a la ofensiva dando de baja a líderes políticos colombianos. “Fueron asesinados funcionarios electos locales. Se secuestró a un candidato presidencial (Ingrid Betancourt) y se intentó matar a un presidenciable favorito, de línea dura, Álvaro Uribe, a cuyo padre las FARC habían asesinado en 1983”, dice el informe periodístico. Si bien se consigna que la ayuda estadounidense se incrementó a partir del 11 de septiembre de 2001, a partir de contar como justificativo la guerra contra el terrorismo; el Post señala que ésta consistía principalmente en un puñado de iniciativas de inteligencia, a partir de pequeños pero eficaces programas de acción que además tenían lugar en todos aquellos países en los cuales los carteles del narcotráfico generaban inestabilidad política. La intervención concreta y encubierta de la CIA en Colombia, si bien se inició en 2000, se reinició con mayor fuerza en 2003 como una decisión del por entonces presidente George W. Bush. Cuando éste último llegó a la presidencia había dos conclusiones presidenciales que permitían el accionar encubierto por fuera de las fronteras estadounidenses: uno era la lucha contra cualquier foco terrorista, y otra, convalidada en los ochenta por el presidente Ronald Reagan, autorizando el combate contra los narcotraficantes internacionales. Todos los datos e información que brinda el diario, dicen partir de múltiples entrevistas realizadas con funcionarios que se mantuvieron en el anonimato, ya que el programa aún sigue vigente, y el actual presidente Barack Obama le dio continuidad desde su asunción en 2009. La asistencia secreta consiste además en servicios de espionaje a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y es financiada a partir de un presupuesto negro consistente en 9 billones de dólares, que no son parte de ninguna información pública y que se acreditan en forma separada al dinero que insume sostener el Plan Colombia. Desde que la guerrilla de las FARC fue clasificada como “terrorista”, le dijo un funcionario de alto rango al diario que, financiar un presupuesto negro resulta mucho más fácil, ya que “recibimos dinero de muchas y diferentes ollas”. Para el año 2003, la participación de los Estados Unidos en Colombia implicaba tener allí 40 agencias que contenían a 4.500 empleados sin contar a los contratistas, todos ellos por fuera de la Embajada que por ese entonces era la más grande que el país del norte tenía en el mundo, siendo superada en 2004 por la Embajada estadounidense en Afganistán. Citado por el Post, William Wood, embajador estadounidense en Colombia entre 2003 y 2007, dijo que “salvo Afganistán, no había ningún otro país en el mundo en donde tuvieran más tareas por hacer”.
El 13 de febrero de 2003, un avión Cessna 208 se estrello en la selva por acción de las FARC, y de los cinco tripulantes, dice The Post, fueron ejecutados el oficial colombiano que piloteaba la nave y uno de los 4 contratistas norteamericanos, mientras que los otros tres fueron retenidos por la guerrilla. Vale recordar que éstos fueron liberados por el ejército colombiano en la Operación Jaque realizada en julio de 2008, junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y otros 12 rehenes. Según dice en el extenso informe, a partir de ese momento el presidente Bush, apoyándose en el director de la CIA George Telnet, se decidió a dar inicio en Colombia a la búsqueda de los tres contratistas. A pesar de que la CIA concentraba en ese momento todo su accionar en Irak y Afganistán se decidió conformar un especial y sofisticado bunker en Colombia, equivalente al que se utilizaba para el combate contra Al-Qaeda, le dijo al Post un ex alto funcionario de inteligencia que había estado involucrado en las discusiones.
El propósito de la acción encubierta de la CIA en Colombia, según afirman, proporciona dos servicios esenciales al combate que ese país lleva adelante contra las FARC y al pequeño grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Inteligencia en tiempo real que permite a las fuerzas colombianas dar individualmente caza a los líderes de las FARC y, a partir de 2006, una herramienta particularmente eficaz con la cual matarlos”, asegura el informe.

