La Pachamama, en la ONU

Con la participación de 2.200 representantes de pueblos indígenas de siete regiones del planeta, se realizó en Nueva York la primera conferencia mundial que asume la defensa de 370 millones de nativos en el mundo.

Cuando el hombre occidental decidió conquistar el mundo, también les puso nombre a quienes debía invadir y quitarles su territorio. La antropología moderna, nacida en el siglo XVII, se precipitaba así como un saber que permitía clasificar las diferentes razas humanas, tanto desde su aspecto físico, social o cultural. De tal forma aparecieron en la taxonomía las llamadas poblaciones primitivas. Si bien en el último tiempo fueron surgiendo corrientes que abogan por la diversidad y la pluralidad cultural, del paradigma discriminatorio y colonialista aún no se pudo salir. Indígenas se les llama a todos aquellos que son oriundos de una tierra y que son portadores de la tradición cultural más ancestral. Curiosamente siempre fueron considerados como bárbaros y marginales, mientras que los que los despojaban eran los que traían el rasgo civilizatorio.

La Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, realizada entre el lunes 22 y el martes 23, tuvo lugar en Nueva York, más precisamente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue en ocasión del 69º período de sesiones de la Asamblea General del organismo multilateral y congregó a 2200 representantes de pueblos indígenas de siete regiones del planeta o cerca de 100 países con población indígena. La tarea del foro era homologar los documentos signados en 2007, cuando la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –promulgada un año después– acordó atender las necesidades básicas de 370 millones de nativos en el mundo que carecen de acceso a lo que les era propio.  

De particular importancia fue la presencia de las diferentes delegaciones indígenas latinoamericanas, pero si hubo alguna que mostró un sello de distinción, esa fue la delegación de Bolivia, ya que fue acompañada por su dignatario Evo Morales Ayma, el primer indígena en llegar a la presidencia de una nación, y que por esa misma razón también galvaniza los derechos de los diferentes pueblos indígenas de todo el planeta. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, aprobada en 2008, tuvo como actor principal a Bolivia, en tanto adalid de la defensa de los derechos de la Madre Tierra o Pachamama.

El cambio climático, gatillado por una desenfrenada industrialización o liberación a la atmósfera de emisiones de carbono, y su impacto en la cultura de los pueblos indígenas del mundo, fue una de las banderas de la Conferencia, con la misma preeminencia que los históricos reclamos por tierra y territorio. 

La primera conferencia de pueblos indígenas fue inaugurada  por el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, y quien lo sucedió en las palabras fue el mandatario boliviano Evo Morales. El titular de la ONU destacó en la apertura del foro  el impulso que le dio a ese acontecimiento el presidente de Bolivia. Ban Ki-moon, en el saludo de bienvenida, que brindó en varias lenguas originarias a los concurrentes, recordó su visita a Bolivia, en junio (en ocasión de la Cumbre del G-77 + China), y ponderó los avances que el país andino y amazónico verificó en el último tiempo en materia de los derechos de los pueblos indígenas. El surcoreano además señaló a Evo Morales como el principal gestor de la homologación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de Naciones Unidas. 

Tras las palabras de Ban, Evo Morales apeló a la trilogía compuesta por la vida, la Madre Tierra y la paz como principios del movimiento indígena. “Los principios fundamentales del movimiento indígena son la vida, la Madre Tierra y la paz, estos principios fundamentales del movimiento indígena del mundo son amenazados permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la Madre Tierra”, dijo Evo Morales, y abogó por la erradicación de la extrema pobreza y la discriminación, además, de la defensa de la vida a favor de los pueblos indígenas. “Es un imperativo para todos los gobiernos del mundo avanzar en la superación y erradicación de las condiciones de la extrema pobreza y la discriminación que todavía sufren los pueblos indígenas para dar solución a los problemas estructurales de pobreza”, dijo en el marco de su alocución, y destacó que en Bolivia la extrema pobreza disminuyó del 38 por ciento al 18 por ciento (a partir de 2006) lo que, a su juicio, es un récord histórico. Asimismo, sostuvo que los pueblos indígenas resistieron de manera permanente los procesos de colonización registrados en los distintos países de la región y resaltó que se conservó la cultura de la vida enmarcada en la armonía y el equilibrio con la Madre Tierra. “Esta Conferencia Mundial debe ser el punto de partida para definir acciones colectivas en defensa de la vida para iniciar procesos de transformación y de cambio a partir de la soberanía y la ciencia de los pueblos indígenas en directa combinación con la tecnología y el avance científico de estos tiempos”, enfatizó.

De acuerdo con los precisos informes realizados por la ABI (Agencia Boliviana de Información), el  jefe de Estado compartió las experiencias registradas en Bolivia, tales como la lucha de los movimientos sociales para cambiar el modelo neoliberal, que atenta contra la vida y la naturaleza, y recordó que antes de haber llegado al gobierno, en enero de 2006, el movimiento indígena boliviano era utilizado para ganar votos y no era tomado en cuenta para gobernar pero, a su juicio, en corto tiempo se demostró que los indígenas pueden administrar un país en el marco del servicio, compromiso y sacrificio a favor de la población.

“Los gobernantes del mundo tienen que gobernar obedeciendo a los pueblos y con los pueblos, con los movimientos sociales (...). Nuestros pueblos, nuestras naciones, no pueden ser gobernados por banqueros ni por grandes empresarios o transnacionales”, dijo Evo, y sostuvo a su vez que los recursos naturales deben beneficiar a todos, por lo que destacó el incremento de la renta petrolera de 300 millones de dólares, registrados en 2005, a 6000 millones de dólares previstos para fines de 2014. “Con la nacionalización, Bolivia se liberó económicamente de los gendarmes de la economía mundial”, vale decir Banco Mundial y especialmente del FMI (Fondo Monetario Internacional) aseguró el presidente andino ante los presentes.

Evo consideró también –en su alocución– que el cambio climático se convirtió en uno de los problemas de mayor gravedad para el planeta y la humanidad y, a su juicio, la mejor forma para combatir el cambio climático es con las políticas, con las experiencias y vivencias del movimiento indígena, basadas en la complementariedad y de cómo vivir en armonía con la Madre Tierra. “Los pueblos indígenas deben ser los protagonistas de cambio de sus propios modelos de desarrollo, respetándose la pluralidad social, cultural, económica y jurídica; debemos fortalecer los lazos de unidad de los pueblos respetando o despertando la energía comunal para construir la cultura de la hermandad, la paz y la vida”, aseguró el mandatario andino, e instó a cuidar y proteger las tierras de vocación productiva en el mundo y a promover toda la potencialidad productiva de las tierras, fundamentalmente aquellas que pertenecen y utilizan los pueblos indígenas.

La soberanía alimentaria fue otro de los principales temas abordados por el presidente boliviano. En tal sentido les demandó a los pueblos indígenas fortalecer la capacidad para alimentar con productos orgánicos y ecológicos a todos los pueblos del mundo. “Es un imperativo que los pueblos indígenas del mundo realicen plenamente el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos a la tierra y al territorio, también tenemos que superar las limitaciones relacionadas con la naturaleza de su desarrollo integral a través del acceso a la educación, salud, agua, saneamiento básico y todos los servicios básicos”, afirmó.

Tras la apertura Evo Morales se declaró emocionado al ver “instalados y reconocidos” a representantes de pueblos indígenas del mundo, en la bandeja superior del salón de sesiones del plenario de la ONU, en Nueva York. Hecho que sucede por primera vez en la historia política del organismo multilateral en más de 60 años. “Muy emocionante, me siento orgulloso por ellos, por acompañar este debate de la cumbre indígena en Naciones Unidas”, señaló en declaraciones a la ABI, después de que, junto al líder surcoreano Ban Ki-moon, inaugurara la primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, en el ámbito del organismo.  Desde que asumió la presidencia de Bolivia, de población mayoritariamente indígena y originaria, Evo, el primer presidente cultural y étnicamente originario de Latinoamérica, ha galvanizado en la órbita internacional los derechos indígenas del mundo. “Es la primera vez que en las Naciones Unidas por fin se debate, en la Cumbre, sobre los derechos del movimiento indígena, antes no había eso, pese a la oposición de algunos gobiernos, de Estados”, afirmó. “Me ha sorprendido ver en la bandeja superior del plenario de las Naciones Unidas a los hermanos indígenas con una wiphalade todos los colores. Hace tiempo, hace años, hemos planteado la cumbre de los pueblos indígenas. De esta manera también hacen una defensa del movimiento indígena en las Naciones Unidas”, afirmó Evo, sensibilizado, e instó por último a adoptar los modelos ancestrales de vida de los indígenas como reserva frente a los males que transversalizan la vida humana. “La mejor forma de combatir el capitalismo, el imperialismo, los modelos de desarrollo de Occidente, es recuperando la forma y la vivencia del movimiento indígena; es complementariedad y, sobre todo, armonía con la Madre Tierra. Y eso es lo más importante que reconozcan los Estados en el mundo”, afirmó.

La Comisión Económica para la América Latina (Cepal), en el marco de la Conferencia,  presentó su informe “Pueblos indígenas en América latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”. En ella se apuntan logros pero también difíciles circunstancias presentes y de futuro inmediato para las poblaciones autóctonas.

Si bien han existido mejoras en salud, educación, e incluso en la participación política, todavía no existe el respeto al derecho a la consulta previa sobre lo que ocurrirá en los territorios ancestrales, dicen desde la Cepal, asegurando que los conflictos socioambientales aparecen regidos aún por los intereses de los mercados internacionales, y el respeto a las zonas indígenas se da más en los papeles que en la realidad, se señala en el portal uruguayo LaRed21.

La Cepal reconoció los fuertes trabajos desarrollados por los gobiernos de Ecuador, Bolivia y México para reducir la mortalidad infantil en las poblaciones indígenas, enfatizando a su vez que en la última década “17 países disponen de alguna institucionalidad estatal con el mandato específico de gestionar la salud intercultural”.

