Ecuador- A un año de la ley de medios

Pese a los interesados pronósticos de los medios hegemónicos, la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación se ha traducido en sensibles avances en la democratización de los medios audiovisuales.

Si se los escucha acríticamente, daría la sensación de que dijeran que, un fantasma recorre a las empresas de medios en Latinoamérica, el fantasma del comunismo. Lo paradójico, sin embargo, es que a través de sus campañas y líneas editoriales, son esos mismos empresarios quienes intentan victimizarse de algo que en la realidad no es constatable. Ese mentado comunismo resulta así sólo una prédica que condena a un supuesto “autoritarismo populista” como castigador de un denominado periodismo “independiente”, que lejos de ser condicionado (al menos como periodismo), sigue actuando desde un indudable lugar de poder. Porque en verdad, los denominados gobiernos progresistas no están cuestionando la propiedad privada de los medios de comunicación, sino la posición monopólica y hegemónica que esos medios mantuvieron por años, silenciando cualquier disidencia, y construyendo una visión de la realidad acorde con sus más crudos intereses económicos. Dicha prédica debiera ser deconstruida, ya que no resiste el menor análisis. Ni el periodismo denominado “independiente” lo hace desde la clandestinidad, ni a través de señales “piratas”, lo hace desde un lugar de privilegio (tanto económico como tecnológico), al cual le sería muy difícil acceder a los nuevos medios populares.
En tal sentido el presidente de Ecuador Rafael Correa fue bien enfático y, tras cumplirse un año de la sanción y puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica de Comunicación en su país, el pasado sábado 21, aseguró que se desmintieron las acusaciones que varios medios de comunicación mercantilistas posicionaron en contra de la Ley de Comunicación. “¿Se acuerdan que decían que se iban a cerrar los noticieros, las radios, los canales por la nueva Ley de Comunicación? ¿Qué pasó? ¡Nada!” dijo Correa, afirmando luego que “por el contrario, han pasado muchas cosas lindas. Hoy vemos cómo los grupos GLBTI defienden sus derechos. Cómo la ciudadanía se pone a debatir sobre contenidos de ciertos programas. Los que ejecutan esos programas tienen que salir a defender su postura. Un debate sano, democrático, por el bien común”, señaló el mandatario. Hace poco más de un año, la Ley de Comunicación fue calificada como una normativa “mordaza” que, según ciertos medios, silenciaría todas las voces. Contrario a lo que se expresaba con anterioridad, gracias a la ley se consagraron los derechos de los periodistas y profesionales de la comunicación, los artistas nacionales tienen mayores oportunidades y las productoras locales dinamizan su trabajo, entre otros beneficios. El jefe de Estado exhortó a los ciudadanos a confiar en el Gobierno Nacional. “Para que el pueblo ecuatoriano nunca les crea a los mismos de siempre porque seguirán con esas mentiras”, dijo. El 14 de junio del año pasado, por una amplia mayoría, la Asamblea se expresó a favor de la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, que entre las principales normativas destaca el reparto equitativo de las licencias de radio y televisión, señalando que el 33% será para medios privados, igual porcentaje para medios públicos, y el 34% para medios comunitarios, haciendo que de esta forma se impida la concentración monopólica. En Ecuador, hasta la asunción de Correa en enero de 2007 no existían medios públicos. Tanto los televisivos, radiales como gráficos eran pertenencia de ocho grandes grupos empresariales.
La relación del presidente Correa con los grandes medios nunca fue buena. A los 50 días de haber asumido, tuvo que enfrentarse a una gran operación, a la cual el mandatario les contestó: “¿A qué representan los medios de comunicación y qué clase de opinión pública son?”, asegurando que lo intolerable “es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas”, y posteriormente llamó a una movilización popular para demostrarles a los medios de comunicación “vendidos a los grupos de poder y mafias políticas que no hay retorno”. Ése era el bautismo de fuego, que marcaría la agenda entre medios y gobierno.

