Si se pretende
alcanzar una economía que pueda satisfacer a todos, no se puede esperar que eso
se produzca linealmente, por un simple evolucionismo. Se deben tocar intereses
que son los que se benefician con lo existente. Se deben por tanto realizar diversas
vueltas de tuerca que sacudan el status quo y den por sentado los pilares para
un nuevo rumbo. Esto es algo que se sabe, no es necesario machacar tanto en
ello. De lo que se habla poco es de los obstáculos que lo impiden.
El gobierno
nacional haciéndose cargo de producir esos cambios propuso entre otras cosas,
la expropiación de Vicentín y el impuesto a las grandes rentas. En poco tiempo
ambas propuestas cayeron en saco roto. Algunos hablaran de tibiezas o de cómo
los grandes medios manipulan la opinión pública. Si esto fuera nuevo, podría
llamar la atención.
Durante los
gobiernos kirchneristas (2003-2015) acontecieron no pocas veces situaciones
similares que convendría siempre tenerlas en cuenta. El conflicto con el campo
en 2008 a pocos meses de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como
presidenta, comenzó a marcar la agenda
de una oposición que siempre estuvo alineada con los intereses que sostienen el
status quo.
En 2009 se logró
sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque llevarla a la
práctica haya sido casi una quimera. No resultaba importante sólo por la
democratización de las voces sino por poner entre las cuerdas la propiedad
ultra monopólica de los principales medios nacionales.
En 2010 surgió el
debate sobre la empresa Papel Prensa. En agosto de ese año la presidenta CFK
presentó el informe Papel Prensa: La
verdad, en el cual se detalla cómo la empresa fuera apropiada de manera
irregular durante la última dictadura cívico militar. Recuperarla implicaba facilitar
a todos los medios impresos del país conseguir papel a un precio accesible y no
sólo un perjuicio para los apropiadores que siguieron manteniendo un privilegio,
al que accedieron gracias a maniobras llevadas adelante, enmarcadas por delitos
de Lesa Humanidad.
Casi todas las
medidas a favor de destrabar el anclaje del capitalismo dependiente en la
Argentina fueron sometidas a la imposición de cautelares judiciales que impedían
que avancen, más una ofensiva mediática que ellos mismos tildaron de “periodismo
de guerra”. Cuando se señala que hay que tocar intereses para permitir que la
economía pueda avanzar, la mayoría de las veces se trata de grandes
propietarios que no solamente fueron beneficiados por la dictadura, sino que a
su vez fueron sus socios civiles.
La Sociedad
Rural, los diferentes grupos económicos que se beneficiaron con la estatización de la deuda privada,
-la circular A251 del 17 de noviembre de 1982 del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) cuando lo presidía de facto Julio González del Solar- más algunos sectores políticos y el Poder Judicial,
constituyeron la pata cívica de la última dictadura.
Desde 2002 nucleados
principalmente en la AEA (Asociación Empresaria Argentina), junto a la Rural y
el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que realiza
su clásico coloquio anual constituyen el principal lobby corporativo argentino.
El verdadero poder económico nacional asociado a diversas ramificaciones del
capital financiero y comercial que fluctúa por el mundo.
Un poder que no es afectado
por las sucesivas crisis que padece el pueblo argentino sino que a su vez se
beneficia de ellas. La
llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015 lo muestra a la perfección. La
protección a todos esos sectores económicos más la fuga indiscriminada de
capitales, - para ellos resulta un gran negocio- implica para el país dejar una
economía extremadamente frágil.
Si uno se detiene
a observar las diferentes medidas económicas llevadas adelante a partir de 1983
en ocasión de la vuelta de la Democracia podrá percatarse que salvo los
desendeudamientos y la recuperación parcial de YPF en 2012 nunca fue posible
destrabar la economía que se heredó de la última dictadura. Es más, la mayoría
de las medidas llevadas adelante - principalmente durante el gobierno de Carlos
Menem (1989-99)- profundizaron ese cauce.
Se pueden ampliar
los derechos democráticos (Leyes de Divorcio o Matrimonio Igualitario) pero
tocar intereses económicos implicará seguir girando en una inercia casi
indeleble. Industrializar la ruralidad, cambiar la matriz productiva,
institucionalizar el modelo de inclusión social, durante los gobiernos de
Cristina, terminaron siendo buenas consignas. Entonces es cuando nos
preguntamos cuáles son las trabas.
El sistema
democrático que se inauguró en 1983 no parece demasiado permeable a soportar
los cambios que demanda la sociedad. Tanto el Poder Judicial como la
corporación mediática heredados de la dictadura, son integrados sin que ello
produzca demasiado conflicto. A su vez es un régimen político que demostró su
labilidad con la crisis de diciembre de 2001 generando una grave crisis de
representatividad.
Desde 1983 a hoy
tenemos así dos etapas. Una que concluye en 2001 y otra que emergió
principalmente desde 2003 hasta la actualidad. Dos etapas que ocupan casi dos
décadas cada una y en las que se pueden establecer algunas diferencias. A
partir de la crisis de 2001 era necesario restablecer la legitimidad de la
política y dar algunos pasos importantes en la recuperación económica y social,
a partir del desguace neoliberal de la década anterior.
Si se lo ve
correctamente, la política de DDHH inaugurada por Néstor Kirchner implicaba no
sólo la reivindicación de los caídos durante la dictadura, sino terminar con la
teoría de los dos demonios -que había dominado durante los 80- y así poder
avanzar también sobre las responsabilidades civiles durante el genocidio.
Planteado de esa forma se transformaba en una palanca para recuperar un sistema
democrático en el que ya no tendrían protección los viejos dinosaurios de
antaño.
Ese proceso que
se abre en 2003 no será lineal sino que estará marcado por enfrentamientos que
se comenzaron a visibilizar a partir del conflicto de la 125 en 2008, pero que
ya estaban bien presentes. Cuando la derecha habla de democracia o república
siempre se refiere al sistema que se inició en el 83 culminando en 2001, y su
programa es que lo que comenzó a partir de 2003 no se dispare para otro lado y
vuelva a ser lo anterior. Es una lucha que sigue con final abierto. Hoy
oponerse a la reforma de la Justicia es una muestra de ello.
Lo que principalmente se debate en torno al
funcionamiento de la democracia es qué lugar deben ocupar los socios civiles de
la dictadura. La derecha
argentina tiene bien claro cuál es ese lugar y si bien durante el gobierno de
Macri (2015-19) no pudo alcanzar una hegemonía sobre el conjunto de la
sociedad, se percibe claramente que lo seguirá intentando.
Las fuerzas
políticas que dicen representar a los sectores populares deben desprenderse de
la inercia que es propia de un sistema social extremadamente poderoso que no
está dispuesto a resignar lo más mínimo. Porque bien vale subrayar que acceder
al gobierno no es acceder al poder.
En una próxima
nota que será la continuación de ésta, se hará principal referencia al sistema
democrático que se inició en 1983 y que fuera diseñado casi en exclusiva por la
pata civil de la dictadura, que fue quien organizó por aquel tiempo un acuerdo
con ciertos sectores políticos. Sus avatares y su colapso en 2001 y la
posibilidad de reformulación a partir de 2003. También los diferentes enfoques sobre
cómo salir de la crisis de representatividad con la conformación de un nuevo
bipartidismo.
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