Entre los puntos interesantes del documento –también según LaRed2–,  aparecen cambios importantes en el número de las poblaciones indígenas latinoamericanas. En 2006, se contabilizaban 642 poblaciones indígenas y ahora hay 826 comunidades en Latinoamérica, con unos 45 millones de habitantes (el 8,3% del total latinoamericano), por lo que se entiende que hubo una recuperación demográfica. Con excepción de Bolivia, hubo un aumento en todos los países, encabezados por México. Frente a este escenario está el opuesto: centenas de poblaciones indígenas corren riesgo de desaparecer. Lo peor ocurre en Brasil, donde 70 comunidades están amenazadas, el 23% de los indios brasileños; en Bolivia, sufren riesgo 13 de los 39 pueblos indígenas; y en Colombia hay 35 etnias “en riesgo de desaparición cultural o física”. “Si a la fragilidad demográfica se suman otros factores de vulnerabilidad socioambiental y territorial, como los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, la desnutrición y elevada mortalidad, por mencionar algunos, probablemente la cifra de pueblos en peligro de desaparición sea muy superior”, detalla el informe. A ello se suman 200 pueblos indígenas en aislamiento y extrema vulnerabilidad debido a la explotación exógena de sus recursos, concluyen.

En líneas generales, los diversos informes realizados por las delegaciones indígenas muestran la gran preocupación por los proyectos extractivistas, no sólo por la afectación del medio ambiente, sino también por el desplazamiento de las comunidades. No sólo la minería a cielo abierto es un síntoma, también los proyectos de sojización de las tierras y las plantaciones que luego se destinan a la producción de agrocombustibles. Particularmente los pueblos indígenas de Colombia resaltaron el papel negativo que tiene para su supervivencia el largo conflicto armado que arrastran desde hace más de medio siglo. Según el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la presencia de grupos ilegales y fuerzas militares en territorio indígena sigue siendo una de las principales causas del confinamiento de estas comunidades a las que se les niega el derecho a transitar libremente por vías y ríos generando “desabastecimiento alimentario y de salud, y sumen a los pueblos afectados en situaciones de total incomunicación durante períodos prolongados que pueden durar varios meses”. Por esta infracción al derecho internacional humanitario –según el diario El Espectador– se han reportado 236 víctimas, sobre todo del pueblo wounaan, siendo el ejército el principal perpetrador.

Tres candidatos en Bogotá

Resistencia. El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,
se encuentra bajo el fuego de los medios.

Colombia. Luego de diez años de gestiones de izquierda y centroizquierda, se lanzó con mucha anticipación la campaña electoral para las elecciones de alcalde de la capital que reemplazará al cuestionado Gustavo Petro Urrego.

Los comicios para elegir al nuevo alcalde de Bogotá serán dentro de 14 meses. A pesar de ello, tres pesos pesados de la política colombiana ya se lanzaron al ruedo. Todos ellos quieren entrar al Palacio Liévano, probablemente el 1º de enero de 2016. Así lo sugiere la revista Semana. Por qué –valdría preguntarse– la premura de estos lanzamientos. Para dar una respuesta a ello, la influyente revista parece haber tomado partido. En una nota sin firma publicada el 13 de septiembre y que lleva por título “Comienza la carrera por la Alcaldía de Bogotá” se señala sin ningún empacho que la anticipación obedece a una gestión que lo único que ha logrado es descontento, y que por esa razón es posible hoy el surgimiento prematuro de alternativas.
Gustavo Petro Urrego, actual alcalde mayor de la capital colombiana, desde su asunción en enero de 2012 tuvo que sortear demasiadas dificultades. Nunca antes una gestión del gobierno capitalino había tenido tantas resistencias por parte de los principales lobbies económicos metropolitanos, y de sus variables políticas afines. El perfil izquierdista y progresista de Petro no resultó la principal causa de la resistencia, sino en primer lugar las políticas que comenzó a llevar a cabo, y que tocaron intereses muy anquilosados. El pasaje de los diferentes servicios públicos a manos del Estado fue uno de los principales focos de conflicto, y entre ellos, el de la recolección de basuras, el más paradigmático. El esquema de aseo hizo que en marzo de este año Petro fuera destituido del cargo, para volver al mismo en abril –tras 35 días de haber estado fuera de la gestión– debido a las medidas cautelares que le adjudicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que tuvieran que ser acatadas por la Justicia neogranadina. La destitución en marzo no fue una novedad ya que durante todo el 2013, el procurador Alejandro Ordóñez amenazó con esa acción, sumado a que también aparecieran diferentes grupos que recolectaban firmas para realizar un referéndum revocatorio, que si bien la Registraduría lo convalidó, nunca se realizó.
Durante el tiempo que Petro estuvo destituido, quien ocupó la alcaldía fue el liberal Rafael Pardo, nombrado por el presidente Juan Manuel Santos, aunque el designado también ocupara el Ministerio de Trabajo de Colombia. No pocos analistas señalaron por entonces que ése era un globo de ensayo santista para posicionar al ministro como virtual burgomaestre. Y no es para menos, ya que Pardo hoy es uno de los tres políticos que se lanzaron prematuramente para llegar al Liévano. Los otros dos son Francisco Santos, del derechista Centro Democrático, y Clara López del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo.
Tal vez quien mejor exprese una candidatura que sume críticamente contra Petro, es el ex vicepresidente FranciscoPacho Santos. El primo del presidente, pero que es parte del armado político del ex mandatario Álvaro Uribe, ya en 2013 se preparaba para el cargo, en caso de que la revocatoria –propuesta por un grupo “independiente” de ciudadanos– fuera efectiva. Santos se había sumado a la campaña revocatoria. No resulta así casual que la nota deSemana señalada más arriba, comience con una frase de Pacho: “Petro es un alcalde incapaz y lo sigue demostrando”.
Entre sus argumentos para justificar el lanzamiento de los tres candidatos, Semana dice: “Bogotá atraviesa por una profunda crisis política sin antecedentes en los últimos 20 años. De hecho, el reporte más reciente de la encuesta Gallup identifica la complicada situación capitalina como uno de los diez aspectos por destacar en las dos décadas que llevan haciéndole seguimiento a la opinión pública colombiana” enfatiza la publicación, y añade que “la molestia de los bogotanos con su ciudad se traslada con igual intensidad a su alcalde”, asegurando que “la misma encuesta Gallup registra que el 58% de los capitalinos rechaza la gestión de Gustavo Petro”.
Bogotá, desde hace diez años está gobernada por gestiones de izquierda y centroizquierda. Semana intenta señalar que, en las últimas elecciones presidenciales la gran vedette resultó la derecha encarnada por el candidato Óscar Iván Zuluaga del uribista Centro Democrático. Esto le permitiría ir por el distrito. Si se tienen en cuenta los resultados de las elecciones del 25 de mayo, en los cuales Zuluaga se impuso por escaso margen al actual presidente Santos –quien iba por su reelección–, podría convalidarse la hipótesis de la revista, pero si se tiene en cuenta que en la segunda vuelta realizada el 15 de junio Santos se impuso por el 50,9% al 45% del uribismo, las cuentas que se podrían hacer son otras. El triunfo del actual mandatario en junio implicó una fuerte apuesta de la izquierda que, apoyando la reelección, convirtió a los comicios en un verdadero plebiscito por la paz. La derecha representaba la continuación de una guerra que no cesa desde hace varias décadas, con un número muy significativo de asesinatos y desplazamientos. En la segunda vuelta de junio el apoyo del alcalde Petro a Santos resultó decisivo para dar vuelta el resultado de mayo en el distrito capital. La alcaldía de Bogotá representa el segundo cargo en importancia del esquema político colombiano. La derecha se ha propuesto recuperar ese bastión y Pacho Santos es la figura con la cual lo va a intentar. Por su parte, si Clara López aseguró que le entusiasma la posibilidad de ser la próxima alcaldesa, habría que pensar que ello es un reflejo político para contrarrestar el envión del uribismo. Pardo no lo puede disimular ya que fue alcalde por 35 días.
Pero como la arremetida contra Petro pareciera realizarse en una perfecta combinación de todas las formas de lucha, pasada la destitución y la revocatoria, ahora el alcalde debe padecer otras estocadas como lo es el fallo que convalida la vuelta a Bogotá de las emblemáticas corridas de toros. Haber terminado con ellas había sido un gran salto en la consideración de diferentes movimientos de protección de los animales de todo el mundo. El gerente de la Corporación Taurina de Bogotá Felipe Negret había presentado hace un tiempo una tutela, que hizo que la Corte Constitucional dé lugar a que dicha actividad vuelva a la Plaza de la Santa María, lugar que desde la “Bogotá Humana” se había rediseñado para actividades culturales. “Lamento que aún tengamos sectores de la sociedad que se diviertan con la muerte. No existe un derecho fundamental a matar”, dijo Petro a través de la red social Twitter, pero subordinándose a la decisión de la Justicia. Por su parte, Negret le dijo al diario Vanguardia de Bucaramanga que la decisión de Petro le costó a Bogotá –entre 2013 y 2014– haber perdido “dos mil ochocientos millones de pesos para los maltrechos parques de la ciudad” y asegurar que la Corte con este fallo protege derechos y libertades. Diferentes formas de entender hacia dónde debiera ir la humanidad, al menos en relación a sus gustos.

La Unasur estrena presidente

En su visita a Buenos Aires, Ernesto Samper mantuvo varias reuniones de trabajo.