Lethal weapon. Según consigna el informe del matutino, el arma utilizada para dar de baja a los líderes de la guerrilla es un Kit de orientación por sistema de posicionamiento global GPS que transforma una bomba de poca gravedad, en una bomba inteligente de alta precisión. Estas municiones o PGMs guiadas de precisión construidas por Triple Canopy son capaces de matar a una persona en la selva si su ubicación exacta se puede determinar a través de geocoordenadas que se programan en el pequeño cerebro de la computadora de la bomba, mientras que otra de las utilizadas Raytheon Paveway II mejorada es una bomba guiada por láser con una capacidad de guiado también por GPS, que funciona mejor contra objetivos en la espesa selva. Una clave de cifrado que se inserta en el sistema de orientación permite que la computadora de la bomba pueda recibir datos del GPS de uso militar que son los que se utilizan para guiar a una bomba a su objetivo. Pero aunque parezca, esto no es un videojuego ya que las víctimas fueron muy concretas. Eso sí, la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca había determinado que matar a los líderes de las FARC no serían considerados como asesinatos, y se los enmarcaría en el mismo análisis jurídico que los Estados Unidos aplicaba para con Al-Qaeda. Matar a un líder de las FARC no sería un asesinato, “porque la organización plantea una amenaza constante para Colombia, como tampoco podría esperarse que ninguno de los comandantes de las FARC se rindieran” razonan desde el diario, agregando “y, como además está considerada una organización de tráfico de drogas, resulta una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y eso ya se había resuelto años atrás con la lucha contra el narcotráfico, que fuera un hallazgo de Reagan”.
El 1º de marzo de 2008 las fuerzas armadas de Colombia dieron de baja a dos decenas de guerrilleros y estudiantes de la UNAM, en un campamento que estaba ubicado en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, en la zona fronteriza. Entre los caídos se encontraba el 2 de las FARC Luis Edgar Devia, más conocido como “Raúl Reyes”. La denominada Operación Fénix nunca fue bien aclarada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, ya que según los cálculos los aviones que habrían bombardeado el campamento inevitablemente tendrían que haber violado el espacio aéreo ecuatoriano. De hecho, esta acción trajo consecuencias, ya que tanto Ecuador como Venezuela rompieron de inmediato relaciones diplomáticas con Colombia. Según el informe esbozado por The Washington Post, la operación fue desarrollada desde territorio colombiano con el envío de bombas inteligentes, tras descubrir con precisión las coordenadas en donde se encontraba el campamento. Según también señala el diario estadounidense, el por entonces Ministro de Defensa y actual mandatario Juan Manuel Santos estaba al tanto de todo, y aún prosigue su combate contra la guerrilla con la ayuda de la CIA, aunque desde hace poco más de un año se haya sentado su gobierno a conversar con las FARC en La Habana para encontrar la paz. De hecho, afirma The Post que, durante el gobierno de Santos, cayeron 47 jefes guerrilleros, mientras que durante el de su predecesor Uribe sólo 16.

Repercusiones. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo “todo el mundo sabe, aquí no hay nada nuevo, que tenemos una cooperación muy fuerte con Estados Unidos, que esa cooperación es en materia de inteligencia, en operaciones especiales y que la tenemos con otras naciones para que eso sí, sean los soldados (colombianos) los que las realicen “asegurando que dicha cooperación se hizo de forma secreta en un plan diferente al Plan Colombia, que fue diseñado para combatir el narcotráfico”, y recalcó que aunque la CIA sí colaboró en la inteligencia de estas operaciones, fueron las Fuerzas Armadas colombianas quienes las planearon y ejecutaron con total independencia. Por su parte, el ex presidente Uribe escribió el 25 por la noche en su cuenta de Twitter que “bajo mi responsabilidad fueron (los) operativos militares. Con hombres y equipos nuestros. USA ayudó para detectar ubicación de narcosecuestradores”, agregando luego “Operativos militares bajo Mi Responsabilidad permitieron liberar a: Ingrid, Gral. Mendieta, 3 norteamericanos. Muchos colombianos”.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa, también a través de Twitter, pero antes de la Nochebuena, expresó en relación a lo dicho en The Washington Post: “¡Gravísimo! Pero, ¿serán casualidad estas ‘revelaciones’?, ¿O se busca afectar...las relaciones con USA, con Colombia y, sobre todo, el proceso de paz? A estas alturas, ya no creo en ‘casualidades’”, dijo, aseverando que “la extrema derecha colombiana e internacional es capaz de todo. Feliz Navidad, con la paz de las conciencias tranquilas. ¡Los buenos somos más!”.
También se expresó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño: “Hay que andar con pies de plomo frente a estas revelaciones”, dijo, aseverando que su país siempre sospechó que la CIA apoyó a Colombia en el ataque en el que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes, por lo que actuará con cautela ante los informes de la prensa estadounidense. No podemos “dejarnos llevar adonde posiblemente nos quieren llevar: a afectar las relaciones con Colombia, incluso con Estados Unidos”, agregó Patiño, y subrayó que ese tipo de revelaciones también podrían ir en la búsqueda de alterar el proceso de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC.

