“Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo
nuestro paso” Subcomandante Marcos
Cuando el grueso de la población campesina migra hacia las
grandes concentraciones urbanas, pareciera que el debate sobre la ruralidad,
fuera un dato del pasado. Transformar la estructura agraria en Latinoamérica,
dejando atrás el latifundio, lejos de ser una simple quimera, resulta hoy la
condición necesaria para que los países de la región abandonen el atraso
estructural relativo, y peguen el salto cualitativo que posibilite no solamente
un desarrollo industrial acorde a las necesidades del mercado interno (y
regional), sino para dejar atrás las grandes desigualdades tanto sociales como
territoriales. Las formaciones sociales y económicas, si bien pueden (y deben)
ser analizadas a través del prisma de la cientificidad, para ser transformadas,
hay que convenir que sin la existencia de sujetos o actores que las lleven
adelante, que las impulsen según un programa y una voluntad, es muy poco
probable que evolucionen naturalmente. Porque desde ya, existen los que de una
u otra forma, intentarán preservar lo dado, a toda costa. En la economía priman
el interés y la necesidad.
En la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del XIX, la ascendente burguesía comprendió la necesidad de suprimir las grandes propiedades territoriales, porque percibió claramente que ellas eran una traba estructural al desarrollo de la industria. En dicho sentido, esa burguesía era un actor determinante, pero a diferencia de lo que sucedió en el viejo continente, las burguesías latinoamericanas nunca tuvieron un interés suficiente como para desterrar la gran propiedad agraria, ya que sus rentas no dependían de desarrollarse en la industria, sino mantenerse como intermediarios entre los grandes terratenientes y los actores externos. Los intentos de reformar y transformar la estructura agraria latinoamericana a lo largo del Siglo XX, dependieron principalmente de movimientos políticos nacionalistas con fuerte arraigo popular. Fueron precisamente esas bases populares (principalmente cuando contaban con raigambre campesina) las que empujaron a sus dirigentes, a pensar en una nueva distribución de la tierra, pero también porque comprendieron que ésa era una traba para el desarrollo capitalista local, que pudiera generar un nuevo posicionamiento a escala mundial, fundamentalmente en momentos en los que el mundo desarrollado atravesaba grandes crisis. Si bien estos movimientos tanto nacionalistas como desarrollistas cuestionaron de las formaciones capitalista-dependientes sólo el segundo de los términos, no contaron entre sus actores con quien debía ser necesariamente su principal fuerza motriz: las burguesías nacionales, y por esa misma razón suplieron esa carencia, con el rol preponderante del Estado como sustituto. El principal supuesto era que en el proceso de desarrollo –de una industria que sustituyera importaciones– bajo conducción estatal, surgiría un empresariado nacional con vocación transformadora, y que a su vez armonizando con los diferentes sectores populares, se conformaría un bloque social que pudiera romper definitivamente con la dependencia. Hasta ahora, esa hipótesis aún no pudo ser demostrada, y tal vez los actuales intentos de desarrollo de la economía social en algunos países de la región sean una alternativa al respecto, ya que desde emprendimientos que también pueden considerarse como empresa pública, es posible encontrar productores con iniciativa y empuje. Hace dos siglos, Mariano Moreno ya había vislumbrado y advertido que sólo el Estado podía suplir la ausencia de una burguesía nacional comprometida, aunque esa ecuación aún no posea un fundamento unívoco.
En lo que prosigue se intentará rastrear los trazos histórico-estructurales de lo que fue la reforma agraria en Bolivia, como una de las experiencias más significativas por reversar la estructura territorial heredada desde el tiempo colonial.
