Profundizar el proyecto
político en curso, conlleva varias aristas, que habría que ir desmenuzando
minuciosamente. No pocas veces subrayamos la necesidad de promover la
organización popular de base, como a su vez la construcción de un poderoso
movimiento político que sea capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la etapa.
Mal que nos pese a algunos,
el actual proceso nacional como el de todo el continente no es anticapitalista,
sino un intento de desarrollo capitalista autónomo, con una intención de mayor
racionalidad, en donde el creciente protagonismo del Estado, se convierte en
una pieza clave en la ampliación de derechos democráticos para las grandes
mayorías populares. Si se quisiera entender conceptualmente este proceso, tal
vez habría que releer aquella tesis teórica del legendario dirigente del PC
uruguayo Rodney Arismendi a la cual él denominó democracia de avanzada.
Lo cierto es que las más
recalcitrantes derechas del continente ligadas a los centros imperiales
reprueban el proceso actual suramericano, de igual forma que muchos sectores
supuestamente ubicados a la izquierda sólo ven en todo esto: un tibio
reformismo, o un simple maquillaje progresista.
Proponer un camino
alternativo a la estructura del capitalismo dependiente que marcó a sangre y
fuego las formaciones sociales indoamericanas, es el desafío de la etapa, pero
para que esto sea posible es necesario contar con un diagnóstico lo más preciso
posible de cuáles son los obstáculos estructurales que es preciso sortear, para
ir por más.
Hoy un tema que inquieta, es
el desarrollo de una industria que pueda sustituir importaciones, y agregar
valor a toda la cadena de producción. El atraso en cuanto a ello, signó a
nuestro país durante dos siglos en la dependencia. La existencia del latifundio
también es una rémora que estigmatiza a casi todo nuestro continente,
obstaculizando el despliegue de nuevas fuerzas productivas.
Resultó saludable cuando la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio anuncio en 2011 del plan
estratégico 2020 consistente en industrializar la ruralidad, o la ministra
Débora Giorgi en mayo del año pasado promoviera la industrialización de todo el
proceso minero.
El incipiente pero favorable
desarrollo tecnológico, al igual que la reestatización de algunos sectores
claves de la economía como lo es YPF, más la creciente integración del país en
el bloque suramericano, son algunos de
los puntos claves para poder llevar adelante el tan mentado despliegue
productivista, pero habría que tener muy en cuenta que no se trata solamente de
atraer inversores que puedan llevar adelante este proceso de desarrollo de
fuerzas productivas, sino que desde el Estado mismo se necesita una cierta
planificación, que rompa con la inercia de la Argentina
agroexportadora y productora de commodities. La burguesía nacional no
monopólica nunca estuvo a la altura de las circunstancias, y es sumamente
llamativa su dependencia al diseño de la producción global, y al reparto
internacional de los mercados. Romper esa lógica es otro desafío, ya que la
regla desde los centros capitalistas, siempre fue asignar a determinadas
regiones cuáles debían ser sus producciones. Romper esta lógica hoy se muestra
como algo posible ante el desplome de las economías del mundo occidental, y el
desarrollo de nuevas potencias emergentes.
Pero como ya señalábamos,
para esto es necesaria la participación activa del Estado, esbozando
planificación. El fenómeno propiamente argentino de las fábricas recuperadas a
partir de 2001, también crea la posibilidad cierta de que los trabajadores puedan
llevar adelante la gestión de ciertas empresas, ante la apatía de cierto
empresariado.
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