Colombia- El silencio presidencial amenaza la paz

Alcalde Petro. Denunció un virtual Golpe de Estado

Mientras que el presidente Santos no hiciera ninguna declaración acerca de las revelaciones de The Washington Post, acerca del accionar de la CIA en Colombia, ese diario asegura que durante un reciente viaje a Washington, ante la consulta que ese medio le hiciera al mandatario, éste no quiso hablar sobre ello en detalle, teniendo en cuenta las sensibilidades implicadas. “Ha sido de ayuda”, dijo Santos. “Parte de la experiencia y la eficiencia de nuestras operaciones y nuestras operaciones especiales han sido el producto de una mejor formación y conocimiento que hemos adquirido de muchos países, entre ellos Estados Unidos”, en tanto que las negociaciones con las FARC, le dijo el mandatario a The Post, son el resultado de la campaña militar exitosa, “la guinda del pastel”.
El silencio de Santos hoy es sintomático, ya que las revelaciones del matutino estadounidense podrían afectar el proceso de paz en La Habana. Que la guerrilla acepte negociar a sabiendas de que existe un plan sistemático de su país junto a la CIA empleando bombas inteligentes que pueden descabezar a sus principales jefes, coloca al grupo insurgente en una real situación de debilidad, para poder establecer ciertos requisitos programáticos en beneficio de las mayorías populares colombianas. Por otra parte, el presidente Santos tampoco tomó una posición contundente contra otro aspecto que va en detrimento de la paz en su país, y es ante la resolución del procurador general Alejandro Ordóñez de destituir de su mandato al alcalde de Bogotá Gustavo Petro e inhabilitarlo para ejercer sus derechos políticos por quince años. Recientemente, Petro viajó a Washington para elevar su caso ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), considerando que la maniobra del procurador es sencillamente un “golpe de Estado”, ya que se puede o no estar de acuerdo con las políticas que lleva a cabo, pero lo que no se puede es desplazarlo ilegalmente de su cargo, para cambiar o torcer el rumbo actual. Según el artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia en 1973, un Estado Parte solamente puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal. La Convención establece la “condena, por juez competente, en proceso penal” como garantía contra la suspensión o privación arbitraria de los derechos políticos de las personas, que incluyen los derechos a elegir, a ser elegido y a ejercer cargos públicos de elección popular. Para Petro el único que podría destituirlo es el presidente Santos, revisando el dictamen del procurador, ya que así estaría establecido por la CIDH. Pero esa controversia parece que al gobierno no le interesó resolverla, ya que según el mandatario “tratar de meter el gobierno, o al Presidente, en favor de una y otra posición es contraproducente”, dijo, agregando que “no podemos controvertir las decisiones de los órganos de control”. “No voy a tomar partido a favor de nadie. Los que quieren eso tacan burro. Yo tomo partido a favor de la institucionalidad. No voy a intervenir en nada”, insistió Santos.
Ante esta posición, el senador Luis Carlos Avellaneda, del Movimiento Progresistas, le dijo en entrevista al noticiero de La F.m. Radio que “el presidente debería ser un poco más cuidadoso en este tema, porque si bien ha dicho que quiere respaldar la institucionalidad, justamente por la institucionalidad es que debe ser más responsable. Debe entender que hay jurisprudencia de la CIDH que plantea que un alcalde o un gobernante elegido popularmente no pueden ser despojados de sus derechos políticos sino por autoridad judicial. Y entonces el presidente debe mirar que esa convención se respetará.”

