La pandemia de Covid-19 desmoviliza a la sociedad, impidiéndole utilizar su mejor arma para defender sus derechos, mientras otros actores – entre ellos el Poder Judicial -, sin ese freno hacen su juego con más libertad y casi sin tapujos.
Con la llegada de la pandemia, hace aproximadamente un año, las
medidas que comenzaron a adoptarse para enfrentarla, inevitablemente terminarían
deteriorando la economía. Esto no es un dato local sino que afecta al escenario
global, aunque haya habido gobiernos que tuvieran una actitud de
despreocupación completa con respecto al abordaje del Covid19, por considerar
que éste no podía obstaculizar el despliegue económico. El coronavirus, aunque
lo hayan considerado como “una gripecita” no dejó de afectar a los países
gobernados por quienes así lo tildaran.
Habría que convenir en que la actual crisis producida por la
pandemia no es un mero accidente, una rara excepción a la regla, sino un
síntoma estructural más, producido por el modelo actual de acumulación
capitalista. Se da enmarcada en un proceso de deterioro creciente del medio
ambiente, principalmente apuntalado por los agronegocios y que no permite
vislumbrar ninguna atenuación. No se
trata pues de disminuir la brecha entre los que más y menos tienen sino de
revertir este proceso para generar otro modelo de acumulación económica que no
permita, entre otras cosas, el desplazamiento de grandes masas de habitantes
del campo para engrosar precarios asentamientos urbanos, condenándolos a la marginación.
Si nos atenemos a la norma, las crisis siempre las pagan y las
sufren mucho más los sectores populares que los verdaderos hacedores de las
mismas que además están preparados para encararlas intentando obtener ganancias
de ellas. De todas formas una crisis siempre ofrece un grado de indeterminación
que la convierte en posibilidad. Bajo la leve salvedad de que hoy en la
Argentina no gobierna la derecha, estando al frente el peronismo, uno podría
preguntarse cuánto margen favorable poseen los sectores populares para zafar de
la depresión. Esa respuesta sólo puede darse en el día a día descartando
cualquier conjetura cercana a la justificación.
En la Argentina cualquier intento de redistribución que a su vez
pueda permitir la reversión del actual modelo de acumulación económica siempre
encontrará grandes adversidades a las cuales sólo se podrá sortearlas si se lo
hace con gran determinación y sobre todo mostrando potentes relaciones de
fuerza. Este último componente no deja de ser quien impulsa en última instancia
la voluntad de cambio. Tras muchos años de gobiernos progresistas interrumpidos
por cuatro años de rapiña macrista, no se pudo nunca avanzar en transformar la
matriz productiva preponderantemente agroexportadora ni revertir la
especulación financiera que condena a millones a la marginación.
El aislamiento social creado por la pandemia produjo un grado
significativo de desmovilización social, principalmente por el hecho de que las
organizaciones populares fueron de las primeras en advertir el riesgo sanitario
y el cuidado de sus adeptos. No es el caso por cierto de la derecha que
aprovechó esas circunstancias para ganar las calles ante la inmovilidad del
resto a sabiendas del apoyo irrestricto de los grandes medios. Tampoco desde el
gobierno se adoptaron medidas para evitarlo cayendo en los mismos prejuicios
liberales de los que sacaban a relucir sus cacerolas.
Distinta
vara
Antes de fin de año, el 28 de diciembre el presidente de Bolivia
Luis Arce promulgó la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas. La medida
consiste en el cobro a todos aquellos ciudadanos que superen en sus arcas los 30 millones de bolivianos. El
Estado recaudará unos 4,3 millones de dólares mensuales, y que alcanzará a 152
personas fraccionadas en 3 segmentos. Lo interesante de la medida es que dicho
impuesto será permanente.
A diferencia del "Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a
Morigerar los Efectos de la Pandemia" sancionado en nuestro país, el impuesto boliviano
tendrá extensión en el tiempo y eso dará mucho mayor previsibilidad que el
cobro de determinada cuota una sola vez. Lo interesante es saber qué ocurre
cada vez que en nuestro país se intentan plasmar medidas que verdaderamente
pueden aportar a revertir el modelo de acumulación económica.
Si se
googlea impuesto a la riqueza en la Argentina, curiosamente la mayor cantidad
de información corresponde a bufetes de abogados preparados para actuar en
contra de “medidas comunistas” que propician “expropiación, “confiscación” en
el marco de una creciente “inconstitucionalidad”. Respuestas exageradas a
medidas que no dejan de ser tenues. Los grandes medios son la principal caja de
resonancia.
El gobierno judicial
No
alcanza con señalar determinadas falencias si no se pone en marcha algo que
pueda cambiarlas. “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial,
pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen” dijo el presidente Alberto
Fernández para luego afirmar que “La Corte está mal y lo que era un tribunal
prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado
socialmente”.
Durante este gobierno no se
pudo lograr la expropiación de Vicentín, una empresa plagada de irregularidades
con indicios claros de delincuencia económica, y que hubiera logrado una mejor
plataforma para el comercio de granos.
El poder judicial les puso el freno.
El desalojo de centenares de
pobladores en Guernica el año pasado, fue motorizado por el poder judicial,
haciendo que las fuerzas de seguridad vayan en la dirección que esa corporación
les señalaba. Se sabe que ni el mismo gobernador Axel Kicillof ni el Ministerio
de Desarrollo nacional estaban a favor del desalojo aunque carecían de
cualquier margen de acción para impedirlo. ¿Esto será ser “republicano de
verdad”?
Aproximadamente 10 años atrás,
la por entonces presidente Cristina Kirchner no dejaba de hablar de la
“Justicia cautelar” o de la “máquina de impedir”. Por aquellos años se hablaba
de “profundizar un proyecto” que cada vez fue quedando más en la superficie de un realismo político hoy
dominante.
Mientras el poder judicial
sea uno de los principales bastiones heredados de la dictadura cívico militar,
no se podrá avanzar demasiado. Se podrán decir muchas cosas.
Para todos aquellos que no
dejan de señalar que “no hay que hacerle el juego a la derecha”, habría que
precisar que éste es ese juego porque les estamos permitiendo que se reagrupen,
organicen y tengan mayor piso de sustentación que los sectores populares.
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