Una reunión sin nada de cumbre

Panamá. Con la presencia suramericana sólo de los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y de Colombia, Juan Manuel Santos, la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado pasó sin pena ni gloria por la capital de Panamá.

La XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Panamá entre el 18 y el 19 de octubre, pasó a la historia de los encuentros formales entre los mandatarios respectivos como un verdadero fiasco que pone en tela de juicio la continuidad de un organismo como es la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Tal es así que de los 22 presidentes, asistieron menos de la mitad, y la nota saliente es que de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sólo estuvieron presentes en la cumbre los presidentes Juan Manuel Santos y Horacio Cartes, de Colombia y Paraguay, respectivamente. Tampoco la cumbre fue noticia de los principales medios latinoamericanos. En la Argentina, para dar un ejemplo, el matutino La Nación, refiriéndose en una nota al reposo médico indicado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sólo agregó en un pequeño apartado que su reemplazante para viajar a Panamá no iba a ser ni el vicepresidente Amado Boudou ni la vicepresidenta del Senado Beatriz Rojkés de Alperovich, sino el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, señalando que éste pidió “redefinir el espacio iberoamericano con reformas que permitan avanzar hacia una nueva arquitectura financiera internacional”. Las ausencias de los diferentes mandatarios llevan a variadas especulaciones, sobre todo en referencia a la importancia que le están dando hoy a esta cumbre los países de la región, teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas herramientas de integración. Si bien no fue noticia en el continente, medios españoles sí pusieron sobre el tapete el fracaso de la cumbre, sin detenerse demasiado en las resoluciones que se alcanzaron en ella. El diario El País tituló “El fiasco de Panamá agudiza la crisis de la comunidad iberoamericana”, señalando que la misma “sale malherida de la cumbre de Panamá”, agregando luego que “el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, deberá echar toda la carne en el asador para reanimar el año que viene en Veracruz a una organización que agoniza entre la indiferencia de muchos de sus socios”, ya que éstos, “en lo único en que se han puesto fácilmente de acuerdo es en que las cumbres de jefes de Estado y Gobierno se reúnan cada dos años a partir de 2014, en vez de anualmente como hasta ahora. Es decir, verse menos”.
Si bien la XXI Cumbre realizada en 2011 en Asunción, Paraguay, estuvo marcada también por un considerable faltazo de presidentes, aún nadie pronosticaba un declive tan sustancial como el que quedó evidenciado ahora, tras el encuentro realizado en Panamá. El que sí se preocupó tras la cumbre de Asunción fue el rey Juan Carlos, lo que hizo que tomase las riendas de la cumbre que se realizó el año pasado en Cádiz, España. En 2012, el monarca español no sólo centró su tarea en crear una agenda de debate que sea de interés para las diferentes partes, sino que hasta viajó a Brasil, para asegurarse la presencia de la presidenta Dilma Rousseff, quien en ese momento se estaba recuperando de una operación quirúrgica. La cumbre de Cádiz acunó el concepto de “Relación renovada”, y en torno de él giró una agenda que se centró principalmente en cuestiones económicas, y la posibilidad de internacionalizar al sector pyme de todos los países del bloque, teniendo en cuenta en primer lugar la crisis que afecta a países como España y Portugal. Pero el lleno total, que gracias al esfuerzo personal del rey se consiguió en Cádiz, se ve que no pudo impedir que el organismo mantuviera la crisis que ya se podía avizorar en 2011. Es más, en Panamá, ni siquiera Don Juan Carlos pudo estar debido a encontrarse convaleciente tras una operación en la cadera, y en su lugar participó el príncipe. Si bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su par de Uruguay José Mujica, no pudieron asistir debido a problemas de salud, resultaron significativas las ausencias de Dilma Rousseff (Brasil), Sebastián Piñera (Chile) y Ollanta Humala Tasso (Perú), mientras que se descontaba que el conjunto de mandatarios de los países integrantes de la Alianza Bolivariana por los Pueblos de América (ALBA) no estarían presentes en la cita. El mandatario boliviano Evo Morales canceló su participación casi sobre la hora, y no son pocos los que creen que la actitud tanto de Portugal como de España en relación con el lamentable episodio del avión presidencial del dignatario del altiplano fue decisiva para que los presidentes de las naciones integrantes del ALBA hayan tomado la determinación de no asistir a la cumbre.
Las ausencias de los presidentes de Chile y Perú sí llamaron la atención a los medios españoles, teniendo en cuenta que, siendo ellos parte de la Alianza del Pacífico, no acompañaron al presidente Santos, de Colombia, y a Enrique Peña Nieto, de México, quienes con su presencia tuvieron cierto protagonismo. En el caso de Santos, no es menor el dato de que el mandatario haya llevado como tema a la cumbre el pedido de apoyo del organismo a las negociaciones de paz que viene sosteniendo su gobierno con la guerrilla de las FARC, en La Habana, tema que en Colombia es considerado casi como el pasaporte del presidente hacia su reelección, en 2014. La presencia del jefe de Estado paraguayo Horacio Cartes resulta mucho más que verosímil, ya que habiendo asumido en su cargo el pasado 15 de agosto, se empeñó en restablecer relaciones diplomáticas con todo lo que esté a su alcance. Tal es así que en poco más de dos meses de gestión Cartes ya visitó Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y, además, en Panamá no se privó de participar de una reunión de sus colegas, los empresarios. “No son viajes de placer. En menos de dos meses estamos regularizando relaciones con países del bloque porque situaciones ajenas nos mantuvieron aislados”, le dijo al diario paraguayo La Nación el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, indicando que “el mundo debe saber que existe ahora seguridad jurídica en el Paraguay para sus inversiones”, y que “en un mundo altamente competitivo no se puede permanecer aislado”. Por su parte, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, asumió en Panamá la presidencia pro témpore de la Organización de Estados Iberoamericanos, y en 2014 será el anfitrión de la Cumbre que se realizará en su país. Vale señalar que luego de ese encuentro que tendrá lugar en la ciudad de Veracruz, las anuales cumbres pasarán a realizarse cada dos años. Esta decisión de extender los intervalos surge justamente de considerar que hay algo que no marcha como resultaría óptimo para que la agenda prosiga como hasta ahora.
Entre las diferentes especulaciones acerca del porqué del fracaso de la cumbre de Panamá, muchos analistas sostienen que se debe a las diferencias políticas e ideológicas de los diferentes mandatarios, pero también a la superposición y sobrecarga de agendas multilaterales. Bien vale, entonces, hacer un poco de historia al respecto, y poner un interrogante sobre la mesa de discusión, acerca de si es necesaria la prosecución orgánica de una comunidad como la iberoamericana, en un tiempo en el cual el tablero geopolítico internacional cambió sustancialmente, desde el momento en que este tipo de encuentros comenzaron a hacerse a principio de los ’90.

