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| Salud pública. Las cadenas de comidas rápidas son en gran medida responsables de malas prácticas alimentarias populares. |
Un impuesto sobre la comida que venden las cadenas
multinacionales, considerada habitualmente como nociva para la salud, es parte
de las políticas del Buen Vivir.
Cambiar los malos hábitos de los
ciudadanos, como reducir el consumo de comida chatarra, comenzó a ser parte de
la agenda pública en Ecuador. El presidente Rafael Correa así lo anunció los
primeros días de septiembre, cuando dijo que se va a establecer un impuesto al
consumo de comida chatarra, que rondará el 20% del valor de esos productos. A
su vez aseguró que la ingesta diaria de alimentos con excesiva grasa es una de
las causas principales de muerte en su país, y que a su vez, el gasto en salud
pública en relación con las patologías derivadas de este consumo representan el
25 % del total del presupuesto destinado a ese sector. Establecer de esta forma
un impuesto al consumo de ese tipo de comida, además de condicionar a los
consumidores para que eliminen malos hábitos, permite que ese dinero vaya
destinado a la cartera de salud. En el caso de que se reduzcan sustancialmente
los casos de enfermedades producidas por la ingesta de grasas, se superaría
largamente el círculo vicioso.
“¿Usted quiere enfermarse? Es su problema, estamos en un país libre. Pero, al menos, pague más para poderlo atender después”, les dijo Correa a los ciudadanos cuando anunció la medida. Los diferentes medios –a partir del anuncio– hicieron hincapié sobre todo en que este impuesto será promulgado, debido a que el gobierno cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Mucha menos atención y cobertura le dio la prensa a la medida en sí, señalando entre líneas que cualquier idea que tenga el presidente podrá imponerla sin demasiados pruritos. Para el caso no vale el hecho de si una medida es válida o no, sino advertir la plena hegemonía de Correa. Se sabe bien hacia dónde van dirigidas semánticamente esas formas de enunciar.
Por su parte el mandatario alertó que en Ecuador “la gente no se nos está muriendo por falta de alimentación, sino por mala alimentación” señalando que ello es un signo de que ese país “está pasando de los problemas de la pobreza a los problemas de la opulencia”. Correa dijo que estos impuestos se aplican en muchos países con buenos resultados, pero criticó que en Estados Unidos “hay una de estas cadenas en cada esquina porque no se toman medidas para cuidar la salud de sus habitantes”. Habló de las conocidas marcas de comida rápida que tienen franquicias en todo el mundo y comentó que es mejor consumir alimentos nacionales porque “es mucho más sano” e indicó que la comida chatarra genera enfermedades en las que el Estado debe gastar mucho dinero para cuidar la salud de la población.
Correa reconoció que si bien las transnacionales de la comida chatarra generan empleo, también desplazan a los pequeños negocios y gran parte de sus ganancias salen del país.
La propuesta del mandatario comprende además imposiciones al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Tal vez la línea que separa lo público de lo privado no sea algo demasiado claro ni definido. Según cuál de los dos elementos sea el que prevalezca, también ese elemento será el que fije el límite, o en todo caso las condiciones a las cuales el otro elemento deba subordinarse. Cuando es el Estado el que toma las riendas, todo lo concerniente a su misma razón de ser, incluido lo que se considera privado, debe estar en consonancia. Pareciera una obviedad, pero no siempre ocurre así. La propuesta del presidente ecuatoriano de gravar impuestos a la comida chatarra, el tabaco y las bebidas alcohólicas, podría ser considerada por algunos como una invasión a los gustos personales, o en todo caso, hasta entrometerse en la vida privada de la gente. Pero cuando la razón de establecer impuestos a hábitos no considerados saludables se relaciona directamente con la posibilidad de brindar salud pública e incluso ahorrar recursos de la caja estatal, los argumentos liberales deberían derrumbarse. Mucho más cuando se trata de una política orientada a reducir de forma efectiva consumos nocivos, para establecer así nuevas formas de alimentación.
Como antecedentes vale señalar que Dinamarca ya introdujo un impuesto sobre la grasa, Hungría a la comida basura y Francia a las bebidas azucaradas. Según un buen informe que realizó el diario colombiano El Espectador en mayo de 2012, si las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, constituyen la mayor carga económica para los sistemas de salud de prácticamente todos los países, y la principal causa del deterioro del bienestar de la población, ¿por qué no pensar en gravar la comida menos saludable con un impuesto? Esa es la pregunta que han lanzado investigadores de la Universidad de Oxford siguiendo el ejemplo de países como Francia, Hungría y Dinamarca, donde ya se han dado algunos pasos para controlar a través de impuestos la comida chatarra, base de dietas a las que se achaca la epidemia de sobrepeso. Según los expertos, un impuesto especial del 20% es el mínimo necesario para observar un efecto en la salud de la población. Cuando se aplicó uno menor, cercano al 8%, no se observó un cambio en el comportamiento de los consumidores. Las conclusiones del análisis fueron publicadas en la prestigiosa revista British Medical Journal.