El pasado 11 de septiembre se realizó en Caracas el traspaso de la secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí, el venezolano Alí Rodríguez Araque le pasó la posta al ex presidente colombiano Ernesto Samper Pizano. El 22 de agosto, en ocasión de la cumbre del organismo multilateral realizada en Montevideo, Samper fue elegido por el consenso de todos los mandatarios que estuvieron allí presentes.
La semana que pasó fue el estreno del nuevo titular, ya que realizó su primera gira internacional por el arco más austral de la región. El lunes comenzó visitando Chile, a mediados de semana estuvo presente en la Argentina. Al cierre de esta edición de Miradas al Sur, Samper se encontraba en Uruguay concluyendo su turné inicial.
El lunes, el ex mandatario colombiano se reunió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En el encuentro, celebrado en el palacio de La Moneda, también participaron el canciller chileno, Heraldo Muñoz, y el embajador de Colombia en Chile, Álvaro Echeverry, así como el coordinador nacional adjunto de Chile ante Unasur, Humberto Molina. Previo a ello, el secretario general del organismo multilateral había tenido una breve reunión con el Ministro Muñoz en la sede de la Cancillería. Según informara ese día el portal de Unasur, el canciller chileno dijo: “Estamos muy complacidos que finalmente Unasur tenga un Secretario General y tenga un liderazgo para las tareas que vienen por delante”, dijo, y en ese sentido destacó el hecho de “pasar del discurso a la acción, de la coordinación en teoría a acciones concretas respecto de los problemas reales de la región. Ha sido una reunión muy grata y la presidenta le ha expresado el apoyo que nosotros daremos a su gestión” aseguró el ministro de Relaciones Exteriores trasandino.
Por su parte, Samper señaló que “es muy grato poder presentar lo que son las líneas generales de mi acción como Secretario General de Unasur. La idea es trabajar por la región”, y agregó que “vamos a proponer un regionalismo económico abierto, que los países puedan hacer sus alianzas estratégicas con los países que consideren conveniente, para efectos de mejorar sus condiciones de crecimiento y que haya una integración política en lo regional”.
La agenda de Samper comprendía también una visita a la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago. Allí se reunió con la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, y el Secretario Ejecutivo Adjunto, Antonio Prado. En la reunión, los altos representantes analizaron los desafíos que enfrenta actualmente América Latina y el Caribe y discutieron la forma de potenciar la fructífera cooperación que se ha desarrollado entre ambas instituciones desde la firma de un convenio en 2012.
El martes, Samper también se reunió con el Ministro de Defensa Nacional, Jorge Burgos. En el encuentro, que se efectuó en el Ministerio de Defensa, ambos funcionarios realizaron un análisis del estado de situación del Consejo de Defensa de Unasur, abordando el compromiso de Chile con la Escuela de Defensa Suramericana, la experiencia del país trasandino en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), las perspectivas del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, entre otros temas.
La tarde del miércoles ya en la Argentina, Samper fue invitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para ser parte de una reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Algunos minutos antes, Cristina había recibido en el mismo lugar a integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El jueves, el titular de Unasur participó de una reunión de trabajo en el Palacio San Martín. Samper, quien realiza su primera visita al país desde la asunción de su cargo, expresó su interés por conocer en detalle el desarrollo en los organismos internacionales de la cuestión vinculada a la necesidad de establecer un marco legal para la reestructuración de deuda soberana, tema en el que la Argentina tiene un rol protagónico. Además reiteró el respaldo y el compromiso de la Unasur con el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, también participó del encuentro de trabajo con el titular de Unasur. Allí se abordaron temas relativos al Consejo de Desarrollo Social, del cual Alicia Kirchner forma parte. En ese sentido, la ministra recordó que la Unión de Naciones Suramericanas asumió desde su creación, el compromiso de implementar políticas públicas dirigidas a eliminar la desigualdad, lograr la inclusión social y procurar la participación ciudadana. Por su parte, Samper destacó tras el encuentro que “la institucionalidad que se ha logrado aquí (en la Argentina) al poner bajo una misma sombrilla todos los programas de desarrollo social, me parece que es envidiable”, y agregó en relación a la estrategia conjunta de la región: “El propósito es que podamos encontrar proyectos específicos que puedan convocar a los gobiernos alrededor de los temas que para el ciudadano muestren que Unasur está actuando y generando hechos de integración”.

Michelle Bachelet. La tradición socialista regresa al poder

El pasado jueves 11, en Chile, se cumplieron 41 años del golpe de Estado, que derrocó al presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. El principal acto conmemorativo fue realizado en el Palacio de la Moneda y fue encabezado por la presidenta Michelle Bachelet. Para ella, un 11 de septiembre no es un día cualquiera. En 1973 a días de cumplir 22 años, la joven estudiante de Medicina y militante de la Juventud Socialista padeció aquella acción castrense de forma particular. Su padre, el general Alberto Bachelet Martínez, quien en 1972 fuera designado por el presidente Allende como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización –que ponía bajo su control las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP)–, debido a su lealtad al mandatario, fue detenido, y tras sufrir apremios ilegales en sesiones de interrogación, seis meses después falleció debido a un infarto de miocardio. Las JAP habían sido creadas especialmente para racionalizar y alivianar la escasez de alimentos e insumos que afectaron al país trasandino los últimos días del gobierno de la UP. Durante la ceremonia por el 41º aniversario del golpe militar, la presidenta Michelle Bachelet señaló que “la memoria de los desaparecidos sigue aquí”, e insistió en su llamado a todos aquellos que tengan información sobre el paradero de estas víctimas, la entreguen.
En su discurso, Bachelet también hizo referencia al atentado en el metro Escuela Militar –sucedido el pasado lunes 8 y que fuera catalogado como una acción terrorista– afirmando que en Chile, tras el quiebre institucional perpetrado por los militares, ya no hay lugar para el temor y la violencia. “No estamos dispuestos a permitir que esa cultura de respeto de derecho y de paz que hoy reivindicamos, que nos pertenece a todos y todas, sea atropellada, abusada o menospreciada por nadie”, señaló la mandataria. “Si hay una lección aprendida para todos tras el golpe militar de 1973 –dijo– es que en Chile no hay ni puede haber espacio para la violencia. Condenamos la violencia en todas sus formas y reivindicamos la vocación de nuestro país de vivir en paz y tranquilidad, porque en Chile no puede, ni hay espacio alguno para el miedo y para el temor”, enfatizó. La presidenta añadió que “es precisamente gracias a la memoria, con sus cicatrices y con su luminosa persistencia, que sabemos que la fortaleza de nuestra democracia es un patrimonio común que a cada uno le corresponde cuidar”. Bachelet, tras haberse desempeñado como ministra de Salud y luego de Defensa del por entonces presidente Ricardo Lagos de la Concertación, fue elegida en 2004 junto a la canciller Soledad Alvear como las dos precandidatas a suceder a Lagos. Las dos ex ministras tuvieron el plazo de un año para hacer campaña y enfrentarse en elecciones primarias abiertas para poder ser elegidas como candidata presidencial de la Concertación. En mayo de 2005 Alvear retiró su candidatura y dio pie a un fortalecimiento de Bachelet, que de hecho venía creciendo sustancialmente en las preferencias del electorado. El 5 de diciembre del mismo año, la candidata de la Concertación vencería al derechista Sebastián Piñera por 45,95% a 25,41% en la primera vuelta y por 53,5% a 46,5% en la segunda vuelta. De esta forma, Michelle se convertiría en la primera mujer chilena que accedería a la presidencia, y después de Salvador Allende la segunda integrante del Partido Socialista en llegar a la Moneda. Vale señalar que la izquierda partidaria chilena, tanto el Partido Socialista como el Comunista, son organizaciones con fuerte raigambre territorial y de masas. El socialismo chileno es la segunda fuerza política del país trasandino, tras la Democracia Cristiana. En 1970, el PS logró articular la Unidad Popular que llevó a la presidencia a Salvador Allende y que logró un muy interesante proceso de transformaciones sociales, que por entonces llevara el nombre de “Vía chilena al socialismo”. Un sector muy importante del socialismo a mediados de los ’60 conformaría la principal fuerza marxista trasandina de entonces: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y vale recordar que la prestigiosa intelectual chilena Marta Harnecker fue parte del PS, antes de convertirse en la principal discípula latinoamericana del filósofo marxista francés Louis Althusser. Harnecker es una prolífica escritora, y en los años setenta se hizo conocida por los sugerentes manuales que servían para la formación política a las diferentes camadas de activistas revolucionarios y populares. Lo cierto es que Bachelet es una fiel representante de la poderosa clase media chilena, o para decirlo con otros términos, de la pequeña burguesía trasandina. Una clase social que según el importante intelectual brasileño Ruy Mauro Marini –La pequeña burguesía y el problema del poder: el caso chileno, Santiago 1973– fue el principal sector de apoyo al proceso encabezado por Salvador Allende. Un sector de la sociedad trasandina que siempre supo mediar entre las clases dominantes y los sectores populares, construyendo fuertes consensos. Bachelet se retiraría de su primera presidencia con un muy alto respaldo popular, pero no pudiendo impedir que Sebastián Piñera derrotara a la Concertación. En enero de este año fue nuevamente reelegida, asumiendo su segundo mandato el pasado 11 de marzo. El nuevo mandato cuenta, además, con la adhesión de sectores políticos ubicados a su izquierda como el de la joven dirigente estudiantil Camila Vallejo, quien cobrara bastante renombre por las grandes movilizaciones a favor de la Educación Pública.
Michelle Bachelet, además, fue la primera presidenta pro témpore de la Unasur y directora ejecutiva de la ONU mujeres.

Ecuador- La alimentación saludable como política de Estado

Salud pública. Las cadenas de comidas rápidas son en gran medida
responsables de malas prácticas alimentarias populares.

Un impuesto sobre la comida que venden las cadenas multinacionales, considerada habitualmente como nociva para la salud, es parte de las políticas del Buen Vivir.

