El neoliberalismo, en su combate cultural, introdujo términos que aún se escuchan, y que los medios difundieron y reprodujeron al infinito, dejando un sedimento a veces bastante difícil de revertir. El principal blanco fue el Estado, y su supuesta ineficiencia. Fue así que a la inversión relacionada al bienestar de la ciudadanía, se la denominó “gasto público”. De esta forma tanto la educación o la salud públicas consistirían un gasto innecesario y del cual el estado debe desatenderse.
Otro de los sintagmas introducidos fue el tan mentado “atraer inversiones” que aún algunos siguen pronunciando inclusive dentro de las filas del mismo oficialismo. Es preciso señalar que al menos este cronista nunca se lo escuchó decir a la presidenta, y esto obedece a una lógica diferente de cómo concebir una economía emergente.
Atraer inversiones fue paradigmático principalmente en los noventa, y habría que señalar algunas de sus características principales. En el artículo publicado el viernes pasado en este medio, acerca de las petroleras y las mineras, se señalaba que a partir de la sanción de la ley 21.382 de inversiones extranjeras, sancionada en agosto de 1976, cuyo texto fue perfeccionado en los noventa por los tratados bilaterales de inversión, se venía a revertir lo que había establecido la Ley 20.557de igual nombre pero de septiembre de 1973, que imponía un límite anual para la remesas de utilidades a sus países de origen y prohibición para que las empresas extranjeras invirtieran en áreas relacionadas a la defensa y seguridad nacional, servicios públicos, banca comercial y medios de comunicación; todas consideradas áreas “estratégicas” para el desarrollo del país. Además, las inversiones debían ser autorizadas por el Poder Ejecutivo y los bienes y servicios que proyectaban producir debían posibilitar, en un período de tiempo estipulado, la sustitución de importaciones.
El país invitado a invertir en un país subdesarrollado siempre fue uno más poderoso, e inclusive interesado en afianzarse en áreas estratégicas. Todo hacía parte de un mecanismo complejo y perverso como lo es la deuda pública, que propiciaba la principal excusa para que el estado se desprenda de dichas áreas, ofreciéndolas a la privatización, y que simultáneamente establecía la desregulación laboral, y la anulación de aranceles aduaneros. De esta forma el atraer la inversión supone mano de obra barata, y la tan mentada seguridad jurídica que no son más que los privilegios indiscriminados del inversor, en detrimento de la nación que abre las puertas para ello. Este paradigma resultó un fracaso, y si se ven los datos actuales, en los últimos años hay más inversión extranjera que en ese entonces, pero el dato a tener en cuenta es que toda esta perorata, es tal vez contradictoria con un estado que apuesta a agregar valor a su producción primaria e incrementar su inversión en ciencia y tecnología, como condición necesaria para que el modelo actual sea sustentable en el tiempo. El plan estratégico industrial 2020 presentado por la presidenta Cristina Fernández sin dudas va en dirección inversa al famoso “atraer inversiones”.
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