Mucha agua pasó debajo del puente. Si bien la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) fue creada en 1949, con los objetivos de potenciar la educación, la ciencia y la cultura entre las naciones parte, recién en 1991 fue cuando se celebraría la primera cumbre de jefes de Estado de dicha comunidad, para adquirir a partir de ahí el status de encuentro anual, y la celebración de acuerdos que excedían largamente los objetivos iniciales. La primera sede fue la ciudad mexicana de Guadalajara, cuando el presidente de ese país era Carlos Salinas de Gortari, y a partir de ese año se repetiría anualmente hasta la actualidad. El contexto sociopolítico y económico de ese tiempo estaba marcado por dos aspectos sustanciales: era casi el comienzo de la fase unipolar, tras el final de la guerra fría y el derrumbe de los socialismos reales; y por otro lado, pero de manera simultánea, la imposición de las más crudas recetas neoliberales, que en la región latinoamericana implicarían el desguace de los Estados nacionales, el proceso de privatizaciones de las principales empresas públicas, y el paradigma del ajuste, como variable que retrotraía a varias décadas atrás, las conquistas logradas por los trabajadores y los diferentes sectores populares.
El pasaje de un mundo bipolar a otro de carácter unipolar implicaba necesariamente la fragmentación continental de las regiones menos desarrolladas. Era, por entonces, casi una utopía pensar procesos de integración regional como los que en el continente se vienen desarrollando desde la primera década de este siglo. Vale recordar que por esos tiempos, el por entonces presidente argentino Carlos Menem, hablaba de la entrada del país al Mundo Uno. Una ilusión que se fue derrumbando, para mostrar la cara más impúdica del neoliberalismo, pero que no era exclusividad de este país, sino que era el sello distintivo de la ideología de sumisión imperante en las diferentes naciones de la región. Los mencionados Salinas de Gortari y Menem, Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori fueron algunos de los nombres propios de ese mapa regional sumido en las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que sumergirían a las naciones en mayor atraso y dependencia. En ese contexto regional es cuando comienza a tener relevancia una Cumbre Iberoamericana, patrocinada principalmente por los gobiernos socialdemócratas de España y Portugal, que comenzaron a ver con beneplácito la expansión del empresariado de la península ibérica hacia la región para hacerse cargo muchas veces de las empresas de servicios que habían sido públicas, y ahora debían ser privadas.
En un ciclo de conferencias que el historiador británico Eric Hobsbawn celebrara en 2004, sobre el impacto de la globalización, el autor señalaba que en 1989, con el derrumbe de la bipolaridad, nadie podía advertir las implicancias de inestabilidad internacional que vendrían a posteriori, y que en los albores del siglo XXI bien valía subrayar que el intento unipolar nunca pudo ser efectivo ni consolidarse, a pesar de sumir a grandes porciones del planeta en una “notable balcanización” en la cual se debiera leer la fragmentación de los continentes más postergados. El proceso de integración latinoamericano sin dudas no es ajeno a la irrupción de diferentes actores globales, principalmente euroasiáticos, como Rusia, China e India, que comenzaron a proponer un nuevo tablero geopolítico multipolar, que descomprimiera la hegemonía estadounidense y de sus socios de la Comunidad Europea. La presencia de Brasil, no solamente como una de las principales economías emergentes (la sexta en el planeta) sino como integrante de los denominados Brics, inyectó en la región un renovado espíritu de integración continental que, si bien tuvo como inicio al Mercosur, se fue potenciando con organismos más amplios y contenedores como lo son la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y ahora la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Con toda esta reconfiguración hoy vale señalar que de los viejos socios comerciales de los Estados suramericanos va quedando muy poco. Para dar algunos ejemplos: el principal socio comercial del gigante suramericano hoy es China.
El surgimiento de otros agrupamientos como el ALBA también miran hacia otros lugares del planeta para potenciar sus economías, e incluso en la recientemente conformada Alianza del Pacífico, más proclive a aceptar el ideario neoliberal ven con recelo establecer mecanismos de cooperación comercial o económica con países europeos hoy sumidos en profundas crisis. El viraje hacia la Unasur, que realizara el presidente colombiano Juan Manuel Santos diferenciándose de su antecesor Álvaro Uribe, es una muestra clara de eso.
La existencia de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, iniciada en 1991, mal que pese tuvo la cualidad de ser profundamente funcional a la incidencia norteamericana en la región. En 1996 iba a asumir el gobierno de España uno de los principales socios de los EE.UU., el derechista José María Aznar, quien no solamente acompañaría las recetas neoliberales, sino también las aventuras bélicas de la potencia del Norte.
El recordado “por qué no te callas” vociferado por el rey Juan Carlos hacia el por entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, dicho en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile en 2007, vale señalar que aludía en primer lugar a la caracterización de “fascista” que el mandatario bolivariano hizo con respecto a Aznar, y al que el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero le pedía que tratara con respeto.
La crisis de la comunidad iberoamericana habría que precisar que antes que nada responde a una nueva realidad socioeconómica global, que se expresa en intereses diferenciados cuando no contrapuestos, y que hoy las naciones latinoamericanas tienen un plafond muy diferente a cuando se iniciaran las cumbres, allá por 1991. Según Tiberio Graziani, director de la revista Eurasia, de estudios geopolíticos, que se publica en Italia, hoy asistimos a una nueva configuración multipolar, en la cual el Mundo Occidental (Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón) se encuentra en crisis a partir del surgimiento de nuevos actores emergentes como son las potencias euroasiáticas nucleadas en los BRICS, y Suramérica. Si existe alguna oportunidad de que los países europeos sumidos en crisis puedan salir de ella, según Graziani, es rompiendo con el alineamiento a Estados Unidos y buscando la gran integración continental dentro de lo que él denomina Eurasia, que por otra parte sería el ámbito natural en el cual las diferentes naciones europeas puedan estar contenidas.
También hoy existen en España grupos como la denominada Izquierda Hispánica, que reivindican el actual proceso integrador latinoamericano, y que desearían que los países de la península se alejaran de la Zona Euro para integrarse a una gran nación iberoamericana. Posiblemente, sea una buena idea, aunque nadie hoy en nuestra región aceptaría la tutela de un rey y, mucho menos, de sus imperativos patriarcales.

Correa, el aborto y la renuncia

Télam

En declaraciones públicas, Rafael Correa dijo el jueves 10 que, si prosperaba en la Asamblea Nacional la iniciativa de despenalización del aborto, él no dudaría en renunciar. Tras mostrarse contrario a la legalización propuesta por un grupo de asambleístas de su propio partido, Correa dijo que “si siguen estas traiciones y deslealtades, yo presentaré mi renuncia al cargo. Para defender la vida estoy dispuesto a renunciar y la historia sabrá juzgarme”. La advertencia del mandatario surtió efecto inmediato y descomprimió un debate que en primer lugar dividía a la fuerza oficialista.
El 10 se inició en Ecuador el debate para la promulgación de un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), y la Asamblea aprobó los libros Preliminar, Primero y Segundo, mientras que para la semana entrante está prevista la resolución del último libro sobre ejecuciones de penas y resoluciones. Sin entrar en grandes detalles sobre este nuevo código, vale señalar que a través del mismo se tipifican delitos como el femicidio, la trata de personas, la mala praxis médica y también algunas recomendaciones de organismos internacionales como el GAFI. El dato saliente del inicio del debate fue que un grupo de legisladoras de la Alianza País presentaron la iniciativa de agregarle al Artículo 149 una enmienda que despenalizara al aborto en caso de violación. Dicho apartado sólo contempla la interrupción del embarazo en caso de que la víctima de una violación tenga deficiencias mentales, o cuando el proceso de gestación hacía peligrar la vida de la mujer. El presidente de la Comisión de Justicia Mauro Andino realizó una enfática defensa del artículo en cuestión. La asambleísta Paola Pabón propuso que en él se debería contemplar la interrupción del embarazo en caso de violación, a lo que su compañera de bancada Soledad Buendía argumentó que “en 2010, 3.684 niñas fueron víctimas de violencia sexual, 1 de cada 4 en edad fértil han sido violadas. No son sólo cifras, son vidas humanas... Nosotras, las mujeres, buscamos igualdad en esta sociedad y solicitamos a la Comisión que en el artículo 149 se incorpore el texto (permitido el aborto) si el embarazo es consecuencia de una violación. Queremos que el Código Penal sea una herramienta para la justicia, para luchar contra la impunidad y se permita un cambio cultural necesario que les debemos a las futuras generaciones”. A esta propuesta se sumaron varios asambleístas más, casi todas mujeres, del bloque legislativo de País. Blanca Argüello señalaba que en el artículo hay discriminación, ya que una mujer, independientemente de su salud mental, tiene que tener el derecho al aborto en caso de violación. En el inicio de la sesión, la presidenta en ejercicio de la Asamblea Rosana Alvarado leyó una carta enviada por la presidenta del Senado de Bolivia Gabriela Montaño señalando los cambios producidos en el Código Penal del país del altiplano (entre los cuales se encuentra tipificada la no punibilidad del aborto en caso de violación): “Nuestra esperanza es que las innovaciones que se han realizado en la Justicia boliviana sean un aporte para la realidad del Ecuador. Es un avance en las reivindicaciones de las mujeres en su lucha por el respeto de sus derechos”.
El debate hizo que se tensara la cuerda del bloque oficialista, y que la asambleísta Paola Pabón, una de las más fervientes defensoras del aborto no punible, propusiera votar en forma individual la moción y no en bloque, a lo cual otra legisladora también de País, Betty Carrillo, apelara a “la cláusula de conciencia”, con lo cual iba a ser la primera vez que País se iba a dividir legislativamente para votar una norma. La sesión del jueves fue suspendida tras una hora de debate para el viernes, en el medio el presidente Correa hizo las declaraciones sobre su renuncia. “A mí me han costado mucho más trabajo las deslealtades, las traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos”, dijo Correa, señalando que está “cansado de que se llenen la boca hablando de democracia, y luego hagan todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad. Que hagan lo que quieran, yo jamás aprobaré la despenalización del aborto”. El mandatario precisó además que en la nueva Constitución está escrito “defender la vida desde la concepción”, y de manera enfática dijo: “Hemos hablado muy claro, cualquier cosa que se aparte de esa línea simplemente es traición, y parece que eso está sucediendo en la Asamblea Nacional”.
El pronunciamiento de Correa tuvo efecto sobre el bloque legislativo, y fue así que el viernes, tras iniciarse una nueva sesión, Paola Pabón retiró la moción de despenalizar el aborto en caso de violación. “Aquí no están los traidores, compañero Presidente”, dijo la asambleísta en el recinto, agregando que ella es parte de “los que defendieron el Yasuní, y la Ley de Comunicación” y que “con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis 100 compañeros asambleístas, retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura”.

