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| Gustavo Petro, una figura emblemática de la izquierda. |
La destitución del alcalde de Bogotá ha desatado movilizaciones populares en contra de una medida que se percibe como un avance de los sectores que se oponen a la paz con las FARC.
El pasado lunes 9 de diciembre, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dictaminó la destitución del alcalde mayor Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargo público por 15 años. Este hecho implica para la derecha colombiana sacarse de encima a una figura política que en los últimos tiempos creció notablemente. Vale señalar al respecto que el cargo de burgomaestre de la capital colombiana es el segundo puesto político de importancia, tras el de presidente, aunque tal vez lo que más irritó a los sectores que se movieron para lograr la destitución fuera que el alcalde haya desbaratado uno de los principales negocios privados como es el de la recolección de basura en el distrito, cuando el 18 de diciembre del año pasado pasara a manos estatales las tareas del aseo en la ciudad.
Lejos del efecto deseado, la decisión del procurador provocó la reacción inesperada de toda una ciudadanía que no está de acuerdo con las decisiones arbitrarias que éste viene desarrollando. Ordóñez ya lleva realizadas 700 destituciones, pero nunca antes esto había provocado semejante respuesta. A partir del martes 10 de diciembre se vienen desarrollando en Bogotá fuertes movilizaciones a la Plaza de Bolívar, de los denominados “indignados”, y lo que resulta novedoso es que las protestas se hayan extendido a lo largo del país, principalmente a ciudades de importancia como son Cali y Medellín. Por su parte, fueron llamativas las declaraciones coincidentes, tanto de la delegación de paz de las FARC en La Habana, como la del recientemente designado como nuevo embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker. En medio de todos estos acontecimientos que seguramente la más rancia derecha no esperaba que ocurran, ya que hoy es posible saber que toda la maniobra de destitución del alcalde fue crudamente premeditada, muchos se preguntan qué posibilidad tiene la izquierda de participar en el juego democrático, cuál será el destino de las conversaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana, pero para muchos todo esto también es el reflejo de una nueva situación en la cual la ciudadanía parece no sólo haber expresado un rechazo a la arbitrariedad, sino a dejar de mantener un silencio cómplice con respecto a toda una clase política que durante décadas se vio involucrada en el negocio de la guerra, y en el enriquecimiento ilícito. Si el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, es hoy el centro al cual apunta la indignación popular, no hay que obviar que este funcionario ultraderechista e integrante del Opus Dei es solamente la punta del iceberg de toda una clase dirigente completamente cuestionada.
Kevin Whitaker señaló: “Conozco el caso... Y aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, dijo el recientemente nombrado embajador estadounidense, agregando que “si individuos en Colombia concluyeran, basados en esta decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse de alguna manera”. Por su parte, las FARC desde Cuba redactaron un comunicado dos días después de la resolución del procurador señalando entre otras cosas que “Colombia no puede seguir a merced de un fanático y despótico representante de la derecha más retardataria del país que pretende sabotear todos los procesos democráticos”, ya que “la decisión del ultramontano procurador” representa un gran golpe contra el proceso de paz, puesto que hiere la confianza y la credibilidad del mismo. “Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, dice el comunicado, y no solamente se pronunciaron por la defensa del alcalde Petro, sino también por la ex senadora Piedad Córdoba, que también fuera destituida por Ordóñez. “La caverna que representan Ordóñez y Uribe pretende fortalecerse con la declaratoria de la muerte política de sus adversarios. Pero la respuesta del pueblo en las calles habrá de frustrar esos anhelos reaccionarios” dijeron. Y tras la lectura del comunicado, el negociador por la guerrilla Pablo Catatumbo le dijo a BluRadio: “Si eso hacen con Petro, que desde hace más de 20 años decidió hacer política sin armas, ¿cómo será con nosotros?”, dejando entrever que en Colombia es imposible hacer política si no es con armas.