La idea de controlar la dieta de la población mediante impuestos a la comida poco saludable se abre cada día más espacio, pese a la oposición de grandes sectores de la industria de alimentos.
De acuerdo a lo expresado en su portal, el Ministerio de Salud ecuatoriano señaló que la diabetes, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron entre las principales causas de muerte en ese país en 2013, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En conjunto, estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 ecuatorianos cada día. La cartera señala a su vez que la Carta de Ottawa de 1986, de la Organización Panamericana de la Salud, ya recomendaba un compromiso a favor de la salud a través de medidas fiscales y tributarias, entre otras, aplicadas a los consumos potencialmente nocivos.
Según aseguraba el ministerio, en Ecuador no se plantea el impuesto a los consumos nocivos como una medida aislada, sino que ella se articula a la política pública a través de varias iniciativas importantes, desde diversos sectores, para combatir la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles: la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, el control de bares escolares, la promoción de prácticas alimentarias saludables en los centros de desarrollo infantil y establecimientos educativos, la inclusión de la hora diaria de ejercicio en todos los establecimientos educativos, la masificación del deporte a través del programa Ecuador Ejercítate, los programas de la agricultura familiar campesina, el nuevo etiquetado de alimentos procesados, entre otras. También, desde esa cartera se están preparando amplias campañas de promoción de buenos hábitos de vida para informar a la población. Todas estas iniciativas son armonizadas a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Por tratarse –el impuesto al consumo nocivo– de una medida relativamente nueva y confinada a ciertos países, no ha sido posible demostrar con absoluta certeza su eficacia y no son pocos los que la objetan. Una de las críticas que se han planteado es que el aumento en el precio de esos productos perjudica a los que menos tienen. Por lo general, son las capas más pobres y con menos educación las que sustentan su dieta en alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Por ejemplo en Ecuador, más precisamente en el centro de Quito, un menú de comida rápida es bastante accesible, cuesta apenas 1,25 dólares y es abundante. Es la comida preferida de los carteros por ejemplo.
De ahí que la propuesta debe pensarse integralmente y acompañar los altos impuestos con otras medidas como una subvención de los alimentos más saludables, como son verduras o frutas, o incentivando la creación de platos saludables en las casas de comidas. Toda una apuesta del gobierno ecuatoriano para hacer posible, también en la alimentación, el Socialismo del Buen Vivir.
“¿Usted quiere enfermarse? Es su problema, estamos en un país libre. Pero, al menos, pague más para poderlo atender después”, les dijo Correa a los ciudadanos cuando anunció la medida. Los diferentes medios –a partir del anuncio– hicieron hincapié sobre todo en que este impuesto será promulgado, debido a que el gobierno cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Mucha menos atención y cobertura le dio la prensa a la medida en sí, señalando entre líneas que cualquier idea que tenga el presidente podrá imponerla sin demasiados pruritos. Para el caso no vale el hecho de si una medida es válida o no, sino advertir la plena hegemonía de Correa. Se sabe bien hacia dónde van dirigidas semánticamente esas formas de enunciar.
Por su parte el mandatario alertó que en Ecuador “la gente no se nos está muriendo por falta de alimentación, sino por mala alimentación” señalando que ello es un signo de que ese país “está pasando de los problemas de la pobreza a los problemas de la opulencia”. Correa dijo que estos impuestos se aplican en muchos países con buenos resultados, pero criticó que en Estados Unidos “hay una de estas cadenas en cada esquina porque no se toman medidas para cuidar la salud de sus habitantes”. Habló de las conocidas marcas de comida rápida que tienen franquicias en todo el mundo y comentó que es mejor consumir alimentos nacionales porque “es mucho más sano” e indicó que la comida chatarra genera enfermedades en las que el Estado debe gastar mucho dinero para cuidar la salud de la población.
Correa reconoció que si bien las transnacionales de la comida chatarra generan empleo, también desplazan a los pequeños negocios y gran parte de sus ganancias salen del país.
