Ecuador. Con decisión política

Se presentaron los primeros casos por crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 1984, durante el gobierno del presidente social cristiano León Febres Cordero. Las razones de Correa y el movimiento Alfaro Vive Carajo.

Susana Cajas. La militante del Alfaro Vive Carajo, que fuera torturada durante el gobierno de Febres Cordero, a la salida de la sede de la Corte Nacional de Justicia.

En un hecho histórico, la Fiscalía de Ecuador presentó ante la Justicia el pasado martes 1º de octubre el primer caso por crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese país. “Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan sino porque nunca hubo ni la decisión política ni judicial de poder abarcar estos crímenes”, dijo Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía del país andino, agregando que “Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, las víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia”.
El 7 de octubre de 1988, Ecuador firmó el Estatuto de Roma, ratificándolo el 5 de febrero de 2002, con lo cual el país andino quedó sujeto a las normativas de la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo a dicho estatuto, una nación acepta la competencia del derecho internacional para el juzgamiento de todos los delitos tipificados como de lesa humanidad.
A poco de haber asumido su primer mandato en enero de 2007, Rafael Correa creo por decreto presidencial la Comisión de la Verdad. Comisión que, si bien fue constituida principalmente para investigar los diversos crímenes cometidos durante el gobierno del ya fallecido ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), se hizo extensiva, incorporando hechos producidos con posterioridad.
El proceso denominado “Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín”, que investiga desaparición forzada, violencia sexual, torturas físicas y psicológicas realizadas contra dichos ciudadanos (ocurridos entre 1985 y 1988) es el primero de los casos, de una larga lista elaborada por la Comisión de la Verdad entre 2007 y 2010 que la Fiscalía presentó ante la Justicia.
El martes por la mañana, en la sede de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general de Estado Galo Chiriboga Zambrano, tras las casi dos horas que se tomó para exponer los detalles de la investigación referentes al caso, le pidió a la jueza Lucy Blacio, que se haga efectiva la prisión preventiva para los diez oficiales tanto del Ejército como de la Policía, a quienes se les ha iniciado la instrucción fiscal, por encontrarse implicados todos ellos en presuntos delitos de lesa humanidad.

