El desplazamiento del alcalde Petro obedece al intento
de la derecha de limitar el avance de las opciones populares.
Al final, la derecha colombiana se
salió con la suya. Que el presidente Juan Manuel Santos haya desoído las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
no convalidar la decisión unilateral del procurador general Alejandro Ordóñez,
de destituir de su mandato al Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro, se
constituyó en un verdadero golpe a la democracia latinoamericana. Si bien no se
trata como en Honduras o Paraguay de un golpe institucional para derrocar a un
mandatario nacional, en Colombia se terminó de voltear a un funcionario elegido
democráticamente, siendo que en ese país se trata del segundo cargo político de
importancia, tras el del mandatario. Homologable a como si en la Argentina, la
presidenta Cristina Kirchner tuviera que decidir sobre una probable destitución
del jefe de gobierno Mauricio Macri, y que la CIDH dijera que ésta no sería
válida según los conceptos de la justicia interamericana. Un verdadero
descalabro institucional.
Si bien desde hace más de 10 años la Alcaldía de Bogotá se encuentra en manos de agrupamientos políticos que dicen ser progresistas o de izquierda, ninguna de las gestiones anteriores a la de Gustavo Petro (iniciada el 1º de enero de 2012) tuvo que enfrentarse a tanto asedio de la derecha colombiana. Ésta se había propuesto por todos los medios, que el alcalde no termine su mandato tal como establece la ley. Todo lo que dice ser parte de cierto perfil político, no siempre tiene una correspondencia acorde a lo que se plasma en la práctica, y en ese sentido las gestiones anteriores a Petro, aunque de palabras se distanciaban del gobierno central de Colombia, llevaban adelante las mismas políticas que se imponían desde una estructura económico social en la cual el neoliberalismo resulta el rasgo dominante. La gestión de una ciudad, y más precisamente la de una capital con casi 8 millones de habitantes, enfrentará siempre el desafío de llevar adelante políticas públicas, que en el caso de no obtener ciertos grados de racionalidad, crearán inevitablemente descalabros que serán sumamente visibles. Desde su asunción en la alcaldía, Petro comenzó a desarrollar el denominado programa de la “Bogotá Humana”, que además de obtener grandes logros en cuanto a la integración de las minorías sociales, e inclusión ciudadana, también se propuso revolucionar los diferentes servicios públicos, optimizándolos de gran forma en manos del Estado. Antes, habían sido el coto de caza de cierta clase de empresarios que nunca dudaron en realizar pingües negocios, sin importarles si esos servicios funcionaran bien o no. Todo eso en connivencia con los sectores políticos de turno. De igual forma, en las gestiones anteriores la contratación de la obra pública estuvo sujeta a graves irregularidades, habiendo sido el caso del llamado Carrusel de la Contratación ocurrido en 2010, un grave escándalo de corrupción que le costara el cargo al por entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.
La arremetida de la derecha colombiana contra Petro encontró su principal razón en que el alcalde tocó intereses muy fuertes, en particular los concernientes a la recolección de la basura, y que cuando se produjera el pasaje de la empresa del aseo, de manos privadas a la esfera pública en el programa “Basura Cero”, en diciembre de 2012, este hecho precipitó graves irregularidades en lo concerniente a la recolección de residuos, y fue así que los días 18, 19 y 20 de dicho mes, la capital colombiana se encontró atestada de basura. Según varios informes periodísticos realizados por medios colombianos, ese hecho no fue más que un muy premeditado complot que los privados junto a ciertos políticos de la derecha, orquestaron para enrostrarle al alcalde su desagrado por haberles retirado las concesiones correspondientes. Pero también fue el pretexto y la excusa para comenzar a demandar su destitución. Fue así que desde inicios de 2013, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, barajó la posibilidad de sancionar al alcalde, cosa que no prosperó en ese momento, para luego sí, en diciembre, dictaminar Ordóñez la destitución e inhabilidad para ejercer la función pública por quince años, lo que resulta para Petro su muerte política. Esta sanción disciplinaria solamente tendría valor –según expresan los abogados del alcalde– en el caso de haberse cometido delito, ya que sin la presencia del mismo no habría razón para juzgar una gestión. En la misma se podría haber cometido negligencias o aportar elementos que a otros no les pudiesen gustar, pero eso no sería razón suficiente para destituir a un funcionario elegido democráticamente, y mucho menos inhabilitarlo para el ejercicio político por el lapso de quince años.