En la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del XIX, la ascendente burguesía comprendió la necesidad de suprimir las grandes propiedades territoriales, porque percibió claramente que ellas eran una traba estructural al desarrollo de la industria. En dicho sentido, esa burguesía era un actor determinante, pero a diferencia de lo que sucedió en el viejo continente, las burguesías latinoamericanas nunca tuvieron un interés suficiente como para desterrar la gran propiedad agraria, ya que sus rentas no dependían de desarrollarse en la industria, sino mantenerse como intermediarios entre los grandes terratenientes y los actores externos. Los intentos de reformar y transformar la estructura agraria latinoamericana a lo largo del Siglo XX, dependieron principalmente de movimientos políticos nacionalistas con fuerte arraigo popular. Fueron precisamente esas bases populares (principalmente cuando contaban con raigambre campesina) las que empujaron a sus dirigentes, a pensar en una nueva distribución de la tierra, pero también porque comprendieron que ésa era una traba para el desarrollo capitalista local, que pudiera generar un nuevo posicionamiento a escala mundial, fundamentalmente en momentos en los que el mundo desarrollado atravesaba grandes crisis. Si bien estos movimientos tanto nacionalistas como desarrollistas cuestionaron de las formaciones capitalista-dependientes sólo el segundo de los términos, no contaron entre sus actores con quien debía ser necesariamente su principal fuerza motriz: las burguesías nacionales, y por esa misma razón suplieron esa carencia, con el rol preponderante del Estado como sustituto. El principal supuesto era que en el proceso de desarrollo –de una industria que sustituyera importaciones– bajo conducción estatal, surgiría un empresariado nacional con vocación transformadora, y que a su vez armonizando con los diferentes sectores populares, se conformaría un bloque social que pudiera romper definitivamente con la dependencia. Hasta ahora, esa hipótesis aún no pudo ser demostrada, y tal vez los actuales intentos de desarrollo de la economía social en algunos países de la región sean una alternativa al respecto, ya que desde emprendimientos que también pueden considerarse como empresa pública, es posible encontrar productores con iniciativa y empuje. Hace dos siglos, Mariano Moreno ya había vislumbrado y advertido que sólo el Estado podía suplir la ausencia de una burguesía nacional comprometida, aunque esa ecuación aún no posea un fundamento unívoco.
En lo que prosigue se intentará rastrear los trazos histórico-estructurales de lo que fue la reforma agraria en Bolivia, como una de las experiencias más significativas por reversar la estructura territorial heredada desde el tiempo colonial.
La revolución boliviana del ’52. La situación política de
Bolivia, desde la Guerra del Chaco (1932-1935), en la que el país del altiplano
se enfrentó a Paraguay, fue una realidad inestable, con gobiernos de corta
duración, y en donde el descontento popular iría in crescendo, principalmente
el del sector de los obreros mineros, que en Bolivia constituye aún la fracción
más poderosa de la clase trabajadora. El 7 de junio del ’42 se fundaría el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que contaría en sus filas a
futuros presidentes como Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. El MNR
constituiría un partido de tipo reformista con raigambre popular y con
aceitados contactos en sectores nacionalistas de las fuerzas armadas. Por su
parte durante la década del 40 se produciría de forma simultánea –al
surgimiento del MNR– la organización sindical de los trabajadores mineros. Tras
la represión violenta del ejército a los mineros, sucedida en las minas de
estaño de Oruro y Potosí en 1942, esto haría que dos años después, más
precisamente el 11 de junio del ’44, se conformara la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) como una organización que contuviera al
sector. Desde su fundación la Fstmb contó entre sus principales dirigentes a
miembros del Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotzkista,
entre ellos Juan Lechín Oquendo. Tanto el MNR como la Fstmb serían por ese
entonces la oposición orgánica más visible a “La Rosca”. Así se la denominaba,
a la oligarquía boliviana constituida por magnates mineros y latifundistas.
El 8 de noviembre de 1946 reunidos en el Congreso de la Fstmb, los mineros aprobaron las denominadas Tesis de Pulacayo, presentadas por la delegación obrera de Llallagua, que consistían en un programa revolucionario para los trabajadores de Bolivia, y que había sido inspirado por el entonces joven dirigente del POR Guillermo Lora. Señalar al programa de Pulacayo, la lucha de los mineros, y la incidencia del MNR, resulta válido para entender el proceso que se desencadenaría en 1952 cuando las fuerzas populares tomarían por asalto el poder que ostentaba La Rosca. Mucho más para entender la base de la reforma agraria que se iniciaría, en tanto podría ser considerada como el mayor logro de dicha revolución.