Cambiar los malos hábitos de los ciudadanos, como reducir el consumo de comida chatarra, comenzó a ser parte de la agenda pública en Ecuador. El presidente Rafael Correa así lo anunció los primeros días de septiembre, cuando dijo que se va a establecer un impuesto al consumo de comida chatarra, que rondará el 20% del valor de esos productos. A su vez aseguró que la ingesta diaria de alimentos con excesiva grasa es una de las causas principales de muerte en su país, y que a su vez, el gasto en salud pública en relación con las patologías derivadas de este consumo representan el 25 % del total del presupuesto destinado a ese sector. Establecer de esta forma un impuesto al consumo de ese tipo de comida, además de condicionar a los consumidores para que eliminen malos hábitos, permite que ese dinero vaya destinado a la cartera de salud. En el caso de que se reduzcan sustancialmente los casos de enfermedades producidas por la ingesta de grasas, se superaría largamente el círculo vicioso.
“¿Usted quiere enfermarse? Es su problema, estamos en un país libre. Pero, al menos, pague más para poderlo atender después”, les dijo Correa a los ciudadanos cuando anunció la medida. Los diferentes medios –a partir del anuncio– hicieron hincapié sobre todo en que este impuesto será promulgado, debido a que el gobierno cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Mucha menos atención y cobertura le dio la prensa a la medida en sí, señalando entre líneas que cualquier idea que tenga el presidente podrá imponerla sin demasiados pruritos. Para el caso no vale el hecho de si una medida es válida o no, sino advertir la plena hegemonía de Correa. Se sabe bien hacia dónde van dirigidas semánticamente esas formas de enunciar.
Por su parte el mandatario alertó que en Ecuador “la gente no se nos está muriendo por falta de alimentación, sino por mala alimentación” señalando que ello es un signo de que ese país “está pasando de los problemas de la pobreza a los problemas de la opulencia”. Correa dijo que estos impuestos se aplican en muchos países con buenos resultados, pero criticó que en Estados Unidos “hay una de estas cadenas en cada esquina porque no se toman medidas para cuidar la salud de sus habitantes”. Habló de las conocidas marcas de comida rápida que tienen franquicias en todo el mundo y comentó que es mejor consumir alimentos nacionales porque “es mucho más sano” e indicó que la comida chatarra genera enfermedades en las que el Estado debe gastar mucho dinero para cuidar la salud de la población.
Correa reconoció que si bien las transnacionales de la comida chatarra generan empleo, también desplazan a los pequeños negocios y gran parte de sus ganancias salen del país.
La propuesta del mandatario comprende además imposiciones al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Tal vez la línea que separa lo público de lo privado no sea algo demasiado claro ni definido. Según cuál de los dos elementos sea el que prevalezca, también ese elemento será el que fije el límite, o en todo caso las condiciones a las cuales el otro elemento deba subordinarse. Cuando es el Estado el que toma las riendas, todo lo concerniente a su misma razón de ser, incluido lo que se considera privado, debe estar en consonancia. Pareciera una obviedad, pero no siempre ocurre así. La propuesta del presidente ecuatoriano de gravar impuestos a la comida chatarra, el tabaco y las bebidas alcohólicas, podría ser considerada por algunos como una invasión a los gustos personales, o en todo caso, hasta entrometerse en la vida privada de la gente. Pero cuando la razón de establecer impuestos a hábitos no considerados saludables se relaciona directamente con la posibilidad de brindar salud pública e incluso ahorrar recursos de la caja estatal, los argumentos liberales deberían derrumbarse. Mucho más cuando se trata de una política orientada a reducir de forma efectiva consumos nocivos, para establecer así nuevas formas de alimentación.
Como antecedentes vale señalar que Dinamarca ya introdujo un impuesto sobre la grasa, Hungría a la comida basura y Francia a las bebidas azucaradas. Según un buen informe que realizó el diario colombiano El Espectador en mayo de 2012, si las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, constituyen la mayor carga económica para los sistemas de salud de prácticamente todos los países, y la principal causa del deterioro del bienestar de la población, ¿por qué no pensar en gravar la comida menos saludable con un impuesto? Esa es la pregunta que han lanzado investigadores de la Universidad de Oxford siguiendo el ejemplo de países como Francia, Hungría y Dinamarca, donde ya se han dado algunos pasos para controlar a través de impuestos la comida chatarra, base de dietas a las que se achaca la epidemia de sobrepeso. Según los expertos, un impuesto especial del 20% es el mínimo necesario para observar un efecto en la salud de la población. Cuando se aplicó uno menor, cercano al 8%, no se observó un cambio en el comportamiento de los consumidores. Las conclusiones del análisis fueron publicadas en la prestigiosa revista British Medical Journal.
La idea de controlar la dieta de la población mediante impuestos a la comida poco saludable se abre cada día más espacio, pese a la oposición de grandes sectores de la industria de alimentos.
De acuerdo a lo expresado en su portal, el Ministerio de Salud ecuatoriano señaló que la diabetes, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron entre las principales causas de muerte en ese país en 2013, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En conjunto, estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 ecuatorianos cada día. La cartera señala a su vez que la Carta de Ottawa de 1986, de la Organización Panamericana de la Salud, ya recomendaba un compromiso a favor de la salud a través de medidas fiscales y tributarias, entre otras, aplicadas a los consumos potencialmente nocivos.
Según aseguraba el ministerio, en Ecuador no se plantea el impuesto a los consumos nocivos como una medida aislada, sino que ella se articula a la política pública a través de varias iniciativas importantes, desde diversos sectores, para combatir la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles: la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, el control de bares escolares, la promoción de prácticas alimentarias saludables en los centros de desarrollo infantil y establecimientos educativos, la inclusión de la hora diaria de ejercicio en todos los establecimientos educativos, la masificación del deporte a través del programa Ecuador Ejercítate, los programas de la agricultura familiar campesina, el nuevo etiquetado de alimentos procesados, entre otras. También, desde esa cartera se están preparando amplias campañas de promoción de buenos hábitos de vida para informar a la población. Todas estas iniciativas son armonizadas a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Por tratarse –el impuesto al consumo nocivo– de una medida relativamente nueva y confinada a ciertos países, no ha sido posible demostrar con absoluta certeza su eficacia y no son pocos los que la objetan. Una de las críticas que se han planteado es que el aumento en el precio de esos productos perjudica a los que menos tienen. Por lo general, son las capas más pobres y con menos educación las que sustentan su dieta en alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Por ejemplo en Ecuador, más precisamente en el centro de Quito, un menú de comida rápida es bastante accesible, cuesta apenas 1,25 dólares y es abundante. Es la comida preferida de los carteros por ejemplo.
De ahí que la propuesta debe pensarse integralmente y acompañar los altos impuestos con otras medidas como una subvención de los alimentos más saludables, como son verduras o frutas, o incentivando la creación de platos saludables en las casas de comidas. Toda una apuesta del gobierno ecuatoriano para hacer posible, también en la alimentación, el Socialismo del Buen Vivir.

Los límites del cambio social

Unidad. La experiencia de Unasur marca el camino de la acumulación
de fuerzas populares para las transformaciones pendientes.

Los indiscutibles avances en los procesos populares de los últimos años en nuestro continente reconocen condicionantes históricos que demarcan las dificultades para avanzar hacia metas de transformación profunda.

Desde la primera década del Siglo XXI se viene dando en la región una cantidad importante de experiencias de gobierno que, en líneas bastante generales, adquirieron el rótulo de “progresistas”. Si bien las diferentes gestiones gubernamentales tienen entre sí distintos matices sobre cómo llevar adelante un determinado proceso, hay algunas políticas que podrían señalarse como factor común. La mayoría establece como signo dominante a la redistribución de las riquezas, aunque resulta también paradigmática la inclusión de determinados derechos ciudadanos y democráticos como rasgo distintivo. Obviamente, para que todo esto sea factible es necesario que a nivel de la estructura económica se produzcan transformaciones o movimientos sin los cuales no habría posibilidad de que esas políticas fueran posibles. De tal forma la diversificación y cambio de la matriz productiva y la integración regional son parte de ese juego. Al menos esto se reproduce en lo enunciativo, y aunque constituyan condiciones indispensables para revertir años de dependencia y atraso relativos, no siempre es posible romper con cierta inercia estructural. Siempre hay algo de límite en estas experiencias que escapa a la voluntad transformadora. Desglosar y descifrar estos límites implican una tarea que largamente excede lo que se intentará en estas líneas. Ya que hacerlo implica necesariamente el desarrollo de una teoría que dé cuenta de las trabas estructurales y pueda plasmar en una práctica la reversión de las tendencias. Para eso se necesita de colectivos de intelectuales comprometidos, que excedan el academicismo, y puedan elaborar conceptualmente desde las bases mismas de la sociedad, que es el lugar desde donde se producen los cambios. Lo que se expresará en este artículo no son más que retazos y aproximaciones a ideas en proceso de elaboración. Muchas veces no son más que lugares comunes que se repiten asiduamente sin encontrarles una vuelta certera al asunto. Casi como un ejercicio de verbalización para que al menos esos planteos no se pierdan. Si hoy vale desarrollar algunas de estas hipótesis es porque pareciera que el ímpetu que tenía la región en otros momentos pareciera haber entrado en declive, y no pocos son los que vaticinan un revival neoliberal incluso de la mano de candidatos presidenciales que son parte de las mismas fuerzas políticas que hoy conducen en los países de la región.
No pocas veces, el presidente de Ecuador Rafael Correa, enfatizó que para que su país despegue efectivamente resulta necesario romper con la injusta división internacional del trabajo. La apreciación del mandatario andino, no es para nada ociosa, ya que explicita no sólo uno de los principales aspectos estructurantes del atraso relativo de la región, sino que invita a hacer visibles todas esas variantes estructurales de sujeción de las naciones latinoamericanas, a los intereses de los imperios de turno. Plantear el desarrollo autónomo de los países que se ubican al sur del Río Bravo, y su integración, si bien es un dato que emerge coyunturalmente como una tendencia de la realidad, su resolución efectiva es contranatura. Si bien es cierto que esa oportunidad se hizo presente en algunas fases especiales a lo largo del Siglo XX, el planteo implica una ruptura, una salida efectiva y específica a la repetición cíclica. Aunque si hoy es posible volver a pensarlo, es porque nos encontramos ante una de esas coyunturas especiales, y tal vez la que abarca ya el ciclo de mayor extensión temporal. El problema es que no se cierre antes de haber hecho lo necesario para que ello sea irreversible. De todas formas, aunque no pueda considerarse al proceso como una simple prolongación de tendencias naturales, se debiera advertir que sin la existencia previa de ciertos embriones de organización social que puedan avizorar perspectivas, resultaría imposible pensar una estrategia que rompa lo cíclico, y profundice los cambios ya existentes.
En Latinoamérica se dieron en otras coyunturas específicas, algunos ensayos de gobiernos de corte popular y nacional, al igual que procesos de integración. La mayoría de las veces se dieron en consonancia con las crisis cíclicas del capitalismo occidental, y que cuando éstas concluyeran o se cerraran, esas experiencias declinaran. Esta apreciación no implica una subestimación de esas experiencias, sino un dato que emerge de una realidad histórica, que no fue desapercibida por quienes intentaran en esas oportunidades profundizar los cambios. Resulta de importancia conocer los diferentes ensayos anteriores, para extraer conclusiones al respecto. Tal vez en la actualidad a eso se lo esté haciendo, ya que si se ve al actual proceso latinoamericano, hay cuestiones que fueron asumidas, y que hicieron que se logre un desarrollo de la integración quizás inédito. Por otra parte, si se tiene en cuenta esta cuestión cíclica, éste es el proceso de mayor extensión temporal de una etapa. Nunca antes se había sobrepasado de forma simultánea un lapso de tiempo como el actual. La mayoría de las veces los procesos fueron abortados por la fuerza y con represión a los movimientos populares. Hoy, la utilización de la violencia como forma de retrotraer a un tiempo anterior, se da con características específicas (ver nota relacionada).
Habría que precisar que tras dos siglos de emancipación de la corona española, la formación social latinoamericana presenta dos características preponderantes, que si bien fueron balanceándose de forma desigual, conforman entre sí un nudo de difícil ruptura. Por un lado se trata de una formación capitalista, en tanto las principales formas y relaciones de producción se sostienen en la apropiación privada de lo que se produce colectivamente. Esto no resulta ninguna novedad, aunque en las diferentes experiencias progresistas y reformistas que se dieron en el continente se intentara profundizar el desarrollo capitalista, a partir de eliminar paulatinamente resabios propios a sociedades anteriores. En estas páginas hace algunos meses atrás se desarrolló precisamente la problemática de la cuestión agraria latinoamericana, y ese lastre que representa aún el latifundio, y la existencia de una oligarquía nativa, que tiene un estatus más verosímil o apropiado para una formación de tipo feudal, aunque en términos rigurosos no lo sea. Estas trabas estructurales, para el desarrollo del capitalismo autóctono no, son ajenas a la otra pata de la formación latinoamericana, que tal vez sea el aspecto principal de ella, a saber: la dependencia.
La conformación en la región del capitalismo dependiente, le otorgó a ésta un trazo preponderante en la división internacional del trabajo. Conforme a ser uno de los principales reservorios de recursos naturales del planeta –si no el más importante–, Latinoamérica pasó a ocupar el lugar de exportador de materias primas, con un débil desarrollo industrial, y con la existencia de una burguesía intermediaria, nada proclive a ser ni desarrollista ni progresista. Más bien se trató siempre de una “lumpen” burguesía, preocupada más por sus ganancias coyunturales que por su propio desarrollo como sector clave de la economía. En este sentido, esta clase siempre fue de fácil cooptación por parte de los grandes monopolios y corporaciones internacionales.