Interrogantes a dilucidar. Varias especulaciones se hicieron al respecto, entre las que se destaca el hecho de preguntarse si la Alianza País entró en crisis, más allá del tema específico del aborto. Cuánta injerencia tuvo la Iglesia en la decisión del mandatario, reflotando así un debate sobre la laicidad del Estado; y a su vez qué importancia tiene tomar una posición en referencia a la interrupción del embarazo, que no afecte el consenso de la fuerza mayoritaria del país, con relación a una población que aún conserva rasgos de conservadurismo.
En relación con el tema de la unidad del partido, es importante señalar que el jueves 10, tras la finalización de la sesión parlamentaria, los asambleístas de País se reunieron para poner sobre la mesa el Código de Ética, ya que como se señalaba, hubo quienes habían propuesto votar a conciencia, o individualmente. Según el código, la minoría debe acatar la voluntad mayoritaria, para que la fuerza no se fraccione, y el hecho de votar según lo que la conciencia individual dictamine sería así un atropello a dicha regla.
Pero a pesar de que el 80% de la alianza oficialista era proclive a votar en contra de la no punibilidad del aborto, el presidente tuvo que salir a hacer declaraciones altisonantes para reclamar que la escisión no se produzca. Varios analistas ecuatorianos tienden a pensar que aún existen en País agrupamientos políticos que si bien son parte de la coalición, tienen agenda propia diferenciada, como hasta 2011 tuviera el grupo Ruptura 25, que ese año se escindió de País, a pesar de haber sido uno de los artífices principales de la conformación de la alianza que fuera formalmente lanzada en enero de 2006. Hoy, Ruptura 25 es un partido que se dice de izquierda moderna y contemporánea, y que en este año presentara candidato presidencial propio.
Si bien desde el siglo XIX el Estado ecuatoriano posee estatus de laico, cuando el líder liberal Eloy Alfaro lo proclamara como tal, no son pocos los que creen que el presidente Correa es proclive a aceptar ciertos condicionamientos de la curia. Tal es así que tras las declaraciones del mandatario, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), monseñor Antonio Arregui, dijo que está “impresionado por el coraje y la calidad con la que habló el presidente”. Pero también vale subrayar que las sugerencias que Human Right Watch (HRW), a través de su director José Miguel Vivanco, enviara a Ecuador sobre los cuidados a tener en cuanto a la confección del Código Penal, no fueron consideradas en absoluto. HRW se caracteriza justamente por ejercer presión sobre los países que no son bien vistos por los Estados Unidos. Tal vez fue determinante en la decisión del mandatario la existencia en la población ecuatoriana de un fuerte sedimento religioso, no dispuesto a aceptar una normativa que vaya en contra de la Iglesia, y tal vez por esa misma razón, además de amenazar con la renuncia, Correa sugirió llevar el controvertido tema a una consulta popular.
Bien vale señalar que las propuestas del grupo de asambleístas que proponían la despenalización del aborto, alguna vez deberían ser consideradas si el proceso transformador que se inició con la Revolución Ciudadana se sostiene en el tiempo.
Según dice la periodista argentina Daniela Godoy, especializada en el tema de género, “la necesidad de pensar la legalización del aborto responde no solamente a un problema de salud pública, sino que desafía un orden patriarcal que se recicla y se renueva porque sus presupuestos no son revisados o, si lo son, se consideran como ajenos a los verdaderos problemas políticos y sociales que siempre aparecen más urgentes”. Según Godoy, esta problemática siempre rompe con la concepción partidaria, y se establece como una apuesta a resolver transversalmente.

Evo Morales: “Debemos ganar con el 74%”

Bolivia. A un año de las futuras elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2014, Evo Morales hizo públicos los lineamientos a seguir en un Ampliado nacional de la alianza Movimiento al Socialismo MAS-IPSP.

En octubre de 2014 se realizarán las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Así lo determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSP) los últimos días de septiembre. Si bien falta un año, el actual mandatario Evo Morales Ayma, el sábado 5 de octubre, en un Ampliado nacional del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía del los Pueblos (MAS-IPSP), se explayó ante la numerosa militancia presente sobre la estrategia a seguir por esa fuerza política para afrontar las elecciones. La previsión temporal se fundamenta en que no se trata sólo de cómo organizar una campaña electoral, sino que se debe articular con la construcción del poder popular suficiente para profundizar lo que en Bolivia se conoce como revolución democrática y cultural. Evo puso en consideración, para próximos debates a realizarse en una serie de ampliados, el programa de gobierno que el pueblo boliviano deberá elegir en las próximas elecciones, y que según él debiera salir de las mismas bases de la sociedad, enmarcado en lo que en el país se conoce como la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
Ese sábado 5, el Coliseo de la Coronilla se encontraba colmado por más de un millar de delegados partidarios y autoridades electas. Allí se daban cita delegados de los nueve departamentos que constituyen el Estado Plurinacional, entre los cuales se destacaban los referentes de los diversos movimientos sociales que constituyen al MAS, campesinos, indígenas, mineros, mujeres, choferes, trabajadores cooperativistas.
Al inaugurar el Ampliado, Evo Morales expresó que el reto mayor debe ser planificar cómo se tiene que organizar y actuar el partido en una “gran movilización nacional para garantizar el triunfo del pueblo boliviano, el triunfo de la revolución democrática y cultural”. Y agregó: “Cada elección debemos aumentar 10% ya que está en nuestros manos, tenemos programa, tenemos principios, tenemos partido, tenemos movimientos sociales”.
Realizando una cronología histórica, el dignatario andino sostuvo que en 2002, cuando nadie pronosticaba con demasiado optimismo que el MAS (llevándolo por primera vez como candidato presidencial) obtuviera mucho más que un 8%, la fuerza logró alcanzar el 20% perdiendo por menos de un punto porcentual contra una coalición de cinco partidos que encabezaba el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario). En 2005, el MAS sí lograría imponerse por el 54% de los votos, rompiendo con una larga inercia de pactos entre partidos tradicionales que desde la década del ’80 sostuvieran obsecuentemente en el país las recetas neoliberales promovidas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
“Este ampliado del MAS-IPSP debe marcar acá otro hecho histórico y la meta para mí es ganar con 74%”, dijo Evo en el Coliseo de la Coronilla recordando que a partir de 2005 el MAS electoralmente no paró de crecer obteniendo seis triunfos electorales consecutivos, como nunca antes había logrado ninguna otra fuerza en Bolivia. “En 2002 obtuvimos el 20%, pero cuando ganamos las elecciones, en 2005, fue con 54%. Llega 2009 y ganamos con 64%, es decir, 10% más que en la anterior elección y ahora la meta debe ser llegar el próximo año al 74%”.
Ante la insistencia y la presión opositora, cuando en 2009 se realizó el Referéndum Revocatorio, Morales fue ratificado con el 64%. Cuando se hizo el referendo por la nueva Constitución, esta recibió el apoyo del 70%, dijo el mandatario, haciendo mención a que en la historia de Bolivia, ninguna organización política pudo ganar seis votaciones consecutivas como lo hiciera el MAS-IPSP, tres de ellas con más del 50% y tres con más del 60%. Entre éstas cuentan elecciones generales, municipales y departamentales, y esto, a su juicio, se debe gracias a los dirigentes y a las bases de todo el movimiento político y social que constituye el MAS-IPSP, logrando obtener así siete gobernaciones de las nueve existentes y 280 alcaldías de las 341 registradas en territorio nacional. “No creo que venga otro partido que pueda batir el récord logrado por el MAS-IPSP junto a los movimientos sociales de toda Bolivia”, dijo Evo, pidiéndole al ampliado sostener en el tiempo los cambios producidos en la sociedad boliviana.
Pero el énfasis puesto en el porcentaje a alcanzar en las presidenciales de octubre de 2014, fue acompañado de múltiples sugerencias que el mandatario le hiciera a las bases, con respecto al trabajo político que la fuerza que conduce debe realizar para alcanzar ese objetivo. “Lo más importante para mí es el tema de unidad. Unidad orgánica y unidad política y tenemos tiempo todavía para superar, mejorar y unirnos”, le manifestó Evo a los concurrentes, ya que para él “la unidad es el triunfo del pueblo, es la derrota del imperio, es un programa con principios” porque “la unidad en Bolivia es sepultura para los neoliberales”. En ese sentido, Morales propuso que para alcanzar el triunfo esperado es necesario posponer intereses y ambiciones personales para trabajar por el conjunto de la sociedad, convocando a todos aquellos dirigentes y personas de base comprometidas con las causas populares, a trabajar por esa unidad. Si bien en el mensaje Evo hizo referencia a todos esos oportunistas que hacen de la política un instrumento para beneficio propio, no dejó de enfatizar en lo dicho, sobre un problema que el MAS viene acarreando y que es el de la contraposición entre los intereses corporativos propios a determinados movimientos sociales, y el interés político general.
El mandatario recomendó, a su vez, comenzar a acumular material y recursos para la campaña electoral. Dicha tarea en primer lugar deberán encararla los alcaldes, concejales y dirigentes sindicales a través del autofinanciamiento. Una misión sustantiva será para el MAS, la de reinscribir militantes, en la cual la tarea de los dirigentes implicará un redoble de los esfuerzos, debido a la falta de recursos con los que se cuenta para llevar adelante dicho quehacer.

La reversión del poder. Si bien en las experiencias democráticas (ya sean progresistas o retardatarias) resulta siempre el candidato presidencial el que tracciona la marea de votos a favor de las instancias distritales o locales, la apuesta que Evo Morales dejó entrever en el ampliado de Cochabamba pareciera apuntar a que los verdaderos artífices del eventual triunfo electoral (y, fundamentalmente, por el porcentaje al que aspira), sean éstos los alcaldes, los que llevan adelante las gestiones más próximas al ciudadano de a pie. La mejor campaña debe surgir de las alcaldías mismas, sostuvo, agregando que a través de la ayuda del gobierno central y de los departamentales, los representantes locales “deben tomar en cuenta esta recomendación consistente en que la mejor campaña será invertir, prestar servicio, salud, educación y servicios básicos a todas nuestras bases en Bolivia”, sugirió.
En el plano ideológico, Evo ratificó el rumbo tanto anticapitalista como antiimperialista, sugiriendo que todo el pueblo aporte a consolidar la Agenda Patriótica del Bicentenario 2015, y para lo cual están previstos nuevos encuentros ampliados para debatir sobre esas propuestas. En noviembre se realizará el próximo plenario, en el cual participarán todos los sectores sociales, federaciones y confederaciones nacionales para debatir el programa de Gobierno y los principios rectores del MAS-IPSP, junto a los movimientos sociales. “Convocaremos para preparar el programa de gobierno. El programa de gobierno no debe venir de arriba, debe salir del pueblo boliviano y convocamos a nuestros profesionales a ordenar esa gran reivindicación social, cultural, económica, productiva”, dijo Evo, reiterando que ese plan es la agenda patriótica del bicentenario, mientras que en el ampliado siguiente, que según informaba el departamento de prensa del Ministerio de la Presidencia, se realizará aproximadamente en cuatro meses, y que será para preparar la forma de elección de los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados plurinominales, uninominales y senadores. “Quienes desde ahora están proclamándose se equivocan, no es tiempo de proclamar candidatos, es tiempo de planificar la movilización”, dijo Morales, recomendándole a las autoridades nacionales trabajar en un 50% de su tiempo en la campaña con miras a las elecciones de octubre del próximo año.
Si bien el liderazgo de Evo Morales es en Bolivia un dato indubitable, y una de las razones principales para que el MAS esté en el gobierno desde enero de 2006, ningún analista puede negar la importancia que tiene la base social conformada por movimientos populares, en la cual se sostiene “el proceso de cambio”. De todas formas, aunque esa base haya protagonizado antes de asumir la gestión, casi una década de resistencia social, no pocos analistas sostienen que aún hoy, el MAS no pudo conformarse como una verdadera herramienta política, prevaleciendo muchos rasgos, que le dan más la característica de una coordinación de movimientos sociales, con todas las implicancias desfavorables, que de ello resulta. En una nota publicada en septiembre, en el suplemento Animal Político del diario La Razón, firmada por Ricardo Aguilar Agramont, y en la cual el autor cita a diversas fuentes, muchos coinciden en este diagnóstico, incluso funcionarios del gobierno como el ministro Carlos Romero. Este último señala que los movimientos sociales “tienden a desarrollarse como estructuras paralelas”, y que aunque el presidente Morales “ha optado” por darles “mayor protagonismo”, en muchos casos ese “paralelismo”, puede “debilitar” la acción del partido. “Eso yo lo vería como un problema que ha sabido ser detenido”, señalaba Romero. Por su parte, la socióloga María Teresa Zegada apuntaba en la nota que el “gran desafío” del MAS no es “llegar al poder” como para otros partidos, porque más bien lo hizo de forma rápida. Según Zegada, “su reto es el de construir su institucionalidad organizativa”, ya que el MAS, al acoplarse a la lógica de funcionamiento de las organizaciones sociales, tiene ventajas, como contar con una base social disciplinada y activa, pero también la desventaja y “los riesgos” de una corporativización partidaria, en la que “primen más los intereses de los sectores que los intereses del partido o que se entremezclen”. Zegada daba el ejemplo del sector cooperativista, que además de respaldar al MAS, “tiene representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo” y ejerce desde ahí presiones ligadas a sus intereses sectoriales, lo cual puede “distorsionar los fines ideológicos del partido”. Para la analista, encarar el desarrollo institucional es el “gran reto” del partido de gobierno. En general, muchos analistas en la mencionada nota coincidían que una visión corporativizada de la política puede llegar a hacer que prevalezca más una mirada gremial que una política.
Detenerse en estas consideraciones acerca de las contradicciones entre intereses corporativos e interés general, al igual que entre movimiento político y coordinación de movimientos sociales, adquiere gran relevancia a partir de las propuestas que el mandatario Evo Morales realizara en el ampliado del MAS realizado en el Coliseo de la Coronilla. Además de sugerir que se privilegien los intereses de la nación en su conjunto, el líder masista expresó la necesidad de debatir el programa de gobierno, lo cual ya es un hecho político, que si tiene algún precedente en el país del altiplano, es el debate popular realizado en la Asamblea Constituyente para establecer la nueva Constitución Política de Estado (CPE).
“La agenda patriótica será el Programa de Gobierno que venga de los distintos sectores (…), el Programa de Gobierno debe salir de nosotros”, dijo Evo en Cochabamba.
Considerando el lanzamiento de una campaña, un año antes de los comicios, habría que suponer que se fundamenta en mucho más que una razón que sea la explícitamente electoral, y que por ende excede largamente los cronogramas de las democracias realmente existentes. En Bolivia, por lo que se puede observar, lo que está principalmente en juego es una horizontalización y reversión del poder, o al menos la constitución de un nuevo paradigma de poder, en el cual los diferentes actores adquieran un protagonismo, que no necesariamente el umbral de la democracia liberal, expresamente contiene, y que la mayoría de las veces intenta socavarlo, acallándolo, para privilegiar intereses de minorías económicamente predominantes. Esas minorías que gobernaron por décadas y que son reacias a perder sus beneficios corporativos.
Sin lugar a dudas, la apuesta de aumentar el caudal electoral un 10% en cada elección, excede lo estrictamente cuantitativo, y va por un salto cualitativo en el nivel de conciencia y organización del pueblo boliviano en su totalidad. Construir un 74% implica necesariamente un peldaño más arriba en las relaciones de fuerzas, ya no entendidas simplemente como un resultado electoral eventual (que bien podría ser azaroso o casual), sino como la necesidad de que el ciudadano de Bolivia comprenda subjetivamente que un proceso como la revolución democrática y cultural ya no debe estar sujeto a eventuales retrocesos, y que él mismo es partícipe necesario de ese no retorno.

Y a pesar de todo. Si bien tanto en Bolivia como en el resto de los países de la región, los medios de información son muy susceptibles a considerar lo que puedan decir desde los países centrales, esta vez no pudieron desconocer que en la semana que pasó, más precisamente el martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecerá 5,4% en 2013 y se colocará entre las tres economías que más progresarán este año, junto a Perú (5,4%) y por debajo de Paraguay (12%). En su informe “Perspectivas económicas mundiales” el organismo multilateral consideró que Bolivia crecerá 5% en 2014 y será la segunda economía que más progresará ese año, por debajo de Perú con 5,7%. Si bien crecimiento no se corresponde necesariamente con desarrollo o inclusión, los datos señalados valen, al menos para cierta opinión pública. Tampoco pueden decir tanto, esos medios, acerca de los progresos del país del altiplano, con respecto a la lucha contra el narcotráfico, tras dar grandes saltos en esa materia, después de haber expulsado a la DEA en 2008, considerada esa agencia norteamericana como la garantía de la lucha antinarcóticos.

Ecuador. Con decisión política

Se presentaron los primeros casos por crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 1984, durante el gobierno del presidente social cristiano León Febres Cordero. Las razones de Correa y el movimiento Alfaro Vive Carajo.

Susana Cajas. La militante del Alfaro Vive Carajo, que fuera torturada durante el gobierno de Febres Cordero, a la salida de la sede de la Corte Nacional de Justicia.

En un hecho histórico, la Fiscalía de Ecuador presentó ante la Justicia el pasado martes 1º de octubre el primer caso por crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese país. “Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan sino porque nunca hubo ni la decisión política ni judicial de poder abarcar estos crímenes”, dijo Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía del país andino, agregando que “Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, las víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia”.
El 7 de octubre de 1988, Ecuador firmó el Estatuto de Roma, ratificándolo el 5 de febrero de 2002, con lo cual el país andino quedó sujeto a las normativas de la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo a dicho estatuto, una nación acepta la competencia del derecho internacional para el juzgamiento de todos los delitos tipificados como de lesa humanidad.
A poco de haber asumido su primer mandato en enero de 2007, Rafael Correa creo por decreto presidencial la Comisión de la Verdad. Comisión que, si bien fue constituida principalmente para investigar los diversos crímenes cometidos durante el gobierno del ya fallecido ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), se hizo extensiva, incorporando hechos producidos con posterioridad.
El proceso denominado “Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín”, que investiga desaparición forzada, violencia sexual, torturas físicas y psicológicas realizadas contra dichos ciudadanos (ocurridos entre 1985 y 1988) es el primero de los casos, de una larga lista elaborada por la Comisión de la Verdad entre 2007 y 2010 que la Fiscalía presentó ante la Justicia.
El martes por la mañana, en la sede de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general de Estado Galo Chiriboga Zambrano, tras las casi dos horas que se tomó para exponer los detalles de la investigación referentes al caso, le pidió a la jueza Lucy Blacio, que se haga efectiva la prisión preventiva para los diez oficiales tanto del Ejército como de la Policía, a quienes se les ha iniciado la instrucción fiscal, por encontrarse implicados todos ellos en presuntos delitos de lesa humanidad.