En el apartado 4 de los fundamentos de las Tesis de Pulacayo se señala que “la particularidad boliviana consiste en que no se ha presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar el latifundio y las otras formas económicas precapitalistas, de realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los objetivos democrático-burgueses que inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los países semicoloniales son: la revolución agraria y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están estrechamente ligadas las unas a las otras”. En este punto, el rumbo de los mineros, conducidos principalmente por el POR, daban por sentado su alianza táctica con el MNR, ya que no renegaban del objetivo de desarrollar tareas democráticas y de liberación nacional. “Los trabajadores del subsuelo no insinuamos que deben pasarse por alto las tareas democrático-burguesas: lucha por elementales garantías democráticas y por la revolución agraria antiimperialista” expresaba la Fstmb en el capítulo II de las tesis.
Desde mayo del ’51, el general Hugo Ballivián Rojas, tras invalidar las elecciones presidenciales realizadas en mayo del mismo año, se enquistó en el poder, decretando el estado de sitio y desencadenando una muy fuerte represión al movimiento popular. Pero pareciera que la concurrencia estaba desatada entre los diferentes ministros de Ballivián: todos querían ser presidentes, y más precisamente el Ministro de Gobierno, el general Antonio Seleme, convenció a un grupo reducido del MNR para que lo acompañen en su cruzada. La idea era básicamente realizar un pequeño putch para derrocar a Ballivián y hacerse del poder. Miembros del MNR junto a carabineros que dependían de las órdenes de Seleme, se apoderaron la madrugada del 9 de abril del ’52 de varios edificios públicos, y proclamaron la revolución. Pero el anuncio fue anticipado, ya que las fuerzas armadas gubernamentales coparon inmediatamente las calles. El pueblo boliviano, y principalmente los trabajadores mineros fueron los que desencadenaron una verdadera insurrección armada, que al final destronó al gobierno de La Rosca. Si bien el rol de las milicias obreras fue determinante, ante la falta de una herramienta política propia, no tuvieron más opción que entregar el nuevo gobierno al dirigente del MNR Hernán Siles Zuazo, quien luego se lo pasaría a Víctor Paz Estenssoro al regreso de su exilio en Buenos Aires. El POR, si bien tenía una muy importante inserción sindical, era un partido pequeño con escasa incidencia política en sectores ajenos al mundo laboral.
Aunque los hechos del ’52 puedan despertar diferencias de interpretación, ya que muchos autores le atribuyen la revolución al MNR solamente, vale señalar que a las pocas semanas nomás el nuevo presidente logró postergar la nacionalización de las minas, que era uno de los principales reclamos de la Fstmb, y posteriormente disolvió las milicias obreras. En verdad se trató de un proceso complejo en el cual confluyeron diferentes actores políticos y sociales, pero en el cual se expresaría principalmente un fuerte rechazo popular a las injusticias. Como en todo proceso de transformaciones profundas hubo andariveles que fueron abordados de una forma efectiva y otros que no tanto. Se puede afirmar con toda justeza que en torno a la cuestión agraria y el desmantelamiento del orden señorial y la servidumbre, con la concomitante incorporación del campesino-indígena a la vida social, la revolución nacional del ’52 cumplió e hizo que ese ítem fuera casi irreversible.
El 8 de noviembre de 1946 reunidos en el Congreso de la Fstmb, los mineros aprobaron las denominadas Tesis de Pulacayo, presentadas por la delegación obrera de Llallagua, que consistían en un programa revolucionario para los trabajadores de Bolivia, y que había sido inspirado por el entonces joven dirigente del POR Guillermo Lora. Señalar al programa de Pulacayo, la lucha de los mineros, y la incidencia del MNR, resulta válido para entender el proceso que se desencadenaría en 1952 cuando las fuerzas populares tomarían por asalto el poder que ostentaba La Rosca. Mucho más para entender la base de la reforma agraria que se iniciaría, en tanto podría ser considerada como el mayor logro de dicha revolución.
