La prensa colombiana revela detalles inéditos de las conversaciones con las FARC.
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| Protagonistas. Rodrigo londoño, alias Timochenko, contraparte del presidente Juan Manuel Santos. |
Colombia intenta darle un cierre definitivo al conflicto armado que data de casi medio siglo. En este sentido se vienen desarrollando en La Habana, conversaciones entre el gobierno y la guerrilla, oficiando como países garantes Cuba y Noruega, mientras que Venezuela y Chile son acompañantes en un arduo proceso de negociación en la búsqueda de una salida negociada.
Cuando en febrero de 2010, la Corte Constitucional colombiana declaró ilegítimo el referendo que hubiera posibilitado la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, el Partido de la U eligió como candidato presidencial a Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante la segunda gestión de Uribe (2006- 2010). Todo indicaba que la política desarrollada desde el 2002 en relación con el conflicto armado más viejo del continente, continuaría intacta. Santos en su gestión en Defensa fue el que dio los golpes más certeros contra la guerrilla, mostrando toda la intransigencia uribista, con respecto a encontrar una salida negociada al conflicto.
Cuando todo aparentaba que con la asunción de Santos el 7 de agosto de 2010, continuaría la beligerancia uribista, la sorpresa fue que el nuevo presidente le pidió al entonces secretario general de la Unasur Néstor Kirchner, que realice una mediación entre su país y la Venezuela de Hugo Chávez. Una operación verdaderamente exitosa, para luego alcanzar también con Ecuador el restablecimiento de relaciones diplomáticas en noviembre del mismo año.
En una nota publicada en El Espectador el pasado 29 de diciembre, Enrique Santos, hermano del presidente y ex director del diario El Tiempo, reveló detalles hasta entonces desconocidos sobre las negociaciones que se vienen llevando adelante en La Habana. Según expresó el periodista, quien ya tuviera experiencia de negociación con la guerrilla, él fue quien le propuso a su hermano ofrecerse como un nexo en el 2010, logrando que tras un largo ajetreo en febrero de 2011 se iniciaran las conversaciones en Cuba, alcanzando que el comandante fariano Mauricio Jaramillo, alias El Médico, pudiese salir de Colombia sin que siquiera las fuerzas de seguridad estuviesen al tanto de ello. Cuando el presidente Santos reveló el proceso de paz, según su hermano fue porque la noticia había sido filtrada tanto por su primo Pacho Santos, periodista de RCN y ex vicepresidente de Uribe, como por la cadena Telesur.
El actual proceso de paz no implica un cese de hostilidades entre las fuerzas en conflicto, aunque sí lo condiciona. Enrique Santos afirma en su nota que con las FARC “acordamos que lo que ocurriera en el campo de batalla no se trataría en la mesa”, expresando antes que su “equipo tenía claro que habría tres fases: la exploratoria para construir un acuerdo marco, la discusión de la agenda y luego la implementación de los acuerdos”.
Cuando se blanquearon las conversaciones de La Habana uno de los primeros en salir a fustigar a Santos fue el mismísimo Uribe, quien afirmó por Twitter que el presidente negociaba clandestinamente en Cuba con organizaciones narcoterroristas. El pasado 6 de enero el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que “hay que dejar el temor” frente a la posibilidad de lograr un diálogo de paz” ya que “a la paz no hay que tenerle miedo; la paz requiere perdón y reconciliación. Será muy difícil alcanzarla con rencor. No conozco un solo proceso de paz en el mundo que haya sido exitoso sin perdón”, dijo Garzón al diario El Tiempo.
El proceso de negociaciones entablado en La Habana es bienvenido para la consolidación del bloque regional, y despierta simpatías y esperanzas. Pero también es importante desmenuzar por qué el actual presidente Santos tomó esta iniciativa, que genera la reacción adversa de su antecesor Uribe, cuando hasta no hace tanto parecía que ambos caminaban por el mismo sendero.
En una nota escrita por Fernando Dorado, para el portal Rebelión [1], el autor señala que el conflicto entre Santos y Uribe responde a diferentes intereses en tanto fracciones diferentes de las clases dominantes colombianas. El actual presidente pertenece a la burguesía transnacionalizada urbana, gran financiera, gran industrial y agroindustrial, que intenta mantener su autonomía de las políticas más derechistas de la inteligencia estadounidense planteándose la posibilidad de iniciar un nuevo camino frente al problema de las drogas, como a su vez ser parte de “un bloque latinoamericano que les permita utilizar las contradicciones y tensiones que se presentan en los mercados globales”.
El mismo autor señalaba en 2010 que “Uribe representa una parte del campesinado rico antioqueño venido a más por su alianza con el narcotráfico” que desde finales de los ’70 “se convirtieron en grandes latifundistas con un inmenso poder territorial y económico en esa región de Colombia”, desplazando a campesinos e indígenas. “La lucha contra la guerrilla los colocó a la cabeza de los terratenientes de todo el país, especialmente de la Costa Caribe (Atlántica). Así, un poder surgido a la sombra del narcotráfico organizó un ejército propio –las Autodefensas Campesinas–, y mediante la estrategia paramilitar cooptó al aparato estatal y puso a su servicio a las fuerzas armadas”.
En una entrevista realizada por El País de España, el historiador colombiano Marco Palacios expresó que “las raíces de la continuidad del conflicto son la desigualdad básica que se expresa en el cierre social que implica el latifundio en una sociedad que apenas empieza a urbanizarse”. Según Palacios esto se expresa como “el fracaso de la consolidación del Estado colombiano”. Una tarea inconclusa que el sector al cual Santos pertenece intenta revertir mientras que el resquebrajamiento estatal le es funcional a la oligarquía paisa a la cual Uribe pertenece. Por esto, no es casualidad que el gobierno de Santos haya aceptado debatir el tema del “desarrollo rural” y el problema de la tierra como primer punto en la agenda de debate con la guerrilla, y que en esa mesa –por primera vez– no estén representados los grandes latifundistas y ganaderos colombianos.
Cuando en febrero de 2010, la Corte Constitucional colombiana declaró ilegítimo el referendo que hubiera posibilitado la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, el Partido de la U eligió como candidato presidencial a Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante la segunda gestión de Uribe (2006- 2010). Todo indicaba que la política desarrollada desde el 2002 en relación con el conflicto armado más viejo del continente, continuaría intacta. Santos en su gestión en Defensa fue el que dio los golpes más certeros contra la guerrilla, mostrando toda la intransigencia uribista, con respecto a encontrar una salida negociada al conflicto.
Cuando todo aparentaba que con la asunción de Santos el 7 de agosto de 2010, continuaría la beligerancia uribista, la sorpresa fue que el nuevo presidente le pidió al entonces secretario general de la Unasur Néstor Kirchner, que realice una mediación entre su país y la Venezuela de Hugo Chávez. Una operación verdaderamente exitosa, para luego alcanzar también con Ecuador el restablecimiento de relaciones diplomáticas en noviembre del mismo año.
En una nota publicada en El Espectador el pasado 29 de diciembre, Enrique Santos, hermano del presidente y ex director del diario El Tiempo, reveló detalles hasta entonces desconocidos sobre las negociaciones que se vienen llevando adelante en La Habana. Según expresó el periodista, quien ya tuviera experiencia de negociación con la guerrilla, él fue quien le propuso a su hermano ofrecerse como un nexo en el 2010, logrando que tras un largo ajetreo en febrero de 2011 se iniciaran las conversaciones en Cuba, alcanzando que el comandante fariano Mauricio Jaramillo, alias El Médico, pudiese salir de Colombia sin que siquiera las fuerzas de seguridad estuviesen al tanto de ello. Cuando el presidente Santos reveló el proceso de paz, según su hermano fue porque la noticia había sido filtrada tanto por su primo Pacho Santos, periodista de RCN y ex vicepresidente de Uribe, como por la cadena Telesur.
El actual proceso de paz no implica un cese de hostilidades entre las fuerzas en conflicto, aunque sí lo condiciona. Enrique Santos afirma en su nota que con las FARC “acordamos que lo que ocurriera en el campo de batalla no se trataría en la mesa”, expresando antes que su “equipo tenía claro que habría tres fases: la exploratoria para construir un acuerdo marco, la discusión de la agenda y luego la implementación de los acuerdos”.
Cuando se blanquearon las conversaciones de La Habana uno de los primeros en salir a fustigar a Santos fue el mismísimo Uribe, quien afirmó por Twitter que el presidente negociaba clandestinamente en Cuba con organizaciones narcoterroristas. El pasado 6 de enero el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que “hay que dejar el temor” frente a la posibilidad de lograr un diálogo de paz” ya que “a la paz no hay que tenerle miedo; la paz requiere perdón y reconciliación. Será muy difícil alcanzarla con rencor. No conozco un solo proceso de paz en el mundo que haya sido exitoso sin perdón”, dijo Garzón al diario El Tiempo.
El proceso de negociaciones entablado en La Habana es bienvenido para la consolidación del bloque regional, y despierta simpatías y esperanzas. Pero también es importante desmenuzar por qué el actual presidente Santos tomó esta iniciativa, que genera la reacción adversa de su antecesor Uribe, cuando hasta no hace tanto parecía que ambos caminaban por el mismo sendero.
En una nota escrita por Fernando Dorado, para el portal Rebelión [1], el autor señala que el conflicto entre Santos y Uribe responde a diferentes intereses en tanto fracciones diferentes de las clases dominantes colombianas. El actual presidente pertenece a la burguesía transnacionalizada urbana, gran financiera, gran industrial y agroindustrial, que intenta mantener su autonomía de las políticas más derechistas de la inteligencia estadounidense planteándose la posibilidad de iniciar un nuevo camino frente al problema de las drogas, como a su vez ser parte de “un bloque latinoamericano que les permita utilizar las contradicciones y tensiones que se presentan en los mercados globales”.
El mismo autor señalaba en 2010 que “Uribe representa una parte del campesinado rico antioqueño venido a más por su alianza con el narcotráfico” que desde finales de los ’70 “se convirtieron en grandes latifundistas con un inmenso poder territorial y económico en esa región de Colombia”, desplazando a campesinos e indígenas. “La lucha contra la guerrilla los colocó a la cabeza de los terratenientes de todo el país, especialmente de la Costa Caribe (Atlántica). Así, un poder surgido a la sombra del narcotráfico organizó un ejército propio –las Autodefensas Campesinas–, y mediante la estrategia paramilitar cooptó al aparato estatal y puso a su servicio a las fuerzas armadas”.
En una entrevista realizada por El País de España, el historiador colombiano Marco Palacios expresó que “las raíces de la continuidad del conflicto son la desigualdad básica que se expresa en el cierre social que implica el latifundio en una sociedad que apenas empieza a urbanizarse”. Según Palacios esto se expresa como “el fracaso de la consolidación del Estado colombiano”. Una tarea inconclusa que el sector al cual Santos pertenece intenta revertir mientras que el resquebrajamiento estatal le es funcional a la oligarquía paisa a la cual Uribe pertenece. Por esto, no es casualidad que el gobierno de Santos haya aceptado debatir el tema del “desarrollo rural” y el problema de la tierra como primer punto en la agenda de debate con la guerrilla, y que en esa mesa –por primera vez– no estén representados los grandes latifundistas y ganaderos colombianos.
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