Ecuador. La reforma de los organismos y las prácticas
que regulan el movimiento del capital era un tema pendiente después de los
cambios constitucionales del año 2007.
La reforma de la Carta Magna
realizada en Ecuador durante el proceso constituyente del año 2007, si bien
transformó de manera significativa el marco regulatorio de la institucionalidad
de ese país, para ser completamente efectiva –y dejar atrás todos los resabios
de la noche neoliberal– resulta necesaria –de forma simultánea–, la promoción y
sanción de diferentes leyes y códigos orgánicos, que estén en sintonía con la
nueva constitución. Si bien la reforma ya data de 7 años, hay códigos que aún
no han sido sancionados. Ello es una muestra clara de que cierta demora tiene
que ver principalmente con la necesidad de contar con relaciones de fuerza
favorables, para llevar las transformaciones adelante. Recién el año pasado
fueron sancionados, por ejemplo, tanto el Código Penal como la Ley de
Comunicación, que ya estaban previstas en la nueva carta magna. En estos días,
la Asamblea Nacional ecuatoriana está debatiendo la sanción del nuevo Código
monetario y financiero, que tendría que ser promulgado la semana entrante. Uno
de los problemas apuntados y al que se espera encontrarle un solución efectiva
es el tema de la libertad especulativa del dinero, y principalmente el libre
flujo del capital financiero, como herencia letal del tiempo del
neoliberalismo. Precisamente, la semana que pasó, el presidente Rafael Correa
dio una conferencia magistral en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. En ella,
Correa, mientras exponía sobre los grandes logros de la denominada Revolución
Ciudadana ante un numeroso público estudiantil, no dejó de señalar que los
intereses del capital y fundamentalmente del capital financiero, siguen siendo
preponderantes y que a eso hay que revertirlo, para poner al capital al
servicio del “ser humano y el trabajo”. La sanción del nuevo Código Monetario y
Financiero justamente apunta a regular ese equilibrio inestable que produce la
circulación de capitales.
El pasado 8 de julio, la Asamblea Nacional inició el primer debate del Código Monetario. Esta norma había sido enviada por el Ejecutivo el 25 de junio, con el carácter de económicamente urgente. Es decir, la Legislatura, a partir de su entrada tenía 30 días (hasta el 25 de julio) para aprobarla en dos debates. Correa, en una entrevista que le diera a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores el 10 de julio, señaló que algunas de las leyes aún vigentes fueron las que apuntalaron la debacle financiera producida en ese país los últimos años de la década del ’90. De todas maneras, la incitativa del gobierno ha sido atacada por sectores de la banca y de los medios de comunicación. No obstante, para el mandatario esas críticas no tienen sustento. “En Ecuador, la banca estará en función de la sociedad y no la sociedad en función de la banca”, recalcó el jefe de Estado.
Según está escrito en el proyecto enviado a la legislatura, “el Código Orgánico Monetario y Financiero busca modificar y adecuar la regulación y normativa vigentes mediante el fomento del acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, potenciando el rol de las actividades financieras de forma eficiente para fortalecer la inversión pública nacional, el consumo social y ambientalmente responsable” propendiendo “al funcionamiento eficiente de la institucionalidad creada en la Constitución de la República”. Las principales reformas que introduce el proyecto de Código son: la integración en un solo órgano de la regulación monetaria y financiera y su separación del control, la recuperación para el Estado de instrumentos de política monetaria, el reordenamiento del Sistema Financiero Nacional en su estructura de gestión, solvencia, manejo de la liquidez y el crédito, la mejora de las capacidades del Estado para la supervisión y para enfrentar crisis sistémicas, la regulación del crédito a cargo de entidades financieras y no financieras, la regulación del Mercado de Valores y el fortalecimiento del régimen de seguros privados.
Entre sus principales atributos, el nuevo código monetario pretende que el tesoro del país se encuentre al servicio de la economía real y no al revés. Por otro lado, proteger los derechos de los ciudadanos, intentando mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. Todavía queda en Ecuador el mal recuerdo de la crisis financiera que tuviera lugar en 1999, y que tras el salvataje a los bancos que se realizara bajo la receta de los mercados, se intensificó el estado crítico, haciendo que hasta la llegada de Correa al gobierno en enero de 2007, haya habido en ese lapso, nada menos que 7 presidentes.