El caso. Si bien en 1979 se produjo en Ecuador el retorno de la democracia, la misma nunca fue demasiado estable hasta la llegada de Rafael Correa a la presidencia en 2007. Las crisis institucionales, políticas y económicas fueron un sello distintivo durante todo ese lapso, y más precisamente en 1984 cuando el palacio Carondelet tuviera como inquilino al ya fallecido León Febres Cordero. El país traía de arrastre una grave crisis económica que potenció la resistencia social, generando la conformación de grupos radicalizados, como el movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) que surgió como un movimiento de reivindicación de las demandas populares ante la crisis. La respuesta estatal, fue la represión más encarnizada. El gobierno de Febres Cordero adoptó un sistema de contrainsurgencia tal vez mucho más cruel que el que había desplegado la dictadura entre 1972 y 1979. Con la excusa de una supuesta guerra contra el terrorismo, la fuerza pública llevó adelante múltiples violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas.
El primer caso de crímenes de lesa humanidad que llega a la justicia ecuatoriana, al igual que los otros 140, se encuentra comprendido durante este período en el cual el gobierno de Febres enfrentó a la insurgencia del Alfaro Vive y la resistencia social.
Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Javier Francisco Jarrin Sánchez fueron detenidos el 10 de noviembre de 1985 de manera arbitraria, por efectivos del Ejército, en el Parque Infantil de la ciudad de Esmeraldas, y de allí fueron trasladados al Batallón Escuela de Ingenieros No. 1 “Montufar”. En el parte informativo, fechado un día después de la detención, se informó a la Comandancia General del Ejército la captura de los mismos resaltando que “cabe informar que la sujeto no ha sido maltratada y sería necesario se le haga un nuevo interrogatorio ya que está mintiendo”. Honestidad brutal.
Dos días después de la detención, los tres ciudadanos fueron trasladados a Quito, más precisamente al Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) ubicado en la parroquia rural de Conocoto. Allí fueron víctimas de varias torturas tanto físicas, psicológicas e incluso sexuales. Según señala un documento de la fiscalía, 15 días después Susana Cajas y Javier Jarrin fueron liberados y trasladados por el sector de Cumbayá, en donde los dejaron con los ojos vendados y las manos amarradas. Pero, minutos más tarde, tras la llegada de un patrullero, los detuvieron a ambos aduciendo que Cajas portaba una cédula de ciudadanía falsa, siendo trasladados al comando de la Policía. Mientras tanto, Luis Vaca, permaneció aproximadamente dos años y medio detenido en las instalaciones del Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), sin que nadie conozca su paradero. Las instituciones de la fuerza pública (policial y militar), así como los ministerios de Defensa y de Gobierno, decían no saber nada sobre su paradero, hasta que fuera liberado a mediados de 1988. Según el alegato del fiscal Chiriboga en la audiencia, tras la detención, los tres ciudadanos fueron confinados a “mazmorras malolientes”, agregando que “sin fórmula de juicio (ningún tipo de audiencia) se les torturó, golpeó, sumergió en agua y pasó electricidad por el cuerpo, especialmente y de forma sádica por los genitales”.
“Después de dos semanas de torturas y violencia sexual –continuó el fiscal-, a Cajas y Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, agregando que “instantes después, un grupo de policías los detuvieron nuevamente”, mientras que a Vaca lo mantuvieron desaparecido por casi tres años e incluso borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares. Chiriboga comentó a su vez que Vaca tenía un hermano que era militar y “casi por casualidad” descubrió dónde estaba su pariente, señalando que “al poco tiempo, el hermano de Luis Vaca estaba muerto”. Y añadió que la esposa de Vaca también fue “detenida arbitrariamente (estando) embarazada y dio a luz en la cárcel”. Agregó también que la hermana de Cajas fue “detenida arbitrariamente y torturada”.
Chiriboga acusó así a cuatro coroneles y cinco generales del Ejército, más un general de la Policía Nacional, todos en servicio pasivo, y que oscilan entre los 58 y los 81 años de edad. “Tenemos indicios claros y precisos de que los involucrados tienen que ver con los delitos”, dijo Chiriboga. En el grupo de los acusados, figuran los generales del Ejército Luis Piñeiros y Jorge Asanza, ex ministros de Defensa del ex presidente Febres Cordero, y el ex jefe de la policía Edgar Vaca, también vinculado con el gobierno derechista de esa época. La Fiscalía hizo saber que con la formulación de los cargos contra los 10 uniformados, cumple con parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, tales como garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en el país, así como investigar y procurar sanción a todos aquellos que los vulneran. Durante la audiencia en la que participaron cerca de doscientas personas, el fiscal Chiriboga realizó una amplia y detallada exposición sobre la situación geopolítica de Latinoamérica y de su país, así como de las sanciones que se prevé para los delitos de lesa humanidad en la legislación internacional, aunque en este caso, expresó que se aplicará la normativa nacional.
Ante la solicitud de prisión preventiva para los 10 uniformados realizada por el fiscal, la jueza Lucy Blacio dictaminó esa pena para tres de los acusados, dos militares y un policía, mientras que para otros seis determinó prisión domiciliaria y para un séptimo solamente el impedimento de salir del país, debido a padecer un muy delicado estado de salud.
Dos de los tres acusados que deben cumplir prisión preventiva no se encuentran hoy en Ecuador, y por lo mismo se extenderán órdenes de extradición. Por su parte, los defensores de los imputados (que no estuvieron presentes en la audiencia) reclamaron que todos ellos continúen en libertad, presentando incluso certificados médicos que acreditan la necesidad de sus defendidos de recibir atención diaria en centros médicos.
Luis Vaca y Susana Cajas -quien hoy es asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País-, habiendo estado presentes en la audiencia coincidieron en calificar de “día histórico”, expresando su esperanza de que se siga el debido proceso. Una vez iniciada el martes la instrucción fiscal, se tendrán 90 días para investigar los hechos acontecidos hace más de dos décadas, a sabiendas de que los delitos contra la humanidad no prescriben.
A la audiencia realizada en el tribunal supremo ecuatoriano asistieron los fiscales generales de Venezuela y Perú, Luisa Ortega y José Peláez, respectivamente, además de representantes de la Procuraduría argentina, de magistrados de Panamá, el canciller Ricardo Patiño, y el director nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. También varios ciudadanos con pañuelos en el cuello en los que se podía leer “Alfaro Vive”.
La presencia de autoridades internacionales a la formulación de cargos se debe a que, en la historia judicial del Ecuador, es la primera vez que se lleva ante los jueces un caso de lesa humanidad, y que este tipo de procesos judiciales ya tuvieron desarrollo en las cortes nacionales de las autoridades presentes, en donde se lograron condenas ejemplares, no solamente contra los autores materiales de los crímenes, sino también contra aquellos altos mandos militares, policiales y de Gobierno que impartieron las órdenes de llevarlos adelante. Tal vez el caso argentino resulte emblemático al respecto, en cuanto a la condena ejemplar a represores y genocidas, logrando abrir así un camino certero para romper la impunidad, y rescatar la memoria histórica. Vale señalar también que en Perú se condenó en 2007 a 25 años de privación de la libertad al ex mandatario Alberto Fujimori por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad realizados por los militares que conformaban el “Grupo Colina”.

Todo llega. Un día antes de la histórica primera presentación del caso ante la Justicia, el presidente Rafael Correa conmemoraba el tercer aniversario de la asonada golpista del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S, protagonizada por la fuerza policial. Lo hacía con una amplia agenda de actos oficiales que incluyó entrevistas en medios oficiales y actos simbólicos. En un gran telar, el mandatario, al igual que la ciudadanía, firmaban y escribían leyendas alusivas al hecho producido hace tres años. También en 2010 la Comisión de la Verdad había presentado el informe que recién el martes pudo comenzar a ser juzgado.
Llevar adelante este tipo de procedimientos jurídicos para condenar y esclarecer el accionar represivo de las fuerzas públicas en el continente, y restituir el derecho de las víctimas, sin dudas, no puede considerarse como azaroso, mucho menos como venganza de un sector contra otro, ni tampoco como algo puramente exclusivo a la esfera legal, sino como un hecho político por antonomasia, ya que, de lo que se trata es de poner a dichas fuerzas a tono con el nuevo escenario regional, donde deben estar al servicio de la democracia y la soberanía, y no como brazo armado de los sectores económicos más concentrados. Las fuerzas militares y policiales no son un sector más dentro de la complejidad social. Son palancas decisivas en el poder del Estado.
El presidente Correa, citado por el diario Hoy, expresaba el lunes 30, que aún existen “sectores retrógrados de los policías y militares” vinculados con el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, partidos de oposición y medios de prensa, que podrían generar desestabilización en el país.

Verdad y memoria
El “democrático” León Febres Cordero

A través de un decreto presidencial, el 3 de mayo de 2007, el mandatario Rafael Correa creó la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General de Ecuador. La conformación del organismo tenía como fin investigar y documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el país entre 1984 y el 2008.
La mayoría de los casos a investigar, habían sido producidos entre 1984 y 1988 durante el gobierno de León Febres Cordero, pero entraban en consideración muchos otros como el que fuera conocido como asunto Fybeca, sucedido en el Norte de Guayaquil en 2003, durante el mandato de Lucio Gutiérrez. Allí según el informe policial, la fuerza pública abatió a ocho delincuentes, que intentaban asaltar a una de las sucursales de la cadena farmacéutica. Según los testimonios de dos de las esposas de los muertos, uno era un cliente y otro un empleado. El escandaloso caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si bien vale señalar como antecedente que en septiembre de 1996 el por entonces presidente Abdala Bucaram estableció la Comisión Verdad y Justicia a través de la Resolución Ministerial No. 012, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador desde 1979, en particular aquellos relacionados con el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad personal. El mandato de la Comisión era establecer los hechos con el fin de que los responsables de estas violaciones fueran sancionados y que las víctimas fueran indemnizadas. Esta comisión nunca tuvo los recursos para funcionar, y cuando en febrero de 1997 Bucaram fuera destituido, la misma dejó de existir.
La Comisión de la Verdad, creada en 2007 para llevar adelante sus objetivos, podía solicitar acceso a los archivos que el Estado había considerado de naturaleza confidencial o relacionada a la seguridad nacional, y además estar facultada para presentar esta información ante las autoridades judiciales cuando estimase que existía evidencia suficiente de responsabilidad penal. También promover el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de políticas de reparación. De igual forma, hacer las recomendaciones que estime necesarias en materia de reformas jurídicas e institucionales con el fin de mejorar los mecanismos de prevención y sanción de violaciones de derechos humanos.
Según un informe oficial, en julio de 2010 la Comisión de la Verdad entregó toda la documentación a la Fiscalía General para iniciar las respectivas investigaciones judiciales, con los cuales el 25 de noviembre de 2010 la Fiscalía oficializó la creación de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad para indagar 118 casos que tenían soporte documental para su investigación judicial.
Desde esa fecha hasta julio del 2011, cuando Galo Chiriboga llegó a la Fiscalía General, no había señales de avance, y por ello se decidió cambiar esta estructura, con lo cual en marzo del 2012, la Unidad Especializada cambió su naturaleza a Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio 

El Salvador. Con la mira puesta en febrero

La fórmula. El actual vice, Salvador Sánchez Cerén, y su compañero Oscar Ortiz, del FMLN.