En el apartado 4 de los fundamentos de las Tesis de Pulacayo se señala que “la particularidad boliviana consiste en que no se ha presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar el latifundio y las otras formas económicas precapitalistas, de realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los objetivos democrático-burgueses que inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los países semicoloniales son: la revolución agraria y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están estrechamente ligadas las unas a las otras”. En este punto, el rumbo de los mineros, conducidos principalmente por el POR, daban por sentado su alianza táctica con el MNR, ya que no renegaban del objetivo de desarrollar tareas democráticas y de liberación nacional. “Los trabajadores del subsuelo no insinuamos que deben pasarse por alto las tareas democrático-burguesas: lucha por elementales garantías democráticas y por la revolución agraria antiimperialista” expresaba la Fstmb en el capítulo II de las tesis.
Desde mayo del ’51, el general Hugo Ballivián Rojas, tras invalidar las elecciones presidenciales realizadas en mayo del mismo año, se enquistó en el poder, decretando el estado de sitio y desencadenando una muy fuerte represión al movimiento popular. Pero pareciera que la concurrencia estaba desatada entre los diferentes ministros de Ballivián: todos querían ser presidentes, y más precisamente el Ministro de Gobierno, el general Antonio Seleme, convenció a un grupo reducido del MNR para que lo acompañen en su cruzada. La idea era básicamente realizar un pequeño putch para derrocar a Ballivián y hacerse del poder. Miembros del MNR junto a carabineros que dependían de las órdenes de Seleme, se apoderaron la madrugada del 9 de abril del ’52 de varios edificios públicos, y proclamaron la revolución. Pero el anuncio fue anticipado, ya que las fuerzas armadas gubernamentales coparon inmediatamente las calles. El pueblo boliviano, y principalmente los trabajadores mineros fueron los que desencadenaron una verdadera insurrección armada, que al final destronó al gobierno de La Rosca. Si bien el rol de las milicias obreras fue determinante, ante la falta de una herramienta política propia, no tuvieron más opción que entregar el nuevo gobierno al dirigente del MNR Hernán Siles Zuazo, quien luego se lo pasaría a Víctor Paz Estenssoro al regreso de su exilio en Buenos Aires. El POR, si bien tenía una muy importante inserción sindical, era un partido pequeño con escasa incidencia política en sectores ajenos al mundo laboral.
Aunque los hechos del ’52 puedan despertar diferencias de interpretación, ya que muchos autores le atribuyen la revolución al MNR solamente, vale señalar que a las pocas semanas nomás el nuevo presidente logró postergar la nacionalización de las minas, que era uno de los principales reclamos de la Fstmb, y posteriormente disolvió las milicias obreras. En verdad se trató de un proceso complejo en el cual confluyeron diferentes actores políticos y sociales, pero en el cual se expresaría principalmente un fuerte rechazo popular a las injusticias. Como en todo proceso de transformaciones profundas hubo andariveles que fueron abordados de una forma efectiva y otros que no tanto. Se puede afirmar con toda justeza que en torno a la cuestión agraria y el desmantelamiento del orden señorial y la servidumbre, con la concomitante incorporación del campesino-indígena a la vida social, la revolución nacional del ’52 cumplió e hizo que ese ítem fuera casi irreversible.
La reforma agraria.
Antes del ’52, el campesinado indígena vivía subsumido en una casi esclavitud desde el tiempo de la conquista española. Nada había cambiado desde 1825 cuando se fundara el país, y mucho menos antes de 1952. Según precisara Ángel Jemio-Ergueta en su trabajo “La Reforma Agraria”, antes de que ésta fuera realizada, sólo el 4,5% de los propietarios rurales, detentaban el 70% de las tierras cultivables, había ausencia de inversión de capital suplementario, desconocimiento del concepto de salario (servicios personales gratuitos) y empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época colonial. Si la revolución del ’52 había propuesto como principales consignas la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria, la reforma educativa, el sufragio universal y la diversificación de la economía como prerrequisitos para transformar a Bolivia en un Estado moderno, se podría afirmar que fue consecuente principalmente con la implementación del sufragio universal y con el desarrollo de la reforma rural.