El caso. Si bien en 1979 se produjo en Ecuador el retorno de la democracia, la misma nunca fue demasiado estable hasta la llegada de Rafael Correa a la presidencia en 2007. Las crisis institucionales, políticas y económicas fueron un sello distintivo durante todo ese lapso, y más precisamente en 1984 cuando el palacio Carondelet tuviera como inquilino al ya fallecido León Febres Cordero. El país traía de arrastre una grave crisis económica que potenció la resistencia social, generando la conformación de grupos radicalizados, como el movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) que surgió como un movimiento de reivindicación de las demandas populares ante la crisis. La respuesta estatal, fue la represión más encarnizada. El gobierno de Febres Cordero adoptó un sistema de contrainsurgencia tal vez mucho más cruel que el que había desplegado la dictadura entre 1972 y 1979. Con la excusa de una supuesta guerra contra el terrorismo, la fuerza pública llevó adelante múltiples violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas.
El primer caso de crímenes de lesa humanidad que llega a la justicia ecuatoriana, al igual que los otros 140, se encuentra comprendido durante este período en el cual el gobierno de Febres enfrentó a la insurgencia del Alfaro Vive y la resistencia social.
Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Javier Francisco Jarrin Sánchez fueron detenidos el 10 de noviembre de 1985 de manera arbitraria, por efectivos del Ejército, en el Parque Infantil de la ciudad de Esmeraldas, y de allí fueron trasladados al Batallón Escuela de Ingenieros No. 1 “Montufar”. En el parte informativo, fechado un día después de la detención, se informó a la Comandancia General del Ejército la captura de los mismos resaltando que “cabe informar que la sujeto no ha sido maltratada y sería necesario se le haga un nuevo interrogatorio ya que está mintiendo”. Honestidad brutal.
Dos días después de la detención, los tres ciudadanos fueron trasladados a Quito, más precisamente al Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) ubicado en la parroquia rural de Conocoto. Allí fueron víctimas de varias torturas tanto físicas, psicológicas e incluso sexuales. Según señala un documento de la fiscalía, 15 días después Susana Cajas y Javier Jarrin fueron liberados y trasladados por el sector de Cumbayá, en donde los dejaron con los ojos vendados y las manos amarradas. Pero, minutos más tarde, tras la llegada de un patrullero, los detuvieron a ambos aduciendo que Cajas portaba una cédula de ciudadanía falsa, siendo trasladados al comando de la Policía. Mientras tanto, Luis Vaca, permaneció aproximadamente dos años y medio detenido en las instalaciones del Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), sin que nadie conozca su paradero. Las instituciones de la fuerza pública (policial y militar), así como los ministerios de Defensa y de Gobierno, decían no saber nada sobre su paradero, hasta que fuera liberado a mediados de 1988. Según el alegato del fiscal Chiriboga en la audiencia, tras la detención, los tres ciudadanos fueron confinados a “mazmorras malolientes”, agregando que “sin fórmula de juicio (ningún tipo de audiencia) se les torturó, golpeó, sumergió en agua y pasó electricidad por el cuerpo, especialmente y de forma sádica por los genitales”.
“Después de dos semanas de torturas y violencia sexual –continuó el fiscal-, a Cajas y Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, agregando que “instantes después, un grupo de policías los detuvieron nuevamente”, mientras que a Vaca lo mantuvieron desaparecido por casi tres años e incluso borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares. Chiriboga comentó a su vez que Vaca tenía un hermano que era militar y “casi por casualidad” descubrió dónde estaba su pariente, señalando que “al poco tiempo, el hermano de Luis Vaca estaba muerto”. Y añadió que la esposa de Vaca también fue “detenida arbitrariamente (estando) embarazada y dio a luz en la cárcel”. Agregó también que la hermana de Cajas fue “detenida arbitrariamente y torturada”.
Chiriboga acusó así a cuatro coroneles y cinco generales del Ejército, más un general de la Policía Nacional, todos en servicio pasivo, y que oscilan entre los 58 y los 81 años de edad. “Tenemos indicios claros y precisos de que los involucrados tienen que ver con los delitos”, dijo Chiriboga. En el grupo de los acusados, figuran los generales del Ejército Luis Piñeiros y Jorge Asanza, ex ministros de Defensa del ex presidente Febres Cordero, y el ex jefe de la policía Edgar Vaca, también vinculado con el gobierno derechista de esa época. La Fiscalía hizo saber que con la formulación de los cargos contra los 10 uniformados, cumple con parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, tales como garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en el país, así como investigar y procurar sanción a todos aquellos que los vulneran. Durante la audiencia en la que participaron cerca de doscientas personas, el fiscal Chiriboga realizó una amplia y detallada exposición sobre la situación geopolítica de Latinoamérica y de su país, así como de las sanciones que se prevé para los delitos de lesa humanidad en la legislación internacional, aunque en este caso, expresó que se aplicará la normativa nacional.
Ante la solicitud de prisión preventiva para los 10 uniformados realizada por el fiscal, la jueza Lucy Blacio dictaminó esa pena para tres de los acusados, dos militares y un policía, mientras que para otros seis determinó prisión domiciliaria y para un séptimo solamente el impedimento de salir del país, debido a padecer un muy delicado estado de salud.
Dos de los tres acusados que deben cumplir prisión preventiva no se encuentran hoy en Ecuador, y por lo mismo se extenderán órdenes de extradición. Por su parte, los defensores de los imputados (que no estuvieron presentes en la audiencia) reclamaron que todos ellos continúen en libertad, presentando incluso certificados médicos que acreditan la necesidad de sus defendidos de recibir atención diaria en centros médicos.
Luis Vaca y Susana Cajas -quien hoy es asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País-, habiendo estado presentes en la audiencia coincidieron en calificar de “día histórico”, expresando su esperanza de que se siga el debido proceso. Una vez iniciada el martes la instrucción fiscal, se tendrán 90 días para investigar los hechos acontecidos hace más de dos décadas, a sabiendas de que los delitos contra la humanidad no prescriben.
A la audiencia realizada en el tribunal supremo ecuatoriano asistieron los fiscales generales de Venezuela y Perú, Luisa Ortega y José Peláez, respectivamente, además de representantes de la Procuraduría argentina, de magistrados de Panamá, el canciller Ricardo Patiño, y el director nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. También varios ciudadanos con pañuelos en el cuello en los que se podía leer “Alfaro Vive”.
La presencia de autoridades internacionales a la formulación de cargos se debe a que, en la historia judicial del Ecuador, es la primera vez que se lleva ante los jueces un caso de lesa humanidad, y que este tipo de procesos judiciales ya tuvieron desarrollo en las cortes nacionales de las autoridades presentes, en donde se lograron condenas ejemplares, no solamente contra los autores materiales de los crímenes, sino también contra aquellos altos mandos militares, policiales y de Gobierno que impartieron las órdenes de llevarlos adelante. Tal vez el caso argentino resulte emblemático al respecto, en cuanto a la condena ejemplar a represores y genocidas, logrando abrir así un camino certero para romper la impunidad, y rescatar la memoria histórica. Vale señalar también que en Perú se condenó en 2007 a 25 años de privación de la libertad al ex mandatario Alberto Fujimori por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad realizados por los militares que conformaban el “Grupo Colina”.