La reacción afila los sables en Colombia

Gustavo Petro, una figura emblemática de la izquierda.

La destitución del alcalde de Bogotá ha desatado movilizaciones populares en contra de una medida que se percibe como un avance de los sectores que se oponen a la paz con las FARC.

El pasado lunes 9 de diciembre, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dictaminó la destitución del alcalde mayor Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargo público por 15 años. Este hecho implica para la derecha colombiana sacarse de encima a una figura política que en los últimos tiempos creció notablemente. Vale señalar al respecto que el cargo de burgomaestre de la capital colombiana es el segundo puesto político de importancia, tras el de presidente, aunque tal vez lo que más irritó a los sectores que se movieron para lograr la destitución fuera que el alcalde haya desbaratado uno de los principales negocios privados como es el de la recolección de basura en el distrito, cuando el 18 de diciembre del año pasado pasara a manos estatales las tareas del aseo en la ciudad.
Lejos del efecto deseado, la decisión del procurador provocó la reacción inesperada de toda una ciudadanía que no está de acuerdo con las decisiones arbitrarias que éste viene desarrollando. Ordóñez ya lleva realizadas 700 destituciones, pero nunca antes esto había provocado semejante respuesta. A partir del martes 10 de diciembre se vienen desarrollando en Bogotá fuertes movilizaciones a la Plaza de Bolívar, de los denominados “indignados”, y lo que resulta novedoso es que las protestas se hayan extendido a lo largo del país, principalmente a ciudades de importancia como son Cali y Medellín. Por su parte, fueron llamativas las declaraciones coincidentes, tanto de la delegación de paz de las FARC en La Habana, como la del recientemente designado como nuevo embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker. En medio de todos estos acontecimientos que seguramente la más rancia derecha no esperaba que ocurran, ya que hoy es posible saber que toda la maniobra de destitución del alcalde fue crudamente premeditada, muchos se preguntan qué posibilidad tiene la izquierda de participar en el juego democrático, cuál será el destino de las conversaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana, pero para muchos todo esto también es el reflejo de una nueva situación en la cual la ciudadanía parece no sólo haber expresado un rechazo a la arbitrariedad, sino a dejar de mantener un silencio cómplice con respecto a toda una clase política que durante décadas se vio involucrada en el negocio de la guerra, y en el enriquecimiento ilícito. Si el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, es hoy el centro al cual apunta la indignación popular, no hay que obviar que este funcionario ultraderechista e integrante del Opus Dei es solamente la punta del iceberg de toda una clase dirigente completamente cuestionada.
Kevin Whitaker señaló: “Conozco el caso... Y aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, dijo el recientemente nombrado embajador estadounidense, agregando que “si individuos en Colombia concluyeran, basados en esta decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse de alguna manera”. Por su parte, las FARC desde Cuba redactaron un comunicado dos días después de la resolución del procurador señalando entre otras cosas que “Colombia no puede seguir a merced de un fanático y despótico representante de la derecha más retardataria del país que pretende sabotear todos los procesos democráticos”, ya que “la decisión del ultramontano procurador” representa un gran golpe contra el proceso de paz, puesto que hiere la confianza y la credibilidad del mismo. “Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, dice el comunicado, y no solamente se pronunciaron por la defensa del alcalde Petro, sino también por la ex senadora Piedad Córdoba, que también fuera destituida por Ordóñez. “La caverna que representan Ordóñez y Uribe pretende fortalecerse con la declaratoria de la muerte política de sus adversarios. Pero la respuesta del pueblo en las calles habrá de frustrar esos anhelos reaccionarios” dijeron. Y tras la lectura del comunicado, el negociador por la guerrilla Pablo Catatumbo le dijo a BluRadio: “Si eso hacen con Petro, que desde hace más de 20 años decidió hacer política sin armas, ¿cómo será con nosotros?”, dejando entrever que en Colombia es imposible hacer política si no es con armas.

