Osvaldo
Drozd reflexiona en este artículo acerca de los elementos recurrentes que
erosionan los proyectos políticos “progresistas”. El abordaje de la
problemática de la inseguridad fue el factor que, explotado también por los
medios concentrados, esmeriló el consenso popular que tuvo el kirchnerismo
durante sus gobiernos.
Por Osvaldo Drozd*
(para La Tecl@ Eñe)
Afirmar
que un proyecto político que gobernó por 12 años, no fue derrotado solamente en
elecciones y que sufrió múltiples asedios para abandonar la gestión, merece un
abordaje integral en el que caben diferentes elementos recurrentes. Lo que se
intentará señalar en este artículo es más bien el esbozo de una idea fuerza
sobre un proceso en marcha, y la descripción mínima de uno de los elementos que
fueron carcomiendo y esmerilando un consenso bastante elevado. La problemática
de la seguridad fue uno de los ítems más cuestionados a lo largo de los
gobiernos kirchneristas, que a su vez fue sumamente instrumentalizada para
generar apatía y división en el seno mismo de los sectores populares.
Todo
proceso político se asienta o adquiere contenido en otros procesos que se
producen a nivel de la estructura social y económica de una determinada
formación específica. Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno en 2003,
procuró, por un lado, canalizar ciertas fuerzas sociales que eran el producto
de la crisis del neoliberalismo, y por el otro, dar continuidad a un proyecto
económico de confección reciente en el que se intentaría a partir de la acción
del Estado, lograr redistribuir los excedentes de una forma tal en la que los
movimientos sociales emergentes fueran contenidos, produciendo así una merma de
la conflictividad social heredada.
Con el
kirchnerismo volvió a sonar un significante que en los ’90 había sido
estigmatizado por el menemismo: el “modelo”. La lucha “contra el modelo” estaba
aún presente en la memoria de los movimientos que resistieron al proceso de
reestructuración del capital llevado adelante por Carlos Menem y luego por
Fernando De la Rúa, y que eclosionaría en diciembre de 2001.
¿Qué es
un modelo económico? Según Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y
Finanzas Públicas de Bolivia, “un modelo económico es el que define cómo se
generan y se distribuyen los excedentes económicos”. Implica una forma de
organizar la producción y la distribución al interior de un determinado modo de
producción, teniendo en cuenta que puede haber otras formas, por lo que el
planteamiento de un nuevo modelo no necesariamente signifique un salirse del
modo de producción capitalista. Significa por tanto una nueva distribución del
excedente que se materializa cobrando forma en un nuevo tejido social.
En la
Argentina, el denominado “modelo de inclusión social con matriz de acumulación
diversificada” planteado por los gobiernos kirchneristas, venía a darle un rol
preponderante al Estado para redistribuir más equitativamente la renta pero
fundamentalmente para producir un cambio de la matriz productiva propia de una
economía primarizada y desregulada por el anterior modelo neoliberal. Un
proceso político inclusivo solamente podía tener éxito, si ese modelo económico
se hubiera enraizado en la sociedad profundizándose de forma permanente,
convirtiendo eso en un hecho objetivo irreversible. Lo importante a saber es
que en la salida de un modelo para el inicio de otro, se produce un
agudizamiento de tensiones emanadas de intereses bien concretos que no se
resignan a perder privilegios que consideran casi como “naturales”. La
resolución de estas tensiones siempre es política y sujeta a las relaciones de
fuerza existentes en determinada coyuntura específica. Lo que supone la
construcción de una fuerza social acorde a los enfrentamientos reales que se
producen en la sociedad y que permita conducir un proceso de
profundización. También hay que destacar que en una sociedad determinada
siempre hay vestigios institucionales de un período anterior que son necesarios
remover para encauzar los cambios.
En
abril de 2011, cuando todavía no había finalizado su primer mandato, la por
entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó en un acto público
la necesidad de “institucionalizar el modelo”. Dijo entonces: "Porque así
es como lo han hecho los grandes países de todo el mundo, que han
institucionalizado una matriz económica y productiva de inclusión social".