Lejos del efecto deseado, la decisión del procurador provocó la reacción inesperada de toda una ciudadanía que no está de acuerdo con las decisiones arbitrarias que éste viene desarrollando. Ordóñez ya lleva realizadas 700 destituciones, pero nunca antes esto había provocado semejante respuesta. A partir del martes 10 de diciembre se vienen desarrollando en Bogotá fuertes movilizaciones a la Plaza de Bolívar, de los denominados “indignados”, y lo que resulta novedoso es que las protestas se hayan extendido a lo largo del país, principalmente a ciudades de importancia como son Cali y Medellín. Por su parte, fueron llamativas las declaraciones coincidentes, tanto de la delegación de paz de las FARC en La Habana, como la del recientemente designado como nuevo embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker. En medio de todos estos acontecimientos que seguramente la más rancia derecha no esperaba que ocurran, ya que hoy es posible saber que toda la maniobra de destitución del alcalde fue crudamente premeditada, muchos se preguntan qué posibilidad tiene la izquierda de participar en el juego democrático, cuál será el destino de las conversaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana, pero para muchos todo esto también es el reflejo de una nueva situación en la cual la ciudadanía parece no sólo haber expresado un rechazo a la arbitrariedad, sino a dejar de mantener un silencio cómplice con respecto a toda una clase política que durante décadas se vio involucrada en el negocio de la guerra, y en el enriquecimiento ilícito. Si el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, es hoy el centro al cual apunta la indignación popular, no hay que obviar que este funcionario ultraderechista e integrante del Opus Dei es solamente la punta del iceberg de toda una clase dirigente completamente cuestionada.
Kevin Whitaker señaló: “Conozco el caso... Y aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, dijo el recientemente nombrado embajador estadounidense, agregando que “si individuos en Colombia concluyeran, basados en esta decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse de alguna manera”. Por su parte, las FARC desde Cuba redactaron un comunicado dos días después de la resolución del procurador señalando entre otras cosas que “Colombia no puede seguir a merced de un fanático y despótico representante de la derecha más retardataria del país que pretende sabotear todos los procesos democráticos”, ya que “la decisión del ultramontano procurador” representa un gran golpe contra el proceso de paz, puesto que hiere la confianza y la credibilidad del mismo. “Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, dice el comunicado, y no solamente se pronunciaron por la defensa del alcalde Petro, sino también por la ex senadora Piedad Córdoba, que también fuera destituida por Ordóñez. “La caverna que representan Ordóñez y Uribe pretende fortalecerse con la declaratoria de la muerte política de sus adversarios. Pero la respuesta del pueblo en las calles habrá de frustrar esos anhelos reaccionarios” dijeron. Y tras la lectura del comunicado, el negociador por la guerrilla Pablo Catatumbo le dijo a BluRadio: “Si eso hacen con Petro, que desde hace más de 20 años decidió hacer política sin armas, ¿cómo será con nosotros?”, dejando entrever que en Colombia es imposible hacer política si no es con armas.
No siempre lo que dice ser una democracia, lo es. El largo conflicto armado en Colombia, si tiene algunos antecedentes que puedan darle un marco de inteligibilidad, principalmente están referidos a la baja posibilidad de ser oposición, y si bien el país neogranadino es el único que sufrió solamente un golpe de Estado, y que a su vez éste no tuvo larga extensión temporal –en comparación de los muchos que padecieron la mayoría de los países del continente, con extensas dictaduras–, resulta que aún hoy no haya podido exceder el marco de democracias sumamente tuteladas y restringidas, a pesar de la Constituyente de 1991. Hasta el momento, y eso pareciera estar en debate, es que desde el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, pasando por el aniquilamiento de la mayoría de los candidatos de la Unión Patriótica en la década del ’80, como también del líder del M-19 Carlos Pizarro Leongómez cuando ya estaba desmovilizado y aspiraba a la presidencia y en 1990 fuera asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); la sensación reinante es que en ese país los únicos que pueden aspirar a la presidencia son los candidatos de la derecha tradicional y conservadora. La destitución del alcalde Gustavo Petro, por parte del procurador Ordóñez, pareciera confirmar esa norma, aunque hoy el escenario político aparenta haber cambiado, no solamente por el contexto regional, sino porque los sectores populares en ese país parecen haberse distanciado subjetivamente del terror, al cual estuvieron sujetos por décadas.