El próximo 2 de febrero se realizarán en El Salvador las elecciones presidenciales, y con ello se pondrá a prueba la gestión que desde el 1º de junio de 2009 viene llevando adelante el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El pasado lunes 23 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó, a través de su presidente Eugenio Chicas, la convocatoria oficial para dichos comicios, en los cuales se producirán algunas modificaciones con respecto a las realizadas en 2009, ya que el 3 de julio, la Asamblea Legislativa de ese país sancionó un nuevo Código Electoral, que pone a la nación centroamericana a tono con las modalidades más propicias para ser efectuada una consulta de mayor accesibilidad para sus ciudadanos. En el nuevo código se indica que habrá voto residencial y voto desde el exterior. Hasta ahora, todos los sufragantes de un distrito lo hacían en un solo lugar, lo que entorpecía la dinámica electoral y conllevaba grandes gastos de movilidad. En los próximos comicios, cada municipio contará con diferentes lugares de votación, los cuales estarán delimitados por uno o varios cantones, de forma total o parcial en el área rural, o por una o varias urbanizaciones, barrios o colonias, de forma total o parcial en el área urbana. El voto residencial ya se había puesto en práctica en las legislativas de 2012, pero ésta será la primera vez que se implementará en comicios presidenciales. En las elecciones, sólo se presentará la fórmula presidencial. Si ninguna de ellas llegara a alcanzar mayoría absoluta, está prevista una segunda vuelta el 9 de marzo para dirimir quiénes serán tanto el nuevo mandatario como el vicepresidente.
Ante la convocatoria del TSE, fue el FMLN el primero en inscribir el martes 24 la fórmula integrada por Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente. La convocatoria que realiza el tribunal resulta así la antesala para el comienzo de la campaña electoral, que se iniciará el 2 de octubre y que prevé para febrero la concurrencia de casi 5 millones de sufragantes.
Los comicios presidenciales en El Salvador se realizan cada cinco años. El 15 de marzo de 2009, en consonancia con la oleada de triunfos electorales de la izquierda y el progresismo en Latinoamérica, el pueblo salvadoreño eligió ganadora a la formula del FMLN integrada por el periodista Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Si bien el resultado fue bastante ajustado, el FMLN se impuso en primera vuelta a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que postulaba como presidente a Rodrigo Ávila. En una elección sumamente polarizada, el Farabundo Martí ganó con el 51,32% contra el 48,8% de su oponente.
Tras un largo proceso de guerra civil revolucionaria, el FMLN que nucleaba a varios destacamentos guerrilleros, tras la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, se convirtió ese mismo año en una fuerza político electoral, en la cual confluirían los diferentes grupos que habían sido parte de la insurgencia. Vale señalar que el Partido Comunista salvadoreño (PCS) se disolvería en el nuevo agrupamiento político, el que a partir de 1994 se convertiría en un partido de tendencias para lograr mantener su unidad, destacándose entre ellas la CRS (Corriente Revolucionaria Socialista), de la cual fueran parte, entre otros, el emblemático e histórico líder Shafik Handal (fallecido en 2006) y el actual candidato Sánchez Cerén.
El FMLN, desde su ingreso a la esfera democrática, planteó un programa de Revolución Democrática en transición al socialismo, en el cual se trataría de abolir al neoliberalismo y la dependencia capitalista, ampliando la democracia participativa, la extensión de derechos acorde a una profunda justicia social y el desarrollo nacional. Tras más de una década y media de participación democrática, el FMLN llegó al gobierno de El Salvador en 2009 con la candidatura del actual presidente Mauricio Funes, y el desafío de cara a 2014 es conservar lo alcanzado, aunque los sondeos actuales de intención de voto no le son favorables, y más teniendo en cuenta que en las legislativas de 2012, la derechista Arena logró alcanzar mayor porcentaje electoral. En El Salvador se ponen en juego, de esta forma, todos los dilemas y dicotomías a las cuales deben enfrentarse muchos de los gobiernos progresistas de la región. Con medios de comunicación enfrentados, y ante el poderoso lobby del empresariado trasnacionalizado, más el remanente de una poderosa oligarquía terrateniente y financiera, resulta para un gobierno con bases sociales no demasiado consolidadas sumamente difícil llevar adelante un proceso verdaderamente transformador, y más aún profundizarlo, lo cual siempre es un convite para que la derecha más retrógrada intente restaurar sus privilegios corporativos, propios a una formación social predominante en estadios anteriores.
Los sondeos previos afirman que la derechista Arena ganaría en primera vuelta, lo que implicaría para el FMLN la necesidad de conformar un abanico de alianzas que lo exceda largamente para poder imponerse en los comicios complementarios del 9 de marzo. Pero el problema es que el Farabundo Martí no puede mirar a su izquierda para tejer alianzas, ya que hacia ese lugar no tiene con quién hacerlo, y por esa razón acordar con otras fuerzas contrarias a la Arena, implicaría hacer concesiones que debilitarían ostensiblemente el perfil transformador. Tanto es así, que una probabilidad es unirse en segunda vuelta a la reciente conformada coalición Unidad, que en primera vuelta lleva como candidato presidencial al ex presidente Elías Antonio Saca González (2004-2009), quien fuera parte en ese tiempo de Arena, pero que sería expulsado de la fuerza tras la derrota de 2009. Saca González, durante su mandato, llevó adelante todas las recetas neoliberales y las sugerencias de los Estados Unidos, siendo un político de verdadera raigambre derechista. Lo único que lo podría hacer votar contra Arena es el despecho por su expulsión, aunque su base electoral muy difícilmente se incline por dar apoyo al FMLN.
El escenario político salvadoreño actual resulta demasiado confuso, ya que el mandatario Funes se fue alejando notoriamente de las bases programáticas por las cuales llegó al gobierno en 2009, creando así una ostensible tensión con el FMLN. De hecho, hoy Funes consigue más apoyos legislativos de Arena que del partido al cual supuestamente representa, cada vez que necesita impulsar proyectos desde el ejecutivo. Si bien Funes llevó adelante desde el inicio de su mandato algunas políticas proclives a establecer mayor inclusión social, hubo detalles significativos que lo fueron alejando de los principales lineamientos del FMLN. Funes se opuso a que su país se alineara a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), y propuso una buena relación diplomática con el gobierno de Barack Obama.
Por su parte, en el país centroamericano hay flagelos sociales que recrudecieron y que son el caballito de batalla tanto de los medios como de la oposición para fustigar a una gestión que se muestra muy débil para enfrentarlos. El gobierno de Funes se fue apoyando cada vez más en un sector del gran empresariado salvadoreño, que si bien tiene contradicciones con la oligarquía trasnacionalizada, resulta un sector oscilante que, en algunos casos, propone medidas antipopulares. La tasa de desempleo sigue siendo muy alta y no se visualizan políticas concretas que la puedan ir desterrando. Es más, esto provoca un recrudecimiento de la violencia social, siendo la guerra entre pandillas un problema de difícil resolución.
Tal como señalara el analista Roberto Pineda en el portal Alainet, vuelve a ser el movimiento social el único que puede cerrarle la puerta a la derecha en 2014. “El peso de la lucha parlamentaria como forma principal y exclusiva de lucha, aplasta, anula y mediatiza la posibilidad de impulsar la lucha social que sigue siendo esporádica en el tiempo y fragmentaria en el territorio”, agregando que eso “ha permitido que la derecha política superara el golpe demoledor de marzo del 2009, se rehabilitara y contraatacara en marzo de 2012 y amenazara con dar el zarpazo para la restauración oligárquica en febrero de 2014”.
Si bien el candidato presidencial de la izquierda Salvador Sánchez Cerén es un histórico y reconocido dirigente, vale señalar que una fuerza transformadora debe hacerse fuerte en la propia base de la sociedad, sentando así nuevas tensiones que profundicen un programa de gobierno, y cambiar el humor que generan los medios de información. Un humor que además de desmovilizar, crea apatías y desencantos, en los cuales la derecha se mueve como pez en el agua, reproduciéndose constantemente.