Durante el primer Enlace Ciudadano del año, realizado el sábado 4 de enero, el presidente Rafael Correa anunció que ya estaba listo el Código Monetario y Financiero. En esa oportunidad señaló que el proyecto de ley iría a ser remitido en los meses subsiguientes a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente para resarcir a los deudores de buena fe de la banca, que luego de 14 años no han podido solucionar su situación. Desde la parroquia de Llano Chico (Quito) había sostenido que la normativa pretende “cambiar las relaciones de poder”. A su criterio, la nueva normativa es uno de los cambios necesarios que requiere el socialismo del siglo XXI, ya que el mismo logrará que los bancos y el sistema financiero trabajen en función de la sociedad ecuatoriana.
La normativa deroga 21 leyes que según Correa responden a un marco legal caduco y disperso que todavía aplicaba los conceptos neoliberales que desencadenaron en la crisis económica y financiera de 1999.
Correa sostuvo que en su país y en el mundo existe la supremacía del capital financiero sobre el ser humano. Considera que los paraísos fiscales son un ejemplo de aquello, porque “en estos lugares, el capital hace lo que quiere... el capitalismo y neoliberalismo buscan total libertad para el capital, para que hagan lo que quieran en estos paraísos fiscales sin nombre, sin responsable; nosotros lo que decimos es total libertad para compartir el conocimiento (paraísos del conocimiento)”, y precisó que el sistema financiero está marcado en la Constitución como un servicio público.
Por este motivo, la nueva normativa, que hoy está en debate en la Asamblea con el carácter de económico urgente, según el mandatario potenciará la regulación y recuperará los instrumentos de la política económica. También creará una mayor capacidad de control para el sistema financiero nacional, regulando a las entidades no financieras que otorgan crédito.
César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en un debate con funcionarios del gobierno dijo que el proyecto reduce la libertad de los banqueros para evaluar los riesgos al momento de dar créditos. Según informara El Comercio, el banquero dijo que “mañana, los bancos privados tendrán que hacer lo que el poder público les diga en materia de crédito”. Y añadió que la banca tiene el 79% de sus recursos en depósitos a la vista (cuentas de ahorro) y a plazo (menos de un año). “Eso lo sabe el Gobierno y lo saben ustedes”, dijo dirigiéndose a los dos funcionarios económicos del Ejecutivo. Según Robalino, si se pide que se coloquen estos recursos en créditos a largo plazo, la banca no tendría la liquidez para hacer frente, por ejemplo, a un retiro masivo de depósitos.
Por su parte, Patricio Rivera, ministro de Coordinación de la Política Económica, enfatizó que el Código elimina las normativas neoliberales, adecuándolas a la nueva Constitución. “Logra la integración de los cuerpos de regulación en un nuevo ente”, dijo, asegurando que la nueva norma reordenará las entidades que conforman el Sistema Financiero Nacional y los Regímenes de Seguros y Valores. “Se garantizará que toda entidad tenga un seguro de depósitos y se fortalecerá el régimen de seguros”, acotó el funcionario de Estado, quien dijo que la regulación se asimiló al control y por eso está fragmentada. Rivera también sostuvo que el sector monetario y financiero es el más atrasado en términos institucionales y que se debe utilizar el potencial del crédito para generar crecimiento, redistribución y poner al sistema financiero al servicio de la sociedad. “Mientras más libertad damos al capital, más incubamos las futuras crisis bancarias”, dijo el ministro, proponiendo luego que se deben incluir normas sancionadoras rigurosas y acordes a la actualidad del país, porque en este momento la máxima sanción a una entidad financiera es de 7.900 dólares.
El pasado 8 de julio, la Asamblea Nacional inició el primer debate del Código Monetario. Esta norma había sido enviada por el Ejecutivo el 25 de junio, con el carácter de económicamente urgente. Es decir, la Legislatura, a partir de su entrada tenía 30 días (hasta el 25 de julio) para aprobarla en dos debates. Correa, en una entrevista que le diera a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores el 10 de julio, señaló que algunas de las leyes aún vigentes fueron las que apuntalaron la debacle financiera producida en ese país los últimos años de la década del ’90. De todas maneras, la incitativa del gobierno ha sido atacada por sectores de la banca y de los medios de comunicación. No obstante, para el mandatario esas críticas no tienen sustento. “En Ecuador, la banca estará en función de la sociedad y no la sociedad en función de la banca”, recalcó el jefe de Estado.
Según está escrito en el proyecto enviado a la legislatura, “el Código Orgánico Monetario y Financiero busca modificar y adecuar la regulación y normativa vigentes mediante el fomento del acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, potenciando el rol de las actividades financieras de forma eficiente para fortalecer la inversión pública nacional, el consumo social y ambientalmente responsable” propendiendo “al funcionamiento eficiente de la institucionalidad creada en la Constitución de la República”. Las principales reformas que introduce el proyecto de Código son: la integración en un solo órgano de la regulación monetaria y financiera y su separación del control, la recuperación para el Estado de instrumentos de política monetaria, el reordenamiento del Sistema Financiero Nacional en su estructura de gestión, solvencia, manejo de la liquidez y el crédito, la mejora de las capacidades del Estado para la supervisión y para enfrentar crisis sistémicas, la regulación del crédito a cargo de entidades financieras y no financieras, la regulación del Mercado de Valores y el fortalecimiento del régimen de seguros privados.