En tanto que la decisión del procurador, realizada en diciembre, tenía varios días para hacerse efectiva, el alcalde Petro tomó distintos recaudos al respecto, entre los cuales, él mismo en persona viajó a los Estados Unidos para denunciar ante la CIDH lo que consideró un atropello. La decisión de un funcionario no electo como el de procurador, en cuanto a sancionar a otro elegido por el voto popular infringe el tratado interamericano al cual Colombia está suscrita. La destitución se fue posponiendo por medidas cautelares que varios ciudadanos hicieran para que la sanción administrativa no fuera efectiva, sumado todo eso a multitudinarias marchas a la Plaza de Bolívar en apoyo al alcalde. Además, se esperaba que la CIDH tomara cartas en el asunto para que el presidente Santos tomara una resolución. Esto, siempre pensando que el mandatario se ajustaría a las normativas que tal como aseguraron siempre los abogados de Petro, no son parte externa ni paralela a la ley del país neogranadino, sino que la Constitución de Colombia está integrada a un tratado interamericano, desde hace varios años.
El pasado martes 18, con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General, y convalidó así la decisión de Ordóñez. Ante esta decisión, Petro escribió ese día en la red social Twitter: “Todas las instancias del Distrito con optimismo a mantener y desarrollar los programas de Bogotá Humana. Gobernamos hasta el final”, esperando una decisión de la CIDH al respecto. La misma no tardó en llegar, ya que a las pocas horas de lo resuelto por el Consejo de Estado, la Comisión Interamericana emitió un documento en el que señaló que “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho” presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que “los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia” agregando que “la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego”. Ahora la decisión, la última palabra le correspondía inevitablemente al presidente Santos, que desoyó a la CIDH y firmó la destitución el 19. Al otro día, el mandatario puso en ejercicio interino de la alcaldía al liberal Rafael Pardo, que se desempeñaba como Ministro de Trabajo de Colombia. Por ahora, la elección de un nuevo alcalde se realizará en no menos de 67 días.
Tras la decisión de Juan Manuel Santos de convalidar el dictamen del ultraderechista Ordóñez, el oficialista diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos, dijo: “Si algo le reconocen adeptos y contradictores a Gustavo Petro son sus buenas intenciones. De hecho, su Plan de Desarrollo, que planteó como ejes de acción la eliminación de la segregación social, el enfrentamiento de los efectos del cambio climático y la defensa de lo público, ha sido elogiado en distintos escenarios. En voces de expertos y ciudadanos, son temas a los que nadie se opone y por el contrario constituyen el ideal de una ciudad incluyente y respetuosa de la naturaleza. Las primeras pinceladas para enfrentar la segregación han sido destacadas: mínimo vital de agua gratis para 650.000 familias, rebaja de tarifa en el transporte público y subsidio para los pobres en el sistema integrado de transporte”.
La destitución de Petro ratifica una vez más la inviabilidad en Colombia de un gobierno progresista o de izquierda y pone en serio riesgo las conversaciones de paz en La Habana.
Si bien desde hace más de 10 años la Alcaldía de Bogotá se encuentra en manos de agrupamientos políticos que dicen ser progresistas o de izquierda, ninguna de las gestiones anteriores a la de Gustavo Petro (iniciada el 1º de enero de 2012) tuvo que enfrentarse a tanto asedio de la derecha colombiana. Ésta se había propuesto por todos los medios, que el alcalde no termine su mandato tal como establece la ley. Todo lo que dice ser parte de cierto perfil político, no siempre tiene una correspondencia acorde a lo que se plasma en la práctica, y en ese sentido las gestiones anteriores a Petro, aunque de palabras se distanciaban del gobierno central de Colombia, llevaban adelante las mismas políticas que se imponían desde una estructura económico social en la cual el neoliberalismo resulta el rasgo dominante. La gestión de una ciudad, y más precisamente la de una capital con casi 8 millones de habitantes, enfrentará siempre el desafío de llevar adelante políticas públicas, que en el caso de no obtener ciertos grados de racionalidad, crearán inevitablemente descalabros que serán sumamente visibles. Desde su asunción en la alcaldía, Petro comenzó a desarrollar el denominado programa de la “Bogotá Humana”, que además de obtener grandes logros en cuanto a la integración de las minorías sociales, e inclusión ciudadana, también se propuso revolucionar los diferentes servicios públicos, optimizándolos de gran forma en manos del Estado. Antes, habían sido el coto de caza de cierta clase de empresarios que nunca dudaron en realizar pingües negocios, sin importarles si esos servicios funcionaran bien o no. Todo eso en connivencia con los sectores políticos de turno. De igual forma, en las gestiones anteriores la contratación de la obra pública estuvo sujeta a graves irregularidades, habiendo sido el caso del llamado Carrusel de la Contratación ocurrido en 2010, un grave escándalo de corrupción que le costara el cargo al por entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.