Colombia.Vuelta a la derecha

El 25 de mayo de 2014 se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales. Pero tres meses antes, el 9 de marzo, se efectuarán comicios para elegir autoridades legislativas: senadores, representantes a la Cámara y al Parlamento Andino. Imposibilitado constitucionalmente para ir por un nuevo mandato presidencial, el lunes pasado Uribe lanzó su candidatura formal a senador por su partido Puro Centro Democrático. Este agrupamiento político tuvo nacimiento en enero, y surgió principalmente para nuclear en él a todos los ex integrantes del partido de la “U” disconformes con la gestión del actual mandatario Juan Manuel Santos. Un desprendimiento por derecha, de la derecha más conservadora y reaccionaria del país neogranadino, la cual expresa en primer lugar a toda la oligarquía terrateniente y latifundista que se benefició con el desplazamiento de campesinos e indígenas, y que patrocinó (con la excusa del conflicto armado) la conformación de grupos paramilitares.
El lanzamiento de Uribe mueve el tablero político, ya que si bien tradicionalmente el electorado colombiano privilegió a partidos como el Liberal, el Conservador, o el de la U, la presencia del ex mandatario en la nueva fuerza electoral no es un dato marginal, ya que aún conserva un alto grado de popularidad, principalmente en los sectores medios. Tanto en 2002 como en 2006, Uribe anduvo cerca del 70% de adhesión, y no resulta menor el dato de que en 2010 fue el apoyo que él le diera a Santos lo que hizo que el mandatario se impusiera con holgura. Lo cierto es que el lanzamiento de Uribe siendo éste el primero, en relación a las demás propuestas electorales que se presentarán a las legislativas de marzo del año entrante, hace que todas ellas se vean en la situación de elegir candidaturas acordes a la competencia que el ex mandatario les impone.
Consultada por el diario La Tarde, Ana Cristina Vélez López, coordinadora de la especialización en Comunicación Política y docente del departamento de Humanidades de la Universidad Eafit, dijo que ella cree “que el anuncio de Uribe de alguna manera sí afecta a todos los partidos, por eso al interior de estos deben estar pendientes y preocupados, máxime la caída de la imagen del presidente Santos y así el escenario de Uribe ahora sea en el Senado”. Y agregó que el Centro Democrático está apostando dos cosas con la aspiración del ex presidente: “El movimiento está arriesgando porque Uribe tiene investigaciones en curso. Además, con esa aspiración está demostrando que solo él existe como fuerza política y que sin él el movimiento no tiene peso”.
Vale señalar que el Centro Democrático aún no es un partido o movimiento político con todas las de la ley, ya que necesitaría alcanzar unos 400.000 votos en marzo para obtener la personería jurídica que lo convalide como tal, y así poder realizar su oferta electoral en las presidenciales de mayo. De todas formas, sí puede presentarse en marzo a través de la recolección de firmas, una por cada lista que presente, tanto para el Senado, como por cada lista que inscriba a la Cámara de Representantes en cada uno de los departamentos del país.
El uribismo confía en que en 2014 podría llegar a poner 30 senadores en la Cámara, con lo cual potenciarían al candidato presidencial que elijan para mayo. Quien fuera elegido para llevar adelante las banderas de ese movimiento en las presidenciales se vería (por la buena elección legislativa) catapultado a niveles insospechados, sostienen desde el entorno de Uribe. Pero algunos analistas colombianos mucho menos optimistas consideran que si ese agrupamiento consiguiese meter nada más que 15 senadores (cosa que prevén factible) el entramado uribista se desinflaría y ni siquiera llegarían a una eventual segunda vuelta en mayo.
Lo cierto es que el pronunciamiento de Uribe, logró agitar diferentes aristas del escenario político e institucional de Colombia, ya que como señalara el diario El Tiempo, éste no solamente llevó al posicionamiento de diferentes referentes políticos, sino que también la decisión del ex mandatario, hizo que se agitaran las aguas del mundo de la jurisprudencia. El matutino bogotano señalaba que “en momentos en que se conocen dos compulsas de copias de tribunales para que investiguen al ex mandatario por supuestos nexos con ‘paras’, expertos constitucionalistas y juristas advierten un polémico escenario por el fuero que cobijaría a Uribe”.
Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, le señaló a Radio Caracol que serán los jueces y magistrados quienes en última instancia definirán si en determinados casos Uribe podría ser investigado por el Senado o por la Corte Suprema de Justicia, pero en cualquier caso estaría cobijado con algún tipo de fuero. “Lo importante es determinar si el expresidente incurrió en algún delito durante el ejercicio como mandatario, ya que en ese caso tendría que ser investigado por el Senado, hay artículos que definen ese fuero para los presidentes, magistrados y en otras instancias para congresistas”, le dijo Gaviria a Caracol, agregando que la Corte Penal Internacional podría investigar a Uribe y a cualquier otro funcionario si así lo determinara, ya que ese organismo actúa como justicia complementaria en caso de que la justicia colombiana no dé respuesta. Por su parte, Jaime Córdoba Triviño (otro ex magistrado y constitucionalista) le dijo a El Tiempo que la situación es “inédita”, y que si Uribe llegara a ser senador sus actuaciones como legislador quedarán bajo lupa de la Corte Suprema, en la parte penal; del Consejo de Estado, en lo que toca a su investidura presidencial, y a la Procuraduría, en materia disciplinaria, mientras que las actuaciones correspondientes a su paso por la gobernación de Antioquia no estarían cobijadas por fuero alguno y, de iniciarse investigaciones, corresponderían a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la tesis de Córdoba Triviño no fue aplicada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal de Medellín, quien en una reciente sentencia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigara a Uribe por supuestos arreglos con los paramilitares cuando fuera gobernador de Antioquia.
Más allá de las diferencias de matices esbozadas por los diferentes especialistas en jurisprudencia, las respuestas de los diferentes actores políticos no tardaron en llegar y fue así que el senador liberal Juan Manuel Galán dijo que si bien la aspiración de Uribe es válida, “ojala sea de manera legal y legítima y que no sea otro intento de los paramilitares por llegar al Congreso a defender ideas de la extrema derecha”. Por su parte, desde Cambio Radical (partido hoy aliado al mandatario Santos), el dirigente Germán Varón Cotrino indicó que la apuesta de su partido será conservar el caudal electoral existente, teniendo en cuenta que la presencia electoral de Uribe lo va a dificultar.
Por su parte, con tono menos protocolar pero no menos estridente, dirigentes del Partido del Tomate, recientemente conformado por indignados de la política colombiana, realizaron el martes una muestra satírica en la cual dijeron que le solicitarán al Consejo Nacional Electoral que al momento en que se inscriba Uribe como candidato le ordenen un examen mental. Según señalaba el diario El Universal, los indignados sostuvieron que “el ex mandatario estaría experimentando varios trastornos mentales: megalomanía, síndrome de abstinencia por adicción al poder, amnesia selectiva, mitomanía y cinismo crónico, ansiedad obsesivo-compulsiva, trastorno paranoide de la personalidad, y hasta despecho maníaco depresivo, entre otros”.

Una postal platense del golpe de 1955 contra Perón

Historia. Por entonces, la ciudad de La Plata se llamaba Eva Perón. Sus vecinos asistían azorados, como el país entero, al quiebre institucional. Una crónica de aquel momento y su tratamiento mediático.

El diario de la ciudad Eva Perón El Día, del 17 de septiembre de 1955, donde se anuncia la huida de los líderes golpistas.//Destrucción. Panorámica del barrio campamento, de Ensenada.//Bombardeo. Una casa derruida donde puede verse un retrato de Perón.//Fuegos. Grupo de bomberos de Ensenada asistiendo una de las tantas emergencias producto de los golpistas.//Traslado de tropas. Soldados leales al gobierno.

