Bolivia- Propiedad privada o autogestión

Empresas con problemas podrían convertirse en empresas sociales, al estilo de las recuperadas en la Argentina.

Que ciertos sectores empresariales alienten la lógica de la capitalización financiera en detrimento de la capitalización productiva no es nada novedoso en los países de la región, mucho menos en Bolivia. En ese escenario, la quiebra y el vaciamiento aparecen –para ellos– como una opción ventajosa y rentable. Para los trabajadores, en cambio, las ventajas de los empresarios serán una verdadera tragedia, de no encontrar una forma efectiva de contrarrestar esas maniobras especulativas.
Víctor Quispe Ticona, dirigente de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, alertó que en su país se habrían detectado alrededor de una docena de empresas que estarían enfrentando problemas financieros, poniendo en riesgo unos 600 puestos de trabajo, si las mismas entrasen en quiebra. En tal sentido, Quispe sugirió que esos establecimientos podrían transformarse en empresas sociales, de un modo bastante similar a lo que en la Argentina son las empresas recuperadas por sus trabajadores.
Por su parte, Vitaliano Mamani, secretario de Relaciones Internacionales de la misma confederación, dijo el sábado 15 que están en la mira varias empresas “abusivas” que no cumplen sus obligaciones con los trabajadores, por lo que desde el sector planean convertirlas en empresas sociales, en aplicación del Decreto Supremo 1754. “Tenemos empresas que están cerradas, para poder reactivar. Se necesita una reglamentación a la ley que ya tenemos, en la constitución de empresas sociales, como también hay empresas privadas que están con juicio laboral, y varios trabajadores, en defensa de su fuente de trabajo, están en la cárcel, entonces, todo eso tenemos que verlo con el Ministerio de Trabajo, y, una vez que tengamos la reglamentación, vamos a tener la lista de todas aquellas empresas que pasarán a manos de los trabajadores”, le dijo Mamani al periódico Correo del Sur de Chuquisaca, señalando que una de las empresas que incumplen con los trabajadores es el ingenio San Aurelio, porque despidió a varios trabajadores y no pagó el segundo aguinaldo de acuerdo con la norma establecida. “Tenemos en Santa Cruz el ingenio San Aurelio, que no respeta el fuero sindical y ha despedido a varios trabajadores” dijo, agregando que igual que en ese caso “hay muchas empresas que están mal administradas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y, por lo tanto, tienen que pasar a manos de los trabajadores” enfatizó.
Lo original del proceso de cambio en Bolivia, por no decir lo virtuoso, es que en lo concerniente a la transformación y el desarrollo de su matriz productiva, los intereses de los trabajadores están puestos levemente por encima del de los empresarios. Y no porque se pretenda desterrar al sector patronal, como algunas voces pretenden enfatizar, sino porque lo que se intenta es que no existan los grandes atropellos que históricamente padecieron los trabajadores en el país del altiplano. También, el sector empresarial debe comprometerse con el bienestar general y los intereses de todo el país, y para ello el gobierno de Evo Morales sabe que no alcanza con la declamación y la sugerencia, se necesitan principalmente ciertas normativas institucionales, la sanción de determinadas leyes que hagan que eso sea así. El rol protagónico de las organizaciones obreras es sustancial, para tales efectos, en un ida y vuelta permanente con la esfera gubernamental.
La preocupación de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Fabriles, expresada en las declaraciones recientes sobre la posibilidad de establecer empresas sociales, no surge de un capricho de ellos, sino de normativas vigentes que son parte de la nueva Constitución Política de Estado. El Decreto Supremo 1754, que hace referencia a la conformación de empresas sociales, fue promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de octubre de 2013 en ocasión de la celebración del 62º aniversario de la Confederación de los fabriles. La misma es la segunda en importancia al interior de la Central Obrera Boliviana (COB), después de la de los trabajadores mineros, habiendo sido fundada unos meses después de la central, al calor de las históricas jornadas revolucionarias de 1952. El decreto presidencial del pasado octubre, básicamente, plantea que las empresas sociales pueden conformarse ante situaciones en las cuales se da un proceso de quiebra, concurso o liquidación conforme a lo previsto en el Código de Comercio, o en caso de que el proceso culmine. También cuando existieran empresas abandonadas o cerradas de forma injustificada. La constitución de dichas empresas estará sujeta a los procesos de quiebra, y los trabajadores de forma voluntaria podrán establecer como forma de pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas. Los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad y el riesgo de controlar y organizar la administración del patrimonio de manera colectiva, la gestión y el funcionamiento de la empresa, de acuerdo con un convenio interno recíproco y equitativo, que establezca las responsabilidades de cada trabajador. Por su parte, los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural junto al de Trabajo, Empleo y Previsión Social les brindan a los trabajadores autogestionados todo el asesoramiento correspondiente. Vale señalar que el Decreto 1754 se fundamenta en el Artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado, que en su inciso 3 dice que: “Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.
Los fabriles, desde la segunda quincena de octubre hasta el 31 de diciembre pasado, se abocaron a realizar un censo fabril para conocer al interior de los diferentes establecimientos productivos: la calidad de trabajo, la situación laboral, la incidencia de derechos, cuántos son sindicalizados, quiénes respetan los derechos laborales, el seguro a largo plazo y otros temas que, según el gremio, les servirán como base para discutir con el gobierno y establecer planes a futuro, ya que de hecho, al mencionado decreto ellos tienen estipulado comenzar a implementarlo en abril.
Los empresarios ponen el grito en el cielo. La Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), tras las declaraciones de los dirigentes fabriles, consideró a las mismas como una incitación a destruir la seguridad jurídica, y que generan “incertidumbre” en las inversiones ejecutadas en diversos ámbitos de la actividad económica del país. Luis Urquizo Valdivia, presidente de la Feplp, manifestó el viernes 14 su preocupación frente a la que consideró como una amenaza de los trabajadores fabriles, convertir 12 fábricas del sector privado en “empresas sociales”, con el pretexto de que estuvieran en quiebra o en problemas financieros. Además, la cámara empresaria cuestionó los permanentes incrementos salariales y el doble aguinaldo dispuesto por el gobierno, que según él afectan la capacidad de las empresas. Urquizo dio a entender de esa forma que los supuestos problemas financieros que aquejan a su sector son producto principalmente de las mejoras que los trabajadores tuvieron en cuanto a poder adquisitivo y condiciones laborales. Ya en octubre, tras la promulgación del Decreto 1754, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, había dicho que el mismo “podría tener como consecuencia nefasta la destrucción de las empresas formales por parte de un incentivo perverso que los empleados y los obreros podrían entender como posibilidad, al establecer para ellos un marco jurídico que posibilite un trabajo en desmedro de la empresa que los cobija”, no dudando en calificar al decreto como “nefasto” y “perverso”.
Si en la Argentina la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores surgió como táctica defensiva en un momento de profunda crisis, por el sólo objetivo de conservar la fuente laboral, y al margen de las estructuras sindicales, se podría decir que en Bolivia, en tanto una de las confederaciones obreras más fuertes del país lo toma como política sindical, articulada a la política pública, esto podría convertirse en una verdadera estrategia nacional de saneamiento y desarrollo del aparato productivo.