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| Aplicar la ley. El secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado Espinel. |
En varios países latinoamericanos, se toma la ley
orgánica de comunicación como un ejemplo a imitar.
Si bien los principales voceros
mediáticos se empeñan en enfatizar que en Ecuador se acabó la libertad de
prensa, en otros países de Latinoamérica la Ley Orgánica de Comunicación
sancionada el año pasado despierta sumo interés. No es para menos que así sea.
En una región en la cual los principales medios de información hicieron y hacen
una utilización bastante ominosa del poder, cuando surge una iniciativa de este
estilo no resulta difícil que atraiga a sectores que, en sus propios países,
también ven como necesario plantear medidas acordes.
Tal como informó la agencia Andes, el pasado 15 de agosto, el titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Fernando Alvarado Espinel, señaló que varios países latinoamericanos están interesados en que Ecuador los asesore en referencia a la normativa que entró en vigencia hace poco más de un año. Según Alvarado, tanto desde Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Chile presentan gran interés por la ley ecuatoriana. Aunque vale señalar que Ecuador no se quedó quieto al respecto y no dejó de intentar exportar su promocionada ley. Cuanto mayor conocimiento de ella exista en la región, sin lugar a dudas sirve para convalidar la sancionada en el propio terruño. El sábado 26 de julio, la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que sesionó en Panamá, discutió una propuesta de ley marco de comunicación social propuesta por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreses, perteneciente a la bancada de la oficialista Alianza País. Tal como informó por esos días el portal de Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), tras cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley de comunicación ecuatoriana, la norma propuesta como marco de referencia para los países de la región tiene como objetivo “determinar un marco jurídico general para garantizar el derecho de libre acceso a la comunicación de los ciudadanos latinoamericanos”. Eso es lo que sostuvo Villacreses en esa oportunidad, proponiendo a su vez que dicho marco sirva de base para la armonización de las distintas leyes de comunicación vigentes en los países miembros. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no se quedó callada y condenó el intento del gobierno ecuatoriano alegando que de esa forma se restringe la libertad de prensa y de expresión. Por esos días, la SIP, casualmente, nombraba al periodista y abogado uruguayo Edison Lanza como nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación el 23 de julio, Lanza no titubeaba en señalar que “hay problemas estructurales que seguirán a la orden del día. Todavía hay una gran violencia contra los periodistas en el hemisferio. Hay criminalización de la expresión, con el uso del derecho penal para criminalizar la difusión de información que debería ser pública, especialmente por funcionarios públicos”. Lo decía en clara referencia a la ley ecuatoriana, que en el Artículo 26 –denominado por la derecha “de linchamiento mediático”– de la Ley Orgánica de Comunicación expone que “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. En la presentación de la entrevista al nuevo relator de la SIP, el matutino de Mitre se regocijaba diciendo que la designación del uruguayo será el “blanco de la ira de los (países) bolivarianos”.
El pasado 13 de agosto el titular de la Secom, Fernando Alvarado, inició una gira por varios países latinoamericanos. Según informó El Ciudadano, ese día en Chile, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el campus Curauma se reunieron los ministros Alvarado, como invitado especial, y Álvaro Elizalde, ministro de Comunicación de Chile, en un evento que convocó a destacados académicos, analistas, estudiantes de periodismo y catedráticos. Esas jornadas, que concluyeron el jueves 14, tuvieron como base el debate mundial que se ha generado a partir de las nuevas formas de comunicar, pero, sobre todo, del cuestionamiento del poder ciudadano al poder mediático tradicional y la consecuente promulgación de leyes para democratizar el acceso a la comunicación y alcanzar la meta de un periodismo responsable. Allí Alvarado explicó la experiencia ecuatoriana con la reciente Ley Orgánica de Comunicación. Además de ser quien dio el discurso inaugural, el ministro ecuatoriano participó en el conversatorio “Procesos de transformación de las políticas comunicacionales de América latina: una mirada democratizadora de las comunicaciones”, junto con Patricio Barriga, presidente del Cordicom (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación) de Ecuador; y Gustavo Gómez, director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), de Uruguay. Como moderador estuvo Pedro Santander Molina, director del Observatorio de Comunicación y Medios de la universidad chilena. El conversatorio también giró en torno del ejercicio del oficio periodístico, basado en la precarización del oficio, mantenida muchos años por la prensa comercial.
El viernes 15, el ministro ecuatoriano inició una gira centroamericana en El Salvador. Durante una reunión que se realizó ese día en ese país, Alvarado socializó la estructura, procesos, productos y plataformas comunicacionales que se han construido durante los siete años del gobierno de Rafael Correa. Tal como informó El Ciudadano. Tras cumplir un año la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, el funcionario expuso las dificultades que se presentaron durante el proceso de aprobación de la normativa debido a la presión de los poderes fácticos, pero resaltó los resultados de la aplicación de la ley en beneficio de la mayoría de ciudadanos. Por su parte, su par salvadoreño Hato Hasbún manifestó su compromiso de continuar en ese país la construcción de una estructura comunicacional que garantice la gobernabilidad. Por eso es importante mantener el apoyo del gobierno ecuatoriano, que ha transformado positivamente la política de comunicación del país, dijo el sociólogo centroamericano, quien visitará Ecuador para conocer la metodología y forma de trabajo en la aplicación de la ley y la mejora de los procesos periodísticos conseguidos gracias a ella.
Leonel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), también reconoció y felicitó los logros obtenidos por el gobierno de Rafael Correa y la Secom. El pasado lunes 19 Alvarado mantuvo una reunión con el grupo Movimiento por el Derecho de la Comunicación en San José de Costa Rica. Este movimiento está integrado por personas del sector académico, movimientos sociales y representantes del Colegio de Periodistas. Los asistentes querían conocer cómo se vive el proceso de aplicación de la ley de comunicación en Ecuador y también cómo lo manejan los medios. En el encuentro, Alvarado expuso la experiencia del Ecuador sobre comunicación popular y democratización. Esa misma noche el ministro arribó a Guatemala para realizar al otro día una agenda similar a la hecha en los países vecinos.
Aunque los medios concentrados y sus periodistas afines despotriquen abiertamente contra la política comunicacional ecuatoriana, el paradigma de “la comunicación como servicio público”, iniciada en el país andino, tiende a expandirse por la región.
Tal como informó la agencia Andes, el pasado 15 de agosto, el titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Fernando Alvarado Espinel, señaló que varios países latinoamericanos están interesados en que Ecuador los asesore en referencia a la normativa que entró en vigencia hace poco más de un año. Según Alvarado, tanto desde Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Chile presentan gran interés por la ley ecuatoriana. Aunque vale señalar que Ecuador no se quedó quieto al respecto y no dejó de intentar exportar su promocionada ley. Cuanto mayor conocimiento de ella exista en la región, sin lugar a dudas sirve para convalidar la sancionada en el propio terruño. El sábado 26 de julio, la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que sesionó en Panamá, discutió una propuesta de ley marco de comunicación social propuesta por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreses, perteneciente a la bancada de la oficialista Alianza País. Tal como informó por esos días el portal de Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), tras cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley de comunicación ecuatoriana, la norma propuesta como marco de referencia para los países de la región tiene como objetivo “determinar un marco jurídico general para garantizar el derecho de libre acceso a la comunicación de los ciudadanos latinoamericanos”. Eso es lo que sostuvo Villacreses en esa oportunidad, proponiendo a su vez que dicho marco sirva de base para la armonización de las distintas leyes de comunicación vigentes en los países miembros. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no se quedó callada y condenó el intento del gobierno ecuatoriano alegando que de esa forma se restringe la libertad de prensa y de expresión. Por esos días, la SIP, casualmente, nombraba al periodista y abogado uruguayo Edison Lanza como nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación el 23 de julio, Lanza no titubeaba en señalar que “hay problemas estructurales que seguirán a la orden del día. Todavía hay una gran violencia contra los periodistas en el hemisferio. Hay criminalización de la expresión, con el uso del derecho penal para criminalizar la difusión de información que debería ser pública, especialmente por funcionarios públicos”. Lo decía en clara referencia a la ley ecuatoriana, que en el Artículo 26 –denominado por la derecha “de linchamiento mediático”– de la Ley Orgánica de Comunicación expone que “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, quedando facultada la Superintendencia de la Información y Comunicación para disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, medidas administrativas consistentes en que los que hayan producido y difundido dicha información estén obligados a realizar una disculpa pública, y además publicarla en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. En la presentación de la entrevista al nuevo relator de la SIP, el matutino de Mitre se regocijaba diciendo que la designación del uruguayo será el “blanco de la ira de los (países) bolivarianos”.