Aquel 16 de septiembre de 1955 había estallado en Córdoba el complot militar y de los comandos civiles que tenía como objetivo derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Además del foco mediterráneo, otros epicentros de la insurgencia golpista fueron Bahía Blanca, Curuzú Cuatiá, y la región de la capital de la provincia de Buenos Aires. Por aquel entonces, las localidades obreras y ribereñas de Ensenada y Berisso eran parte del partido de La Plata. La sección platense de la Infantería de Marina se insurreccionó aquel 16 en la zona aledaña al puerto, más precisamente del lado de Ensenada, estableciendo su retaguardia en la ribera del Río Santiago, frente a la Base y la Escuela Naval, desde donde se orientaba el operativo bajo el mando del almirante Isaac Rojas.
Hacía tres meses justo que el país estaba agitado, y nadie olvidaba la masacre de Plaza de Mayo donde por causa de los bombardeos de la Aviación Naval cayeron muertos casi medio millar de civiles. Esos recuerdos de junio estaban bien frescos en la población cuando en septiembre nuevamente se volvieron a escuchar estampidos de metralla y aviones amenazantes.
Desde muy temprano se veían por las calles de la por entonces Ciudad Eva Perón movimientos de tropas del Ejército y de la Policía en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en la sede del Comando de la Segunda División, y en el Departamento de Policía, ubicado frente al bosque platense.
Desde las azoteas del Comando podía verse el emplazamiento de ametralladoras, mientras que alrededor del Departamento de Policía una cantidad importante de centinelas desviaba el tránsito de las calles aledañas, no permitiendo el paso de automóviles particulares. La presencia del gobernador Aloe, a las 8 de la mañana, en la sede policial, era un indicio claro de que las alarmas estaban sonando.
Los diarios de la época subrayaban la presencia en la zona portuaria de abundante personal de la Prefectura Nacional Marítima, los cuales, provistos de armas largas, realizaban tareas de vigilancia. Desde muy temprano fueron interrumpidos los caminos que unen La Plata con Berisso y Ensenada. A la altura de 43 y 126, al igual que en 60 y 128, se habían instalado fuertes retenes policiales que prohibían el tránsito hacia la zona ribereña.
Poco después de las 8, la alarma general se hizo sentir y muchos padres se acercaron a las escuelas y colegios secundarios para retirar a sus hijos. A lo largo de la mañana reinaba en la ciudad de las diagonales una espasmódica tranquilidad, y fue así que muchos comercios reabrieron sus puertas. Pasado el mediodía, otro hecho anómalo fue que cerraran los bancos locales, e incluso la agencia del Banco Provincia que funcionaba en los Tribunales, sitio que permaneció casi desierto a pesar de que en algunas secretarías se siguieran cumpliendo funciones. La delegación regional de la CGT dispuso un paro de actividades a partir de las 14.30, haciendo que se cerraran todos los comercios. De igual manera, se dispuso el envío a sus hogares de todo el personal administrativo de las distintas dependencias estatales, incluidos los trabajadores de los Tribunales.
Hoy es posible saber que el mayor desplazamiento de fuerzas en el casco urbano platense estaba dado por tropas del Ejército que custodiaban el Comando de la Segunda División y la retaguardia de la Casa de Gobierno por calle 5, así como también los cordones policiales que cercaban el Departamento Central de esta fuerza, mientras que yendo hacia la periferia también la Policía realizaba retenes impidiendo el paso tanto a Ensenada como a Berisso.
Pasado el mediodía, lo que sucedía en estas localidades ribereñas era toda una incógnita, y fue así que los diarios de la época, al día siguiente, pudieron publicar solamente algunas impresiones de aquello. El matutino La Nación decía: “En el sector de la ciudad que mira hacia el Río de la Plata, o sea hacia el nordeste, se sintieron en forma espaciada algunos estampidos lejanos, dando apoyo a versiones sobre un posible ataque a las dependencias de la Base Naval, ya fuese por tierra desde Ensenada, o bien desde el aire, siendo imposible desde la ciudad verificarlo, al estar bloqueados a los civiles los caminos de acceso a esa zona. Se ratificó enseguida la impresión de lo que estaba ocurriendo allí, al ordenarse la evacuación de las dependencias de la destilería fiscal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde quedó solamente el personal de guardia para la atención de los mecanismos de las plantas que continuaron funcionando. En Ensenada y Berisso –donde vive algo más de un 60% de las familias del personal de la destilería– la alarma se hizo intensa, comenzando la evacuación también de la población civil, que en buena parte se desplazaba a pie. Hacia las 14, el cañoneo se hizo sostenido y volvió a sentirse desde esta ciudad. La alarma se hizo intensa. A las 15.30 volvieron a sentirse con nitidez e intensidad inequívocas fuertes estampidos, que con intermitencias prosiguieron hasta las 17”.
La primera conclusión a la que se puede arribar a través de lo expuesto es que entre las 14 y las 17 horas se produjo un serio enfrentamiento entre fuerzas que aún no era posible precisar correctamente. Pero hay un dato que ofrecen los diarios de la época que resulta significativo, y es que aproximadamente a las 15, un comando del Ejército, más precisamente del 7º de Infantería, tomó el Hospital Naval e hizo formar por cuarenta minutos en uno de sus playones al personal médico perteneciente a la Armada, mientras que a todo el personal civil se le ordenó retirarse a sus domicilios.
Desde muchas calles de la ciudad y desde la zona cercana al puerto afirman personas que vivieron aquellos sucesos que podía verse el paso de aviones que, evidentemente, efectuaban vuelos vinculados con los hechos en cuestión, e inclusive profusos disparos de cañones antiaéreos. Según informaciones recogidas por los diarios de entonces, el regimiento 7º había sido llevado a Ensenada, a luchar contra la base naval de Río Santiago. Para tal operación, detallaban, se habían empleado muchos camiones, no sólo del Ejército sino de organizaciones provinciales y ómnibus del servicio público de transporte de pasajeros. También con éstos se arrastraron cañones de campaña de aquella unidad en dirección a Ensenada.
La Nación decía: “Durante toda la tarde fueron llegando noticias confusas acerca de la situación en torno de la base naval de Río Santiago, pudiéndose sólo afirmar con certeza que hubo bombardeos aéreos por parte de aviones leales al Gobierno, intenso cañoneo y combates entre aviones”.
En las últimas horas de la tarde del 16 se pudo observar que comenzaban a llegar a la Ciudad Eva Perón, ómnibus de distinta clase trayendo familias de Ensenada, las que se distribuyeron en diversos lugares, especialmente en edificios públicos.
Lo que estaba sucediendo aquel viernes 16 en la zona de conflicto, para los medios de entonces, era una simple especulación.
A la medianoche, la CGT levantó el paro, y por la mañana los comercios de la región reabrieron sus cortinas. La población acudió principalmente a comprar comida. La afluencia a negocios de comestibles fue significativa. Tal vez se suponía que el conflicto duraría mucho tiempo más y los lugareños fueron principalmente a aprovisionarse. Los compradores allí aún conservaban la angustia que les habían causado los acontecimientos de la víspera.
Lo que se podía haber supuesto el día anterior tras la escucha del incesante cañoneo, los medios lo corroborarían al día siguiente. Una parte de la localidad de Ensenada, más precisamente el Barrio Campamento, se había convertido en un verdadero campo de batalla, donde las secuelas eran una marca ineludible para cualquier observador.
Mientras muchos pobladores de la zona ribereña retornaban a sus hogares, a la vera del camino podían verse cañones con dirección de fuego hacia Río Santiago. Estas imágenes preparaban el panorama sombrío que se iría a ver adentrándose en los barrios linderos al puerto, una verdadera postal bélica donde se podían presenciar emplazamientos de ametralladoras en cruces de calles y lugares estratégicos, tropas en posición de alerta, vidrios rotos. Todos ellos eran indicios claros de la violencia que se había desatado la víspera en aquel sitio.
A ese lugar convergieron para desarticular el intento de copamiento realizado por los infantes de la Marina, tanto el Regimiento 7º de Infantería, asentado en la ciudad de las diagonales; el 6º de Infantería, que se encontraba realizando maniobras en las inmediaciones de Magdalena, y otros llegados desde acantonamientos de Campo de Mayo portando poderosos elementos de combate. Por la mañana del 17, las tropas leales del Ejército seguían en la tarea de reducción de los focos rebeldes que aún seguían en pie. En las inmediaciones de los astilleros, algunas decenas de prisioneros aguardaban ser trasladados bajo la vigilancia de las fuerzas del orden. Efectivos de las tropas leales cruzaban el Río Santiago para avanzar sobre la base y la escuela de cadetes de la Marina, donde ya flameaban banderas blancas de rendición.
A intervalos, todavía se alzaban algunos penachos de humo en la zona donde habían sido los enfrentamientos del día anterior. Sin dudas, ése fue el lugar donde más arreciaron los enfrentamientos. Ante la llegada del Ejército, los marinos se replegaron sobre la ribera y llevaron adelante una enconada resistencia.
Si bien este combate lo ganaron las fuerzas leales, el almirante Rojas huyó y volvió a amenazar con bombardeos. El presidente Perón pocos días después abandonaría su cargo, argumentando que no había que derramar más sangre.

Periodismo y lealtades

El sábado 17 de septiembre, el diario El Día llevaba como tapa una foto del presidente Perón en el centro, mientras titulaba “Enérgica es la reacción contra esta nueva tentativa criminal”, asegurando que las fuerzas leales habían derrotado al sublevamiento revolucionario en diferentes sitios del país, incluido el de Río Santiago. El mismo matutino afirmaba en la edición de ese día que, después de la 1 de la madrugada, un comunicado oficial aseguraba que elementos del Comando del 2º Cuerpo de Ejército habían recuperado, a las 23 horas del viernes, las instalaciones de la base naval Río Santiago. Según la nota, los jefes de la revuelta habrían huido en barco hacia Uruguay, mientras que el comando de dicha base había quedado al mando del capitán de fragata Jiménez Figueroa, quien antes de hacerlo ratificó su lealtad y la de todas las fuerzas a su cargo con respecto al gobierno nacional. Es de destacar que El Díaseñalaba en un recuadro que el gobernador bonaerense Carlos Aloe, sin vacilar, “ocupó su puesto de lucha”. Según el matutino, Aloe “volvió a personificar, con el mismo relieve de otras jornadas de prueba, la íntegra lealtad al Líder de los argentinos”.
Párrafos apartes, fueron una variedad de notas e imágenes que El Día desarrolló en torno de los desastres ocurridos a partir del enfrentamiento entre bandos militares, publicando fotos muy crudas, que mostraban tanto el desplazamiento de los habitantes de la zona ribereña hacia la capital provincial, casas derruidas, traslados de tropas y edificios públicos en los cuales fueron atendidos los que sufrieran la emergencia.
“El espectáculo de las madres que se alejaban de la zona de operaciones con sus criaturas en brazos mientras las lágrimas surcaban sus rostros de expresión azorada, sumado al de los hombres que dejaban el terruño, emprendiendo la retirada con sus bártulos al hombro, llegó al corazón de todos, y nadie que haya presenciado esas escenas plenas de emoción pudo reprimir el impulso de un sentimiento solidario y contrito. Todo un pueblo evacuó el lugar de su desenvolvimiento habitual, trasladándose en masa en procura de seguridad, pero sin poder evitar notas de dolor y sufrimiento”, escribía un cronista del matutino platense.
Conocer la secuencia de los acontecimientos que se desarrollaron a partir de la insubordinación militar producida el 16 de septiembre, se torna significativo para poder realizar un balance histórico de lo sucedido. Tanto el domingo 18 como el lunes 19, El Día y El Argentino titulaban en sus tapas que el gobierno había derrotado a la insurgencia golpista, aunque los líderes de la misma se encontrasen prófugos y amenazantes. Según un titular de El Argentino, en la ciudad estaba vigente el estado de sitio, y activado el comando de represión para evitar cualquier contratiempo que perjudicase a la población civil.
A pesar de todo esto, el 21 de septiembre, el presidente Perón anunciaba su alejamiento del cargo. También dimitían el gobernador Aloe y sus seis ministros.