La comunicación como servicio público. El pasado 18 de junio, la agencia de noticias Andes señalaba que “Ecuador avanza en la construcción de un nuevo orden en la comunicación y de la información en el que no se deben privilegiar las necesidades del mercado sino las del ser humano”. Eso decía Paulina Mogrovejo, integrante del Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información (Cordicom) a la agencia pública de noticias, agregando que “si le dejas la regulación a la regulación de la oferta y la demanda, que también es otra forma de la regulación del mercado, lo que va a ocurrir es que se sigan burlando de las personas, estigmatizando, construyendo estereotipos negativos en contra de grupos sociales enteros. Estos temas hacen que la comunicación tenga que ser un servicio público para que sea regulado no por las leyes del mercado sino (bajo la visión de) los derechos humanos”, explicó la consejera durante una entrevista en la Radio Pública.
El Cordicom, que es la primera institución surgida tras la aprobación de la Ley de Comunicación el 19 de junio de 2013, planteó a principios de este mes una enmienda para que se considere a la comunicación como un servicio público lo que ya ha generado críticas por parte de uno de los gremios que dice representar a los comunicadores.
El miércoles 18, el presidente Rafael Correa pidió a su bloque de legisladores que incluyan en el debate de enmiendas constitucionales la posibilidad de que se declare a la comunicación como servicio público. En el artículo 71 de la ley la información es considerada como un derecho constitucional y un bien público y se señala que la comunicación es un servicio público que se realiza a través de los medios es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad.
Hernán Reyes, quien también forma parte del Cordicom, le explicó a Andes que el espíritu de la propuesta aumenta el grado de responsabilidad pública como garantía de la comunicación e información que constan en la Constitución vigente como derechos fundamentales. Actualmente, el Cordicom trabaja en los fundamentos jurídicos de la propuesta de enmienda para definir qué instancia es la que planteará la iniciativa.
En detrimento de esta iniciativa, Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), dijo que el derecho a la comunicación no puede ser reformado a través de una enmienda constitucional –como lo plantean el Ejecutivo y el Cordicom–, sino por una Asamblea Constituyente. Para Reyes, las críticas a la propuesta buscan desviar la atención del verdadero tema de deliberación pública que es cómo mejorar el alcance en el respeto y el ejercicio ciudadanos de la información.
“La Constitución es garantista de derechos y si la comunicación y la información son un bien invaluable, no se puede dejar de pensar que le compete al Estado garantizar el ejercicio de esos derechos”, manifestó Patricio Barriga, presidente del Cordicom, en tanto Reyes planteó que se abra el debate y que se den razonamientos jurídicos y que finalmente sea la Asamblea Nacional la que dirima cuál es el estado final de la propuesta. Sobre las críticas a la Ley de Comunicación, Barriga sostuvo que el hecho mismo de que se haya puesto a debate la calidad periodística ya significa un gran avance, recordando que cuando ejerció como reportero sus jefes le exigían hasta diez notas al día. “Dígame con qué nivel de profundidad podría abordar (las noticias), porque lo que importaba era la cantidad no la calidad.”
Según especialistas consultados por Andes, la Ley Orgánica de Comunicación logró posicionar en el debate público la posibilidad de construir un modelo comunicacional social y democrático, y de transformar las relaciones de propiedad y de poder en los medios de comunicación ecuatorianos. “A un año de vigencia de la ley, abrimos puertas para que el espectro radioeléctrico sea propiedad pública mediante un reparto equitativo. Hasta 2007 el panorama estaba inclinado hacia los medios privados, en donde había un 93,2% de concentración. Ahora –aunque la mayoría de medios siguen siendo privados– ya aparecen medios públicos con 5% y medios comunitarios con 4%, y éstos son pasos vitales para alcanzar la equidad en derechos comunicacionales”, afirmó Barriga. De igual forma, el académico y analista Romel Jurado dijo que esta ley implicó la modificación de la estructura de propiedad de los medios y se tradujo en “una modificación estructural de las empresas privadas hacia los requerimientos de la ley y de la Constitución, que sin duda propiciaron implicaciones económicas importantes que afectaron sus privilegios”. Afectar ciertos intereses podría ser interpretado por los más acérrimos defensores de la propiedad privada como algo nocivo, pero bien vale aclarar que no se trata de afectar el derecho a la propiedad, sino a establecer condiciones más equitativas. La prédica neoliberal había establecido casi como sentido común que en relación con la posesión empresaria, el “vale todo” era el principal paradigma.

“Voces y Derechos, Primer Aniversario de una Ley Ciudadana”. Ese fue el nombre que llevó la feria realizada el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones Mall del Río en Cuenca, en la provincia de Azuay, para celebrar el primer aniversario de la ley de comunicación ecuatoriana. Organizado por el Cordicom el evento se transformó en un medio de comunicación equipado con un set de televisión, una cabina de radio y una sala de redacción para que los ciudadanos puedan experimentar el proceso de elaboración noticiosa en los medios de comunicación. Para montar el escenario se contó con el apoyo tecnológico de EcuadorTv, Radio Pública del Ecuador y los medios de la Asamblea Nacional. La idea era “poner como protagonistas de la tarea informativa a los ciudadanos para que puedan percibir, con toda la tecnología puesta a su disposición, lo que significa hacer periodismo; dirigirse a la comunidad desde un medio de comunicación” dijeron desde el Cordicom, asegurando que la feria contó con una gran acogida. En la misma hubo stands con información de las diferentes instituciones representadas en ese organismo; Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejos Nacionales de Igualdad y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El reconocimiento del trabajo de prensa. A partir de la vigencia de la ley, se impulsó la profesionalización de los trabajos relacionados con la comunicación, como son los de fotógrafos y camarógrafos. Promediando marzo, el gremio de fotoperiodistas y camarógrafos se reunió en Guayaquil con autoridades de educación y de la comunicación para avanzar en el proceso de profesionalización de estos servidores de la información. En ese encuentro se acordó realizar un censo a los fotógrafos, la entrega de certificados de competencias laborales, la creación de carreras universitarias, un cambio al escalafón salarial y la creación de una escuela internacional de fotografía del Ecuador. Según informaba Andes, a ese encuentro fueron invitados todos los reporteros gráficos del país para analizar sus propuestas y diseñar una hoja de ruta, cuyo objetivo final sea la profesionalización, y otorgar títulos a aquellos trabajadores que han desarrollado su labor por un lapso en el campo de la comunicación. Según precisaban desde el gremio, en Ecuador hay fotógrafos con muchos años de experiencia que nunca fueron profesionalizados. La vocera de la Asociación Ecuatoriana de Fotoperiodistas y Anexos (entidad que reúne a los profesionales), Viviana Centeno, dijo en esa oportunidad que la reunión tenía varios ejes. El primero era dar a conocer la necesidad del certificado para cumplir con la ley pero, también la necesidad de ir más allá para lograr la profesionalización de los fotoperiodistas y camarógrafos con carreras que vayan de acuerdo a cada realidad y a la experiencia que tienen esos trabajadores.
Blanquear todo el trabajo relacionado con la comunicación, es sin dudas un gran avance no sólo en el aspecto específicamente comunicacional, sino principalmente en el saneamiento de la esfera laboral de un país, mucho más hoy, cuando las nuevas tecnologías aportan una variedad de labores relacionadas con la información.

Residencia forzosa en la embajada
El pasado 19 de junio, se cumplieron dos años de cuando el fundador de Wikileaks Julian Assange recibiera asilo en la embajada ecuatoriana con sede en Londres. El periodista y ciberactivista australiano es requerido por la Justicia de Suecia por presuntos delitos de violación. Si Assange fuera declarado culpable en el país nórdico, la probabilidad de ser extraditado a los Estados Unidos sería casi un hecho, y su vida correría serio riesgo, ya que lo que más preocupa del hacker es toda la información revelada. Si bien Ecuador le diera asilo, el salvoconducto para salir del Reino Unido, nunca llegó y Assange desde hace dos años se encuentra recluido en la embajada del país andino.
El 21 de junio, el presidente Correa dijo que se está jugando con los derechos humanos de Assange. “Por un instante imagínense que la situación fuera a la inversa: que hubiera un asilado en una embajada europea en Quito y nosotros no le diéramos el salvoconducto”, dijo, asegurando que si hubiera voluntad política, el salvoconducto se emitiría de inmediato.
“Seguiremos defendiendo los derechos humanos de Julian Assange, el derecho al asilo, podrá estar en la embajada el tiempo que quiera. Pero se está atentando a sus derechos humanos”, afirmó Correa, criticando además, la doble moral tanto internacional como de la prensa ecuatoriana por este caso. “La doble moral de la prensa, ¿Qué dice sobre Julian Assange? Critican que lo tengamos ahí pero si un asambleísta pillo es condenado y sale huyendo ahí sçi salen la esposa, los hijos para tratar de dar lástima y poner como criminal al Presidente. ¿Y los hijos de Julian Assange donde están? –se preguntó–. ¿Alguna vez ustedes los han visto en la prensa? Esa es la doble moral”, manifestó el presidente.
El día 19, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño había dicho que la Constitución establece que el Estado ecuatoriano no puede entregar a una persona que haya sido beneficiada con un asilo diplomático, sea cual fuere el gobierno de turno, en referencia a la permanencia del fundador de Wikileaks en la embajada de Ecuador con sede en Londres.
El funcionario agregó que “el país tiene firmados convenios internacionales sobre el asilo, en donde existe una cláusula de no devolución de personas a otros países. Independientemente de que la política internacional pueda cambiar en el futuro con otro gobierno, la Revolución Ciudadana continuará protegiendo la seguridad de Assange”, añadió el canciller.
“Que los periodistas del mundo se den cuenta de los riesgos que están atentando con esa profesión y la libertad de expresión” dijo Patiño, y añadió que espera que concluya ese masivo silencio de los medios de comunicación privados sobre el caso Assange. Así, Patiño invitó a todos los periodistas a defender el derecho a ser informados y que no se oculten los crímenes cometidos en el mundo para que no queden en la impunidad.