Según lo expresado por Petro en la entrevista que le realizara la W Radio el pasado lunes, Colombia hoy está viviendo una “primavera” política, un verdadero “proceso constituyente” que no es solamente observable a partir de las movilizaciones en su apoyo, sino que éstas son un escalón más, en la serie de protestas populares que se vienen desarrollando en el país, por ejemplo con la de los campesinos, los cafeteros, los indígenas, los pequeños y medianos mineros, y los “indignados”. Según el alcalde, hoy están en movimiento lo que él denomina “las nuevas ciudadanías urbanas” que “son movimientos LGBTI, ambientalistas, muchísimos jóvenes que no pertenecen a ningún partido sino que se expresan en las corrientes animalistas, muchísima gente popular y humilde, los mismos recicladores”, le dijo en entrevista a la BBC.
Según Petro, hoy en Colombia se enfrentan dos proyectos, uno es el de los que siempre fueron partidarios de la guerra, y el otro, el de los que son partidarios de la paz. También a la BBC, Petro le señalaba que la misma Constitución del ’91 “fue la expresión de un proceso de lucha por la democracia que incluso fue armada. Porque esta Constitución es el pacto de paz entre el M-19 y el Estado” en donde dice que parte del M-19 dejó sus armas en 1989, asegurando luego que “en las elecciones de la asamblea nacional constituyente, y aun con el asesinato de quien era el dirigente del M-19 ganamos las elecciones” dijo Petro, señalando, a su vez: “Nosotros salimos de un movimiento insurgente y en cinco meses de dejar las armas ganamos las elecciones en todo el país para algo tan importante como una asamblea nacional constituyente, que lo que hizo fue una Constitución democrática. Que no se aplica, como usted puede verlo hoy, cabalmente”, advirtiendo: “Y he ahí un poco el centro y el nodo de la problemática del país: tenemos una carta democrática que no se aplica”.
Fuentes cercanas al alcalde Petro señalan que si la decisión del procurador quedase efectiva, se estaría ante la presencia de “un genocidio político” y que es una señal clara de que “los que piensan diferente deben abstenerse de hacer política”, con lo cual en Colombia se abre una bisagra que podría implicar una profundización de la democracia, o un retroceso inexorable.
Según lo expresado por Petro en la entrevista que le realizara la W Radio el pasado lunes, Colombia hoy está viviendo una “primavera” política, un verdadero “proceso constituyente” que no es solamente observable a partir de las movilizaciones en su apoyo, sino que éstas son un escalón más, en la serie de protestas populares que se vienen desarrollando en el país, por ejemplo con la de los campesinos, los cafeteros, los indígenas, los pequeños y medianos mineros, y los “indignados”. Según el alcalde, hoy están en movimiento lo que él denomina “las nuevas ciudadanías urbanas” que “son movimientos LGBTI, ambientalistas, muchísimos jóvenes que no pertenecen a ningún partido sino que se expresan en las corrientes animalistas, muchísima gente popular y humilde, los mismos recicladores”, le dijo en entrevista a la BBC.
Según Petro, hoy en Colombia se enfrentan dos proyectos, uno es el de los que siempre fueron partidarios de la guerra, y el otro, el de los que son partidarios de la paz. También a la BBC, Petro le señalaba que la misma Constitución del ’91 “fue la expresión de un proceso de lucha por la democracia que incluso fue armada. Porque esta Constitución es el pacto de paz entre el M-19 y el Estado” en donde dice que parte del M-19 dejó sus armas en 1989, asegurando luego que “en las elecciones de la asamblea nacional constituyente, y aun con el asesinato de quien era el dirigente del M-19 ganamos las elecciones” dijo Petro, señalando, a su vez: “Nosotros salimos de un movimiento insurgente y en cinco meses de dejar las armas ganamos las elecciones en todo el país para algo tan importante como una asamblea nacional constituyente, que lo que hizo fue una Constitución democrática. Que no se aplica, como usted puede verlo hoy, cabalmente”, advirtiendo: “Y he ahí un poco el centro y el nodo de la problemática del país: tenemos una carta democrática que no se aplica”.
Fuentes cercanas al alcalde Petro señalan que si la decisión del procurador quedase efectiva, se estaría ante la presencia de “un genocidio político” y que es una señal clara de que “los que piensan diferente deben abstenerse de hacer política”, con lo cual en Colombia se abre una bisagra que podría implicar una profundización de la democracia, o un retroceso inexorable.
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