No siempre lo que dice ser una democracia, lo es. El largo conflicto armado en Colombia, si tiene algunos antecedentes que puedan darle un marco de inteligibilidad, principalmente están referidos a la baja posibilidad de ser oposición, y si bien el país neogranadino es el único que sufrió solamente un golpe de Estado, y que a su vez éste no tuvo larga extensión temporal –en comparación de los muchos que padecieron la mayoría de los países del continente, con extensas dictaduras–, resulta que aún hoy no haya podido exceder el marco de democracias sumamente tuteladas y restringidas, a pesar de la Constituyente de 1991. Hasta el momento, y eso pareciera estar en debate, es que desde el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, pasando por el aniquilamiento de la mayoría de los candidatos de la Unión Patriótica en la década del ’80, como también del líder del M-19 Carlos Pizarro Leongómez cuando ya estaba desmovilizado y aspiraba a la presidencia y en 1990 fuera asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); la sensación reinante es que en ese país los únicos que pueden aspirar a la presidencia son los candidatos de la derecha tradicional y conservadora. La destitución del alcalde Gustavo Petro, por parte del procurador Ordóñez, pareciera confirmar esa norma, aunque hoy el escenario político aparenta haber cambiado, no solamente por el contexto regional, sino porque los sectores populares en ese país parecen haberse distanciado subjetivamente del terror, al cual estuvieron sujetos por décadas.
Según lo expresado por Petro en la entrevista que le realizara la W Radio el pasado lunes, Colombia hoy está viviendo una “primavera” política, un verdadero “proceso constituyente” que no es solamente observable a partir de las movilizaciones en su apoyo, sino que éstas son un escalón más, en la serie de protestas populares que se vienen desarrollando en el país, por ejemplo con la de los campesinos, los cafeteros, los indígenas, los pequeños y medianos mineros, y los “indignados”. Según el alcalde, hoy están en movimiento lo que él denomina “las nuevas ciudadanías urbanas” que “son movimientos LGBTI, ambientalistas, muchísimos jóvenes que no pertenecen a ningún partido sino que se expresan en las corrientes animalistas, muchísima gente popular y humilde, los mismos recicladores”, le dijo en entrevista a la BBC.
Según Petro, hoy en Colombia se enfrentan dos proyectos, uno es el de los que siempre fueron partidarios de la guerra, y el otro, el de los que son partidarios de la paz. También a la BBC, Petro le señalaba que la misma Constitución del ’91 “fue la expresión de un proceso de lucha por la democracia que incluso fue armada. Porque esta Constitución es el pacto de paz entre el M-19 y el Estado” en donde dice que parte del M-19 dejó sus armas en 1989, asegurando luego que “en las elecciones de la asamblea nacional constituyente, y aun con el asesinato de quien era el dirigente del M-19 ganamos las elecciones” dijo Petro, señalando, a su vez: “Nosotros salimos de un movimiento insurgente y en cinco meses de dejar las armas ganamos las elecciones en todo el país para algo tan importante como una asamblea nacional constituyente, que lo que hizo fue una Constitución democrática. Que no se aplica, como usted puede verlo hoy, cabalmente”, advirtiendo: “Y he ahí un poco el centro y el nodo de la problemática del país: tenemos una carta democrática que no se aplica”.
Fuentes cercanas al alcalde Petro señalan que si la decisión del procurador quedase efectiva, se estaría ante la presencia de “un genocidio político” y que es una señal clara de que “los que piensan diferente deben abstenerse de hacer política”, con lo cual en Colombia se abre una bisagra que podría implicar una profundización de la democracia, o un retroceso inexorable.

Ciudad Nueva- Un frente nuevo en La Plata

Alejandro Presa- Unión del Pueblo

La coincidencia entre Patria Grande y Unión del Pueblo bajo el rótulo Ciudad Nueva expresa la aparición –aún embrionaria– de experiencias que desde el trabajo territorial se plantean acceder a la lucha política y electoral.