Diferentes jugadores. La tensión entre las diferentes apuestas progresistas y sus límites, a veces pareciera reducirse a ser consecuencia nada más del simple accionar de los agentes imperiales y sus socios mediáticos. Si bien esto ocurre, no se trata de una trama tan simple enmarcada en un enfrentamiento a muerte entre apenas dos adversarios, sino que entre medio hay una diversidad de actores a veces tildados como secundarios pero que llevan un rol político decisivo. Esto es muy claro en la conformación de algunas de las fuerzas políticas que conducen los países de la región. Una crítica que siempre se le hace a las diferentes gestiones progresistas es la del extremo presidencialismo, agravado por las sucesivas reelecciones. Seguramente que no se trata de un problema de forma como intentan mostrar los demócratas liberales, que hacen del republicanismo abstracto una bandera de lucha. Más bien este problema hay que verlo desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas propuestas políticas, que hoy parecieran no estar demasiado afianzadas en estructuras orgánicas, sino más bien en la férrea voluntad de algunos líderes. Esto los enemigos de los procesos progresistas lo conocen al dedillo, y por esa misma razón no dejan de buscar aliados dentro de las mismas fuerzas denominadas progresistas.
El gran desarme conceptual producido en las organizaciones políticas durante el auge del neoliberalismo, sumado a las sucesivas crisis de representatividad, hicieron que las bases de sustentación de cualquier política sean bastante endebles, no tanto por su eficacia sino por la manera de reproducirse. La política, reducida a ser un espacio acotado, nunca mostró de manera tan transparente ser un lugar de tanto privilegio. Estos vicios de la política como una forma de continuar los negocios por otros medios, lejos de quedar excluidos en las nuevas fuerzas denominadas progresistas, muchas veces son el peor enemigo de las políticas que intentan llevar adelante. No pocos analistas son los que sostienen que una eventual derrota de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, implicaría un castigo del electorado de ese país a la conservación de ciertos nichos de corrupción.
Sin dudas no se puede generalizar en cuanto a la caracterización de las diferentes fuerzas políticas de la región, debido a que los procesos que vienen desarrollando tampoco son equivalentes. Porque mientras que por ejemplo partidos como el Movimiento al Socialismo de Bolivia o la Alianza País ecuatoriana producen una gran movilización de sus adherentes, existen vetas políticas como los socialismos chileno o uruguayo, enmarcadas en la socialdemocracia, que recuerdan a construcciones más tradicionales. En una reunión que la Internacional Socialista realizara en la Argentina en 2010, que tuvo como anfitriones a la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista local, de la cual participaran figuras como Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, una de las preocupaciones que expresara la internacional socialdemócrata en esa oportunidad fue la del crecimiento del autoritarismo en Venezuela. Sin dudas una preocupación más cercana a la de la derecha que a la de las posiciones transformadoras que hoy pueden vislumbrase en la región.
Una cuestión no menor en relación a la conformación de las fuerzas políticas regionales, es la relación específica que tienen con respecto a los grupos políticos que dicen estar a su izquierda. Esta relación no siempre es resuelta de la mejor forma. Según expresara Modesto Guerrero en una entrevista que le realizara la revista Mascaró, él afirmaba que en Venezuela, durante los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez, más de la mitad de los ministros, fueron ex guerrilleros, es decir, cuadros de la izquierda. Tanto en Bolivia como en Ecuador hoy las fuerzas gobernantes están intentando sumar a diferentes organizaciones de izquierda a un frente más amplio. El acercamiento de la clasista Central Obrera Boliviana a la gestión del MAS es un dato bastante aleccionador. Pero no siempre se producen estos movimientos, y es posible constatar que en países como Brasil o la Argentina –en el primero por el tipo de alianzas que realiza el Partido de los Trabajadores, y en la segunda, por la composición bastante heterogénea del peronismo–, es posible encontrar dirigentes políticos que afirmando ser oficialistas, cuentan con perfiles más apropiados a las oposiciones respectivas.

La revuelta en el patio trasero. Tal vez lo que resulte no del todo obvio, es el diagnóstico acerca del porqué de la nueva configuración regional. Muchos se empecinaron en mostrar el descuido de los Estados Unidos con respecto a la región. Si bien esto es verdad, es posible que no sea el único argumento fiable. En términos relativos se podría afirmar que los procesos de transformación en la región comenzaron promediando el comienzo del siglo. La crisis bancaria ecuatoriana en el ’99, la Guerra del agua boliviana en el 2000, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina, son algunos de los ejemplos, que mostraron la indignación popular ante las políticas neoliberales, y que hicieran que para mantener la gobernabilidad fuera necesario virar abruptamente en cuanto a los modelos de gestión. Este proceso posteriormente se fue acentuando con la crisis del neoliberalismo en otros lugares del mundo, principalmente en Europa y los Estados Unidos, cosa que precipitó la aparición de nuevos actores globales como Rusia y China que comenzaran a disputar seriamente la hegemonía yanqui en la región.
Immanuel Wallerstein, en una entrevista que le realizara el periódico español Diagonal afirmaba en febrero de 2009 que “lo más positivo de la presidencia de Bush fue constituir el mejor estímulo para la integración latinoamericana. No es casual que en estos años hayan surgido presidentes más o menos de izquierdas en 11 o 12 países de la región. Es sencillamente impresionante. El hecho de que Estados Unidos esté tan enfangado en Oriente Medio, hace que carezca de la capacidad militar, política y económica para interferir en la política latinoamericana. Actualmente, América latina ejerce un papel político autónomo y éste es un hecho irreversible. Está claro que la política de Chávez no es la de Bachelet, ni tampoco la de Lula, pero, sea como sea, América latina es una fuerza geopolítica independiente en la que Brasil es, sin duda, el primus inter pares, como demuestran los éxitos en su política exterior. Ejemplo de ello ha sido su papel, crucial, en las reuniones de Unasur, del Grupo de Río, etc., que constituyen una verdadera declaración de independencia. Por desgracia, el papel exterior, que juzgo positivo, no ha ido acompañado de una política interna más de izquierdas”.
En la misma entrevista, Wallerstein alertaba que la crisis coyuntural de 2009 se correspondía con una crisis estructural del capitalismo, de la cual recién en 30 años se podrán vislumbrar los cambios, pero que “el nuevo sistema social que salga de esta crisis será sustancialmente diferente. Si evolucionará en un sentido democrático e igualitario o reaccionario y violento es una cuestión política y por tanto abierta: depende del resultado del conflicto entre lo que llamo ‘el espíritu de Davos’ y ‘el espíritu de Porto Alegre’. En otras palabras, de la inteligencia y el éxito político de los movimientos antisistémicos”.
Sin dudas una cuestión abierta, en la cual no se puede dejar de contrastar la inercia, y en la cual sin la participación activa de las grandes mayorías populares, resultaría impensable avizorar cambios a favor de un mundo más justo.

Las nuevas tácticas de la dominación

A lo largo del Siglo XX ocurrieron en Latinoamérica experiencias políticas que tuvieron que cerrarse antes de tiempo. No siempre lo que se interpreta como el interés común es lo que se lleva adelante. Están también los intereses de minorías poderosas que pueden dirigir la sociedad de una forma autoritaria, imponiéndoles a las mayorías sus condiciones. De hecho en toda sociedad el poder equivale siempre a un balance de fuerza física a favor de los sectores dominantes. La intención aquí no es hacer una recopilación exhaustiva de hechos que convaliden esta hipótesis, con algunos pocos ejemplos esto se puede ver.
El bombardeo a la Plaza de Mayo realizado el 16 de septiembre del ’55, con más de trescientas personas asesinadas, hizo que tres meses después el General Perón dejara su cargo antes de tiempo. Los sucesivos golpes de Estado en la región con exterminio de militantes populares fue una marca indeleble, que mostró que la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad, lejos de defender intereses patrióticos o ciudadanos, siempre estuvieron cooptadas por las políticas imperiales. Es más, siempre existieron planes contrainsurgentes diseñados por la CIA y el Pentágono a los cuales esas fuerzas se disciplinaron. Con la llegada de las denominadas democracias tuteladas en los ’80 pareciera que ese paradigma de intervención directa se hubiese desactivado, pero las cosas fueron desarrollándose por otros carriles.
Lo que hay que tener en cuenta casi como en una metáfora futbolística es que “el enemigo también juega”. En los últimos años se puso en marcha esa metodología denominada “golpe suave”, que si bien no incluye el derrocamiento militar de un gobierno, tampoco prescinde de la violencia. Incluso se podría afirmar que además de la física se desarrolló de forma casi sofisticada la violencia simbólica. Los derrocamientos de los presidentes Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, mostraron un tipo de accionar con respecto a gobiernos considerados débiles. El accionar de grupos paramilitares hoy en Venezuela, al igual que la revuelta de la Media Luna boliviana en 2008, son formas que se imponen a gobiernos más afianzados. De hecho, la derrota del intento golpista en Bolivia fue considerada por el vicepresidente Álvaro García Linera como el punto de bifurcación del proceso de cambio en su país, ya que haber movilizado a una masa muy importante de la población contra los insurrectos, fue dirimir fuerzas que hicieran que se consolide el gobierno de Evo Morales.
Hoy, además existen en la región procesos de guerra de baja intensidad. El desarrollo del crimen organizado es parte de ello, y en muchos casos las fuerzas de seguridad no son ajenas al problema. Ya no son parte de la represión selectiva de activistas populares, ahora adquirieron nuevas modalidades, y eso es tal vez uno de los lastres más pesados que heredaron los gobiernos progresistas de la región. La sublevación policial en Quito el 20 de septiembre de 2010 es una muestra sumaria, pero también hacer la vista gorda liberando zonas en las cuales, luego se producirán acontecimientos de violencia. En la Argentina de los últimos años esto es moneda corriente. El problema de todas estas situaciones es que sirven de base material para el debilitamiento de las diferentes gestiones progresistas. A lo largo de toda la región, los grandes medios de comunicación agitan el problema de la violencia cotidiana como parte inmanente de esta clase de gestiones. Y tal vez desde los gobiernos tampoco se aclaren demasiado estas cuestiones, cosa que también influye en reforzar la opinión de los medios.
En febrero de 2011, un avión militar estadounidense intentó ingresar a la Argentina un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. A pesar de la resonancia mediática de este hecho, vale señalar que todo ese cargamento estaba destinado a diferentes fuerzas policiales argentinas, las cuales reciben adoctrinamiento y formación de parte de los Estados Unidos. Entre ellas la emblemática policía Bonaerense.

El paro de hoy

Impresentables. Los laburantes debiéramos echarlos

Este paro me produce muchas confusiones. Es lo primero que tendría que decir. Me hace pensar en otros tiempos,  aunque lo que hoy esté pasando no tenga nada que ver. Los trabajadores por los cuales uno luchó toda su  vida, le hacen medidas de fuerza a las patronales. Eventualmente a algún gobierno, eso es lo que decíamos en los ´70, exceder las cosas hacia lo político. Pero si uno lo ve fríamente este no es un paro contra los dictadores Onganía, Levingston o Lanusse. La burocracia sindical de entonces, los Rucci, los Coria, los Kloostermann no les hacían paro a los dictadores, eso era patrimonio de los clasistas, de los obreros con conciencia de clase, de los que engrosaron a los 30 mil como René Salamanca. Los jerarcas sindicales de entonces no eran diferentes de esos que hoy son como Barrionuevo, el Momo o Moyano. Lo que me jode es que haya compañeros de izquierda que les engrosen el paro a esos traidores. No defiendo al gobierno OJO. Apoyo la lucha de Lear, Gestamp y Donnely…  Por qué hacerles el caldo gordo a esos hijos de puta es lo que pienso

La ley de medios ecuatoriana hace escuela en la región

Aplicar la ley. El secretario nacional de comunicación,
Fernando Alvarado Espinel.

En varios países latinoamericanos, se toma la ley orgánica de comunicación como un ejemplo a imitar.

Si bien los principales voceros mediáticos se empeñan en enfatizar que en Ecuador se acabó la libertad de prensa, en otros países de Latinoamérica la Ley Orgánica de Comunicación sancionada el año pasado despierta sumo interés. No es para menos que así sea. En una región en la cual los principales medios de información hicieron y hacen una utilización bastante ominosa del poder, cuando surge una iniciativa de este estilo no resulta difícil que atraiga a sectores que, en sus propios países, también ven como necesario plantear medidas acordes.
Tal como informó la agencia Andes, el pasado 15 de agosto, el titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Fernando Alvarado Espinel, señaló que varios países latinoamericanos están interesados en que Ecuador los asesore en referencia a la normativa que entró en vigencia hace poco más de un año. Según Alvarado, tanto desde Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Chile presentan gran interés por la ley ecuatoriana. Aunque vale señalar que Ecuador no se quedó quieto al respecto y no dejó de intentar exportar su promocionada ley. Cuanto mayor conocimiento de ella exista en la región, sin lugar a dudas sirve para convalidar la sancionada en el propio terruño. El sábado 26 de julio, la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que sesionó en Panamá, discutió una propuesta de ley marco de comunicación social propuesta por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreses, perteneciente a la bancada de la oficialista Alianza País. Tal como informó por esos días el portal de Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), tras cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley de comunicación ecuatoriana, la norma propuesta como marco de referencia para los países de la región tiene como objetivo “determinar un marco jurídico general para garantizar el derecho de libre acceso a la comunicación de los ciudadanos latinoamericanos”. Eso es lo que sostuvo Villacreses en esa oportunidad, proponiendo a su vez que dicho marco sirva de base para la armonización de las distintas leyes de comunicación vigentes en los países miembros. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no se quedó callada y condenó el intento del gobierno ecuatoriano alegando que de esa forma se restringe la libertad de prensa y de expresión. Por esos días, la SIP, casualmente, nombraba al periodista y abogado uruguayo Edison Lanza como nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación el 23 de julio, Lanza no titubeaba en señalar que “hay problemas estructurales que seguirán a la orden del día. Todavía hay una gran violencia contra los periodistas en el hemisferio. Hay criminalización de la expresión, con el uso del derecho penal para criminalizar la difusión de información que debería ser pública, especialmente por funcionarios públicos”. Lo decía en clara referencia a la ley ecuatoriana, que en el Artículo 26 –denominado por la derecha “de linchamiento mediático”– de la Ley Orgánica de Comunicación expone que “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. En la presentación de la entrevista al nuevo relator de la SIP, el matutino de Mitre se regocijaba diciendo que la designación del uruguayo será el “blanco de la ira de los (países) bolivarianos”.
El pasado 13 de agosto el titular de la Secom, Fernando Alvarado, inició una gira por varios países latinoamericanos. Según informó El Ciudadano, ese día en Chile, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el campus Curauma se reunieron los ministros Alvarado, como invitado especial, y Álvaro Elizalde, ministro de Comunicación de Chile, en un evento que convocó a destacados académicos, analistas, estudiantes de periodismo y catedráticos. Esas jornadas, que concluyeron el jueves 14, tuvieron como base el debate mundial que se ha generado a partir de las nuevas formas de comunicar, pero, sobre todo, del cuestionamiento del poder ciudadano al poder mediático tradicional y la consecuente promulgación de leyes para democratizar el acceso a la comunicación y alcanzar la meta de un periodismo responsable. Allí Alvarado explicó la experiencia ecuatoriana con la reciente Ley Orgánica de Comunicación. Además de ser quien dio el discurso inaugural, el ministro ecuatoriano participó en el conversatorio “Procesos de transformación de las políticas comunicacionales de América latina: una mirada democratizadora de las comunicaciones”, junto con Patricio Barriga, presidente del Cordicom (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación) de Ecuador; y Gustavo Gómez, director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), de Uruguay. Como moderador estuvo Pedro Santander Molina, director del Observatorio de Comunicación y Medios de la universidad chilena. El conversatorio también giró en torno del ejercicio del oficio periodístico, basado en la precarización del oficio, mantenida muchos años por la prensa comercial.
El viernes 15, el ministro ecuatoriano inició una gira centroamericana en El Salvador. Durante una reunión que se realizó ese día en ese país, Alvarado socializó la estructura, procesos, productos y plataformas comunicacionales que se han construido durante los siete años del gobierno de Rafael Correa. Tal como informó El Ciudadano. Tras cumplir un año la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, el funcionario expuso las dificultades que se presentaron durante el proceso de aprobación de la normativa debido a la presión de los poderes fácticos, pero resaltó los resultados de la aplicación de la ley en beneficio de la mayoría de ciudadanos. Por su parte, su par salvadoreño Hato Hasbún manifestó su compromiso de continuar en ese país la construcción de una estructura comunicacional que garantice la gobernabilidad. Por eso es importante mantener el apoyo del gobierno ecuatoriano, que ha transformado positivamente la política de comunicación del país, dijo el sociólogo centroamericano, quien visitará Ecuador para conocer la metodología y forma de trabajo en la aplicación de la ley y la mejora de los procesos periodísticos conseguidos gracias a ella.
Leonel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), también reconoció y felicitó los logros obtenidos por el gobierno de Rafael Correa y la Secom. El pasado lunes 19 Alvarado mantuvo una reunión con el grupo Movimiento por el Derecho de la Comunicación en San José de Costa Rica. Este movimiento está integrado por personas del sector académico, movimientos sociales y representantes del Colegio de Periodistas. Los asistentes querían conocer cómo se vive el proceso de aplicación de la ley de comunicación en Ecuador y también cómo lo manejan los medios. En el encuentro, Alvarado expuso la experiencia del Ecuador sobre comunicación popular y democratización. Esa misma noche el ministro arribó a Guatemala para realizar al otro día una agenda similar a la hecha en los países vecinos.
Aunque los medios concentrados y sus periodistas afines despotriquen abiertamente contra la política comunicacional ecuatoriana, el paradigma de “la comunicación como servicio público”, iniciada en el país andino, tiende a expandirse por la región.

