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En ocasión del inicio de las
sesiones legislativas de 2011, el gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció
el proyecto de Ley de Hábitat Popular. En su discurso ante ambas cámaras, el
gobernador expresó que “Tras décadas de
abandono, volvimos a encarar la problemática de la vivienda como una cuestión
de Estado”. El por entonces subadministrador del Instituto de la Vivienda provincial,
Eduardo Reese fue el principal impulsor del proyecto que Scioli anunció en
aquella oportunidad, y que fue presentado por la entonces Ministra de
Infraestructura Cristina Álvarez Rodríguez. “Nuestra idea con el gobernador Daniel
Scioli fue la de elaborar una legislación moderna que recoja los contenidos y
las ideas recomendadas por los principales organismos internacionales, como la ONU – Hábitat, y que hoy son
aplicadas en las más importantes ciudades y regiones de Latinoamérica y el
mundo”, afirmaba en aquel entonces la
ministra, agregando que “En términos
históricos, lo que teníamos como normativa, la Ley General de
Vivienda de la Provincia
fue revolucionaria hace 60 años, en el período del Gobernador Mercante. Pero
hoy ha quedado desactualizada. Este proyecto nos brindará la llave para poder
dar respuesta a muchas familias que lo necesitan en nuestra provincia”.
El proyecto
original contemplaba crear
Zonas de Promoción de Hábitat Social, la creación de un programa de Lotes con
Servicios, la creación de la figura del Consorcio Urbanístico para producir
loteos en conjunto con privados, programas de microcréditos para reformas de viviendas,
cesión del 10% de la tierra en urbanizaciones cerradas y grandes superficies
comerciales, y otras medidas tendientes a garantizar la posesión de la tierra
para sectores populares.
El pasado jueves
se presentó, en el Salón de
los Pasos Perdidos de la Cámara
de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, el proyecto de Ley de Acceso Justo al Suelo Urbano, cuya
autoría corresponde a los diputados Alicia Sánchez (Miles), Alberto España
(FPV) y Marcelo Saín (Nuevo Encuentro). El mismo retoma tras pasados
casi 2 años, el proyecto esbozado por Daniel Scioli, que fuera cajoneado
presuntamente por el lobby de los grandes desarrolladores inmobiliarios, los
cuales a partir de esa ley hubieran tenido que ceder el 10 % de tierras
empleadas en urbanizaciones cerradas o su equivalente
en dinero para la construcción de viviendas populares.
Ayer en una nota de Clarín
titulada “Quieren que los nuevos countries cedan tierras para
vivienda social” y firmada por Rodolfo Lara, se afirma que “Cuando Daniel Scioli ya había decidido un
cajón de escritorio para el proyecto que fija obligación de los countries a
ceder terreno para la construcción de viviendas sociales, el kirchnerismo de la Cámara de Diputados
bonaerense sorprendió ayer con la presentación de la propuesta de Hábitat
Popular que incluye esta cláusula para grandes emprendimientos urbanísticos,
incluidos barrios cerrados” agregando que “el gobernador había decidido entonces freezar la propuesta ante los cuestionamientos que recibió
de parte de los desarrolladores inmobiliarios con actividad en la Provincia. Los
empresarios sostenían hace un año y medio que la idea era refractaria a la
inversión de privados y firmas constructoras”.
Ante la iniciativa
presentada por los legisladores kirchneristas el pasado jueves, el legislador
Alberto De Fazio enrolado en la agrupación “La Juan Domingo
La idea del sciolismo, dijo De
Fazio es “poner en el mercado lotes con
la variante de la valorización inmobiliaria”, explicando que se trata de “la posibilidad de que el Estado apruebe
determinados emprendimientos que generan un valor económico muy importante para
quien lo produce y en compensación se le pide una porción de esa ganancia”.
Sin dudas un proyecto favorable a los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Además en la
diferencia entre el proyecto original y la revisión hecha por De Fazio, surge
un entredicho acerca de las incumbencias municipales y provincial acerca de
cómo se logra el aporte de los countries y grandes negocios inmobiliarios.
Según la diputada Alicia Sánchez, impulsora del proyecto presentado el jueves desde la Comisión de Tierra,
Vivienda y Hábitat, esto “habrá que
militarlo mucho”, explicando que la iniciativa “da participación e injerencia directa a municipios y organizaciones
sociales”. El proyecto presentado por el kirchnerismo habla del 10 % que los inmobiliarios deberían ceder
a cada municipio, mientras que para De Fazio deberían ser los intendentes los
que fijen ese porcentaje, ya que sino se violarían las autonomías municipales. “El tema es
que no se puede regular desde La
Plata municipios tan disímiles como Vicente López o Laprida” dijo el senador, en una clara falacia ya que no sería
una regulación sino el porcentaje único, que si no fuera así permitiría negociaciones
individuales entre intendentes y grandes desarrolladores, cosa que no garantizaría
la aplicación efectiva del proyecto.
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