El pasado 13 de agosto el titular de la Secom, Fernando Alvarado, inició una gira por varios países latinoamericanos. Según informó El Ciudadano, ese día en Chile, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el campus Curauma se reunieron los ministros Alvarado, como invitado especial, y Álvaro Elizalde, ministro de Comunicación de Chile, en un evento que convocó a destacados académicos, analistas, estudiantes de periodismo y catedráticos. Esas jornadas, que concluyeron el jueves 14, tuvieron como base el debate mundial que se ha generado a partir de las nuevas formas de comunicar, pero, sobre todo, del cuestionamiento del poder ciudadano al poder mediático tradicional y la consecuente promulgación de leyes para democratizar el acceso a la comunicación y alcanzar la meta de un periodismo responsable. Allí Alvarado explicó la experiencia ecuatoriana con la reciente Ley Orgánica de Comunicación. Además de ser quien dio el discurso inaugural, el ministro ecuatoriano participó en el conversatorio “Procesos de transformación de las políticas comunicacionales de América latina: una mirada democratizadora de las comunicaciones”, junto con Patricio Barriga, presidente del Cordicom (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación) de Ecuador; y Gustavo Gómez, director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), de Uruguay. Como moderador estuvo Pedro Santander Molina, director del Observatorio de Comunicación y Medios de la universidad chilena. El conversatorio también giró en torno del ejercicio del oficio periodístico, basado en la precarización del oficio, mantenida muchos años por la prensa comercial.
El viernes 15, el ministro ecuatoriano inició una gira centroamericana en El Salvador. Durante una reunión que se realizó ese día en ese país, Alvarado socializó la estructura, procesos, productos y plataformas comunicacionales que se han construido durante los siete años del gobierno de Rafael Correa. Tal como informó El Ciudadano. Tras cumplir un año la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, el funcionario expuso las dificultades que se presentaron durante el proceso de aprobación de la normativa debido a la presión de los poderes fácticos, pero resaltó los resultados de la aplicación de la ley en beneficio de la mayoría de ciudadanos. Por su parte, su par salvadoreño Hato Hasbún manifestó su compromiso de continuar en ese país la construcción de una estructura comunicacional que garantice la gobernabilidad. Por eso es importante mantener el apoyo del gobierno ecuatoriano, que ha transformado positivamente la política de comunicación del país, dijo el sociólogo centroamericano, quien visitará Ecuador para conocer la metodología y forma de trabajo en la aplicación de la ley y la mejora de los procesos periodísticos conseguidos gracias a ella.
Leonel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), también reconoció y felicitó los logros obtenidos por el gobierno de Rafael Correa y la Secom. El pasado lunes 19 Alvarado mantuvo una reunión con el grupo Movimiento por el Derecho de la Comunicación en San José de Costa Rica. Este movimiento está integrado por personas del sector académico, movimientos sociales y representantes del Colegio de Periodistas. Los asistentes querían conocer cómo se vive el proceso de aplicación de la ley de comunicación en Ecuador y también cómo lo manejan los medios. En el encuentro, Alvarado expuso la experiencia del Ecuador sobre comunicación popular y democratización. Esa misma noche el ministro arribó a Guatemala para realizar al otro día una agenda similar a la hecha en los países vecinos.
Aunque los medios concentrados y sus periodistas afines despotriquen abiertamente contra la política comunicacional ecuatoriana, el paradigma de “la comunicación como servicio público”, iniciada en el país andino, tiende a expandirse por la región.
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