Cuando los conquistadores españoles llegaron a Bolivia dieron fin al régimen comunitario de explotación de la tierra que había sido el predominante durante el imperio de los incas. Al instalarse la colonia, se trasplantó desde España el régimen latifundista y a los pueblos originarios se los convirtió en servidores de los nuevos amos. No solamente en cuanto al trabajo de la tierra, ya que también se establecieron diferentes rangos de servidumbre.
Fue así que surgieron el pongueaje (obligación de cada colono de la tierra a asistir a la casa citadina del patrón para cumplir funciones de mozo de mandados) o el mitanaje que consistía en que la mujer del colono, debía cumplir mientras durase el pongo, la tarea de sirvienta o cocinera. De igual forma se daban diversas funciones serviles en la cuales se esclavizaba al indígena.
Por su parte estaban los comunarios, que eran los campesinos indígenas que aún conservaban la propiedad colectiva de la tierra, pero que no escapaban al régimen de servidumbre personal, ya que aunque no tuvieran patrones debían servir a los intendentes, el clero, los corregidores, los jueces de paz y los comisarios. Esta modalidad de explotación de los indígenas, no se transformó con la formación de la república en 1825, se extendió hasta 1952.
La población campesina e indígena en Bolivia era para ese entonces el 65%. Tal como señala Roberto Jordán Pando en su libro De Bolívar a la Revolución boliviana, toda esa franja poblacional mayoritaria no contaba con un instrumento político administrativo para atender sus problemáticas. En tal sentido, la revolución nacional, una de las primeras medidas que toma es la de crear el Ministerio de Asuntos Campesinos a cargo de Ñuflo Chávez Ortiz, un experimentado activista e intelectual del MNR. La tarea del nuevo ministerio era preparar el terreno para la reforma agraria, organizando a los campesinos, estableciendo regulaciones laborales en las áreas rurales, ofreciendo alfabetización y educación, además de proporcionar herramientas sobre cooperativismo y organización comunitaria. Por su parte, la recientemente conformada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaba la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cntcb), la cual al poco tiempo ya contaría con 700 mil afiliados. Además generaría a sus propios cuadros dirigentes, ya que había sido organizada principalmente por sindicalistas obreros.
El 20 de enero de 1953, el gobierno de la Revolución Nacional, por el Decreto 3.301, creó una comisión encargada exclusivamente de estudiar el problema de la tierra y la incorporación de los pueblos indígenas. Esta comisión integrada por economistas, sociólogos y cuadros políticos de diferentes orientaciones ideológico-partidarias, debía indagar la cuestión agraria en sus múltiples facetas de índole tanto económica, social, jurídica, técnica y educativa. Habiendo trabajado la comisión entre el 9 de abril y el 28 de julio, presentó un informe de tres volúmenes, que sería el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, más varios proyectos complementarios. Esta sería la base del Decreto Ley Nº 3.464 firmado por el mandatario Víctor Paz Estenssoro el 2 de agosto de 1953. Ese día, ante una multitudinaria concentración campesina en la localidad de Ucareña, Paz Estenssoro realizó el anuncio de la medida.
Tal como señalara Jemio-Ergueta en el trabajo señalado, la Reforma Agraria fue un acto de justicia histórica, fue destinada principalmente para liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana de la Nación. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base material: la tierra, y la tierra debía ser para quien la trabaje.