En el arco de la izquierda argentina siempre hubo un debate, algunas veces encendido, acerca de la conveniencia o no de participar en las contiendas electorales. Para entender un poco mejor el asunto habría que precisar que en términos bastante generales, existen dos clases de posicionamientos al respecto. Están los tradicionales partidos de izquierda por un lado, y, por otro, fue creciendo desde la resistencia al neoliberalismo todo un sector al que se lo catalogó como izquierda social. Un sector al que la izquierda partidaria siempre tildó de “basista” y de no ofrecer una alternativa a la sociedad en su conjunto. Como ya es sabido, la izquierda en las últimas elecciones realizó una gran performance, principalmente el Frente de la Izquierda y los Trabajadores (FIT), pero es poco conocida la experiencia que en ciudades como La Plata, Buenos Aires y Rosario llevaron adelante frentes de la denominada izquierda de base.

En La Plata tuvo relevancia la presentación del frente Ciudad Nueva. Una coalición conformada por Patria Grande (Frente Popular Darío Santillán) y la Unión del Pueblo (Juventud Guevarista) que expresa el trabajo cotidiano que esos grupos vienen desarrollando en la base misma de la sociedad. Para conocer sobre esta experiencia, Miradas al Sur conversó con Alejandro Presa, referente de la Unión del Pueblo, y segundo candidato a concejal por Ciudad Nueva.
–¿Cómo se inició la conformación del frente?
–En realidad nosotros ya habíamos tenido conversaciones en noviembre de 2012 con otras fuerzas y habíamos convocado a una reunión en Buenos Aires a grupos como Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), sectores que se habían ido de Proyecto Sur, sectores del socialismo como el de (Jorge) Selser, intelectuales como (Eduardo) Lucita, para conformar una personería provincial. Pero como todo eso se diluyó decidimos desde la Unión del Pueblo comenzar a conformar una personería acá en La Plata, que es el lugar donde más inserción tenemos, ya que solos no podíamos hacer una personería a nivel provincial. Incluso acá, en marzo de 2013 nos costaba conseguir las afiliaciones para hacer una personería local. La gente no se quería a afiliar por todas esas cosas que te meten en la cabeza de que si te afiliás a un partido podés perder el trabajo. Necesitábamos mil afiliaciones y en marzo no veíamos que pudiésemos llegar, pero llegó el 2 de abril y la situación en La Plata cambió radicalmente.
–¿Por el tema de las inundaciones?
–A partir de las inundaciones, esto para nosotros significó un cambió, ya que pusimos a todos los militantes a cumplir una tarea, ya que el Estado estuvo completamente ausente. Otras organizaciones también tuvieron gran protagonismo, pero creo que el trabajo de más envergadura, el que más alcance tuvo, fue el nuestro. Esa situación creo que nos mostró como una organización que estuvo a la altura de resolver los problemas más urgentes de la gente. Luego de pasadas unas tres semanas de las inundaciones, encaramos el trabajo estrictamente político, ya que hacerlo antes nos parecía bastante oportunista. Además, nuestros militantes estaban concentrados en la ayuda a los inundados. Si en marzo hacíamos 10 afiliaciones, en mayo, con la referencia que habíamos tenido en el tema de las inundaciones, hacíamos 100 por día. Nosotros caracterizamos que después de las inundaciones en La Plata se generó una gran crisis de representatividad y que si se armaba un gran frente en el cual hubieran estado el Partido Obrero, la Unidad Popular, y otros grupos, se daban las condiciones para disputar seriamente en el plano electoral.
–Uno de los obstáculos para las diferentes expresiones de la izquierda suele ser ponerse de acuerdo para llevar adelante una experiencia electoral. ¿Cómo fue la experiencia de la Unión del Pueblo con Patria Grande? 
