A lo largo del Siglo XX ocurrieron en Latinoamérica
experiencias políticas que tuvieron que cerrarse antes de tiempo. No siempre lo
que se interpreta como el interés común es lo que se lleva adelante. Están
también los intereses de minorías poderosas que pueden dirigir la sociedad de
una forma autoritaria, imponiéndoles a las mayorías sus condiciones. De hecho
en toda sociedad el poder equivale siempre a un balance de fuerza física a
favor de los sectores dominantes. La intención aquí no es hacer una recopilación
exhaustiva de hechos que convaliden esta hipótesis, con algunos pocos ejemplos
esto se puede ver.
El bombardeo a la Plaza de Mayo realizado el 16 de septiembre del ’55, con más de trescientas personas asesinadas, hizo que tres meses después el General Perón dejara su cargo antes de tiempo. Los sucesivos golpes de Estado en la región con exterminio de militantes populares fue una marca indeleble, que mostró que la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad, lejos de defender intereses patrióticos o ciudadanos, siempre estuvieron cooptadas por las políticas imperiales. Es más, siempre existieron planes contrainsurgentes diseñados por la CIA y el Pentágono a los cuales esas fuerzas se disciplinaron. Con la llegada de las denominadas democracias tuteladas en los ’80 pareciera que ese paradigma de intervención directa se hubiese desactivado, pero las cosas fueron desarrollándose por otros carriles.
Lo que hay que tener en cuenta casi como en una metáfora futbolística es que “el enemigo también juega”. En los últimos años se puso en marcha esa metodología denominada “golpe suave”, que si bien no incluye el derrocamiento militar de un gobierno, tampoco prescinde de la violencia. Incluso se podría afirmar que además de la física se desarrolló de forma casi sofisticada la violencia simbólica. Los derrocamientos de los presidentes Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, mostraron un tipo de accionar con respecto a gobiernos considerados débiles. El accionar de grupos paramilitares hoy en Venezuela, al igual que la revuelta de la Media Luna boliviana en 2008, son formas que se imponen a gobiernos más afianzados. De hecho, la derrota del intento golpista en Bolivia fue considerada por el vicepresidente Álvaro García Linera como el punto de bifurcación del proceso de cambio en su país, ya que haber movilizado a una masa muy importante de la población contra los insurrectos, fue dirimir fuerzas que hicieran que se consolide el gobierno de Evo Morales.
Hoy, además existen en la región procesos de guerra de baja intensidad. El desarrollo del crimen organizado es parte de ello, y en muchos casos las fuerzas de seguridad no son ajenas al problema. Ya no son parte de la represión selectiva de activistas populares, ahora adquirieron nuevas modalidades, y eso es tal vez uno de los lastres más pesados que heredaron los gobiernos progresistas de la región. La sublevación policial en Quito el 20 de septiembre de 2010 es una muestra sumaria, pero también hacer la vista gorda liberando zonas en las cuales, luego se producirán acontecimientos de violencia. En la Argentina de los últimos años esto es moneda corriente. El problema de todas estas situaciones es que sirven de base material para el debilitamiento de las diferentes gestiones progresistas. A lo largo de toda la región, los grandes medios de comunicación agitan el problema de la violencia cotidiana como parte inmanente de esta clase de gestiones. Y tal vez desde los gobiernos tampoco se aclaren demasiado estas cuestiones, cosa que también influye en reforzar la opinión de los medios.
En febrero de 2011, un avión militar estadounidense intentó ingresar a la Argentina un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. A pesar de la resonancia mediática de este hecho, vale señalar que todo ese cargamento estaba destinado a diferentes fuerzas policiales argentinas, las cuales reciben adoctrinamiento y formación de parte de los Estados Unidos. Entre ellas la emblemática policía Bonaerense.
El bombardeo a la Plaza de Mayo realizado el 16 de septiembre del ’55, con más de trescientas personas asesinadas, hizo que tres meses después el General Perón dejara su cargo antes de tiempo. Los sucesivos golpes de Estado en la región con exterminio de militantes populares fue una marca indeleble, que mostró que la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad, lejos de defender intereses patrióticos o ciudadanos, siempre estuvieron cooptadas por las políticas imperiales. Es más, siempre existieron planes contrainsurgentes diseñados por la CIA y el Pentágono a los cuales esas fuerzas se disciplinaron. Con la llegada de las denominadas democracias tuteladas en los ’80 pareciera que ese paradigma de intervención directa se hubiese desactivado, pero las cosas fueron desarrollándose por otros carriles.
Lo que hay que tener en cuenta casi como en una metáfora futbolística es que “el enemigo también juega”. En los últimos años se puso en marcha esa metodología denominada “golpe suave”, que si bien no incluye el derrocamiento militar de un gobierno, tampoco prescinde de la violencia. Incluso se podría afirmar que además de la física se desarrolló de forma casi sofisticada la violencia simbólica. Los derrocamientos de los presidentes Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, mostraron un tipo de accionar con respecto a gobiernos considerados débiles. El accionar de grupos paramilitares hoy en Venezuela, al igual que la revuelta de la Media Luna boliviana en 2008, son formas que se imponen a gobiernos más afianzados. De hecho, la derrota del intento golpista en Bolivia fue considerada por el vicepresidente Álvaro García Linera como el punto de bifurcación del proceso de cambio en su país, ya que haber movilizado a una masa muy importante de la población contra los insurrectos, fue dirimir fuerzas que hicieran que se consolide el gobierno de Evo Morales.
Hoy, además existen en la región procesos de guerra de baja intensidad. El desarrollo del crimen organizado es parte de ello, y en muchos casos las fuerzas de seguridad no son ajenas al problema. Ya no son parte de la represión selectiva de activistas populares, ahora adquirieron nuevas modalidades, y eso es tal vez uno de los lastres más pesados que heredaron los gobiernos progresistas de la región. La sublevación policial en Quito el 20 de septiembre de 2010 es una muestra sumaria, pero también hacer la vista gorda liberando zonas en las cuales, luego se producirán acontecimientos de violencia. En la Argentina de los últimos años esto es moneda corriente. El problema de todas estas situaciones es que sirven de base material para el debilitamiento de las diferentes gestiones progresistas. A lo largo de toda la región, los grandes medios de comunicación agitan el problema de la violencia cotidiana como parte inmanente de esta clase de gestiones. Y tal vez desde los gobiernos tampoco se aclaren demasiado estas cuestiones, cosa que también influye en reforzar la opinión de los medios.
En febrero de 2011, un avión militar estadounidense intentó ingresar a la Argentina un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. A pesar de la resonancia mediática de este hecho, vale señalar que todo ese cargamento estaba destinado a diferentes fuerzas policiales argentinas, las cuales reciben adoctrinamiento y formación de parte de los Estados Unidos. Entre ellas la emblemática policía Bonaerense.
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