A la luz de un análisis más objetivo, la ley de Reforma Agraria de Bolivia se propuso asimilar las técnicas capitalistas de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por resabios feudales e incorporando a las masas campesinas al mercado interno en su doble condición de productores y consumidores. La esencia democrática de la reforma agraria boliviana radicó en el hecho de que instituyó el trabajo como la principal fuente del derecho a la propiedad de la tierra. Las principales cuatro finalidades de la reforma eran:
a) proporcionar tierra labrantía a los labriegos que no la tienen o la poseen en grado insuficiente, expropiando para ello a los latifundistas que la detentan en exceso y disfrutan de una renta absoluta que no proviene de su trabajo ni de inversiones de capital suplementario;
b) proscribir los servicios personales y gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como única forma de pago al peón agrícola por su trabajo;
c) reivindicar las tierras despojadas a las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la extorsión administrativa para convertir a aquéllas en cooperativas de producción, y
d) conseguir la explotación racional e intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un plan de mecanización de las labores agropecuarias.
Si bien en 1964, con el golpe militar que pondría en el poder al General René Barrientos, hubo un cierto estancamiento con respecto al proceso reformista rural, se puede decir que el ciclo iniciado en 1952 –en lo referido específicamente a la reforma agraria– no tuvo grandes retrocesos. En este sentido muchos analistas sostienen que la reforma fue un hecho irreversible, aunque sí habría que analizar cuáles fueron sus principales falencias.
La revolución nacional del ’52 se planteaba varios objetivos, entre ellos, la nacionalización de las minas de estaño y la diversificación de la economía, además de transformar la estructura agraria. Los otros objetivos no se lograron, y vale subrayar al respecto que no es posible transformar la estructura de una formación social, solamente desde uno de sus flancos, mucho más cuando los más importantes (como el de la minería) permanecen sin una sustancial modificación.
Por otra parte, en referencia a la cuestión de la tierra, la reforma fue efectiva principalmente en la región occidental, en donde vive el 70% de la población rural de Bolivia. Paradojalmente en la región oriental (Santa Cruz, Beni) en la cual la agricultura es mucho más factible, sobre una extensión aproximada de 700 mil km², solamente había una población de 0,8 habitantes por km². La mayor población labriega de Occidente se desarrollaba en terrenos ubicados entre 2.500 y 4.000 mil metros sobre el nivel del mar, que fue el sitio donde fue efectiva la reforma agraria. La tierra distribuible siempre fue considerada aquella a la cual se la considera cultivable, aunque en algunos casos el Estado declaraba a ciertas tierras como empresa, y por ende no se encontraban sujetas a ser entregadas a los agricultores.
Antes del ’52, el campesinado indígena vivía subsumido en una casi esclavitud desde el tiempo de la conquista española. Nada había cambiado desde 1825 cuando se fundara el país, y mucho menos antes de 1952. Según precisara Ángel Jemio-Ergueta en su trabajo “La Reforma Agraria”, antes de que ésta fuera realizada, sólo el 4,5% de los propietarios rurales, detentaban el 70% de las tierras cultivables, había ausencia de inversión de capital suplementario, desconocimiento del concepto de salario (servicios personales gratuitos) y empleo de métodos anticuados de cultivo, remanentes de la época colonial. Si la revolución del ’52 había propuesto como principales consignas la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria, la reforma educativa, el sufragio universal y la diversificación de la economía como prerrequisitos para transformar a Bolivia en un Estado moderno, se podría afirmar que fue consecuente principalmente con la implementación del sufragio universal y con el desarrollo de la reforma rural.
Cuando los conquistadores españoles llegaron a Bolivia dieron fin al régimen comunitario de explotación de la tierra que había sido el predominante durante el imperio de los incas. Al instalarse la colonia, se trasplantó desde España el régimen latifundista y a los pueblos originarios se los convirtió en servidores de los nuevos amos. No solamente en cuanto al trabajo de la tierra, ya que también se establecieron diferentes rangos de servidumbre.