La propuesta del mandatario comprende además imposiciones al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Tal vez la línea que separa lo público de lo privado no sea algo demasiado claro ni definido. Según cuál de los dos elementos sea el que prevalezca, también ese elemento será el que fije el límite, o en todo caso las condiciones a las cuales el otro elemento deba subordinarse. Cuando es el Estado el que toma las riendas, todo lo concerniente a su misma razón de ser, incluido lo que se considera privado, debe estar en consonancia. Pareciera una obviedad, pero no siempre ocurre así. La propuesta del presidente ecuatoriano de gravar impuestos a la comida chatarra, el tabaco y las bebidas alcohólicas, podría ser considerada por algunos como una invasión a los gustos personales, o en todo caso, hasta entrometerse en la vida privada de la gente. Pero cuando la razón de establecer impuestos a hábitos no considerados saludables se relaciona directamente con la posibilidad de brindar salud pública e incluso ahorrar recursos de la caja estatal, los argumentos liberales deberían derrumbarse. Mucho más cuando se trata de una política orientada a reducir de forma efectiva consumos nocivos, para establecer así nuevas formas de alimentación.
Como antecedentes vale señalar que Dinamarca ya introdujo un impuesto sobre la grasa, Hungría a la comida basura y Francia a las bebidas azucaradas. Según un buen informe que realizó el diario colombiano El Espectador en mayo de 2012, si las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, constituyen la mayor carga económica para los sistemas de salud de prácticamente todos los países, y la principal causa del deterioro del bienestar de la población, ¿por qué no pensar en gravar la comida menos saludable con un impuesto? Esa es la pregunta que han lanzado investigadores de la Universidad de Oxford siguiendo el ejemplo de países como Francia, Hungría y Dinamarca, donde ya se han dado algunos pasos para controlar a través de impuestos la comida chatarra, base de dietas a las que se achaca la epidemia de sobrepeso. Según los expertos, un impuesto especial del 20% es el mínimo necesario para observar un efecto en la salud de la población. Cuando se aplicó uno menor, cercano al 8%, no se observó un cambio en el comportamiento de los consumidores. Las conclusiones del análisis fueron publicadas en la prestigiosa revista British Medical Journal.
La idea de controlar la dieta de la población mediante impuestos a la comida poco saludable se abre cada día más espacio, pese a la oposición de grandes sectores de la industria de alimentos.
De acuerdo a lo expresado en su portal, el Ministerio de Salud ecuatoriano señaló que la diabetes, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron entre las principales causas de muerte en ese país en 2013, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En conjunto, estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 ecuatorianos cada día. La cartera señala a su vez que la Carta de Ottawa de 1986, de la Organización Panamericana de la Salud, ya recomendaba un compromiso a favor de la salud a través de medidas fiscales y tributarias, entre otras, aplicadas a los consumos potencialmente nocivos.
Según aseguraba el ministerio, en Ecuador no se plantea el impuesto a los consumos nocivos como una medida aislada, sino que ella se articula a la política pública a través de varias iniciativas importantes, desde diversos sectores, para combatir la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles: la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, el control de bares escolares, la promoción de prácticas alimentarias saludables en los centros de desarrollo infantil y establecimientos educativos, la inclusión de la hora diaria de ejercicio en todos los establecimientos educativos, la masificación del deporte a través del programa Ecuador Ejercítate, los programas de la agricultura familiar campesina, el nuevo etiquetado de alimentos procesados, entre otras. También, desde esa cartera se están preparando amplias campañas de promoción de buenos hábitos de vida para informar a la población. Todas estas iniciativas son armonizadas a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Por tratarse –el impuesto al consumo nocivo– de una medida relativamente nueva y confinada a ciertos países, no ha sido posible demostrar con absoluta certeza su eficacia y no son pocos los que la objetan. Una de las críticas que se han planteado es que el aumento en el precio de esos productos perjudica a los que menos tienen. Por lo general, son las capas más pobres y con menos educación las que sustentan su dieta en alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Por ejemplo en Ecuador, más precisamente en el centro de Quito, un menú de comida rápida es bastante accesible, cuesta apenas 1,25 dólares y es abundante. Es la comida preferida de los carteros por ejemplo.
De ahí que la propuesta debe pensarse integralmente y acompañar los altos impuestos con otras medidas como una subvención de los alimentos más saludables, como son verduras o frutas, o incentivando la creación de platos saludables en las casas de comidas. Toda una apuesta del gobierno ecuatoriano para hacer posible, también en la alimentación, el Socialismo del Buen Vivir.
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