–Nuestra experiencia acá en La Plata con Patria Grande fue muy positiva. No tuvimos problemas en consensuar el programa, en confluir en algunos espacios territoriales juntos. No tuvimos problemas a la hora de elaborar un volante en conjunto, tuvimos bastante acuerdo en cómo hacer la campaña, y si uno piensa en las diferencias que por supuesto existen entre organizaciones, todo fue muy positivo. Nos permitió saber qué nivel de inserción real tenemos cada uno, y nos fue muy bien en los lugares en donde tenemos trabajo de base. Mucha gente se sumó a la campaña, aportó con las finanzas, con la difusión y la distribución de los volantes. La experiencia fue muy importante para darnos cuenta de que es necesaria una unidad más grande del campo popular y la izquierda para transformar y cambiar lo que hoy afecta a la sociedad. Nos dimos cuenta que por andarivel propio nadie puede construir una alternativa, y que sin perder la identidad, cada una de ellas debe servir para construir una identidad superior. Seguramente mucha gente no estuvo identificada ni con Patria Grande ni con la Unión del Pueblo, pero sí con la identidad de Ciudad Nueva. Con Patria Grande acordamos rápidamente el programa, en lo que no nos pudimos poner de acuerdo fue en quién encabezaría la lista y por esa razón utilizamos las Primarias para definirlo, y fue así que el candidato a primer concejal resultó Leandro Amoretti, de Patria Grande, y yo segundo por la Unión del Pueblo, mientras que los puestos que seguían se definieron de acuerdo al Sistema D’Hondt.
–En el programa ustedes plantearon la derogación del Código de Ordenamiento Urbano (COU), a lo que le dieron mucha importancia. ¿Por qué?
–El principal problema en la ciudad es la apropiación en pocas manos de la propiedad inmobiliaria y de la tierra. Estamos viviendo un proceso donde muy pocos empresarios asociados al poder político, que muchas veces hasta son funcionarios, están monopolizando todo esto. Hay una gran concentración que hace poco posible que los trabajadores puedan acceder a un terreno para hacer su casa. El Código de Ordenamiento Urbano realizado en 2010 fue hecho a la medida de estos empresarios. Los hechos de las inundaciones tienen mucho que ver con todo esto, por la gran cantidad de construcciones y la menor posibilidad de escurrimiento. Donde antes vivían 100 personas ahora viven 500 y los caños abajo siguen siendo los mismos, hay obras de hidráulica que nunca se hicieron, pero igual el COU tiene varios baches, que es lo que hace que tanto la tierra como la vivienda sean solamente accesibles a muy pocos. En cualquier barrio comprar un terreno no baja de los 70 a 80 mil dólares. La derogación del COU no solamente es importante por lo que atañe a las inundaciones, sino también para fijar una regulación, como cuáles son zonas para instalar countries o clubes de campo. Las grandes construcciones que se hicieron en el centro, que se han elevado mucho más allá de lo conveniente, lo hicieron en más de un 300% de lo permitido en el código anterior. Hay todo un sistema pensado para elevar tanto el precio de una propiedad en el centro como en la periferia, a conveniencia de los empresarios. Luchar contra todo esto es hacerlo contra el principal poder local, del que también forma parte el diario El Día, como precursor de todo este negocio. Es el verdadero poder en la ciudad, y por eso para nosotros, con la conformación de las asambleas tras las inundaciones, más que apuntar a la destitución de (Pablo) Bruera pusimos el acento en la derogación del COU, que está hecho a la medida de ese poder, con el cual coincide todo el arco político local, no sólo el bruerismo, sino también el Frente Renovador, el denarvaísmo, el diario El Día y la Uocra.
–¿Qué otros problemas hay en La Plata?
–El tema del transporte. Es muy deficiente y caro. Antes vos con una línea podías ir a cualquier lugar de la ciudad de forma horizontal o transversal, y ahora todas las líneas convergen en el centro, aislando zonas de la ciudad. Si vivís en una parte, hoy para ir a otra tenés que tomarte dos colectivos. Nosotros pensamos que una empresa de transportes municipalizada sería lo mejor, para tener mejor frecuencia, y abaratar el costo del pasaje. Una forma de ajustar el transporte a la necesidad de los vecinos y no al beneficio de los empresarios. Si te alejás de la ciudad hacia barrios como San Carlos podés ver que un micro pasa muy cada tanto, y no como tendrían que hacerlo. Cuando pasan van con 40 o 50 pasajeros y en una de esas ni siquiera paran porque van llenos. Esta ciudad hoy está pensada más en cómo hacer negocios, que en cómo hacer para que la gente pueda vivir mejor, con vivienda, viajando en transportes eficaces y seguros.