La arremetida de la derecha colombiana contra Petro encontró su principal razón en que el alcalde tocó intereses muy fuertes, en particular los concernientes a la recolección de la basura, y que cuando se produjera el pasaje de la empresa del aseo, de manos privadas a la esfera pública en el programa “Basura Cero”, en diciembre de 2012, este hecho precipitó graves irregularidades en lo concerniente a la recolección de residuos, y fue así que los días 18, 19 y 20 de dicho mes, la capital colombiana se encontró atestada de basura. Según varios informes periodísticos realizados por medios colombianos, ese hecho no fue más que un muy premeditado complot que los privados junto a ciertos políticos de la derecha, orquestaron para enrostrarle al alcalde su desagrado por haberles retirado las concesiones correspondientes. Pero también fue el pretexto y la excusa para comenzar a demandar su destitución. Fue así que desde inicios de 2013, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, barajó la posibilidad de sancionar al alcalde, cosa que no prosperó en ese momento, para luego sí, en diciembre, dictaminar Ordóñez la destitución e inhabilidad para ejercer la función pública por quince años, lo que resulta para Petro su muerte política. Esta sanción disciplinaria solamente tendría valor –según expresan los abogados del alcalde– en el caso de haberse cometido delito, ya que sin la presencia del mismo no habría razón para juzgar una gestión. En la misma se podría haber cometido negligencias o aportar elementos que a otros no les pudiesen gustar, pero eso no sería razón suficiente para destituir a un funcionario elegido democráticamente, y mucho menos inhabilitarlo para el ejercicio político por el lapso de quince años.
En tanto que la decisión del procurador, realizada en diciembre, tenía varios días para hacerse efectiva, el alcalde Petro tomó distintos recaudos al respecto, entre los cuales, él mismo en persona viajó a los Estados Unidos para denunciar ante la CIDH lo que consideró un atropello. La decisión de un funcionario no electo como el de procurador, en cuanto a sancionar a otro elegido por el voto popular infringe el tratado interamericano al cual Colombia está suscrita. La destitución se fue posponiendo por medidas cautelares que varios ciudadanos hicieran para que la sanción administrativa no fuera efectiva, sumado todo eso a multitudinarias marchas a la Plaza de Bolívar en apoyo al alcalde. Además, se esperaba que la CIDH tomara cartas en el asunto para que el presidente Santos tomara una resolución. Esto, siempre pensando que el mandatario se ajustaría a las normativas que tal como aseguraron siempre los abogados de Petro, no son parte externa ni paralela a la ley del país neogranadino, sino que la Constitución de Colombia está integrada a un tratado interamericano, desde hace varios años.
El pasado martes 18, con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General, y convalidó así la decisión de Ordóñez. Ante esta decisión, Petro escribió ese día en la red social Twitter: “Todas las instancias del Distrito con optimismo a mantener y desarrollar los programas de Bogotá Humana. Gobernamos hasta el final”, esperando una decisión de la CIDH al respecto. La misma no tardó en llegar, ya que a las pocas horas de lo resuelto por el Consejo de Estado, la Comisión Interamericana emitió un documento en el que señaló que “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho” presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que “los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia” agregando que “la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego”. Ahora la decisión, la última palabra le correspondía inevitablemente al presidente Santos, que desoyó a la CIDH y firmó la destitución el 19. Al otro día, el mandatario puso en ejercicio interino de la alcaldía al liberal Rafael Pardo, que se desempeñaba como Ministro de Trabajo de Colombia. Por ahora, la elección de un nuevo alcalde se realizará en no menos de 67 días.
Tras la decisión de Juan Manuel Santos de convalidar el dictamen del ultraderechista Ordóñez, el oficialista diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos, dijo: “Si algo le reconocen adeptos y contradictores a Gustavo Petro son sus buenas intenciones. De hecho, su Plan de Desarrollo, que planteó como ejes de acción la eliminación de la segregación social, el enfrentamiento de los efectos del cambio climático y la defensa de lo público, ha sido elogiado en distintos escenarios. En voces de expertos y ciudadanos, son temas a los que nadie se opone y por el contrario constituyen el ideal de una ciudad incluyente y respetuosa de la naturaleza. Las primeras pinceladas para enfrentar la segregación han sido destacadas: mínimo vital de agua gratis para 650.000 familias, rebaja de tarifa en el transporte público y subsidio para los pobres en el sistema integrado de transporte”.
La destitución de Petro ratifica una vez más la inviabilidad en Colombia de un gobierno progresista o de izquierda y pone en serio riesgo las conversaciones de paz en La Habana.
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