Estas afirmaciones las volvería a repetir un mes después en ocasión del masivo
acto en Huracán, en el que entre otras cosas refirmaría que "Nuestro gran
desafío es institucionalizar el modelo vigente".
Tras
las presidenciales del mismo año en que CFK se impusiera por el 54 % de los
votos, todo parecía indicar que una nueva institucionalidad era lo más
indicado, siguiendo de alguna manera el camino de los países bolivarianos que
habían reformado la Constitución para darle cabida en ella a los nuevos datos
de la realidad. Una cierta tradición peronista proveniente de la Constitución
del ’49 -que luego fuera abolida- también le daba cierto fundamento a un nuevo
proceso constituyente. Esto no se produjo y el porqué debiera ser materia de
investigación o de esclarecimiento por parte de los que sí saben el porqué.
Lo que
sí debiera tenerse en cuenta, es una vieja enseñanza revolucionaria que viene
desde Georges-Jacques Danton y que también fuera recogida por Lenin, en cuanto
a qué previsiones se deben tener en los procesos de transformación. Una vez
iniciados no se debe abandonarlos ya que los retrocesos siempre serán
dolorosos. Pero no retroceder siempre está ligado a la fuerza con la que se
cuenta y no exclusivamente a la buena voluntad. Como se trata de hechos
bastante recientes, están los que sí saben qué fue lo que sucedió. El resto
tenemos que armarlo.
La
maldita inseguridad
El
problema de la seguridad pública no es un tema de fácil abordaje. Es un
monstruo confeccionado por distintos pedazos que articulados producen una
secuencia terrorífica de complicada resolución. La lectura ideológica que se
pueda hacer de los hechos de inseguridad puede conducir a posiciones
extremadamente contradictorias ya que al ser abordadas de manera parcial o
aislada, conllevan al planteamiento de soluciones más acordes al pensamiento
mágico que a la confección de políticas públicas rigurosas. Los grandes medios
no dejan de enrarecer y manipular los hechos, mientras que ciertos grupos
políticos lo utilizan con la más descarada demagogia, siendo que es un
tema que incumbe a casi todos los sectores sociales, principalmente los
populares. De tal forma, el crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica
les fue endilgado principalmente a los gobiernos progresistas casi como si
estos les dieran permisos especiales a la expansión de dicho flagelo o fueran
parte integrante del mismo.
Si bien
la base principal del problema es producto de procesos de marginación y
exclusión social llevados adelante por el neoliberalismo, la prosecución y
profundización del mismo atañe a otros puntos críticos de mayor cercanía
temporal como es, por ejemplo, la expansión de las economías sumergidas
(narcotráfico, trata, contrabando, etc.), que encuentran asidero en la
existencia ya estructural de fuerzas de seguridad sumamente corrompidas. Los
denominados “aparatos represivos de Estado”, lejos de ser una solución son
parte del problema. Las prisiones, la Justicia y las policías tal como está
estructurado, poco favor le hacen a la resolución de un problema que en gran
medida sirve para desestabilizar y generar divisiones sociales. En términos
maoístas, la Inseguridad no es más que una profundización de “las
contradicciones en el seno del Pueblo”. No tener en cuenta esto lleva
indefectiblemente a que una fuerza política que supuestamente brega por los
intereses populares, vaya perdiendo consenso en algunos de estos sectores.