Fue así que surgieron el pongueaje (obligación de cada colono de la tierra a asistir a la casa citadina del patrón para cumplir funciones de mozo de mandados) o el mitanaje que consistía en que la mujer del colono, debía cumplir mientras durase el pongo, la tarea de sirvienta o cocinera. De igual forma se daban diversas funciones serviles en la cuales se esclavizaba al indígena.
Por su parte estaban los comunarios, que eran los campesinos indígenas que aún conservaban la propiedad colectiva de la tierra, pero que no escapaban al régimen de servidumbre personal, ya que aunque no tuvieran patrones debían servir a los intendentes, el clero, los corregidores, los jueces de paz y los comisarios. Esta modalidad de explotación de los indígenas, no se transformó con la formación de la república en 1825, se extendió hasta 1952.
La población campesina e indígena en Bolivia era para ese entonces el 65%. Tal como señala Roberto Jordán Pando en su libro De Bolívar a la Revolución boliviana, toda esa franja poblacional mayoritaria no contaba con un instrumento político administrativo para atender sus problemáticas. En tal sentido, la revolución nacional, una de las primeras medidas que toma es la de crear el Ministerio de Asuntos Campesinos a cargo de Ñuflo Chávez Ortiz, un experimentado activista e intelectual del MNR. La tarea del nuevo ministerio era preparar el terreno para la reforma agraria, organizando a los campesinos, estableciendo regulaciones laborales en las áreas rurales, ofreciendo alfabetización y educación, además de proporcionar herramientas sobre cooperativismo y organización comunitaria. Por su parte, la recientemente conformada Central Obrera Boliviana (COB) impulsaba la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cntcb), la cual al poco tiempo ya contaría con 700 mil afiliados. Además generaría a sus propios cuadros dirigentes, ya que había sido organizada principalmente por sindicalistas obreros.
El 20 de enero de 1953, el gobierno de la Revolución Nacional, por el Decreto 3.301, creó una comisión encargada exclusivamente de estudiar el problema de la tierra y la incorporación de los pueblos indígenas. Esta comisión integrada por economistas, sociólogos y cuadros políticos de diferentes orientaciones ideológico-partidarias, debía indagar la cuestión agraria en sus múltiples facetas de índole tanto económica, social, jurídica, técnica y educativa. Habiendo trabajado la comisión entre el 9 de abril y el 28 de julio, presentó un informe de tres volúmenes, que sería el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, más varios proyectos complementarios. Esta sería la base del Decreto Ley Nº 3.464 firmado por el mandatario Víctor Paz Estenssoro el 2 de agosto de 1953. Ese día, ante una multitudinaria concentración campesina en la localidad de Ucareña, Paz Estenssoro realizó el anuncio de la medida.
Tal como señalara Jemio-Ergueta en el trabajo señalado, la Reforma Agraria fue un acto de justicia histórica, fue destinada principalmente para liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana de la Nación. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base material: la tierra, y la tierra debía ser para quien la trabaje.
A la luz de un análisis más objetivo, la ley de Reforma Agraria de Bolivia se propuso asimilar las técnicas capitalistas de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por resabios feudales e incorporando a las masas campesinas al mercado interno en su doble condición de productores y consumidores. La esencia democrática de la reforma agraria boliviana radicó en el hecho de que instituyó el trabajo como la principal fuente del derecho a la propiedad de la tierra. Las principales cuatro finalidades de la reforma eran:
a) proporcionar tierra labrantía a los labriegos que no la tienen o la poseen en grado insuficiente, expropiando para ello a los latifundistas que la detentan en exceso y disfrutan de una renta absoluta que no proviene de su trabajo ni de inversiones de capital suplementario;
b) proscribir los servicios personales y gratuitos de carácter servidumbral, instituyendo el régimen de salario como única forma de pago al peón agrícola por su trabajo;
c) reivindicar las tierras despojadas a las comunidades indígenas, valiéndose del fraude, la influencia política y la extorsión administrativa para convertir a aquéllas en cooperativas de producción, y
d) conseguir la explotación racional e intensiva de la tierra a fin de lograr el autoabastecimiento alimenticio del país, otorgando créditos fáciles y accesibles a los campesinos y ejecutando un plan de mecanización de las labores agropecuarias.
Si bien en 1964, con el golpe militar que pondría en el poder al General René Barrientos, hubo un cierto estancamiento con respecto al proceso reformista rural, se puede decir que el ciclo iniciado en 1952 –en lo referido específicamente a la reforma agraria– no tuvo grandes retrocesos. En este sentido muchos analistas sostienen que la reforma fue un hecho irreversible, aunque sí habría que analizar cuáles fueron sus principales falencias.
La revolución nacional del ’52 se planteaba varios objetivos, entre ellos, la nacionalización de las minas de estaño y la diversificación de la economía, además de transformar la estructura agraria. Los otros objetivos no se lograron, y vale subrayar al respecto que no es posible transformar la estructura de una formación social, solamente desde uno de sus flancos, mucho más cuando los más importantes (como el de la minería) permanecen sin una sustancial modificación.
Por otra parte, en referencia a la cuestión de la tierra, la reforma fue efectiva principalmente en la región occidental, en donde vive el 70% de la población rural de Bolivia. Paradojalmente en la región oriental (Santa Cruz, Beni) en la cual la agricultura es mucho más factible, sobre una extensión aproximada de 700 mil km², solamente había una población de 0,8 habitantes por km². La mayor población labriega de Occidente se desarrollaba en terrenos ubicados entre 2.500 y 4.000 mil metros sobre el nivel del mar, que fue el sitio donde fue efectiva la reforma agraria. La tierra distribuible siempre fue considerada aquella a la cual se la considera cultivable, aunque en algunos casos el Estado declaraba a ciertas tierras como empresa, y por ende no se encontraban sujetas a ser entregadas a los agricultores.
A modo de conclusión. No alcanza con “tierra
para el que la trabaja”, es necesario un proceso de industrialización de la
ruralidad desde la obtención de la materia prima, hasta la obtención de
productos con alto valor agregado. Puede alcanzar para la subsistencia de los
campesinos, pero no para transformar la estructura productiva de un país. En
Bolivia se abortó el proceso de la revolución del ’52 debido a que no hubo
desarrollo de los otros factores económicos intrínsecos. Incluso varios
expertos sostienen que si bien los campesinos contaban con la tierra, no
contaban con los recursos necesarios para poder explotarla de la mejor forma.
La revolución agraria tal como la habían planteado los mineros de Pulacayo en 1946, en cierta medida fue realizada, también la tarea democrática de otorgarle la ciudadanía a la población indígena, pero el problema principal es que el proyecto de nacionalizar los grandes recursos naturales como son los productos de la minería, quedaron casi en las mismas manos.
Desde la nacionalización de los grandes recursos energéticos realizados por el actual gobierno de Evo Morales, el país del altiplano pareciera entrar nuevamente en el terreno que fuera abandonado hace décadas, para comenzar a soñar con las metas anheladas.
En una próxima entrega sobre la cuestión agraria, Miradas al Sur abordará las experiencias de reformas realizadas en Perú y Chile durante la década del ’60, y la ejemplar lucha del Movimiento de campesinos sin tierra (MST) de Brasil.
La revolución agraria tal como la habían planteado los mineros de Pulacayo en 1946, en cierta medida fue realizada, también la tarea democrática de otorgarle la ciudadanía a la población indígena, pero el problema principal es que el proyecto de nacionalizar los grandes recursos naturales como son los productos de la minería, quedaron casi en las mismas manos.
Desde la nacionalización de los grandes recursos energéticos realizados por el actual gobierno de Evo Morales, el país del altiplano pareciera entrar nuevamente en el terreno que fuera abandonado hace décadas, para comenzar a soñar con las metas anheladas.
En una próxima entrega sobre la cuestión agraria, Miradas al Sur abordará las experiencias de reformas realizadas en Perú y Chile durante la década del ’60, y la ejemplar lucha del Movimiento de campesinos sin tierra (MST) de Brasil.
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