Correa, un anfitrión para la paz

Esperanzas. La presencia de Ernesto Samper en Ecuador
 abre nuevas perspectivas para la Unasur.

La visita de Ernesto Samper como futuro titular de la Unasur abre una instancia nueva en Latinoamérica.

En tiempos de la Colonia, al sur de la Gran Colombia se lo denominaba las tierras del Ecuador, en referencia a ese círculo imaginario que divide al planeta en dos hemisferios iguales. Por allí, por donde pasa el paralelo cero y hoy se encuentra la República del Ecuador, esa línea también indica que se está en la latitud cero. Precisamente ahí, muy cerca de esas coordenadas, se está terminando de construir el edificio que será la sede que a partir de diciembre tendrá la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El pasado lunes 11 de agosto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa recibió al ex mandatario colombiano Ernesto Samper Pizano, quien a partir del próximo 22 de agosto –cuando tenga lugar la cumbre del organismo multilateral en Montevideo– sucederá al venezolano Alí Rodríguez Araque en el cargo de titular de la Unasur. Entre otras motivaciones, la visita de Samper fue conocer el edificio que se está construyendo en el complejo Ciudad Mitad del Mundo, ubicado 14 km al norte de Quito. También, el ex presidente neogranadino tiene en mente a Ecuador no sólo como sede de Unasur, sino como el sitio más adecuado para proseguir la construcción en su país de la ansiada paz que le lleva a Colombia casi tres cuartos de siglo de un conflicto armado que recién ahora avizora alguna posibilidad de resolución. El presidente Correa ya había ofrecido el territorio de su país como sede de las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ofrecimiento no fue adrede, ya que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya había tirado esa posibilidad. La designación de Samper al frente del organismo regional (ver abajo), tal vez no sea demasiado ociosa al respecto, ya que terminar con el conflicto armado más viejo del continente implique para la Unasur uno de los principales desafíos en cuanto a lo que se refiere a lo no explícitamente económico para la integración, sino más bien al hacer surgir un nuevo paradigma geopolítico y geoestratégico, que sirva como plataforma de relanzamiento de una política económica no tan atada a la injusta división internacional del trabajo que le tocó al continente, y en la cual, conflictos como el colombiano, permiten que los EE.UU. legitimen su accionar contra las soberanías de los países regionales. La dominación económica necesita previamente de otros insumos sin los cuales ella no sería posible. En tal sentido el conflicto armado colombiano, al igual que la no resolución del diferendo limítrofe y marítimo entre Chile y Bolivia, conspiran contra el ansiado despegue regional. No son las únicas razones obviamente, pero sin resolverlas, ellas mantienen trazos característicos de lo viejo en el continente.
El pasado jueves 7 de agosto el presidente Correa viajó a Bogotá, para estar presente en la ceremonia de toma de posesión como jefe de Estado del reelecto mandatario Juan Manuel Santos. Allí Correa tuvo la oportunidad de conversar con Ernesto Samper, y también con el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy. Con este último, Correa dialogó sobre el recientemente acordado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el país andino y la Unión Europea. Las conversaciones con Samper no trascendieron demasiado, ya que el ex mandatario colombiano aún no asumió oficialmente al frente del organismo, aunque ese encuentro fue el preludio de la visita que cuatro días después realizó a Quito. Fue así que el sábado 9, en su habitual Enlace Ciudadano, en el cual Correa realiza el informe de labores, dio a conocer que el lunes arribaría Samper a Quito. Allí dijo el mandatario que hay "consenso entre todos los países de la región" en cuanto a la designación del ex presidente colombiano.
La mañana del lunes, Ernesto Samper, junto a su esposa, arribaron a la capital ecuatoriana para allí participar del tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, acompañando al presidente Correa, al canciller Ricardo Patiño y a la secretaria nacional de la Alianza País, Doris Soliz. En cuanto a su designación como reemplazante del venezolano Alí Rodríguez Araque, Samper expresó que si bien la decisión definitiva con respecto a su nombramiento como secretario general de la Unasur tendrá lugar el 22 en Montevideo, él ya está realizando todas las gestiones pertinentes no sólo para asumir en el cargo, sino también para cuando esté lista la sede de Unasur en el Complejo Mitad del Mundo irse a vivir a Ecuador. "Estoy encantando de poder vivir en Quito", dijo Samper, y agregó: "Yo Espero que Quito sea a la Unasur, lo que Washington es a la OEA". Aseguró también que él desea que la región hable una sola voz, y que para eso es necesario fortalecer el camino de la integración, dinamizando y fortaleciendo los lazos entre naciones. Remarcó que su trabajo será el de "consolidar" las gestiones anteriores. "Vamos a consolidar el trabajo que han hecho los antecesores, concretamente Alí Rodríguez y María Emma Mejía", añadiendo luego: "Me siento muy orgulloso de estar representando también al ex presidente Néstor Kirchner, con quien tuve una gran amistad". Vale señalar al respecto que la sede de Unasur llevará el nombre del extinto mandatario argentino, quien ocupara la primera secretaría general del organismo regional.
En tal sentido, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien acompañó a Samper en todas las actividades que éste realizó en Quito, señaló que: "El ex presidente Samper tiene ideas muy interesantes sobre el fortalecimiento y las temáticas fundamentales que Unasur puede desa­rrollar".
Pero como más arriba se señalara, la visita del futuro titular de Unasur a Ecuador conllevaba otro matiz de gran importancia. La posibilidad de que las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ver abajo) tengan lugar en Ecuador son la opción más ventajosa para todas las partes en cuestión. En su visita no dejó de señalarlo. Según informara el diario La Hora, de Quito, el ex mandatario señaló con respecto a esa posibilidad que "todos estos acercamientos son bienvenidos; además, tanto el gobierno como el ELN tienen confianza en el presidente Correa, y creo que para estos temas tan sensibles lo mejor es que haya un margen de confianza entre las partes. Y ese margen creo que existiría para el caso del presidente Correa y el ELN", expresó. También insistió que, para que el proceso de paz en Colombia esté completo, se necesita que se sienten a la mesa el ELN, las FARC y el gobierno, entre otras cosas porque hay temas convergentes, como el caso de las víctimas.
"Hay 7 millones de víctimas de la violencia que son los verdaderos destinatarios de todos los esfuerzos de paz que se llevan a cabo", dijo y también desestimó las críticas de varios sectores políticos y militares del Ecuador que han reprochado que el territorio ecuatoriano sea utilizado para estos acercamientos.
"Las guerrilla, tanto las FARC como el ELN han terminado contaminando fronteras; no hay una especie de campana hermética para que la guerrilla no pase las fronteras que tiene Colombia con los vecinos; los países vecinos van a ser los más beneficiados", indicó, y recordó que fue en el Ecuador donde se vivió el episodio de Raúl Reyes el 1º de marzo de 2008, de los cultivos ilícitos, etc.
Sin embargo, Samper también advirtió que tras un acuerdo de paz, los grupos guerrilleros se van a desmovilizar y desarmar. "Los pocos que existan en esa actividad van aquedar en la posición de organizaciones criminales y seguirán siendo combatidos con la misma eficacia".
"Cuando se logre la paz, vamos a tener una paz negativa que es la ausencia de enfrentamiento armado, pero comenzará la más difícil; la paz positiva que es construir un nuevo país para poder vivir como viven ustedes, en paz, con tranquilidad, sin sobresaltos, sin zozobras" les dijo a los ecuatorianos.
Si se piensa que en marzo de 2008 cuando las fuerzas armadas colombianas bombardearon en terreno ecuatoriano, un campamento de las Farc dando de baja al por entonces dos de esa guerrilla Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes, y que tal acción fue el desencadenante de un serio conflicto diplomático entre el país neogranadino no sólo con Ecuador, sino también con Venezuela, los enunciados de Samper resultan aleccionadores. Ambos países habían retirado sus embajadores de Bogotá por ese entonces. Dicho conflicto se intensificó hasta llegando a acusar a Correa como al por entonces presidente Hugo Chávez de ser cómplices de la guerrilla, ya que así estaba escrito en documentos encontrados en los ordenadores que habrían pertenecido a Raúl Reyes. Recién en 2010 con la asunción de Santos en reemplazo de Álvaro Uribe, y tras la exitosa mediación del por entonces secretario general de la Unasur Néstor Kirchner, se restablecieron relaciones entre Colombia y los otros dos países vecinos. Cuando se recapitula todo esto, saber hoy que Ecuador puede ser sede de conversaciones de paz resulta un dato inestimable. Sin embargo, el canciller ecuatoriano Patiño dijo al respecto que son muy halagadoras las palabras de Samper, pero quien decidirá si el presidente Correa y Ecuador tendrán protagonismo en las conversaciones de paz con el ELN será precisamente el gobierno de Colombia.