Un
problema de interpretación hizo que la cuestión Inseguridad quedara englobada
como una cuestión nacional, mientras que su lectura correcta debiera recaer en
los principales territorios en los que el flagelo tuvo mayor desarrollo. La
provincia de Buenos Aires es tal vez la más relevante y la que más discusiones
políticas produjo, no solamente entre distintas fuerzas sino en el seno mismo
del Frente para la Victoria. Los triunfos de Francisco de Narváez en 2009, de
Sergio Massa en 2013 y de María Eugenia Vidal en 2015, no son ajenos al estado
de ánimo popular generado por ese problema. Un consenso político apoyado en la
posibilidad creciente de consumo tiene como contrapartida la expansión de un
flagelo que amenaza con arrebatar lo conseguido. Los medios siempre apuntalaron
el problema no para resolverlo sino para profundizar la grieta social entre la
denominada “clase media” y los sectores más postergados.
Algunos
aspectos relevantes debieran ser señalados para subrayar mejor el problema e
incluso quedar planteado, ya que no está resuelto y debiera ser un estandarte
válido para el retorno de los sectores progresistas a un posible nuevo
gobierno.
Los
últimos días de 2009 el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) junto a un
arco político plural entre los que se destacaban sectores del Frente para la
Victoria, de la UCR, de Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Libres del Sur, más
organizaciones de DDHH entre muchos más; proponían el denominado Acuerdo por la
Seguridad Democrática. Una plataforma que entre otras cosas sostenía que “En
nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el
delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que
consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria”, agregando que
“En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de
seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver
a políticas de probado fracaso”, y que “Las políticas de mano dura no han
reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han
amenazado la gobernabilidad democrática”.
Un año
después –a finales de 2010- tras la toma del Indoamericano, la presidenta
Cristina Fernández creó el Ministerio de Seguridad y nombró al frente a Nilda
Garré que venía de la cartera de Defensa. El programa del nuevo ministerio iría
a ser el del Acuerdo de fines de 2009 en el que algunas firmas importantes faltarían.
La del gobernador Daniel Scioli y la del jefe de gobierno porteño Mauricio
Macri por ejemplo. Vale señalar que la única firma por el Peronismo Federal fue
la del ex gobernador Felipe Solá, quien había llevado adelante una importante
reforma a través de León Arslanian y que fuera desmantelada por Scioli con las
gestiones de Carlos Stornelli y Ricardo Casal posteriormente.
La
presencia de una policía apta para la represión del conflicto social pero no
para enfrentar al delito organizado es la que mantuvo Scioli en 8 años de
gobierno.
El 10
de febrero de 2011 un avión militar estadounidense intento ingresar un
cargamento no declarado a la Argentina. El gobierno ordenó incautar ese
material generándose así un breve conflicto diplomático. "Entre el material
incautado encontramos armas y drogas, varias dosis de morfina, material para
interceptar comunicaciones, GPS muy sofisticados, elementos tecnológicos con
códigos secretos, un baúl completo con drogas medicinales vencidas",
afirmó el por entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández. "Lo que no puede
pasar es que uno entre alegremente a la Argentina con este material no
declarado. ¿Qué tiene que ver este material con el curso que estaban por
dar?", se preguntó el funcionario a sabiendas de que ese material era para
cursos para las policías locales. El hecho no dejaba de mostrar lo que debía
ser una norma y que en ese momento quedó expuesta a la luz. La intromisión de
los EEUU en la formación y cooptación para intereses ajenos de las fuerzas de
seguridad locales. Suponer que esas fuerzas puedan ser bases de un proyecto
progresista es una mera ilusión. Un verdadero contrasentido.
La
inclusión social necesita indefectiblemente de un modelo de seguridad ciudadana
muy diferente al que aún sigue rigiendo en la provincia. No es casualidad que
el actual ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, elogiara la
gestión de su predecesor Alejandro Granados, y que voces como la de la diputada
Florencia Arietto le endilguen a la gestión Pro hacer “sciolismo” en materia de
seguridad.
El
Acuerdo por la Seguridad Democrática también decía que: “Todo gobierno tiene la
responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías,
que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del
delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente
subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las
autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la
delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de ‘estados mayores
policiales’, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando
a amenazar incluso la gobernabilidad democrática”.
Berisso,
1° de septiembre de 2016
*Periodista
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