Todo llega. Un día antes de la histórica primera presentación del caso ante la Justicia, el presidente Rafael Correa conmemoraba el tercer aniversario de la asonada golpista del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S, protagonizada por la fuerza policial. Lo hacía con una amplia agenda de actos oficiales que incluyó entrevistas en medios oficiales y actos simbólicos. En un gran telar, el mandatario, al igual que la ciudadanía, firmaban y escribían leyendas alusivas al hecho producido hace tres años. También en 2010 la Comisión de la Verdad había presentado el informe que recién el martes pudo comenzar a ser juzgado.
Llevar adelante este tipo de procedimientos jurídicos para condenar y esclarecer el accionar represivo de las fuerzas públicas en el continente, y restituir el derecho de las víctimas, sin dudas, no puede considerarse como azaroso, mucho menos como venganza de un sector contra otro, ni tampoco como algo puramente exclusivo a la esfera legal, sino como un hecho político por antonomasia, ya que, de lo que se trata es de poner a dichas fuerzas a tono con el nuevo escenario regional, donde deben estar al servicio de la democracia y la soberanía, y no como brazo armado de los sectores económicos más concentrados. Las fuerzas militares y policiales no son un sector más dentro de la complejidad social. Son palancas decisivas en el poder del Estado.
El presidente Correa, citado por el diario Hoy, expresaba el lunes 30, que aún existen “sectores retrógrados de los policías y militares” vinculados con el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, partidos de oposición y medios de prensa, que podrían generar desestabilización en el país.

Verdad y memoria
El “democrático” León Febres Cordero

A través de un decreto presidencial, el 3 de mayo de 2007, el mandatario Rafael Correa creó la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General de Ecuador. La conformación del organismo tenía como fin investigar y documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el país entre 1984 y el 2008.
La mayoría de los casos a investigar, habían sido producidos entre 1984 y 1988 durante el gobierno de León Febres Cordero, pero entraban en consideración muchos otros como el que fuera conocido como asunto Fybeca, sucedido en el Norte de Guayaquil en 2003, durante el mandato de Lucio Gutiérrez. Allí según el informe policial, la fuerza pública abatió a ocho delincuentes, que intentaban asaltar a una de las sucursales de la cadena farmacéutica. Según los testimonios de dos de las esposas de los muertos, uno era un cliente y otro un empleado. El escandaloso caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si bien vale señalar como antecedente que en septiembre de 1996 el por entonces presidente Abdala Bucaram estableció la Comisión Verdad y Justicia a través de la Resolución Ministerial No. 012, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador desde 1979, en particular aquellos relacionados con el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad personal. El mandato de la Comisión era establecer los hechos con el fin de que los responsables de estas violaciones fueran sancionados y que las víctimas fueran indemnizadas. Esta comisión nunca tuvo los recursos para funcionar, y cuando en febrero de 1997 Bucaram fuera destituido, la misma dejó de existir.
La Comisión de la Verdad, creada en 2007 para llevar adelante sus objetivos, podía solicitar acceso a los archivos que el Estado había considerado de naturaleza confidencial o relacionada a la seguridad nacional, y además estar facultada para presentar esta información ante las autoridades judiciales cuando estimase que existía evidencia suficiente de responsabilidad penal. También promover el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de políticas de reparación. De igual forma, hacer las recomendaciones que estime necesarias en materia de reformas jurídicas e institucionales con el fin de mejorar los mecanismos de prevención y sanción de violaciones de derechos humanos.
Según un informe oficial, en julio de 2010 la Comisión de la Verdad entregó toda la documentación a la Fiscalía General para iniciar las respectivas investigaciones judiciales, con los cuales el 25 de noviembre de 2010 la Fiscalía oficializó la creación de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad para indagar 118 casos que tenían soporte documental para su investigación judicial.
Desde esa fecha hasta julio del 2011, cuando Galo Chiriboga llegó a la Fiscalía General, no había señales de avance, y por ello se decidió cambiar esta estructura, con lo cual en marzo del 2012, la Unidad Especializada cambió su naturaleza a Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio