La Sociedad Rural Argentina fue creada en 1866, mientras nuestro país participaba de la guerra de la Triple Alianza. Entre sus fundadores se cuenta a emblemáticas figuras pertenecientes a las más tradicionales familias de estancieros y terratenientes de la Argentina. Entre ellos los Martínez de Hoz. José Alfredo (hijo), apodado “Joe” fue el conocido ministro de economía de la última dictadura cívico- militar, y que hoy cumple prisión preventiva por delitos de Lesa Humanidad. En 1990 el entonces presidente Carlos Menem, lo había indultado, hasta que en 2006 la justicia declaró su nulidad.
El ex dictador Jorge Rafael Videla en la inauguración de la Exposición Rural en 1976. |
Si bien la SRA se presenta como un gremio agrícola- ganadero, es un verdadero emblema del poder de la oligarquía latifundista argentina, la misma que diseñó un país agroexportador, y por ende dependiente, en tanto ese esquema no implicaba el desarrollo de industrias que sustituyan importaciones, ni generación de una cadena de valor agregado a partir de la producción primaria. Tanto el atraso, como la dependencia de nuestro país son productos heredados de ese modelo de acumulación, que tuvo su mayor brillo en los festejos del Centenario de la Patria.
Fue justamente para esos eventos, que a partir de 1906 se comenzó a construir el Predio de la SRA en los bosques de Palermo. Personajes notorios de la realeza europea estuvieron presentes en 1910, entre ellos la Infanta Isabel. El famoso granero del mundo no representaba otra cosa que las más encarnada sumisión y entrega.
En 1991, un año después de haber indultado a Joe Martínez de Hoz, Menem firmó un decreto por el cual el predio, fue vendido a la SRA en treinta millones de dólares a pagar en diez años. Vale resaltar que antes de ese año el predio era un espacio público perteneciente a los parques de Palermo.
Antes de fin de año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó la revocación del decreto de 1991 por “nulidad absoluta”. Según el gobierno el predio había sido vendido en una transacción “irregular y a un precio vil”, a menos de la mitad de lo que realmente valía. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó su valor en 63.615.000 dólares. Dicha operación fue calificada de venta irregular, como una “sustracción” al patrimonio nacional, pues no se realizó remate ni licitación previa y se otorgó un plazo de diez años a la Sociedad Rural para saldar el valor del inmueble, cuando esa prerrogativa está prohibida por ley. Pero lo curioso es que habiendo pasado más de veinte años, la entidad todavía no había saldado su deuda.
En 2005 la SRA por entonces presidida por Luciano Miguens se asoció con una empresa privada perteneciente al empresario y actualmente devenido político Francisco de Narváez para su explotación comercial. Lo llamativo de todo esto son las solidaridades que concita el gremio de estancieros ante la expropiación del predio, como la del dirigente de los trabajadores rurales, Jerónimo “Momo” Venegas o de referentes de la Federación Agraria Argentina.
En ningún país capitalista avanzado, es decir donde ya no es posible la propiedad desorbitada y descomunal de la tierra, sería pensable la existencia de una Sociedad Rural.
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