Ernesto Samper, un liberal a la Unasur

El nombre de Ernesto Samper comenzó a rodar en Brasilia, a mediados de julio, cuando los presidentes de los países suramericanos asistieron a la cumbre entre la Unasur y los Brics. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ya había expresado que si los demás países lo apoyaban, Colombia respaldaría a su ex mandatario. Samper, quien fuera presidente entre 1994 y 1998 por el Partido Liberal, es una de las figuras políticas más controvertidas por el espectro de la derecha política de su país. Fue así que cuando en el ’94 le ganó en segunda vuelta al conservador Andrés Pastrana, éste alegó que el candidato liberal había ganado con el apoyo económico del narcotráfico. Lo cierto es que ante la posibilidad de que Samper fuera designado al frente de la Unasur, Pastrana –quien fuera presidente entre 1998 y 2002– salió nuevamente a recordar las acusaciones hechas en el ’94 que llevaron a la investigación judicial iniciada en 1995 que llevó el nombre de Proceso 8.000 y que terminó siendo precluida por el Congreso, sin resultados sobre culpabilidad o inocencia. Lo cierto es que esas acusaciones vienen enmarcadas en las tensiones entre sectores de la política colombiana, en referencia al proceso de paz ya iniciado con la guerrilla de las Farc en La Habana. En líneas generales se podría decir que los más férreos opositores a la paz –entre los que se destaca el ex presidente Álvaro Uribe– apoyaron en las últimas presidenciales colombianas a Óscar Iván Zuluaga, en detrimento de Santos quien logró el apoyo de sectores de la izquierda en cuanto a lo que se consideró como un plebiscito por la paz. Andrés Pastrana jugó para el uribismo, mientras que Samper desde hace ya bastante tiempo es uno de los encendidos promotores de las negociaciones de paz para terminar con el viejo conflicto armado de su país.
En tal sentido, Samper fue uno de los principales mentores de la campaña de Santos para su reelección, mientras que su partido (el liberal) dio un apoyo explícito, destacándose la labor de su líder Cesar Gaviria. No pocos analistas en Colombia sostienen que la designación de Samper es uno de los premios que el presidente Santos les otorgara a los liberales por su esfuerzo en la campaña electoral. De todas formas acá lo que vale es la intención explícita de llevar adelante un proceso de paz que atañe no solamente a Colombia. Samper ya había revelado que el presidente Juan Manuel Santos le había pedido que desde su futuro cargo promueva una participación activa de la Unasur en el proceso de paz que desde finales de 2012 protagoniza su gobierno con las FARC y en el que eventualmente vaya a iniciarse con el ELN. "Atendiendo a una recomendación del presidente Santos, trabajaré para que Unasur juegue un papel importante en el acompañamiento del proceso de paz de La Habana, si lo juzgan útil las partes", dijo Samper, citado por DPA.
El pasado 17 de julio, en Brasilia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro dijo en conferencia de prensa "Ya tenemos secretario general" en referencia al ex presidente colombiano. Fue tras la reunión de los presidentes suramericanos con el clúster Brics.
Tras la muerte de Néstor Kirchner fue designada la colombiana María Emma Mejía, a quien sucedió el venezolano Alí Rodríguez Araque, y si todo se da como está previsto, el próximo 22 de agosto en Montevideo la secretaría general del organismo regional será nuevamente ocupada por un colombiano.

Acuerdo colombiano para sumar al ELN

Desde finales de 2012, el gobierno de Colombia viene sosteniendo en La Habana las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Dicho proceso, que no implica el cese del fuego, viene avanzando tal vez de forma lenta, pero también segura. Que la guerrilla más antigua del continente haya aceptado sentarse a negociar no resulta un dato menor, pero tal vez lo más relevante al respecto sea la actitud del gobierno de Colombia, quien apura una salida negociada al viejo conflicto armado, que en más de medio siglo generó un número superlativo de muertes y desplazamientos.
Pero como hay otros actores que no están en La Habana, resulta necesario emprender todos los diálogos que comprendan al conflicto. Ya desde hace algunos meses, el gobierno de Santos viene anticipando la necesidad de sentarse con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según revelara Rafael Correa en su pasada visita a Bogotá el pasado jueves 8, ya en su país se dieron algunos acercamientos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, por lo cual él se encuentra completamente a favor de que Ecuador sea sede de las próximas negociaciones. "El presidente Santos ya pasó a la historia, él es un hombre en el que se puede confiar" le dijo Correa al periodista Hollman Morris, y precisó que si Santos lo requiere su país está disponible para esa gran tarea humanitaria.

Ciencia, filosofía e ideología.

Con seguridad se puede afirmar que no hay “ciencia imparcial”, pero lo que no es probable es que existan ciencias enfrentadas, por ejemplo ciencias burguesas y proletarias. El discurso de la ciencia es un abordaje particular de la realidad, un abordaje que posee pautas rigurosas e implicancias prácticas. La ciencia no se desarrolla si no es para transformar ciertas realidades. Búsquense ejemplos y se verá que no hay ciencia de decorado. Tal vez el paradigma que se inició con la ciencia, no sea más que una tendencia hacia ella. Aproximaciones. La ciencia en estado puro es un objetivo, no lo existente. En todo caso un proceso de producción de conocimientos, que no puede prescindir de lo que le antecede, aunque en determinadas coyunturas puedan haber revoluciones o rupturas epistemológicas. Toda ruptura si bien sepulta lo anterior, ese anterior es la condición del rompimiento. Al menos una de las condiciones.

La ciencia no se opone a otra ciencia, aunque haya verdades científicas que tornen obsoletas otras anteriores. La ciencia se opone a la ideología. Las nuevas verdades científicas muestran que las anteriores carecían de la cientificidad que en algún momento se les supusiera. Esas verdades anteriores estaban contaminadas de ideología.

Hoy algunos dan por sepultado al marxismo. Otros dicen renovarlo, hacerlo creativo, abierto, y otros atributos que parecieran bastante sorprendentes. Tal vez lo necesario sería recuperarlo. El problema se suscita en cuanto a cuáles serían los criterios de verdad que puedan darle validez o no, a lo que se podría denominar marxismo “verdadero” o en todo caso a secas. Se podría decir que es el de Marx, pero se podría poner en consideración a otros de los que enriquecieron esa teoría. Entrarían Lenin, Mao, Trotsky en el marxismo, o seguiría siendo una lucha de tendencias que se ven a sí mismas como contrapuestas.  Quien escribe considera que se debiera establecer un marco riguroso, es decir científico sobre el conjunto de la teoría de Marx, y también de todos los que lo continuaron. Pero para eso no alcanza la ciencia, la cual se tornaría abstracta si no existiese un medio que dirima los alcances mismos de ella evitando ingresar en el terreno de las ideologías. Ese medio es la filosofía.

Energía regional y soberana

La alternativa de componer un bloque latinoamericano que se afiance más allá de lo enunciativo y lo simbólico, sigue sin parecer una opción en la urgencia de obtener liquidez inmediata. ¿Otra oportunidad perdida en el desafío histórico de alcanzar una verdadera patria soberana en el continente con más recursos del globo?

Ya en 2011 el secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez Araque dijo que si nuestro continente tiene algún rasgo bien específico, es que el mismo es el mayor reservorio de recursos naturales del planeta, entre ellos también de los que producen energías. De tal forma el despegue efectivo de la región implicaría la industrialización de tales recursos, para lo cual es necesario además el desarrollo tecnológico y científico necesario para realizarlo. Porque habría que precisar que sólo sería despegue si es un desarrollo soberano.

                                                                      

La producción de energía es uno de los principales puntales de la sociedad, es más cada época está marcada por el tipo de energía que se utiliza. Aunque ya se prevén diferentes tipos de energías (eólica, solar, etc.) la humanidad aún no salió del paradigma energético del petróleo. Como es sabido, el petróleo en algún momento se va a terminar, pero mientras exista los grandes movimientos geopolíticos y geoestratégicos llevarán la impronta del oro negro. La continuidad de la guerra en Oriente Próximo, siempre estuvo marcada por ese sesgo, y la existencia del Estado de Israel no es para nada ajena a ello.

Para llevar adelante en la región, un desarrollo que cambie la matriz productiva basada hoy todavía en la producción de commodities, resulta necesario un gran empuje propio, que rompa definitivamente con la injusta división internacional del trabajo. En tal sentido es muy valorable el esfuerzo que vienen llevando adelante algunos países, que se comprometieron seriamente con esa tarea. Principalmente los que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

Hace pocos meses el gobierno de Ecuador inauguró la suntuosa Ciudad del Conocimiento Yachay que pretende ser la avanzada científico- técnica de la región. Sin tecnología de punta resulta imposible no depender de los países externos.  Por esta razón debieran existir regionalmente, insumos e instituciones que privilegien el desarrollo propio, sin la intromisión de actores externos, que lejos de suponer que vienen a ayudar, vienen a consolidar un cierto protagonismo que les permita proseguir con sus negocios. La exploración de petróleo y sus posterior proceso de producción en combustible, debiera ser política de Estado regional. Mientras a la Argentina se acerca una empresa como Chevrón, en Ecuador la misma compañía se encuentra demandada ante la Justicia por parte del Estado y diferentes comunidades indígenas de la región de Sucumbíos, por haber contaminado irresponsablemente parte de la geografía de ese país andino. Ecuador, es el primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a ésta en sujeto de derecho–y bajo el nombre de “La mano sucia de Chevrón” se enfrenta a la multinacional petrolera, la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en diversos lugares del planeta.

Casi como contraejemplo el gobierno de Rafael Correa constituyó el proyecto Yasuní ITT que duró entre 2007 y 2013. En la región amazónica como ejemplo de vida en armonía con la tierra, se implementó el proyecto de no extraer petróleo, para no contaminar una región extremadamente rica en biodiversidad. Ecuador le pidió ayuda al mundo para abstenerse de la extracción de petróleo, pero el resultado fue negativo. Desde el año pasado el Estado propicia la utilización del  1 % del parque en la explotación del hidrocarburo. Si no lo hiciera, Ecuador se privaría del ingreso de muchas divisas para modificar su propia estructura productiva. Queda  bien a las claras que al capitalismo no le interesa mínimamente el cuidado del medio ambiente, sino aprovecharlo al máximo sin prever los riesgos inmanentes.  Resulta difícil suponer que las empresas provenientes de países a los cuales, no les importó demasiado la conservación de la biodiversidad amazónica, vayan a realizar trabajos no contaminantes en países a los que culturalmente ven como periféricos y factibles de explotación y usufructo.

En el sentido expuesto, organismos multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Celac debieran generar instituciones sectoriales referidas a la explotación del petróleo en el continente. Unir esfuerzos y recursos, trazando una estrategia común. Un  terreno que aún no se ha explorado..

Nota publicada en la Revista Mascaró de agosto.