Al interior de una empresa
no existe la democracia, ya que los trabajadores no pueden decidir más que
sobre las políticas de producción ya establecidas de manera casi vertical. Esta
es una regla del capitalismo que llevaría mucho tiempo y esfuerzo revertir. Pero
lo que intentaremos mostrar aquí no es sobre ese autoritarismo, sino sobre el
que ejercen las empresas de servicios no ya con sus empleados, sino con los
usuarios de sus productos. El autoritarismo empresarial sobre los usuarios comenzó
principalmente a partir del momento en que la mayoría de estas empresas dejaron
de ser parte de la esfera pública para pasar a la privada. En este sentido la
defensa del consumidor es una política correcta que debiera profundizarse, y
que además debiera ir en el sentido del control que los mismos usuarios deberían
realizar sobre los servicios que ofrecen las empresas a las cuales contratan
para obtenerlos. Sin dudas, esto es parte de un incremento potencial del rol
del Estado, y dejar paulatinamente las reglas de juego propias del ejercicio antitético
de la libre empresa, esa que según esa lógica puede hacer lo que quiera, para
incrementar sus ganancias, y despotricar contra la falta de seguridad jurídica,
cuando son ellas mismas las que casi siempre actúan en la casi impunidad.
La existencia de monopolios en
servicios como la telefonía tanto fija como móvil, banda ancha, televisión por
cable, transportes, etc., etc. incrementan el autoritarismo empresario, y
debiera por lo tanto establecerse una política de Estado para proteger a los
usuarios.
El reciente fallo de la Corte Supremala Ley de Servicios Audiovisuales, que propone la
desinversión monopólica fue frenado por tres años por una cautelar, y esto
muestra a las claras que si bien hay un poder corporativo en retroceso, aún
falta un camino largo por recorrer.
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