Entre sus principales atributos, el nuevo código monetario pretende que el tesoro del país se encuentre al servicio de la economía real y no al revés. Por otro lado, proteger los derechos de los ciudadanos, intentando mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. Todavía queda en Ecuador el mal recuerdo de la crisis financiera que tuviera lugar en 1999, y que tras el salvataje a los bancos que se realizara bajo la receta de los mercados, se intensificó el estado crítico, haciendo que hasta la llegada de Correa al gobierno en enero de 2007, haya habido en ese lapso, nada menos que 7 presidentes.
Durante el primer Enlace Ciudadano del año, realizado el sábado 4 de enero, el presidente Rafael Correa anunció que ya estaba listo el Código Monetario y Financiero. En esa oportunidad señaló que el proyecto de ley iría a ser remitido en los meses subsiguientes a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente para resarcir a los deudores de buena fe de la banca, que luego de 14 años no han podido solucionar su situación. Desde la parroquia de Llano Chico (Quito) había sostenido que la normativa pretende “cambiar las relaciones de poder”. A su criterio, la nueva normativa es uno de los cambios necesarios que requiere el socialismo del siglo XXI, ya que el mismo logrará que los bancos y el sistema financiero trabajen en función de la sociedad ecuatoriana.
La normativa deroga 21 leyes que según Correa responden a un marco legal caduco y disperso que todavía aplicaba los conceptos neoliberales que desencadenaron en la crisis económica y financiera de 1999.
Correa sostuvo que en su país y en el mundo existe la supremacía del capital financiero sobre el ser humano. Considera que los paraísos fiscales son un ejemplo de aquello, porque “en estos lugares, el capital hace lo que quiere... el capitalismo y neoliberalismo buscan total libertad para el capital, para que hagan lo que quieran en estos paraísos fiscales sin nombre, sin responsable; nosotros lo que decimos es total libertad para compartir el conocimiento (paraísos del conocimiento)”, y precisó que el sistema financiero está marcado en la Constitución como un servicio público.
Por este motivo, la nueva normativa, que hoy está en debate en la Asamblea con el carácter de económico urgente, según el mandatario potenciará la regulación y recuperará los instrumentos de la política económica. También creará una mayor capacidad de control para el sistema financiero nacional, regulando a las entidades no financieras que otorgan crédito.
César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en un debate con funcionarios del gobierno dijo que el proyecto reduce la libertad de los banqueros para evaluar los riesgos al momento de dar créditos. Según informara El Comercio, el banquero dijo que “mañana, los bancos privados tendrán que hacer lo que el poder público les diga en materia de crédito”. Y añadió que la banca tiene el 79% de sus recursos en depósitos a la vista (cuentas de ahorro) y a plazo (menos de un año). “Eso lo sabe el Gobierno y lo saben ustedes”, dijo dirigiéndose a los dos funcionarios económicos del Ejecutivo. Según Robalino, si se pide que se coloquen estos recursos en créditos a largo plazo, la banca no tendría la liquidez para hacer frente, por ejemplo, a un retiro masivo de depósitos.
Por su parte, Patricio Rivera, ministro de Coordinación de la Política Económica, enfatizó que el Código elimina las normativas neoliberales, adecuándolas a la nueva Constitución. “Logra la integración de los cuerpos de regulación en un nuevo ente”, dijo, asegurando que la nueva norma reordenará las entidades que conforman el Sistema Financiero Nacional y los Regímenes de Seguros y Valores. “Se garantizará que toda entidad tenga un seguro de depósitos y se fortalecerá el régimen de seguros”, acotó el funcionario de Estado, quien dijo que la regulación se asimiló al control y por eso está fragmentada. Rivera también sostuvo que el sector monetario y financiero es el más atrasado en términos institucionales y que se debe utilizar el potencial del crédito para generar crecimiento, redistribución y poner al sistema financiero al servicio de la sociedad. “Mientras más libertad damos al capital, más incubamos las futuras crisis bancarias”, dijo el ministro, proponiendo luego que se deben incluir normas sancionadoras rigurosas y acordes a la actualidad del país, porque en este momento la máxima sanción a una entidad financiera es de 7.900 dólares.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario