Colombia- Paro y militarización

Colombia. La medida autoproclamada Nacional, Agraria y Popular que se plantea desde el 19 de agosto; la renuncia que presentaron 16 ministros de gabinete; las idas y vueltas del diálogo con las FARC y el futuro del presidente Santos.

Desde el 19 de agosto se viene desarrollando en Colombia el Paro Nacional, Agrario y Popular en el marco de una creciente conflictividad social, que llevó incluso a que el presidente Juan Manuel Santos militarice los diferentes sitios en los cuales se vienen desarrollando las luchas populares, y que el pasado lunes hizo que los 16 ministros del gabinete gubernamental pusieran a disposición del mandatario la continuidad de sus respectivas funciones. Esta masiva renuncia protocolaria es la primera vez que ocurre en los tres años de la gestión Santos, poniendo sobre el tapete una seria crisis que ya es muy difícil de disimular.
Si bien desde el inicio de su mandato en 2010, el presidente colombiano se diferenció en algunos aspectos esenciales de su antecesor en la Casa de Nariño, Álvaro Uribe Vélez, esas mismas diferencias sean tal vez las causantes de la eclosión de los diferentes sectores productivos que en sus demandas intentan otra racionalidad en cuanto al lugar al que fueran confinados por políticas de corte netamente excluyente. El intento por terminar con el conflicto armado más viejo del continente, a través de las conversaciones que viene llevando el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, y establecer una política mucho más fluida con respecto a los demás países de la región, es un avance sustantivo pero tal vez eso sólo no alcance, ya que hoy Colombia sigue profundizando obsoletas recetas neoliberales, y eso mismo resulta la causante de la emergencia del conflicto social. En una entrevista que le realizara el portal palabrasalmargen.com, el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar enfatizaba que son justamente las denominadas locomotoras minero-energéticas (como modelo extractivista, agroenergético y agroexportador) las principales causantes de la profundización neoliberal en Colombia, que sumadas a la firma de varios Tratados de Libre Comercio (TLC), fueron generando un sedimento de inconformismo social. Escobar señalaba a las protestas de los cafeteros, de los pequeños y medianos productores mineros y la de los campesinos del Catatumbo, como la antesala de los conflictos que hoy se presentifican en su país. También precisaba que este nivel de reclamo social era muy difícil de llevar adelante durante la gestión de Uribe, debido al alto grado de criminalización y represión de la protesta.
El Paro Nacional Agrario y Popular iniciado el 19 de agosto hizo confluir no solamente a diferentes sectores campesinos, sino también a diversos actores urbanos que además de solidarizarse con los convocantes, aprovecharon la oportunidad para desplegar sus propias reivindicaciones sectoriales.
Desde los sectores agrarios se elevaron tres pliegos diferentes. Uno fue el de las denominadas “dignidades” cafetera, arrocera, papera y cacaotera, que se pronunciaron por lo que llamaron “Movilización nacional cafetera y agropecuaria”, mientras que el CNA (Coordinador Nacional Agrario) y la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional) acordaron en denominarlo Paro Nacional Agrario y Popular. Según precisa el analista Fernando Dorado en el portal Rebelión “cada pliego representa el trabajo organizativo y la influencia de diferentes sectores políticos en diversas regiones del país entre productores agropecuarios, campesinos y colonos que son, a su vez, indígenas, afrodescendientes, mestizos y ‘blancos’, que tienen diversos desarrollos regionales, históricos e intereses disímiles”. Según Dorado esta división resulta una debilidad a la hora de negociar, y a su vez expresa a diferentes clases sociales agrarias. Mientras que las llamadas “dignidades” son representativas de los grandes y medianos campesinos, tanto el CNA como la MIA expresan a los pequeños productores. Para los primeros, que se plantean la “defensa de la producción nacional”, el tema de la tierra no es tenido en cuenta, aunque sea éste el problema principal por el cual se elevaran los otros dos pliegos. Si bien estas precisiones de Dorado, que fueran hechas en los albores de la protesta como complejidades de la misma, hoy es posible afirmar tras varios días de protesta que la unidad de acción resultó altamente favorable. Pero no menos cierto es que al gobierno de Santos estas debilidades le dieron el argumento por el cual inició mesas de negociación con sectores agrarios al margen de las coordinaciones nacionales. Los sectores urbanos que se sumaron orgánicamente al paro nacional fueron los trabajadores del transporte y de la salud, con el apoyo de las diferentes centrales sindicales, y de los diferentes partidos de izquierda, personalidades de la ciencia y la cultura, además de un conglomerado importante de movimientos sociales de las ciudades.
Mientras en el interior colombiano recrudecían las protestas campesinas principalmente a través de bloqueos de rutas y caminos, se iría despertando en las ciudades una solidaridad espontánea (más allá de los apoyos orgánicos ya señalados) que eclosionaría con una oleada de cacerolazos. De hecho, ya se estaban sintiendo efectos de desabastecimiento de alimentos en las ciudades, como efecto de los bloqueos, y desde el día 26 de agosto se prodigaron diferentes movilizaciones ciudadanas que tuvieron como acto central la marcha realizada el día 29 en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí se podía ver a miles de habitantes urbanos y estudiantes universitarios, que además de hacer sonar cacerolas, portaban carteles con insignias que decían “Apoyo al paro nacional agrario”, solidarizándose de esa forma con la lucha de los campesinos. Pero la nota saliente, además de estas movilizaciones ciudadanas, fue que comenzaron a producirse hechos de violencia inusitados, ante la irrupción de grupos que hicieron destrozos y saqueos, que dieron el justificativo para que el gobierno ordene reprimir ferozmente. Tal es así que en la Plaza de Bolívar se produjo una verdadera batalla campal, que obligó la desconcentración. Hubo además destrozos a locales comerciales, saqueos a supermercados y ataques a los transportes públicos, siendo la excusa perfecta para que el presidente Santos haga de Bogotá un sitio de ocupación militar, y que el saldo de los hechos haya dejado cuatro muertos, más 200 heridos y 512 detenidos. Tras estos acontecimientos el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro dijo sin tapujos que los que generaron la violencia en la ciudad fueron jóvenes reclutados por “los paisas”, que es una bacrim (banda criminal emergente y residual) de los grupos paramilitares. El alcalde sostuvo que en Bogotá estas bandas están reclutando a jóvenes menores de edad para el narcomenudeo y para cometer actos delictivos. “Hay un mapa territorial de bandas de microtráfico con fronteras invisibles”, aseguró Petro, mientras que Marisol Perilla, alcaldesa del barrio bogotano de Suba, dijo que estas bandas fueron las encargadas de llevar adelante los desmanes producidos el 29, mientras que el jefe de la Policía de la capital colombiana Luis Eduardo Martínez aseveró que “lo único que puedo decir por el momento es que los responsables no tenían nada que ver con los promotores del paro nacional agrario”, aunque desde la fuerza pública pusieran en duda, que en Bogotá existan bandas criminales emergentes.
El pasado miércoles 4 de septiembre nuevamente salieron a las calles miles de ciudadanos en apoyo al paro nacional agrario. Desde su cuenta de Twitter la ex senadora Piedad Córdoba dijo el martes: “Mañana cacerolazo nacional en paz, sin filtración de violencia y sin vandalismo”.
Algunos analistas sostienen que la infiltración de las movilizaciones con grupos violentos fue la principal artimaña de los grupos de poder para enfrentar esta oleada de reclamos y a su vez propiciar la represión y legitimar la militarización de las calles.
Mientras en La Habana, el segundo punto de la agenda de negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC (que es el de la participación política), se encuentra algo trabado, en Colombia es posible asistir al surgimiento de un movimiento ciudadano que si bien es heterogéneo, no es menos cuestionador de las estructuras existentes, oponiéndose a las recetas neoliberales y a las diferentes formas de exclusión social. Algunos analistas de ese país se preguntan con razón, si se trata de un movimiento de indignados como en la primavera árabe, o como en Europa o Brasil, pero de lo que no caben dudas es que se está ante el surgimiento de un inédito movimiento cívico. En el primer punto de la agenda de La Habana, tanto gobierno como guerrilla se pusieron de acuerdo en la cuestión agraria, considerada como el núcleo duro del atraso, pero vale preguntarse, si ante esta oleada de luchas campesinas, ese acuerdo no es más que una mínima parte de otro acuerdo que tendría que implicar necesariamente a los principales actores sociales del país neogranadino. El problema es que no se trata simplemente de un acuerdo de cúpulas, cuando la representatividad política misma es la que comienza a ser cuestionada. Las dos partes que se sientan en La Habana no deberían descuidar este detalle.