–¿Cómo caracterizan ustedes a la década kirchnerista?
–Nosotros pensamos que el kirchnerismo ha aportado varios cambios, sobre todo a favor de las clases populares. No pensamos que sea una expresión de derecha, pero sí limitada por su concepción burguesa. El proyecto de construir un capitalismo nacional y popular es más utópico que real. El kirchnerismo ha introducido muchos debates en los cuales tal vez no estemos de acuerdo, pero sí reconocemos que lo hicieron y eso es positivo. Hoy hay muchos jóvenes que cuestionan a los monopolios, eso es muy positivo. Esa identificación que muchos jóvenes tienen contra Clarín la saludamos, pero ese cuestionamiento también debiera ser hecho contra otros pulpos, como Telefónica, Barrick Gold, Monsanto.
–Contanos un poco sobre el trabajo que hicieron ante las inundaciones.
–Personalmente, yo fui un particular damnificado, porque vivo en Tolosa. Al otro día vimos que no había ninguna ayuda, que Defensa Civil no estaba, que la gente se ayudaba como podía. Entonces, acá en la Casa Guevarista (5 e/ 61 y 62) vimos la necesidad de conformar un comité de ayuda. Lo hicimos, con los compañeros laburando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Íbamos a los barrios y relevábamos lo que necesitaba la gente y si teníamos lo que les faltaba volvíamos a llevarles las donaciones que recibíamos, ya que no teníamos ninguna ayuda estatal. No sólo en La Plata, sino también pasando la 122 también en Berisso, en donde los vecinos estaban sin comer, sin cloacas, sin colchones. En esa zona, el intendente (Enrique) Slezack fue a prometer un montón de cosas pero después de las inundaciones nunca más apareció. Nadie nos contó esto, ya que lo vimos, venían los chicos corriendo en 64 y 127 para llevarse algo para comer. Venían con una bolsa de nylon para llevarse el guiso. Pero justamente esa gente era la más solidaria, ya que si tenían pañales de más te los daban para repartir. Te daban lo poco que tenían para compartir con los que no tenían nada, y eso es una muestra de que hoy están las capacidades en el pueblo argentino para cambiar las cosas. También valoramos a sectores de la clase media que venían con el auto a colaborar y una de las conclusiones a las que llegamos es que si había médicos y gente para resolver problemas en donde el Estado no se hacía cargo, ahí vimos por qué el pueblo estaría en condiciones de gobernar. Los medios podrán decir cualquier cosa pero nadie vino a preguntarte nada, si había agua, si había vacunas, nada, nadie se acercó del Estado para preguntar. Patria Grande se organizó en el (Centro Cultural) Olga Vázquez, y nosotros acá, y la calle estuvo cortada como dos semanas, se acercó mucha gente a colaborar desinteresadamente. La gente del barrio nos prestaba los garajes para guardar las cosas que nos llegaban como donaciones de toda la provincia. Este trabajo que hicimos junto a médicos, arquitectos, a nosotros nos hizo dar un salto como organización, sin lugar a dudas. Los panaderos de enfrente, que siempre dijeron que nosotros éramos los zurditos, después de eso vieron que nosotros éramos lo que nos poníamos al frente de lo que necesita el pueblo.

Trazo grueso, trazo fino. Si bien la última década se podría definir signada por un rasgo progresista, esto no siempre tiene su correlato en las gestiones locales, aunque digan ser de la misma filiación. Tal vez el problema del trazo fino, llevar adelante una gestión local, acorde a los tiempos que corren, sea una herencia que desde “el mismo palo” sea muy difícil revertir, y mucho más cuando surgen problemas muy concretos, como fueron las inundaciones en la mismísima capital de la provincia de Buenos Aires.
Que fuerzas políticas que se consideran a favor de las transformaciones sociales, y que a su vez cuentan con trabajo concreto entre la población, demuestran que pueden, es una muy buena señal, mucho más cuando logran salir del trabajo de hormiga, para ofrecer desde muy abajo una alternativa electoral.